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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2021-00193-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2021-00193-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- REVOCAR la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión. En su lugar, se dispone: 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 17001-23-33-000-2021-00193-01 (28093) Demandante: MABE COLOMBIA SAS «Anular la Liquidación Oficial de Revisión 102412020000004 del 15 de abril de 2021, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales, acto administrativo por el cual se modificó la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2017, presentada por MABE COLOMBIA SAS. A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de la declaración de renta del año gravable 2017, presentada el 21 de noviembre de 2018, por MABE COLOMBIA SAS». 2.- Sin condena en costas en ambas instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 17001-23-33-000-2021-00193-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

22 de agosto de 2024

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00193-01 (28093)
Demandante: MABE COLOMBIA SAS

M CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00193-01 (28093)
Demandante: MABE COLOMBIA SAS
Demandado: DIAN
Temas: Renta 2017. Gastos. Aplicación CDI Colombia y México.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la demandante1.

ANTECEDENTES

El 12 de abril de 2018, MABE COLOMBIA SAS presentó la declaración inicial del
impuesto sobre la renta por el año gravable 20172, corregida el 21 de noviembre
de 20183, en la que registró una pérdida de $13.031.687.000 y un saldo a favor
de $12.490.410.000.

El 15 de abril de 2021, previo requerimiento especial4 y respuesta a éste5, la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Manizales expidió la Liquidación Oficial de Revisión
1024120210000046, en la que modificó el último denuncio rentístico para
desconocer gastos operacionales de ventas (comisiones por $2.958.157.000),
imponer sanción por inexactitud del 100 % ($1.005.773.000) y fijar el saldo a favor
en $11.484.637.000. La sociedad acudió en demanda per saltum ante la
jurisdicción.

DEMANDA

MABE COLOMBIA SAS, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones7:

1
Únicamente en agencias en derecho, fijadas en $30.173.190 a favor de la DIAN. Documento 18 expediente digital.
2
Fl. 39 c.a.
3
Fl. 71 c.a.
4
Identificado con el número 102382020000004 del 31 de julio de 2020. Fls. 122 a 146 c.a.
5
Radicada el 24 de noviembre de 2020. 148 a 165 c.a.
6
Fls. 48 a 80. Documento 02 expediente digital.
7
Fls. 8-9. Documento 02 expediente digital.

1
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00193-01 (28093)
Demandante: MABE COLOMBIA SAS

«PRIMERA. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión No.
102412021000004 del 15 de abril de 2021, por medio de la cual la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Manizales modifica la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios de Mabe Colombia S.A.S. correspondiente al año gravable
2017, por haber sido expedida con violación a las normas nacionales a las que
hubieren tenido que sujetarse y por adolecer de una falsa motivación.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, se declare que la declaración de corrección del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2017 presentada por Mabe Colombia el día 21 de
noviembre de 2018, mediante el formulario No. 1113605552692 e identificada con el
No. 91000587494094, ha quedado en firme. Igualmente, que se declare que Mabe
Colombia no está obligada a pagar ninguna suma a la DIAN por concepto de mayores
impuestos, intereses, sanciones y actualizaciones.

TERCERA. Que se condene en costas a la parte demandada».

Invocó como normas violadas, las que se enuncian a continuación:

• Artículos 1, 2, 3, 4, 7, 22 y 23 de la Ley 1568 de 2012 -CDI entre Colombia y
México-;
• Artículos 42 y 137 del CPACA y,
• Artículos 24, 121, 122, 406 y 647 del Estatuto Tributario

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Violación de los artículos 1, 2, 3, 4, 7 y 23 del CDI entre Colombia y México
por falta de aplicación. Como los ingresos percibidos por Controladora Mabe,
sociedad mexicana con quien la actora suscribió un contrato de comisión que
originó el pago cuestionado, tienen la naturaleza de beneficios empresariales
conforme al artículo 7 del CDI, están gravados en México, país de domicilio del
prestador del servicio; al no estar gravados con el impuesto sobre la renta en
Colombia, no se someten a retención en la fuente, sin que aplique el mecanismo
para evitar la doble tributación previsto en el artículo 22 del mismo convenio.

