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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00290-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00290-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1 de julio de 2022, por la cual el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Juan David Peláez Castro, salvo la condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00290-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 17001-23-33-000-2021-00290-01(1315-2023)
Demandante : Juan David Peláez Castro
Demandada : Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Disciplinario – sanción multa
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 1 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Juan David
Peláez Castro en contra de la Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

El demandante Juan David Peláez Castro, actuando en su propio nombre y
representación, acude a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para
solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.

Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en los fallos disciplinarios
contenidos: (i) en la Resolución 011 del 29 de octubre de 2020, proferido por la
Procuraduría Regional de Caldas a través de la cual impuso la sanción disciplinaria
de suspensión del cargo de Gerente de las Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
S.A. ESP.- EMPOCALDAS, por el término de tres (3) meses y (ii) del 16 de marzo
de 2021 expedido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia
Administrativa que modifica la suspensión por el término de un mes convertida multa
de un mes del salario devengado al momento de la comisión de la falta.

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la declaración de existencia
de caducidad de la acción disciplinaria, (ii) la devolución de la suma de $8.855.290,
pagada de la sanción de suspensión de un mes, convertida en salarios, (iii) el
reconocimiento de los intereses moratorios por el valor anterior en virtud de lo
previsto en el artículo 884 C.CO, (iv) el retiro de los antecedentes de la sanción
registrados a su nombre y (v) condenar en costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Precisa el actor que estuvo vinculado como gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.,
hasta el 14 de enero de 2016 y durante su administración adelantó programas de
mejoramiento institucional y de sistema de calidad, entre ellos, la transformación del
manual de funciones.

Asegura que delegó a la jefe de la unidad de gestión humana de Empocaldas, para
liderar la reforma del manual de funciones para los perfiles de los servidores
públicos de la planta de cargos, documento presentado el 18 de febrero de 2015 a
la junta directiva de la entidad que decidió aprobar la modificación al manual de
funciones y perfiles.

Establece que mediante Resolución 113 del 13 de abril de 2015, nombró al señor
Carlos Alberto Herrera Cardona en el cargo de administrador de la seccional del
municipio de Filadelfia- Caldas, de acuerdo al certificado de cumplimiento de los
requisitos para el cargo emitido por la jefe de gestión humana de la entidad.

Destaca que la unidad de control disciplinario interno de Empocaldas decidió abrir
investigación en contra de la jefe de gestión humana de esa entidad, quien certificó
los requisitos exisgidos para el cargo de administrador de la seccional del municipio
de Filadelfia- (C), proceso que luego fue enviado a la Procuraduría Regional de
Caldas, para determinar la viabilidad de la falta disciplinaria en su contra, por los
hechos contenidos en la Resolución 090 del 17 de marzo de 2015 que declaró
insubsistente al señor Carlos Alberto Herrera Cardona.

Precisa que la Procuraduría Regional de Caldas adelantó investigación preliminar
en su contra y a través de auto del 16 de marzo de 2020, resolvió dar trámite al
procedimiento verbal, decisión notificado el 23 de julio de 2020, día en el que se dio
inicio a la audiencia verbal; esto es, 5 años después de cometida la falta objeto de
investigación.

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Concluye que, la Procuraduría Regional mediante Resolución 011 del 29 de octubre
de 2020 le impuso sanción disciplinaria de suspensión del cargo de gerente de
Empocaldas por el término de tres (3) meses; decisión sobre la cual interpuso
recurso de apelación, desatada el 16 de marzo de 2021 por la Procuraduría
Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría General de
la Nación, que modificó la sanción a un mes convertida en salario devengado al
momento de la comisión de la falta disciplinaria.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política, artículos; 29 y 209; Ley 734 de 2002, artículos 107 inciso 2,
150 numeral 4, 177 inciso 1, 182 inciso 2 y Ley 1474 de 2011, artículo 132 inciso 1.

El actor planteó los siguientes cargos de nulidad:

Considera que la actuación disciplinaria transgredió el artículo 150 inciso 4 de la Ley
734 de 2002, por cuanto la demandada extendió el objeto de la denuncia en la etapa
de indagación preliminar de la que queja presentada por la Oficina de Control
Disciplinario Interno de Empocaldas, “(...) por los hechos constitutivos de presuntas
irregularidades en la certificación de cumplimiento de requisitos y emisión de la Resolución N°090
del 17 de marzo de 2015, para fijarse en el nombramiento y posesión del Sr. Carlos Alberto Herrera
Cardona a través de Resolución N°114 del 13 de abril de 2015”. Los cuales fueron
desdibujados y fueron orientados a hechos diferentes.

Destaca que la entidad demandada vulneró el debido proceso en todas las
notificaciones surtidas a lo largo del proceso disciplinario y nunca le notificó
personalmente o por edicto el auto del 16 de marzo de 2020, actuación que solo
conoció para el mes de julio de 2020 y durante ese lapso la entidad no le designó
un defensor de oficio conforme el artículo 186 CDU, cercenando el derecho de
defensa, además, desentendió los artículos 107, 177 y 186 de la Ley 734 de 2002,
al abandonar las notificación personal del auto que citó a la audiencia y cometer el
error conceder el plazo sólo de dos 2 días para notificación cuando la ley establece
un término de 8 días.

Asegura que no hubo una valoración integral de las pruebas en el trámite
disciplinario, en el cual se tergiversa los hechos del año 2015, “donde el A quo me
cuestiona por no haber pedido una actualización a la mencionada certificación, cuando no era
necesaria, ya que había sido expedida con posterioridad a la aprobación por parte de la junta
directiva de la empresa, de los nuevos requisitos y no posibilita dilucidar y desentrañar la real
posición que me asistió, en mi legitima convicción errada e invencible de que mi conducta no
constituía falta disciplinaria alguna (…) más cuando la persona que se estaba nombrando era

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

calificada y cualquier persona hasta el más diligente en el desarrollo de sus propios negocios podía
cometer este error, debido a que era una persona con 8 semestres de carrera universitaria es decir
con dos semestres más de lo que requiere una tecnología, sobre casos similares existe gran cantidad
de jurisprudencia en la misma procuraduría general de la nación donde reconocen y aceptan esta
exclusión de la responsabilidad, por ser responsabilidad de los jefes de personal, cuando certifican
el cumplimiento de requisitos”.

Sostiene que la entidad demandada vulneró el artículo 132 de la ley 1474 de 2011,
al obviar el principio de celeridad y sólo el 23 de julio de 2020 notificó el auto de
apertura de investigación disciplinaria, siendo palmaria la caducidad alegada, pero
que fue desechada por la demandada.

2. Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación, contestó la demanda y se opuso a cada una
de las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos de defensa:

Señala que el 16 de enero de 2020, la Procuraduría Regional de Caldas, profirió
auto de apertura de indagación preliminar en contra del actor y en oficio 0320 del 4
de febrero de ese mismo año, fue comunicada esta actuación, sin embargo, el
encartado no acudió y se continuó con la notificación por edicto fijado el 18 y
desfijado el 21 de febrero de 2020.

Para el 16 de marzo de 2020, la Procuraduría Regional de Caldas decide tramitar
el proceso por el procedimiento verbal, citó a la audiencia pública fija para el 3 de
abril de 2020, tiempo que se presentó la coyuntura de la pandemia Covid -19 y la
Procuraduría General de la Nación suspendió los términos de todas las actuaciones
de la entidad a partir del 17 de marzo de 2020, medida que luego fue prorrogada.

Que mediante oficio 1149 del 2 de junio de 2020, citó al disciplinado para la
notificación del auto del 16 de marzo de ese mismo año, para que se notificara
personalmente del citado auto y obra constancia de entrega al mismo, pero el actor
no compareció, por lo tanto, procedió en los términos del artículo 177 de la ley 734
de 2002 a notificarlo por edicto el cual fue desfijado el 10 de junio de ese mismo
año.

Posteriormente, mediante auto del 11 de junio de 2020, fijó fecha para el inicio de
la audiencia pública para el día siguiente 2 de ese mes y año, pero el 1 de julio de
2020 el encartado solicito aplazamiento manifestando "Me dirijo a usted con el fin de
solicitar aplazamiento para la audiencia citada para el día 02 de julio de 2020 debido a que mi
apoderado de confianza (…) se encuentra en la ciudad de Medellín por motivos de salud y como se

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

amplió el aislamiento obligatorio, no ha podido volver a Manizales igualmente para mi no es posible
asistir sin mi apoderado de confianza y además sin tener autorización para salir de mi casa …” Así

las cosas, el investigado contaba con abogado de confianza.

Que el señor Peláez manifiesta el grave error de la notificación del edicto fue
mantener como fundamento o el asunto de la citación las “ presuntas irregularidades en
la expedición de la Resolución Nº 0090 de marzo de 2015”, replicado el error en el edicto de

febrero y contrariando el auto del 16 de marzo, frente a esto precisó que el asunto
de la citación es una simple referencia para contextualizar el proceso y no tiene
incidencia en el proceso disciplinario, más cuando la situación fáctica y el cargo
fueron los mismos.

Respecto a la caducidad advierte que el Procurador Regional de Caldas al desatar
la nulidad planteada, señaló el 17 de marzo de 2020, se suspendieron los términos
de los procesos disciplinarios a causa de la pandemia hasta el 25 de mayo de 2020,
razón por el cual el auto que cito audiencia verbal se notificó el 2 de junio de ese
año y no le asiste la razón al demandante.

En relación con la actuación del procedimiento verbal dice que se cumplió los
requisitos del artículo 175 del CDU y no se vulneró el debido proceso, para ello,
destaca que, así lo consideró el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Manizales al decidir una acción de tutela interpuesta por el convocante.

Por último, propuso excepciones de mérito que denominó; “inexistencia del derecho
pretendido” e “innominada”.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 1 de julio de 2022, negó
las pretensiones de la demanda (sin condena en costas), por cuanto:

Que esta demostrado que la Oficina de Control Disciplinario Interno de
Empocaldas, mediante oficio remitió a la Procuraduría Regional Caldas, para que
determinará la viabilidad de adelantar investigación disciplinaria contra el señor
Juan David Peláez Castro gerente de esa entidad, por las presuntas irregularidades
en el nombramiento y la verificación de requisitos para la posesión del señor Carlos
Alberto Herrera Cardona en el cargo de administrador de la seccional de Filadelfia
de Empocaldas.

Que la Procuraduría Regional de Caldas el 16 de enero de 2020 13 dispuso iniciar
indagación preliminar en contra del señor Peláez Castro y en el encabezado del

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

acto indicó: "Presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución No. 0090 de marzo de
2015", pero el encabezado que se empleó al inició del auto de apertura de indagación

preliminar, es una simple referencia para orientar o identificar el proceso, aunado a
que la indagación preliminar no necesariamente debe limitarse a los hechos de la
queja, pues ella se pueda extender a hechos conexos, razón por la cual despacho
desfavorablemente el cargo de violación del numeral 4 del artículo 150 del CDU.

Referente a la violación al debido proceso por las notificaciones surtidas a lo largo
del proceso disciplinario, verificó que al haberse intentado la notificación personal
del auto del 16 de marzo de 2020 que citó a audiencia pública al señor Peláez, este
no compareció, razón por la cual procedía la notificación por edicto y si bien este
señaló que procedía al haber trascurrido 2 días hábiles desde la entrega de la
citación para notificación personal, fue contrario a lo establecido en el 107 de la Ley
734 de 2002 que dispone que ello debe hacerse luego " de ocho (8) días a partir del envío
de la citación”, esto constituye una irregularidad que no tiene la vocación de viciar de

nulidad lo actuado, toda vez que, posteriormente, el 11 de junio de 2020 la
Procuraduría Regional de Caldas fijó el 2 de julio de 2020 como nueva fecha para
realizar la audiencia; por lo que aquel error en la notificación de la citación para la
audiencia, en la primer fecha fijada resultó intrascendente.

Además, está acreditado que, el señor Peláez, el 1° de julio de 2020, sin alegar la
aludida nulidad solicitó el aplazamiento de la audiencia y la Procuraduría Regional
de Caldas, mediante auto de esa misma fecha, atendió la solicitud de aplazamiento
y el 23 de julio de 2020 se llevó a cabo la audiencia verbal, diligencia en la cual
participó el señor Juan David Peláez junto con su apoderado Alirio Mendieta
Pacheco. En esta audiencia se dispuso, entre otras cosas, realizar audiencia virtual
donde sería recibida la versión libre del investigado, el 30 de julio de 2020, decisión
que fue notificada en estrados.

Finalmente, la Procuraduría Regional de Caldas en audiencia del 29 de octubre de
202024, profirió fallo en el que se declaró disciplinariamente responsable al señor
Juan David Peláez, decisión que fue notificada igualmente en estrados. De acuerdo
con lo expuesto encuentra la Sala que, las decisiones proferidas en el proceso,
fueron notificadas conforme lo establece el artículo 102 y 107 de la Ley 734 de 2002,
garantizando asi, el derecho de defensa y contradicción del disciplinado.

