Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2022-00142-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2022-00142-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 17001-23-33-000-2022-00142-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
31 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)
Demandante UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2017. Registro de
contratos de importación de tecnología. Aportes a seguridad
social. Sanción por inexactitud. Costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas 1, que resolvió lo siguiente:
Primero: Negar las pretensiones de la demanda.
Segundo: Condenar en costas en esta instancia a la demandante UAM y en favor de la
demandada DIAN a título de agencias en derecho, las cuales se fijan en el tres por ciento (3%)
de lo pedido en la demanda.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, liquidar los gastos del proceso, devolver los
remanentes si los hubiere, y archivar el proceso, previas las anotaciones del caso en el
aplicativo SAMAI. (…)
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 14 de abril de 2018, la Universidad Autónoma de Manizales en su condición de
entidad sin ánimo de lucro presentó la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios de 2017, determinado una renta exenta.
El 27 de mayo de 2021, la DIAN emitió el requerimiento especial 2021010040000005
que propuso rechazar costos y liquidó impuesto a cargo, sanción por inexactitud y
determinó salgo a pagar. La universidad dio respuesta el 25 de agosto de 2021.
El 17 de diciembre de 2021, la universidad se acogió al beneficio de reducción
transitoria de sanciones y tasa de intereses previsto en el artículo 45 de la Ley 2155
de 2021, para lo cual, efectuó el pago del impuesto y las sanciones e intereses
reducidos.
El 15 de febrero de 2022, la administración expidió la liquidación oficial de revisión
2022010050000014 desconociendo costos en menor cuantía a los planteados en el
acto previo y reliquidó el impuesto, la sanción por inexactitud y el saldo a pagar. La
Universidad demandó per saltum.
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Samai Tribunal, índice 15.
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Radicado: 17001-23-33-000-2022-00142-01 (28829)
Demandante: Universidad Autónoma de Manizales
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones 2:
5.1. Se DECLARE la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 2022010050000014 del 15
de febrero de 2022, a través de la cual se modificó la Declaración de Impuesto sobre la Renta y
Complementarios del año gravable 2017 de la Universidad Autónoma de Manizales.
5.2. A título de restablecimiento del derecho, se DECLARE la firmeza de la Declaración Privada del
Impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2017.
5.3. Igualmente, a título de restablecimiento del derecho SE DECLARE que el pago realizado a través
del Recibo Oficial de Pago de Impuestos no. 4910048221867 por valor de $570.544.000
constituye un pago de lo no debido, y SE ORDENE su reintegro a la demandante con los intereses
de que trata los artículos 863 y 863 (sic) del E.T.
5.4. Se condene en costas y agencias en derecho a la Entidad demandada.
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 83, 228,
338 y 363 de la Constitución Política; 23 y 590 del Estatuto Tributario; 137, 138 y
148 de la Ley 1437 de 2011; 140 y 145 de la Ley 1819 de 2016; y 3 del Decreto
1070 del 2013. Sustentó la vulneración de las normas como sigue:
1. Reducción de sanciones bajo la Ley 2155 de 2021
Puso de presente que, bajo el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, se previó una
reducción de sanciones e intereses de mora, previo pago del impuesto, a la cual se
acogió la universidad sin que ello impida continuar con la discusión los actos
administrativos.
2. Calidad de contribuyente de la Universidad en el impuesto sobre la renta
Narró que la universidad es una institución de educación superior y durante 35 años
tuvo la calidad de no contribuyente del impuesto sobre la renta, según disponía el
artículo 23 del Estatuto Tributario 3, de manera que no estaba sujeta al tributo ni a
las reglas de depuración del artículo 26 ibidem. Relató que, solo con el artículo 145
de la Ley 1819 de 2016, las instituciones de educación superior pasaron a ser del
régimen tributario especial y que dicha norma solo empezó a regir desde el 01 de
enero de 2017.
3. Registro de contratos para deducibilidad de gastos en el exterior y
requisitos en el caso concreto
Transcribió los artículos 66 y 67 del Decreto Ley 187 de 1985, 12 de la Decisión 291
de 1991, 1 del Decreto 259 de 1992 y jurisprudencia del Consejo de Estado4 sobre
la obligación de registro de los contratos de importación de tecnología, para advertir
que este requisito fue establecido con la finalidad de deducir los gastos asociados
a estos en el impuesto sobre la renta. Anotó que dicho procedimiento, desde el 24
de febrero de 2014 se efectúa ante la DIAN.
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Calidad que se mantuvo en las Leyes 223 de 1995, 1111 de 2006 y 1430 de 2010.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp.
23344, M.P. Milton Chaves García
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Demandante: Universidad Autónoma de Manizales
Indicó que como la universidad no era contribuyente del impuesto sobre la renta, no
debía calcular renta líquida, de forma que, al suscribir el contrato de asistencia
técnica tampoco estaba obligada a inscribirlo, en tanto no requería que sus gastos
cumplieran con los requisitos de deducibilidad.
Alegó que pretender que, por 2017, la universidad debía registrar un contrato que
venía ejecutando desde 2013, implica una aplicación retroactiva de varias normas
pues la interpretación correcta de la obligación es que solo deben registrarse
contratos suscritos cuando las instituciones de educación superior pasaron a ser
parte del régimen tributario especial, esto es, desde 1 de enero de 2017. Expuso
que únicamente era exigible la retención en la fuente para la deducibilidad del gasto,
la cual se practicó.
4. Desconocimiento del principio de confianza legítima
Conceptualizó el principio de confianza legítima 5, y argumentó que, en este caso,
debe observarse en la medida que: i) por más de 35 años, la universidad fue no
contribuyente, dado que las leyes no cambiaron tal calidad hasta 2016, de forma
que no debía registrar contratos de importación de tecnología para deducir gastos.
ii) la nueva calificación de la institución como contribuyente del régimen tributario
especial no previó mecanismos ni un plazo de tiempo para que adecuara su
comportamiento a las exigencias para deducir gastos. Explicó que la norma dispuso
que el registro de los contratos debía hacerse dentro de los seis meses siguientes
a su suscripción, lo cual, en este caso, ocurrió en 2013, cuando no existía tal
obligación.
