Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00140-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00140-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2022-00140-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C. dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 17001 23 33 000 2022 00140 01
Demandante: Julián Andrés Molina Loaiza
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros1
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente y a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas
de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes
Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la
sentencia proferida el 9 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 3 de junio de 2022, el señor Julián Andrés Molina Loaiza, promovió la acción
popular de la referencia, solicitando la protección de los derechos colectivos a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes.
Específicamente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Respetuosamente solicitamos, que previamente trámite del proceso previsto para las
acciones constitucionales, el Despacho ampare los Derechos Colectivos descritos en los
literales l y m de la Ley 472 de 1998.
De acuerdo con lo anterior, se ordene a quien corresponda realizar las acciones y
ordenamientos de tipo administrativo, técnico, presupuestal, jurídico y demás áreas de su
competencia a fin de que:
1) Adelantar los estudios de Riesgo del Talud, en sus dimensiones de amenaza latente de
la ladera y vulnerabilidad de la edificación casa 65 A Barrio Galán.
1 Municipio de Manizales y la empresa Aguas de Manizales S.A. ESP.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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2) Atender con labores de mitigación del riesgo valorado, mediante la construcción de obras
de estabilidad, esto es muro de contención y/o pantalla anclada, que garantice la seguridad
de la construcción.
3) Conformación y perfilado del talud.
4) Apuntalamiento del talud a base de anclajes tipo pasivo, generando un reforzamiento del
mismo.
5) En las zonas donde el espacio entre la vivienda y el talud lo permita, se recomienda la
conformación y perfilado manual del mismo. Esto, acompañado de un apuntalamiento
(anclajes pasivos) de 6 metros de profundidad, generando así un reforzamiento del talud
6) Manejo de Aguas de escorrentía superficial por medio de zanja colectoras en la
corana(sic), base y canal de bajada; de tal forma que intercepte la escorrentía superficial
antes que se precipite el talud, evitando la generación de procesos erosivos y las patologías
asociadas a humedades en muros.
7) Cobertura vegetal (empradizado) de la cara del talud.
8) Construcción de un filtro en la base de los muros, luego conducir las aguas captadas a
una caja de inspección y posteriormente, en tubería PVC al alcantarillado más cercano que
hay en el lugar.
9) Finalmente, aislar los muros del terreno aledaño para lo cual, se sugiere la instalación de
un plástico entre el terreno y el muro y la aplicación de morteros impermeabilizados que
controlen el paso de la humedad al interior de los muros. Lo anterior implica la realización
de excavaciones en la base de los muros afectados2.
1.2. Como sustento de las anteriores pretensiones la parte actora manifestó lo siguiente:
Indicó que el 30 de mayo de 2018 informó a la Corporación Autónoma Regional de Caldas
(en adelante Corpocaldas), al municipio de Manizales y a la empresa Aguas de Manizales
S.A. ESP sobre la necesidad de que dichas entidades intervinieran en el barrio Galán, en
la casa núm. 65ª del citado territorio, debido a que en el costado de la vivienda se
presentaba un desagüe constante e ininterrumpido, lo cual ha generado la formación de
lama en el andén y en la vía.
Señaló que Corpocaldas se pronunció al respecto mediante Oficio núm. 2018-EI-
00007931 el 18 de junio de 2018, en el cual se evidenció que la problemática había sido
ocasionada por la infiltración de aguas lluvias provenientes de la corona del talud vertical
ubicado en la parte posterior de la vivienda de la señora Marina Molina Loaiza, madre del
actor. Asimismo, formuló una serie de recomendaciones para atender la situación.
Expuso que la empresa Aguas de Manizales S.A. ESP y el municipio de Manizales se
pronunciaron los días 12 y 22 de junio de 2018, respectivamente, advirtiendo que el
predio en mención se encontraba en mal estado y presentaba humedad en uno de sus
costados, sin escorrentía, situación que obedecía al deficiente manejo de aguas lluvias
tanto en la cubierta del inmueble como en la ladera adyacente.
Resaltó que la Unidad de Gestión del Riesgo, mediante el Oficio UGR 1876-18 GED
20339-18 del 20 de junio de 2018, puso de presente que en el primer nivel de la vivienda
se presentaban humedades severas que eran generadas por el contacto directo de la
estructura con el terreno y el cambio en los niveles freáticos del mismo. De igual forma,
2 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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les recomendó a los propietarios que intervinieran la estructura con el fin de estabilizar la
ladera y evitar que esta tuviera contacto con la misma.
Anotó que las entidades se limitaron a trasladar la responsabilidad a los propietarios del
predio desconociendo que la problemática proviene de un bien público y que están de
por medio la protección de las garantías de las personas de la tercera edad que residen
en el inmueble. Además, dicha situación se agravó como consecuencia de los
asentamientos que se encuentran en la parte alta de la ladera, los cuales carecen de
alcantarillado o sistema de manejo de aguas residuales.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Por auto del 6 de junio de 20223, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Manizales declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Caldas.
2.2. En proveído del 21 de junio de 20224, el Tribunal Administrativo de Caldas
admitió la demanda presentada contra Corpocaldas, el municipio de Manizales y la
empresa Aguas de Manizales S.A. ESP y decretó la siguiente medida cautelar:
[…]
MEDIDA CAUTELAR: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 478 de 1998, SE
ORDENA AL ALCALDE DE MANIZALES para que INMEDIATAMENTE A LA
NOTIFICACIÓN DE ESTE AUTO DISPONGA LAS MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA
CALLE 31 No. 65 A DEL BARRIO GALÁN DE MANIZALES Y DE LAS VIVIENDAS
ALEDAÑAS AL TALUD POSTERIOR A LA MISMA, A TRAVÉS DE VERIFICACIÓN DEL
ESTADO DEL TALUD, PROTECCIÓN DEL MISMO, MONITOREO E INCLUSIVE SI ES
DEL CASO, ORDENANDO LA EVACUACIÓN DE LAS VIVIENDAS. DE LO ANTERIOR
DEBERÁ ENVIAR INFORME DEBIDAMENTE DOCUMENTADO AL TRIBUNAL DENTRO
DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR.
Lo anterior, toda vez que, dentro de los anexos presentado (sic) por el accionante, se
aportó el INFORME DE REVISIÓN AL PREDIO por parte de la Alcaldía de Manizales en
el cual consta que existe riesgo inminente de deslizamiento. Sumado ello a la fuerte ola
invernal por la que atraviesa actualmente la ciudad5.
2.3. El municipio de Manizales6, mediante escrito radicado del 7 de julio de 2022,
contestó la demanda indicando que se oponía a las pretensiones, expuso que mediante
Resolución núm. 1453 de 2009 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
adoptó un macroproyecto de interés social nacional denominado “Centro Occidente de
Colombia San José” que se ubicó en Manizales.
Adujo que, dicho proyecto se encontraba regulado con la Resolución núm. 1453 de 2009,
que fue modificada por la Resolución núm. 1527 de 2010 y las Resoluciones núm. 1793
del 6 de septiembre de 2011; núm. 0483 del 16 de Julio de 2012; núm. 0693 del 13 de
noviembre de 2013; núm. 0902 del 29 de diciembre de 2014; núm. 0565 del 14 de Julio
de 2015 y núm. 0085 del 15 de febrero de 2016, consolidadas en la Resolución núm.
