Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2022-00181-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de abril de 2026
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Número Interno: 1843-2025
Demandante: Natalia Castaño Gallego
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 17001-23-33-000-2022-00181-01(1843-2025)1
Demandante: Natalia Castaño Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Nulidad de orden administrativa de personal que ordena
el traslado de un miembro de la Policía Nacional
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Primera
de Decisión, el Veintiocho (28) de marzo del Dos Mil Veinticinco (2025), mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar que, se declare la
nulidad de la Orden Administrativa de Personal Núm. 22-058 de Veintisiete (27) de
febrero del Dos Mil Veintidós (2022), a través de la cual, se ordenó su traslado a
otra unidad de la Policía Nacional.
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Expediente electrónico.
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Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf).
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Número Interno: 1843-2025
Demandante: Natalia Castaño Gallego
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada, a reintegrar nuevamente a la
patrullera Natalia Castaño Gallego a la Dirección Seccional de Investigación
Criminal de Manizales, en donde laboraba con anterioridad al traslado.
1.2. Los hechos.
3. En el escrito de demanda3, se precisó que, la señora Natalia Castaño Gallego se
encuentra vinculada a la Policía Nacional desde el Veintiséis (26) de enero de Dos
Mil Quince (2015), y que laboró por un período de dos (2) años y ocho (8) meses en
la ciudad de Bogotá D.C., en la Dirección de Investigación Criminal, tiempo durante
el cual convivió en compañía de su esposo. Señaló que, en el 2018, solicitó el
traslado voluntario para la ciudad de Manizales, situación que fue sustentada en el
Oficio Núm. 2-2018 -093595 del Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Dieciocho
(2018).
4. Expuso que, desde el Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018),
laboró en la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de
Manizales, unidad que depende de la Dirección de Investigación Criminal. Anotó
que, su esposo laboró por un período de ocho (8) años en la ciudad de Bogotá y
que, en aras de estar a su lado, solicitó el traslado para la ciudad de Manizales,
petición que fue acogida hasta el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020).
5. No obstante, mediante la Orden Administrativa de Personal Núm. 0592 del
Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Veintidós (2022), se dispuso el traslado de la
demandante al Grupo de Investigación Judicial – DIPON, en Bogotá. Indicó que,
dicho traslado se originó en la supuesta necesidad de ubicar a otra patrullera en esa
unidad, pese a que la demandante “en ningún momento solicitó o adelantó permuta”
y que la DIJIN y la DIPON cumplen funciones divergentes.
6. Adujo que, mediante el correo electrónico del Cuatro (4) de marzo de Dos Mil
Veintidós (2022), se le comunicó la orden de traslado a la actora, documento en el
que figuró una permuta con la patrullera Sandra Liliana Arias Orrego, a quien
sostuvo no conocer. Agregó que, a través de la orden administrativa en cita, la
señora Castaño Gallego no sólo fue trasladada, sino que también fue desvinculada
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Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf).
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Número Interno: 1843-2025
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de la DIJIN, sin que se le diera a conocer el acto administrativo de desvinculación,
ni los motivos que sustentaron la referida desvinculación, razón por la cual, aseveró
que no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción.
7. Anotó que, en vista de lo ocurrido: (i) elevó una petición al director general de la
Policía Nacional, a efectos de adelantar un “estudio” de la orden administrativa de
traslado; (ii) posteriormente, presentó una nueva petición a través del correo “ditah-
jefa@correo.policia.gov.co”, oportunidad en la cual puso de presente su situación
personal, alegando que, de mantenerse incólume la orden, podría enfrentar
problemas familiares, específicamente, una “posible ruptura matrimonial” derivada
de la falta de apoyo frente al traslado; (iii) más adelante, presentó otro derecho de
petición dirigido al área de talento humano de la DIJIN, a través de la dirección
“ditah.grutr-gd@policia.gov.co”, en la cual insistió en la revisión de la orden de
traslado, invocando situaciones de orden personal, como las complicaciones
económicas que supondría el traslado a la ciudad de Bogotá.
8. Ante la falta de respuesta, manifestó que, elevo dos peticiones más, en virtud de
las cuales amplió en los motivos de inconformidad frente a la orden de traslado.
9. Por último, refirió que, a través del fallo de tutela del Trece (13) de mayo de Dos
Mil Veintidós (2022), proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, se
ampararon transitoriamente sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
vida en condiciones dignas y a la familia y, como consecuencia de lo anterior, se
suspendieron los efectos de la Orden Administrativa de Personal Núm. 22-058 de
Veintisiete (27) de febrero del Dos Mil Veintidós (2022), orden judicial que se
supeditó a que la parte actora adelantara, dentro de los cuatro (4) meses siguientes,
la acción contencioso-administrativa que en derecho correspondiera para
controvertir el acto.
1.3. Concepto de la violación.
10. La demandante alegó que, el acto administrativo enjuiciado viola el preámbulo
y los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 47, 54, 58, 90, 91, 93, 94 y 229 de la Constitución
Política de Colombia; el artículo 3º de la Ley 270 de 1996; los artículos 44, 67 y 74
de la Ley 1437 de 2011; y el artículo 40 del Decreto Ley 1791 de 2000.
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11. Manifestó que, la Orden Administrativa de Personal Núm. 22-058 del Veintisiete
(27) de febrero del Dos Mil Veintidós (2022), adolece de los vicios de falsa
motivación, desviación de poder, infracción de la normativa en la que debía fundarse
y desconocimiento del ius variandi.
12. Al respecto, indicó que, aunque la Policía Nacional goza de la facultad
discrecional para ordenar traslados por necesidad del servicio, tal potestad debe
ejercerse teniendo en cuenta cada caso particular, con el propósito de evitar la
vulneración de derechos fundamentales del destinatario de la medida y de su núcleo
familiar, como lo ha sostenido la Corte Constitucional.
13. Puntualizó que, al momento de ordenar el traslado, la demandada debió analizar
la situación de la señora Castaño Gallego, en orden a identificar la “condición
especial familiar” que presentaba. Frente al ius variandi, insistió en que se trata de
una facultad que no se torna ilimitada y absoluta, puesto que, a la institución le
corresponde justificar la necesidad del servicio, valerse de motivos sustentados,
razonados y proporcionales, y acudir a un análisis concreto sobre la situación del
funcionario. Aseveró que, pese a los requerimientos expuestos, quedó
“ampliamente demostrado (que) la Policía Nacional para el traslado efectuado
simplemente tuvo en cuenta la necesidad del servicio.”
