Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2022-00241-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2022-00241-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2022-00241-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Expediente: 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandantes: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP-
y otros
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL – instituto procesal de orden público,
indisponible e irrenunciable / PLAZO PARA DEMANDAR – los términos procesales se
contabilizan con base en las leyes vigentes al momento que empezaron a correr / RECOBRO
DE LAS CUOTAS PARTE PENSIONALES – constituye un trámite especial previsto en la
legislación que no modifica los supuestos de contabilización de la caducidad de la acción de
controversias contractuales / RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN –
Consolida las cuotas partes pensionales.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia
que declaró la caducidad del medio de control.
El asunto se enfoca en establecer si la demanda se presentó fuera del plazo previsto
en la ley para el efecto.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 20 de junio de 2025, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción de caducidad de la
acción y condenó en costas a la parte actora1.
2. El anterior proveído conoció la demanda presentada el 4 de octubre de 20222
por el departamento de Caldas (en adelante, el departamento o la entidad territorial)
contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales (en lo sucesivo la
UGPP, o la Unidad), –en calidad de sucesora de la Caja Nacional de Previsión Social,
hoy liquidada, (en adelante Cajanal o la Caja)– y la Nación, Ministerios de: Educación
Nacional, Salud y Protección Social y de Trabajo y Seguridad Social –el último en
calidad de administrador del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP–
, cuyas pretensiones y fundamentos fácticos y jurídicos se enuncian a continuación.
Pretensiones
3. La demandante solicitó que se efectúen las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe como obra en el texto original, incluidos posibles errores):
1
El a quo condenó en costas al departamento, por concepto de agencias en derecho, por el 3% de lo pedido en el libelo.
2
Índice 1, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Caldas–.
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
“1. Se declare que la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL -UGPP-
es la sucesora legal de las obligaciones misionales, que en vigencia de su existencia
adquirió LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL- con el
DEPARTAMENTO DE CALDAS, según la suscripción del contrato celebrado entre
las partes y con vigencia del 01 de febrero de 1967 y el 31 de agosto de 1979 para
los empleados de nómina del orden departamental.
2. Se declare que la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL -UGPP-
es la sucesora legal de las obligaciones que en vigencia de su existencia adquirió LA
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL- con el DEPARTAMENTO DE
CALDAS, según la suscripción del contrato celebrado entre las partes y con vigencia
del 01 de febrero de 1967 y el 31 de junio de 1990 para los empleados de nómina del
sector educación, pagados tanto con recursos del orden departamental, como con los
recursos de la Nación por Situado Fiscal o Sistema General de Participaciones.
3. Que se declare que la UGPP ha incurrido en reiterado incumplimiento contractual,
al negar el reconocimiento y omitir ordenar el pago de las cuotas partes pensionales,
según la competencia que la ley y los decretos le han asignado.
4. Que se declare que el contrato celebrado entre la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
-CAJANAL- y el DEPARTAMENTO DE CALDAS es ley para las partes y está
exceptuado del decreto 790 de 2021.
5. Que en consecuencia de las declaraciones 1 y 2, se ordene a la UGPP, abstenerse
de cobros al DEPARTAMENTO DE CALDAS por pago de los aportes
correspondientes para los posteriores reconocimientos de obligaciones pensionales
y parafiscales, de conformidad con el cálculo de la TOTALIDAD DE LA NÓMINA en
tiempo real y en vigencia de la relación contractual descrita, para el pago efectivo de
sus obligaciones.
6. Que en consecuencia de la declaración 3, se ordene a la UGPP y al FOPEP, el
cumplimiento del contrato y el pago de las cuotas partes, según la competencia
encomendada, esto es, las cuotas partes radicadas antes del 08 de noviembre de
2011 y las radicadas con posterioridad, según las normas que asignan dichas
competencias como misionales, siempre que no estén contratadas a un tercero.
7. Se ordene a la UGPP, reconocer que el DEPARTAMENTO DE CALDAS, no es
responsable del pago de obligaciones pensionales y parafiscales, ante las peticiones
de RELIQUIDACIONES que tramita la UGPP y de las que deriva COBROS
PERSUASIVOS, COACTIVOS Y MANDAMIENTOS DE PAGO en CONTRA DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS, por el período de vigencia del CONTRATO
CAJANAL.
8. Que se atienda el CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO expedido por el JEFE DE
OFICINA ASESORA JURÍDICA, Dr. FERNANDO ANTONIO TORRES GÓMEZ, de
fecha 26 de enero de 2008, que da cuenta del PAZ Y SALVO por las obligaciones
contraídas por el Departamento, en virtud del Contrato CAJANAL.
9. Que se ordene a la UGPP, responder por los aportes patronales de cada servidor
o ex-servidor que estuvo vinculado en el ente territorial y que hizo parte de la nómina
sobre la cual se hicieron los pagos de aportes para pensión, en vigencia del contrato
reseñado, esto es: a. Para la totalidad de la nómina departamental, 01 de febrero de
1967 y el 31 de agosto de 1979. b. Para la extensión del Sector Educación, pactada
hasta el 31 de junio de 1990, así entonces para el lapso total entre el 01 de febrero
de 1967 y el 31 de junio de 1990.
10. En consecuencia, LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL, se
abstendrá de hacer cobros adicionales, incurriendo en cobro de lo no debido y
enriquecimiento ilícito.
11. Que la UGPP y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN reconozcan y paguen al
DEPARTAMENTO DE CALDAS los dineros que por concepto de aportes patronales
por reliquidación patronal este ha tenido que cancelar sobre los tiempos de vigencia
del contrato hasta la fecha en la que se realice el pago, de conformidad con la cláusula
CUARTA del contrato suscrito, relacionada en el hecho décimo de la demanda, la
cláusula décima primera del contrato suscrito para el sector educación, relacionada
2
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
en el suceso vigésimo sexto de la demanda y el acta suscrita el 11 de febrero de
1987.
12. Que se ordene a la UGPP y al FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL
NACIONAL- FOPEP- cumplir con el contrato suscrito por la CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL -CAJANAL- y el DEPARTAMENTO DE CALDAS y en consecuencia de la
declaración 4, se aplique la excepción por ilegalidad sobre el DECRETO 790 de 2021,
en todo aquello que contraría el acuerdo celebrado”3.
Hechos
4. El 13 de diciembre de 1968, el departamento4 y Cajanal suscribieron un contrato
“sobre el establecimiento de los servicios médicos asistenciales y el reconocimiento y
pago de las prestaciones económicas de dicha institución para los trabajadores de este
departamento”5 (en lo sucesivo el contrato). Su vigencia inicial fue de cinco (5) años,
pero en virtud de cuatro prórrogas se extendió hasta el 31 de agosto de 1979.
5. El 21 de julio de 1980, la entidad territorial y la Caja celebraron un nuevo
acuerdo –con sustento en la Ley 43 de 1975 y el Decreto 223 de 1977–, para continuar
las mismas prestaciones del contrato de 1968, salvo el pago de las cesantías
definitivas y parciales de los docentes del departamento, con fecha de terminación del
31 de diciembre de 1980, que se extendió hasta el 21 de junio de 1990.
