Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00244-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00244-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2022-00244-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
Actor: Arturo Salazar Gutiérrez actuando como representante legal de la Junta de
Acción Comunal del barrio Los Mangos de Chinchiná
Demandados: Municipio de Chinchiná y Corporación Autónoma Regional de
Caldas – CORPOCALDAS
Vinculados: Empresas Públicas de Medellín ESP1, Central Hidroeléctrica de
Caldas – CHEC2 y UNE EPM Telecomunicaciones S.A.3
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el municipio de
Chinchiná contra la sentencia de 11 de julio de 20254, proferida por la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Arturo Salazar Gutiérrez actuando como representante legal de la
Junta de Acción Comunal del barrio Los Mangos de Chinchiná, presentó demanda5,
en ejercicio de la acción popular, contra el municipio de Chinchiná y la Corporación
1 Vinculada mediante auto de 3 de marzo de 2021.
2 Vinculada mediante auto de 28 de junio de 2021.
3 Vinculada mediante auto de 28 de junio de 2021.
4 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
5 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
72ADespachocon_Expediente_01CuadernoExpediente(.pdf) NroActua 2 […]”.
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Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, con el objeto de que se protejan
los derechos e intereses colectivos previstos en los literales d), g) y l)6 del artículo 4
de la Ley 472 de 5 de agosto de 19987.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones8:
“[…] Para los efectos de las PRETENSIONES, haremos alusión a los términos de
acuerdo al MANUAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 2016 VOLUMEN 2
para que de acuerdo a esas indicaciones técnicas de INVIAS y MINTRANSPORTE
se ordene a la autoridad ambiental de tipo autónomo y a la autoridad de tránsito y de
planeación y presupuestal del orden municipal que:
1. Se repare la calzada de ascenso de la vía de acceso al barrio El Mango (Loma el
garrotazo) de Chinchiná Caldas desde el sector de tres esquinas hasta la reja de
desagüe donde termina la vía junto a la entrada de del Balneario Villa Diana.
1010.7.11 Mantenimiento (de acuerdo las especificaciones técnicas de INVIAS)
Conjunto de actividades destinadas a preservar la condición de una carretera y de
sus componentes, tales como el derecho de vía, calzadas, bermas, elementos de
drenaje, estructuras, túneles, dispositivos de seguridad y control de tránsito, etc., con
el fin de que sigan prestando de manera efectiva el servicio para el cual fueron
construidos o dispuestos.
2. Que se construya el andén contiguo a la calzada de ascenso de la vía de acceso
al barrio El Mango (Loma el garrotazo) de Chinchiná Caldas desde la primera curva
subiendo hasta la reja de desagüe donde termina la vía parte alta junto a la entrada
de del Balneario Villa Diana.
3. Que se construya el andén contiguo a la calzada de descenso de la vía de acceso
al barrio El Mango (Loma el garrotazo) de Chinchiná Caldas desde la última curva
bajando hasta donde termina la vía parte baja sector tres esquinas.
4. Que se ordene a las entidades de servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica, gas domiciliario, televisión, telefonía y otras; que tienen instalados los
"postes" o las acometidas sobre el único andén que hay en el tramo de descenso de
la vía de acceso al barrio El Mango (Loma el garrotazo) de Chinchiná Caldas, para
que retiren o remuevan los "postes" o cualquier "paral" que tengan para el servicio de
soporte de las líneas que ellos disponen sobre estos, desde el sector de tres esquinas
hasta la reja de desagüe donde termina la vía junto a la entrada del Balneario Villa
Diana que obstruyan el paso de los peatones que por allí circulan.
5. Que se ordene al municipio de Chinchiná la realización de actividades de
mantenimiento rutinario de la vía de acceso al barrio El Mango (Loma el garrotazo)
6 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre
otros, los relacionados con:
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.
7 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
8 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
72ADespachocon_Expediente_01CuadernoExpediente(.pdf) NroActua 2 […]”.
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de Chinchiná Caldas desde el sector de tres esquinas hasta la reja de desagüe donde
termina la vía junto a la entrada de del Balneario Villa Diana.
6. Que se ordene a CORPOCALDAS o al MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS a
quien competa, la realización de actividades de mantenimiento rutinario del talud o
taludes que tiene la vía de acceso al barrio El Mango (Loma el garrotazo) de Chinchiná
Caldas desde el sector de tres esquinas hasta la reja de desagüe donde termina la
vía junto a la entrada de del Balneario Villa Diana.
7. Que se ordene al municipio de Chinchiná la realización de actividades de
mantenimiento rutinario de la vía de acceso al barrio El Mango (Loma el garrotazo)
de Chinchiná Caldas desde el sector de tres esquinas hasta la reja de desagüe donde
termina la vía junto a la entrada del Balneario Villa Diana.
1010.7.1 Actividad de mantenimiento
Trabajo de mantenimiento vial que se puede definir, individualizar y diferenciar
claramente de otros, para el cual se describen procedimientos generales de
ejecución, se estipulan los materiales requeridos, se establecen los requisitos de
calidad a los que se debe ajustar para su recibo y se fijan las condiciones para la
medida y el pago del trabajo realizado correctamente.
