Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2021-00330-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2021-00330-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 17001-23-33-000-2021-00330-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00330-01 (30348)
Demandantes: Fundación Cruzada Social y otros1
Demandado: Departamento de Caldas
Tema: Estampilla departamental - silencio administrativo positivo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del 23 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Quinta de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas:
Segundo. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución nº 001021 del 9 de agosto de 2019, y
del Oficio nº UR-273 del 28 de octubre de 2021, con los cuales la Unidad de Rentas de la
Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas, en su orden, negó la solicitud de
devolución del pago de lo no debido por concepto de estampillas departamentales y negó
la petición de declarar el silencio administrativo positivo frente al recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución nº 001021 del 9 de agosto de 2019.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ORDÉNASE al Departamento de Caldas devolver a la Unión Temporal Caldas Saludable
el valor de $1.443’508.563, correspondiente a lo cancelado por concepto de estampillas
Universidad de Caldas y Universidad Nacional hacia el tercer milenio, pro hospitales
universitarios públicos, pro desarrollo y para el bienestar del adulto mayor, en el marco de
los contratos nº 0549 del 25 de enero de 2018 y nº 0703 del 13 de julio de 2018 celebrados
con la entidad territorial accionada para la ejecución de los recursos del PAE durante el
año 2018.
Cuarto. ORDÉNASE al Departamento de Caldas liquidar sobre el monto a devolver
($1.443’508.563), los intereses de que tratan los artículos 863 y 864 del ET, esto es,
corrientes y de mora, causándose los primeros a partir de la notificación del acto
administrativo que negó la devolución (12 de agosto de 2019) y hasta la ejecutoria de esta
sentencia, y los segundos, a partir del día siguiente a la ejecutoria del fallo y hasta que se
reintegre efectivamente la suma objeto de la solicitud de devolución.
Quinto. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos
previstos por el artículo 192 del CPACA, sin perjuicio de la carga impuesta a la parte actora
en el inciso segundo de la disposición mencionada.
Sexto. CONDÉNASE en costas en esta instancia a la parte demandada, las cuales serán
liquidadas por la Secretaría de esta Corporación conforme lo determina el CGP. FÍJASE
como agencias en derecho a cargo de la accionada, la suma de $43’305.257,
correspondiente al 3% de la cuantía estimada en este proceso.
(…)
1 Cooperativa Multiactiva Cooasobien y Cooperativa de Bienestar Social – UT Caldas Saludable
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00330-01 (30348)
Demandante: - Fundación Cruzada Social y otros
ANTECEDENTES
El 29 de diciembre de 2017, las sociedades demandantes constituyeron la Unión
Temporal Caldas Saludable, la cual fue seleccionada para suscribir los contratos
25012018-0549 y 13072018-0703 con el Departamento de Caldas, con el fin de
ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2018. En
desarrollo de dichos contratos, la Gobernación retuvo la suma de $1.443.508.563 por
concepto de estampillas Pro Desarrollo (2%), Pro Universidad (1%), Pro Adulto Mayor
(3%) y Pro Hospital (1%).
El 31 de mayo de 2019, la demandante solicitó la devolución por pago de lo no debido,
del valor antedicho, al considerar que la imposición de estampillas sobre contratos del
PAE financiados con recursos del Sistema General de Participaciones desconocía su
destinación específica, en contravía del artículo 359 de la Constitución y del artículo
18 de la Ley 1176 de 2007.
Mediante Resolución 001021 del 9 de agosto de 2019, la Unidad de Rentas del
Departamento de Caldas negó la solicitud de devolución, decisión contra la cual se
interpuso recurso de reconsideración el 25 de septiembre de 2019.
El 25 de agosto de 2021, la demandante radicó ante el Departamento de Caldas
solicitud tendiente a la declaratoria del silencio administrativo positivo. Dicha petición
fue resuelta mediante Oficio UR-273 de 28 de octubre de 2021, emitido por la Unidad
de Rentas de la Secretaría de Hacienda en el cual negó la declaratoria del silencio
administrativo positivo, al estimar que el asunto derivaba de la ejecución de contratos
estatales y no de un acto tributario; asimismo, dispuso el traslado a la oficina de control
disciplinario por la posible configuración del acto ficto.
DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte
actora formuló las siguientes pretensiones:
4.1. Se DECLARE la nulidad de la Resolución No. 001021 del 9 de agosto de 2019 y del
Oficio No. UR-273 – Radicado Interno No. 108-2021-ER001433 – Caso No. 53778 del 28
de octubre de 2021, proferidos por la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda del
Departamento de Caldas.
4.2. A título de restablecimiento del derecho, se DECLARE la ocurrencia del silencio
administrativo positivo con relación al recurso de reconsideración interpuesto el 25 de
septiembre de 2019 en contra de la Resolución No. 001021 del 9 de agosto de 2019.
4.3. A título de restablecimiento del derecho, se DECLARE el derecho de los demandantes
a la devolución del pago de lo no debido cancelado por concepto de Estampillas PRO
DESARROLLO, PRO UNIVERSIDAD NACIONAL, PRO UNIVERSIDAD DE CALDAS,
PRO ADULTO MAYOR y PRO HOSPITAL en el marco de los Contratos No. 13072018-
0703 y No. 25012018-0549 celebrados con la Gobernación de Caldas para la ejecución
de los recursos del Plan de Alimentación Escolar -PAE- durante el año 2018, por un valor
total de $1.443.508.563.
4.4. A título de restablecimiento del derecho, se ORDENE la devolución de
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Demandante: - Fundación Cruzada Social y otros
$1.443.508.563, con los intereses de que tratan los artículos 863 y 864 del Estatuto
Tributario Nacional.
4.5. Se condene en costas y agencias en derecho a la Entidad Pública demandada.
La parte actora invocó como normas vulneradas los artículos 4, 29, 44, 95.9 y 300 de
la Constitución Política; 553, 635, 732, 734, 850, 855, 863 y 864 del Estatuto Tributario;
137, 138 y 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; 6 del Código General del Proceso; 18 de la Ley 1176 de 2007; 59 y 118
de la Ley 788 de 2002; 10 y siguientes del Decreto 2277 de 2012; y 235 de la
Ordenanza 216 de 2017.
Sostuvo que se configuró el silencio administrativo positivo, por cuanto el trámite debía
surtirse dentro de un procedimiento de naturaleza tributaria. Explicó que las
estampillas constituyen tributos y que, conforme al artículo 59 de la Ley 788 de 2002
y al Estatuto de Rentas Departamental, el procedimiento aplicable era el previsto en el
Estatuto Tributario Nacional.
Indicó que las obligaciones fiscales tienen fuente exclusiva en la ley y no en los
contratos, con fundamento en el artículo 553 del ET, según el cual los convenios entre
particulares sobre impuestos no son oponibles al fisco. En consecuencia, la devolución
por pago de lo no debido debía tramitarse conforme al artículo 850 ibídem y, en sede
judicial, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Precisó que contra la Resolución 1021 de 2019, que negó la devolución, interpuso
recurso de reconsideración el 25 de septiembre de 2019, y que, aun descontando la
suspensión de términos decretada con ocasión de la emergencia sanitaria, el plazo
para resolver venció el 2 de agosto de 2021. Como no se notificó decisión expresa
dentro del término legal, afirmó que operó el silencio administrativo positivo en los
términos de los artículos 732 y 734 del ET.
Asimismo, alegó la vulneración del principio de respeto del acto propio, al señalar que
la administración indicó en la resolución que procedía el recurso de reconsideración y
posteriormente sostuvo que la vía adecuada era la contractual, lo que, a su juicio,
desconoció la buena fe y la confianza legítima.
En cuanto al fondo, sostuvo que el cobro de estampillas en contratos del PAE
Programa de Alimentación Escolar vulneró la destinación específica de los recursos
del Sistema General de Participaciones prevista en el artículo 18 de la Ley 1176 de
2007, en concordancia con el artículo 359 de la Constitución, pues dichos recursos
solo podían destinarse a los fines allí establecidos. Consideró que las ordenanzas
departamentales que gravaban tales contratos debían inaplicarse por contrariar
normas superiores, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución, por lo que el
pago efectuado carecía de causa legal y configuraba un pago de lo no debido.
Finalmente, solicitó la devolución de las sumas pagadas, junto con los intereses
corrientes y moratorios previstos en los artículos 863, 864 y 635 del Estatuto Tributario.
