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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2020-00288-01

Fecha
2 de mayo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2020-00288-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 4 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar, se dispone: Segundo: DECLARAR la nulidad de las resoluciones nros. 0169 del 17 de febrero de 2020 y 0347 del 16 de abril de 2020, ambas proferidas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. A título de restablecimiento del derecho ORDENAR la terminación y archivo del proceso de cobro coactivo para el recaudo de las sumas relacionadas en la Resolución nro. 0728 del 31 de mayo de 2016, por concepto de pago extemporáneo del IVA descontable destinado al sector salud por las vigencias 2010 y 2011. 2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 17001-23-33-000-2020-00288-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

2 de mayo de 2024

Radicado: 17001-23-33-000-2020-00288-01 [28352]
Demandante: Industria Licorera de Caldas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00288-01 [28352]
Demandante: INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
Demandado: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Temas: Cobro coactivo. Acto que decide excepciones. Caducidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 4 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
que resolvió:

«Primero: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada Dirección
Territorial de Salud de Caldas – DTSC – denominadas “Caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho”, “Los actos administrativos demandados no son susceptibles de
control jurisdiccional”, “Los actos administrativos demandados son legales”, “El proceso de cobro
coactivo se encuentra suspendido”, “Los títulos ejecutivos reúnen los requisitos establecidos en
las normas para ser ejecutados ante la jurisdicción coactiva”, y, “La Dirección Territorial de Salud
de Caldas respetó el debido proceso de la parte demandante”.

Segundo: Declarar la nulidad de las resoluciones 0169 del 17 de febrero de 2019 (sic) y 0347
del 16 de abril de 2020 proferidas por la DTSC, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar
a la DTSC la terminación y archivo del cobro coactivo para el recaudo de las sumas determinadas
en la Resolución 0728 del 31 de mayo de 2016 por la cual la DTSC estableció una deuda a cargo
de la ILC por concepto de pago extemporáneo del IVA descontable destinado al sector salud de
las vigencias 2010 y 2011.

Tercero: Condenar en costas en esta instancia a la demandada y en favor de la demandante a
título de agencias en derecho» [destacado original].

ANTECEDENTES

La Dirección Territorial de Salud de Caldas, mediante la Resolución nro. 0169 del 17
de febrero de 2020, declaró: (i) no probadas las excepciones de pago efectivo,
existencia de acuerdo de pago, prescripción de la acción de cobro, falta de título
ejecutivo y falta de competencia funcional y (ii) probada la falta de ejecutoria del título
ejecutivo e interposición de demanda. Además, ordenó suspender la ejecución por vía
administrativa coactiva que se adelantaba, hasta que se profiriera pronunciamiento
definitivo en el proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
nro. 17001-23-33-000-2017-00108-00 -se solicitó la nulidad del título ejecutivo-. Acto
confirmado con la Resolución nro. 0347 del 16 de abril de 2020, que resolvió el recurso
de reposición.
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Demandante: Industria Licorera de Caldas

DEMANDA

La Industria Licorera de Caldas, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en
adelante, CPACA), formuló las siguientes pretensiones:

«2.1. Que son NULAS las Resoluciones 0169 del 17 de febrero de 2019 y 0347 del 16 de abril de
2020 proferidas por la DTSC.

2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene el restablecimiento pleno
del derecho del contribuyente ILC y se ordene archivar el trámite de cobro coactivo para recaudar
las sumas determinadas en la Resolución 0728 del 31 de mayo de 2016 por la cual la DTSC
estableció una deuda a cargo de la ILC por concepto de pago extemporáneo del IVA descontable
destinado al sector salud de las vigencias 2010 y 2011, equivalente a mil trescientos noventa y
tres millones ciento ochenta y nueve mil ciento setenta y tres pesos moneda corriente.

2.3. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte accionada».

Invocó como disposiciones violadas los artículos 29 de la Constitución Política (CP), 3
-numerales 1, 3, 11, 12 y 13- y 100 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), y 828, 829, 831 y 833
del Estatuto Tributario (ET).