En el objeto social de la empresa mexicana se encuentra la actividad de
comisionista, al actuar como agente de la actora para la prestación del servicio de
planeación y supervisión del proceso de compras. Por ello, las rentas obtenidas
en desarrollo de su objeto social se gravan según las reglas del mencionado
artículo 7, pues no provienen de rentas especiales reguladas en otros artículos del
CDI y la sociedad mexicana no tiene establecimiento permanente en Colombia.

Para deducir el gasto por comisiones, la sociedad se basó en los conceptos DIAN
34550 de 2015, 251 de 2019, y 0548 de 2020, los cuales concluyeron y
consideraron que: no se debe practicar retención en la fuente por pagos
relacionados con la actividad empresarial; los beneficios de una empresa de un
estado contratante se gravan solo en el estado de residencia, sin acudir al artículo
22 (método para evitar la doble imposición), y los pagos por comisiones, en el
contexto de los CDI, tienen el tratamiento de beneficios empresariales.

Violación de los artículos 24, 121, 122 y 406 del Estatuto Tributario, y 22 del
CDI entre Colombia y México por indebida aplicación. La liquidación de
revisión no advirtió que las normas del CDI son de aplicación prevalente y, que

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Demandante: MABE COLOMBIA SAS

por ello, frente a los pagos por comisiones Colombia no tenía potestad tributaria.
Este error de aplicación normativa llevó a la DIAN a considerar que el pago estaba
gravado tanto en México como en Colombia y que, por esa razón, debía acudirse
al método para evitar la doble tributación previsto en el tratado. La exigencia del
artículo 121 del ET de practicar retención en la fuente, solo opera a los ingresos
gravados en Colombia, y no a aquellos que, por cualquier razón legal, como lo es
la aplicación de un tratado, no se someten a tributación en el país.

No aplica la sentencia del Consejo de Estado del 11 de mayo de 2019, dictada en
el proceso 20065, en la cual se analizó la excepción prevista en el otrora literal a)
del artículo 121 del ET, sobre los pagos realizados por un contribuyente
colombiano a una sociedad comisionista domiciliada en los Estados Unidos de
América, país con el que no existe un CDI, porque la Ley 1819 de 2016 derogó
esa excepción y no estaba vigente para el año gravable 2017.

Violación por indebida aplicación del artículo 122 del ET, y por falta de
aplicación del artículo 23 del CDI. Aunque los pagos de Mabe Colombia de
comisiones a favor de la empresa mexicana, no se sometieron a retención en la
fuente según el artículo 7 del CDI, no procedía limitar su deducibilidad en
Colombia, dado que la cláusula de no discriminación prevista en el artículo 23 del
convenio tiene por objeto que las limitaciones de la legislación local sobre la
deducibilidad de los pagos realizados a no residentes, como la prevista en el
artículo 122 del ET, no operen en el contexto de un CDI, posición que se sustenta
en los conceptos DIAN 077842 de 2011 y 251 de 2019.

Como la limitación de deducibilidad del 15 % prevista en el artículo 122 del ET no
aplica a los residentes colombianos, se activa la cláusula de no discriminación;
por lo tanto, los gastos pagados por un residente colombiano ( Mabe Colombia) en
favor de un residente mexicano (Controladora), son deducibles.

Violación de los artículos 42 y 137 del CPACA por indebida aplicación. La
liquidación de revisión fue falsamente motivada pues, aunque reconoció que el
CDI era aplicable, negó la deducibilidad del gasto por comisiones, porque la actora
no practicó retención en la fuente, y por el límite previsto en el artículo 122 del ET.

La falsa motivación se advierte en que los fundamentos legales en los que
pretende soportarse la liquidación no pueden utilizarse en el caso concreto, por la
potestad tributaria atribuida por el CDI celebrado entre Colombia y México. La
necesidad de practicar retención en la fuente no es exigible a la actora, en tanto
el ingreso por comisiones no está gravado en Colombia, según el CDI. En el
mismo sentido, la limitación del 15 % en la deducibilidad de los pagos al exterior
no opera, dado que la cláusula de no discriminación del tratado releva a Mabe
Colombia de atender esta regla limitativa.