OPOSICIÓN
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Demandante: - Fundación Cruzada Social y otros
El Departamento de Caldas se opuso a las pretensiones de la demanda por las
siguientes razones:
No se configuró el silencio administrativo positivo pues el asunto no se tramitó dentro
de un procedimiento tributario sino en el marco de una petición derivada de una
relación contractual liquidada, puesto que en el caso no hubo discusión sobre base
gravable o cuantía del impuesto, sino una inconformidad surgida con ocasión de
obligaciones asumidas en los contratos 25012018-0549 y 13072018-0703. Destacó
que dichos contratos fueron liquidados bilateralmente y que en las actas las partes se
declararon a paz y salvo sin dejar salvedades, por lo que, conforme al artículo 11 de
la Ley 1150 de 2007, no era posible formular reclamaciones posteriores relacionadas
con obligaciones derivadas del contrato.
Indicó que la solicitud de devolución no podía desligarse de la relación contractual,
pues desde los pliegos de condiciones se advirtió el pago de estampillas equivalentes
al 7% del valor contractual, carga que fue aceptada expresamente por la contratista al
presentar su propuesta y al suscribir los contratos, en ese sentido, invocó el principio
de respeto del acto propio y sostuvo que no es admisible que quien conoció y aceptó
las condiciones contractuales pretenda posteriormente desconocerlas.
No existió pago de lo no debido, ya que las estampillas tienen fundamento en la
Ordenanza 816 de 2017, la cual define las estampillas como tributos, fija como hecho
generador la celebración de contratos o convenios con el departamento y establece
de manera expresa los sujetos pasivos, base gravable y exclusiones taxativas, dentro
de las cuales no se encuentran los contratos objeto del litigio.
En suma, afirmó que la solicitud de devolución fue atendida dentro del marco del
procedimiento administrativo general y que, en todo caso, no se configuró silencio
administrativo positivo sino negativo, por tratarse de una petición asociada a
obligaciones contractuales ya definidas y no de un recurso propio del procedimiento
tributario.
Finalmente, propuso las excepciones de falta de salvedades en el acta de liquidación
bilateral, cobro de lo no debido, falta de integración del litisconsorcio necesario por no
haberse vinculado a las entidades beneficiarias de las estampillas y la genérica,
concluyendo que los pagos efectuados tuvieron respaldo legal y contractual.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Caldas, declaró la nulidad de la Resolución 001021 del 9
de agosto de 2019 y del Oficio UR-273 del 28 de octubre de 2021, través de los cuales
la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas negó
la devolución de un pago de lo no debido por concepto de estampillas departamentales
y rechazó la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo.
Para ello, precisó que el silencio administrativo positivo en materia tributaria opera
cuando: (i) la ley fija un plazo para decidir el recurso; (ii) establece expresamente que
el incumplimiento produce efectos positivos; y (iii) la autoridad no resuelve ni notifica
la decisión dentro del término legal. Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de
Estado, concluyó que dicho término es preclusivo, de modo que su vencimiento hace
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perder competencia a la administración.
En el caso concreto, estableció que el recurso de reconsideración se interpuso el 26
de septiembre de 2019, por lo que el término vencía inicialmente el 26 de septiembre
de 2020; no obstante, debido a la suspensión de términos decretada con ocasión de
la emergencia sanitaria entre el 20 de marzo de 2020 y el 21 de enero de 2021, el
plazo feneció el 29 de julio de 2021. Como para esa fecha el Departamento de Caldas
no había resuelto ni notificado decisión alguna, se configuró el silencio administrativo
positivo.
Indicó que la controversia versó sobre un pago de lo no debido en materia tributaria,
derivado de estampillas creadas por la ordenanza departamental, cuya discusión podía
adelantarse por la vía tributaria, aun cuando no se hubiesen dejado salvedades en las
actas de liquidación contractual. Destacó que la propia administración tramitó el asunto
como procedimiento tributario y señaló la procedencia del recurso de reconsideración
contra la Resolución 1021 del 9 de agosto de 2019.
Configurado el silencio administrativo positivo, aplicó la consecuencia prevista en el
artículo 734 del ET, esto es, tener por fallado el recurso a favor de la recurrente. En
consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó la devolución de
$1.443.508.563 pagados por concepto de estampillas, junto con los intereses
corrientes y moratorios conforme a los artículos 863 y 864 del ET.