6. El 26 de enero de 2008, el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de la
Protección Social - Caja Nacional de Previsión certificó que el departamento estaba al
día por concepto de las obligaciones adquiridas, en virtud del contrato de 1968.
Fundamentos de derecho
7. La demandante indicó que se desconoció el art. 5 del Decreto 2786 de 1968
que determinó que Cajanal se hacía cargo de los auxilios de cesantías causados o
consolidados y de las pensiones de jubilación existentes a 31 de enero de 1967 a cargo
del departamento y de su Caja de Previsión Social. Bajo ese marco, fue suscrito el
contrato, en 1968, mediante el cual la Caja asumió los referidos compromisos, así
como los de liquidar y pagar a favor de los trabajadores de la entidad territorial –que
hubieran estado o estuviesen al servicio de este desde el 1 de febrero de 1967– todas
las prestaciones sociales, económicas y médico-asistenciales creadas y establecidas
por la Ley 6 de 1945 y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.
8. El Decreto 2196 de 2009 suprimió y ordenó la liquidación de Cajanal, y el
Decreto 5021 de 2009 fijó la estructura y organización de la UGPP, entre cuyas
funciones estableció la de reconocer las cuotas partes pensionales que le
correspondan, a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren
en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad
por quien la esté desarrollando; por lo que esta última es subrogataria y sucesora de
3
Expediente digital: índice 17, SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fls.21 y 22.
4
La Asamblea Departamental de Caldas, a través de la Ordenanza 4 del 6 de noviembre de 1968, “autorizó al Gobierno
Departamental de Caldas, para celebrar contratos con la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, de acuerdo con los cuales
esta Institución se hace cargo de cesantías y pensiones de jubilación causadas y consolidadas en enero 31 de 1967, en contra
del Departamento de Caldas o de su Caja de Previsión Social”.
5
Expediente digital: índice 17, SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fl.3.
3
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
las obligaciones de la Caja, como se ha reconocido en sendos procesos contra la
UGPP 6.
9. A pesar de lo dispuesto en el Decreto 1222 de 2013, adujo que el FOPEP se ha
negado a pagar los compromisos generados con anterioridad al 8 de noviembre de
2011, en contravía de la competencia que le fue asignada7.
Contestaciones de la demanda8
10. La UGPP9 se opuso a lo pretendido; propuso los siguientes medios exceptivos:
(i) falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el pago y/o reconocimiento
de unas cuotas partes pensionales corresponde a obligaciones financieras de la extinta
Cajanal10 y el Decreto 1222 de 2013 solo se asignó a la Unidad la función pensional11,
no el cumplimiento de las obligaciones pendientes de naturaleza financiera y crediticia;
(ii) ausencia de la relación contractual, dado que la función de pago y recaudo de los
dineros de Cajanal, por concepto de cuotas partes pensionales, quedó a cargo de la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.; (iii) inexistencia de la obligación,
en tanto que el departamento debe acreditar que pagó los aportes o cotizaciones a
pensión, en el marco del contrato suscrito; (iv) prescripción, se configuró por el
transcurso del tiempo; y (v) la innominada, para que se declare toda circunstancia
constitutiva de excepción.
11. La Nación - Ministerio de Educación12 también se opuso a las pretensiones;
al efecto, formuló como medios exceptivos: (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva, indicado que el Ministerio de Educación no es parte y no ha suscrito contrato
alguno con el departamento en punto al reconocimiento y pago de aportes patronales
que le corresponden a la entidad territorial13; (ii) caducidad de la acción. Se superó el
plazo de dos años para demandar, según el art. 164 del CPACA, pues el contrato
terminó en 1979 y el libelo se instauró en 2022; y (iii) la genérica.
12. La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social14 solicitó negar las
súplicas de la demanda. Como excepciones, planteó las de: (i) ineptitud sustantiva de
6
Hizo alusión a las sentencias: 17001-33-31-005-2008-00845-01 del Tribunal Administrativo de Caldas, 336-2012-11876 del
Tribunal Superior de Caldas, Sala Laboral y SL1732-2022 del 11 de mayo de 2022 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
7
El Decreto 575 de 2013 dispone que la UGPP tiene como deber reconocer y administrar las cuotas partes pensionales, y no le
atribuye el acto de pago. Mientras que al FOPEP, dada su naturaleza de cuenta especial de la Nación adscrita al Ministerio del
Trabajo, sin personería jurídica, le corresponde ejecutar exclusivamente el acto de pago y actúa como depositario de los recursos
que sean adjudicados a una entidad o particular con ocasión de una decisión administrativa o judicial, sin que sea de manera
directa responsable del cumplimiento de la obligación –Decretos 1132 de 1994 y 1222 de 2013–, de lo que se desprende que
este último “… administra los recursos destinados al pago de los derechos pensionales, dentro de los cuales se incluyen las
cuotas partes pensionales, pero no es considerado como deudor de ellas, en la medida en que, por disposición normativa, éstas
se encuentran a cargo de otras entidades, como ocurre por ejemplo con la UGPP”. Índice 17, SAMAI –Gestión en otras
corporaciones, TA Caldas–. Expediente digital: fl.40 de la demanda.
8
El a quo, en proveído del 17 de marzo de 2023, admitió la demanda (índice 8, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA
Caldas-) y, en auto del 22 de agosto de esa anualidad, negó la medida cautelar pedida por el ente territorial –atinente a la petición
de suspensión de los cobros persuasivos y coactivos en trámite, iniciados por la UGPP contra el departamento–.
9
Ubicación 16, EXPEDIENTE DIGITAL: índice 17, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Caldas–
10
El art. 1 del Decreto 1222 de 2013 consagra que “… [e]l pago de las cuotas partes pensionales a cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, se efectuará a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional -
FOPEP”.
11
Así lo explicó la Corte Constitucional en sentencia C-895 de 2009 y lo estableció el Decreto Ley 169 de 2008 y Decreto 575 de
2013.
12
Ubicación 15, EXPEDIENTE DIGITAL: índice 17, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Caldas–
13
Añadió que, en virtud del Decreto 1132 de 1994, a partir de 1995, todas las obligaciones por concepto de pensiones de vejez,
de invalidez y de sobrevivientes, reconocidas por la Caja Nacional de Previsión, serán pagadas por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional -FOPEP-.
14
Ubicación 17, EXPEDIENTE DIGITAL: índice 17, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Caldas–
4
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad 15; (ii) falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues la UGPP es la competente para asumir las
obligaciones de carácter misional de la extinta Cajanal, entre ellas, la aceptación y
pago de cuotas partes pensionales16 y no existe norma que atribuya tal competencia
al Ministerio de Salud17; (iii) inexistencia de la obligación, al no corresponder a este
organismo la función referida; y (iv) la innominada o genérica.