Violación del artículo 647 del Estatuto Tributario por indebida aplicación. La
sanción impuesta en el acto acusado es inaplicable, dado que la actora no incurrió
en las conductas sancionables. Además, interpretó correctamente la normativa
local y el CDI, por lo que el gasto por comisiones era deducible.

Aunque la DIAN corrigió el error en el que incurrió en el requerimiento especial (al
reconocer que el artículo 647-1 ET no establece una sanción adicional, sino el método

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Demandante: MABE COLOMBIA SAS

para determinar las sanciones por inexactitud y corrección), insistió, sin fundamento,
en la imposición de la sanción por inexactitud, alegando la improcedencia del
gasto por comisiones. Contrario a lo señalado por la DIAN, el gasto era
procedente, ante la aplicación de la actora de la normativa aplicable (CDI).

La sociedad no declaró información inexistente o inexacta, dado que los pagos a
la sociedad mexicana se hicieron -como se evidencia en la factura y el soporte de giro
allegados-, y se derivaron de la ejecución del contrato de comisión, que fue puesto
a disposición de la DIAN y no fue controvertido en la actuación administrativa, con
lo cual, la información contenida en la declaración del año 2017 es completa y
cierta. Adicionalmente, Mabe cumplió la normativa aplicable y, por lo tanto, (i) no
estaba obligada a practicar retención en la fuente sobre el gasto por comisiones,
y (ii) dedujo dicho gasto en su totalidad, amparada en la autorización derivada de
la cláusula de no discriminación prevista en el CDI.

Además, la actora no está incursa en las causales de inexactitud, por cuanto
acreditó los supuestos de existencia de una interpretación razonable, la
información declarada es completa y cierta, y se basó en la correcta apreciación
de la normativa local (artículos 24, 121 y 122 del ET) y del CDI (en particular, los
artículos 1,2, 3, 4, 7, 22 y 23), siendo aplicable la causal de exoneración.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó condenar en costas
a la demandante, con fundamento en lo siguiente8:

Como las comisiones pagadas a Controladora Mabe están gravadas con el
impuesto sobre la renta en Colombia, la actora debió practicar retención en la
fuente, lo que es acorde con el artículo 20 del CDI, sin que tal exigencia
desconozca el principio de no discriminación, y la Administración aplicó el artículo
22 del convenio, para evitar la doble imposición entre los dos países con ocasión
de la aplicación del referido artículo 20.

No le asiste razón a la demandante en la aplicación del artículo 7 del CDI, ya que
no todo ingreso recibido por una sociedad residente de un estado contratante tiene
la connotación de «beneficios empresariales». Este artículo indica, de forma
general, cuál Estado tiene la potestad de gravar la rentas netas u utilidades
obtenidas en otro estado contratante, sin aludir a un ingreso o actividad
empresarial específica, sin que aplique el concepto 34550 de 2015, porque no se
está ante rentas netas o utilidades obtenidas por la empresa mexicana, que se
consideren «beneficios empresariales» en el contexto del CDI.

A los pagos de comisiones por la prestación de un servicio, se les debió practicar
retención en la fuente para su reconocimiento como deducción, por corresponder
a ingresos de fuente nacional, que no encuadran en la excepción prevista en el
artículo 121 [a] del ET, en cuanto las compras no solo se hicieron en el exterior,
sino también en el país a proveedores colombianos, que despacharon desde sus
bodegas ubicadas en el territorio nacional.

8
Documento 06 expediente digital

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Las sociedades Huntsman Colombia Ltda., Rehau SAS y Américas Styrenics de
Colombia Ltda., a quienes se realizaron las compras que generaron las comisiones
pagadas por la actora, son sociedades nacionales, domiciliadas en Colombia, que
se constituyeron en el país como lo establece el artículo 12-1 del ET, por lo que el
servicio prestado por la sociedad mexicana no se dio en el exterior. La actora no
probó la actividad que dio origen a las comisiones, y que la compra de la
mercancía se realizó a proveedores en el exterior.