Finalmente, no impuso condena por gastos procesales ante la falta de prueba de su
causación, pero sí fijó agencias en derecho a cargo del Departamento de Caldas por
valor de $43.305.257, equivalente al 3% de la cuantía del proceso.
RECURSOS DE APELACIÓN
La demandada interpuso recurso de apelación con los siguientes argumentos:
Sostuvo que la controversia planteada por la parte demandante tuvo origen en la
ejecución y liquidación de los contratos 25012018-0549 y 13072018-0703, celebrados
con ocasión de las licitaciones públicas LP-SED-004-2017 y LP-SED-003-2018. Indicó
que en los pliegos de condiciones y en las cláusulas contractuales se estableció de
manera expresa que el valor pactado incluía impuestos, tasas, contribuciones y
estampillas departamentales, equivalentes al 7% del valor del contrato, esto conforme
a la Ordenanza 816 de 2017.
Afirmó que ambos contratos se liquidaron bilateralmente el 21 de enero y el 30 de abril
de 2019, respectivamente, y que en las actas las partes se declararon a paz y salvo
por todo concepto, sin dejar salvedades. En consecuencia, adujo que, de acuerdo con
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
liquidación bilateral sin salvedades produjo efectos vinculantes y cerró la posibilidad
de formular reclamaciones posteriores relacionadas con obligaciones derivadas del
contrato.
Señaló que la Resolución 1021 del 9 de agosto de 2019, mediante la cual se negó la
devolución solicitada, no constituyó un acto de determinación tributaria, sino la
respuesta a una petición presentada en el marco de una relación contractual ya
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liquidada. Alego la inexistencia de un procedimiento administrativo tributario formal,
pues no se profirió requerimiento especial, liquidación oficial ni acto de determinación
del tributo; por ello, consideró improcedente la aplicación de los artículos 732 y 734 del
ET y negó la configuración del silencio administrativo positivo.
Agregó que no se configuraron los presupuestos del pago de lo no debido, toda vez
que las estampillas tuvieron fundamento en norma departamental vigente y el
contratista las aceptó de manera expresa desde la etapa precontractual y contractual.
En su criterio, el pago contó con causa legal, por lo que no procedía su devolución
conforme a los artículos 850 y siguientes del ET.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación se admitió por Auto de 14 de noviembre de 2025 2. Al ser
innecesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para
alegar -nums. 4 a 6, art 247 del CPACA-. Sin pronunciamiento de las partes
El Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales la Unidad de
Rentas del Departamento de Caldas negó la solicitud de devolución del pago de lo no
debido y de la configuración del silencio administrativo positivo; peticiones presentadas
por la Fundación Cruzada Social, Cooperativa Multiactiva Cooasobien y Cooperativa
de Bienestar Social.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, en su
condición de apelante única, corresponde establecer si la solicitud de devolución
presentada por la parte actora debía tramitarse conforme al procedimiento tributario y,
en consecuencia, si operó el silencio administrativo positivo ante la falta de decisión
del recurso de reconsideración dentro del término legal; o si, por el contrario, al tratarse
de un asunto de naturaleza contractual, no podían desconocerse los efectos de las
actas de liquidación bilateral suscritas sin salvedades.
Al respecto, el Departamento sostiene que la controversia se origina en la ejecución y
liquidación de los contratos del PAE, en cuyos pliegos y cláusulas se pactó el pago de
estampillas conforme a la Ordenanza 816 de 2017. Indica que los contratos fueron
liquidados bilateralmente sin salvedades, por lo que las partes quedaron a paz y salvo
y no es posible formular reclamaciones posteriores. En consecuencia, afirma que la
negativa de devolución no constituye un acto tributario, sino una respuesta en el marco
de una relación contractual definida en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de
2007.
La Sala advierte que, si bien las retenciones por concepto de estampillas se practicaron
con ocasión de la ejecución de contratos estatales, la obligación controvertida tiene su
fuente directa en disposiciones legales y reglamentarias que establecen tributos
departamentales. En efecto, las estampillas son gravámenes de naturaleza tributaria
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Índice 5 de SAMAI
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cuya creación, regulación y exigibilidad emanan de la potestad impositiva conferida
por el legislador a las entidades territoriales3. Por consiguiente, la discusión relativa a
la procedencia, causación o exigibilidad de dichas estampillas debe examinarse a la
luz del régimen jurídico tributario y no de las reglas propias de la contratación estatal.