13. La Nación - Ministerio del Trabajo18 se opuso a la prosperidad del libelo.
Formuló los siguientes medios exceptivos: (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva. Las funciones en controversia no le fueron asignadas a este ministerio, ni al
FOPEP19. La competencia para gestionar las cuotas partes está en cabeza del
Ministerio de Salud y Protección Social, cuando el derecho pensional se ha reconocido
con anterioridad al 8 de noviembre de 2011, y las reconocidas con posterioridad a esta
fecha, corresponden a la UGPP20; (ii) improcedencia del medio de control, porque no
se agotó el requisito de procedibilidad y la demanda se interpuso fuera de los dos (2)
años que contempla el art. 164 del CPACA; (iii) inexistencia de la obligación21; y (iv) la
innominada.
Alegatos en primera instancia
14. En proveído del 15 de enero de 202422, el Tribunal señaló que dictaría sentencia
anticipada23, y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para rendir concepto. El departamento24 reiteró los fundamentos de sus
pedimentos; añadió que la UGPP es la sucesora misional de Cajanal –entidad que
suscribió el contrato cuyos efectos genera la actual controversia– y que no operó la
caducidad de la acción, pues las obligaciones contraídas se mantienen vigentes. La
15
No se convocó a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social a la diligencia de conciliación prejudicial, contemplada en
el art. 13 de la Ley 1285 de 2009.
16
Las cuotas partes pensionales ostentan el carácter misional de la extinta entidad, como se estableció en el Decreto 4269 de
2011, así:
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto del 12 de noviembre de 2019, radicación No.
11001 -03- 06-000-2019-00065-00, aseveró que esas cuotas integran el carácter misional de la Caja.
17
Mediante el Decreto 2040 de 2011, modificatorio del artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, se dispuso que los procesos
administrativos (no misionales) de la extinta CAJANAL, tales como relaciones laborales con ex trabajadores de la Caja quedaban
a cargo del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social; por su parte, la Unidad asumió las
obligaciones de carácter misional de la extinta entidad.
18
Ubicación 18, EXPEDIENTE DIGITAL: índice 17, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Caldas–
19
El FOPEP no reconoce las prestaciones económicas que estaban a cargo de las entidades liquidadas, porque sólo es pagador
de las pensiones reconocidas y otorgadas por los tiempos de vinculación en las cajas de previsión y/o a los fondos insolventes
del sector público del nivel nacional a los que sustituyó en el pago de las pensiones (entre ellos, la Caja Nacional de Previsión
Social, Foncolpuertos, Incora, ISS Patrono, Caprecom empleador, Invias, Telecom, Caja Agraria, Prosocial, Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca).
20
En atención a lo establecido en el Decreto 1833 de 2016, arts. 2.2.10.12.3 y 2.2.10.12.4.
21
La fundamentación de esta excepción no corresponde al tema que se debate en este proceso; indicó el Ministerio: “se concluye
la inexistencia de obligación que señala la parte actora de indemnizarle o valor correspondiente a la utilidad dejada de percibir a
causa de la no adjudicación del respectivo concurso de méritos, toda vez que, carece de fundamento legal”.
22
Ubicación 26, EXPEDIENTE DIGITAL: índice 17, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Caldas–
23
Con base en el supuesto de que trata el núm.3 del art.182A del CPACA, esto es, “[e]n cualquier estado del proceso, cuando el
juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la
causa y la prescripción extintiva”.
24
Ubicación 29, EXPEDIENTE DIGITAL: índice 17, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Caldas–.
5
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
Unidad25, la Nación - Ministerios de Educación Nacional26, de Salud y Protección
Social27 y del Trabajo28, reiteraron las razones de sus respectivas defensas.
Fundamentos de la sentencia impugnada29
15. El a quo declaró probada la excepción de caducidad. Indicó que se superó
ampliamente el término de dos años para cuestionar judicialmente el contrato
celebrado en 1968, el cual debía contabilizarse a partir del vencimiento del plazo
negocial (31 de agosto de 1979), y la demanda se radicó el 4 de octubre de 202230.
Añadió que la misma conclusión se predica del contrato celebrado el 21 de julio de
1980, que finalizó el 21 de junio de 1990.
16. En relación con la caducidad, señaló que una cosa son los efectos del contrato31
y otra es su vigencia; además, Cajanal suscribió, en 2008, un documento de paz y
salvo de las obligaciones a cargo del departamento, en el que señaló que “las cuotas
partes causadas por los tiempos de servicio prestados al Departamento (sic) por los
funcionarios de Caldas, dentro de las vigencias citadas y en el respectivo carácter de
servidores administrativos o docentes son de cargo de Cajanal EICE”32.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN33
17. El departamento pidió revocar la sentencia de primer grado y que, en su lugar,
se acceda a las pretensiones de la demanda. Afirmó que no se configuró la caducidad,
pues (i) las obligaciones del contrato de 1968 siguen vigentes y en cabeza de la
UGPP34; (ii) la UGPP continúa realizando cobros al actor por los períodos que el pacto
comprendía35, pese a que la propia Cajanal certificó, el 26 de enero de 2008, que aquel
se encuentra a paz y salvo respecto de las acreencias derivadas del contrato.
18. Sostuvo que no procede la condena en costas en virtud de las modificaciones
que introdujo la Ley 2080 de 2021, ya que la demanda no carece de fundamento.
Trámite en segunda instancia
25
Ubicación 32, ídem.
26
Ubicación 28, ídem.
27
Ubicación 31, ídem.
28
Ubicación 30, ídem.
29
Índice 23, SAMAI ídem.
30
El a quo no hizo un conteo puntual frente al contrato suscrito el 21 de julio de 1980, relativo a las prestaciones de los docentes
del departamento, cuyo plazo se prolongó hasta el 21 de junio de 1990. Sobre este negocio, señaló que existe un documento de
paz y salvo que cobija las prestaciones derivadas del contrato, incluidas las de “los docentes del Departamento, con vigencia
entre el 1 de febrero de 1967 y el 31 de junio de 1990” (fl.13 de la sentencia).
31
Señaló que entidad territorial dijo que los efectos del contrato se extienden “hasta tanto no fallezca la última persona pensionada
bajo el sistema de cuotas partes pensionales” (ídem, pág.12).
32
Ib. págs. 12 y 13.
33
Índice 26, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Caldas–
34
Afirmó que el Decreto 1337 de 2016 no suprimió las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales frente y a favor
de entidades territoriales, toda vez que condicionó la supresión entre entidades del orden nacional, únicamente; de manera que
“[...] continúan vigentes las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar entre entidades territoriales, y entre estas entidades
y las entidades del orden nacional”. A su vez, autoridades judiciales, tanto de la jurisdicción ordinaria como de lo contencioso
administrativo, han reconocido la obligación de Cajanal de responder por las cuotas de parte pensional que cobijaba el contrato
del 13 de diciembre de 1968, suscrito entre el departamento de Caldas y CAJANAL EICE. El Gobierno Nacional, mediante el
Decreto 2040 de 2011, que modificó el Decreto 4269 de 2011, modificó las competencias de Cajanal, y estableció a la UGPP
como sucesora procesal en todos los procesos judiciales que se encontraran en trámite al cierre de la liquidación de aquella; por
tanto, “la UGPP asumió las competencias misionales que antes eran de CAJANAL y remplazó procesalmente a la extinta entidad
con el fin de garantizar el ejercicio y la continuidad de la defensa judicial, técnica y material en los procesos que estaban en trámite
al cierre de la liquidación de la Caja”.