14. Sostuvo que, con la expedición del acto enjuiciado, la entidad desconoció el
debido proceso y el derecho de defensa de la demandante, comoquiera que:
además de la orden de traslado, fue desvinculada de su especialidad; contra la
decisión anterior, no se le dio la oportunidad de interponer los recursos de ley; y, en
adición, manifestó que no fue notificada en debida forma del acto en comento.
1.4. La contestación de la demanda.
15. En el escrito de contestación 4 , la entidad se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, al resaltar que la dinámica institucional exige la reubicación y
distribución del personal de acuerdo con las necesidades del servicio, por lo que,
en su criterio, el acto administrativo demandado se ajusta a la normativa que regula
la materia. Precisó que, todos los miembros de la Policía Nacional, sin distinción
alguna, tienen igual tratamiento en lo que toca a la administración de personal.
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Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 22ED_Expediente_21ContestacionDemand(.pdf) NroActua 26.
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16. Explicó que, el traslado de la demandante obedeció a “movimientos internos
habituales y necesarios para renovar o efectuar los cambios requeridos” en
determinadas unidades, y que los miembros de la Policía conocen, de antemano,
que deben estar dispuestos a trasladarse a cualquier lugar de la geografía nacional,
con el propósito de cumplir con la misión institucional.
17. Indicó que, el traslado se hizo por necesidades del servicio, de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución Núm. 06665 del Veinte (20) de diciembre de Dos Mil
Dieciocho (2018), “por la cual se establecen los lineamientos institucionales para las
destinaciones, traslados y comisiones en la administración pública y entidades
privadas, del personal de la Policía Nacional de Colombia”, y en atención a lo
establecido en el Decreto 1791 de 2000, específicamente en los artículos 40,
numeral 2º, y 42, numeral 3º.
18. Sostuvo que, en el caso de la demandante, no se agotaron los trámites internos
contemplados por la Policía Nacional, comoquiera que, no puso en conocimiento de
la dirección correspondiente la situación personal invocada, circunstancia que
impidió que se hiciera un análisis sobre los hechos que alega. Hizo hincapié en el
procedimiento previsto en el Instructivo 013 DIPON-DITAH del Veinte (20) de mayo
de Dos Mil Trece (2013), contentiva de los criterios de traslado para casos
especiales, con arreglo al cual, se exige elevar una solicitud ante la Dirección de
Investigación Criminal exponiendo el caso, anexar antecedentes que soporten lo
expuesto, e indicar el número de radicado en el GECOP, a efectos de pasar a
estudio por parte del comité de gestión humana y cultura, instancia que se encarga
de destinar un grupo interdisciplinario para realizar la visita domiciliaria, y luego
tomar una decisión -colegiada- para definir la procedencia del traslado o retorno.
19. Llamo la atención en que, una vez notificado el acto cuestionado, la demandante
contaba con el término de diez (10) días para solicitar la derogatoria del traslado,
con sujeción a lo normado en la Resolución Núm. 06665 del Veinte (20) de
diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), mecanismo que -en el caso de autos- no se
agotó.
20. Hizo énfasis en que, el simple cambio de lugar no presupone la vulneración de
garantías fundamentales, como equivocadamente lo sostuvo la actora, habida
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cuenta que, en las unidades de destino, se adoptan todas las medidas orientadas
al bienestar del personal policial.
21. Finalmente, propuso como excepciones las siguientes: (i) presunción de
legalidad del acto acusado; (ii) acto ajustado a la Constitución y a la ley; (iii) y la
genérica.
1.5. La sentencia de primera instancia.
22. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la
sentencia del Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025) 5, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, con condena en costas frente a la
entidad demandada. Al respecto, la parte resolutiva quedó consignada así:
“Primero: Declarar la nulidad parcial de la orden administrativa de personal nro. 22-
058 del 27 de febrero de 2022, únicamente en lo relacionado con la orden de
desvinculación de la Dirección Seccional de Investigación de Manizales y el traslado
de la patrullera Natalia Castaño Gallego.
Segundo: Se declaran imprósperas las excepciones de “presunción de legalidad
del acto acusado” y “acto ajustado a la constitución y a la ley”; propuestas por la
demandante Policía Nacional.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Cuarto: Se condena en costas a la parte demandada, en favor de la demandante a
título de agencias en derecho, las cuales se fijan en un (1) Salario Mínimo Mensual
Legal Vigente (SMMLV), atendiendo lo dispuesto en el literal b del numeral 1 del
artículo 5°del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016.
Quinto: Se ordena a la Policía Nacional que dé cumplimiento a esta sentencia
conforme lo dispone los artículos 192 y 194 del CPACA.
Sexto: Notifíquese conforme lo dispone el artículo 203 del CPACA (…)”
23. En la sentencia apelada, el Tribunal, con base en los elementos de convicción
valorados, consideró que, si bien la Orden Administrativa de Personal Núm. 22-058
de Veintisiete (27) de febrero del Dos Mil Veintidós (2022), corresponde a un acto
proferido en ejercicio de la facultad discrecional de Director de la Policía Nacional,
lo cierto es que, en tanto la demandante conoció de la medida, intentó que se
reconsiderara la decisión por múltiples medios, oportunidades en las cuales puso
de presente la situación económica y familiar que enfrentaría con el traslado y, sin
embargo, no obtuvo respuesta alguna.
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Índice 00030 del expediente del Tribunal de origen.
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24. A juicio del a quo, la demandada no tuvo en cuenta “las condiciones personales
expuestas por la demandante en relación con su traslado; ni las circunstancias que
afectaban a la señora Castaño Gallego, ni su situación familiar, ni su condición
económica en relación con sus obligaciones, el salario devengado y la manutención
de dos viviendas (…)”.
25. Arguyó que, la entidad no logró acreditar la necesidad del buen servicio para
materializar la orden de traslado, esto es, que no pudo demostrar que, por
situaciones de seguridad, orden público, relevos masivos de la Policía Nacional, y
demás circunstancias justificativas, se requiriera el mentado traslado a la DIPON en
Bogotá D.C.
26. Por las razones anotadas, el Tribunal estimó que, la entidad “abusó del ius
variandi” al ejercer su facultad subordinante y trasladar a la patrullera
desconociendo las consecuencias familiares y económicas que el mismo suponía.
Agregó que, por ese mismo motivo, se encontraba igualmente probada la desviación
de poder, al no tenerse en cuenta la situación personal de la demandante,
“generando con dicho acto la ruptura de su núcleo familiar” y “abusando de su poder
discrecional sin criterios claros de razonabilidad y proporcionalidad”.