En relación con la violación al debido proceso por la ausencia de abogado de oficio,
estableció que el primer acto de proferido fue el auto del 16 de enero de 2020 en el
cual dispuso la apertura de la indagación preliminar y por medio de oficio 0320 del
4 de febrero de 2020, cito al actor a las instalaciones de esa entidad para notificar

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

personalmente el contenido del referido auto, pero como el demandante no
compareció dentro de los 8 días a partir del envío de la citación, la Secretaría de la
Procuraduría Regional Caldas procedió a la notificación por edicto, el cual se fijó del
18 al 21 de febrero de 2020.

Destaca que la parte demandante no manifestó desconocer la citación de
notificación y colige que, conoció de la apertura de indagación preliminar que se
adelantaba en su contra, sin embargo, en ese momento decidió no asumir
activamente su defensa y para el 1 de junio de 2020 el actor solicitó aplazamiento
de la audiencia en la cual manifestó contar con abogado que lo acompañó a las
audiencias programadas. Por lo tanto, el cargo formulado no prospera.

En lo concerniente a que, no se aplicó un procedimiento ágil y sin dilaciones
pudiendo hacerse uso de las herramientas tecnológicas sin advertir en que etapa
no fueron usadas, no vislumbra violación alguna de los derechos al debido proceso
y a la defensa, no siendo dable afirmar que la actuación adolece de nulidad.

Sobre la valoración de las pruebas recaudadas y en especial el manual de
funciones, la distribución de estas en los diferentes empleados y el principio de
confianza, concluyó que el Gerente de Empocaldas tenía dentro de sus funciones
nombrar, señalar remuneración y atribuciones, remover sancionar, dar por
terminado los contratos de trabajo, las relaciones legales y reglamentarias a los
funcionarios, además suscribió la Resolución 0114 de abril 13 de 2015, a través de
la cual nombró al señor Carlos Alberto Herrera Cardona y lo posesionó en el cargo
de Administrador de la Seccional de Filadelfia, quien no cumplía con el requisito de
estudio requerido para desempeñar el cargo.

Además, la infracción disciplinaria obedeció a la falta de cuidado necesario que
debió imprimirle a la función, pues el mismo investigado fue la persona que presentó
y firmó el nuevo manual de funciones; que era de reciente conocimiento que data
del 18 de marzo de 2015 y el nombramiento y posesión es del 13 de abril del mismo
año; que no bastaba la acreditación que recibió previamente de la Oficina de
Gestión Humana sobre el cumplimiento del requisitos, más cuando conocía de
primera mano que días antes se habían hecho más exigentes los requisitos para
ocupar los cargos en la entidad.

En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria, teniendo en cuenta la fecha
del auto que dispuso tramitar la actuación por el procedimiento verbal es del 16 de
marzo de 2020 y la fecha de notificación del fallo disciplinario de primera instancia,
en estrados el “30 de julio de 2020” (sic), se colige que, no se configuró la prescripción

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

de la acción disciplinaria.

4. Recurso de apelación.

La parte demandante en la oportunidad procesal interpuso recurso de apelación en
contra la sentencia de primera instancia, solicitando que se revoque, en
consideración a los siguiente:

Argumenta que se presenta caducidad de la acción por cuanto el 13 de abril de 2015
expidió el acto administrativo de nombramiento y posesión, y se incurre en un error
al señalar que esta se interrumpió el 16 de marzo de 2020, desconociendo la
jurisprudencia del Consejo de Estado que dice que es requisito indispensable la
debida notificación y por lo tanto, no se interrumpe la caducidad.

Que la suspensión de los términos de los procesos disciplinarios, a través de la
Resolución N° 128 del 16 de marzo de 2020 que se mantuvo hasta el 21 de mayo
de 2020, no alcanza para cumplir con los términos perentorios, pues la “jurisprudencia
reciente deja claro que en el tema disciplinario no se puede descontar los días por la suspensión de
los términos en pandemia, ya que la acción disciplinaria le corresponde al estado, de la misma forma
que sucedió con los términos en el derecho penal ”.

Que tan sólo el 16 de marzo de 2020, la demandada decidió tramitar el proceso
conforme el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 (pliego de cargos), pero notificó la
apertura de la investigación el 23 de julio de 2020, razón por la que deberá ser
admitida la ocurrencia de la caducidad, por cuanto desde la fecha de los hechos ya
habían transcurrido más de 5 años cuando se profiere el auto de investigación.

Que se presentaron múltiples irregularidades en la notificación que evidencian las
causales de nulidad al debido proceso en el término para la fijación del edicto, por
cuanto le dieron solo dos días para notificarse personalmente y el artículo 107 de la
Ley 734 de 2002, dice que pasados 8 de enviada la citación no comparece el citado,
se fijara un edicto por el término de 3 días, aunque esto lo reconoce la primera
instancia no trascendencia, a pesar de que el Consejo de Estado resalta la
importancia de la notificación personal del pliego de cargos por su trascendencia
dentro del proceso disciplinario, tampoco hace el análisis siguiente el cual es
definitivo y determinante para resolver la nulidad.

Además, el edicto fijado el 8 de junio de 2015 (sic), lo citaron para una audiencia del
3 de abril de 2020, que ya había sucedido dos meses antes y que dice notificar
personalmente al investigado y/o su apoderado, asimismo, el acto de notificación

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

contiene otro error al señalar que se notifica personalmente a la investigada Angela
Maritza García Mayorga, persona ajena a este proceso y por último, se mantuvo
como asunto de citación las presuntas irregularidades en la expedición de la
resolución 090 de 2015, hecho diferente al inicial de la queja.

Asegura que la entidad demandada vulneró el debido proceso por ausencia de
defensor de oficio, pues el pliego de cargos dice que vencido el término, sino
comparece el investigado, se le designará un abogado de oficio y a pesar que no
compareció no dieron cumplimiento, siendo una violación de fondo que vulnera su
derecho de defensa, pues solo se enteró a partir del 1 de julio de 2020 fecha en que
solicito aplazamiento inmediato para nombrar su abogado de confianza el cual
intervino el 23 de julio del 2020, indicando que durante un lapso del proceso no
tuvo defensor, no se hizo presente, no conoció el pliego de cargos y los edictos
irregulares.

Que hubo error en la valoración de las pruebas, que no permitió que se evidenciara
que actuó bajo la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria de la legítima
convicción errada e invencible y con ausencia de culpabilidad, por cuanto en la labor
del gerente no está en la verificación de los documentos que recibe para la firma y
se estaría acabando con la delegación de funciones y con el principio de la
confianza legítima, pues nombró al funcionario basado en una certificación de
cumplimiento de requisitos que expide la funcionaria competente, la jefe de gestión
humana.