0544 del 22 de agosto de 2017, emitidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
3 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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Señaló que las normas relacionadas con el macroproyecto de San José constituían
determinantes del ordenamiento de superior jerarquía respecto del Plan de Ordenamiento
Territorial municipal, esto en virtud de lo establecido en el artículo 6.6 de la Resolución
núm. 0544 de 2017. Asimismo, manifestó que las pretensiones habían quedado
superadas con dichas obras de acuerdo con lo previsto en el citado acto administrativo,
como se podía observar a continuación:
[…] Artículo 1.4 Objetivo y estrategias del macroproyecto. El objetivo del macroproyecto
es renovar y redensificar la zona norte del centro de la ciudad de Manizales, para generar
suelo urbano, en especial para viviendas de interés social y prioritaria y promover nuevos
desarrollos integrales, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población a
través del reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo, el incremento
del índice de zonas verdes por habitante y la dotación de equipamientos e infraestructura
vial y de servicios.
(…)
Artículo 3.2.1 Reasentamiento poblacional. Las zonas objeto del proceso de
reasentamiento poblacional corresponden a las identificadas en el plano M-14 Zonas de
reasentamiento en la ladera.
(…)
Artículo 3.2.3 Proceso de reasentamiento de las familias. Los primeros bloques de
vivienda que se desarrollen en el sector de la avanzada serán ofertados de manera
preferente a los beneficiarios del programa de reasentamiento del macroproyecto.
La reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo ubicadas en el macroproyecto o
en las áreas de renovación urbana del sector la avanzada también podrá realizarse en el
proyecto de vivienda de interés prioritario San Sebastián […]
Advirtió que las obras solicitadas por el accionante correspondían al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, debido a que hacían parte de las establecidas en el
macroproyecto San José.
Requirió que se vinculara a la citada cartera ministerial, al Fondo Nacional Para La
Vivienda y a la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (en adelante ERUM SAS).
Por último, mencionó que se había configurado el fenómeno de la cosa juzgada con los
procesos con número de radicado 17001 23 33 000 2017 00524 00 y 17001 23 33 000
2019 00407 00.
2.4. La Empresa Aguas de Manizales S.A ESP7 presentó escrito el 8 de julio de 2022
en el que formulo la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en el
sentido de que la problemática había sido generada por el inadecuado manejo de las
aguas lluvias, actividad que no era de su competencia, pues de acuerdo con el Certificado
de Existencia y Representación Legal no le correspondía manejar aguas superficiales y
subsuperficiales, ni laderas para prevención y atención de emergencias y desastres, ya
que ello es propio de la autoridad ambiental en coordinación con los entes territoriales tal
como lo prevé el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Expresó que en la ladera en cuestión no existían redes de alcantarillado que fuesen
administradas por esa sociedad, tal como se evidenció en la siguiente imagen:
7 Visible a índice 45 ibidem.
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Manifestó que no le correspondía ejecutar obras de estabilización de la ladera y
mantenimiento de las mismas, ni recolección y canalización de las aguas lluvias.
2.5. Por su parte, Corpocaldas se pronunció el 7 de julio de 2022 oponiéndose a las
pretensiones, en razón a que no ha vulnerado los derechos alegados, pues ha cumplido
con las obligaciones legales que le fueron asignadas, tal como realizar visitas y
seguimiento a la zona emitiendo las recomendaciones técnicas y dando traslado de ellas
a la autoridad municipal. Resaltó que las obras eran obligación de la entidad territorial y
de los propietarios de las viviendas.
Puso de presente que en los meses de abril y junio de 2022, efectuó una visita al predio
afectado en la que no observó el afloramiento de agua al costado de la vivienda. Sin
embargo, advirtió la presencia de humedad en la parte baja del muro:
Informó que la humedad no afectaba la estabilidad de los muros de la vivienda. No
obstante, la estructura correspondía a mampostería confinada “entre pisos en placas de
mortero apoyadas sobre elementos en madera como guadua y esterillas y placas de
superboard apoyadas sobre perfiles metálicos y la cubierta en perfiles metálicos con tejas
de fibrocemento”8.
Aseguró que el inmueble no contaba con los requisitos técnicos sismo- resistentes
exigidos en la norma nacional NSR-10, lo que generaba que fuese vulnerable a cualquier
movimiento sísmico y a procesos de remoción en masa.
Manifestó que no le fue posible revisar el estado del talud, ya que la vivienda cuenta con
un tercer piso que impide su visualización. Además, resaltó que desconocía si los
8 Folio 3 contestación de Corpocaldas.
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propietarios contaban con una licencia de construcción que les permitiera adelantar dicha
adecuación.
Señaló que las afectaciones se presentaban en las viviendas de las señoras Marina
Molina Loaiza y Luz Edtih Galvis. Adicionalmente, precisó que sobre la base del talud no
existen obras de captación o conducción de aguas; sin embargo, en la corona del mismo
existe una zanja colectora que hace parte del área con tratamiento geotécnico que recoge
una parte de las aguas de escorrentía que provienen de la parte alta de la ladera, lo que
beneficia a las viviendas de la parte baja.
Puso de presente que en la visita efectuada en abril de 2022, no fue posible identificar
las condiciones de la estabilidad del talud, debido a que los propietarios de la vivienda
que presenta la humedad al construir el tercer piso impidieron la visualización del talud e
identificar asentamientos, grietas o fisuras en este.
Frente a la humedad, indicó que en la actualidad no se presentan infiltraciones de agua
hacia la vivienda, solo se advierte que se presenta en los muros y el terreno se ve
expuesto en la zona del parqueadero. Adicionalmente, expuso que, de acuerdo con los
relatos de los habitantes, existe un canal para el manejo de las aguas superficiales que
llegan a la base del talud; no obstante, esos datos no pudieron ser constatados, ya que
no hay ingreso a la parte posterior.
Advirtió que la autoridad territorial nunca les puso en conocimiento la situación que se
presentaba en la vivienda. Sin embargo, ha efectuado 4 visitas al sector en las siguientes
fechas y radicados “N° 2018-IE-00014393 del 18 de junio de 2018, N° 2020-IE-00017901
de 14 de agosto de 2020, 2020-IE-00017901, N° 2022-IE-00008536 del 20 de abril de
2022 y N° 2022-IE-000009494 de 23 de abril de 2022”9.
Manifestó que se efectuaron unas recomendaciones, las cuales fueron trasladadas a la
Secretaría de Obras Públicas de Manizales, a la Unidad de Gestión del Riesgo y a la
ERUM y las cuales fueron brindadas al predio con ficha catastral
9 Folio 7 contestación Corpocaldas.
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170010103000002670016000000000 de propiedad del señor José Benedicto Yaquive
Quiroga; estas son:
• Conformación y perfilado manual del talud.
• Apuntillamiento del talud con anclajes pasivos.
• Manejo de aguas de escorrentía con zanjas colectoras en la corona, base y canal de
bajada, que conecte la zanja colectora existente en la corona con la que se construya.
• Empradizado de la cara del talud.
• Medidas de impermeabilización de la vivienda por parte del propietario de la misma.