Afirmó que la DIAN aplicó retroactivamente la Ley 1819 de 2016 y violó el principio
de confianza legítima al exigirle a la universidad el registro de un contrato cuando a
ello no estaba obligado. Sostuvo que el cambio intempestivo de calificación como
contribuyente defraudó su confianza, al rechazarse la deducción, sin otorgarse un
plazo para realizar el registro.
5. Retenciones en la fuente pagadas a Babson College
Rechazó el desconocimiento de las retenciones asociadas al contrato, ante la
ausencia del registro del contrato, reiterando los argumentos expuestos sobre el
hecho de que no estaba obligado a tal procedimiento.
6. Aportes a seguridad social de trabajadores independientes
Hizo mención al artículo 27 de la ley 1393 de 2010 y al Decreto 1070 de 2013, que
regulan la obligación de verificar los aportes a seguridad social de independientes,
para especificar que esta procede cuando el pago supera un salario mínimo y hay
un contrato de prestación de servicios.
Precisó que los independientes que tienen contratos distintos a la prestación de
servicios personales tienen derecho a calcular la base de cotización de aportes,
restando costos y gastos, deducciones que no pueden ser verificadas por el
contratante pues carece de facultades para determinar que cumplan con los
requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Refirió a la definición de
contrato de servicios personales del artículo 1.2.1.20.3. del Decreto 1625 de 2016
para establecer que, si una persona realiza una actividad con criterio empresarial,
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A partir de las sentencias C-478 de 1998, C-235 de 2009 y C-007 de 2002 de la Corte Constitucional.
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esto es, tiene empleados, incurre en costos y gastos, entre otros, no es necesario
verificar la realización de aportes. Reseñó que los pagos deducidos y rechazados
no se efectuaron por un servicio personal y, en consecuencia, no debía verificar los
aportes a seguridad social, pues dicha obligación no se extiende a cualquier
contratación.
7. Sanción por inexactitud
Manifestó que la sanción era improcedente dado que se configuró una diferencia de
criterios en la medida en que la discusión giró en torno a la interpretación de una
obligación formal.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda 6, con fundamento en lo
siguiente:
A partir de la Decisión Andina 291 de 1991, los Decretos 187 de 1975, 259 de 1992
y 4176 de 2011, el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016, la resolución 000062 de
2014 de la DIAN y la sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 17864, M.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia del Consejo de Estado, aseveró que el registro de
contratos de asistencia técnica es obligatorio desde el 12 de febrero de 1992,
inicialmente ante el Incomex y desde noviembre de 2011 ante la DIAN. En
consecuencia, descartó que la obligación surgiera con la Ley 1819 de 2016, pues
aquella estaba vigente desde el Decreto 187 de 1975 y era conocida por la
universidad.
Reparó en que las retenciones asociadas al contrato no son procedentes, en tanto
siguen la suerte de lo principal, a partir de los artículos 1499 y 1524 del Código Civil.
Con relación al rechazo por no haberse acreditado los pagos a seguridad social por
contratos de prestación de servicios celebrados con personas naturales cuyo pago
mensual superó un salario mínimo legal mensual vigente, con fundamento en los
artículos 108 -parágrafo 2- del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.7. del Decreto 2250 de
2017, aseguró que la universidad no los demostró, así como tampoco probó que
éstos no prestaran servicios personales.
Estimó procedente la sanción por inexactitud dado que, en su calidad de
contribuyente del impuesto sobre la renta desde 2017, la universidad debía cumplir
con la legislación tributaria e incluyó costos no procedentes. Descartó la diferencia
de criterios pues la improcedencia de los costos no deriva de una interpretación
razonable del derecho aplicable. Verificó el cumplimiento de los principios de
lesividad, proporcionalidad y gradualidad, en atención a que el incumplimiento de
obligaciones tributarias erosionó la base del impuesto, se castigó la conducta
reprochable y no hubo aceptación de la sanción.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones 7:
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Reseñó que la demandante tenía la calidad de no contribuyente del impuesto sobre
la renta hasta el 29 de diciembre de 2016 y, desde 2017, adquirió la obligación de
declarar. Dijo que a la universidad le eran aplicables las normas tributarias vigentes
cuando adquirió la calidad de contribuyente y por los hechos ocurridos en ese
momento.
Observó que el contrato con Babson College se suscribió el 11 de noviembre de
2013 y fue objeto de varias enmiendas y prórrogas, en virtud de las cuales se
extendió hasta el 31 de diciembre de 2017. Resaltó que el contrato estaba en
ejecución en 2017 y descartó violaciones a los principios de favorabilidad e
irretroactividad por cuanto se aplicaron las normas vigentes para ese año fiscal.
Afirmó que la demandante no podía desconocer las normas que regulaban el
registro de los contratos de asistencia técnica, las cuales estaban vigentes para
2017 y en forma previa a dicho año, de forma que la obligación del Decreto 187 de
1975 sí le era aplicable a la universidad y, por ende, los pagos realizados en virtud
del contrato no eran deducibles antes la ausencia del registro. Estimó que el registro
del contrato no es una simple formalidad, sino un deber.
Mencionó que en el acto demandado se rechazaron diversos costos por pagos de
honorarios e impuestos y que, no obstante, en la demanda solo se presentaron
reparos frente a los pagos relativos a la «Universidad Babson College» desconocidos
por la falta de acreditación de los aportes a seguridad social. Que, «Por lo expuesto,
esta Sala de Decisión, asumió la resolución del problema jurídico relacionado con la acreditación de
la contribución al sistema general de seguridad social, sólo respecto de los pagos realizados a la
Universidad BABSON COLLEGE».