5. Alegatos de conclusión1.

En auto del 28 de junio de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

La Procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado, rindió concepto por
medio del cual solicita confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 1 de
julio de 2022.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1
Folio 189 expediente físico.

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)2, en esta instancia se emitirá
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problemas jurídicos.

Corresponde a la Sala establecer si revoca sentencia de 1 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Juan David Peláez Castro en contra de la
Procuraduría General de la Nación, para ello se estudiara lo siguiente:

1. ¿En el proceso sancionatorio que adelantó la Procuraduría General de la Nación
en contra del señor Juan David Peláez Castro se presentó la caducidad y
prescripción de la acción disciplinaria?

2. ¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso por las irregularidades en la
notificación de la citación y los edictos?

3. ¿Se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa por la ausencia de
designación de un defensor de oficio durante el periodo de la etapa inicial donde el
actor no compareció?

4. ¿El órgano de control disciplinario vulneró el principio de investigación integral de
las pruebas que logran determinar la causal de exoneración de responsabilidad
disciplinaria?

Para desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.2.
Proceso verbal disciplinario, 2.3. precedente de unificación de control integral de los
actos disciplinarios, 24. Actuación disciplinaria, 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena
en costas.

2.2. Proceso verbal disciplinario.

2
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

La Ley 734 de 2002, en el artículo 175 estableció el proceso verbal como un trámite
expedito con el finde verificar la responsabilidad del servidor público cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

CAUSALES DE APLICACIÓN DEL PROCESO VERBAL DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 175 INCISO 1 LEY 734 DE 2002. Sorprendido en el momento de la comisión de
la falta o con elementos, efectos o instrumentos
que provengan de la ejecución de la conducta.
Cuando haya confesión
Faltas leves
ARTÍCULO 175 INCISO 2 LEY 734 DE 2002 Faltas Gravísimas contempladas en el artículo
48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57,
58, 59 y 62 de esta ley
ARTICULO 175 INCISO 3 LEY 734 DE 2002 En todo caso, cualquiera que fuere el sujeto
disciplinable, si al momento de valorar sobre la
decisión de apertura de investigación
estuvieren dados los requisitos sustanciales
para proferir pliego de cargos se citará a
audiencia.

De lo expuesto se tiene que, en las situaciones de flagrancia, confesión, faltas leves
y gravísimas están definidas para adelantar el proceso verbal, no obstante, se
advierte del inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, que si al momento
de decidir sobre la procedencia de la apertura de investigación la autoridad advierte
que se encuentran los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos deberá
citar audiencia.

El artículo 177 ibidem, establece que calificado el procedimiento aplicar de acuerdo
a lo anteriormente señalado, el funcionario citará al presunto responsable para que
el término de 2 días, rinda versión la cual puede ser verbal o escrita y el investigado
en esta audiencia podrá aportar y solicitar pruebas las cuales podrán ser practicadas
en la misma diligencia y dentro del término improrrogable de tres días, si fueren
conducentes y pertinentes, en el caso que no se puedan practicar se suspenderá la
audiencia por el término máximo de 5 días y se fijará fecha para la práctica de las
pruebas.

Concluidas las intervenciones se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo,
diligencia que se podrá suspender, para proferir decisión en el término de 2 días
siguientes (artículo 178 del CDU), contra la decisión de primera instancia procede
recurso de apelación que se interpondrá y sustentará en la misma diligencia o por
escrito dentro de los dos días siguientes.

2.3. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios.

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 2016, estudió la legalidad de
las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación en
contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó postura de unificación
respecto a los actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el sentido que
corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativo efectuar un
control integral de los actos sancionatorios, precisando:

“[…]

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe
el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en
sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución
y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo
caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra
todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso
administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.”

Con estos fundamentos, la Sala Plena de este órgano colegiado, estableció las
siguientes reglas:

“Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos
proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en
los siguientes términos:

1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral [79] de
los actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción
disciplinaria regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el
recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.”

En ese orden de ideas, corresponde a los jueces ejercer un control integral de los
actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial de los sujetos
procesales e intervinientes en la actuación disciplinaria, en el cual se garanticen los
derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa, la presunción de
inocencia con el fin de garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo.

2.4. Actuación disciplinaria.

2.4.1. Mediante auto 16 de enero de 2020, la Procuraduría Regional de Caldas,

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Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

inicia indagación preliminar en contra del señor Juan David Peláez Castro, por los
siguientes hechos:

1.1. La queja.

La Unidad de Control Disciplinario Interno de Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
“EMPOCALDAS S.A. E.S.P, mediante oficio No. UCDI-2019-IE-00012729, expone:

“Comedidamente y atendiendo lo ordenado por esta Unidad en Auto de 26 de
noviembre de 2019, me permito allegar copia de lo actuado dentro del expediente
radicado al número 02-13-2019.

Lo anterior a los efectos de que la Regional determine la viabilidad de adelantar
investigación disciplinaria en contra del señor JUAN DAVID PELÁEZ CASTRO quien
para la época de los hechos de desempeñaba como Gerente de Empocaldas S.A.
E.S.P”.

2.4.2. La Procuraduría Regional de Caldas, mediante auto del 16 de marzo de 2020,
procedió a calificar el trámite en el procedimiento verbal y citó audiencia al actor por
cumplir los requisitos sustanciales contenidos en el artículo 175 de la Ley 734 de
2002, el cual describió la conducta investigada y formuló cargo único, así:

“DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA

La conducta desplegada por el señor Juan David Peláez Castro, actuando en su calidad
de Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., consistió el nombramiento y posesión en la
fecha del 13 de abril de 2015, al señor Carlos Alberto Herrera Cardona, en el cargo de
Administrador de la Seccional Filadelfia, Caldas, de la empresa EMPOCALDAS S.A.
E.S.P, quien no cumplía con los requisitos mínimos de estudio exigido en el Manual de
Funciones para dicho empleo, así las cosas, la modalidad de la conducta atribuida al
señor Peláez Castro de conformidad con el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, es una
conducta de acción.

CARGO ÚNICO A FORMULAR

El cargo que se formula al investigado Juan David Peláez Castro, en calidad de
Gerente, de la entidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P, para la época de los hechos
investigados se concreta en lo siguiente:

El Despacho llama a responder disciplinariamente al señor JUAN DAVID PELÁEZ
CASTRO, quien en su calidad de gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., nombró al señor CARLOS ALBERTO HERRERA
CARDONA, en el cargo de Administrador Seccional Filadelfia, mediante la Resolución
No. 0114 de abril 13 de 2015 y lo posesionó en la misma fecha para dicho cargo, sin
que este funcionario cumpliera con los requisitos mínimos de formación académica
exigidos por el Manual de Funciones de la Entidad para el citado empleo, actuación
con la cual el señor Peláez Castro presuntamente incurrió en la prohibición consagrada
el numeral 18 del artículo 36 de la Ley 734 de 2002”.

