Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00303-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00303-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00303-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Pensión jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente vinculación
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia
proferida el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Quinta de Decisión mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda
y se condenó en costas a la parte vencida.
1. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Las pretensiones
1. Germán García Agudelo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 3339-6 del 14 de julio de 2021, por medio
de la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento
en las disposiciones contenidas en las leyes 33 de 1985 y 812 de 2003.
2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación equivalente al 75%
de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus,
esto es, el 21 de febrero de 2016; (ii) el cumplimiento de la sentencia de conformidad
con los artículos 192 y 195 del CPACA; (iii) el reajuste de las sumas adeudadas; (iv)
1 En adelante Fomag.
2 Índice 2, Samai Tribunales «003ED_C01Principal_003DEMANDAPDF(.pdf)NroActua15.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
el pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia; y (v) la
condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Germán García Agudelo «nació el 24 de noviembre de 1957».
3.2. Se vinculó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial 4 del 28 de
enero de 1981 al 27 de febrero de 1995. Posteriormente, como docente en la
institución educativa Escuela Fe y Alegría del municipio de Manizales [Caldas], del
6 de octubre al 5 de diciembre de 1997. Finalmente a la Secretaría de Educación
de Caldas desde el 18 de mayo de 2010 hasta el momento de la presentación de la
demanda.
3.3. El 16 de junio de 2016 solicitó el Fomag el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación, con fundamento en las leyes 33 de 1985 y 812 de 2003, teniendo en
cuenta para su liquidación el 75% de los salarios y las primas recibidas en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionado, es decir, a partir del «21 de
febrero de 2016».
3.4. A través de la Resolución 3339-6 del 14 de julio de 2021, el secretario de
educación de Caldas negó el reconocimiento pensional pretendido.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1.° de la Ley 33 de 1985; 1.° y 2.° de la Ley
91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1994; 279 de la Ley 100
de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1.° y 2.° del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. El acto administrativo demandado vulneró la normativa vigente, pues «estando
vinculado como docente provisional, la afiliación al FONDO PRESTACIONAL DEL
MAGISTERIO era obligatoria por orden de la ley, sin que ahora pueda alegarse, que no se
encontraba vinculado a esta entidad, cuando lo que debe hacer eventualmente la entidad,
es cobrar las cuotas partes a la entidad que se encontraba afiliada o a la entidad territorial,
sin que tenga que trasladarse este perjuicio como trabajador, PARA PROCEDER A NEGAR
LA PENSIÓN» [sic], de manera que al garantizar una vinculación previa al 23 de junio
de 2003, era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003.
5.2. Se «acredita su vinculación al sector público en la docencia oficial, antes del 23 de junio
de 2006, sin QUE LE SEA NECESARIO ACREDITAR QUE A ESTA FECHA, se
4 En adelante INDERENA.
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Demandante: Germán García Agudelo
encontraba laborando, pues esta exigencia no es la requerida en la norma, sino haber
tenido una vinculación con el servicio oficial antes del 26 de junio de 2003» [sic].
5.3. De acuerdo con lo anterior y en tanto el ordenamiento jurídico no definió
«expresamente la naturaleza temporal, como una forma de proveer cargos docentes, dicha
figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos».
1.2. Contestación de la demanda
6. La entidad accionada no contestó la demanda.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, mediante sentencia
proferida el 14 de marzo de 2025 resolvió:
«[…] Primero. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución n° 3339-6 del 14 de julio de
2021, con la cual la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, actuando en
nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag,
negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada por el señor Germán
García Agudelo.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ORDÉNASE a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG reconocer y
pagar pensión de jubilación a favor del señor Germán García Agudelo, en cuantía del
75% del promedio de lo devengado por el demandante en el último año de servicio
anterior a la consolidación del status pensional, esto es, entre el 19 de febrero de 2015
y el 19 de febrero de 2016, incluyendo los factores salariales contemplados en la Ley 62
de 1985 y sobre los cuales se hubieran efectuado los aportes correspondientes,
atendiendo las reglas fijadas por el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del
25 de abril de 2019. Lo anterior con efectos fiscales a partir del 26 de noviembre de 2018
por configuración de la prescripción trienal.