Se acreditaron los presupuestos para aplicar la sanción por inexactitud, toda vez
que la sociedad declaró pérdidas fiscales por mayores valores a los reales, sin
que exista diferencia de criterio en cuanto a la aplicación de la legislación interna
sobre la deducción del gasto por comisiones.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Por auto del 18 de enero de 20229, se tuvieron como pruebas los documentos
allegados con la demanda, se requirió a la DIAN para allegar los antecedentes
administrativos10, se dio traslado para alegar de conclusión, y el litigio se concretó
en resolver si: «1. ¿El gasto por comisión pagado por Mabe a la Controladora era
deducible del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2017, en la
forma y condiciones señaladas por la parte actora? 2. ¿Se configuraron los presupuestos
del artículo 647-1 del ET para aplicar sanción por inexactitud?

SENTENCIA APELADA

El a quo negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
demandante -agencias en derecho-, con fundamento en lo siguiente11:

Los pagos por comisiones efectuados a la sociedad mexicana, derivados del
contrato de servicios por comisión, no podían detraerse de la declaración de renta
del año 2017, pues debieron someterse a los límites de deducibilidad establecidos
en el artículo 122 del ET, al amparo de las reglas fijadas en la sentencia C-221 de
2013, que analizó la constitucionalidad de la Ley 1568 de 2012, aprobatoria del
CDI entre Colombia y México.

La DIAN no discute la aplicación del CDI; solo que se debe acudir al artículo 122
del ET para determinar la procedencia del gasto, de forma independiente de la
existencia del convenio que posibilita su deducción, y que de esa norma no se
desprende que la limitación surge por razón de la residencia de quien percibe el
pago, pues solo indica que los costos o deducciones por expensas en el exterior
para la obtención de rentas de fuente dentro del país, no pueden exceder del 15
% de la renta líquida del contribuyente, al margen de cuál sea la residencia fiscal
del perceptor del ingreso (Controladora).

De acuerdo con el artículo 23 [3] de la Ley 1568 de 2012, las comisiones pagadas
por la actora pueden detraerse de la declaración de renta; no obstante, conforme

9
Documento 08 expediente digital.
10
Aportados según constancia secretarial, el 11 de febrero de 2022. Documento 16 expediente digital
11
Documento 18 expediente digital.

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a lo explicado por la Corte Constitucional, la no discriminación procura que no se
establezcan reglas entre los estados contratantes, diferentes a las establecidas
en el país para ese tipo de pagos; en este caso, se trata de la misma regla de
deducibilidad para cualquier contribuyente que declare renta en Colombia.

Aunque no existiera el CDI, hay una norma interna que establece un límite a la
deducibilidad de esos gastos por concepto de pagos en el exterior; como en el
denuncio rentístico del año 2017, la actora declaró la renta líquida en $0 -aspecto
que no refutó-, el valor que podía detraer era $0, aspecto suficiente para considerar
que no podía deducir la totalidad de las comisiones pagadas a Controladora con
base en el CDI.

Según el artículo 22 del CDI, la actora no probó que en México fuera sujeto pasivo
de algún impuesto; solo que declaró renta en Colombia, por lo que no podía
deducir el pago. Se comparte el argumento de la DIAN, en el entendido que de
que conforme al «tax credit», quien podía deducir ese pago por comisiones era
Controladora Mabe al momento de declarar renta en México, en caso de que se
le hubiera practicado retención en la fuente en Colombia.

No se abordará el cargo sobre proveedores locales ni la obligación de realizar
retención en la fuente conforme al artículo 121 del ET, pues el análisis realizado
implica la imposibilidad de descontar el gasto realizado en el exterior.