2.4.3. En decisión del 11 de junio de 2020, la Procuraduría Regional de Caldas,
hace mención que mediante auto del 16 de marzo del citado año citó audiencia al
señor Peláez Castro el día 3 de abril de ese mismo calendado, pero en el marco de

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Demandado: Procuraduría General de la Nación

la emergencia sanitaria del Covid 19, los términos fueron suspendidos, por ese
motivo fijó nueva fecha para el 1 de julio de 2020.

2.4.4. En auto del 1 de julio de 2020, la Procuraduría Regional de Caldas decidió la
solicitud del investigado de aplazamiento de la audiencia, por lo siguiente:

“Estando notificado del auto en cita, el señor Juan David Peláez Castro, en su calidad
de investigado radicó el día 01 de julio de 2020, en las instalaciones de la Procuraduría
Regional Solicitud de aplazamiento, en los siguientes términos. “Me dirijo a usted con
el fin de solicitar aplazamiento para la audiencia citada para el día 02 de julio de 2020,
debido a que mi apoderado de confianza (…) se encuentra en la ciudad de Medellín
por motivos de salud y como se amplió el aislamiento obligatorio no ha podido volver a
Manizales, igualmente para mí no es posible asistir sin mi apoderado de confianza y
además sin tener autorización para salir de mi casa, ya que por esta misma razón y
tener cédula terminada en 8 no puedo salid sino los días martes y viernes en la ciudad
de Manizales, por lo tanto le pido respetuosamente fijar nueva fecha para realizar
audiencia.”

(…)

RESUELVE

PRIMERO: Fijar como fecha para el inicio de la audiencia pública el día veintitrés (23)
de julio de 2020, a las nueve de la mañana (9:00 A.M.) en la sala de Audiencias de la
Procuraduría Regional de Caldas, ubicada en la Calle 22 No. 22-26 Piso 11. Edificio
del Comercio, Manizales.

2.4.5. El día 23 de julio de 2020, la Procuraduría Regional de Caldas, realizó la
audiencia del proceso verbal disciplinario en contra del señor Peláez Castro,
acompañado de su apoderado de confianza, audiencia que fue suspendida hasta el
30 de ese mismo mes y año por la práctica de pruebas pedidas.

2.4.6. La Procuraduría Regional de Caldas en audiencia del 29 de octubre de 2020,
profirió fallo de primera instancia, por medio del cual declaró disciplinariamente
responsable al aquí demandante, en ella señaló:

"PRIMERO- Declarar probado el cargo único formulado al disciplinado Juan David
Peláez Castro, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.278.038, en su
condición de gerente para la fecha de los hechos de la Empresa de Obras Sanitarias
de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P", de conformidad con lo establecido en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO- Sancionar al investigado(a) JUAN DAVID PELÃEZ CASTRO,
identificado con la cédula de ciudadanía No 10.278.038. con suspensión del cargo
por el término de tres (3) meses; conforme a la parte motiva de la presente
Providencia.

Teniendo en cuenta que el disciplinado no ostenta en la actualidad el cargo de
gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P.",
la sanción impuesta de conformidad con lo ordenado por el inciso segundo del
artículo 46 de la ley 734 de 2002, se convierte en noventa (90) días del salario que
devengaba para la época de los hechos.

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Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

2.4.7. El 26 de marzo de 2021, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia
Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, emitió fallo de segunda
instancia, en el cual decidió:

"(...) PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 011 calendada el 29 de octubre de
2020, proferida por la Procuraduría Regional de Caldas, a través de la cual se impuso
sanción disciplinaria consistente en SUSPENSIÓN DEL CARGO por el termino de
tres (3) meses al señor JUAN DAVID PELÃEZ CASTRO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 10.278.038, en su condición de Gerente de la Empresa de Obras
Sanitarias de Caldas S.A. ESP., y en su lugar IMPONER la sanción de SUSPENSIÓN
DEL CARGO por el término de un (1) mes; no obstante y como quiera que el
disciplinado ha cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, se convertirá en salarios de
acuerdo al monto devengado para la época de la comisión de la falta, es decir, en
ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa pesos
($8.855.290)”.

2.5. Caso concreto.

El señor Juan David Peláez Castro, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho pretende la nulidad de los fallos disciplinarios
proferidos el 29 de octubre de 2020, por la Procuraduría Regional de Caldas a través
de la cual se impuso la sanción disciplinaria de suspensión del cargo de Gerente de
las Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. ESP.- EMPOCALDAS- por el
término de tres (3) meses y del 16 de marzo de 2021 expedido por la Procuraduría
Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa que modifica la suspensión por
el término de un mes convertida multa de un (1) mes del salario devengado al
momento de la comisión de la falta, por hallarlo responsable de la conducta título de
culpa grave.

En la actuación administrativa adelantada por la autoridad disciplinaria la
Procuraduría General de la Nación, comprobó: (i) que el actor en calidad de gerente
de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P., nombró al señor Carlos
Alberto Herrera Cardona en el cargo de Administrador Seccional de Filadelfia,
mediante Resolución 0114 de 13 de abril de 2015, sin que esta persona cumpliera
con los requisitos mínimos de formación académica para el empleo (ii) la
culpabilidad fue analizada por inobservancia del cuidado necesario que debió
imprimirle a la verificación de los requisitos por lo cual le fue imputada la falta a
título de culpa grave y (iii) la graduación de la sanción fue modificada en la segunda
instancia por el término de un (1) mes, convertida en salarios de acuerdo al monto
devengado para la época de la comisión de la falta, corresponde a la suma de
$8.855.290.