• Monitoreo continuo en el sector, con el fin de detectar factores de inestabilidad como
agrietamientos, deslizamientos o actividades sobre el terreno que pongan en riesgo a los
habitantes del sector y las áreas colindante.
• Reportar cualquier eventualidad a la Unidad de Gestión del Riesgo o a Bomberos.
Recalcó que la humedad de la ladera y la falta de drenaje de la misma, genera un
escenario de riesgo en el lugar.
Comentó que en el sitio existía una problemática que debía ser resuelta por el municipio
de Manizales, en virtud de lo previsto en las leyes 99 de 1993 y 1523 de 2012, ya que la
función de Corpocaldas era de asesoría.
Afirmó que la zanja colectora existente, que hace parte del área con tratamiento
geotécnico núm. 151, presentaba afectaciones por socavación en varios tramos, debido
a los desprendimientos ocurridos en el talud inferior y algunas dilataciones en el piso del
canal, por donde posiblemente se generan las infiltraciones de las aguas superficiales.
Así:
Dijo que con la visita del 30 de junio de 2022, se observó que la zanja colectora es
utilizada para arrojar desechos de basuras y escombros por los habitantes, lo que
impedía el adecuado funcionamiento. Además, esta no cuenta con un sistema de
conducción final para las aguas superficiales que recoge, ya que las aguas llegan hasta
una caja que cuenta con un tubo que descola directamente en el talud.
2.6. En proveído del 4 de agosto de 202210, el Tribunal negó la vinculación del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Fondo Nacional de Vivienda y de la ERUM,
al considerar que la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados no se
derivaba del Macroproyecto San José.
Asimismo, señaló que las competencias asignadas a los entes territoriales en el presente
caso difieren de aquellas relacionadas con el citado proyecto de renovación urbana.
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2.7. Contra dicha decisión, el municipio de Manizales interpuso recurso de reposición11,
el cual fue resuelto mediante providencia del 16 de septiembre de 202212, en la que se
confirmó la decisión recurrida.
2.8. El 1 de noviembre de 2022, se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento13.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 9 de junio de 2023,
amparó los derechos colectivos invocados. Específicamente, en la parte resolutiva se
dispuso14:
Primero: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el municipio de Manizales y Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Segundo: Declarar prósperas las excepciones de “Inexistencia del nexo causal” e
“Inexistencia de violación a los derechos colectivos por parte de aguas de Manizales S.A.
E.S.P.”, propuestas por la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Tercero: Declarar probadas las excepciones propuestas por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, de “Ausencia de transgresión de los derechos colectivos y
cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley a la corporación
autónoma y regional de caldas -CORPOCALDAS-, en atención a su órbita de competencia”,
y la “Falta de competencia por parte de la corporación autónoma y regional de caldas -
CORPOCALDAS-, para la imposición de comparendos ambientales”.
Cuarto: Declarar imprósperas las excepciones de “Falta de competencia del municipio de
Manizales para satisfacer las pretensiones de la presente acción constitucional”;
“Inexistencia de prueba de los hechos que constituyen presunta vulneración de derechos
colectivos”; “Improcedencia de la acción popular para la satisfacción de intereses
individuales”; y la de “Cosa juzgada / agotamiento de jurisdicción”, propuestas por el
municipio de Manizales.
Quinto: Declárase la violación de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; y, la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por parte del municipio de
Manizales.
Sexto: Ordénese la protección de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; y, la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; para lo cual el municipio de
Manizales deberá efectuar las siguientes actuaciones:
Séptimo: La alcaldía de Manizales, en virtud de sus obligaciones en materia de prevención
del riesgo, deberá emprender las actuaciones administrativas y de Policía necesarias para
la salvaguarda del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; y garantizando igualmente que las construcciones, edificaciones y desarrollo
urbanos respeten las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes. concretamente las acciones encaminadas
a establecer si existen ocupaciones ilegales, y construcciones que pongan en riesgo la
ladera; así como, adelantar los procesos policivos necesarios para restablecer el orden
11 Ibidem.
12
Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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jurídico evitando el uso indebido del suelo, y de las aguas lluvia y de escorrentía; medidas
dentro de las cuales está adelantar procesos policivos por ocupación, y los que considere
pertinentes.
Realizar monitoreo constante para garantizar que la zona de ladera en la que se ubica el
inmueble objeto de discusión, ubicado en la calle 31 con carrera 65ª, tenga un adecuado
manejo de ladera, prevención y adopción de las medidas necesarias para controlar la
ocupación de los asentamientos humanos, y garantizar el buen uso del suelo y el adecuado
manejo de aguas de escorrentía y aguas lluvia el indebido uso que ellos hacen del suelo y
de las aguas de escorrentía y aguas lluvia.
Octavo: Para adelantar las anteriores actividades, la entidad tendrá el plazo máximo de seis
(6) meses, a partir de la notificación de esta sentencia.
Noveno: Negar las demás pretensiones de los demandantes.
Décimo: Sin condena en costas
Décimo primero: Ejecutoriada esta providencia Archívense las diligencias previas las
anotaciones respectivas en el Sistema Justicia XXI […].
Los argumentos que expuso el Tribunal para tomar la anterior decisión fueron los
siguientes:
3.1.1. Como primer punto, analizó la excepción de cosa juzgada que fue propuesta por
el municipio de Manizales, respecto de tres procesos, y para ello, trajo a colación el
siguiente cuadro comparativo:
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Advirtió que, en el presente asunto, se discutía la protección de los derechos colectivos
en relación con el predio ubicado en la calle 31 carrera 65ª del barrio Galán, donde se
solicitaban estudios de riesgo del talud, labores de mitigación del riesgo, construcción de
obras de estabilidad, manejo de aguas de escorrentía superficial por medio de zanja
colectora en la corona entre otras acciones.
Asimismo, adujo que, si bien las pretensiones podían llegar a ser similares, en cuanto a
los estudios, mitigación de riesgo y obras de estabilización, en el proceso de la referencia
la controversia se enmarcaba en el manejo de aguas lluvias y de escorrentía. Además,
cada litigio hacía referencia a direcciones y viviendas diferentes, ubicadas en barrios y
carreras diversas.
Sostuvo que no se podía desconocer que en la sentencia proferida en primera instancia
dentro del expediente 17001 23 33 000 2017 00524 00, se resolvió que se debía elaborar
un estudio de microzonificación del riesgo en el barrio Galán en el que se tendrían que
definir alternativas de reubicación en el caso de encontrar viviendas o asentamientos
humanos en zonas de riesgo no mitigable.
De igual forma, en el proceso con número de radicado 17001 23 33 000 2019 00407 00
se le indicó al municipio de Manizales elaborar un análisis en el que se definiera la
situación de amenaza y vulnerabilidad del barrio Asís- Jazmín y si era o no mitigable,
formulando los proyectos necesarios para las obras de infraestructura de ser mitigable o
de reubicación de las viviendas en caso contrario.
Resaltó que, si bien en los citados procesos existían decisiones relacionadas con el barrio
Galán y laderas cercanas, en el proceso de la referencia se solicitaba la intervención de
una vivienda y talud en concreto. Por lo tanto, no existía identidad de partes ni de objeto,
por lo que no había lugar a declarar la prosperidad de la excepción de cosa juzgada.
