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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00035-02

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00035-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR los numerales tercero y quinto de la sentencia impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración mensual, desde el 23 de agosto de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020. ii) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en www.consejodeestado.gov.co 11 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 17001-23-33-000-2022-00035-02 (0360-2025) Demandante: Manuel Antonio Betancur Santa Pensiones, a partir del 1° de septiembre de 2004 respecto de la prima especial del 30% hasta el 31 de diciembre de 2020. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 16 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2022-00035-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2026

Radicación: 17001-23-33-000-2022-00035-02 (0360-2025)
Demandante: Manuel Antonio Betancur Santa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00035-02 (0360-2025)
Demandante: Manuel Antonio Betancur Santa
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral primero para estarse a lo resuelto, modifica
numerales tercero y quinto respecto del restablecimiento y
confirma en lo demás. No se condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 16 de
diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. GSA-31100 – 20480-
0278 del 10 de septiembre de 20212 y de la Resolución No. 057 del 23 de
septiembre de 20213, mediante los cuales la entidad demandada negó el
reconocimiento y pago del reajuste solicitado.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] 3.- [...] reconozca y
pague […], a partir del momento de su vinculación laboral a la Fiscalía General de la
Nación en el cargo de Fiscal, esto es, desde el día 01 de septiembre de 2004 hasta el
día 31 de diciembre de 2020, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, equivalente al 30% del ingreso básico mensual, la cual debe
adicionarse al salario básico mensual y no deducirse, e igualmente, para que se proceda
a reliquidar sus prestaciones sociales sobre l 100% de su salario básico y/o asignación

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial
del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso.
2 Índice 11 expediente digital, 2ED_02ANEXOSPDF(.pdf), págs. 15-20, Gestión en otros despachos de

Samai.
3 Índice 11 expediente digital, 2ED_02ANEXOSPDF(.pdf), págs. 33-41, Gestión en otros despachos de

Samai.

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Demandante: Manuel Antonio Betancur Santa

básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima
especial .

4.- […] reconozca y pague […] a partir del momento de su vinculación laboral a la
Fiscalía General de la Nación en el cargo de Fiscal, esto es, desde el día 01 de
septiembre de 2004 y hasta el día 31 de diciembre de 2000, las diferencias salariales y
prestacionales (prima de vacaciones, navidad, de servicios, extralegales, bonificación
por servicios, cesantías e intereses a esta, etc), existentes entre las sumas que le fueron
canceladas y las que legalmente le corresponden, reliquidando dichas prestaciones
sociales sobre el 100% de sus salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial […]»4.

Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Manuel Antonio Betancur Santa ha laborado al servicio de la Fiscalía
General de la Nación como fiscal seccional en la ciudad de Manizales5.

5. La parte actora elevó petición el «24»6 de agosto de 2021 ante la entidad
demandada, en la que solicitó se le reconociera y reliquidara la prima especial de
servicios, y el reajuste de salarios. La cual fue resuelta de manera negativa
mediante los actos demandados.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron los
artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228 de la Constitución Política; 127 del CST,7
42 del Decreto 1042 de 1978; 12 del Decreto 717 de 1978; 12 y 14 de la Ley 4
de 1992; 152 de la Ley 270 de 1996; 10, 102, 137, 148, 189 y 269 la Ley 1437
de 2011.

7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que la expresión sin carácter
salarial relacionada con la prima especial de servicios, conforme al artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, fue interpretada por el Gobierno nacional en contravía de los
derechos de los trabajadores porque disminuyó el monto de las prestaciones
sociales, lo cual constituye un retroceso en los derechos adquiridos de los
trabajadores.

Contestación de la demanda

8. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda8 y se opuso a las
pretensiones en razón a que no hay lugar a reconocer ninguna reliquidación, toda

4 Transcripción literal del acápite de pretensiones.
5 En los hechos no se relacionan los tiempos de servicio del actor.
6 Así lo mencionó en los hechos de la demanda.

7 Código Sustantivo del Trabajo.
8 Índice 25, 22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONMANUEL(.pdf), gestión en otros
despachos de Samai.

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Demandante: Manuel Antonio Betancur Santa

vez que, desde la vinculación del actor con la entidad demandada, esta ha venido
liquidando sus prestaciones sociales con base en el 100% del sueldo básico.

9. Finalmente, propuso las excepciones de «cumplimiento de un deber legal»,
«prescripción» y genérica.

Sentencia de primera instancia

10.Mediante sentencia proferida el 16 de diciembre de 20249, el Tribunal
Administrativo de Caldas accedió a las súplicas de la demanda.

11. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que la prima especial de
servicios, de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es una prestación social
equivalente al 30% del sueldo básico y es adicional a este. Así las cosas, el
sueldo real que debió recibir el demandante era la prima especial de servicios
más la asignación básica y esto constituye el 100% real de la asignación
mensual. Asimismo, señaló que dicha prima no es factor salarial para la
liquidación de las prestaciones sociales, únicamente frente a la pensión de
jubilación.

12. Determinó que en el presente caso operó la prescripción trienal sobre las
diferencias causadas con anterioridad 23 de agosto de 2018, toda vez que la
petición de reconocimiento se hizo el 23 de agosto de 2021.

13. En consecuencia, acogió lo dispuesto en la sentencia del 2 de septiembre de
201910, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de las sumas
reclamadas antes del 23 de agosto de 2018 y, a título de restablecimiento del
derecho, dispuso:

TERCERO: CONDENAR a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, y en
consecuencia ordenarle el reconocimiento y pago a favor del demandante del valor
no pagado, por concepto de prima especial de servicios equivalente al 30% del total
del sueldo básico, devengado por él, desde el 23 de agosto de 2018 y hasta la
ejecutoria de esta sentencia o hasta que se dé su retiro definitivo, -lo que suceda
primero-, siempre que por dicho periodo se cumpla con los requisitos contemplados
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en concordancia con la Sentencia de
Unificación -SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de
Estado.

CUARTO: DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama,
constituye FACTOR SALARIAL únicamente respecto a la pensión de jubilación y,
en consecuencia; se NIEGA las pretensiones, que reclamaban su reconocimiento y
la reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión de la prima, por los
periodos reclamados.

QUINTO: ORDENAR a la demandada, realizar las siguientes reliquidaciones;

9 Índice 36, gestión en otros despachos de Samai.
10 Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

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Demandante: Manuel Antonio Betancur Santa

a. RELIQUIDAR las prestaciones sociales que le fueron pagadas al demandante y
a las cuales tiene derecho, teniendo en cuenta que la prima especial de servicios
NO constituye factor salarial, tomando como base el 100% del salario base y no
el 70% y pagar las diferencias adeudadas, desde el «23 de enero de 2018» (sic) y
hasta que deje de ocupar dicho cargo o hasta la ejecutoria de esta sentencia,
lo que suceda primero-.

b. RELIQUIDAR los aportes a pensión, tomando como base el 100% del salario
básico y teniendo en cuenta que, para este caso, la prima especial de servicios SI
constituye factor salarial y consignar al fondo de pensiones, las diferencias
adeudadas por todo el periodo reclamado e incluso hasta la ejecutoria de esta
sentencia o su retiro definitivo y teniendo en cuenta el artículo 23 de la Ley 100 de
1993.

Recurso de apelación

14.Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte accionada la recurrió
en apelación.11

15.En su intervención, la entidad demandada hizo referencia a la sentencia del
15 de diciembre de 202012 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, y señaló que no es viable reliquidar las
prestaciones sociales que le fueron pagadas al demandante, teniendo en cuenta
que la prima especial de servicios no constituye factor salarial.

16. Por otro lado, argumentó que no procede el reconocimiento dado en primera
instancia hasta que el actor deje de ocupar el cargo de fiscal seccional, por cuanto
de conformidad con el Decreto 272 de 2021, la Fiscalía General de la Nación está
pagando y reconociendo desde el 1 de enero de 2021 la prima especial del 30%
a sus destinatarios, por lo cual, de llegarse a confirmar la condena, debe limitarse
hasta el 31 de diciembre de 2020.

17.Finalmente, sostuvo que la sentencia impugnada determina que la entidad
cancele al demandante los aportes a pensión sobre el 100% del salario
devengado, cuando lo factible es solo reconocer lo correspondiente a los
descuentos de pensión sobre las diferencias no cotizadas equivalente al
porcentaje de prima especial de servicios del 30%.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

18. Por auto del 28 de noviembre de 2025,13 se admitió el recurso de apelación
de la entidad demandada.

19. Las partes guardaron silencio.

11 Folios 147-148 del expediente.
12 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
13 Índice 0004 de Samai.

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20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo14, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

22. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho a que se
reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación como
lo determinó el Tribunal de instancia, o si por el contrario la entidad no adeuda
ningún valor por concepto de salario y prestaciones sociales. Asimismo, se
deberá determinar si tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de
servicios.