Transcribió el objeto del contrato para advertir que el mismo consistió en un proyecto
de ecosistema de espíritu empresarial en la ciudad de Manizales, que implicó la
vinculación de personas naturales que prestaron sus servicios personales para la
ejecución del acuerdo. Que, sin embargo, la demandante no acreditó el pago de
aportes a seguridad social, que los artículos 108 del Estatuto Tributario y 9 del
Decreto 3032 de 2013 exigen para deducir pagos a personas naturales
independientes, ni demostró que la acreditación de este requisito no era necesario.
Así, concluyó que el rechazo era procedente.
Estimó acertado imponer la sanción por inexactitud y descartó la diferencia de
criterios pues la universidad incumplió obligaciones legales para acceder a las
deducciones, sin perjuicio de que no existió la irretroactividad alegada.
Negó el reintegro de las sumas pagadas por concepto de sanción, intereses e
impuesto dado que la demanda no prosperó.
Ordenó condenar en costas a la demandante por ser la parte vencida en el proceso,
y en la medida que la demandada intervino mediante apoderado judicial. Fijó las
agencias en derecho en el 3% de las pretensiones, atendiendo lo dispuesto en el
artículo 365 del Código General del Proceso y el literal ii) numeral 1 del artículo 5
del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.
Recurso de apelación
El demandante apeló la decisión de primera instancia 8, con fundamento en lo
siguiente:
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Aceptó que el requisito de registro de los contratos se estableció en el Decreto Ley
187 de 1985; sin embargo, advirtió que este solo debía adelantarse por
contribuyentes del impuesto sobre la renta y que, como suscribió el contrato con
Babson College el 11 de noviembre de 2013, cuando no tenía dicha calidad, no
debía satisfacer ningún requisito en relación con la deducibilidad de pagos
asociados al acuerdo.
Anotó que el tribunal parece aceptar la aplicación retroactiva de la norma, y que la
sentencia apelada no desarrolla en qué momento debió efectuar el registro y desde
cuándo se computaban los seis meses regulados en el artículo 72 de la Ley 1819
de 2016. Al respecto, reiteró que el legislador no estableció un término para registrar
los contratos suscritos antes del 01 de enero de 2017 por entidades que no eran
contribuyentes y que, de aplicarse el término de seis meses, el registro debió
efectuarse antes del 11 de mayo de 2014, lo que implica que una obligación que se
estableció para la universidad desde el 1 de enero de 2017 tendría que haberse
cumplido tres años antes. Agregó que, aun considerando la adición del contrato -que
llevó a su ejecución durante el 2017-, debe tenerse en cuenta que previamente debía
registrarse el acuerdo, lo cual no podía llevarse a cabo.
Cuestionó que la sentencia no se pronunciara sobre el cargo relativo a la
vulneración de la confianza legítima, e insistió en que el tratamiento tributario de no
contribuyentes de las instituciones de educación superior se mantuvo por
aproximadamente 35 años, pues solo se modificó con la Ley 1819 de 2016, y que
ello implicaba que no se le podía exigir el cumplimiento de normas relacionadas con
la deducibilidad de erogaciones. De manera que, hasta el año gravable 2016 la
sociedad no tenía el deber de registrar los contratos de asistencia técnica.
Subrayó que el artículo 145 de la Ley 1819 de 2016 no estableció un período de
transición para efectuar el registro, y en su lugar, realizó un cambio intempestivo,
por lo que solicitó al Consejo de Estado fijar un precedente relativo a que el registro
solo era exigible a contratos suscritos después del año 2016, debiendo bajo la figura
de excepción de inconstitucionalidad inaplicar el inciso 2º del artículo 123 del
Estatuto Tributario.
Adujo que, al aceptar la deducibilidad de los pagos por el contrato, las retenciones
serían admisibles y que estas tenían relación de causalidad con la actividad
meritoria.
Frente al rechazo de la deducción de pagos por no acreditarse los aportes a
seguridad social, cuestionó que el tribunal confundió el problema jurídico del registro
del contrato de asistencia técnica celebrado con Babson College, con el de los
aportes, pues las erogaciones de esta última glosa versan sobre pagos de
honorarios realizados a otros contratistas. Reprochó que la sentencia exigiera
verificar la afiliación y pago de seguridad social de una persona jurídica extranjera
no residente fiscal, frente a un contrato que no le otorga la calidad de contratista,
por lo que adoptó una decisión por fuera del acto enjuiciado.
Insistió en que la verificación del pago de aportes a seguridad social no puede
efectuarse en aquellos contratos en los que la persona puede detraer costos y
gastos, cuya deducibilidad no puede validar el contratante. Acotó que cuando se
incurre en estos y la actividad se desarrolla con criterios empresariales o se
subcontrata, no hay un servicio personal, como en el caso de los pagos rechazados.
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Alegó que la sanción por inexactitud era improcedente, en cuanto se configuró una
diferencia de criterios frente al alcance de una obligación formal, y que la
interpretación de la universidad fue razonable bajo el principio de confianza legítima
y la argumentación sobre la ausencia de un servicio personal.
Se opuso a la condena en costas al considerar que no era aplicable el artículo 365
del Código General del Proceso debido a que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
-modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- regula la condena en costas y supeditó
su procedencia a que se establezca que la demanda carece manifiestamente de
fundamento legal, lo cual no se configura en el caso analizado, pues los argumentos
que sustentan este medio de control son varios y sólidos.
Insistió en que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la suma
pagada en la vía gubernativa constituye un pago de lo no debido y sea devuelta con
los intereses previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario.
Oposición al recurso de apelación
La demandada guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sección resolver los cargos de apelación formulados por la
parte demandante respecto de la sentencia de primera instancia. En particular
corresponde determinar si era procedente: i) el desconocimiento de costos -
honorarios- y retenciones, por la falta de registro del contrato de asistencia técnica
suscrito por la universidad con Babson Global Inc -Babson College, ii) el rechazo de
los costos -honorarios- por no haberse acreditado el pago de aportes a seguridad
social, iii) la sanción por inexactitud y iv) la condena en costas.