El Tribunal Administrativo Antioquia, Sala Quinta de Decisión, negó las pretensiones

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Demandante: Juan David Peláez Castro
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por considerar: (i) que no encuentra irregularidad por el encabezado que se empleó
al inició del auto de apertura de indagación preliminar y que en esta etapa
necesariamente no debe limitarse a los hechos de la queja, pues ella se pueda
extender a hechos conexos (ii) referente a la violación al debido proceso por las
notificaciones, indicó que estas irregularidades no tiene vocación de viciar de
nulidad lo actuado y además el actor acudió a las audiencias con su defensor de
confianza, (iii) relativo a la falta de abogado de oficio, precisó que el actor manifestó
contar con apoderado judicial y acudió a las audiencias programadas, (iv) sobre la
valoración de las pruebas verificó el manual de funciones y suscribió la Resolución
0114 de abril 13 de 2015, de una persona que no cumplía con el requisito de estudio
requerido para desempeñar el cargo y (v) por último indicó que no se configuró la
prescripción.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el actor considera; (i) precisa que
se configura la caducidad pues los hechos son del 13 de abril de 2015 y se incurrre
en error al señalar que esta se interrumpió el 16 de marzo de 2020, sin haberse
notificado esta decisión (ii) se presentaron irregularidades en la notificación personal
y los edictos que afectaron el debido proceso y el derecho de defensa (iii) asegura
violación al debido proceso por ausencia de defensor de oficio y (iv) el error en la
valoración de las pruebas que determinan la causal de exclusión de responsabilidad
disciplinaria.

De acuerdo a lo anterior, la Sala a continuación procederá a resolver los cargos
indicados en el recurso de apelación relacionados con los problemas jurídicos bajo
análisis.

¿En el proceso sancionatorio que adelantó la Procuraduría General de la
Nación en contra del señor Juan David Peláez Castro se presentó la caducidad
y prescripción de la acción disciplinaria?

Asegura el actor que presenta caducidad de la acción por cuanto el 13 de abril de
2015 expidió el acto administrativo de nombramiento y posesión, y el 16 de marzo
de 2020, no se interrumpió la prescripción por cuanto la decisión no había sido
notificada, además, no se pueden descontar los términos pandemia y por lo tanto
se presenta el fenómeno jurídico de la caducidad y prescripción.

Para establecer la existencia o no del fenómeno jurídico alegado en el recurso de
apelación por el demandante, se tiene que, la Procuraduría General de la Nación,
sancionó al actor en condición de gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de
Caldas S.A. E.S.P., como consecuencia del nombramiento que este realizó al señor

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Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Carlos Alberto Herrera Cardona en el cargo de administrador seccional de Filadelfia,
mediante Resolución 0114 de 13 de abril de 2015, sin esta persona cumpliera con
los requisitos mínimos de formación académica para el empleo.

En ese orden de ideas, para la Sala establecer si se presenta el fenómeno jurídico
de la caducidad y prescripción de la acción disciplinaria, es claro que la norma
vigente y aplicable para el momento de ocurrencia de los hechos es la contenida en
el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 30 de la Ley 734 de
2002, que dispone:

“ARTÍCULO 132. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. El
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:

"La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de
la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término
empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para
las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto
y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de
apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un
mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique".

De acuerdo a lo anterior, la caducidad y prescripción de la acción disciplinaria
caducará si en el término de 5 años desde la ocurrencia de la falta, no se ha
proferido auto de apertura de la investigación, plazo que inicia desde el momento
que se consuma la conducta y para el caso de autos es una falta instantánea pues
el origen proviene del acto de nombramiento mediante Resolución 0114 de 13 de
abril de 2015, de una persona que no cumplía los requisitos para fungir en el cargo
de Administrador Seccional de Filadelfia.

Así las cosas, la conducta por la cual se sancionó al actor data del 13 de abril de
2015, esto significa que, el término de los 5 años para la caducidad y la prescripción
de la acción disciplinaria se presentaría en este caso si la entidad no ha proferido
antes del 13 de abril de 2020 el auto de apertura de investigación conforme a la
norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos es decir el artículo 130
de la Ley 1474 de 2011 que modificó el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, norma
que no establece el acto por el cual se interrumpe este fenómeno.

En ese orden de ideas, se encuentra demostrado en el expediente que la entidad
demandada en el trámite del proceso sancionatorio expidió el auto de apertura de
investigación el día 16 de marzo de 2020, esto significa que, dicha actuación fue
emitida antes de que se configurara la caducidad y prescripción, por lo tanto, no se

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Demandado: Procuraduría General de la Nación

configuró el fenómeno jurídico que alega el actor, sin que la norma exija la
notificación para suspender la caducidad y la prescripción.

Ahora bien, el actor discute que, en el término de la caducidad y prescripción de la
acción disciplinaria, esto es, hasta el 13 de abril de 2020, no le fue notificada la
apertura de investigación y se advierte que durante ese lapso el país estaba
pasando por una emergencia sanitaria a causa de la pandemia del Covid 19
momento en el cual la entidad demandada suspendió los términos de las
actuaciones disciplinarias desde el 17 de marzo hasta el 25 de mayo de 2020, sin
que se advierta ninguna irregularidad en la actuación, no se configura la caducidad
y prescripción deprecada, pues se reitera al expedirse el auto de apertura el día 16
de marzo de 2020, interrumpió este fenómeno jurídico, sin que se advierta
irregularidad alguna.

En consideración a lo expuesto, la Sala considera que el cargo formulado de
caducidad y prescripción de la acción disciplinaria no tiene vocación de
prosperidad.

¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso por las irregularidades
en la notificación de la citación y el edicto?

Precisa el demandante que en la actuación disciplinaria se presentaron múltiples
irregularidades en la notificación que vulneró el debido proceso en le término de
publicación del aviso, además, fue citado a una audiencia de una fecha que ya había
pasado, se incluyó el nombre de otra persona ajena al proceso y en el asunto se
publicó un hecho diferente al señalado a la queja.

Entra la Sala a estudiar si las irregularidades que discute el demandante son
configurativas de la violación al debido proceso y si esto impidió que el investigado
no haya podido acudir al proceso para ejercer el derecho de defensa.

En expediente se encuentra probado que mediante oficio 03203 le fue comunicado
al actor que mediante auto del 16 de enero de 2020, la Procuraduría Regional de
Caldas ordenó iniciar investigación disciplinaria en la etapa de indagación preliminar
por hechos que tratan del año 2015 cuando se desempeñaba como gerente de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

3
Folio 50 del expediente digital pruebas Procuraduría.

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Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Que el actor no se presentó a notificarse de forma personal del auto de indagación
preliminar, por lo tanto, la entidad quedó autorizada para efectuar la respectiva
notificación por en edicto conforme lo dispone el artículo 107 de la Ley 734 de 2002,
y para ello, el edicto se desfijó el 21 de febrero de 2020, el cual precisó el nombre
del investigado, el quejoso y el asunto:“ Presuntas irregularidades en la expedición de la
Resolución 090 de marzo de 2015” aspecto sobre el cual, el demandante asegura que es

una causal de violación al debido proceso.