35
Es decir, cuotas partes pensionales de los empleados del departamento de Caldas de los tiempos trabajados con anterioridad
a 1967 y hasta el 31 de diciembre de 1979.
6
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
19. El Tribunal concedió la apelación el 23 de julio de 202536 y esta Corporación la
admitió el 12 de noviembre de ese año37. Ninguna de las partes o el Ministerio Público
se pronunciaron.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
20. El centro del debate en segunda instancia apunta a determinar si se configuró
la caducidad del medio de control. La Sala anticipa que confirmará la decisión del a
quo.
Cuestión previa
21. Deviene imperativo para el juzgador determinar el objeto y alcance del petitum,
en la medida que su correcta identificación se erige en factor determinante en la
escogencia del medio de control procedente. Así, a partir de los móviles que expresa
el actor en sus pretensiones se concreta la naturaleza de la acción elegida y, a la vez,
emerge el término de caducidad aplicable al caso.
22. Se recuerda que la pretensión corresponde al vehículo que contiene el interés
de un sujeto en el reconocimiento de un derecho que demanda frente a otro38, y
concreta el problema jurídico que es llamado a ser resuelto por el aparato judicial. Se
trata, sin duda, del eje sobre el cual gravita el proceso mismo39, que reclama y aporta
coherencia al marco de la actuación procesal, a los derechos de las partes y a las
decisiones a adoptar40. De allí que el planteamiento que alberga la pretensión es el
que guía el examen de los conflictos que busca solventar el proceso judicial.
23. Al abordar el análisis integral de las súplicas de la demanda, la Sala constata
que el haz de pretensiones formuladas por el departamento gravita de forma unívoca
en torno al marco obligacional de los contratos que dieron origen al sub-lite. Lo anterior,
en tanto sus pedidos se fundan, ya en la inobservancia de aquellos acuerdos, o ya en
las consecuencias derivadas de tales pactos –incluidos los efectos que proyectan en
el sistema pensional al cual debían hacerse los aportes objeto del negocio jurídico–.
La estructura del petitum así lo demuestra: (a) las pretensiones 1 y 2 comportan una
naturaleza declarativa orientada a establecer la calidad de sucesora legal de la UGPP
respecto de los compromisos misionales de Cajanal, ligados a la suscripción de los
contratos de 1968 y 1980; (b) los pedimentos 3 y 4 persiguen expresamente la
declaratoria de incumplimiento de esos negocios jurídicos, así como el reconocimiento
de su efecto normativo entre los contrayentes; (c) los núm. 5 y 6 se erigen en
pretensiones consecuenciales, subordinadas a la prosperidad de las anteriores,
encaminadas al pago de las cuotas parte por la UGPP y el FOPEP, según lo estipulado
36
Índice 28, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Caldas.
37
Índice 17, SAMAI.
38
Con la precisión que atañe al contencioso objetivo de legalidad, en el que se busca proteger el ordenamiento jurídico a través
de un examen que determina la conformidad de un acto administrativo de carácter general frente a la normativa en que debe
fundarse.
39
“El proceso aparece así como un instrumento de satisfacción de pretensiones, una construcción jurídica destinada a remediar,
en derecho, el problema planteado por la reclamación de una persona frente a otra”. GUASP, Jaime, “La Pretensión
Procesal” Cívitas, Madrid, 1981, p. 26.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Exp. 59942, sentencia del 14 de
julio de 2023, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
7
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
en los acuerdos en disputa41; (d) los reclamos 7, 9, 10 y 11 persiguen determinar la
ausencia de responsabilidad del departamento respecto del pago de las cuotas
patronales que las demandadas procuran mediante recobro, fundamentando en los
desembolsos efectuados durante la vigencia de los negocios jurídicos de 1968 y 1980,
y que se le atribuya a la UGPP y al FOPEP el reconocimiento de esos aportes42; y, (e)
en las pretensiones 8 y 12 se reitera el acatamiento de los contratos en cuestión, con
apoyo en el mérito probatorio de la certificación expedida por la extinta Cajanal.
24. En este contexto, la Sala constata que la controversia que formuló el
demandante se circunscribe al ámbito de la responsabilidad contractual, en tanto todas
las pretensiones están referidas y guardan conexidad con el cumplimiento y alcance
de los negocios jurídicos aquí debatidos, siendo éste el interés expresado por el actor;
por manera que el asunto debe tramitarse bajo el medio de control de controversias
contractuales, sin perjuicio de las precisiones que más adelante se efectuarán en torno
al trámite de recobro de las cuotas partes pensionales entre entidades públicas, cuya
operatividad y trámite especial no desdice de la naturaleza contractual de las
pretensiones que en este proceso fueron incoadas.
Análisis del caso
25. La caducidad es un fenómeno jurídico en virtud del cual se sancionan los
eventos en que determinadas acciones judiciales43 son promovidas por fuera de los
plazos específicos fijados por la ley, constituyendo un hecho que invalida o extingue la
pretensión desde su base. Su carácter indisponible, irrenunciable y de naturaleza
objetiva, abre paso a su declaratoria de oficio, sin considerar la voluntad, aquiescencia
o pedido de las partes44, ni la etapa o instancia en que avanza el proceso.
26. El a quo señaló que expiró el plazo para demandar, en tanto que el término del
contrato, suscrito en 1968, culminó el 31 de agosto de 1979 y el libelo se instauró en
2022; por su parte, el departamento aseguró que acudió en tiempo a la jurisdicción,
pues las obligaciones derivadas del negocio jurídico siguen vigentes “hasta tanto no
fallezca la última persona pensionada bajo el sistema de cuotas partes pensionales”.
27. Para solventar la censura, conviene hacer referencia al contexto normativo
relacionado con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de Cajanal, entre
ellas, la pensión de jubilación, y los recobros que presenta la UGPP al departamento
41
El actor formuló las súplicas 5 y 6 como “consecuencia de las declaraciones 1 y 2”, en una relación de causa y efecto, lo que
revela que su interés se supeditó a las citadas pretensiones principales, de naturaleza contractual, que atañen al efecto de los
contratos de 1968 y 1980. Además, la pretensión 5 leída integralmente, no de forma fraccionada o descontextualizada, señaló
que tal declaración consecuencial debía hacerse respecto de las obligaciones asociadas a toda la nómina “y en vigencia de la
relación contractual descrita, para el pago efectivo de sus obligaciones” (se subraya).