2. Registro del contrato de asistencia técnica
El 11 de noviembre de 2013, la Universidad Autónoma de Manizales suscribió un
contrato de asistencia técnica con Babson College, Inc, corporación sin ánimo de
lucro de Massachussets, para la asesoría en la dirección de un proyecto de
ecosistema de espíritu empresarial en Manizales (fls. 137 a 153 dorso Caa). Dicho
acuerdo entró en vigor el 2 de diciembre de 2013 y fue objeto de diversas enmiendas
el 23 de noviembre de 2014 (fls. 154 a 157 Caa), el 28 de noviembre de 2015 (fls.
166 a 167 dorso Caa) y la última que lo prorrogó del 01 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017 y modificó las condiciones financieras del contrato (fls. 174 a 175
dorso Caa).
El acto demandado desconoció los costos registrados por la universidad asociados
al contrato de asistencia técnica a la entidad Babson College, toda vez que, en el
marco de la investigación constató que no se realizó el registro del acuerdo,
requisito para la procedencia de la deducción de los pagos al exterior, en los
términos del artículo 123 del Estatuto Tributario.
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La sentencia de primera instancia consideró que la universidad sí estaba obligada
a registrar el contrato toda vez que el mismo estaba en ejecución en 2017 y, para
esa fecha y en forma previa, regían las normas que exigían el registro del acuerdo,
el cual, estimó que no era una simple formalidad, sino un deber.
En la apelación, el demandante cuestiona que, para la fecha de suscripción del
contrato no era contribuyente del impuesto sobre la renta y, por tanto, no debía
proceder con el registro. Anotó que el tribunal parece aceptar la aplicación
retroactiva de la norma y que la sentencia no desarrolla en qué momento debió
efectuar el registro y desde cuándo se computaban los seis meses regulados en el
artículo 72 de la Ley 1819 de 2016. Reiteró que el legislador no estableció un
término para registrar contratos suscritos antes del 01 de enero de 2017 por
entidades que no eran contribuyentes y que, de aplicarse el término de seis meses,
el registro debió efectuarse antes del 11 de mayo de 2014, lo que implica que una
obligación que se estableció para la universidad desde el 1 de enero de 2017 tendría
que haberse cumplido tres años antes. Agregó que, aun considerando la adición,
debía registrarse primero el contrato, lo cual no podía llevarse a cabo.
Cuestionó que la sentencia no se pronunciara sobre el cargo relativo a la
vulneración de la confianza legítima. Insistió en que el tratamiento de las
instituciones de educación superior se mantuvo durante 35 años pues solo se
modificó con la Ley 1819 de 2016 y que ello implicaba que no se le podía exigir el
cumplimiento de normas relacionadas con la deducibilidad de erogaciones, de forma
que la demandante no estaba obligada a registrar los contratos de asistencia técnica
hasta 2016.
Subrayó que el artículo 145 de la Ley 1819 no estableció un período de transición
para efectuar el registro, y solicitó al Consejo de Estado fijar un precedente relativo
a que el registro solo era exigible a contratos suscritos después del año 2016,
debiendo bajo la figura de excepción de inconstitucionalidad inaplicar el inciso 2º del
artículo 123 del Estatuto Tributario.
Finalmente, adujo que, al aceptar la deducibilidad de los pagos por el contrato, las
retenciones serían admisibles y que estas tenían relación de causalidad con la
actividad meritoria.
Para resolver, se precisa que, la Sección se ha pronunciado sobre el alcance del
requisito previsto en el artículo 123 del Estatuto Tributario, criterio jurisprudencial
vigente que se reitera en esta oportunidad, por lo que no hay lugar a realizar un
juicio de valor de la norma en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, en la
medida que no se advierte una ostensible contradicción entre la disposición de
rango legal y una constitucional, ni esto fue sustentado por el apelante.
Así, se observa que, en la sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 25620, M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, se explicaron las diferencias entre la obligación de
registro de los contratos de importación de tecnología y el derecho a la
deducibilidad, como sigue:
(…) debe precisarse que, si bien la deducibilidad de los gastos derivados de los contratos de
importación de tecnología, patentes y marcas, pende de su debido registro ante el organismo
oficial competente, según dispone el inciso 2 del artículo 123 del Estatuto Tributario, una es la
obligación de registro de ese tipo de contratos y otra el derecho a la deducción que esta otorga.