Sobre este punto, se tiene que la indagación preliminar es una etapa eventual y
previa a la etapa de investigación por medio del cual el órgano de control
sancionatorio “emprende la labor de evaluación del merito de la información proporcionada por
los servidores públicos en sus informes o a través de la queja disciplinaria 4”. Que tendrá como
fines verificar la ocurrencia de la conducta y si es constitutiva de falta. Además, esta
etapa no es obligatoria y se inicia en caso de duda conforme lo dispone el artículo
150 del CDU.

Respecto a la etapa de indagación preliminar la Corte Constitucional en sentencia
C-036 de 2003, precisó:

“5.4 De acuerdo con lo anterior, La Corte considera que en efecto, como lo recuerda el
Ministerio Público, la etapa de indagación preliminar no es obligatoria ni imprescindible.
La Corte ha señalado que : “La indagación disciplinaria es de carácter eventual y previa
a la etapa de investigación, pues sólo tiene lugar cuando no se cuenta con suficientes
elementos de juicio y, por lo tanto, existe duda sobre la procedencia de la investigación
disciplinaria; por consiguiente dicha indagación tiende a verificar, o por lo menos
establecer con cierta aproximación, la ocurrencia de la conducta, si ella es constitutiva
o no de falta disciplinaria y la individualización o la identidad de su autor.” (sentencia
C-430 de 1997). En las sentencias C-728 de 2000 y C-175 de 2001, se reiteró este
concepto de la eventualidad.

No se trata de un requisito de procedibilidad, en el sentido de que sólo habrá
investigación disciplinaria si ha habido previamente indagación preliminar.

5.5 Bastaría, entonces, está sola explicación, de que no es requisito de procedibilidad
la existencia de la indagación preliminar para que pueda iniciarse la etapa de
investigación disciplinaria, para desechar el argumento de la confusión de fines
planteada por la acusación, pues si la investigación disciplinaria procede sin que
necesariamente se agote, o siquiera se inicie, la etapa de la indagación preliminar, los
fines de cada una de estas etapas pueden ser semejantes o coincidir en algunos
aspectos”.

En ese orden de ideas, es claro para la Sala que el asunto indicado en la notificación
del aviso de la indagación preliminar en nada influye en la investigación por cuanto
se reitera es una etapa previa a la investigación y tiene lugar cuando no se cuenta
con elementos suficientes de juicio y existe duda sobre la conducta disciplinaria, la
cual tiende a la verificación o aproximación de esta, por lo tanto, no se advierte de
este trámite una causal de violación al debido proceso.

4
Gaitán Jorge Eliecer. Pliego de Cargos. Editorial Ediciones Nueva Jurídica- Pág. 61.

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Siguiendo con los planteamientos del actor de las irregularidades en la notificación
del edicto por medio del cual citó a la audiencia de procedimiento verbal, en
violación a los términos de publicación de este y que fue citado a la audiencia en
una fecha que ya había pasado, además, se incluyó el nombre de otra persona
ajena al proceso y se reiteró el mismo asunto señalado en el edicto de la
investigación preliminar que le afectan supuestamente sus derechos que considera
tiene el alcance para la nulidad de los actos demandados.

Para resolver este punto, se identifica de las pruebas obrantes en el proceso que el
edicto desfijado el 10 de junio de 2020, si bien en el mismo se indicó “que a la fecha
de la presente notificación han dos (2) días hábiles sin que le citado acudiera a este despacho a
notificarse personalmente”, igualmente, señaló que por secretaría se procediera a

notificar personalmente “investigada Ángela Maritza García Mayora” y en el asunto del
edicto estableció “presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución No. 00090 de
marzo de 2015”, fueron unos aspectos de transcripción que no influyeron en la garantía

al debido proceso y defensa del actor, por cuanto, no toda irregularidad de menor
entidad puede constituir causal de nulidad de los actos administrativos, mas cuando,
el actor conoció que esta actuación fue corregida con la notificación cuando se fijó
nueva fecha para realizar la audiencia para el día 2 de julio de 2020 y que
posteriormente fue aplazada por solicitud del investigado mediante escrito del 1 de
julio de ese mismo año.

Al respecto, sobre los yerros que se puedan presentar en la actuación disciplinaria
la Subsección “A” de esta Corporación en sentencia del 7 de mayo de 2020, precisó:

“El debido proceso es un derecho de rango superior, estatuido en el artículo 29 de la
Constitución Política5, que busca la protección de las garantías que instituye el
ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados a hacer parte de una
actuación judicial o administrativa. Al ser el procedimiento disciplinario que aquí se
analiza, un trámite de naturaleza administrativa, es claro que las partes que en él
intervienen se encuentran provistas de tales amparos, a lo largo de todas sus etapas.

Expuesto lo anterior, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso se
manifiesta desde dos perspectivas, una formal y otra material. La primera se refiere a
las ritualidades legalmente establecidas, como las etapas que deben surtirse, los
términos que han de cumplirse, las oportunidades de actuación procesal, etcétera. Por
otro lado, su dimensión material alude a las garantías sustanciales en las que se
proyectan esas formalidades, entre las cuales pueden destacarse el principio de

5
C.P., art. 29: «El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento;
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».

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Demandado: Procuraduría General de la Nación

publicidad, la doble instancia, la contradicción, la presunción de inocencia, la
imparcialidad, el non bis in idem, entre otros.

Con base en esa distinción, es plausible aseverar que no toda violación a la dimensión
formal del debido proceso debe traducirse inexorablemente en la anulación de la
actuación procesal afectada, pues para tales efectos, será necesario que aquella
transgresión se proyecte en la esfera material de protección de aquel derecho. En
armonía con ello, se ha sostenido, en cuanto a las irregularidades procesales, que para
que puedan afectar la validez de lo actuado en el procedimiento disciplinario tienen que
ser determinantes, de manera que cuando se resguardan las garantías
sustanciales con las que cuentan los disciplinados para ejercer su derecho de
defensa, los yerros procesales de menor entidad no pueden aducirse a efectos
de anular el acto administrativo sancionatorio.”

Así las cosas, se observa que las irregularidades que alega el actor con la
notificación de los edictos, son yerros procesales de menor entidad que no
ocasionan nulidad de los actos administrativos, puesto que, el actor y su defensor
de confianza a la audiencia del procedimiento verbal y a las demás actuaciones
en las cuales pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, sin que se
advierta que estos errores de simple transcripción afectaran el derecho al debido
proceso y defensa, en conclusión este cargo no tiene vocación de prosperidad.

¿Se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa por la ausencia de
designación de un defensor de oficio durante el periodo de la etapa previa a
la inicial donde el actor no compareció?