Aunado a esto, la parte actora no cuestiona la validez de los contratos suscritos ni
plantea controversias relativas a su ejecución, equilibrio económico o cumplimiento de
obligaciones contractuales. Tampoco pretende la nulidad de la liquidación bilateral ni
la revisión de sus estipulaciones. Lo que se discute es la legalidad del gravamen
impuesto y, en particular, si el pago efectuado por concepto de estampillas carecía de
causa jurídica, circunstancia que daría lugar a un pago de lo no debido.
Por otra parte, el hecho de que los contratos hayan sido liquidados bilateralmente sin
salvedades no modifica la naturaleza del asunto. La liquidación contractual produce
efectos respecto de las prestaciones y obligaciones derivadas del vínculo negocial; sin
embargo, no tiene la aptitud jurídica de convalidar una obligación tributaria que carezca
de sustento legal, toda vez que la potestad impositiva es de orden público y se
encuentra sometida al principio de legalidad.
En ese orden, la Sala concluye que el asunto sometido a consideración corresponde
a una controversia de carácter tributario, orientada a examinar la legalidad de un tributo
departamental y la eventual configuración de un pago de lo no debido. Por tal razón,
el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho contra
actos administrativos de contenido tributario, y no el de controversias contractuales,
como lo pretende el Departamento.
Definida la naturaleza tributaria del asunto y la procedencia del medio de control
ejercido, corresponde examinar si en el caso concreto se configuró el silencio
administrativo positivo alegado por la parte actora.
La Ordenanza 816 de 20174, Estatuto de Rentas del Departamento de Caldas, establece
los elementos del hecho generador de las estampillas departamentales sobre todo
pago derivado de contratos, convenios, órdenes o facturas celebrados con el
departamento, incluyendo contratos de cuantía indeterminada. El tributo se causa al
momento de la contabilización del acto y se recauda mediante retención sobre pagos
o anticipos.
Los artículos 235, 302 a 306 y 332 de la misma Ordenanza, disponen que el
Departamento de Caldas debe aplicar el procedimiento y régimen sancionatorio del
Estatuto Tributario Nacional5 para la administración, determinación, discusión, cobro y
devolución de los tributos territoriales. Además, regula la devolución de saldos a favor
y pagos en exceso, que debe solicitarse dentro de los dos años siguientes al
3
En ese sentido, la Sentencia C-389 de 2021 de la Corte Constitucional de Colombia indicó que “las estampillas, como tributo,
no tienen una configuración uniforme. En algunas oportunidades han sido caracterizadas como una tasa parafiscal al tiempo que
en otras se han definido como impuestos con destinación específica. El nivel territorial en el que tiene lugar su recaudo, así como
sus objetivos pueden diferir en función de las decisiones básicas que adopte el Legislador y, de manera complementaria, de
aquellas que aprueben las autoridades territoriales en ejercicio de sus competencias. Bajo esa perspectiva la configuración
definitiva de cada una de las estampillas suele depender del modo en que el centro —el Congreso— y la periferia —Asambleas
y Concejos— concurren en el desarrollo de este instrumento de política fiscal”.
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Vigente para la época de los hechos
5
Además, si bien la Ordenanza 816 de 2017 no reguló expresamente el recurso procedente contra el acto que niega una
devolución, en virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002 los entes territoriales deben aplicar los procedimientos y recursos
previstos en el Estatuto Tributario Nacional en lo no regulado localmente, por lo que resultaba procedente acudir al recurso de
reconsideración allí establecido.Ver sentencia del 1 de marzo de 2018, Exp. 21087. C.P. Julio Roberto Piza
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vencimiento para declarar, cumpliendo requisitos formales; la Unidad de Rentas debe
resolver dentro de 50 días, previa verificación y compensación de deudas vencidas.
Asimismo, asigna a dicha dependencia la competencia para fiscalizar, recaudar,
imponer sanciones, resolver recursos y decidir sobre solicitudes de devolución o
compensación.
Así las cosas, el ET (Título X del Libro Quinto) regula el procedimiento para la devolución
de saldos a favor, pagos en exceso y pagos de lo no debido. Asimismo, el artículo 720
ibídem establece la procedencia del recurso de reconsideración contra las
liquidaciones oficiales, las resoluciones que imponen sanciones, los actos que ordenan
devoluciones y, en general, los demás actos proferidos en relación con los impuestos.
