Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00008-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00008-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00008-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por José Reinaldo Loaiza Arias
contra la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Quinta de Decisión mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. José Reinaldo Loaiza Arias presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 002826 del 3 de febrero y RDP
009552 del 16 de abril de 2020, mediante las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
Social2 le negó el reconocimiento de la pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el día de la
adquisición del estatus pensional [7 de febrero de 1993], efectiva a partir del 14 de
noviembre de 2016 «por prescripción trienal al haber radicado la solicitud de
reconocimiento el día 14 de noviembre de 2019», con la inclusión de todo lo devengado
durante el año anterior a su consolidación; ii) la indexación de las sumas adeudadas
y los intereses moratorios, según las disposiciones de los artículos 192 y 195 del
CPACA; iii) el pago de «los reajustes por concepto de ley 71 del 23 de diciembre de 1988
y ley 100 de 1993»; y iv) el pago de la condena en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. José Reinaldo Loaiza Arias nació el 7 de febrero de 1943 y prestó sus servicios
en calidad de docente, en propiedad, en la Institución Educativa Liceo Isabel La
Católica entre el 8 de febrero de 1972 y el 31 de enero de 1974 y en el INEM
Baldomero Sanín Cano de Manizales entre el 15 de febrero de 1974 y el 23 de julio
de 1999. Así las cosas, alcanzó el estatus pensional el 7 de febrero de 1993.
3.2. El 14 de noviembre de 2019 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, «[p]revio el respectivo agotamiento de la reclamación administrativa, la solicitud
respetuosa presentada ante esta entidad, fue negada por medio de las resoluciones
demandadas en esta oportunidad» [sic].
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 13 de la Constitución Política; 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 39 de 1903; 1 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933; 126 y 127
de la Ley 115 de 1994; 15 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 279 de 100
de 1993; y 32 y 34 del Decreto 2277 de 1979.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
2 En adelante Ugpp.
3 Índice 19 de Samai del Tribunal Administrativo de Caldas, actuación denominada:
4ED_C01Principal_003DEMANDAPDF(.pdf) NroActua 19(.pdf) NroActua 19.
2
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Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
5.1. Los actos demandados fueron expedidos con violación directa de la ley, puesto
que la entidad de previsión desconoció que el docente «NUNCA HA LABORADO CON LA
NACIÓN […] Solo ha laborado con la GOBERNACIÓN DE CALDAS» [sic], y que los actos
demandados fueron de carácter departamental, toda vez que no intervino
funcionario alguno de la nación. Asimismo, la entidad reconoció la pretensión en
otros casos similares, de manera que no existe alguna razón para un trato
diferencial.
5.2. Además, «el hecho que se certifique por una entidad, que la vinculación de un docente
es de CARÁCTER NACIONAL, siendo de carácter TERRITORIAL O NACIONALIZADO, buscando
impedir que se acceda a la pensión de gracia, no solo se encuentra en contravía del
postulado del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, sino que esta maniobra oculta de las
entidades, ha sido descubierta por el H. Consejo de Estado, que explica que lo importante
de la vinculación es que NO PROVENGA DE LA NACIÓN, sino que haya efectuado por un
gobernador o un Alcalde, como al efecto ocurre en el presente evento» [sic].
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación4:
6.1. El demandante no acreditó con idoneidad ni suficiencia la concurrencia de todos
los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, en especial los
20 años de prestación del servicio en ejercicio de una vinculación del orden
nacionalizado, municipal o territorial, comoquiera que según el material probatorio
allegado al expediente la mayoría del tiempo laborado fue de carácter nacional.
6.2. Además, no fue allegada al expediente la certificación proferida por la Secretaría
de Educación en la cual se indicara que la plaza ocupada por el docente, el origen
de los recursos que la financiaron, la identificación del régimen salarial, los factores
salariales percibidos durante los 20 años de servicio, el escalafón docente, las
especificaciones de la institución educativa para la cual prestó sus servicios, el nivel
de educación desempeñado y el tipo de vinculación ejercido.
6.3. Finalmentepropuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido; ii) buena fe; iii) prescripción; y iv)
genérica.
4 Índice 19 de Samai del Tribunal Administrativo de Caldas, actuación denominada:
20ED_C01Principal_019CONTESTACIONDEMANDAUGPPPDF(.pdf) NroActua 19(.pdf) NroActua
19.