42
Aunque lo indicado sería suficiente para advertir la naturaleza contractual de estas pretensiones, se subraya que el actor adujo,
como efecto del estado de cumplimiento de las obligaciones pensionales y parafiscales, objeto de los pactos demandados, la
existencia de reliquidaciones, cobros persuasivos y coactivos, entre otros, por el “período de vigencia del CONTRATO CAJANAL”,
lo que revela que la fuente del desacuerdo se sitúa en el cumplimiento o no de aquellas prestaciones, con incidencia en otras
actuaciones que se han adelantado. No podrá leerse de forma parcial, o ignorando su integralidad, cada una de las pretensiones,
siendo que la fuente del daño aducido se enmarca del ámbito de aquellos contratos.
Finalmente, se precisa que la mención que se hace en la pretensión 11 respecto del Ministerio de Educación, no habla de otro
negocio jurídico; basta señalar que el objeto y contenido del contrato celebrado en 1980 entre el departamento y Cajanal, versó
acerca de la prestación “de los servicios médico asistenciales y el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas …” a
favor del personal docente y administrativo del departamento, como fue precisado en dicho negocio jurídico.
43
Actualmente “medios de control”.
44
Sobre su declaratoria “resulta claro que es apenas una facultad de la parte demandada la de proponer desde un primer
momento, o sea, dentro del término de traslado de la demanda, esas excepciones; pero si no lo hace, no significa que precluyen
ya que las de caducidad, transacción y cosa juzgada podrá reconocerlas el juez, aun de oficio, en el momento de dictar sentencia”.
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio: “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Dupré Editores, Tomo I, Décima Edición,
Bogotá, 2009, pág. 566.
8
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
por concepto de esa prestación; lo anterior a fin de esclarecer las circunstancias que
condujeron a la celebración de los contratos puestos de presente por la demandante,
y su incidencia en el término de caducidad.
28. Las denominadas cuotas partes pensionales constituyen un mecanismo creado
para financiar el sistema de seguridad en pensiones de los servidores públicos, en
virtud del cual las entidades en las que éstos laboraron se obligan a aportar a la Caja
de Previsión Social o autoridad pagadora, la asignación equivalente al derecho de
jubilación del trabajador, a prorrata del tiempo servido. Su consagración primigenia en
el ordenamiento jurídico se halla en el art. 29 de la Ley 6 de 194545.
29. El pago de las mesadas pensionales fue asignado a la última entidad o caja a
la que estuviera vinculado el trabajador al momento de su retiro –y, de forma
excepcional, al organismo en el que prestó sus servicios por más tiempo–, lo que da
lugar a prestaciones y derechos correlativos, en tanto que aquella entidad o caja está
a cargo de reconocer y pagar las mesadas pensionales46, pudiendo repetir contra los
demás entes obligados a concurrir en el pago, una vez efectuado el desembolso
correspondiente47. Las discordancias en el porcentaje a sufragar por las entidades, su
falta de desembolso, o el trámite de recobro entre éstas, no pueden afectar al
pensionado, garantizando el cumplido giro de su mesada. La Sala hace énfasis en que
los derechos a la seguridad social, protección a la tercera edad, e irrenunciabilidad de
las garantías mínimas laborales de que son titulares los pensionados, no se pueden
desconocer con ocasión de gestiones o inconformidades interadministrativas48.
30. La Ley 6 de 1945, a través del artículo 18, creó la Caja de Previsión Social para
los empleados y obreros a nivel nacional (Cajanal), encargada del reconocimiento,
entre otros, de la pensión de jubilación a su favor. La Nación se comprometió a
garantizar todas las obligaciones de esta Caja. Esa misma ley, en su art. 21, facultó a
las instituciones de previsión social de los departamentos, de las entonces
intendencias, y de los municipios, a fundirse con Cajanal o continuar como entidades
independientes, con la precisión de que el Gobierno nacional regularía las
prestaciones que estos entes públicos debían pagar a sus empleados.
31. El Decreto Ley 3135 de 1968 estableció que Cajanal podía contratar con las
EICE, los departamentos y los municipios, la atención de una o varias de las
prestaciones previstas para los empleados y trabajadores del orden nacional –salvo el
45
“ARTÍCULO 29.- (Modificado por la ley 24 de 1947, art. 1) Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas
entidades de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la pensión
correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas.
Los trabajadores cuyos salarios o remuneraciones se paguen con cargo a fondos especiales que se formen con aporte de varias
entidades de derecho público, gozarán de las prestaciones más favorables que éstas reconozcan a sus propios trabajadores, con
cargo al mismo fondo especial.
Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos
devengados durante todo el tiempo de servicio (Modificado por el art. 3 de la Ley 5 de 1969)”.
46
De conformidad con lo previsto en el art. 21 de la Ley 72 de 1947, reiterado en el art.28 del Decreto Ley 3135 de 1968 –“Art.28.
La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados
a ella, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido en ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos
deudores, los que dispondrán del término de quince días para objetarlo”–.
47
Sentencia C-895 de 2009 de la Corte Constitucional.
48
“Como se ha dicho en otras oportunidades, al empleado le corresponde probar que ha cumplido con los requisitos de ley, en
tanto que a la entidad de previsión social o a la entidad que haga sus veces, además de observar esos presupuestos, le compete
tramitar sobre las cuotas partes pensionales de otras entidades que están obligadas a concurrir al pago de esa prestación social
y no puede trasladársele esa responsabilidad al trabajador, por tratarse de un trámite precisamente interadministrativo.
Lo contrario, sería pues desconocer derechos constitucionales como el trabajo (artículo 25), la protección de la tercera edad
(artículo 46), la seguridad social (artículo 48) y la irrenunciabilidad de derechos laborales mínimos (artículo 53)” (se subraya).
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de febrero de 2003, rad. 08001-23-31-000-1997-2063-01(1108-02).
9
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
auxilio de cesantía, en atención al Decreto 3118 de 196849–. Dichos contratos se
sustentarían en cálculos actuariales que garantizaran la compensación suficiente de
las prestaciones que la Caja se comprometía a prestar50.
32. Bajo ese marco, la Asamblea departamental de Caldas facultó, a través de la
Ordenanza 4 del 6 de noviembre de 1968, al Gobierno Departamental para celebrar
contratos con Cajanal, a fin de que esta institución se hiciera cargo de las pensiones
de jubilación causadas y consolidadas a 31 de junio de 1967, así como las generadas
con posterioridad a esa fecha y, en general, las demás prestaciones sociales a cargo
de la entidad territorial.
33. El 16 de diciembre de 1968, el departamento y la Caja celebraron el contrato
con el propósito de “lograr la integración de la seguridad social a escala nacional,
departamental y municipal, evitar la multiplicidad de organismos y funciones para un
mismo fin, mediante una acertada planeación y financiación, lograr por parte del
Estado la oportuna y eficaz atención de todas las prestaciones económicas y médico-
asistenciales que correspondan al servicio público, y extender a la provincia
Colombiana los [ilegible] beneficios que en este acuerdo se conviene para así llegar a
un tratamiento igualitario para todos los trabajadores oficiales”51.