Tercero. Las sumas que deba cancelar la entidad condenada serán debidamente
indexadas mediante la aplicación de los ajustes de valor, para lo cual, se tendrá en
cuenta la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia, así como la manera
en la cual deberá hacer dichos ajustes.
Cuarto. La entidad condenada dará cumplimiento al presente fallo en los términos
previstos por el artículo 192 del CPACA, sin perjuicio de la carga impuesta a la parte
actora en el inciso segundo de la disposición en mención.
Quinto. CONDÉNASE en costas en esta instancia a la parte demandada las cuales serán
liquidadas por la Secretaría de esta Corporación conforme los determina el CGP. FÍJASE
como agencias en derecho a cargo de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la suma de $3’609.398,
correspondiente al 4% de la cuantía estimada en este proceso. […]». (sic)
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
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Demandante: Germán García Agudelo
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:
8.1. El demandante era beneficiario del régimen pensional docente anterior a la Ley
812 de 2003, por cuanto acreditó vinculación al servicio educativo oficial antes del
27 de junio de 2003. En consecuencia, le resultaba aplicable el régimen de pensión
de jubilación previsto en la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, que
exige 55 años de edad y 20 años de servicios.
8.2. Se acreditó que Germán García Agudelo nació el 24 de noviembre de 1957, por
lo que cumplió los 55 años el 24 de noviembre de 2012. Además, que acumuló más
de 20 años de servicios, teniendo en cuenta la vinculación laboral en el INDERENA,
la prestación de servicio docente durante una licencia de maternidad y el
nombramiento provisional y posterior nombramiento en propiedad como docente.
Con base en ello, se determinó que adquirió el estatus pensional el 19 de febrero
de 2016.
8.3. Respecto del ingreso base de liquidación5, se debía aplicar la regla fijada por el
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, según la
cual la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la Ley
812 de 2003 debe liquidarse con el 75% del salario promedio del último año de
servicio, con la inclusión de los factores salariales previstos en el artículo 1.° de la
Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se hubiere realizado los aportes
correspondientes.
8.4. Correspondía a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag el
reconocimiento pensional pretendido, toda vez que, si bien las secretarías de
educación actuaban como entidades tramitadoras, la obligación sustancial de
reconocimiento y pago recaía en el fondo.
8.5. El demandante adquirió el estatus pensional el 19 de febrero de 2016, presentó
la reclamación administrativa el 16 de junio de 2016 y la demanda fue radicada el
26 de noviembre de 2021, razón por la cual las mesadas anteriores al 26 de
noviembre de 2018 estaban prescritas.
1.4. El recurso de apelación6
9. El Fomag solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia al considerar
que se aplicó indebidamente el régimen pensional previsto para los docentes
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en los siguientes
términos:
9.1. El demandante ingresó al servicio educativo oficial en el año 2010, razón por la
5 En adelante IBL.
6
Índice 2, Samai Tribunales «023_MemorialWeb_Recurso-
RecApeSen202100303_(.pdf)NroActua19.
4
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Demandante: Germán García Agudelo
cual no estaría cobijado por el régimen especial anterior del magisterio [Ley 33 de
1985 ni Ley 71 de 1988], sino por el de prima media previsto en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con la edad especial de 57 años para docentes afiliados al
Fomag.
9.2. El IBL debía ser definido de conformidad con la sentencia de unificación SUJ-14
del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado. Sin perjuicio de ello, así
se le diera aplicación a la Ley 33 de 1985, la pensión solo podía liquidarse con los
factores expresamente previstos en la Ley 62 de 1985 y respecto de aquellos sobre
los cuales se hubieran efectuado aportes. Por lo que no era viable la inclusión de
factores salariales no cotizados o no enlistados legalmente.