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1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, en sentencia
proferida el 7 de febrero de 20255, declaró probada la excepción de inexistencia de
la obligación y cobro de lo no debido y negó las pretensiones de la demanda.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
8.1. Losactos administrativos de nombramiento de José Reinaldo Loaiza Arias
fueron proferidos por el gobernador de Caldas y el gerente general del Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares ICCE, «[e]n cuanto a la primera vinculación
aludida, no cabe duda que el señor Loaiza Arias fue nombrado como Profesor en el Liceo
Isabel La Católica mediante Resolución 0040 del 4 de febrero de 1972 […] dicho acto
administrativo fue expedido por la Gobernación de Caldas. Por lo tanto, el periodo de 1 año,
11 meses y 22 días resulta viable para acceder al beneficio de la pensión gracia».
8.2. Sin embargo, en relación con la segunda vinculación se encuentra que el
docente prestó sus servicios en el Instituto Nacional de Educación Media
Diversificada ‘Baldomero Sanín Cano’ INEM Manizales, como instructor II-B de
idiomas desde el 15 de febrero de 1974 y como profesor I-B del departamento de
sociales desde el 30 de septiembre de 1977. Al respecto el Consejo de Estado ha
indicado que la dirección del INEM dependía del programa de educación media
diversificada y delegada en el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares
ICCE, que se encontraba adscrita al Ministerio de Educación Nacional, «la cual
estaría encargada de gestionar los recursos para el funcionamiento del programa, que a su
vez serían transferidos directamente por el Ministerio […], precisamente por tratarse de
centros de educación con plantas de personal docente del orden nacional».
8.3. En ese sentido el docente no completó los 20 años de servicio requeridos, puesto
que «la relación legal y reglamentaria sostenida por el accionante desde el 15 de febrero
de 1974 y hasta el 23 de julio de 1999, es de carácter nacional; y, en consecuencia, no
puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia».
1.4. El recurso de apelación
9. José Reinaldo Loaiza Arias solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia6, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la pensión gracia y
5 Índice 22 de Samai del Tribunal Administrativo de Caldas, actuación denominada:
38Sentencia1ai_sentencia_17001233300020210000(.pdf) NroActua 22(.pdf) NroActua 22.
6 Índice 35 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
29_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 35
4
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de condenar en costas a la entidad previsional.
10. El a quo desconoció que la Subsección B de la Sección Segunda Consejo de
Estado determinó que la naturaleza y clasificación de la vinculación del docente
depende de los actos administrativos de nombramiento y no del certificado expedido
de manera irregular por alguna entidad territorial. En el presente asunto, aquellos
actos fueron proferidos por el gobernador del departamento de Caldas «pero se
extrae del tiempo de servicios erróneamente que es de vinculación nacional».
11. Además «no puede señalarse que el último nombramiento es de orden nacional […] es
más que evidente que […] se vinculó en propiedad a través de la secretaria de educación
del departamento de Caldas en cargo de profesor, Es por esto que […] se le sugiere al
Operador de Segunda Instancia que analice la prueba que se allega, donde es notorio que
el docente ingresó inicialmente […] por medio del nombramiento emanado de la
gobernación Caldas, conforme acta de Posesión No. 0048del 08 de febrero de 1972» [sic].
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
12. Mediante el auto del 30 de abril de 20257 fue admitido el recurso de apelación
interpuesto por el demandante, además se indicó que una vez ejecutoriada esa
providencia pasaría al despacho para decidir sobre el decreto de pruebas.
13. A través del auto proferido el 20 de agosto de 20258, fue declarada la ausencia
de solicitudes probatorias pendientes para resolver, toda vez que el documento
allegado con el recurso de apelación correspondía al acta de posesión 48 del 8 de
febrero de 1972, el cual ya era parte del acervo probatorio del expediente.
1.6. El Ministerio Público
14. El Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
15. Se circunscribe a resolver:
7 Índice 4 de Samai, actuación denominada: 5Autoqueadmite_07462025admiterecurs(.pdf) NroActua
4.
8 Índice 9 de Samai, actuación denominada: 9Autoquepresci_07462025Nohaysolicit(.pdf) NroActua
9.