34. La Caja se comprometió a hacerse cargo de los auxilios de cesantías (causados
o consolidados) y de las pensiones de jubilación existentes al 31 de enero de 1967,
que fueran de responsabilidad del departamento y de su Caja de Previsión Social 52,
así como de todas las prestaciones sociales, económicas y médico - asistenciales
creadas y establecidas por la Ley 6 de 1945, y sus disposiciones concordantes,
respecto de los trabajadores que hubieren estado o estuviesen al servicio de la entidad
territorial desde el 1 de febrero de 196753.
35. A su turno, el departamento se obligó a entregar a Cajanal, al final de cada
semestre, títulos, pagarés o documentos de crédito, que llevaran la garantía del
Gobierno nacional, por valor igual al pagado durante ese tiempo y en atención a la
llamada cuota patronal fijada en dicho acuerdo54.
49
Por medio del cual se creó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) con la función de pagar el auxilio de cesantía a empleados
públicos y trabajadores oficiales. Se estableció que la Caja debía liquidar dicha prestación causada hasta el 31 de diciembre de
1968.
50
“Artículo 2. La Caja Nacional de Previsión podrá contratar con los establecimientos públicos, las empresas comerciales e
industriales del Estado y los Departamentos y Municipios la atención de todos o algunos de los riesgos que hoy sirve respecto a
los empleados y trabajadores del orden nacional.
En ningún caso podrá pactarse el pago del auxilio de cesantía por la Caja Nacional de Previsión Social.
Los contratos aquí previstos se harán con base en cálculos actuariales que garanticen que la Caja Nacional recibirá compensación
suficiente por los riesgos que tome a su cargo. A la luz de este criterio se revisarán los contratos hasta hoy celebrados por la Caja
con otras unidades de la administración”.
51
Expediente digital: índice 17, SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fls.61 a 67.
52
Como se estableció en su contenido prestacional, así:
“CLÁSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA CAJA NACIONAL – PRESTACIONES SOCIALES. En conformidad con el artículo
5o. del Decreto No. 2786, de 15 de noviembre de 1968, expedido por el Gobierno Nacional, la Caja Nacional de Previsión Social
se hace cargo de los auxilios de cesantías causados o consolidados y de las pensiones de jubilación existentes en 31 de enero
de 1967, a cargo del Departamento de Caldas, y de su Caja de Previsión Social. Por su parte, el Departamento de Caldas,
entregará a la Caja Nacional de Previsión, al final de cada semestre títulos, pagarés o documentos de crédito que llevarán la
garantía del Gobierno Nacional, por un valor igual al pagado durante el respectivo semestre”.
53
“CLÁUSULA TERCERA: Así mismo, la Caja Nacional de Previsión se obliga para con trabajadores (empleados y obreros), que
hubieren estado o estén al servicio de este, desde el 1 de febrero de 1967, todas las prestaciones sociales, económicas y médico
– asistenciales creadas y establecidas por la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones vigentes sobre la materia”.
54
Conforme a la cláusula séptima, esta fue fijada en 10% del valor de todos los sueldos, remuneraciones, salarios y emolumentos.
Aumentada en el 12%, en virtud de lo convenido en el otrosí del 17 de enero de 1975.
10
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
36. El plazo del contrato fue de cinco años contados a partir del 1 de febrero de
196955 y prorrogado hasta el 31 de agosto de 1979, como se pasa a describir56:
No. OTROSÍ FECHA DE SUSCRIPCIÓN ESTIPULACIÓN
Extiende el plazo desde el 2 de febrero de 1974 hasta el 31
1 11/03/1974
de mayo del mismo año57.
Aumenta el término del negocio jurídico del 1 de junio de
2 27/06/1974
1974 hasta el 31 de diciembre esa anualidad58.
Prórroga el contrato el 1 de enero de 1975 hasta 1 de enero
3 17/01/1975 de 197759.
Extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 1978, todos
los servicios excepto cesantías y al 30 de junio de 1979,
4 31/05/1978
únicamente la prestación de los servicios de salud60.
5 Prórroga todos los servicios médico- asistenciales del 1 de
23/03/1979
enero de 1979 al 31 de agosto de ese año61.
37. Lo expuesto dilucida varios puntos: (i) el contrato no surgió de un interés aislado
de los contrayentes, devino de la estructura institucional orientada a la integración y
uniformidad a nivel nacional, de las prestaciones sociales de los trabajadores públicos,
(ii) ese sistema de reconocimiento prestacional, ya contemplaba las cuotas parte
pensionales como un mecanismo de soporte financiero al pago de la jubilación de
quienes laboraron con el Estado, (iii) a partir de la suscripción del pacto, la Caja asumió
el reconocimiento de las pensiones de los trabajadores del departamento causadas al
31 de enero de 1967 y con posterioridad a esa fecha, durante la vigencia del acuerdo,
y (iv) la entidad territorial se comprometió a desembolsar a la Caja los valores que ésta
hubiere reconocido por el pago de las mesadas pensionales, y sufragar las cuotas
patronales de los trabajadores vinculados al departamento en vigencia del negocio
jurídico.
38. Habiendo vencido el plazo del contrato el 31 de agosto de 1979, ¿las
obligaciones concernientes a éste eran exigibles con posterioridad a ese momento?
o, en otras palabras, ¿es viable exigir al departamento el cumplimiento de las
prestaciones a las que se comprometió con posterioridad a la terminación del negocio
jurídico y hasta que ocurra el fallecimiento de los beneficiarios de la pensión de
jubilación?
39. Es importante precisar que el plazo es un hecho futuro y cierto para el
nacimiento, cumplimiento e, inclusive, extinción de una obligación. Su consagración
puede ser expresa o tácita. Ese término es suspensivo, a voces del art. 1551 del C.C.,
cuando una vez acaezca sea posible exigir el cumplimiento de la prestación, es decir,
“mientras el plazo este pendiente, la obligación existe ya; solo que, como lo expresa el
inciso 1 del art 1551 del CC, su cumplimiento se ha diferido hasta cierta época”62 y es
extintivo cuando su vencimiento genera la conclusión de la obligación, “pone fin a su
eficacia futura”63.
55
Cláusula décima sexta.
56
Las fechas de suscripción son tomadas tal como figuran en los respectivos documentos, más allá de los periodos que
comprendían las prórrogas.
57
Expediente digital: índice 17, SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fls.71 a 73.
58
Expediente digital: índice 17, SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fls.74 a 76.
59
Expediente digital: índice 17, SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fls.77 a 79.
60
Expediente digital: índice 17, SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fls.80 a 82.
61
Expediente digital: índice 17, SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fls.83 a 86.
62
OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo: “Régimen general de las obligaciones”. Octava edición, 2016, Bogotá, Temis S.A
63
Ibidem.
11
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
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Referencia: Controversias contractuales
40. Las obligaciones en los contratos estatales de tracto sucesivo o cuya ejecución
o cumplimiento se prolongue en el tiempo, están sometidas, por regla general, a un
plazo suspensivo, ya sea parcial o definitivo, en virtud del cual la prestación ha de
realizarse en ese período, tornándose exigible a su vencimiento64. A su vez, la
jurisprudencia de esta Sección ha distinguido entre plazo de ejecución y plazo de
vigencia del contrato estatal. El primero consistente en el período establecido para la
realización de la prestación convenida y, el segundo, aquel que subsiste mientras esté
pendiente la obligación para las partes de liquidar el negocio jurídico65.