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3.1.2. Por otro lado, procedió a analizar y enlistar las pruebas obrantes en el plenario con
el fin de evidenciar la existencia de la vulneración de los derechos colectivos invocados.
Posteriormente, identificó las responsabilidades y actuaciones de cada una de las
entidades acusadas, iniciando con el municipio de Manizales.
Adujo que, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 715 de 2001, 1523 de 2012, 9 de
1989 y 388 de 1997, ente otras, la citada entidad territorial es la encargada de prevenir y
atender los desastres ocurridos en el municipio de Manizales, al ser la autoridad
encargada de la implementación de los procesos de gestión del riesgo.
Sostuvo que, del material probatorio se extrajo que la vivienda del demandante que se
ubica en la calle 31 con carrera 65ª, no hace parte del proyecto denominado
Macroproyecto San José. Asimismo, que esta fue modificada, adicionando un piso de
más, lo cual impide verificar el estado real del manejo de aguas tras la vivienda y que el
inmueble se encuentra empotrado en el talud en el cual fueron construidas una serie de
vivienda de forma ilegal y la ladera también, presenta un inadecuado manejo de aguas
lluvias o de escorrentía.
Estableció que, en virtud de lo anterior, era necesaria la intervención del municipio de
Manizales, para que a través de sus competencias brindara las recomendaciones
adecuadas para el manejo de las situaciones consistente en la ocupación sin condiciones
técnicas, manejo de aguas lluvias y de escorrentía; también, que efectuará monitoreos
continuos en el sector, para detectar los factores de inestabilidad del lugar y verificar si
era necesaria la evacuación del lugar.
Indicó que era evidente la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente por parte del municipio, así como el de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes, más cuando Corpocaldas le informó en diferentes ocasiones a la alcaldía
de Manizales sobre la problemática que presentaba el lugar y las recomendaciones que
se generaron con las visitas, sin recibir alguna respuesta por parte de la misma.
Además, señaló que la entidad territorial no evidenció que hubiese actuado con la
finalidad de salvaguardar los derechos colectivos, pues, a pesar de haber verificado que
en la zona había asentamientos humanos ilegales, no se efectuaron acciones para
corroborar el cumplimiento de las normas técnicas.
3.1.3. Frente a la empresa Aguas de Manizales S.A. ESP, afirmó que no se evidenció en
el lugar de las visitas presencia de redes de acueducto y alcantarillado que hayan sido
instaladas, construidas o administradas por dicha empresa.
Resaltó que las actuaciones desplegadas por la compañía habían sido oportunas al
realizar las visitas y emitir los conceptos respectivos. Por lo que no se advertía la
vulneración de los derechos colectivos invocados por su parte. En consecuencia, declaró
fundada la excepción denominada “inexistencia del nexo causal” e “Inexistencia de
violación a los derechos colectivos por parte de aguas de Manizales S.A. ESP”15.
3.1.4. En lo relacionado con la responsabilidad de Corpocaldas, señaló que, de acuerdo
con las Leyes 99 de 1993 y 1523 de 2012, tiene como objeto la ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables y
a su vez, tiene como función la de prestar asesoría, análisis y seguimiento de prevención
y control de desastres en coordinación con las demás autoridades competentes.
15 Folio 43 de la sentencia de primera instancia.
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Resaltó que la autoridad ambiental había actuado de forma diligente, ya que en múltiples
ocasiones dio respuesta a las peticiones del actor, efectuó visitas en el sitio objeto del
litigio y generó recomendaciones técnicas, tanto para el municipio como para los
propietarios del inmueble afectado.
Adujo que, en el proceso, también se evidenció que la ladera no presentaba un riesgo
inminente, que no existían filtraciones diferentes a las ocasionadas por los habitantes.
Por lo tanto, Corpocaldas no vulneró ninguno de los derechos colectivos invocados.
En consecuencia, declaró probadas las excepciones nominadas de “Ausencia de
transgresión de los derechos colectivos y cumplimiento integral y diligente de las
funciones asignadas por la ley a la corporación autónoma y regional de caldas
CORPOCALDAS-, en atención a su órbita de competencia” y la “Falta de competencia
por parte de la corporación autónoma y regional de caldas CORPOCALDAS-, para la
imposición de comparendos ambientales”16.
3.2. Por último, resolvió no condenar en costas, debido a que no obraba prueba sobre su
causación.
IV. El RECURSO DE APELACIÓN
4.1. El demandante17 solicitó que se revisara la decisión de primera instancia en el
sentido de dar órdenes claras y precisas al municipio de Manizales.
Mencionó que en el proceso quedó ampliamente probada la existencia de una amenaza
en la vivienda motivo de la controversia y las aledañas como consecuencia de la falta de
control, cuidado y administración de las entidades accionadas; en primer lugar, por
permitir asentamientos ilegales y segundo la falta de mantenimiento, manejo y prevención
que se debe tener frente al talud ubicado en la parte trasera del inmueble.
Aseguró que existe la problemática de asentamiento subnormal e ilegal de personas
encima de la ladera afectada, el cual no cuenta con un sistema de alcantarillado y
acueducto, ello como consecuencia de la falta de vigilancia y control por parte del
municipio de Manizales.
Resaltó que el Ingeniero John Jairo Chisco Leguizamón, Subdirector de Infraestructura
Ambiental de Corpocaldas, en la audiencia de pruebas del 14 de febrero de 2023,
estableció con claridad cual era la afectación del sector, la cual también fue precisada
con la demanda; veamos:
• Talud pegado de la casa.
• Zanja sobre el Talud que vierte sobre la vivienda del suscrito.
• Viviendas de carácter informal (invasiones) sobre el talud, sin red de acueducto y
alcantarillado con descole continuo que abre paso a una fuga, incrementando el riesgo de
deslizamiento; control que debe ser ejercido por el Municipio de Manizales.
• Posible incremento de saturación de los terrenos.
• Conexiones indebidas y antitécnicas por parte de los invasores ubicados en la parte
posterior de la ladera.
• Existe una condición de riesgo para las viviendas colindantes, riesgo que no solo es
atribuible a la vivienda objeto del accionante sino a las viviendas del sector.
• La afectación continua latente, las condiciones identificadas en el Talud permanecen a
fecha del 13 de febrero de 2023.
16 Folio 46 de la sentencia de primera instancia.
17 Visible a índice 257 ibidem.
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• Copias de los conceptos y requerimientos han sido enviados a la Secretaría de Obras
Públicas y Gestión del Riesgo.
Destacó que, en el proceso, además de lo anterior, también quedó probado la existencia
de un talud que por años viene recibiendo aguas lluvias y servidas, lo que generó un
proceso erosivo que requiere intervención, tal como lo enunció Corpocaldas, entidad que
propuso la siguiente solución:
[…] • Conformación y perfilado manual del talud.
• Apuntillamiento del talud a base de anclajes tipo pasivo, generando un reforzamiento del
mismo.
• Manejo de aguas de escorrentía superficial por medio de zanja colectoras en la corona,
base y canal de bajada; de tal forma que intercepte la escorrentía superficial antes que se
precipite por el talud, evitando la generación de procesos erosivos y las patologías
asociadas a humedades en muros.