Como concepto de la violación, expuso:

Los actos demandados infringen las normas en las que debieron fundarse. La
entidad demandada inició el proceso de cobro coactivo desconociendo los artículos
828 y 829 del ET, sin contar con un título que prestara mérito ejecutivo, toda vez que
el 13 de febrero de 2017 se presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución nro. 0728 del 31 de mayo
de 2016 –título ejecutivo-, la cual fue admitida el 25 de mayo de 2017.

Agregó que se vulneró el artículo 833 del ET, porque a pesar de haberse declarado
como probadas las excepciones de falta de ejecutoria del título e interposición de
demanda de restablecimiento del derecho, la Administración ordenó suspender el
proceso hasta tanto no existiera un pronunciamiento definitivo por parte de la autoridad
competente, pese a que la ley ha previsto que en ese caso se debe ordenar la
terminación del proceso.

Prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro iniciada por la entidad
demandada está prescrita, porque el término de 5 años para cobrar la obligación
comenzó a correr a partir de la fecha del vencimiento para declarar.

El IVA a girar a los entes territoriales para financiar sus servicios de salud para las
anualidades 2010 y 2011 estaba incorporado en la tarifa del impuesto al consumo. La
Ley 1378 de 2010 autorizó a las licoreras departamentales descontar el IVA pagado
del generado, luego ordenó que los recursos resultantes de dicha operación tendrían
como destino exclusivo la financiación de la salud.

Consideró inoportuno que la entidad demandada haya notificado la Resolución nro.
0728 del 31 de mayo de 2016 en junio de esa anualidad, pretendiendo con ello cobijar
la totalidad de unos supuestos intereses moratorios originados en declaraciones cuyo

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término para su presentación había expirado hace mucho más de cinco años. Es el
caso de las quincenas del año 2010, y la de los meses de enero, febrero, marzo, abril
y mayo de 2011, cuya acción de cobro estaba ya prescrita para la fecha de notificación
de la mencionada resolución.

Falta de título ejecutivo. Reiteró que la Resolución nro. 0728 del 31 de mayo de 2016
no puede constituir título ejecutivo, porque no se encuentra ejecutoriada, siendo esta
la razón por la que la Administración aceptó la excepción.

Además, esa resolución no es clara porque: (i) en ella se establece como fuente de
obligación una certificación, que a su vez se limitó a hacer eco de una liquidación
propuesta por la Contraloría General de Caldas, certificado que no puede servir para
la creación de los títulos ejecutivos y (ii) los intereses moratorios derivados del
incumplimiento de la carga fiscal no están determinados y liquidados con claridad,
tampoco se menciona su origen.

Violación al debido proceso, y los principios de imparcialidad y de eficacia. Al
iniciarse una acción de cobro prescrita con fundamento en un título que carece de
claridad y ejecutoria, se desconocen las cualidades elementales de todo documento
que pretenda servir como base de recaudo en un cobro coactivo.

OPOSICIÓN

La Dirección Territorial de Salud de Caldas se opuso a las pretensiones de la demanda,
con fundamento en lo siguiente1:

Propuso las excepciones de: (i) pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el
mismo asunto, (ii) los actos demandados no son susceptibles de control jurisdiccional,
porque se demandan las Resoluciones nros. 169 del 17 de febrero de 2020 -resuelve
excepciones- y 347 del 16 de abril de 2020 -decide recurso de reposición-, este último acto
no es enjuiciable al no ponerle fin al proceso (art. 835 ET), (iii) caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la demanda contra la
resolución que decidió las excepciones -notificada el 20 de febrero de 2020- fue presentada
el 5 de noviembre 2020, cuando habían transcurrido más de 4 meses, (iv) ineptitud
sustantiva de la demanda, al omitirse indicar las normas violadas y concretar los
hechos que sustentan la violación, y v) la innominada o genérica.

Los actos administrativos demandados fueron expedidos por la autoridad competente,
en ejercicio de sus funciones y con fundamento en la Constitución Política, las Leyes
1066 de 2006 y 1437 de 2011, y el Estatuto Tributario, con apego al debido proceso;
además, están debidamente motivados.