Señala el actor que durante la etapa de notificación del auto que citó audiencia en
el procedimiento verbal, la entidad no le designó un defensor de oficio, a pesar que
la notificación del edicto así lo dispone y con esto se le ocasionó una violación al
debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto de en ese lapso no se hizo
presente y no conoció el pliego de cargos.

Se encuentra probado en el expediente que al actor mediante oficio del 0320 de
febrero de 2020, le fue comunicada el auto de indagación preliminar, no obstante,
optó por no comparecer ese término y, por ende fue notificado por edicto el cual se
fijó el 18 y desfijó 21 de febrero de 2020 y posteriormente para la notificación del
auto del 16 de marzo de ese mismo año, fue citado el señor Peláez Castro a la
audiencia en el proceso verbal, se advierte que, los términos de esta actuación
estuvieron suspendidos durante el lapso del 17 de febrero al 25 de mayo de 2020,
como consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid 19.

Posteriormente, la entidad citó al investigado a la audiencia que celebraría el día 2
de julio de 2020, pero el actor solicitó aplazamiento por cuanto su apoderado de
confianza estaba en otra ciudad y causa del aislamiento obligatorio no ha podido
regresar a la ciudad, no siendo posible asistir sin apoderado de confianza, momento

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

donde convalido las supuestas irregularidades y no alegó nulidad alguna como
causante de violación de sus derechos [Parágrafo del artículo 143 de la Ley 734 de
2002], además, se advierte que el demandante fue asistido durante en la etapa del
juicio por su apoderado de confianza, por lo tanto, la causal de nulidad alegada no
tiene vocación de prosperidad.

¿El órgano de control disciplinario vulneró el principio de investigación
integral de las pruebas que logran determinar la causal de exoneración de
responsabilidad disciplinaria?

Precisa el actor que en la actuación disciplinaria se presentó un error en la
valoración de las pruebas, aspecto determinante que limitó el estudio sobre la
causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria y la legítima convicción errada
e invencible al delegar la función de verificación de los requisitos de las personas a
vincular en la Jefe de Gestión Humana.

Es importante señalar, en lo concerniente a la valoración probatoria realizada en el
proceso sancionatorio que este juega un papel principal con el fin de determinar o
no la responsabilidad del investigado, razón por la cual las pruebas pueden ser
estudiadas en el ejercicio del control integral que le corresponde al juez contencioso
administrativo conforme lo ha predicado esta Corporación en sentencia del 16 de
julio de 20206, donde expusó:

“En la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, referida en el acápite de las cuestiones previas a resolver en esta
sentencia, se definió que la interpretación normativa y la valoración probatoria hechas
en sede disciplinaria son controlables judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.

De esta manera, la integralidad que se predica del control de legalidad que ejerce esta
jurisdicción especializada, sobre las decisiones sancionatorias, debe entenderse en el
sentido de que el operador judicial se encuentra plenamente investido de la facultad de
evaluar la situación fáctica y jurídica sometida a su estudio, sin ninguna restricción, toda
vez que solo a partir de una ponderación objetiva y razonable de los medios de prueba
puede decirse que el acto administrativo de carácter disciplinario se encuentra
debidamente motivado”.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a realizar el estudio de los medios de
prueba analizados en los actos demandados para establecer si la decisión
disciplinaria.

6
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Consejero Ponente: William Hernández Gómez
Bogotá, D.C, Dieciséis (16) De Julio de Dos Mil Veinte (2020) Referencia: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2011-00284-00 (1068-2011)

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

En el expediente obra la Resolución 0114 de 13 de abril de 2015, por medio del cual
se hace el nombramiento del señor Carlos Alberto Herrera Cardona, en el cargo de
administrador de la seccional de Filadelfia de EMPOCALDAS S.A E.S.P., cargo de
libre nombramiento y remoción, además se establece, en artículo 2 de este acto
administrativo que “la Gerencia hará posesión al citado señor Herrera, previo análisis de la
información, hoja de vida y tras haber acreditado su idoneidad con los requisitos mínimos
para el desempeño del cargo, adscrito a la Gerencia de la Entidad ” (destaca la Sala)

Sobre el acto de nombramiento y posesión la Corte Constitucional en la sentencia
T-003 de 1992, precisó:

(…) Para que el derecho enunciado pueda ejercerse de manera efectiva es
indispensable, ante todo, que concurran dos elementos exigidos por la misma Carta: la
elección o nombramiento, acto condición que implica designación que el Estado hace,
por conducto del funcionario o corporación competente, en cabeza de una persona
para que ejerza las funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento
jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo, y la posesión, es decir, el hecho
en cuya virtud la persona asume, en efecto, esas funciones, deberes y
responsabilidades, bajo promesa solemne de desempeñarlos con arreglo a la
Constitución y la ley.”

De lo que antecede, el actor en su condición de Gerente nombró al señor Herrera
Cardona en el cargo de administrador de la seccional de Filadelfia de
EMPOCALDAS S.A E.S.P, y el citado acto estableció un filtro adicional al momento
de tomar posesión, como es la verificación de la información la hoja de vida y la
idoneidad de los requisitos mínimos del cargo, hecho que paso por alto el
demandante estando dentro de sus obligaciones donde no puede escudar su
omisión en otro empleado que no funge como gerente.

Siguiendo con el estudio de las pruebas que sirvieron de base para imponer la
sanción, se advierte, que el gerente tiene funciones y competencias de: nombrar,
remover, sancionar y dar por terminado las relaciones legales y reglamentarias
función que no puede delegar y en ese sentido incumplió el deber que juró cumplir
como es la Constitución, la Ley y los reglamentos, lo que permitió la falta de cuidado
que debió imprimirle a la función de la entidad que gerenciaba, entre ellos, verificar
los requisitos mínimos de las personas a nombrar y posesionar en la entidad, dado
que, los requisitos y la idoneidad de las personas que ingresan a dicha entidad son
necesarios para el funcionamiento de la función pública. Así las cosas, la Sala no
observa la causal de exoneración de responsabilidad que alega el demandante,
razón suficiente para denegar el cargo planteado por el demandante.

En conclusión, el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos demandados, razón suficiente para confirmar la sentencia de 1 de julio de

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones antes
expuestas.

2.6. Condena en costas.

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que en

el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida y procederá a revocar la
condena en costas ordenada en la primera instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia de 1 de julio
de 2022, por la cual el Tribunal Administrativo de Caldas, salvo la condena en
costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1 de julio de 2022, por la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda promovida
por el señor Juan David Peláez Castro, salvo la condena en costas, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Número Interno: 1315-2023
Demandante: Juan David Peláez Castro
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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