23. Igualmente, si la mencionada prima constituye factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales, si los descuentos a aportes a pensión proceden respecto
del 30% de dicho emolumento, y no sobre el 100% del salario, y si a partir de la
entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, la entidad reconoce dicho emolumento.

24. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

25. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial15 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la

14 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
15 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

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República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

26. Porsu parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción16 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.

27. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199617 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.

28. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».

29. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202018, respecto de la prima

16 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
17 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos

se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).

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especial de servicios concluyó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.

30. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,19 10 de septiembre de 202420 y 5 de noviembre 2024.21

31. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202222 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Hechos probados

32. Dentro del proceso se encuentra probado23 que el actor presta sus servicios
ininterrumpidamente a la Fiscalía General de la Nación, así: fiscal delegado ante

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:

05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.

Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.

Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
22 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
23 Se dictó auto de mejor proveer el 7 de noviembre de 2023, en el cual se solicitó los tiempos de servicio

de la actora- ver índice 30 de Samai.

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Radicación: 17001-23-33-000-2022-00035-02 (0360-2025)
Demandante: Manuel Antonio Betancur Santa

jueces penales municipales del 18 de agosto de 2004 al 31 de diciembre de
201324, y como fiscal delegado para jueces del circuito del 1 de enero de 2014
sin que a la fecha de expedición de la certificación laboral se reporte retiro del
servicio.25

33. Está demostrado que el demandante a partir del año 2004 al 2020 percibió el
100% del sueldo correspondiente al cargo de fiscal que desempeñó y que no
reporta ningún emolumento por concepto de la prima mencionada. 26

34. Que el 23 de agosto de 202127 la parte actora elevó petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.

Caso concreto

35. La Sala advierte, conforme lo señalado en la jurisprudencia,28 que desde el
año 2003 los decretos salariales que rigen a la Fiscalía General de la Nación no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica, según lo dispuesto en la
Ley 476 de 199829, por lo que a partir de dicho año reconoció el 100% de la
asignación básica, y en consecuencia liquidó las prestaciones sociales teniendo
en cuenta dicho emolumento de forma completa. No obstante, se evidencia que
no reconoció ningún concepto por prima especial de servicios del 30%.

36. Ahora bien, en los preceptos salariales que rigen a la entidad demandada,
expedidos entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial, consistente en
el 30% de la asignación básica30, lo cual generó que se disminuyeran los ingresos
mensuales de los beneficiarios de esta; por lo que durante ese periodo se restó
la prima especial de servicios del 100% del salario, y por lo tanto el salario y las
prestaciones se liquidaron sobre un 70% de aquel.

24 Fue posesionado en provisionalidad como fiscal delegado ante los jueces penales municipales. Además,

fue encargado del cargo como fiscal delegado para jueces del circuito.
25Índice 25, 25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ANTECEDENTESADTVOS(.pdf), págs..35-39,
Gestión en otros despachos de Samai. Fecha de certificación 13 de septiembre de 2024.
26 Índice 25, 25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ANTECEDENTESADTVOS(.pdf), págs.38-53,

Gestión en otros despachos de Samai. Fecha de certificación 13 de septiembre de 2024.
27 Índice 25, 25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ANTECEDENTESADTVOS(.pdf), págs.2-10,
Gestión en otros despachos de Samai. Fecha de certificación 13 de septiembre de 2024.
28 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018)

conjuez ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
29 Artículo 1o. Aclárase el artículo 1o. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí

consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial
de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan
o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
30 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima

especial del 30% tienen derecho a ella a partir de la expedición de la Ley 476 de 1998; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario básico, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en
el cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.

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37. Así las cosas, la interpretación del Tribunal de instancia resulta equivocada,
en cuanto ordenó la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del 2018, ya que desde el 2004 el salario fue
reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma respecto de la asignación
básica. En consecuencia, lo que procede es el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico, la cual no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión. Lo anterior, se traduce sólo en el pago
del 30% que el demandante no recibió a título de prima especial, por lo que al no
presentarse el indebido descuento del 30% del salario el restablecimiento no
comprende una reliquidación de las prestaciones canceladas.