La Dirección Territorial declaró probadas las excepciones de los numerales 3 y 5 del
artículo 831 del ET y decidió suspender el proceso de cobro coactivo hasta tanto exista
una decisión judicial definitiva por parte del juez respecto a la resolución que constituye
el título ejecutivo.

1
Fls. 58 a 82 c.p.

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La Resolución nro. 0728 del 31 de mayo de 2016 reúne los requisitos para ser
ejecutada a través del proceso de cobro coactivo, el que actualmente se encuentra
suspendido.

AUDIENCIA INICIAL

Mediante auto del 30 de enero de 2023 el tribunal prescindió de la audiencia inicial, fijó
el litigio, decidió sobre las pruebas aportadas con la demanda y su contestación, y
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
emitiera concepto, respectivamente.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia apelada: (i) declaró no probadas
las excepciones propuestas por la demandada, entre otras la «[c]aducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho», (ii) anuló los actos administrativos enjuiciados, (iii) a
título de restablecimiento del derecho ordenó la terminación y archivo del proceso de
cobro coactivo para el recaudo de las sumas determinadas en la Resolución nro. 0728
del 31 de mayo de 2016 y (iv) condenó en costas a la parte vencida.

Respecto a la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, señaló que contrario a lo afirmado por la Dirección Territorial de Salud de
Caldas, el término de los 4 meses para interponer la demanda se debe contabilizar a
partir de la notificación de la Resolución nro. 0347 del 16 de abril de 2020 -3 de julio de
2020-, por la que se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
nro. 0169 del 17 de febrero de 2020 -decidió excepciones-, siendo oportuna su
presentación -4 de noviembre de 2020-.

Frente a la excepción conforme con la cual los actos demandados no son susceptibles
de control judicial, puso de presente que en los términos del artículo 835 del ET, la
resolución mediante la cual se resuelven las excepciones es demandable ante esta
jurisdicción.

Los actos se entienden ejecutoriados -art. 829 del ET- cuando las demandas interpuestas
en ejercicio del citado medio de control se hayan decidido definitivamente, y una de
las excepciones que se pueden proponer contra el mandamiento de pago es la de
interposición de demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Conforme al artículo 833 del ET, si se encuentran probadas las excepciones, estas
deben declararse y ordenarse la terminación del procedimiento.

En sentencia del 27 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró
la nulidad de las Resoluciones nos. 0728 del 31 de mayo de 2016 y 1264 del 10 de
octubre de 2016 -título ejecutivo-, decisión confirmada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado el 16 de marzo de 2023, la que se encuentra ejecutoriada. De manera que,
al ser declarados nulos los actos administrativos en los cuales se soportan las
resoluciones ahora demandadas, estas han perdido su fuerza ejecutoria; por lo tanto,
desaparecen los fundamentos de hecho y de derecho, siendo procedente la
terminación y el archivo del trámite de cobro coactivo.

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Por lo expuesto, no prosperan las excepciones denominadas: (i) los actos
administrativos demandados son legales, (ii) el proceso de cobro coactivo se
encuentra suspendido y (iii) los títulos ejecutivos reúnen los requisitos establecidos en
las normas para ser ejecutados ante la jurisdicción coactiva y no se violó el debido
proceso.

Por último, en cuanto a las costas, advirtió que la demandante intervino en el proceso
a través de apoderado judicial y realizó actuaciones útiles para la defensa de sus
intereses -presentó demanda y alegatos de conclusión-, por lo que condenó a la parte vencida
al pago de agencias en derecho, cuya liquidación se realizará en los términos previstos
en el inciso primero y numeral 4 del artículo 366 del CGP.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque,
con fundamento en lo siguiente:

Caducidad. Insistió en que conforme al artículo 835 del ET el único acto enjuiciable es
la resolución que decide las excepciones y comoquiera que la demanda debía
interponerse dentro de los 4 meses siguientes contados a partir de la notificación de la
Resolución nro. 169 del 17 de febrero de 2020 -20 de febrero de ese año-, operó la
caducidad al presentarse el «5 de noviembre 2020».