41. Bajo esa tesis, el acaecimiento del período previsto para la ejecución de las
prestaciones no libera a las partes del vínculo negocial, pues este permanece
“mientras no se extingan todas las obligaciones adquiridas, lo cual se cumple
necesariamente en la etapa de liquidación del contrato en la cual es donde la
administración puede valorar el cumplimiento total de las obligaciones a cargo del
contratista y es la que le pone término a la vinculación”66; no obstante, ese criterio no
es aplicable en el sub-lite, por las razones que pasan a explicarse.
42. El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 prevé que en todo contrato se entenderán
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las
concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que
señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado.
43. Para 1968, época de celebración del contrato, no existía un estatuto o
compendio particular que regulara los negocios estatales, y se regían por normas
dispersas que los sometían a las disposiciones del código civil y los principios
generales del derecho. El Decreto Ley 150 de 197667, primer estatuto de contratación
de la Nación y entidades descentralizadas, determinó que los contratos entre
entidades públicas, distintos de los de empréstito, no estaban sujetos a formalidades
o requisitos diferentes de los que la ley exige para la contratación entre particulares y,
con posterioridad, el Decreto 222 de 1983 establecía un listado de los que se
consideraban contratos administrativos, entre ellos, los llamados “interadministrativos
internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas,
prestación de servicios y suministro; los demás negocios entre entidades públicas
serían ubicados en la categoría de “contratos de derecho privado de la
administración”68.
44. En ese escenario, el negocio jurídico en estudio no estaba sometido a la fase
de liquidación, como etapa imperativa de cierre del pacto, en tanto que en el derecho
privado ésta se refiere a una estipulación accesoria que, por lo mismo, puede o no
convenirse entre las partes. En el sub-examine, el departamento y la Caja no
concertaron la realización de un acto liquidatario del acuerdo, por lo que no se
64
“el vencimiento del plazo estipulado en el contrato sin que el contratista haya satisfecho sus prestaciones o las haya atendido
tardía o defectuosamente, configura ipso iure o de pleno derecho el fenómeno del incumplimiento contractual” Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1999, expediente: 10264)
65
Nota original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de
1999, Exp. 10.264; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de
2000, Exp. 12.248; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 14 de diciembre de 2000, Radicación 1.293
y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de marzo de 2001, Exp. 13.352”,
citada por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de junio
de 2015, radicación 25000-23-26-2007-00108-01(42494).
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1999,
expediente: 10264.
67
Artículo 178.
68
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, radicación: 2257.
12
Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
estableció una distinción entre plazo de ejecución y vigencia del mismo; por tanto, el
contrato culminó definitivamente con el fenecimiento del plazo de ejecución acordado,
esto es, el 31 de agosto de 1979, momento a partir del cual empezó a correr el período
establecido en la normativa procesal para conocer los reproches de incumplimiento de
cara a la satisfacción de lo pactado.
45. El art. 40 de la Ley 153 de 188769 prescribe que los términos procesales se rigen
por las leyes vigentes al momento en que éstos empezaron a correr. El 31 de agosto
de 1979 estaba vigente la Ley 167 de 1941 “[s]obre la organización de la jurisdicción
Contencioso-administrativa” que, con la modificación introducida por el Decreto Ley
528 de 1964, estableció que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado conocía de las controversias relativas a contratos administrativos celebrados
por la Nación o por un establecimiento público descentralizado del orden nacional,
sin fijar un término especial para su discusión judicial70; por lo que se acudía a las
normas del Código de Procedimiento Civil sobre la materia, como lo dispuso el art.
282 de dicha norma71.
46. El art. 2536 del C.C. –previo a la modificación de la Ley 791 de 2002– dispuso
que la acción ordinaria prescribía a los veinte (20) años. Como el contrato culminó el
31 de agosto de 1979, el plazo para demandarlo se extendió hasta el 1 de septiembre
de 1999; no obstante, el departamento acudió ante esta jurisdicción el 4 de octubre de
2022, es decir, vencida ampliamente la oportunidad con que contaba para el efecto72.
47. Lo propio acontece si se examina el término para demandar el contrato suscrito
el 21 de julio de 1980 entre el departamento y Cajanal, para la prestación a favor del
personal docente y administrativo de la entidad territorial “de los servicios médico
asistenciales y el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a que se
refiere el contrato suscrito entre ella y el DEPARTAMENTO el 16 de diciembre de 1968
y las sucesivas prórrogas del mismo, excepto el reconocimiento y pago de cesantías
definitivas o parciales”73 (pretensiones 2 y 9) con plazo hasta el 31 de junio de 199074.
Frente a este negocio jurídico, la oportunidad para instaurar una demanda venció el 1
de julio de 1992, pues en esa fecha se cumplieron los dos años previstos en el núm.
10 del art. 136 del CCA75, para ejercer la acción de controversias contractuales76.
48. En estos términos, la determinación de la caducidad del medio de control
ejercido es integral frente al sub-lite, pues, como se desarrolló líneas atrás, todas las
69
“ARTÍCULO 40 [sin la modificación introducida por el CGP]. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a
correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
70
El art. 245 de la Ley 167 de 1941 determinaba que el Gobierno Nacional tenía un plazo de treinta (30) días para someter el
contrato a revisión del Consejo de Estado.
71
“Artículo 282. Los vacíos en el procedimiento establecido en esta ley se llenarán por las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil y de las leyes que lo adicionen y reforman, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y a
que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo”.
72
Se aclara, en todo caso, que la Sala tiene competencia para pronunciarse sobre la prescripción del derecho de acción, en tanto
que fue alegada por la UGPP en su contestación de la demanda -ver antecedentes-.
73
Expediente digital: índice 17, SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fls.129 a 136
74
Conforme a la certificación expedida por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de CAJANAL: Expediente digital: índice 17,
SAMAI -TA Caldas-, archivo: “2ED_002DEMANDAPODERYANEX”, fls.170
75
“Artículo 136. Caducidad de las acciones (…)
10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: (…)
b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes, contados desde la terminación del
contrato por cualquier causa”.
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Se aplica esta norma, ya que para el momento en que empezó a correr el término para acudir ante la jurisdicción (1990) estaba
vigente el Decreto 01 de 1984.
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Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- y otros
Referencia: Controversias contractuales
pretensiones instauradas tienen causa y fundamento en el ámbito de la
responsabilidad contractual, por el supuesto incumplimiento de los negocios
celebrados en 1968 y 1980. Al hallar configurado este fenómeno procesal, su ratio se
extiende a la totalidad de las súplicas formuladas.