27. Adujo que, como consecuencia de las causales que advirtió configuradas, se
imponía la declaratoria de nulidad del acto acusado, “solo en lo relacionado con la
orden de desvinculación de la Dirección Seccional de Investigación de Manizales y
el traslado de la patrullera Natalia Castaño Gallego”.
28. Concluyó diciendo que, la nulidad declarada implicaba el restablecimiento
automático del derecho, es decir, que la situación laboral original de la demandante
debía conservarse, “como si el acto no se hubiere proferido”. Por último, aseveró
que no había lugar a declarar la prosperidad de las excepciones invocadas.
1.6. El recurso de apelación.
29. Mediante el memorial radicado el Siete (07) de abril de Dos Mil Veinticinco
(2025), la entidad demandada interpuso el recurso de apelación, en virtud del cual
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solicitó que se revoque el fallo de instancia y, en su lugar, se denieguen las súplicas
de la demanda.6
30. En lo que toca a la falsa motivación, la recurrente explicó que, el acto
demandado carece de motivación, pues el mismo se limitó a disponer el traslado de
la demandante de la DIJIN – Grupo de Análisis y Administración de Información
Criminal a la DIPON – Dirección General, con derecho a prima de instalación. Así
pues, sostuvo que el acto no tiene siquiera una motivación que pueda ser estudiada.
31. Explicó que, contrario a lo argüido por la demandante, la entidad no guardó
silencio frente a sus múltiples peticiones. Por el contrario, dio respuesta a través de
la comunicación oficial Núm. GS-2022-018233-DITAH del Trece (13) de abril del
Dos Mil Veintidós (2022) y la comunicación electrónica Núm. GS-2022-015290-
DITAH del Veintiocho (28) de marzo de la misma anualidad.
32. Aunado a ello, advirtió que, el grupo de talento humano de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol, efectuó un análisis objetivo -y de fondo- de la
inconformidad manifestada por la actora, valoración de la cual se concluyó que la
solicitud no se ajustaba a lo establecido en la Resolución Núm. 06665 del Veinte
(20) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018). En punto a las peticiones del 1º, 4 y
5 de marzo, la recurrente fue enfática en sostener que, las mismas fueron dirigidas
a un correo que no existe en la dependencia encargada, este es, el “ditah-
jefa@correo.policia.gov.co”.
33. Con respecto al “abuso del ius variandi” advertido por el a quo, precisó que la
facultad para trasladar a funcionarios -como ocurrió en el caso- se afincó en
necesidades del buen servicio, sin que la misma pueda considerarse caprichosa o
subjetiva. Con base en distintos antecedentes de la Corte Constitucional, recordó
que, en razón a la naturaleza y finalidad de las funciones que asumen organismos
como la Policía Nacional, éstos gozan de un mayor grado de discrecionalidad para
el ejercicio del ius variandi que, según anotó, no puede convertirse como un límite
infranqueable del cual se derive la pérdida de autonomía para la entidad.
34. Frente a la condena en costas, indicó que la misma no resulta procedente,
comoquiera que la entidad, en aras de proteger los intereses y el patrimonio de la
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Índice 00035 del expediente del Tribunal de origen.
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Nación, ha actuado “de forma diligente y oportuna, en aplicación a (sic) los principios
constitucionales y legales de buena fe, lealtad, celeridad, economía procesal y
transparencia” en el marco del proceso, circunstancia que desdibuja su causación.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.
35. Mediante el auto del Veinte (20) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra el fallo
de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al
despacho para fallo, sin pronunciamiento alguno del Ministerio Público.
II. CONSIDERACIONES
2.1) Competencia.
36. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 8 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2) Problema jurídico.
37. En el presente caso, le corresponde a la Sala determinar, de acuerdo con los
reparos esgrimidos en el recurso de apelación, si: (i) ¿está viciado de nulidad el acto
demandado por las causales de desviación de poder y por infracción de la normativa
superior (por el alegado abuso en el ejercicio del ius variandi) o si, por el contrario,
no se logró desvirtuar la legalidad de éste?; y (ii) ¿hay lugar a revocar o no la
condena en costas que se impuso en el marco de la primera instancia?
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Índice 0004 del expediente que reposa en el Samai.
8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
38. El artículo 218 de la Constitución Política establece que la Policía Nacional es
un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz. El citado precepto constitucional dispone que “la ley determinará
su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.”
39. Ha dicho la Corte Constitucional9 que, los enunciados objetivos en el articulado
superior son de interés público y exigen de la institución que integre su estructura y
desarrolle su actividad sobre la base de una disciplina y un orden interno que
aseguren el desempeño eficaz de la función, por lo cual, no pueden supeditarse a
la consulta con todos y cada uno de sus miembros acerca de la determinación
concreta de las tareas que les atañen, el lugar y modalidades de su cumplimiento.
40. Al respecto, en la sentencia T-165 de 1992, reiterada en la T-355 de 2000, el
Alto Tribunal Constitucional recordó que, la naturaleza misma de la misión confiada
al cuerpo de policía implica el despliegue de su acción a lo largo y ancho del territorio
nacional y, según las circunstancias de cada zona, el desplazamiento de sus
efectivos a los sitios que acusan una mayor necesidad de su presencia. En tal virtud,
se precisó que, “los cambios son frecuentes y de por sí la eficiencia del servicio
reclama que a ellos se atienda de manera inmediata, lo que a su vez repercute en
la necesidad de un sistema de traslados que permita a la institución desarrollar
estrategias y programas de cubrimiento local o regional en la seguridad de que a
las decisiones de los mandos competentes seguirá siempre su concreta ejecución.”
41. Ha de entenderse que, el esquema dentro del cual se producen esos
movimientos de personal no obedece a los mismos criterios que se predican de las
empresas privadas o de otras instituciones del Estado, sino que se enmarca en una
especial sujeción, en la que se requiere un margen de discrecionalidad de quienes
dirigen el cuerpo policial -y una inmediata disponibilidad de su personal-, ajustado a
una orientación razonable y conforme a la finalidad que persigue la función policial.
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Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-165 de 1992, reiterada en la T-355 de 2000.
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42. En relación con el traslado de los miembros de la Policía Nacional, el Decreto
1791 de 2000 - “Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de
Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional” establece,
en su artículo 40, que el traslado corresponde a “el acto de autoridad competente
por el cual se cambia de unidad o dependencia policial, con el fin de desempeñar
un cargo o la prestación de un servicio.” En el artículo en cita se precisa que, contra
el acto administrativo que ordena el traslado, no procede recurso alguno.