38. Ahora, frente al argumento de la entidad de que a partir del Decreto de 272
de 2021 ha pagado la prima especial en un porcentaje del 30% adicional a la
asignación básica mensual. Revisado el expediente, se advierte del certificado
de factores salariales se desprende que a partir del 1 de enero de 2021 al actor
se le reconoció la prima especial de servicios31, por lo que le asiste razón a la
entidad demandada, y en ese sentido se limitará el restablecimiento del derecho
hasta el 31 de diciembre de 2020, máxime cuando fue esa la fecha a la que se
sujetó a pretensión de la demanda.

39. Conforme a lo anterior, se advierte que le asiste razón parcialmente a la
entidad apelante, por lo que se modificarán los numerales tercero y quinto de la
sentencia de primera instancia con el fin de eliminar el reconocimiento de
diferencias salariales y prestacionales en un periodo en que no había derecho a
ello, e igualmente limitar dicho restablecimiento a la fecha antes indicada.

40. También se observa que la prescripción trienal se verificó respecto de lo
causado antes del 23 de agosto de 2018, como bien lo determinó el a quo en el
fallo impugnado; no obstante, se observa que, por un error de digitación, en el
literal a) numeral quinto se indicó que dicho fenómeno operaba «desde el 23 de
enero de 2018», por lo que se modificará dicho numeral para indicar
adecuadamente la fecha de prescripción, teniendo en cuenta que este cambio no
afecta a la apelante única.

41. Por otro lado, es del caso señalar que la cotización a pensión está
íntimamente relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al
ordenar el reajuste de dicho emolumento, es deber de la entidad deducir de la
condena el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, por ser un
derecho irrenunciable e imprescriptible, no solo por la naturaleza parafiscal de los
mismos sino por la sostenibilidad del sistema32. Lo anterior, por cuanto en el literal
b) del numeral quinto de la providencia el a quo accedió al reajuste de los aportes

31 Índice 25, 25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-ANTECEDENTESADTVOS(.pdf), págs.38-53,
Gestión en otros despachos de Samai. Fecha de certificación 13 de septiembre de 2024.
32 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).

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a pensión por el periodo reclamado por el demandante «hasta la ejecutoria de
esta sentencia o su retiro definitivo», es decir, que tampoco se afecta a la
apelante única.

42. Ahora, aunque a partir del 2003 los decretos salariales no previeron la
mencionada prima, el reconocimiento de esta sí era procedente como una adición
a la asignación básica33, por lo que a partir de dicho año las diferencias de los
aportes pensionales deben liquidarse respecto de la prima especial del 30%, bajo
el entendido de que, en su momento, se hicieron los aportes de ley sobre el 100%
de la asignación básica, como bien lo señaló la entidad recurrente.

43. Con base en lo expuesto, se ordenará que el reconocimiento y pago de
aportes con destino al Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde el 1 de
septiembre de 200434 respecto de la prima especial del 30% hasta el 31 de
diciembre de 2020.35

44. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral primero del fallo impugnado
que se estuvo a lo dispuesto en la providencia del 2 de septiembre de 2019, para
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 202236 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Además, se declaró la nulidad de la siguiente previsión «ninguna autoridad podrá
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas
del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos».

45. De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral primero,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); ii) modificar los
numerales tercero y quinto frente al restablecimiento del derecho y su limitación;
y iii) se confirmará en lo demás la sentencia apelada.

Condena en costas

46. . La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de

33 En el numeral cuarto dispuso «[…] DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama
constituye FACTOR SALARIAL únicamente respecto a la pensión de jubilación y, en consecuencia; se
NIEGA las pretensiones, que reclamaban su reconocimiento y la reliquidación de las prestaciones sociales
con inclusión de la prima, por los periodos reclamados».
34 Conforme fue solicitado en las pretensiones de la demanda. Así mismo, el a quo concedió dicho

reconocimiento en el literal b) numeral quinto «por todo el periodo reclamado».
35 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda-

Subsección A- Sentencia del 22 de enero de 2026, radicado 25000 23 42 000 2022 00698 01 (4891-2024),
magistrado ponente Juan Camilo Morales Trujillo.
36 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que el recurso de apelación está siendo concedido de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en
el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

50.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo resuelto
en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03 25 000
2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR los numerales tercero y quinto de la sentencia
impugnada, los cuales quedarán en un solo numeral, así:

A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad
demandada a: i) Reconocer y pagar la prima especial del 30% prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración
mensual, desde el 23 de agosto de 2018 hasta el 31 de diciembre de
2020. ii) Reconocer y pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en

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Pensiones, a partir del 1° de septiembre de 2004 respecto de la prima
especial del 30% hasta el 31 de diciembre de 2020.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 16 de diciembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones y con las
precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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