• Cobertura vegetal (empradizado) de la cara del talud.
• Por parte del propietario de la vivienda en mención, con respecto a los problemas que
afectan los muros de la vivienda en el primer piso y teniendo en cuenta que este tipo de
problemáticas se presentan con ocasión de que los muros se encuentren en contacto
directo con el terreno y por lo tanto, la humedad de éste y la infiltración de aguas de
escorrentía se trasfiera a los muros, generando afloramientos de agua. Una medida que
resulta efectiva en este tipo de casos es la construcción de un filtro en la base de los
muros, en geotextil, material filtrante (piedra) y tubería Novafort de 100 mm sin tela, luego
conducir las aguas captadas a una caja de inspección y posteriormente, en tubería PVC
al alcantarillado más cercano que hay en el lugar.
• Finalmente, aislar los muros del terreno aledaño para lo cual, se sugiere la instalación
de un plástico entre el terreno y el muro y la aplicación de morteros impermeabilizados
que controlen el paso de la humedad al interior de los muros. Lo anterior implica la
realización de excavaciones en la base de los muros afectados, para poder ejecutar este
tipo de trabajos. […]
Expuso que, en la parte superior de la edificación se encontraba una zanja colectora
ubicada en la corona del talud, la cual se rebosa obstrucción o falta de mantenimiento,
asunto que se agrava con la temporada invernal y que empeora con las construcciones
subnormales e ilegales.
Informó que el municipio de Manizales, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo,
mediante oficio UGR 1673 del 5 de julio de 2022 incluyó el predio objeto de la acción
popular dentro del inventario de necesidades de obras tendientes a mitigar el riesgo,
consistente en la construcción de una estructura de contención tipo pantalla con anclajes
pasivos. Asimismo, manifestó que las actividades ordenadas en la medida cautelar y el
mantenimiento establecido en el Oficio UGR 2642-2022 fueron insuficientes.
Puso de presente que resultaba desafortunado para los intereses colectivos y en aras de
la seguridad y mitigación del riesgo de los vecinos del barrio Galán, circundantes a la
casa núm. 65ª, la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Caldas, pues a pesar
de declarar la violación de los derechos colectivos invocados, el fallo fue “corto” frente a
la problemática del sector y en “abstracto”, ya que no adoptó medidas claras respecto a
la necesidad de intervenir el talud, tal como lo hizo Corpocaldas en sus informes.
Advirtió que el Ministerio Público en sus alegatos, puso de presente que era necesario
que se ejecutaran obras y medidas para evitar riesgos en el talud. Recalcó que con la
decisión del juez de primera instancia “deja en la orfandad los derechos colectivos
invocados y se condena a esta comunidad a la desprotección”18.
18 Folio 9 del recurso de apelación.
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V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante auto del 4 de octubre de 2023, el despacho sustanciador ordenó admitir el
recurso de apelación y ordenó prescindir del traslado para alegar de conclusión19.
5.2. En escrito del 11 de octubre de 202320, el municipio de Manizales presentó alegatos
de conclusión en los que indicó:
Solicitó que se confirmara en su integridad la sentencia de primera instancia, pues se
trata de una decisión que respeta las competencias de la entidad y evita erogaciones
innecesarias del tesoro público. Además, con el Macroproyecto San José que se
encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se entienden
satisfechas las pretensiones.
Aseguró que en el trámite del proceso quedó demostrado que las actividades de
construcción del demandante provocaban la inestabilidad, por lo que no era posible
utilizar su propia culpa para exigir que el estado invierta recursos en un beneficio
particular. Además,
5.3. El 9 de septiembre de 202521, el actor solicitó impulso procesal.
5.4. En proveído del 13 de enero de 202622, se resolvió la anterior petición.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia,
de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.
6.2. Planteamiento
De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, la Sala advierte que la
controversia se centra en atacar la orden impuesta por el Juez de primera instancia,
debido a que considera que las medidas tomadas no son suficientes para evitar que el
talud siga presentando afectaciones y que la vivienda motivo del medio de control deje
de estar en riesgo. Mientras que para el Tribunal la implementación de actuaciones
administrativas, de policía y monitoreo por parte del municipio de Manizales son
suficientes para mitigar el daño.
6.3. Análisis de la Sala
19 Visible a índice 4 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
20 Visible a índice 12 ibidem.
21 Visible a índice 21 ibidem.
22 Visible a índice 24 ibidem.
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Así las cosas, la Sala tendrá que determinar si las órdenes impuestas por el Tribunal
Administrativo de Caldas son suficientes para proteger los derechos colectivos invocados
y mitigar la afectación ocasionada por el municipio de Manizales en el talud que se
encuentra en el barrio Galán detrás de la casa núm. 65ª.
6.3.1. Previo a resolver el anterior cuestionamiento es necesario establecer cuál es la
problemática que se busca proteger y para ello, se traerá a colación el material probatorio
recaudado en el plenario, que permite evidenciar las diferentes afectaciones que se
presentan en la vivienda que motiva el litigio:
a) Respuesta núm. 2022-IE-00009494 del 23 de abril de 2022, emitida por Corpocaldas
al demandante, en la cual se indicó lo siguiente: 23
[…] 5. Informe detallado de las condiciones encontradas, acciones y plazo a ejecutar
dentro las problemáticas antes descritas.
Respuesta: El día 18 de abril del presente año, personal de la Subdirección de
Infraestructura Ambiental, se dirigió al sitio para verificar la situación actual de la
problemática.
En la visita realizada, NO fue posible observar el estado del talud posterior de la vivienda,
ya que, en relación a la visita realizada en el año 2018, el inmueble cuenta con un nuevo
piso (tercero) que impide visualizar las condiciones del terreno. De lo anterior, se
desconoce si los propietarios tramitaron debidamente las licencias de construcción frente
a una de las dos curadurías urbanas que operan en el municipio de Manizales, para
adelantar dichas adecuaciones.
(…)
En lo que se pudo evidenciar en el recorrido realizado por la zona, el talud cuenta con una
altura y pendiente considerable, y permanece protegido por cobertura vegetal, lo que
posiblemente, ha permitido que hasta la fecha, no se hayan presentado desprendimientos
de tierra que afecten la vivienda.
Los muros de la vivienda siguen viéndose afectados por problemas de humedad,
posiblemente, asociados al contacto cercano de los muros con el talud. Adicionalmente,
sobre la base del talud, NO existen obras de captación y conducción de las aguas que
escurren por el mismo, que sean llevadas hasta un punto de entrega. En la corona del
talud, existe una zanja colectora que hace parte de la ATG (Área con Tratamiento
Geotécnico) No. 151, la cual recoge una parte de las aguas de escorrentía provenientes
de la parte alta de la ladera, lo que beneficia a las viviendas ubicadas en la parte baja del
talud, ya que el aporte de las aguas en este punto puede ser reducido.