La mencionada resolución decidió declarar probadas las excepciones de falta de
ejecutoria del título e interposición de demanda, previstas en los numerales 3 y 5 del
artículo 831 de ET, respectivamente, además, dispuso suspender la ejecución coactiva
por vía administrativa, por lo que se tenía que acudir ante el juez en el término de
caducidad de 4 meses –art. 164 num. 2 lit. d) CPACA-, para desvirtuar la presunción de
legalidad de la que estaba investido ese acto -art. 88 del CPACA-. Lo anterior, en
concordancia con el inciso primero del artículo 101 del CPACA, según el cual «[s]olo
serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte
Segunda de este Código, los actos administrativos que decidan las excepciones a favor del deudor».

Las normas son claras en indicar que solo serán demandables los actos administrativos
que decidan las excepciones a favor del deudor, que para este caso es la Resolución
nro. 0169 del 17 de febrero de 2020, por lo que el a quo debía pronunciarse sobre la
excepción propuesta en la contestación de la demanda relacionada con los actos
enjuiciables, como lo impone el inciso 2 del artículo 280 del CGP, en concordancia con
el artículo 13 del mismo ordenamiento.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 26 de febrero de 2024 y la
demandante se pronunció frente al mismo. Afirmó que la entidad demandada pasó por
alto lo previsto en el artículo 834 del ET, según el cual, interpuesto el recurso de
reposición queda suspendida la ejecutoria de la resolución que niega las excepciones,
por lo que, para ejercer el medio de control contra dicho acto, se debe esperar que
este se resuelva, lo que se corrobora con lo previsto en el primer inciso del artículo 79

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del CPACA sobre el efecto suspensivo del recurso, de ahí que se concluya que la
demanda se presentó en forma oportuna2.

Al no ser necesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado
para alegar. El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Dirección
Territorial de Salud de Caldas resolvió las excepciones interpuestas por la Licorera de
Caldas contra la Resolución nro. 0618 del 25 de noviembre de 2019, por la cual se
libró mandamiento de pago y, el que resolvió el recurso de reposición.

En los términos del recurso de apelación le corresponde a la Sala examinar la forma
como se debe contabilizar el plazo de caducidad en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se pretende la nulidad del acto administrativo
por el que se deciden las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago. En
concreto, se debe determinar si es a partir de la notificación de la resolución que
resolvió las excepciones -tesis de la parte apelante- o desde la notificación del acto que
decidió el recurso de reposición -planteamiento del a quo-.

Cobro coactivo. Acto que decide excepciones. Caducidad

En lo que respecta al procedimiento de cobro coactivo y los actos susceptibles de
control de legalidad, si bien la parte apelante se refiere al artículo 101 del CPACA 3 -
solo son demandables los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor-, lo
cierto es que en el presente asunto, dada la naturaleza de las obligaciones objeto de
cobro -tributos-, la norma aplicable es el artículo 835 del ET4, conforme con el cual solo
son demandables ante esta jurisdicción las resoluciones que fallan las excepciones y
ordenan llevar adelante la ejecución. Se advierte que frente a la aplicación de esas
disposiciones, la Sala precisó que, «[…] el artículo 101 ibídem [se refiere al CPACA] sólo permite
demandar el acto que decide las excepciones siempre que sean a favor del deudor, a diferencia de lo
regulado en el artículo 835 del Estatuto Tributario que permite demandar los actos que fallan las
excepciones, ya sea que se decidan a favor o en contra del deudor, norma ésta última que prima para
efectos tributarios, dada la especialidad de la regla, tal cual lo reconoce el artículo 100 ibídem»5.

Por su parte, el artículo 834 del ET establece que el único recurso que procede contra
la resolución que decide las excepciones es el de reposición6, el cual debe presentarse
en debida forma dentro del mes siguientes a la notificación de la resolución recurrida,
contando la Administración con el plazo de un mes para resolverlo. Ese recurso no es
obligatorio -art. 76 del CPACA- de ahí que no se requiera para agotar la actuación
administrativa; pero si se interpone, obliga al funcionario a resolverlo en el sentido de
aclarar, modificar, adicionar o revocar su propia decisión -num. 1 art. 74 CPACA-.