43. En lo que toca a la forma de disponer las destinaciones, traslados, comisiones
y encargos, el artículo 42 del Decreto 1791 de 2000 prevé que, las mismas se
efectuarán por: (i) decreto del Gobierno; (ii) resolución ministerial; (iii) orden
administrativa de la dirección general de la Policía Nacional (que cubre las
destinaciones y traslados de oficiales subalternos, del nivel ejecutivo, suboficiales y
agentes); y (iv) por “Orden del Día” de los Comandos de Departamento o de las
Seccionales de la Escuela Nacional de Policía “General Santander”.
44. A través de la Resolución Núm. 06665 del Veinte (20) de diciembre de Dos Mil
Dieciocho (2018), la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional estableció
los lineamientos institucionales para las destinaciones, traslados y comisiones en la
administración pública y entidades privadas del personal -uniformado y no
uniformado- que integra la institución. El artículo 4º ibidem dispuso que, para efectos
de fijar los citados lineamientos, se tendrían en cuenta los siguientes principios: (i)
la necesidad; (ii) transparencia; (iii) publicidad, y (iv) la obligatoriedad, en el sentido
de indicar que los traslados son de imperativo cumplimiento para el personal.
45. Con respecto a los tipos de traslados, el artículo 6º, numeral 2º, en concordancia
con el artículo 15 de la Resolución Núm. 06665 del 2018, dispone que, el traslado
por necesidad del servicio es “el acto de autoridad competente de atención
prioritaria, por el cual se dispone el cambio de unidad o dependencia policial de un
funcionario, para desempeñar un cargo o prestar un servicio, propendiendo
permanentemente por el equilibrio del pie de fuerza de las unidades policiales, que
permitan a la Institución garantizar el cumplimiento de la misión institucional en todo
el territorio nacional.” Valga anotar que, el artículo 7º ibidem enlista los parámetros
a tener en cuenta al momento de efectuarse el trámite de traslado del personal.
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46. El artículo 5º de la Resolución en cita señala que, es el Director General el
competente para ordenar y proponer las destinaciones, traslados, modificaciones,
derogaciones y comisiones del personal de la institución policial. El artículo 7º
ibídem, por su parte, fija los parámetros a tener en cuenta al momento de realizarse
el traslado, entre los que se desatacan los siguientes: (i) los traslados del personal
uniformado y no uniformado no se realizarán a unidades que no se encuentren
creadas dentro de la estructura orgánica de la Policía Nacional; (ii) no se tramitará
ni causará el traslado del personal uniformado que se encuentre suspendido,
separado temporalmente, con excusa total, o en comisión, hasta la verificación de
la notificación del acto que pone fin a la situación administrativa; (iii) los traslados
del personal uniformado y no uniformado sólo se realizarán previa publicación y
notificación del respectivo acto administrativo; y (iv) en los eventos en que la
dirección de talento humano requiera concepto favorable para iniciar el trámite de
traslado, lo solicitará al grupo de talento humano de la unidad nominal del
funcionario, quienes deberán emitir respuesta sobre el caso.
47. Figuras como la del traslado se inscriben en el ejercicio del ius variandi,
considerada como la facultad que tiene un empleador para modificar las condiciones
laborales de un trabajador, ya sea en cuanto al reparto de funciones o el lugar para
desempañar sus labores.10 La jurisprudencia constitucional lo ha descrito como “una
de las manifestaciones del poder subordinante que ejerce el empleador – público o
privado– sobre sus trabajadores”11, y se concreta cuando el primero (empleador)
modifica respecto al segundo (trabajador) la prestación personal del servicio en lo
atinente al lugar, tiempo o modo de trabajo. De acuerdo con la Corte Constitucional,
aunque el ius variandi se extiende al ámbito público y privado, en el primero de ellos
encuentra su fundamento en las facultades constitucionales de las que dispone la
administración para satisfacer el interés general y los fines del Estado.12 Por esta
razón, la administración cuenta con la facultad discrecional para efectuar los
traslados que considere necesarios, sin que se trate de una prerrogativa absoluta.
48. En la sentencia del Dos (2) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019) 13 , la
Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que el ius variandi se trata de un
concepto relativo y restringido, definido como la facultad que tiene el empleador
10
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-136 de 2023.
11
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-682 de 2014.
12
Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-363 de 2022, citando la Sentencia C-096 de 2007.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 2 de octubre
de 2019, M.P. Carmelo Perdomo Cueter, Rad. 05001-23-33-000-2014-00767-01(2227-16).
13
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para modificar las condiciones de trabajo en el curso de la relación laboral, pero que
no es absoluta, en la medida en que, deben consultarse las condiciones particulares
del trabajador, en cuanto a sus necesidades. Sin embargo, aclaró que, dichos
criterios no son aplicables, en estricto sentido, a los miembros de la fuerza pública.
49. En lo concerniente al traslado de funcionarios de la fuerza pública, dada la
naturaleza y funciones de la misma, resulta oportuno precisar que, la administración
tiene un mayor grado de discrecionalidad en el ejercicio del ius variandi, como lo
sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia T-355 de 2000, al exponer que:
“Teniendo en cuenta la delicada misión que se ha confiado a la Policía Nacional, es
comprensible que exista un alto grado de discrecionalidad por parte de los superiores para
realizar los movimientos que se consideren necesarios, máxime teniendo en cuenta la
situación de inseguridad y violencia que se vive actualmente en el país, pues lo contrario
equivaldría a declinar en la labor que se le ha encomendado. No puede pretenderse dar un
trato similar a una persona que trabaja en una empresa del sector privado, o en una actividad
pública que permita mayor flexibilidad, que al miembro del Ejército o de la Policía Nacional
cuyos servicios se requieran -según las necesidades del servicio- en cierto punto del
territorio, pues en estos casos está claramente comprometido el interés público.”
50. A su turno, en la sentencia T-363 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que,
teniendo en cuenta las finalidades del servicio que prestan los miembros de la fuerza
pública, en estos casos la administración tiene un mayor grado de discrecionalidad
en el ejercicio del ius variandi, potestad que no es absoluta e ilimitada, comoquiera
que, las decisiones de traslado de servidores públicos deben ser respetuosas de los
derechos fundamentales de los administrados. En esa medida, la citada
Corporación ha señalado que, “la potestad discrecional de la autoridad nominadora
para ordenar traslados se encuentra limitada, pues esta debe responder a una
necesidad real y objetiva del servicio, y a su vez debe consultar la situación
particular del empleado y de su núcleo familiar, y que la misma no afecte de forma
clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor y su grupo familiar”.14
51. En la reciente sentencia T-001 de 2024, la Corte Constitucional hizo hincapié en
que, al momento de ordenarse un traslado, la entidad nominadora debe tener en
cuenta las necesidades del servicio y las particularidades del núcleo familiar del
empleado(a) para no afectar de manera grave sus derechos. Entre los límites que
enfrenta la administración, se encuentra la unidad familiar, en tanto manifestación
del derecho a tener una familia y a no ser separado de ella.