La sanción por inexactitud es procedente porque, aunque no se discute la
veracidad del pago por comisiones realizado por la actora, el haber detraído la
totalidad de este generó un mayor saldo a favor. No se configuró la causal de
exoneración invocada, ya que, aunque es cierta la aplicación preferente de los
convenios de doble imposición sobre las disposiciones nacionales, en virtud del
principio de no discriminación, se debía acudir al artículo 122 del ET, que no
ofrece, de acuerdo con su redacción, una interpretación diferente, ya que
establece un límite en relación con deducciones por pagos en el exterior.

Como la DIAN debió defender sus intereses a través de apoderado, el cual actuó
en las diferentes etapas procesales, es procedente la condena en costas a la
demandante, a título de agencias en derecho, que se tasan en $30.173.190 (3 %
de la cuantía - $1.005.773.000), de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 de
2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante solicitó revocar la sentencia apelada, por lo siguiente12:

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda con base en una interpretación
errónea de los artículos 122 del ET, y 23 [3] del CDI, el cual establece
expresamente la inaplicación de las limitaciones de la ley local, a la deducibilidad
de pagos realizados a no residentes.

12
Documento 20 expediente digital.

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El referido artículo 23 [3], que aplica a la deducibilidad del pago de las comisiones
analizadas, dispone que los gastos incurridos por una empresa de un estado
contratante (Mabe Colombia), en favor de una empresa del otro estado contratante
(Controladora), son deducibles en las mismas condiciones que si hubieran sido
pagados a un residente del primer estado, es decir, como si se hubieran
cancelado a un residente colombiano. El artículo 122 del ET, que establece
limitaciones a la deducibilidad por pagos a no residentes, es una norma que cede
frente al citado artículo 23 [3], con lo cual el gasto discutido es deducible al amparo
de la cláusula de no discriminación.

Es erróneo que el a quo considere que no opera la regla de no discriminación,
porque si bien el artículo 122 del ET rige para todos los contribuyentes del
impuesto sobre la renta, lo importante es que establece una limitación en la
deducibilidad respecto de los pagos hechos a no residentes, razón por la cual,
esta norma local no opera en el contexto de los pagos hechos a una entidad
residente en México (Controladora), con fundamento en el artículo 23 [3] del CDI.
La mención que se hace a la sentencia de la Corte Constitucional no es
pertinente, pues esa decisión solo se refirió de maneral general al artículo 23 [1]
del CDI, sin analizar el numeral 3 que es el supuesto de hecho del caso analizado.

El a quo desconoce que el artículo 122 del ET es una limitación a la deducibilidad,
que surge con ocasión de la residencia del perceptor del pago. De hecho, la
residencia (colombiana o extranjera) de quien recibe el pago, es el elemento sine
qua non para calificar el pago como un gasto al exterior, y determinar si las
limitaciones contenidas en el artículo son o no aplicables.

No se valoraron en debida forma los argumentos de la demanda y de los alegatos
de conclusión, donde se explicó la forma correcta de interpretar y aplicar el
artículo 23 [3] del CDI. Dada la inexistencia de la obligación de practicar retención
en la fuente sobre el pago por comisiones, conforme al artículo 7 del CDI y a la
doctrina DIAN -aspecto no rechazado por el Tribunal-, el gasto era deducible, en la
medida en que la limitación prevista en el artículo 122 del ET no opera en virtud
de la cláusula de no discriminación contenida en el artículo 23 [3] del CDI.

La actora no declaró información inexistente o inexacta que diera lugar a la
sanción impuesta, pues los pagos a Controladora se derivaron de la ejecución del
contrato de comisión, hecho verificado por el Tribunal al sostener que no se
discutía la veracidad del pago por Mabe Colombia, quien cumplió la normativa
aplicable para la procedencia de la deducción, no estaba obligada a practicar
retención en la fuente sobre el gasto por comisiones, y dedujo el gasto en su
totalidad, conforme a la autorización prevista en la cláusula de no discriminación
del CDI.