En efecto, y como bien lo mencionó la DIAN, el registro de los contratos de importación de
tecnología surge del artículo 12 de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
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Demandante: Universidad Autónoma de Manizales
que actualizó el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes, Licencias y Regalías y estableció que, de acuerdo con las respectivas legislaciones
de los países miembros de la CAN, deben registrarse los contratos de importación de
tecnología con la finalidad de que cada uno de esos países evalúe la contribución de esta
mediante la estimación de las utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen la
tecnología o cualquier otra forma de cuantificación de su efecto 9. Adicionalmente, el artículo 13 de esa misma decisión dispuso que los contratos objeto de
registro deben cumplir por lo menos los siguientes requisitos: (i) identificar a las partes con su
nacionalidad y su domicilio, (ii) identificar las modalidades que reviste la transferencia de
tecnología que se importa, (iii) indicar el valor contractual de cada uno de los elementos
involucrados en la transferencia de tecnología y (iv) determinar el plazo de vigencia del
contrato. El procedimiento de registro fue reglamentado en Colombia, como país miembro, por el
Decreto 259 de 1992 que estableció el registro ante el Instituto Colombiano de Comercio
Exterior, Incomex, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, función que fue reasignada a la
DIAN con ocasión del Decreto 4176 de 2011. Posteriormente, el registro y sus características
ha sido regulado, entre otros, a través de las Resoluciones Nro. 062 de 2014 y 8742 de 2023. Es importante advertir en este punto que, pese a que la Decisión 291 actualizó el alcance del
registro en el sentido de no exigir aprobación o autorización del organismo oficial competente
para suscribir el acuerdo, dicha obligación nació desde 1970, a partir del artículo 18 de la
Decisión 24, contentiva del primer régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y
sobre marcas, patentes, licencias y regalías en la CAN. En dicha ocasión, el procedimiento
fue reglamentado por los Decretos 2153 de 1971 y 1900 de 1973. En todo caso, a partir de lo expuesto es evidente que la obligación de registro deviene de un
instrumento supranacional de obligatorio cumplimiento y aplicación prevalente en nuestro
ordenamiento jurídico, tal como lo confirmó la interpretación prejudicial emitida en el curso de
este proceso, y que la misma tiene como finalidad permitir a los países miembros de la CAN
contar con información para evaluar los costos y beneficios generales y la contribución efectiva
de la tecnología importada a sus territorios (…)
En dicho sentido, se precisa que, la regulación de la deducibilidad de los gastos derivados de
contratos de importación de tecnología y su sujeción a la autorización o registro de estos se
introdujo en el ordenamiento colombiano con una norma local, el artículo 67 del Decreto 187
de 1975, en los siguientes términos:
“Articulo 67. La deducción por concepto de regalías u otros beneficios originados en contratos
sobre importación al país de tecnología y sobre patentes y marcas, será procedente siempre
que se demuestre la existencia del contrato y su autorización por parte del organismo oficial
competente, de conformidad con el artículo 18 del Régimen Común de Tratamiento a los
capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías aprobado por la comisión
del Acuerdo de Cartagena y puesto en vigencia mediante el Decreto-ley 1900 de 1972.
No será procedente la deducción de regalías u otros beneficios por concepto de contribuciones
tecnológicas cuando el pago se efectué por una sociedad a su casa matriz en el exterior, o a
otra sociedad que esté subordinada a la misma matriz, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21 del mismo estatuto.”
Posteriormente, dicha disposición quedaría recogida en el artículo 123 del Estatuto Tributario,
que impone la realización del registro de que trata la Decisión 291, dentro de los seis meses
siguientes a la suscripción del contrato o dentro de los tres meses siguientes, si se trata de
una modificación al mismo.
9
Resáltese que el artículo 12 de la Decisión 291 de la CAN impone a cada estado, a través de su respectivo organismo
competente, el deber de llevar un registro y evaluar la contribución efectiva de la tecnología que se importe a su territorio,
sin limitar el alcance de la información a recolectar a residentes en países miembros. Así mismo, este artículo no supone
obligaciones de carácter sinalagmático o tratamientos especiales recíprocos otorgados por los estados a los residentes
de los países miembro, sino que reporta una obligación para los estados en sí mismos, con lo cual el ámbito de aplicación
no se restringe a residentes de los países miembros de la CAN. En este sentido la obligación de registro adoptada en la
legislación colombiana, en cumplimiento del artículo 12, resulta de aplicación general para todos quienes celebren este
tipo de contratos. Así mismo, debe tenerse presente que, como lo menciona la propia Secretaría General de la Comunidad
Andina de Naciones en el Documento SG/di 380 del 11 de marzo de 2002, la Decisión 291 no supone un régimen
intracomunitario de inversiones aplicable únicamente a los países miembros y sus residentes, sino que dicha decisión es
una de las tres normas comunitarias que tienen relación con el tema, cuya aplicación depende de lo dispuesto o acogido
en las legislaciones nacionales.
9
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Como se observa, si bien la deducibilidad de los gastos depende del registro del contrato, en
la medida en que el último es requisito de la primera, ambos tienen orígenes y finalidades
distintas. Ciertamente, como se evidenció previamente, históricamente surgen primero, a
comienzos de la década de los setenta, en el nivel comunitario supranacional y el
reglamentario interno, las normas que regularon el procedimiento registral de los contratos de
importación de tecnología y, solo hasta 1975, se supedita la deducibilidad de los gastos
originados en este tipo de contratos al registro de los mismos.
Así mismo, mientras que el registro de los contratos fue creado con fines de control y
estadísticos a efectos de verificar la contribución efectiva de la tecnología importada en los
países miembros de la CAN, las deducciones y sus requisitos, particularmente en el impuesto
sobre la renta, buscan determinar la verdadera capacidad contributiva de los sujetos pasivos
y la realización de los principios constitucionales tributarios. En línea con lo anterior, la
imposición por parte del legislador de requisitos para acceder a las deducciones persigue
objetivos de control a la labor fiscalizadora de la Administración, lo cual refuerza el hecho de
que pese a que el registro del contrato y el derecho a la deducción están interrelacionados,
son, por una parte, una obligación y, por otra, un derecho, ambos con contenido y alcance
diferente.
Como se advierte, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la
obligación de registro de los contratos de importación de tecnología es distinta al
derecho a la deducibilidad de los pagos derivados de estos, pese a su interrelación,
por cuanto el primero surge de la Decisión 291 de la CAN que impuso la obligación
de registro a efectos de evaluar los costos y beneficios generales y la contribución
efectiva de la tecnología importada a los territorios de los estados miembros de la
Comunidad y fue reglamentado con anterioridad a la introducción de la deducción
en 1975. En consecuencia, la obligación de registro del contrato surge con la mera
suscripción de este, y se encuentra prevista en la legislación colombiana desde la
década de los setenta y en la actualidad.