Teniendo en cuenta que las condiciones de la zona son casi identificas a las encontradas
en la visita que sirvió de base para el informe técnico generado en el año 2018, se
mantienen algunas de las recomendaciones dadas en el informe 2018-IE- 00014393 y
otras adicionales, las cuales se relacionan a continuación:
23 Visible a folio 49 del documento denominado “042ContestaciónCorpocalda.pdf” del expediente digital
que reposa en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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• En las zonas donde el espacio entre la vivienda y el talud lo permita, se recomienda
la conformación y perfilado manual del mismo. Esto, acompañado de un
apuntillamiento (anclajes pasivos) de 6 metros de profundidad, generando así un
reforzamiento del talud.
• Manejo de aguas de escorrentía superficial por medio de zanja colectora en la
base y canal de bajada que conecte la zanja colectora existente en la corona con
la que se construya.
• Cobertura vegetal (empradizado) de la zona intervenida.
• Es importante realizar un monitoreo continuo en el sector, con el fin de detectar
factores de inestabilidad como agrietamientos, deslizamientos o actividades sobre
el terreno que pongan en riesgo a los habitantes del sector y las áreas colindantes.
Reportar cualquier eventualidad a la Unidad de Gestión del Riesgo o a Bomberos.
[…]
b) Informe técnico “Visita técnica acción popular barrio Bajo Galán” del 1 de julio de 2022,
elaborado por la empresa Aguas de Manizales S.A. ESP24:
[…] Se realizó visita técnica a la vivienda objeto de la demanda, mediante la cual se
observó humedad a un costado del predio sin escorrentía, el cual está asociado a niveles
freáticos y/o escorrentía del terreno, así como deficiencias en el manejo de aguas lluvias
tanto de la cubierta del inmueble como de la ladera adyacente al predio, lo cual no es
responsabilidad de la empresa Aguas de Manizales S.A E.S.P.
(…)
Mediante la visita técnica la usuaria argumentó que la filtración de agua solo se presenta
e ingresa a la vivienda en el momento de episodios de lluvia. Durante la visita no se
observa ningún tipo de flujo constante, no se evidenció filtración, por cuanto solo se
presenta en el momento de precipitaciones. Sin embargo, se verificó tal como se dio
respuesta a radicado fechado del día 28 de marzo del presente año, que en la ladera
existe una canal de recolección de aguas lluvias y/o de escorrentía, la cual presenta fallos
en el funcionamiento y estructura de la misma, debido a que el predio del demandante
construyó sobre el descole de esta infraestructura.
(…)
En cuanto a lo que el demandante manifiesta del asentamiento en la parte alta de la
ladera, se verificó que efectivamente allí se encuentra un asentamiento subnormal,
viviendas a las cuales la empresa no les presta el servicio de acueducto ni de
alcantarillado. Es de resaltar que en esa zona no existen redes de alcantarillado
administradas por la Empresa Aguas de Manizales S.A E.S.P. tal como se manifiesta
anteriormente. […]
24 Visible a folio 36 del documento denominado “029ContestacionAguasManizales.pdf” del expediente
digital que reposa en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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c) Respuesta requerimiento de información núm. UGR 0327-2023 GED 10384-2023 del
13 de febrero de 2023, emitido por la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales 25, en
la cual se señaló:
[…] 4. Si dentro de los ejercicios de priorización técnica de sitios críticos que requieren de
algún tipo de intervención, el sitio objeto de esta acción popular ha sido priorizado por la
entidad territorial, para ser intervenido con obras de estabilidad de taludes.
RESPUESTA:
Tal como se informó anteriormente, el sitio objeto de discusión, ha sido objeto de revisión
ocular por parte de personal técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo - UGR e incluido
en el inventario de necesidades de obras tendientes a la mitigación del riesgo, para ser
ejecutado conforme a la disponibilidad presupuestal y orden de prioridades con que se
cuente para tal fin, es decir, si ha sido objeto de los ejercicios de priorización técnica.
5. Certificación en la que se indique si a la fecha esa oficina ha emprendido las
recomendaciones técnicas que ha dado Corpocaldas para solucionar los problemas de
inestabilidad de la ladera donde se ubica la vivienda de la señora Molina Loaiza en el
Barrio Galán."
RESPUESTA:
Desde la Unidad de Gestión del Riesgo, se han acogido las recomendaciones emitidas
por Corpocaldas para la priorización y viabilidad de la ejecución de la obra de estabilidad
en la calle 31 Carrera 65ª (Cs 165 Según SIG) barrio Galán, entre las cuales se destaca:
(…)
Así las cosas, desde la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaria de obras públicas se
realizó visita de inspección visual en la ladera ubicada en las coordenadas geográficas
5°04'35.0″N 75°30'45.2"W, Calle 31 Carrera 9, barrio Galán, con el fin de viabilizar la
construcción de la obra de estabilidad recomendada por Corpocaldas, no obstante, en el
sitio se evidencia que las viviendas sobre la Calle 31, están muy próxima al talud, es decir,
no se cuenta con un espacio suficiente entre las viviendas y el talud que permita la
intervención y/o construcción de la obra de estabilidad (anclajes pasivos) y manejo de las
aguas lluvias (zanja colectora y canal de bajada), estas últimas principalmente por no
tener un espacio por donde se entreguen las aguas colectadas, ya que estas escurren
hacia la zona donde se ubica la vivienda del señor Julián Andrés Molina Loaiza.
Finalmente, se procedió a evaluar la posibilidad de intervención directa de la zanja
colectora de coronación, no obstante, por la cercanía de las viviendas al talud, no se tiene
el espacio para la entrega de las aguas lluvias colectadas. Así mismo, en el sitio se
evidencian asentamientos informales sobre la estructura que se pueden ver directamente
afectados con la intervención de la zanja colectora de coronación existente.
En ese orden, de la revisión de la documentación aportada se advierte que, en el sector
del barrio Galán donde se ubica la casa núm. 65 A, se presentan diversas situaciones
asociadas a la ladera localizada en la parte posterior de dicho inmueble, la cual, debido
a la ausencia de obras de captación y conducción en la base del terreno, ha venido
generando problemas de humedad en el primer piso e inestabilidad en el talud.
Asimismo, en la corona del talud existe una zanja colectora en mal estado, la cual hace
parte de un área de tratamiento geotécnico. De igual forma, se identificó un canal de
recolección que también presenta fallas y que, durante la temporada de lluvias, colapsa,
permitiendo infiltraciones en la ladera que se encuentra ubicada en el barrio Galán, la
25 Visible en el documento denominado “072RespuestaRequerimeintomunicipiodeManizales.pdf” del
expediente digital que reposa en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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cual no solo afecta a la casa núm. 65 A, sino a la población aledaña al sector objeto de
la acción popular.
Ahora, de la documentación aportada al proceso, concretamente en la “Visita técnica
acción popular barrio Bajo Galán del 1 de julio de 2022 de Aguas de Manizales S.A.
E.S.P” y la “Respuesta requerimiento de información núm. UGR-0327-2023-GED10384-
2023 del 13 de febrero de 2023 de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales”, la Sala
observa que algunas de las situaciones de riesgo se originan en los inmuebles, tales
como: las deficiencias en las cubiertas y las construcciones sobre el descole de la ladera,
entre otras. Situaciones que evidencian que el riesgo también tiene asidero en predios
privados. Dichas inconsistencias generadoras de riesgo, previa la constatación técnica,
deben ser corregidas por los propietarios de los inmuebles mientras que el municipio en
ese aspecto debe encargarse de vigilar que aquellas adecuaciones y requerimientos
sean realmente efectuadas.