14
Entre otras, las sentencias T-909 de 2004, T-325 de 2010, T-664 de 2011, T-664 de 2011, T-961 de 2012, T-104 de 2013,
T-682 de 2014 y T-528 de 2017.
14
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52. En línea con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha aclarado
que, aún en el campo de la fuerza pública, las decisiones sobre el traslado de
personal, pese a su amplia discrecionalidad, deben ser respetuosas de los derechos
mínimos del trabajador, en virtud del cumplimiento de las siguientes situaciones: (i)
el empleador debe sustentar su decisión en razones del buen servicio; (ii) el traslado
debe realizarse a un cargo de la misma categoría y con funciones afines, en cuanto
no implique la desmejora de las condiciones laborales; y (iii) han de tenerse en
cuenta las consecuencias que el cambio de sede pudiere implicar de manera grave
sobre aspectos personales del servidor y su entorno familiar, en orden a evitar una
intensa afectación de los derechos suyos y del núcleo familiar15.
2.4. Hechos probados.
53. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio
allegado al proceso, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos:
a) La parte actora 16 aportó el registro civil de matrimonio (con indicativo serial
7463612 y fecha de inscripción del 15 de enero de 2020) que hace constar la unión
conyugal entre la señora Natalia Castaño Gallego y el señor Diego Elkin Aricapa.
b) Asimismo, se aportaron las certificaciones del Seis (6) de marzo de Dos Mil
Veintidós (2022), por medio de la cual, se dejó constancia que el señor Aricapa
Villada presta sus servicios en la Policía Nacional desde el Catorce (14) de enero
de Dos Mil Trece (2013), y que la señora Castaño Gallego se encuentra vinculada
a la referida institución desde el Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Quince (2015),
completando más de siete (7) años, un (1) mes y nueve (9) días.17
c) Obra en el expediente copia del contrato de arrendamiento -de vivienda urbana-
suscrito entre la señora Luisa Fernanda Palacio Gutiérrez, en su calidad de
arrendadora, y Natalia Castaño Gallego, en calidad de arrendataria 18 , de fecha
Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), y cuyo objeto
corresponde al arrendamiento de un inmueble ubicado en el caserío “San Isidro”,
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 2 de octubre
de 2019, M.P. Carmelo Perdomo Cueter, Rad. 05001-23-33-000-2014-00767-01(2227-16).
16
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), pág. 30.
17
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), pág. 31.
18
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), págs. 26 y ss.
15
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vía “La Linda”, de la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. De igual
manera, se aportaron extractos informativos del estado de cuenta frente a un crédito
adquirido por la demandante con el Banco Caja Social19, y otro adquirido con el
Banco de Bogotá 20 , con los cuales, la demandante pretende demostrar las
obligaciones que tiene a cargo en Manizales, y las dificultades que supondría el
traslado a Bogotá.
d) La entidad demandada21 allegó la Orden Administrativa de Personal Núm. 22-
058 de Veintisiete (27) de febrero del Dos Mil Veintidós (2022), en el que se lee,
frente a la orden de traslados (con fecha del 24 de febrero de 2022), que la señora
Natalia Castaño Gallego pasa de la DIJIN – Grupo de Análisis y Administración de
Información Criminal, a la DIPON – Dirección General, con derecho a prima de
instalación.
e) Por su parte, con el Memorando Núm. GS-2022-007310-DIPON del Veinticuatro
(24) de febrero de la misma anualidad, se dejó constancia que, por instrucciones
del Director General, se debía proceder a causar los traslados de las señoras
Sandra Liliana Arias Orrego de la DIPON-SEFRI a la SIJIN-DECAL, y de Natalia
Castaño Gallego de la SIJIN-DECAL a la DIPON-SEFRI-SEGFI.22
f) En el documento sin fecha, titulado “Proceso: procedimientos de personal;
propuesta de traslado No. 0376”, expedido por el director de talento humano y el
jefe del grupo de traslados de la entidad23, se lee que la señora Castaño Gallego,
quien funge como analista criminal, pasa a la unidad DIPON por “necesidades del
servicio: comunicación oficial autoriza GS-2022-007310 DIPON”.
g) Aunado a ello, con el expediente administrativo remitido al proceso, se aportó
copia de la “notificación traslado No. 635” del Cuatro (4) de marzo de Dos Mil
Veintidós (2022).24
h) El Primero (1º) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), la parte actora elevó una
petición, dirigida al Director General de la Policía Nacional, con el asunto “solicitud
estudio caso traslado”25, en la que advirtió que, fue “notificada vía correo electrónico,
19
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), pág. 22.
20
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), pág. 21.
21
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 28ED_Expediente_27AntecedentesAdmini(.pdf) NroActua 26.
22
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 28ED_Expediente_27AntecedentesAdmini(.pdf) NroActua 26, pág. 15.
23
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 28ED_Expediente_27AntecedentesAdmini(.pdf) NroActua 26., pág. 17.
24
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 28ED_Expediente_27AntecedentesAdmini(.pdf) NroActua 26., pág. 18.
25
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), pág. 33.
16
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número 0592, firmada por el subdirector de talento humano” sobre su presentación
personal -de manera inmediata- a la DIPON, circunstancia frente a la cual pidió que
le permitieran exponer su situación económica y asuntos de carácter personal. La
misma solicitud fue presentada ante el subdirector de talento humano en esa fecha.
i) En línea con lo anterior, se observa que, mediante mensajes de datos dirigidos al
correo “ditah-jefa@correo.policia.gov.co”, y a la dirección electrónica “ditah.grutr-
gd@policia.gov.co”, el primero (1º), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de marzo
de dos mil veintidós (2022) 26, la parte demandante expuso sus consideraciones
frente a la orden de traslado a la DIPON -en la ciudad de Bogotá-, solicitó el estudio
de su caso particular, así como la derogatoria de la orden en comento.
j) Adicionalmente, se evidencia que, la parte actora, presentó una acción de tutela
contra la Policía Nacional – Dirección de Talento Humano y Dirección de
Investigación Criminal, con solicitud de medida provisional, en virtud de la cual,
solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la integridad familiar, el debido
proceso y el derecho de defensa.27
k) La acción tuitiva, con el Rad. 2022-00109(00), fue tramitada en primera instancia
ante el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito de Manizales, despacho
que, mediante providencia del Seis (6) de abril de Dos Mil Veintidós (2022), negó el
amparo deprecado. Contra dicho fallo, se presentó el escrito de impugnación.
l) Al desatarse la impugnación, el Tribunal Administrativo de Caldas revocó el fallo
de primera instancia y, en su lugar, tuteló transitoriamente los derechos
fundamentales invocados, supeditando el amparo a que se adelantara el medio de
control pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo28.