El Tribunal fundamentó la supuesta inexistencia de una interpretación razonable,
en el hecho de que el artículo 122 del ET es aplicable, dada la equivocada
interpretación que hizo del artículo 23 del CDI y de la sentencia C-221 de 2013.
No obstante, opera la causal de exoneración prevista en el parágrafo 2 del artículo
647 del ET, ya que el concepto de interpretación razonable gira alrededor de los
diferentes entendimientos que una norma puede tener. No se discute que el
artículo 122 del ET establece una limitación a la deducibilidad, sino que para la

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DIAN esta era aplicable, mientras que para la contribuyente no lo es, con ocasión
de la aplicación preferente de la cláusula de no discriminación aludida.

Aunque la actora no está incursa en las causales de inexactitud, cumplió los
presupuestos para que exista una interpretación razonable, ya que la información
declarada es completa y cierta -aspecto no controvertido-, y la actora se basó en la
correcta apreciación e interacción de la normativa local (artículos 24, 121 y 122 del
ET) y el CDI (artículos 1, 2, 3, 4, 7, 22 y 23), procediendo la causal de exoneración.

Se debe revocar la condena en costas en el componente de agencias en derecho,
porque le asiste razón a la sociedad sobre la deducibilidad del gasto y la
improcedencia de la sanción por inexactitud. La tasación no cumple lo señalado
en el artículo 361 del CGP, que remite al artículo 188 del CPACA, ya que no hay
evidencia que permita establecerla con un criterio objetivo; en el poder otorgado
por la DIAN se advierte que el apoderado está «adscrito a la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional», y en la página web de la función pública se
encuentra que, desde el año 2009, es funcionario de la entidad, por lo que no es
razonable considerar que su designación haya representado una erogación
adicional, diferente a la remuneración que tenga como servidor público.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 14 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación y se
concedió el término previsto en el artículo 247 [4 a 6] del CPACA, para que los
sujetos procesales se pronunciaran13. La DIAN14 solicitó confirmar la sentencia
apelada por considerar que el Tribunal no interpretó de manera errónea los
artículos 122 del ET y 23 del CDI; el principio de no discriminación se cumple, y
se deben aplicar las limitaciones de la norma local. Insiste en que las comisiones
no eran deducibles, porque no se practicó retención en la fuente, siendo
procedente la sanción por inexactitud.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de la liquidación oficial de revisión que modificó la
declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2017, presentada por
MABE COLOMBIA SAS.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, se debe
establecer si el a quo interpretó de manera errónea los artículos 122 del ET y 23
[3] del CDI suscrito entre Colombia y México para desconocer la deducibilidad del
gasto por el pago de comisiones, y si eran procedentes la sanción por inexactitud,
y la condena en costas -agencias en derecho-, impuestas a la demandante.

La liquidación de revisión desconoció gastos operacionales de ventas por
$2.958.157.000, correspondientes a la comisión pagada a la sociedad mexicana
Controladora Mabe S.A de C.V, en adelante, Controladora, al considerar que se debió
practicar retención en la fuente conforme a los artículos 121, 122 y 406 del ET, y
13
Índice 4 en Samai.
14
Índice 12 en Samai

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Demandante: MABE COLOMBIA SAS

22 del CDI, con base en tres enfoques: 1) algunas compras que dieron lugar al
pago de la comisión se hicieron a proveedores nacionales, 2) Mabe Colombia, a
efectos de evitar la doble imposición, debió practicar retención en la fuente sobre
el pago discutido para que la empresa mexicana lo tomara como crédito fiscal en
su país y, 3) al aplicar el límite del 15 % señalado en el artículo 122 ib.; por no
declararse una renta líquida, sino una pérdida fiscal, no se podía solicitar dicho
valor como deducción, actuación avalada por el a quo quien, en suma, acogió los
dos últimos enfoques analizados por la Administración.

Además, el Tribunal consideró que los pagos por comisiones realizados a
Controladora, derivados del contrato de servicios por comisión, no podían detraerse
de la declaración de renta del año 2017, pues debieron someterse a los límites de
deducibilidad establecidos en el artículo 122 del ET. Y compartió el análisis de la
DIAN sobre el artículo 22 (eliminación de la doble imposición) del CDI, sin abordar el
artículo 121 ib.