6.3.2. Antes de descender al análisis del caso en concreto, se pone de presente que el
artículo 34 de la Ley 472 de 1998, hizo referencia a las órdenes que debe adoptar el juez
popular para hacer cesar la afectación. Se destaca:
[…] Artículo 34. Sentencia. (…) La sentencia que acoja las pretensiones del demandante
de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al
pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor
de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho
o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer
definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el
interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las
acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante.
La condena al pago de los perjuicios se hará "in genere" y se liquidará en el incidente
previsto en el artículo 307 del C.P.C.; en tanto, se les dará cumplimiento a las órdenes y
demás condenas. Al término del incidente se adicionará la sentencia con la determinación
de la correspondiente condena incluyéndose la del incentivo adicional en favor del actor.
En caso de daño a los recursos naturales el juez procurará asegurar la restauración del
área afectada destinando para ello una parte de la indemnización.
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus
determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y
posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia
para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con
las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité
para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del
juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo,
el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto
del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que
sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […].
(Subraya la Sala)
Esta Sección, en sentencia del 20 de noviembre de 2020, se pronunció sobre los fallos
condenatorios proferidos en el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos, precisando que están compuestos por dos elementos que son: la decisión de
amparo y la orden especifica. En relación con esto último, se señaló:
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[…] 53. Como se puede observar, el fallo condenatorio de la acción popular contiene dos
elementos determinantes: la decisión de amparo y la orden específica. En cuanto al segundo
componente, cabe destacar cuatro aspectos establecidos por el legislador que llaman la
atención de la Sala por estar relacionados con el caso concreto.
54. En primer lugar, el artículo 34 es claro en indicar que las medidas judiciales serán precisas
y contendrán un término prudencial para efectos de su cumplimiento. Esto quiere decir que
el juez tendrá la obligación de determinar los elementos de tiempo, modo y lugar que la parte
vencida acatará, a través de un lenguaje claro y puntual.
55. En segundo lugar, no se puede olvidar que el propósito de las órdenes (de hacer y de no
hacer) es el restablecimiento de los derechos colectivos y, de ser posible, la restitución de
las cosas al estado anterior de la vulneración probada. Aunado a ello, cuando se acredite el
daño a los recursos naturales, el objeto de la medida será la restauración del área afectada.
56. En tercer lugar, las órdenes judiciales respetarán las competencias de las entidades
condenadas, así como los deberes de los particulares que integren el extremo pasivo. Sin
embargo, el juez podrá promover la colaboración armónica de otras autoridades en el
cumplimiento del fallo, si estas cuentan con funciones coligadas o afines al amparo del
derecho conculcado o amenazado, para lo cual, incluso, podrá utilizar el mecanismo del
exhorto cuando tales autoridades no han sido vinculadas formalmente al proceso.
57. Por último, la estrategia de amparo debe mantener cierto grado de flexibilidad técnica
para que la obligación de hacer o no hacer pueda adecuarse a las dinámicas cambiantes de
la realidad social, en la medida en que «el juez conservará la competencia para tomar las
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia», durante el plazo prudencial
establecido para su materialización. Ello significa que, durante el término de cumplimiento de
la sentencia, la autoridad judicial podrá adoptar estrategias accesorias enfocadas a verificar
el uso y goce efectivo del derecho conculcado, dado que el propósito de la condena es el
restablecimiento en sí mismo. […]26
Teniendo claro lo anterior, la Sala traerá a colación las órdenes atribuidas por el Tribunal
Administrativo de Caldas en los numerales sexto, séptimo y octavo del fallo apelado con
la finalidad de definir si las mismas fueron suficientes para restablecer los derechos
colectivos vulnerados; veamos:
[…] Sexto: Ordénese la protección de los derechos colectivos a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente; y, la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; para lo cual el municipio de
Manizales deberá efectuar las siguientes actuaciones:
Séptimo: La alcaldía de Manizales, en virtud de sus obligaciones en materia de prevención
del riesgo, deberá emprender las actuaciones administrativas y de Policía necesarias para
la salvaguarda del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; y garantizando igualmente que las construcciones, edificaciones y desarrollo
urbanos respeten las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes. concretamente las acciones encaminadas
a establecer si existen ocupaciones ilegales, y construcciones que pongan en riesgo la
ladera; así como, adelantar los procesos policivos necesarios para restablecer el orden
jurídico evitando el uso indebido del suelo, y de las aguas lluvia y de escorrentía; medidas
dentro de las cuales está adelantar procesos policivos por ocupación, y los que considere
pertinentes.
Realizar monitoreo constante para garantizar que la zona de ladera en la que se ubica el
inmueble objeto de discusión, ubicado en la calle 31 con carrera 65ª, tenga un adecuado
26 Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm. 63001 23 33
000 2019 00024 01.
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manejo de ladera, prevención y adopción de las medidas necesarias para controlar la
ocupación de los asentamientos humanos, y garantizar el buen uso del suelo y el adecuado
manejo de aguas de escorrentía y aguas lluvia el indebido uso que ellos hacen del suelo y
de las aguas de escorrentía y aguas lluvia.
Octavo: Para adelantar las anteriores actividades, la entidad tendrá el plazo máximo de seis
(6) meses, a partir de la notificación de esta sentencia. […]
Dado que la orden especifica debe ser clara y precisa en cuanto a los aspectos de tiempo,
modo y lugar de su ejecución y a su vez, debe estar orientada al restablecimiento efectivo
de los derechos colectivos afectados.
Al leer lo establecido por el Tribunal Administrativo de Caldas, la Sala advierte que le
asiste razón al recurrente cuando afirma que la orden quedó corta o resulta insuficiente,
pues con la misma no se está haciendo cesar el peligro o la amenaza, debido a que está
encaminada exclusivamente a que el municipio de Manizales emprenda las actuaciones
administrativas y de policía necesarias para salvaguardar los derechos colectivos
vulnerados, sin precisar cuáles son esas medidas que debe adoptar la parte demandada.
Lo mismo sucede con lo relacionado con los monitoreos constantes, pues, si bien se
indica que es para que la ladera en la que se ubica el inmueble objeto de discusión tenga
un adecuado manejo, la autoridad judicial no está adoptando una decisión que solucione
las afectaciones que fueron evidenciadas en el proceso de la referencia, como son las
fallas presentadas en la zanja colectora y el canal de recolección, la falta de conducción
de las aguas lluvias y de escorrentía; al igual que, la presencia de asentamientos ilegales
sobre el talud.
Por consiguiente, la Sala considera procedente modificar los numerales séptimo y octavo
del fallo de primera instancia, en el sentido de ordenarle al municipio de Manizales que
en el marco de sus competencias como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres elaboren un estudio técnico en el que se identifiquen las condiciones
de riesgo o peligro que se presenta en la ladera que se ubica en la parte posterior de la
casa objeto de discusión que se encuentra en la calle 31 con carrera 65ª del barrio Galán
en Manizales y se definan las medidas restaurativas y preventivas que resulten
necesarias para atender aquellas situaciones que en la actualidad representen cualquier
tipo de riesgo de desastre y precaver su ocurrencia, así como identificar aquellas que
sean atribuibles a los propietarios. De la realización de estas últimas, el municipio de
Manizales vigilará que se efectúen. Para el cumplimiento de esta orden se concederá el
plazo de dos (2) meses.