2.5) Caso concreto.
2.5.1. Aclaración preliminar frente a los cargos de nulidad estudiados.
54. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la sentencia de primera instancia
impugnada, declaró la nulidad del acto administrativo acusado, al estimar que: (i) la
26
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), págs. 36 y ss.
27
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), págs. 40 y ss.
28
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), págs. 61 y ss.
17
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entidad demandada no tuvo en cuenta las condiciones personales expuestas por la
ahora demandante; (ii) no acreditó las necesidades del buen servicio que
justificaran el traslado a la DIPON en la ciudad de Bogotá; (iii) abusó del ius variandi
al ejercer su facultad subordinante y trasladar a la patrullera desconociendo las
consecuencias que el mismo movimiento suponía; y (iv) actuó con desviación de
poder, al no tenerse en cuenta la situación personal de la parte demandante,
“generando con dicho acto la ruptura de su núcleo familiar” y “abusando de su poder
discrecional sin criterios claros de razonabilidad y proporcionalidad”.
55. Inconforme con la decisión anterior, la entidad demandada interpuso el recurso
de alzada, en el cual, sostuvo que: (i) el acto demandado adolece de motivación, en
la medida en que se limitó a disponer el traslado de la demandante de la DIJIN –
Grupo de Análisis y Administración de Información Criminal a la DIPON – Dirección
General, con derecho a prima de instalación; (ii) la entidad dio respuesta a las
solicitudes elevadas por la actora, aspecto que no fue advertido por el A-quo; (iii)
no se abusó del ius variandi, comoquiera que, la facultad para trasladar a
funcionarios de la institución policial -como ocurrió en el caso- se afincó en
necesidades del buen servicio, sin que la misma pueda considerarse caprichosa o
subjetiva; y (iv) no había lugar a la condena en costas, como equivocadamente se
resolvió.
56. En primer término, vale la pena advertir que, pese a que uno de los reparos de
la entidad se orienta a desvirtuar la falsa motivación que le atribuyó la parte actora
al acto acusado, lo cierto es que, el Tribunal Administrativo de Caldas, en el fallo de
primera instancia, no declaró la prosperidad de esa causal de nulidad, al considerar
que, como la Orden Administrativa de Personal Núm. 22-058 de Veintisiete (27) de
febrero del Dos Mil Veintidós (2022), mediante la cual se dispuso el traslado de la
demandante, no goza de motivación, no era dable acceder a ese cargo. Al respecto,
en el ordinal 5.1 del fallo en mención, el A-quo aseveró: “De manera que, el acto
acusado no tiene siquiera una motivación que pueda ser estudiada por esta Sala de
Decisión para verificar si es conforme o no con la realidad.” En ese sentido, el primer
motivo de inconformidad se centra en un aspecto que no fue resuelto en la
providencia apelada, por lo que, no se estudiará el fondo de este punto de la alzada.
57. Ahora bien, aunque el Tribunal adujo que la demandada actuó con desviación
del poder por el abuso del ius variandi, lo cierto es que, de dicho aserto, se
18
Número Interno: 1843-2025
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desprenden dos cargos susceptibles de ser analizados de manera independiente:
(i) por un lado, la alegada desviación de poder; y (ii) por el otro lado, la infracción
de la normativa superior por la presunta inobservancia de las disposiciones, y la
jurisprudencia, que regulan el ejercicio del ius variandi en el ámbito de la fuerza
pública, específicamente, en el marco de los traslados de miembros de la Policía.
58. Con el propósito de determinar si la demandada incurrió en desviación de poder,
debe recordarse que, el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) prevé como
causal autónoma de nulidad la “desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió”, aspecto que está intrínsecamente ligado a la finalidad del acto
administrativo -elemento teleológico-, es decir, a los fines que se persiguen con su
expedición. La Sección Segunda del Consejo de Estado ha entendido que, la causal
de la referencia se configura “cuando se está ante la presencia de una intención
particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración
en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse.”29 En
otros términos, se configura cuando, al expedirse un acto administrativo, se busca
una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales.
59. Esta Sala de Subsección, en la sentencia del Veintiséis (26) de noviembre de
Dos Mil Veinticinco (2025)30, puntualizó que, para que opere la desviación de poder,
es necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. Así
las cosas, su declaración precisa acreditar, tanto (i) la competencia del ente que
expide el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas
y, en especial, (iii) el fin dañino o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la
decisión cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto. En la
misma oportunidad, se hizo énfasis en que, la carga de probar la desviación de
poder es de la parte que la alega, por lo que, “le incumbe acreditar que la voluntad
de la administración se desvió a fines distintos a los que la norma preveía.”
60. Sobre el particular, esta Sala de Subsección, en la sentencia del Veinte (20) de
febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), expuso que, “la definición de la existencia de
un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de la voluntariedad o
intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo,
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 26 de
noviembre de 2009, radicación 27001-23-31-000-2003-00471-02 (1385-2009).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 26 de
noviembre de 2025, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 05001-23-33-000-2016-01472-01 (2911 2021).
19
Número Interno: 1843-2025
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cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de
los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente en
acreditar suficientemente su configuración.”31 En similar sentido se pronunció esta
Sección, en las sentencias del Quince (15) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018),
y del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Once (2011)32, en las cuales se precisó
que, para demostrar la causal de desviación de poder, “debe llevarse al juzgador a
la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la
finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma.”
61. Atendiendo a las consideraciones expuestas, en el caso de autos no se
demostró: (a) que, aunque el acto acusado haya sido expedido por la autoridad
competente, es decir, por el Director General de la Policía Nacional; y (b) que, para
la expedición de la Orden Administrativa de Personal Núm. 22-058, se atendieran
los criterios definidos en el Decreto 1791 de 2000, así como los lineamientos y
parámetros fijados en la Resolución Núm. 06665 de 2018; (c) dicho traslado de la
parte actora de la DIJIN – Grupo de Análisis y Administración de Información
Criminal, en Manizales, a la DIPON – Dirección General, en la ciudad de Bogotá (en
la cual ya había estado por tiempo superior a los 2 años), por necesidades del
servicio, respondiera a un fin espurio, particular, innoble o dañino, en contravía del
interés general y del mejoramiento del servicio que le asiste a la Policía Nacional.