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Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
15.1. ¿SiJosé Reinaldo Loaiza Arias acreditó los requisitos para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con las normas que
la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
16. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
17. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19139 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
18. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
10
19. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
20. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
9
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
6
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proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
21. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
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22. En efecto, la Ley 60 de 199312 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
23. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja13, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196814, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos15 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199416 (artículo 179, literal d).
24. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
12
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
13
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
14
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
15
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
16
«Por la cual se expide la ley general de educación»
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25. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199517, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
25.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
25.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
26. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.
27. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
28. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
29. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 18, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201819 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
30. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200020 declaró la
17
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
18
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
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exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
31. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala21 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198922 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
21
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
32. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201823, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
33. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202224 indicó:
23
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
11
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».25
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
34. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
12
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
35. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
35.1. José Reinaldo Loaiza Arias nació el 7 de febrero de 194326.
35.2. Según la copia del acta de posesión 0048 del 8 de febrero de 1972, fue
posesionado en el cargo de profesor del Liceo Isabel La Católica ante el gobernador
de Caldas, nombrado mediante el Decreto 0040 del 4 de febrero de 1972 [emanado
por la gobernación].
35.3. Mediante la Resolución 0718 del 15 de febrero de 1974, el gerente general del
Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ICCE nombró al demandante en
calidad de instructor II-D de idiomas en el Instituto Nacional de Educación Media
Diversificada INEM de Manizales.
35.4. A través del «proyecto» de Resolución 1182 del 25 de agosto de 1977 la división
especial de enseñanza media diversificada, Ministerio de Educación Nacional,
aceptó la renuncia presentada por el docente al INEM Baldomero Sanín Caro de
Manizales, al cargo de director del departamento de idiomas.
35.5. Por medio del «proyecto» de Resolución 2030 del 30 de agosto de 1977 fue
nombrado en calidad de profesor I-B de sociales del INEM Baldonero Sanín Cano
de Manizales.
35.6. Según la copia del acta de posesión 35 del 30 de septiembre de 1977, se
posesionó en el cargo de profesor I-B Departamento de Sociales [de tiempo
completo, con dedicación exclusiva] ante el rector del INEM, nombrado mediante la
Resolución 0061 del 15 de septiembre de 1977. Asimismo, indicó que el docente
tenía como fecha de ingreso el 14 de enero de 1974 y los efectos fiscales eran
desde el 1° de octubre de 1977.
35.7. El 5 de febrero de 1998, el rector y la pagadora del INEM ‘Baldomero Sanín
Cano’ de Manizales, Ministerio de Educación Nacional, certificaron que el docente
laboró desde el 14 de enero de 1974 «[e]sta pagaduría le canceló sueldos hasta agosto
31 de 1991. A partir del primero de septiembre de 1991 pasó al FER para efectos de pago».
35.8. El 19 de agosto de 1998, el coordinador de hojas de vida, la tesorera general
del departamento de Caldas y el coordinador administrativo F.E.D. certificaron lo
siguiente:
26 Índice 19 de Samai del Tribunal Administrativo de Caldas, actuación denominada:
5ED_C01Principal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf) NroActua 19(.pdf) NroActua 19.
13
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
«Tiempo Laborado: De septiembre 1 de 1991 a junio 30 de 1994 Docente en el INEM
Baldomero Sanín Cano de Manizales
Nombramiento Nacional […]
Continua en el cargo».
35.9. El 27 de agosto de 1999 el coordinador del área de certificados y archivo de la
Contraloría General de Caldas certificó la prestación del servicio del docente entre
el 8 de febrero de 1972 y el 31 de enero de 1974, en el nivel de secundaria, según
el oficio 1844.
35.10. Mediante el Decreto 01195 del 27 de octubre de 1999, el gobernador y el
secretario de educación de Caldas legalizaron el retiro del servicio del docente a
partir del 24 de julio de 1999 tras completar 180 días continuos de incapacidad para
trabajar y disfrutar de la pensión de derecho.
35.11. Mediante la Resolución 010263 del 19 de agosto de 1999, la Caja Nacional de
Previsión Social27 negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Decisión
confirmada a través de las resoluciones 013907 del 29 de noviembre de 1999 y
004412 del 16 de noviembre de 2000.