9.3. Aunque el derecho pensional era imprescriptible, las mesadas sí prescribían en
el término de tres años, conforme a los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. En
consecuencia, cualquier eventual condena debería observar dicho fenómeno
prescriptivo.
1.5. Trámite en segunda instancia
10. Mediante auto del 20 de mayo de 20257, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por Fomag contra la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.
11. Posteriormente, por medio de proveído del 15 de octubre de 20258, se decretaron
pruebas de oficio y de las cuales se corrió traslado a las partes para que ejercieran
su derecho de contradicción. El 10 de diciembre siguiente9, se corrió traslado a las
partes para que presentaran alegatos de conclusión.
12. A través de auto del 20 de abril de 202610, se negó una solicitud probatoria
elevada por la entidad demandada en los términos del artículo 212 del CPACA, sin
embargo, de conformidad con los previsto en el artículo 213 del CPACA ofició «al
departamento de Caldas, Secretaría de Educación, para que allegue con destino a este
proceso el expediente administrativo de Germán García Agudelo, en el que especifique el
tiempo de servicios y la historia laboral actualizada del docente en la que incluya los
antecedentes y vinculaciones que existieron con las diferentes secretarias, así como el
número de semanas efectivamente cotizadas por el docente que figura en sus archivos».
1.6 Alegatos de conclusión
13. La parte actora11 sustentó los alegatos de conclusión, así:
7
Índice 4 Samai.
8
Índice 9 Samai
9
Índice 16 Samai
10
Índice 23 Samai
11
Índice 21 Samai, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«21_MemorialWeb_Alegatos-GERMANGARCIAAGUDEL(.pdf) NroActua 21»
5
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Demandante: Germán García Agudelo
13.1 German García Agudelo era beneficiario del régimen de transición previsto en
la Ley 100 de 1993, al haber acreditado su vinculación como docente antes del 26
de junio de 2003, fecha en que entró en vigor la Ley 812 de 2003. Así mismo, de su
historia laboral quedó demostrado un tiempo total de servicio de 25 años, 3 meses
y 6 días, el cual incluyó aportes al sector oficial desde enero de 1981 en el
INDERENA y labores posteriores en la secretaría de educación de Caldas. En
consecuencia, al reunir los requisitos de edad «55 años» y servicio «20 años», le
asistió el derecho al reconocimiento pensional, teniendo en cuenta para su
liquidación el 75% del promedio salarial de devengado en el último año de servicios.
13.2 La entidad no podía supeditar el reconocimiento y pago de la pensión del actor
a su retiro definitivo del servicio, toda vez que el régimen especial aplicable al
personal docente contenía una excepción a la regla general de incompatibilidad
entre salario y pensión. Por tal razón, condicionar el disfrute de la prestación al cese
de sus funciones laborales desconocía los derechos pensionales adquiridos por el
docente y los principios de favorabilidad y protección efectiva de la seguridad social.
13.3 Para calcular el monto pensional a reconocer, la entidad accionada no debía
tener en cuenta únicamente la asignación básica mensual. También tenía que
incluirse otros factores de salario, como las horas extras y la bonificación mensual,
debido a que sobre esos conceptos se realizaron aportes. Por tanto, excluir dichos
valores de la liquidación pensional reduciría el monto de la prestación afectando los
derechos económicos del accionante.
14. La apoderada de la entidad demandada12 presentó sus alegatos de conclusión
en los siguientes términos:
14.1 El Ministerio de Educación Nacional no era la entidad llamada a responder por
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del demandante, quien,
además, no cumplía con las exigencias legales para acceder al régimen de
transición, toda vez que, se vinculó como docente en propiedad en el año 2010, es
decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que
le era aplicable el régimen de prima media regulado por las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003.