También se ordenará que las medidas que resulten de los estudios se ejecutarán dentro
del mismo término inicialmente previsto por el a quo, esto es, seis (6) meses, contado
desde el día siguiente de la presentación de los informes técnicos, los cuales en todo
caso deberán realizarse dentro del término de los dos (2) meses, antes indicados.
Si por alguna razón sobreviniente y ajena a las gestiones de las entidades destinatarias
de lo aquí dispuesto, no se pudiese cumplir con las órdenes judiciales proferida dentro
del término anteriormente indicado, deberá informarse tal situación al Tribunal
Administrativo de Caldas, para que, en el marco del comité de verificación conformado,
éste determine, de ser procedente, la necesidad de ampliar dicho plazo hasta por seis (6)
meses más.
Igualmente, se dispondrá que de las gestiones realizadas deberán presentarse informes
mensuales al Comité de verificación conformado, para que éste evalúe las medidas
adoptadas por las entidades implicadas.
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Por otra parte, observa la Sala que la Corporación Autónoma Regional de Caldas tiene
conocimiento de la problemática, de acuerdo con el informe de las condiciones
encontradas y las acciones descritas contenidas en la “Respuesta núm. 2022-IE-
00009494 del 23 de abril de 2022”, al punto de haber precisado algunos asuntos técnicos
para enervar las causas, por tanto, se requiere que continúe desarrollando sus funciones,
concretamente las establecidas en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012 en el marco de
la gestión de riesgo, las cuales consisten en apoyar en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción de riesgo, así como la implementación de dichos procesos.
En ese sentido al modificar las órdenes, se integrará este aspecto, para completarla
suficientemente.
6.4. Por último, la Sala pone de presente que, si bien el municipio de Manizales destacó
la existencia del Macroproyecto San José y la posibilidad de que, con su ejecución, se
satisfagan las pretensiones del medio de control, lo cierto es que en primera instancia se
negó la vinculación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidad encargada de
su administración junto con el Fondo Nacional de Vivienda y de la ERUM.
En ese sentido, no fue posible evidenciar, si el inmueble objeto de amparo se encuentra
ubicado dentro de alguna de las zonas beneficiadas por el referido proyecto; ni tampoco
dichas entidades tuvieron la oportunidad de controvertir la afirmación formulada por
Manizales respecto de la eventual responsabilidad que les asistiría respecto del cuidado
y protección del talud que está generando las afectaciones en la vivienda con el problema
de aguas lluvias y de escorrentía.
Ahora, si bien con la contestación el municipio aportó la Resolución núm. 544 del 2 de
agosto de 2017, cuyo artículo 1.327 delimita el área de planificación del Macroproyecto,
no resulta claro para esta Corporación si la vivienda ubicada en la calle 31 #65ª integra
el mismo o por el contrario, sino fue catalogado como un inmueble de riesgo de colapso.
Por lo tanto, no es posible emitir un pronunciamiento al respecto, máxime cuando el
recurso de apelación se centra en cuestionar la suficiencia de las órdenes impartidas por
el Tribunal Administrativo de Caldas, lo que le impide a la Sala abordar aspectos distintos
a los planteados por el recurrente.
6.5. Además, la Sala adicionará a la orden lo relacionado con la integración del comité
de verificación y cumplimiento de la sentencia, de conformidad con el artículo 34 de la
Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia de la Sección, ya que el a quo no estableció su
conformación.
6.5. Finalmente, la Sala confirmará las demás órdenes de amparo, y según lo previsto en
los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y atendiendo
27Artículo 1.3. Delimitación del área de planificación objeto del Macroproyecto. La delimitación
corresponde al área definida en el plano M-02 DELIMITACION DEL MACROPROYECTO, encontrándose
determinada de la siguiente manera:
• Al norte: La quebrada Olivares (sectores norte, nororiente y noroccidente).
• Al sur: La carrera 19.
• Al oriente: La calle 34 en confluencia de la Avenida Gilberto Álzate Avendaño, sector Los
Fundadores.
• Al occidente La Calle 18, Iglesia los Agustinos, Campus de la Universidad de Manizales.
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al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de
agosto de 201928, no se condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su
causación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR los numerales tercero, séptimo y octavo de la parte resolutiva
de la sentencia del 9 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales
quedarán así:
Tercero: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas de “cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la
ley a la corporación autónoma y regional de caldas -CORPOCALDAS-, en atención a su
órbita de competencia”, y la “Falta de competencia por parte de la corporación autónoma y
regional de caldas -CORPOCALDAS-, para la imposición de comparendos ambientales”.
Séptimo: Ordénese al municipio de Manizales que, con el apoyo de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas, en el marco de sus competencias como integrantes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, elaboren un estudio técnico en el
que se identifiquen las condiciones de riesgo o peligro que se presenta en la ladera que se
ubica en la parte posterior de la casa objeto de discusión que se encuentra en la calle 31
con carrera 65ª del barrio Galán en Manizales y se definan las medidas restaurativas y
preventivas que resulten necesarias para atender aquellas situaciones que en la actualidad
representen cualquier tipo de riesgo de desastre y precaver su ocurrencia. Para el
cumplimiento de esta orden se concederá el plazo de dos (2) meses.
Además de las precisiones técnicas requeridas, el estudio deberá establecer:
7.1 Aquellas medidas que deben ejecutar los propietarios en el sitio de la problemática y
establecer cuáles son los mecanismos técnicos por realizar para enervar el riesgo. El
acatamiento de estas medidas estará vigilado por el municipio de Manizales.
7.2 Las medidas que resulten de los estudios a cargo del municipio se ejecutarán dentro
del mismo término inicialmente previsto por el a quo, esto es, seis (6) meses, contado desde
el día siguiente de la presentación del o los informes técnicos, los cuales en todo caso
deberán realizarse dentro del término de los dos (2) meses, antes indicados.
Si por alguna razón sobreviniente y ajena a las gestiones de las entidades destinatarias de
lo aquí dispuesto, no se pudiese cumplir con las órdenes judiciales proferidas dentro del
término anteriormente indicado, deberá informarse tal situación al Tribunal Administrativo
de Caldas, para que, en el marco del comité de verificación conformado, éste determine,
de ser procedente, la necesidad de ampliar dicho plazo hasta por seis (6) meses más.
Igualmente, se dispondrá que deberán presentarse informes mensuales de las gestiones
realizadas al Comité de verificación conformado, para que éste evalúe las medidas
adoptadas por las entidades implicadas.
Octavo: Integrar el comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, el cual estará
conformado por el Tribunal Administrativo de Caldas a través de su magistrado ponente,
28Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia
de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Julián Andrés Molina Loaiza
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros
quien lo presidirá, la parte demandante, el municipio de Manizales, la empresa Aguas de
Manizales S.A. ESP y la Corporación Autónoma Regional de Caldas, esto de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 9 de junio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de
abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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