35.12. El profesional universitario, hojas de vida de la Secretaría de Educación de
Caldas, el 25 de junio de 2019, mediante el formato único para la expedición de la
historia laboral, certificó que el docente ostentó una vinculación del orden nacional28
y prestó sus servicios en los siguientes términos:
Acto
Novedad Desde Hasta Total
administrativo
Nombramiento
en propiedad en
el INEM 718 del
15/02/1974 23/07/1999 9189
Baldomero Sanín 15/02/1974
Cano de
Manizales
1195 del
Retiro - 24/07/1999 9189
27/10/1999
35.13. El 14 de noviembre de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, el cual fue negado por la Ugpp, mediante la Resolución RDP 002826 del 3
de febrero de 2020, toda vez que no fue acreditada la prestación de sus servicios
durante 20 años, en ejercicio de alguna vinculación territorial o nacionalizada.
Decisión confirmada mediante la Resolución RDP 009552 del 16 de abril de 2020.
27 En adelante Cajanal EICE.
28 En igual sentido estuvo la certificación de salarios proferida por el profesional universitario de la
Secretaría de Educación de Caldas el 25 de junio de 2019.
14
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
35.14. El 16 de mayo de 2022, el jefe de gestión de talento humano de la gobernación
de Caldas certificó [#0412] que el docente prestó sus servicios en el Liceo Isabel La
Católica, en el nivel de secundaria desde el 8 de febrero de 1972 hasta el 31 de
enero de 1974.
2.4. Análisis sustancial
36. ElTribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el tiempo de servicio prestado en el
INEM ‘Baldomero Sanín Caro’ de Manizales fue en ejercicio de una vinculación del
orden nacional, debido a las características de la Institución.
37. José Reinaldo Loaiza Arias solicitó que se revocara la decisión adoptada por el
tribunal de primera instancia, comoquiera que los actos de nombramiento fueron
proferidos por una autoridad territorial como el gobernador de Caldas, además
durante su vida laboral prestó sus servicios para la Secretaría de Educación de ese
ente territorial.
38. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación, el docente acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, para esos efectos, se verificará si: i) contaba con 50 años de edad;
ii) ejerció la docencia con buena conducta; iii) acreditó una experiencia anterior al
31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada y iv)
completó 20 años de servicio en una plaza territorial o nacionalizada.
39. Al respecto, se advierte que José Reinaldo Loaiza Arias contaba con más de 50
años de edad [nació el 7 de febrero de 1943], por lo que cumplió con ese requisito
en el año 1993. Asimismo, se encuentra acreditado el requisito de la buena
conducta, en tanto no fue cuestionado por la entidad previsional, ni fue dilucidado
argumento alguno del cual se infiera lo contrario.
40. Ahora bien, en relación con el requisito de contar con experiencia docente con
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, al
expediente fueron aportadas copia del acta de posesión en la que consta que el 8
de febrero de 1972 se posesionó en el empleo de profesor del Liceo Isabel La
Católica, para el cual fue nombrado por el gobernador del departamento de Caldas.
Lo anterior permite concluir que se trató de una vinculación nacionalizada, porque,
de conformidad con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 era personal de ese orden
«los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de
1976».
15
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
41. En cuanto al tiempo prestado después de 1981, en el expediente obra i) la
Resolución 0718 del 15 de febrero de 1974, mediante la cual el gerente general del
Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ICCE lo nombró en calidad de
instructor II-D de idiomas en el INEM de Manizales; ii) la Resolución 1182 del 25 de
agosto de 1977, mediante el cual la división especial de enseñanza media
diversificada, Ministerio de Educación Nacional, le aceptó la renuncia al INEM de
Manizales; iii) proyecto de Resolución 2030 del 30 de agosto de 1977, mediante el
cual fue nombrado en calidad de profesor I-B de sociales del INEM Baldonero Sanín
Cano de Manizales; iv) copia del acta de posesión 35 del 30 de septiembre de 1977,
en la cual se indicó que fue nombrado mediante la Resolución 0061 del 15 de
septiembre de 1977; y v) el Decreto 01195 del 27 de octubre de 1999, mediante el
cual el gobernador y el secretario de educación de Caldas legalizaron el retiro del
servicio del docente a partir del 24 de julio de 1999, tras completar 180 días
continuos de incapacidad para trabajar y disfrutar de la pensión de derecho.