49. La Sala debe señalar, en relación con los recobros que el departamento aduce
le ha elevado la UGPP con base en las prestaciones convenidas en el contrato, que
hay que distinguir entre este último como herramienta de vinculación entre el
departamento y Cajanal –para que ésta asumiera la posición de pagadora de las
mesadas de los trabajadores de aquel– y la naturaleza propia de las cuotas parte
pensionales, es decir, su carácter parafiscal77, al tener una destinación específica para
el pago de las mesadas pensionales dentro del esquema de financiación del Sistema
General de Seguridad Social en pensiones.
50. El art. 2 de la Ley 33 de 1985 reiteró el derecho a favor de las entidades
pagadoras de las pensiones, de repetir contra las demás entidades en quienes
concurra la obligación de pagar la respectiva pensión y estableció un procedimiento
para el efecto78. A su turno, la Ley 1066 de 2006, en su art. 479, unificó el derecho de
recobro de las entidades pagadoras y el período con que cuentan para tal fin.
51. La Corte Constitucional80 declaró exequible la prescripción del derecho de
recobro a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada respectiva. La Sala destaca
que si bien la pensión de jubilación, vejez e invalidez no admiten una prescripción
extintiva del derecho en sí mismo, ello no habilita una extensión indefinida de los
derechos de recobro entre entidades derivados del mismo, en tanto que razones de
orden público y de seguridad jurídica exigen que estas obligaciones tengan un plazo
extintivo o liberatorio81, por lo que el Legislador puede consagrar la prescripción
extintiva de derechos patrimoniales, siempre y cuando el término sea proporcionado y
no afecte el contenido esencial del derecho constitucional.
52. En esa medida, una cosa es el pacto a través del cual los contrayentes fijaron
las condiciones de asunción de obligaciones en seguridad social a cargo de la Caja y
la correlativa prestación del departamento –cuyo juicio de incumplimiento se encuentra
77
Sentencia C – 895 de 2009 de la Corte Constitucional. Al respecto, indicó: “… los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad
Social, tanto en Salud (C-577/97, C-542/98, T-569/99, C-1707/00) como en pensiones (C-179/97), llámense cotizaciones,
aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones
parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra
obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una
contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones” (resaltado del texto original).
78
“ARTÍCULO 2. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado
a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días
para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos.
Para los efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará anualmente las compensaciones
a que haya lugar, con cargo a los giros que les correspondan a los organismos o Cajas, por concepto de aportes del Presupuesto
Nacional; cuando se trate de entidades del orden departamental, intendencial, comisarial, municipal o del Distrito Especial de
Bogotá, la compensación anual se efectuará con cargo a las correspondientes transferencias de impuestos nacionales”.
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“Artículo 4. Cobro de intereses por concepto de obligaciones pensionales y prescripción de la acción de cobro. Las obligaciones
por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha
de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres
(3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes
de mora”.
80
Ib. Sentencia C-895 del 2 de diciembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
81
Al alto tribunal constitucional precisó, al respecto: “(…) el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los
tres (3) años siguientes al pago de la mesada respectiva, esto es, que el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales, así
como la obligación correlativa de su pago por cada una de las entidades concurrentes, si bien sólo nace cuando el desembolso
de cada mesada se ha hecho efectivo al jubilado, son razones de orden público y seguridad jurídica las que exigen que estas
obligaciones tengan un plazo extintivo o liberatorio, entendiéndose que lo se extingue es el derecho subjetivo de la entidad a
recobrar (…)”. Ibidem.
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Expediente 170012333000202200241 01 (73.362)
Demandante: Departamento de Caldas
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descartado por el fenecimiento de la oportunidad procesal para ello– y otra el acto
específico que reconoce la jubilación de los servidores públicos de la entidad territorial,
a partir del cual se concreta la obligación en forma clara y expresa82, y su exigibilidad
“ocurre en el momento en que se hace efectivo el desembolso de las respectivas
mesadas”83, lo que da paso al derecho de recobro entre entidades.
53. Es relevante diferenciar los aludidos actos jurídicos, por cuanto el pago de las
cuotas patronales surgidas del contrato no deriva, necesariamente, en el
reconocimiento de las mesadas pensionales a favor de los trabajadores cubiertos con
dichos pagos, pues para que proceda el derecho jubilación de esos servidores estos
deben cumplir con todos los requisitos fijados en la normativa laboral para acceder al
derecho de pensión.
54. Entonces, si a un trabajador que estuvo vinculado al departamento, durante el
interregno del contrato, la autoridad competente le reconoce la pensión, tal declaración
no habilita el examen de ese acuerdo, lo que da lugar es al recobro de las cuotas parte
a favor de la pagadora, si considera que el ente territorial no cubrió los aportes que le
correspondían, a prorrata del tiempo en que aquel laboró ante éste. En esa
circunstancia, el departamento tendrá que acreditar el efectivo desembolso de las
asignaciones que le correspondían, con base en el negocio jurídico suscrito, sin
irrumpir en un examen de esa relación obligacional, porque la misma ya culminó y no
fue objeto de reparo, ubicándose la discusión en sede del recobro de la cuota parte,
no en el instrumento negocial que las entidades usaron para convenir el pago de esos
aportes durante el plazo del acuerdo.
55. Se recalca que esas inconformidades o desacuerdos frente al recobro de las
cuotas partes pensionales que puedan existir entre la autoridad pagadora y la entidad
a la que estuvo vinculada el trabajador, en ningún momento pueden afectar a los
sujetos que cumplieron con los requisitos para su jubilación, al tratarse de trámites
interadministrativos que no tocan la órbita de protección de seguridad social de que
éstos son beneficiarios.
56. Por consiguiente, la Sala confirmará la decisión recurrida, con base en las
motivaciones desarrolladas.
Costas
57. El departamento señaló que, en virtud de las modificaciones introducidas por la
Ley 2080 de 2021, no procede la condena en costas, puesto que la demanda no carece
de fundamento legal.
58. El CPACA, en su artículo 188, establece que la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstos en el Código General del Proceso,
artículo 365. Los eventos objetivos, consagrados en la norma en mención, en punto a
la causación de éstas, determinan su imposición “a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (…)”.
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 16 de diciembre de 2011, 25000-
23-27-000-2008-00175-0a (18123).
83
Ibidem.
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59. No es cierto que la Ley 2081 de 2021 hubiere reducido la imposición de costas
a un evento particular, lo que hizo fue añadir un supuesto a los previstos en el CGP, al
consagrar que “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal” (se subraya).
60. En este orden de ideas, al Tribunal sí le correspondía condenar en costas a la
parte demandante, por resultar vencida dentro del proceso, por lo que se mantendrá
esa determinación y, adicionalmente, para la segunda instancia, la Sala también
impondrá dicha condena al departamento de Caldas, puesto que el núm. 3 del art. 365
del CGP consagra que “en la providencia del superior que confirme en todas sus partes
la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”, en el
monto de 1 SMLMV, según lo establece el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 –
adicionado por el Acuerdo No. PCSJA25-12355 de 2025, proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por esta instancia, al departamento de Caldas,
en el monto de 1 SMLMV y a favor de los demandados.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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