2
Índice 12 de Samai.
3
Conforme al artículo 101 del CPACA, solo serán demandables ante esta jurisdicción los actos administrativos que deciden las
excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito.
4
En el mandamiento de pago se indicó que se siguió «el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme
a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006».
5
Auto de Sala del 24 de octubre de 2013, exp. 20277, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-739 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

6

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En materia de recursos contra los actos administrativos, el artículo 79 del CPACA
establece que se tramitarán en el efecto suspensivo, lo que conduce a que se
interrumpa la ejecución del acto primigenio objeto de recurso hasta tanto es decidido
con acto expreso o presunto originado en el silencio administrativo, sin que sea posible
obviar, como lo pretende la parte apelante, su existencia, en tanto también hace parte
de la manifestación de voluntad de la Administración, por lo que el propio legislador en
el artículo 163 del citado ordenamiento estableció que «[s]i el acto fue objeto de recursos
ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron».

En el presente asunto, se observa que la Dirección Territorial de Salud de Caldas
mediante la Resolución nro. 0169 del 17 de febrero de 2020 resolvió las excepciones
propuestas por la Industria Licorera de Caldas contra el Mandamiento de Pago nro.
0618 del 25 de noviembre de 2019 en el sentido de acceder parcialmente a las mismas,
pero además, ordenó la suspensión de la ejecución por vía administrativa coactiva
hasta tanto se profiera decisión definitiva en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que se adelantaba en contra de los actos que conformaron el título
ejecutivo. En el artículo octavo de la citada resolución se indicó que «sólo procede el
Recurso de REPOSICIÓN tal y como lo prevé el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional, modificado
por el artículo 80 de la Ley 6 de 1992», acto notificado el 20 de febrero de 2020.

El 20 de marzo de 2020, la hoy demandante interpuso recurso de reposición contra el
anterior acto, el cual se decidió con la Resolución nro. 0347 del 16 de abril de ese
mismo año, en el sentido de confirmarlo. En la sentencia apelada se afirmó que su
notificación se surtió el 3 de julio de 2020, hecho no cuestionado.

En este orden de ideas y partiendo de que el acto que decidió el recurso de reposición
se notificó el 3 de julio de 2020, se concluye que el término de los 4 meses para que
se interpusiera la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho -previsto en el literal
d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA- vencía el 4 de noviembre de 2020, y como esta
se presentó en esa fecha, pues en ese sentido se dejó constancia secretarial en el
expediente7, lo que contrasta con la tenida en cuenta por la parte apelante -afirma que
la demanda se presentó el 5 de noviembre de 2020-, le asiste razón al a quo al declarar no
probada la excepción de caducidad, razón por la cual no prospera el recurso de
apelación.

Si bien se coincide con el tribunal en que procede la nulidad de los actos
administrativos demandados, se modificará el ordinal segundo de la sentencia
apelada, para indicar que el año de expedición de la Resolución nro. 0169 del 17 de
febrero, por la cual se resolvieron las excepciones, es 2020. En lo demás, se
confirmará.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 (num. 8) del
Código General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y
agencias en derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
La condena impuesta a la demandada en primera instancia se mantendrá, porque no
fue objeto de apelación.

7
Índice 2 de Samai.ED_CONSTANCIA_057CONSTANCIASECRETA(.pdf) NroActua 2. En la constancia secretarial se le informa
al magistrado sustanciador del proceso «que en la ventanilla virtual se logra establecer que el proceso fue allegado a la oficina
judicial el 04 de noviembre de 2020, conforme se vislumbra en la imagen adjunta».

7

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

1. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 4 de agosto de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar, se dispone:

Segundo: DECLARAR la nulidad de las resoluciones nros. 0169 del 17 de febrero de 2020 y
0347 del 16 de abril de 2020, ambas proferidas por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. A
título de restablecimiento del derecho ORDENAR la terminación y archivo del proceso de cobro
coactivo para el recaudo de las sumas relacionadas en la Resolución nro. 0728 del 31 de mayo
de 2016, por concepto de pago extemporáneo del IVA descontable destinado al sector salud por
las vigencias 2010 y 2011.

2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse en la opción «validador de documentos» dispuesta en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

8

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