En el caso concreto, como lo indican las partes, antes de la expedición de la Ley
1819 del 29 de diciembre de 2016, las entidades de educación superior, como la
demandante, eran consideradas no contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementario y, posteriormente a la expedición de dicha ley, estas instituciones
fueron reclasificadas como contribuyentes del régimen tributario especial.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, los egresos o costos de las entidades
contribuyentes del régimen tributario especial, les aplican los requisitos, limitaciones
y condiciones previstas en el Título I del Libro Primero del Estatuto Tributario, como
el requisito de registro de los contratos de importación de tecnología dispuesto en
el artículo 123 ibidem, de acuerdo con el artículo 1.2.1.5.1.21 del Decreto 1625 de
201610.
En este proceso, no es un hecho discutido por las partes que el contrato suscrito
entre la universidad y Babson College Inc fue de asistencia técnica (que hace parte de
los contratos de importación de tecnología11), y que la demandante no surtió el proceso de
registro de dicho acuerdo. Así mismo, está probado en el expediente que el contrato
10
ARTÍCULO 1.2.1.5.1.21. El concepto de egreso para los contribuyentes a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este
Decreto comprende los costos y gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable, aplicando las
limitaciones, excepciones de que trata el Título I del Libro Primero del Estatuto Tributario y demás requisi tos y condiciones
allí previstos.
Se exceptúan de lo anterior las limitaciones relacionadas con los tributos pagados en desarrollo de la actividad meritoria
de la entidad.
Cuando se incurra en egresos devengados para el desarrollo de la actividad meritoria, estos serán deducibles sin que
necesariamente se encuentren asociados a la realización de un ingreso. Lo anterior, sin perjuicio de las limitaciones y
excepciones mencionadas.
La ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores no constituye egreso del ejercicio.
(Art. 2, Decreto 2150 de 2017) (…)
11
Resolución DIAN 000062 del 24 de febrero de 2014. Artículo 2, literal d). Reglamentación vigente para la época de los
hechos, modificada por la Resolución DIAN 008742 del 18 de octubre de 2023.
10
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suscrito entre el demandante y Babson College, Inc se suscribió en noviembre de
2013 y fue objeto de diversas prórrogas, la última de ellas entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2017, que corresponde al año gravable objeto de
cuestionamiento.
A partir de lo expuesto, se evidencia que, si bien la demandante ostentaba la
condición de no contribuyente para la fecha de suscripción del contrato, dicho hecho
no incidía en el deber de efectuar el registro del contrato pues, tal como se mencionó
previamente, esta obligación se exige desde los años setenta por la suscripción de
acuerdos de importación de tecnología, siendo una de sus modalidades, la
asistencia técnica.
En efecto, ni las normas reglamentarias de este requisito (Decretos 259 de 1992 y 4176
de 2011), ni la regulación de su procedimiento en la Resolución 000062 de 2014,
establecieron como condición para el registro la calidad de contribuyente del
impuesto sobre la renta del solicitante, siendo suficiente la suscripción del contrato
en modalidad sujeta a registro y que el peticionario estuviese inscrito en el RUT y
domiciliado en el país, con el cumplimiento de los demás requisitos previstos en
dicha norma.
Así, no puede escudarse el demandante en su condición de no contribuyente para
justificar el hecho de que no hubiese registrado el contrato, pues dicho deber es
independiente del derecho a detraer el concepto en cuestión que conlleva
adelantarlo en debida forma. Por ende, el solo hecho de haber suscrito el contrato
implicaba la obligación de registro en cabeza de la demandante. De manera que,
antes y después de la Ley 1819 de 2016 el demandante tenía la obligación de
registrar el contrato de asistencia técnica, y al haberse incumplido con este requisito,
no procede llevar el costo solicitado en el año 2017.
De ahí que no procedan los argumentos del apelante sobre la aplicación retroactiva
de la Ley 1819 de 2016, y que cuestionan la falta de un régimen de transición para
la aplicación del señalado requisito, pues como se ha expuesto, el registro se exige
en la legislación tributaria desde los años setenta y deviene por la sola suscripción
de contratos de importación de tecnología, como el analizado.
Así, como en este caso se encuentra acreditado que la universidad no efectuó el
registro del contrato, no hay lugar a analizar desde cuándo se computaba el término
para que el demandante cumpliera con dicho requisito.
Ahora, frente a la presunta violación de la confianza legítima, esta Sección ha
explicado que 12: «es un principio o valor que se encuentra íntimamente ligado con la buena fe y
su aplicación propende por la protección de las expectativas razonables, ciertas y fundadas que
pueden albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas
situaciones jurídicas de carácter particular y concreto. Dichas expectativas, valga decir, deben
fundarse en hechos o circunstancias objetivas, capaces de propiciar el surgimiento de la confianza,
de manera, que no toda probabilidad puede ser protegida mediante este precepto, pues
necesariamente tendrá que ser una proyección seria, que tenga la fuerza de llevar al administrado a
la convicción de que su situación jurídica es una y no cualquiera otra, en particular, que bajo ciertas
condiciones, se hará acreedor de un derecho o mantendrá uno ya adquirido. »
El demandante sustenta la confianza legitima en el tratamiento tributario de las
instituciones de educación superior como no contribuyentes durante
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de junio de 2021, exp.
24575, M.P. Milton Chaves García.
11
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aproximadamente 35 años, el cual las eximía de cumplir normas relacionadas con
la deducibilidad de erogaciones. Con todo, se reitera que dicha calidad no era óbice
para que no efectuara el registro y, en todo caso, no existía una expectativa
razonable cierta y fundada de que su naturaleza como no contribuyente no pudiese
ser objeto de cambios, sumado a que la obligación de registro del contrato de
importación de tecnología le aplicaba independientemente de que tuviera o no dicha
calidad, como se ha expuesto.
Así, ante la ausencia de registro del contrato, los pagos asociados a este no podían
llevarse como costo, así como tampoco las retenciones practicadas, debido a que
no se cumplieron los requisitos para su procedibilidad, además, como se precisa en
la liquidación oficial de revisión corresponden a impuestos asumidos que no son
deducibles en el impuesto de renta y complementarios, en la medida que el
contribuyente asume un gasto que no le corresponde.