14.2 Al entrar en vigencia el sistema general de pensiones (1 de abril de 1994), el
actor contaba con 36 años de edad y no registraba tiempo de servicio al sector
educativo. Por esta razón, no cumplió los requisitos exigidos para ser beneficiario
del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 ni de la pensión por aportes
regulada por la Ley 71 de 1988. Adicionalmente, tampoco acreditó el número
mínimo de 1.300 semanas de cotización requeridas por la normativa aplicable para
acceder al reconocimiento de la prestación pensional reclamada, circunstancia que,
impedía el reconocimiento del derecho solicitado en esta instancia judicial.
12
Índice 20 Samai, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«20_MemorialWeb_Alegatos-Ale2202100303_GERMA(.pdf) NroActua 20».
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14.3 En cuanto a la condena en costas ordenada por el aquo, no se hizo una
valoración suficiente sobre su procedencia ni se identificaron elementos probatorios
que acreditaran su causación a cargo de la entidad demandada. Por tal razón y de
conformidad con los criterios fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
decisión sobre las costas debía fundarse en un examen razonado de la actuación
procesal de las partes y no a un criterio objetivo derivado del resultado del litigio.
14.4 La interposición de costas exigía considerar aspectos como la conducta
procesal, la buena fe y las circunstancias particulares del proceso, garantizando que
esta medida responda a criterios de equidad y debida motivación judicial.
1.7 Concepto del Ministerio Público
15. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
16. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
2.2. El problema jurídico
17. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, el
problema jurídico consiste en determinar: ¿si el tiempo de servicio docente laborado
por Germán García Agudelo del 6 de octubre al 5 de diciembre de 1997, al cubrir
una licencia de maternidad, debe computarse para acreditar el tiempo de servicio
para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71
de 1988?
2.3. Marco normativo
2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
18. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
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enfermedad o muerte13. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas14.
19. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción15. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «[…]
unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»16. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
20. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos17. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
21. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
13
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
14
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
15
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
16
Preámbulo y artículo 6.
17
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
8
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Demandante: Germán García Agudelo
22. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida. [Resalta la Sala].
23. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200318.
24. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
25. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
18
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Germán García Agudelo
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
26. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
27. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
19
28. La Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos estatales
a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su
participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6
ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental,
distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen prestacional
19
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.
En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al
señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por
la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren
realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad,
que estarán a cargo del indicado fondo.
29. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones
señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación
– ordinaria o derecho previsto en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’,
como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que
estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales
que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad
constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en
materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art.
146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de
1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se
aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su
artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el
contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en
materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra
cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales.
Además, las pensiones de jubilación de las docentes reconocidas en su tiempo al
amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo
disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el
carácter de ‘especiales’. […]».
30. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por
ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
31. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
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75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.3.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
32. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
33. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»20 (se destaca).
34. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
35. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
20 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
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manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
21
36. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
37. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
38. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»22 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
39. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador23. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
21 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
22
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente»
los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
23 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
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de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
40. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
41. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
42. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación24.
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
24
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas
sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
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43. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
38.1. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el
derecho a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace
parte de los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público
nacional» a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
38.2. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1
del Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de
1993 a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio
de 2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
38.3. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
38.4. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación
con el IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen
de transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior25.
39. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia
y que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1. ° de enero de 1981 o del 1. ° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
40. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley,
se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía
tales requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en
conjunto con la que señala a continuación la norma y que reza que «[e]stos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional», que, según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».
25 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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quererlo el legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin
excepción y, por lo tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los
empleados del sector nacional, además de contener los derechos mínimos
pensionales en su favor.
41. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a
los fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
42. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
43. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien
la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
44. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
45. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista
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en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.3.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988
46. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:
Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas.
47. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.
48. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada
por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:
Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o.
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o
más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo,
20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de
Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector
público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez
y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando
haya concurrencia entre ellas.
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Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social,
fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental,
intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales. […]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.
49. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por
aportes, los precitados artículos 626 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron
en un 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicios.