Al respecto, cabe precisar que el artículo 245 de la Ordenanza 816 de 2017 dispone
que en los actos administrativos se dejara constancia de los recursos que proceden
contra el respectivo acto administrativo.
En el caso concreto, la Unidad de Rentas del Departamento Caldas a través de la
Resolución 1021 del 9 de agosto de 2019 negó la devolución del saldo a favor y
dispuso en el numeral tercero que: “contra la presente resolución procede el recurso de
reconsideración, ante la Unidad de Rentas de Caldas, dentro de los dos meses siguientes a la
notificación del acto administrativo”. Por lo que el 25 de septiembre de 2019, la parte
interpuso el respectivo recurso de reconsideración.
Ahora bien, el artículo 732 del Estatuto Tributario establece que la administración
dispone de un año para resolver el recurso de reconsideración, contado desde su
interposición en debida forma. Vencido dicho término sin que se haya proferido y
notificado decisión, el artículo 734 ibídem prevé que el recurso se entenderá fallado a
favor del recurrente, debiendo la administración declararlo de oficio o a petición de
parte, por configurase el silencio administrativo positivo.
Al respecto, la Sala ha señalado que el incumplimiento del término de un año previsto
en el artículo 732 ib. da lugar a la configuración del silencio administrativo positivo. En
consecuencia, vencido dicho plazo, la autoridad pierde competencia temporal para
decidir el recurso de reconsideración, y el reconocimiento del silencio conlleva la
nulidad tanto del acto definitivo como del que resuelva extemporáneamente el recurso,
pues, de lo contrario, se haría nugatoria la garantía prevista por el ordenamiento jurídico en
favor de los administrados 6
En el asunto, el a quo advirtió que, si bien el término inicial para resolver el recurso de
reconsideración vencía el 26 de septiembre de 2020, debido a la suspensión de
términos decretada con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19, el plazo
realmente feneció el 29 de julio de 20217. Para esa fecha, la Unidad de Rentas del
Departamento no había proferido ni notificado decisión alguna, por lo que se configuró
el silencio administrativo positivo.
Acreditada la configuración del silencio administrativo positivo, resulta pertinente
precisar que en el recurso de reconsideración las sociedades demandantes solicitaron
la revocatoria de la Resolución 1021 del 9 de agosto de 2019, mediante la cual se negó
la devolución de las sumas reclamadas, y pidieron que se declarara la existencia de
6
Sentencia del 31 de octubre de 2025, Exp. 29892. C.P. Wilson Ramos Girón
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Aspecto que no fue objeto de apelación entre las partes.
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Demandante: - Fundación Cruzada Social y otros
un pago de lo no debido, con la consecuente devolución de $1.446.190.815, junto con
los intereses corrientes y moratorios previstos en los artículos 863 y 864 del Estatuto
Tributario.
En ese contexto, conforme al artículo 734 ibídem, el recurso se entiende resuelto en
forma favorable a las recurrentes, lo que comporta que acto demandado ya se
encuentra revocado de manera tácita, razón por la cual el Departamento debe
reconocer las pretensiones formuladas en sede administrativa y efectuar la devolución
solicitada en los términos legales.
En suma, la Sala concluye que los argumentos de la apelación no desvirtúan las
conclusiones del a quo. Determinada la naturaleza tributaria del asunto y acreditada la
configuración del silencio administrativo positivo, no hay lugar a acoger la tesis
contractual propuesta por la demandada. En consecuencia, se confirmará la sentencia
apelada.
Costas
Conforme con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP8, aplicable
por remisión expresa del artículo 188 del CPACA9, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 202510, procede la condena
en costas en segunda instancia contra la demandada al haberse resuelto
desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas sus partes la
sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1)
SMMLV al momento de la ejecutoria de la providencia. Por lo tanto, se ordenará al
tribunal que trámite el incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las
reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la Sentencia del Sentencia del 23 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas.
2. Condenar en costas a la demandada en esta instancia, en el componente de
agencia en derecho en 1 SMLMV. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite
al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
8
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
conoce ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte
vencida en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la
discrecionalidad que confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados».
9
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
10
“Por el cual se adiciona el artículo 5 del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de agencias
en derechos”
9
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00330-01 (30348)
Demandante: - Fundación Cruzada Social y otros
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
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