En consecuencia, el cargo no prospera.
3. Pago de aportes a seguridad social
En el requerimiento especial, la administración desconoció honorarios por la suma
de $783.641.253, por cuanto verificó en forma aleatoria, entre enero y junio del
2017, los pagos mensuales a terceros -trabajadores independientes- que excedían un
salario mínimo, encontrando que los aportes a seguridad social no estaban
soportados en las respectivas planillas, como lo exige el parágrafo 2 del artículo 108
del Estatuto Tributario.
En la respuesta al requerimiento especial, la universidad sostuvo que el requisito de
pago de seguridad social solo se exige respecto de los servicios personales que
excedan un salario mínimo, y que en general, los pagos realizados a los terceros no
tenían esa naturaleza, o no excedieron el salario mínimo legal, o se realizaron los
aportes. Para demostrar lo anterior adjuntó cuadros en los que relacionó los pagos
a independientes que no excedieron el salario mínimo, y aquellos respecto de los
cuales se efectuaron aportes, junto con las planillas 13.
En la liquidación oficial, la DIAN insistió en que, para la procedencia de los costos
por honorarios pagados a personas con contrato de prestación de servicios que
superen 1 salario mínimo, deben probarse los pagos a los aportes a seguridad
social, porque el artículo 108 del Estatuto Tributario no distingue la aplicación de
este requisito por la naturaleza del servicio. La administración valoró las pruebas
aportadas en la respuesta al requerimiento, y a partir de estas, aceptó parcialmente
los costos que no superaron el salario mínimo legal mensual vigente y encontró
acreditados con las planillas los aportes efectuados por algunos terceros, con lo cual
la glosa se disminuyó a $676.778.000.
Con la demanda, la universidad insistió en que el rechazo era improcedente toda
vez que los terceros no prestaron un servicio personal, ya que desarrollaron su
actividad con criterio empresarial.
La sentencia de primera instancia mencionó que en el acto demandado se
rechazaron diversos pagos de honorarios e impuestos asumidos y que, no obstante,
solo se presentaron reparos frente a los pagos efectuados a la Universidad Babson
College. Transcribió el objeto del contrato suscrito con Babson College para advertir
que el mismo implicó la vinculación de personas naturales que prestaron sus
13
Fls 599 a 695 Caa Tomo IV.
12
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servicios personales y que la demandante no acreditó el pago de aportes a
seguridad social, para deducir pagos a personas naturales independientes, ni
demostró que la acreditación de este requisito no era necesario. Así, concluyó que
el rechazo era procedente.
En la apelación, el demandante argumentó que el tribunal confundió el problema
jurídico del registro del contrato de asistencia técnica, con el de los aportes, pues
las erogaciones de esta última glosa versan sobre pagos de honorarios realizados
a otros contratistas. Reprochó que la sentencia exigiera verificar la afiliación y pago
de seguridad social de una persona jurídica extranjera no residente fiscal, frente a
un contrato que no le otorga la calidad de contratista, por lo que adoptó una decisión
por fuera del acto enjuiciado.
Insistió en que la verificación del pago de aportes a seguridad social solo se exige
en los servicios personales y no puede efectuarse en aquellos contratos en los que
la persona puede detraer costos y gastos, cuya deducibilidad no puede validar el
contratante. Acotó que cuando se incurre en estos y la actividad se desarrolla con
criterios empresariales o se subcontrata, no hay un servicio personal, como en el
caso de los pagos rechazados.
Precisa la sala que, en efecto, la sentencia de primera instancia confundió los
rechazos planteados en el acto acusado, en la medida en que el desconocimiento
de las deducciones de pagos por la ausencia de acreditación de aportes a seguridad
social operó respecto de terceros, personas naturales, siendo distinta la discusión
frente al contrato suscrito con Babson College y su registro. En ese sentido, la
universidad no estaba obligada a verificar el pago de aportes de personas naturales
vinculadas por la entidad extranjera para el cumplimiento del objeto contractual,
dado que estas no tenían relación con la demandante.
Sin embargo, lo anterior no implica que la universidad haya desvirtuado el rechazo
determinado en el acto acusado, en la medida en que se ha limitado a afirmar que
el pago de aportes a seguridad social solo es exigible en los servicios personales y
no para los terceros que desarrollan sus actividades con criterio empresarial, sin
identificar en qué casos se dio dicha situación, como tampoco aportó nuevas
pruebas que acrediten el pago de los aportes a seguridad social.
Importante considerar que el parágrafo 2 del artículo 108 del Estatuto Tributario,
establece en los pagos realizados a trabajadores independientes, el requisito de
verificar los aportes a la seguridad social, así:
ARTÍCULO 108. LOS APORTES PARAFISCALES SON REQUISITO PARA LA
DEDUCCIÓN DE SALARIOS. (…)
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 27 de la Ley 1393 de 2010. El nuevo
texto es el siguiente:> Para efectos de la deducción por salarios de que trata el presente
artículo se entenderá que tales aportes parafiscales deben efectuarse de acuerdo con lo
establecido en las normas vigentes. Igualmente, para la procedencia de la deducción por
pagos a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de
las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden al contratista según la
ley, de acuerdo con el reglamento que se expida por el Gobierno Nacional. Lo anterior aplicará
igualmente para el cumplimiento de la obligación de retener cuando esta proceda.
Sobre el alcance de esta norma, la Sección 14 ha precisado que, para aminorar la
base gravable del impuesto sobre la renta con pagos efectuados a favor de
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci ón Cuarta. Sentencia del 1 de agosto de 2019, exp.