2.3.4. Entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el
régimen pensional de los docentes oficiales
44. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
27
45. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
26
La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.
27
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
18
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
«[…] Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y
pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones. […]».
46. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201928, precisó:
«[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57
años para hombres y mujeres […]».
47. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«[…] La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
28
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
19
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente
regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección
Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de
liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de
la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta
pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que
están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio. […]». [Se resalta]
48. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
20
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años29. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».
49. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección30, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigor de la Ley 812
del 2003.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados31
50. De los documentos aportados al expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
50.1. Germán García Agudelo nació el 24 de noviembre de 1957.
50.2. De acuerdo con el certificado de información laboral 3166 del 4 de marzo de
2008 expedido por el grupo de talento humano del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo, se evidencia que laboró al servicio del INDERENA, del 28 de enero de
1981 al 27 de febrero de 1995.
50.3. Mediante Resolución 07206 del 11 de diciembre de 1997 32, la secretaria de
educación del departamento de Caldas autorizó el pago al personal docente de
centros educativos del departamento, entre quienes se encontraba el hoy
accionante, por los servicios prestados del 6 de octubre al 5 de diciembre de 1997.
Dichos servicios fueron desempeñados en virtud de la cobertura de una licencia de
maternidad, para la cual había sido nombrado mediante Resolución 5076 del 8 de
octubre de 1997.
50.4. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
expedido por el Fomag33, se acreditó que se vinculó como docente, en los siguientes
29
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación
47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
31
Índice 15 de Samai del Tribunal Administrativo de Caldas, actuación denominada
1_EXPEDIENTEDIGITAL_004ED_C01Primcipal_004ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)NroActua15
32
Índice 15 Samai Tribunal, EXPEDIENTE DIGITAL, 004ED_C01PRINCIPAL_004ANEXOS-
DEMANDA.PDF, folio 3 - 4
33
Índice 15 Samai Tribunal, EXPEDIENTE DIGITAL, 54ED_C01PRINCIPAL_004ANEXOS-
DEMANDA.(.pdf), folio 12 – 22
21
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
periodos:
Resolución Desde
2095 18-05-2010
845 17-01-2011
7844-6 13-12-2013
7182 11-08-2017
50.5. Deconformidad con el reporte suscrito por Colpensiones, Germán García
Agudelo, con corte de 6 de junio de 2017, registraba un total de 175,57 semanas
cotizadas.
50.6. El 16 de junio de 2021, radicó ante la ahora accionada solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.
Petición que fue resuelta negativamente mediante la Resolución 0339-6 del 14 de
julio de 2021.
50.7. De acuerdo con la información que antecede, se tienen por acreditadas las
siguientes vinculaciones del demandante:
Entidad Desde Hasta Tiempo laborado
INDERENA 28/01/1981 27/02/1995 14 años – 1 mes
Departamento de Caldas - Docente 06/10/1997 05/12/1997 2 meses
durante licencia de maternidad
Departamento de Caldas – Docente 18/05/2010 02/03/2011 9 meses – 14 días
en provisionalidad
Departamento de Caldas – Docente 03/03/2011 19/06/2019 8 años – 3 meses – 16 días
propiedad
Total tiempo laborado 23 años – 4 meses
2.4.2. Análisis sustancial del caso concreto
51. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión accedió a las
pretensiones de la demanda al considerar que la vinculación del demandante como
docente oficial inició el 6 de octubre de 1997, de manera que, al registrar un ingreso
al servicio previo al 26 de junio de 2003, era beneficiario de las disposiciones de la
Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de su pensión.
52. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, al considerar
que el «demandante únicamente fue vinculad[o] al citado fondo el año 2010 y no antes,
fecha que marca el punto de partida para definir el régimen pensional aplicable en el
[sublite], pues al ser posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 expedida el 27 de junio
de 2003, no le son aplicables las norma contenidas en la Ley 33 de 1985, sino el régimen
general contenido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la adicionen y complementen»
[sic], y que el pago de la prestación fue ordenado «sin tener en cuenta que a los
docentes nacionales, se les debe liquidar su pensión con el 75% de los factores que hayan
22
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
servido de base para calcular los aportes durante el último año de servicios. Es así, como
el legislador de manera reiterativa e inequívoca ha establecido que son los factores que
sirvieron de base para los aportes los que se deben tener en cuenta al momento de liquidar
la pensión» [sic].