42. Además, en las certificaciones proferidas i) el 5 de febrero de 1998, suscrita por
el rector y la pagadora del INEM ‘Baldomero Sanín Cano’ de Manizales, Ministerio
de Educación Nacional, se indicó que laboró desde el 14 de enero de 1974 y que
«[e]sta pagaduría le canceló sueldos hasta agosto 31 de 1991. A partir del primero de
septiembre de 1991 pasó al FER para efectos de pago»; ii) el 19 de agosto, suscrita por
el coordinador de hojas de vida, la tesorera general del departamento de Caldas y
el coordinador administrativo F.E.D., se indicó que la vinculación ostentada por el
docente fue del orden nacional, entre el 1° de septiembre de 1991 hasta el 30 de
junio de 1994; y iii) el 25 de junio de 2019, suscrita por el profesional universitario,
hojas de vida de la Secretaría de Educación de Caldas, en la que se indicó que el
docente fue vinculado desde el 15 de febrero de 1974 hasta el 23 de julio de 1999
en el INEM Baldomero Sanín Cano de Manizales, en el orden nacional.
43. Al respecto, la Sala encuentra que la vinculación del demandante fue realizada
por el gerente general del ICCE, instituto que, de conformidad con el artículo 1 del
Decreto 2394 de 196829 era «un establecimiento público, esto es, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, […] adscrito al Ministerio de
Educación Nacional», dirigido por «una junta directiva, que presidirá el Ministerio de
Educación Nacional o su delegado, y de un Gerente General, quien será su representante
legal» [artículo 5° ibidem].
44. Por su parte, con el Decreto 1962 de 196930 se creó el programa de educación
media diversificada, con el objetivo de «atender a la mayor demanda de educación
29 «Por el cual se crea el instituto colombiano de construcciones escolar, que sustituye a la oficina
administrativa para programas educativos conjuntos (OAPEC)».
30 «Por el cual se establece la enseñanza media diversificada en el país».
16
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
media y a la necesidad de mejorar su calidad en consonancia con las modernas tendencias
educativas y a las necesidades del país», el cual se desarrollaría en «los institutos
nacionales de educación media diversificada (INEN) [sic] y en los demás establecimientos
que el Ministerio de Educación autorice» [artículo 3° ibidem], asimismo, en su artículo
12 previó que la dirección administrativa de los referidos institutos fue delegada en
el gerente del ICCE y que los recursos para su funcionamiento del programa serían
transferidos directamente por el Ministerio de Educación Nacional.
45. Lo anterior, permite concluir que la vinculación que inició con la Resolución 0718
del 15 de febrero de 1974 fue del orden nacional, en tanto, como se explicó en líneas
anteriores, fue efectuada por un establecimiento público del orden nacional en el
marco del programa de educación media diversificada que se encontraba a cargo
del Ministerio de Educación Nacional. Esto, de conformidad con el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989, según el cual era personal nacional « los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional».
48. De otra parte, en relación con la prestación del servicio del docente en el INEM
Baldomero Sanín Cano de Manizales según la Resolución 0061 del 15 de
septiembre de 1977, se advierte que mediante el Decreto 1962 de 1969 fueron
creados los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada INEM, dentro
del programa de modernización, especialidad y extensión de la cobertura educativa
en el país, los cuales estarían a cargo del Ministerio de Educación Nacional:
«Artículo 1º Establécese en el país la enseñanza media diversificada entendida como
la etapa posterior a la educación elemental y durante la cual el alumno tiene
oportunidad de formarse integralmente, a la vez que puede elegir entre varias áreas
de estudio, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses y habilidades. Así, el
alumno podrá ingresar a la universidad o desempeñar más efectivamente una
determinada función en su comunidad […]
Artículo 3º El programa de educación media diversificada se desarrollará en los
institutos nacionales de educación media diversificada (INEN) y en los demás
establecimientos que el Ministerio de Educación autorice para ello».