62. En tal virtud, no encuentra acreditado esta Sala el cargo consistente en la
desviación de poder que se le endilga a la entidad demandada, comoquiera que, el
acto acusado no devela una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales.
2.5.2. De la infracción de la normativa superior por el presunto abuso del ius
variandi derivado de la orden de traslado.
63. Aunado a lo expuesto, observa la Sala que, la entidad recurrente cuestiona lo
dispuesto por el Tribunal en lo que toca al ejercicio de la facultad discrecional de la
Policía Nacional para ordenar traslados, y al denominado abuso del “ius variandi”.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 20 de febrero
de 2025. Expediente 25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023).
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 23 de febrero
de 2011.
20
Número Interno: 1843-2025
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Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
64. En aras de definir si el acto acusado infringió la normativa superior, en lo atinente
al ejercicio del ius variandi, debe señalarse que, en el asunto sub examine, se
encuentran acreditados los siguientes hechos: (i) la señora Castaño Gallego se
encuentra vinculada a la Policía Nacional desde el Veintiséis (26) de enero de Dos
Mil Quince (2015), completando (para la fecha de presentación de la demanda),
más de siete (7) años, un (1) mes y nueve (9) días 33; (ii) previo a la orden de
traslado, la parte actora laboraba en la ciudad de Manizales, en la DIJIN – Grupo de
Análisis y Administración de Información Criminal, ciudad en la que adujo convivir
con su esposo, quien también es miembro integrante de la institución; (iii) en el
memorando Núm. GS-2022-007310-DIPON del Veinticuatro (24) de febrero de Dos
Mil Veintidós (2022), se dejó constancia que, por instrucciones del Director General,
se debía proceder a causar los traslados de las señoras Sandra Liliana Arias
Orrego, de la DIPON-SEFRI a la SIJIN-DECAL, y de Natalia Castaño Gallego, de la
SIJIN-DECAL a la DIPON-SEFRI-SEGFI 34 ; (iv) en tal virtud, mediante la Orden
Administrativa de Personal Núm. 22-058 de Veintisiete (27) de febrero de ese mismo
año, se dispuso el traslado de la señora Natalia Castaño Gallego, pasando de la
DIJIN – Grupo de Análisis y Administración de Información Criminal, a la DIPON –
Dirección General, en la ciudad de Bogotá D.C., con derecho a la prima de
instalación.
65. Conviene resaltar que, en la Orden Administrativa de Personal Núm. 22-058 que
se cuestiona, no sólo se dispuso el traslado de la ahora demandante, sino también
de otros miembros de la Policía Nacional. Incluso, en la misma orden se autorizaron
salidas del país, comisiones de servicio transitorias al interior del territorio nacional,
comisiones de estudios, encargos de unidades, licencias remuneradas por luto, y
se resolvieron solicitudes de modificación y derogación de traslados, entre otros.
66. Aunado a ello, vale la pena anotar que, en el documento sin fecha, titulado
“proceso: procedimientos de personal; propuesta de traslado No. 0376”, expedido
por el director de talento humano y el jefe del grupo de traslados de la entidad 35, se
lee que la señora Castaño Gallego, quien funge como analista criminal, se
trasladaría a la DIPON por “necesidades del servicio”, según la comunicación oficial
“GS-2022-007310”. No pasa inadvertido que, según las documentales aportadas
con la demanda, en especial los oficios del 1º, 2, 3, 4 y 5 de marzo de Dos Mil
33
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 3ED_Expediente_02EscritoDemanda108F(.pdf), pág. 31.
34
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 28ED_Expediente_27AntecedentesAdmini(.pdf) NroActua 26, pág. 15.
35
Índice 00026 del expediente del Tribunal de origen, 28ED_Expediente_27AntecedentesAdmini(.pdf) NroActua 26., pág. 17.
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Veintidós (2022), la demandante fue notificada el Veintisiete (27) de febrero de la
mentada anualidad, vía correo electrónico, de la orden de traslado en controversia.
67. En el caso que se analiza, la demandante considera que, al expedirse la orden
de traslado, la entidad debió tener en cuenta su situación particular -económica y
familiar-, y no limitarse a señalar que dicha circunstancia obedecía a necesidades
del servicio, como en efecto lo reconoció. Además, expuso que, fue desvinculada
de la DIJIN, sin que se le informara ningún acto de desvinculación y que, a pesar
del traslado ordenado, nunca solicitó o adelantó “permuta” con la funcionaria que
llegó a su unidad en Manizales, proveniente de la DIPON de la ciudad de Bogotá.
Para el Tribunal Administrativo de Caldas, la nulidad del acto se configuró por el
hecho que la demandada no tuvo en cuenta “(…) la situación personal de la
demandante, generando con dicho acto la ruptura de su núcleo familiar, abusando
de su poder discrecional sin criterios claros de razonabilidad y proporcionalidad”.
68. Sin embargo, advierte esta Sala que, no reposan en el plenario suficientes
elementos de juicio para llegar a una conclusión de esa naturaleza. En otros
términos, no existe evidencia que lleve al convencimiento al juez que, el traslado
dispuesto en la Orden Administrativa de Personal Núm. 22-058 de Dos Mil Veintidós
(2022), respondió a motivos ajenos a los fines constitucionales y legales del servicio,
o infringió las disposiciones en las que debía fundarse, particularmente, las
contenidas en el artículo 40 del Decreto 1791 de 2000, los lineamientos regulados
en la Resolución Núm. 06665 del Veinte (20) de diciembre de Dos Mil Dieciocho
(2018), o los parámetros jurisprudenciales fijados como límite para el ejercicio del
ius variandi, entre ellos, la prohibición de atentar contra la unidad familiar.
69. En punto a la presunta arbitrariedad en el ejercicio del ius variandi que, a juicio
del Tribunal, se manifestó en un abuso del poder discrecional que derivó en la
“ruptura del núcleo familiar” de la demandante, debe decirse que, de las
documentales valoradas, tampoco se demostró que, la orden de traslado resultara
contraria a los principios de necesidad, transparencia, publicidad y obligatoriedad
previstos en la Resolución Núm. 06665 de 2018, ni mucho menos a los parámetros
jurisprudenciales relacionados con los límites a la potestad discrecional de la
autoridad nominadora para ordenar traslados, en el ámbito de la fuerza pública.