53. Asimismo, «se deb[ía] tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, los dineros
efectivamente cotizados al fondo pensional a fin de no afectar los principios de
sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y económica. Así como tener en cuenta, la
buena fe que ha tenido la administración pues de manera voluntaria reliquidó la pensión de
vejez, buscando proteger los derechos laborales del pensionado» [sic].
2.4.2.1. En torno al régimen de transición de la Ley 812 de 2003
54. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social […]» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional34», con
excepción de, entre otros, los afiliados al Fomag, esto es los docentes oficiales.
55. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al régimen pensional
de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin embargo,
el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese momento
habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de transición,
según el cual, esta reforma solo les sería aplicables a quienes a partir del 26 de
junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
56. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado a
través del Acto legislativo 01 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [se resalta].
57. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a aquellos que, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.
34
Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.
23
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
58. En esa línea, la Sección Segunda de esta corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 de 25 de abril de 201935, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que: i) quienes
se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 [fecha de entrada en
vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían a los
servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen pensional de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción del
requisito de la edad.
59. De acuerdo con lo anterior y con las pruebas obrantes al expediente, quedó
demostrado que el demandante prestó sus servicios como docente del
departamento de Caldas con ocasión del nombramiento efectuado para cubrir una
licencia de maternidad, del 6 de octubre al 5 de diciembre de 1997. Posteriormente,
tuvo una nueva vinculación como docente en provisionalidad del 18 de mayo de
2010 al 02 de marzo de 2011, y luego fue nombrado en propiedad del 3 de marzo
de 2011 al 19 de junio de 2019. Así las cosas, acreditó el único requisito previsto
por el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para ser beneficiario de la transición prevista
en esa disposición, esto es, una vinculación al servicio educativo oficial previa a su
entrada en vigor.
60. Al
respecto, se advierte que el Fomag argumentó en el recurso que el
«demandante únicamente fue vinculad[o] al citado fondo el año 2010 y no antes, fecha que
marca el punto de partida para definir el régimen pensional aplicable en el [sublite], pues al
ser posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 expedida el 27 de junio de 2003, no le
son aplicables las norma contenidas en la Ley 33 de 1985, sino el régimen general
contenido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la adicionen y complementen».
61. En relación con lo anterior, se encuentra que dicha interpretación no tiene asidero
para la Sala, en primer lugar, puesto que la norma de manera expresa señala que
el «régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley», es decir, lo que determina quiénes son beneficiarios de esta
prerrogativa es el ejercicio de la docencia oficial y no la afiliación a un fondo o
administrador de pensiones determinado.
62. Y, en segundo lugar, porque si bien la obligación de afiliar al Fomag a los
docentes territoriales inició con la Ley 60 de 1993, de conformidad con el Decreto
196 de 1995, este proceso de incorporación dependía de la «solicitud de la respectiva
entidad territorial, la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público». Es decir que la no afiliación a este fondo fue consecuencia del
35
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
incumplimiento de un deber legal de las entidades que según el mandato legal eran
las competentes para efectuarlo.
63. Asimismo, la obligación improrrogable de afiliar al Fomag a los docentes
«vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales36» surgió con la expedición
del Decreto 3752 de 2003, en tanto estableció una fecha máxima para que las
entidades territoriales cumplieran con ese deber legal establecido por el legislador
desde el 1993, pues precisó que esa afiliación se debía realizar « a más tardar el 31
de octubre de 2004». De igual forma, advirtió que esta obligación se extendía a los
docentes que se vincularan en provisionalidad y que su incumplimiento «implicará la
responsabilidad de la entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones
sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar».