49. Por su parte, la jurisprudencia de esta Corporación31 ha sostenido que las
plantas de personal docente adscritas a los Institutos de Educación Media
Diversificada ostentan el carácter de nacional, debido a su dependencia del
Ministerio de Educación Nacional, al respecto manifestó lo siguiente:
«Da cuenta el plenario que el petente cumplió los 50 años de edad el 12 de febrero de
1990 (fl. 13). Ahora, conforme a la certificación obrante a folio 16 del expediente, se
evidencia que el señor José Jesús Jaramillo Díaz prestó sus servicios en el INEM “José
31 Sentencias del 26 de marzo de 2009, expediente 050012331000200603490-01 (2356-2008) y del
31 de enero de 2008 expediente 05001233100020040024501 (1221-2007), proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación.
17
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
Félix de Restrepo” de Medellín, desde el 9 de febrero de 1972 hasta el 30 de diciembre
del 2003, Establecimiento Educativo cuya planta de personal sin duda alguna depende
del Ministerio de Educación, de donde se concluye el carácter nacional del personal
docente adscrito a ella.
En efecto, los establecimientos educativos de esta naturaleza, fueron creados por el
Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1962 de 1969, dentro de un programa de
modernización, especialidad y extensión de la cobertura educativa en el país, como
Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, programa a cargo del Ministerio
de Educación Nacional, a quien correspondía su dirección, coordinación y financiamiento
con cargo a los recursos de la Nación, razón por la que las plantas de personal docente
adscritas a dichas instituciones ostentan el carácter nacional, en virtud del origen de los
recursos que las sustentan»32 (Resalta la Sala).
50. En consonancia, es claro para la Sala que el docente fue vinculado el 30 de
septiembre de 1977, según el acta de posesión 35, en el orden nacional.
51. Ahora, no se desconoce la certificación proferida el 5 de febrero de 1998, suscrita
por el rector y la pagadora del INEM ‘Baldomero Sanín Cano’ de Manizales,
Ministerio de Educación Nacional, en la cual se indicó que laboró desde el 14 de
enero de 1974 y que «[e]sta pagaduría le canceló sueldos hasta agosto 31 de 1991. A
partir del primero de septiembre de 1991 pasó al FER para efectos de pago», sin embargo,
esto no varió la naturaleza nacional con la que nació el vínculo del demandante el
15 de febrero de 1974, toda vez que esta se determina, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, por nombramiento hecho por el
gobierno nacional.
52. En consecuencia, resulta claro que el 15 de febrero de 1974, el demandante se
vinculó como docente nacional, comoquiera que fue nombrado en el INEM de
Manizales, en el marco de un acto administrativo proferido por el ICCE, el cual
corresponde a un establecimiento público dirigido por el gerente y la junta directiva,
conformada, entre otros, por el Ministro de Educación Nacional33 y, como se explicó,
esa naturaleza del vínculo se mantuvo hasta el 24 de julio de 1999 cuando fue
retirado del servicio tras completar 180 días continuos de incapacidad para trabajar
y disfrutar de la pensión de derecho, toda vez que el 30 de septiembre de 1977,
según el acta de posesión 35, fue vinculado al INEM ‘Baldomero Sanín Cano’ de
Manizales.
32 Sentencia del 26 de marzo de 2009, expediente 050012331000200603490-01 (2356-2008)
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
33 En igual sentido se encuentra la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por la Sección
Segunda de esta Corporación.
18
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
53. Finalmente, en cuanto a lo argumentado en el recurso de apelación relacionado
con la prueba idónea para determinar la naturaleza del vínculo del docente, la Sala
advierte que no solo fueron tenidas en cuenta las certificaciones expedidas por las
entidades territoriales, sino los actos administrativos de vinculación, lo que se
encuentra en línea con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de
unificación del 21 de junio de 201834, en la que se precisó que «(iv) para acreditar la
calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que
dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial» (se resalta).
54. De manera que se confirmará lo dispuesto por el tribunal de primera instancia al
no encontrar acreditada la prestación del servicio como docente durante 20 años en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, municipal o distrital.
2.5. Costas
55. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
56. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
57. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
34 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
19
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
58. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
59. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
decidió no condenar en costas y se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que José Reinaldo Loaiza
Arias no acreditó el cumplimiento del requisito de los 20 años de prestación del
servicio como docente oficial en virtud de una vinculación territorial o nacionalizada.
En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025,
por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda presentada por José Reinaldo Loaiza Arias en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
20
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00008-01 (0746-2025)
Demandante: José Reinaldo Loaiza Arias
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmt
21
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