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Demandante: Natalia Castaño Gallego
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
70. Fuerza recordar que, de acuerdo con las peticiones elevadas ante la entidad por
la parte actora, la inconformidad con el traslado se afincó en dos (2) circunstancias:
(i) por un lado, la difícil situación económica que le generaría un nuevo traslado a
Bogotá; y (ii) por el otro lado, la “posible ruptura matrimonial”, por cuenta de la “falta
de apoyo” de su familia frente al traslado. Valga hacer énfasis en que, pese a que
la demandante aludió a un hecho futuro e incierto (al referir a la “posible ruptura”),
el A-quo dio por sentado que el acto enjuiciado generó la “ruptura de su núcleo
familiar”, sin aludir a las pruebas que sirvieron de base para ese aserto.
70.1. En este punto, debe llamarse la atención en que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 164 del Código General del Proceso, toda decisión judicial
debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Así
las cosas, no era dable tener por acreditado un hecho, sin que dicho razonamiento
encontrara fundamento en la valoración conjunta e integral de las pruebas
incorporadas al dosier procesal, atendiendo a las reglas de la sana crítica.
71. Nótese que, aunque el Tribunal trajo a colación los criterios jurisprudenciales36
relacionados con los supuestos en los que se afecta de manera grave y directa el
núcleo familiar, no explicó, a la luz del caso concreto, las razones por las cuales la
orden de traslado de la señora Natalia Castaño Gallego se inscribía en una de tales
hipótesis, ni los motivos por los que, en su criterio, el ejercicio del ius variandi
comportaba una desviación de poder.
72. Para ilustrarlo, en el plenario no se identificaron medios de convicción tendientes
a acreditar: (i) que la decisión sobre el traslado genere serios problemas de salud
sobre la demandante; (ii) que aquella -la orden- ponga en peligro la vida o integridad
de la actora o su familia; (iii) que las condiciones de salud de los familiares puedan
incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la decisión; o (iv) que la ruptura del
núcleo familiar vaya más allá de la mera separación transitoria.
73. Siendo así, no es posible sostener, que la entidad haya “abusado” de su poder
discrecional, ni que haya superado los límites para el ejercicio del ius variandi en los
casos de traslados de miembros de la fuerza pública.
36
Para el efecto, citó la sentencia T-468 de 2020 de la Corte Constitucional.
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Número Interno: 1843-2025
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74. Como se anticipó, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha aclarado que,
en el campo de la fuerza pública, las decisiones sobre el traslado de personal, pese
a su amplia discrecionalidad, deben ser respetuosas de los derechos del
destinatario de la medida.37 En el sub judice, esta Sala de Decisión encuentra que:
(i) la entidad sustentó la decisión en razones y/o necesidades del servicio; (ii) el
traslado se realizó a un cargo con funciones afines que, pese a tratarse de otra
unidad, no implicó la desmejora de condiciones laborales; y (iii) no se probaron
circunstancias que, por cuenta del traslado, generaran una intensa afectación en los
derechos fundamentales de la reclamante, o de su núcleo familiar. En concordancia
con lo anterior, no puede pasarse por alto que, según la Orden Administrativa de
Personal Núm. 22-058 de Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Veintidós (2022), el
traslado se dispuso con derecho a la prima de instalación.
75. Hasta acá, la Sala no desconoce que la orden de traslado de la integrante de la
institución pueda traer consigo dificultades de diversa índole. Sin embargo, la orden
administrativa, per se, no presupone que el acto que la contiene esté viciado de
nulidad. En esa línea, aunque el artículo 40 del Decreto 1791 de 2000 prevé que,
contra el acto administrativo que ordena el traslado no procede recurso alguno, lo
cierto es que, la Resolución Núm. 06665 del Veinte (20) de diciembre de Dos Mil
Dieciocho (2018) sí contempla mecanismos para debatirla, como es el caso de la
solicitud de derogación y modificación de las que trata el ordinal 13 del artículo 7º
ibidem, o las solicitudes de traslado por caso especial, regulado en el artículo 6º.
76. Al margen de lo anterior, no existe prueba en el proceso que permita evidenciar
que la demandante haya solicitado la derogación de la orden, observando para el
efecto los cauces ordinarios, o que, habiéndolo hecho, se le haya negado, máxime,
si en el presente asunto no se cuestiona la legalidad de un acto en ese sentido. Es
del caso puntualizar que, en las oportunidades probatorias pertinentes, la entidad
no acreditó haber dado una respuesta de fondo a las misivas, pues, solo refirió a
unos pantallazos que integró dentro del cuerpo del escrito contentivo del recurso de
apelación, y que no soportó en prueba documental alguna.
77. Con todo, es posible sostener que, de las pruebas documentales obrantes en el
expediente, no se encuentra acreditado que, la expedición del acto administrativo
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 2 de octubre
de 2019, M.P. Carmelo Perdomo Cueter, Rad. 05001-23-33-000-2014-00767-01(2227-16).
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demandado hubiese infringido la normativa superior. No puede olvidarse que, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 167 del Código General del Proceso,
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen” y, en ese sentido, como la demandante
considera que el acto administrativo está viciado de nulidad, le correspondía
desvirtuar la presunción de legalidad que conduzca a esa decisión, al amparo de
las pruebas que permitieran evidenciar esos cargos, situación que no ocurrió en el
presente trámite, como quedó explicado en precedencia.
78. Teniendo en cuenta que el A-quo, no se refirió a otros cargos de nulidad,
distintos a los abordados ut supra, la Sala se pronunciará, en el siguiente acápite,
sobre la inconformidad de la entidad frente a la condena en costas en primera
instancia, habida cuenta que se trata de uno de los aspectos resueltos por el
Tribunal.
2.6) Condena en costas.
79. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
80. Ahora bien, aunque la entidad recurrente fue condenada en costas en el marco
de la primera instancia, por el hecho de haber sido la parte vencida y en la medida
en que, a juicio del Tribunal, fueron causadas porque la demandante se vio en la
necesidad de actuar a través de apoderado judicial, lo cierto es que, para esta Sala
de Decisión, no se advierte un actuar temerario o de mala fe que motive la condena,
por lo que, la revocatoria que se dispondrá también cobija este punto.
81. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar,
negará las pretensiones de la demanda promovida por la señora Castaño Gallego
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas – Sala Primera de Decisión, de fecha Veintiocho (28) de Marzo del Dos Mil
Veinticinco (2025), mediante la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda promovida por la señora Natalia Castaño Gallego, incluida la condena
en costas, por las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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