64. En suma, lo que le permite a Germán García Agudelo mantener el régimen
pensional del cual eran beneficiarios los empleados públicos del orden nacional
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, no era la afiliación al Fomag sino las
vinculaciones que ostentó como docente oficial antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003. Asimismo, se advierte que el régimen prestacional aplicable en
el sub judice es el de la Ley 33 de 1985, puesto que pretende dicho reconocimiento
con base en el tiempo de servicio público que prestó, entre otros, como educador
oficial.
2.4.2.1. En torno a la inclusión de factores sobre los cuales no se hayan
realizado aportes
65. Es necesario precisar que el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
33 de 1985, por parte del docente no fue objeto del recurso, pues como fue transcrito
en párrafos anteriores, lo argumentado por el Fomag giró en torno a la inclusión en
la liquidación pensional de los factores sobre los cuales se hayan realizado aportes.
66. Al respecto, el reconocimiento pensional se rige por las siguientes reglas: i) una
tasa de reemplazo del 75% y ii) el IBL se determinará con base en lo devengado
durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus, con la inclusión de
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley
62 de 1985, estos son, asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. Asimismo, deberán incluirse
aquellos creados por la autoridad competente como factor salarial con efectos
pensionales y que haya devengado la docente durante el periodo que se tendrá en
cuenta para la liquidación.
36
Artículo 1 del Decreto 3452 de 2003.
25
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
67. En ese sentido, según el artículo 2 de la Ley 33 de 1985, la caja de previsión
obligada al pago de pensión tiene «derecho a repetir contra los organismos no afiliados
a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado
hubiere servido o aportado a ellos», de manera que se exhortará al Fomag para que
efectúe las gestiones necesarias con el fin de adelantar ante las entidades
respetivas el trámite correspondiente para que la prestación sea financiada con los
aportes que se debieron efectuar durante toda la vida laboral del docente. En
consonancia, tampoco era dable aplicarle la interpretación que de esta acogió la
Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de
2018, como lo pretendió el Fomag.
68. Por otro lado, resulta oportuno precisar que Germán García Agudelo solicitó el
reconocimiento pensional el 16 de junio de 2016, radicó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho el 26 de noviembre de 2021, es decir; transcurrieron
más de 3 años contados desde la interrupción por la reclamación administrativa
[artículo 41 del Decreto 3135 de 1968], por ende, el pago de las correspondientes
mesadas procede a partir del 26 de noviembre de 2018, por configurarse el
fenómeno de la prescripción.
69. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida el14 de marzo de 2025,
por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
70. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
71. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
72. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
26
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma37.
73. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
74. En el caso concreto, como no se evidenció que, en ninguna de las instancias, la
parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o
circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala revocará el
ordinal quinto de la sentencia apelada, que condenó en costas a la parte
demandada por la suma de $3.609.398, correspondiente al 4% de la cuantía
estimada en el proceso, y se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
3. Conclusión
75. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la vinculación que ostentó
el docente entre el 6 de octubre y el 5 de diciembre de 1997, debía ser tenida en
cuenta para verificar el cumplimiento de las exigencias para el reconocimiento de la
prestación de jubilación. En ese orden, en tanto el demandante se vinculó por
primera vez al servicio público educativo oficial el 6 de octubre de 1997, sin que su
vinculación en una fecha posterior al Fomag impidiera resultar beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por lo que su
situación pensional se regía por las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985.
76. Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada mediante la cual se accedió a
las pretensiones de la demanda, salvo lo referente a la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 14 de marzo de 2025
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Germán García Agudelo en contra del
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
37
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
27
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00303-01 (1110-2025)
Demandante: Germán García Agudelo
Segundo. Revocar el ordinal quinto de la sentencia referida anteriormente que
impuso la condena en costas.
Tercero. No condenar en costas en ninguna instancia.
Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
BG
28
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