Para la recurrente, ante la inexistencia de la obligación de practicar retención en
la fuente sobre el pago de comisiones, conforme al artículo 7 del CDI y a la doctrina
DIAN -aspecto no rechazado por el Tribunal-, el gasto era completamente deducible,
en la medida en que la limitación prevista en el artículo 122 del ET no aplicaba en
virtud de la cláusula de no discriminación contenida en el artículo 23 [3] del CDI.

En ese contexto, se analizará si, para efectos de la deducibilidad del gasto
cuestionado se debió practicar retención en la fuente, a la luz de las normas
contenidas en el convenio para evitar la doble imposición suscrito entre Colombia
y México15, el cual prevalece sobre la normativa local.

Son hechos reconocidos por las partes que, el 2 de enero de 2017, la demandante
y Controladora Mabe S.A. de C.V., sociedad constituida conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en este país y sin establecimiento
permanente en Colombia, suscribieron un «contrato de servicios por comisión»16,
para que esta última, en calidad de agente de la primera, planeara, supervisara y
controlara el proceso de compras de los productos requeridos por la actora, a
través de políticas y procedimientos que garantizaran el suministro y
abastecimiento oportuno de bienes y servicios en las cantidades y calidades
requeridas por la compañía, al menor costo posible. Asimismo, acordaron el pago
de una comisión para remunerar el referido servicio de intermediación, la cual
corresponde al gasto cuestionado.

Según las definiciones generales contenidas en el artículo 3 del CDI, el término
«empresa» se aplica a la explotación de cualquier actividad empresarial. Y el
término «actividad empresarial» incluye la prestación de servicios profesionales. De
acuerdo con sus estatutos sociales, la empresa mexicana tiene por objeto, entre
otras actividades17: «[…] establecer sucursales, agencias o representaciones y actuar

15
«Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio», y el «Protocolo del convenio
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio», aprobado por la Ley 1568 de 2012, declarada
exequible por medio de la sentencia C-221 de 2013 de la Corte Constitucional, cuya aplicación al caso es aceptada por las
partes.
16
Fls. 83 a 87. Documento 02 expediente digital.
17
Fls. 108 a 111. Documento 02 expediente digital.

9
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como mediador mercantil, comisionista, representante, distribuidor o depositario de
toda clase de sociedades nacionales o extranjeras […]» Se resalta.

De las nociones referidas y del objeto social de Controladora se desprende que
esta realizó una actividad empresarial consistente en la prestación de un servicio
de intermediación comercial, actividad por la cual percibió un ingreso susceptible
de gravamen.

Ahora bien, acorde con las reglas de interpretación de los convenios, las rentas
por servicios prestados por un residente de un estado contratante en el otro estado
contratante -como lo fue el servicio prestado por la empresa mexicana Controladora
Mabe a Mabe Colombia-, se consideran rentas o beneficios empresariales que
solo se gravan en el primer estado, conforme al artículo 7 de los convenios18.

Sobre este aspecto, la Sala19, al pronunciarse sobre los CDI suscritos bajo el
modelo OCDE, destacó que el artículo 7 reguló la imposición de las rentas a los
beneficios empresariales «bajo la postura desarrollista20 de gravar en el país de la
residencia las rentas producidas por el ejercicio de las actividades económicas, con
el imperativo de que «Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante
solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice
su actividad en el Otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente
situado en él. Si la empresa realiza sus actividades de dicha manera, los beneficios de la
empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en
que sean imputables a ese establecimiento permanente» Se resalta. Dentro de estos
beneficios se encuentran los pagos hechos en virtud del contrato de comisión, por
el cual, como se indicó, la sociedad mexicana se comprometió a planear,
supervisar y controlar el proceso de compras requerido por la actora.

En ese contexto, el artículo 7 [1] del convenio suscrito con México reiteró, en
cuanto a la imposición de las rentas obtenidas por el desarrollo de actividades
empresariales, como son las comisiones, que se gravan así: «1. Los beneficios de
una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición
en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad empresarial en el otro
Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en el. Si
la empresa realiza o ha realizado su actividad empresarial de dicha manera, los beneficios
de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero solo en la medida
en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente» se resalta. Así, por regla
general, las rentas o beneficios empresariales tributan en el estado de
residencia del prestador del servicio, salvo que cuente con un establecimiento
permanente en el estado de la fuente. Se resalta.