22518, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
13
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«trabajadores independientes», los contribuyentes que contraten a dichos sujetos deben
verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social
que corresponda efectuar a sus contratistas según la ley. A su vez, aclaró que el
artículo 16 del Decreto 1406 de 199915, establece dentro de las clases de aportantes
al sistema de seguridad social a los trabajadores independientes y los define como
aquellos que no se encuentran vinculados laboralmente a un empleador, mediante
contrato de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria. En ese orden
de ideas, el parágrafo segundo del artículo 108 ibidem, cuando alude a los
trabajadores independientes se refiere aquellas personas naturales que desarrollan
labores en favor de un tercero, sin que exista vínculo laboral.
En este caso, la demandante no desvirtuó que las personas naturales contratadas
no correspondían a trabajadores independientes, esto es, aquellos que no están
vinculados laboralmente. Tampoco acreditó que la universidad tuviere con estas
personas un vínculo de naturaleza mercantil o empresarial, como afirma de manera
reiterada.
A su vez, la Sección advierte que la universidad no controvirtió la valoración que
realizó la administración respecto de las pruebas allegadas en la respuesta al
requerimiento especial, ni aportó nuevos soportes de los aportes a la seguridad
social.
Sobre la carga de la prueba, la jurisprudencia de esta Sección ha explicado que: «la
regla de carga de la prueba, prevista en el artículo 167 del CGP, implica para los sujetos acreedor y
deudor de la relación jurídica–tributaria una autorresponsabilidad para probar los supuestos de hecho
contemplados en las normas cuya aplicación le solicitan a esta judicatura, de modo que tendrán que
soportar las consecuencias de su descuido, inactividad o incluso actividad equivocada en materia
probatoria. Así, en el marco de un sistema en el que la prestación tributaria es autoliquidada por el
obligado, la anterior regla implica que cuando la Administración, acreedora de la prestación,
cuestione la veracidad de los hechos que sirvieron de base a esa determinación privada del tributo,
le corresponde al declarante acreditar con medios de prueba idóneos y fehacientes esos hechos, so
pena de que quede desvirtuada la autoliquidación por efecto de la regla de carga de la prueba.»16
Por ende, ante la ausencia de material que acredite que las personas naturales
contratadas por la universidad no eran trabajadores independientes y ante la falta
de soportes de los aportes a seguridad social, la consecuencia es la confirmación
del rechazo, dada la inactividad probatoria del demandante. En consecuencia, el
cargo no prospera.
4. Sanción por inexactitud
La demandante considera que la sanción era improcedente, en cuanto se configuró
una diferencia de criterios frente al alcance de una obligación formal y que la
interpretación de la universidad fue razonable bajo el principio de confianza legítima
y la argumentación sobre la ausencia de un servicio personal. Al respecto, la
Sección estima que dada la inclusión de costos improcedentes que derivaron en un
menor impuesto al que correspondía, la sanción sí era procedente.
Frente a la diferencia de criterios, la sala17 ha precisado que la procedencia de esta
15
«Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo
91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de
Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian
dicho Sistema y se dictan otras disposiciones».
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 5 de julio de 2025, exp. 29037
y del 26 de septiembre de 2024, exp. 28498, M.P. Wilson Ramos Girón.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 06 de agosto de 2025, exp.
29430 y del 04 de noviembre de 2021, exp. 24754, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14
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causal se supedita a que la interpretación de la norma en la que se subsume el
hecho económico declarado es razonable, es decir, que se encuentra sustentada
en métodos o técnicas de interpretación legalmente aceptables.
Sin embargo, no se advierte una diferencia de criterios, dado que, lo sostenido por
la actora no corresponde a una discusión sobre el alcance de una obligación formal,
sino en realidad, a una errada calificación de los hechos y de las normas aplicables
que la llevó a declarar unos costos sin cumplir los requisitos para que se entiendan
soportados debidamente. En consecuencia, no es dable aceptar la diferencia de
criterios como causal exculpatoria de la sanción. Por lo anterior, la sanción por
inexactitud se confirmará.
5. Costas
El demandante considera que la condena en costas es improcedente al considerar
que no era aplicable el artículo 365 del Código General del Proceso debido a que el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo regula la condena en costas. Precisó que la demanda no carece
manifiestamente de fundamento legal.
Para resolver, sea lo primero precisar que el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo remite
expresamente a las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del
Proceso) para efectos de establecer la liquidación y ejecución de las costas, con lo
cual no es cierto que no sean aplicables las normas propias del procedimiento civil,
como aduce el apelante.
Ahora bien, es importante traer a colación, en lo pertinente, lo expuesto
recientemente por esta Sección, en sentencia del 23 de septiembre de 2025 18, en
donde, de acuerdo con la posición mayoritaria, se modificó la jurisprudencia
respecto de los parámetros para decidir sobre la condena en costas. De
conformidad con dicho pronunciamiento debe imponerse condena en costas cuando
exista una parte vencida en el proceso, como en el presente caso, sin que sea
necesario estudiar si la demanda carece o no de manifiesta carencia legal.
En ese sentido, dado que no están acreditadas las expensas y gastos del proceso,
la Sección condenará en cuanto a las agencias en derecho que se fijan en un (1)
SMMLV en sede de apelación, preservando la condena establecida en la primera
instancia, toda vez que no se discutió su cuantía. Por tanto, se ordenará al tribunal
tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas
en el artículo 366 del Código General del Proceso.
6. Decisión
En consecuencia, no prospera el recurso de apelación y se mantiene la legalidad
de los actos acusados, de manera que, no hay lugar a la pretensión de reintegro del
pago del impuesto, sanciones e intereses realizado en virtud del artículo 45 de la
Ley 2155 de 2021 (beneficio de reducción transitoria de sanciones y tasas de intereses), por lo
que se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
A su vez, se mantiene la condena en costas en primera instancia y se impone en
segunda instancia, conforme lo anteriormente señalado.
18
Exp. 28292, M.P. Wilson Ramos Girón
15
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Demandante: Universidad Autónoma de Manizales
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
2. Condenar en costas al demandante según lo explicado en la parte motiva. En
consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
16
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