En la sentencia C-221 de 2013, la Corte Constitucional, al estudiar el artículo 7,
estimó que esta disposición consagra un supuesto según el cual «[…] prevalece la
supremacía de la jurisdicción tributaria de la residencia, puesto que los beneficios
empresariales percibidos pueden someterse a imposición del Estado del cual la

18
“Normas y Convenios para evitar la doble imposición internacional en el impuesto de renta y en el impuesto al patrimonio
en Colombia”. Cubides Pinto, Benjamín. CETA. 1ª edición año 2010. Pág. 60.
19
Sentencia del 4 de abril de 2024, Exp. 25411, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
20 Por ser postura de países desarrollados que quieren atraer hacia sí las bases imponibles que sus empresas obtienen
por todo el mundo, al contrario del criterio no desarrollista o territorial que atribuye la renta al lugar dónde se produce
independientemente de la nacionalidad de la empresa que la
obtiene (https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/cf/16_02.pdf

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empresa es residente, salvo que las actividades empresariales en dicho territorio se
lleven a cabo mediante un “establecimiento permanente” […]» Se resalta.

Conforme a lo anterior, es México (país de residencia) el estado que conserva el
poder de imposición y, por ende, quien puede gravar el ingreso percibido por
Controladora Mabe, sociedad que no cuenta con un establecimiento permanente
en Colombia (país de la fuente). Por esta razón, la comisión percibida por la
sociedad mexicana, al no estar sometida a imposición en Colombia según las
previsiones del artículo 7 del CDI, no está sujeta a retención en la fuente, siendo
inaplicable el artículo 121 del ET.

Ahora bien, en relación con la deducibilidad de los pagos efectuados por una
empresa de un estado contratante (Mabe Colombia) a favor de un residente del otro
estado contratante (Controladora Mabe), el artículo 23 del CDI consagra el principio
de no discriminación. En concreto, el numeral 3 señala que los «[…] gastos
pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado
Contratante son deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de esta
empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente
del Estado mencionado en primer lugar […]». Se resalta

De acuerdo con este principio, el pago por comisión realizado por la actora a favor
de Controladora Mabe no está sujeto al límite establecido en el artículo 122 del
ET para los pagos al exterior, en cuanto el referido artículo 23 [3] permite la
deducción del mismo, sin condición. En consecuencia, le asiste razón a la
recurrente cuando afirma que, ante la inexistencia de la obligación de practicar
retención en la fuente sobre el pago por comisiones, conforme al artículo 7 del
CDI, el gasto es deducible en su totalidad, en la medida en que la referida
limitación no opera en virtud de la cláusula de no discriminación contenida en el
artículo 23 [3] del CDI.

Acreditada la procedencia de la deducción debatida, no hay lugar a la imposición
de la sanción por inexactitud, ni a la condena en costas en ambas instancias
porque, conforme a los artículos 188 del CPACA y 365 [4 y 8] del CGP, si bien
prospera el recurso de apelación, lo cual da lugar a revocar la sentencia apelada,
no se encuentran demostradas en el proceso.

Conforme a lo expuesto, se revocará la sentencia apelada para declarar la nulidad
de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, la firmeza de la
liquidación privada del impuesto sobre la renta por el año gravable 2017.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1.- REVOCAR la sentencia del 3 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión. En su lugar, se dispone:

11
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«Anular la Liquidación Oficial de Revisión 102412020000004 del 15 de abril de
2021, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Manizales, acto administrativo por el cual se modificó
la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2017, presentada
por MABE COLOMBIA SAS.

A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de la declaración de
renta del año gravable 2017, presentada el 21 de noviembre de 2018, por MABE
COLOMBIA SAS».

2.- Sin condena en costas en ambas instancias.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Ausente en comisión

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclara voto

12
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