1010.7.2 Actividades de mantenimiento periódico
Acciones que se requieren ocasionalmente o con una periodicidad superior a un año
en una carretera y sus elementos conexos y que, en cierta medida, se pueden
programar con antelación, debido a que son determinadas principalmente por el
tránsito y las condiciones meteorológicas.
1010.7.3 Actividades de mantenimiento rutinario
Actividades destinadas a reparar o reponer situaciones de deterioro que se producen
en la carretera y en sus elementos conexos a lo largo del año y que, en cierta medida,
son independientes de la intensidad del tránsito y de las condiciones meteorológicas
[…]”.
Presupuestos fácticos expuestos por la parte actora
3. La parte actora señaló que en el barrio Los Mangos del municipio de
Chinchiná existe una vía que conduce desde el sector Tres Esquinas (carrera 12
con calle 12) hasta el sector Las Peñas, la cual tiene una pendiente de 45 grados,
cuyo carril derecho (en el sentido de ascenso) carece de andén, excepto por un
pequeño tramo de 10 metros. Asimismo, afirmó que el carril izquierdo tiene andenes
irregulares que impiden la adecuada circulación de los peatones que transitan por
el sector.
4. Adujo que la vía en el carril de subida tiene el pavimento deteriorado y en mal
estado, por lo que los vehículos que suben invaden el carril de descenso, lo que
genera un riesgo para la movilidad y la seguridad vial en esa zona. Asimismo,
aseguró que, pese al mal estado de la vía, no existen señales que adviertan a los
conductores sobre el riesgo.
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5. Señaló que la vía tiene un talud al lado derecho que representa un riesgo
inminente para los transeúntes. Si bien se realizaron unas pantallas de contención
para evitar la erosión y el desprendimiento de la montaña y de la única casa que se
encuentra construida en la cima del talud, lo cierto es que en ocasiones se han
presentado desprendimientos de tierra que han generado taponamientos en la vía
y han puesto en riesgo a los transeúntes.
Contestaciones de la demanda
7. La Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, a
través de escrito de 21 de enero de 20209, se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones de “[…] falta de legitimación en la causa por
pasiva atribuible a la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS
[…]”, “[…] competencia de las entidades territoriales en materia vial, que abstrae la
competencia de CORPOCALDAS […]” y “[…] Cumplimiento por parte de la
Corporación Autónoma Regional de Caldas en su función asesora […]”.
8. El municipio de Chinchiná presentó escrito de 24 de enero de 202010 en el
que, entre otras cosas, señaló que era cierta la existencia del talud pero que la
atención del riesgo debía asumirla la autoridad ambiental. Asimismo, expuso que el
municipio tiene proyectado realizar algunas reparaciones sobre la vía y andenes,
pero señaló que correspondía al propietario del predio con el que colinda la vía y a
CORPOCALDAS la construcción de los andenes en la zona.
9. Las Empresas Públicas de Medellín - EPM presentaron escrito de 24 de
marzo de 202111 en el que advirtieron que no tienen instalada infraestructura de
servicios públicos domiciliarios en el barrio Los Mangos, sin embargo, señalaron
que la infraestructura de los servicios públicos en la zona es de la Central
Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. – CHEC. Formularon la excepción de “[…]
Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”.
10. La Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. presentó escrito de
9 de agosto de 202112 en el que señaló que no es la entidad responsable de la
vulneración de los derechos colectivos invocados y propuso las excepciones de “[…]
Falta de legitimación en la causa por pasiva […]” y “[…] hecho superado […]”.
9
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
72ADespachocon_Expediente_01CuadernoExpediente(.pdf) NroActua 2 […]”.
10
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
72ADespachocon_Expediente_01CuadernoExpediente(.pdf) NroActua 2 […]”.
11
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
78ADespachocon_Expediente_07ContestacionDemand(.pdf) NroActua 2 […]”.
12 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
84ADespachocon_Expediente_13ContestacionDemand(.pdf) NroActua 2 […]”.
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11. La compañía UNE EPM Telecomunicaciones S.A. presentó escrito de 1 de
agosto de 2022 en el que se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones de: “[…] Excepción de inexistencia de daño, vulneración, amenaza o
peligro de los derechos y/o intereses colectivos que se señalan como vulnerados
[…]”, “[…] Excepción de improcedencia del mecanismo constitucional de acción
popular dentro del presente asunto […]”, “[…] Insuficiencia probatoria – Carga
probatoria en cabeza del accionante […]”, “[…] falta de legitimación en la causa por
pasiva […]” y “[…] excepción genérica […]”.
Actuaciones en primera instancia
12. Mediante auto de 29 de octubre de 201813, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Manizales admitió la demanda, y se ordenó notificar
a las entidades demandadas, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público.
13. El Juzgado celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día 28
de enero de 202214, la cual se declaró fallida al no existir fórmula de arreglo entre
las partes.
14. Mediante auto de 28 de septiembre de 202215, proferido por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales, se declaró la falta de competencia
para continuar con el trámite del proceso y se dispuso el envío de la actuación al
Tribunal Administrativo de Caldas.
15. Mediante auto de 13 de enero de 2023 el Tribunal Administrativo de Caldas
avocó conocimiento del proceso.
16. El Tribunal profirió auto de 26 de febrero de 202416, mediante el cual corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.
13 Cfr. Índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
148ED_EXPEDIENTEDIGITALONE(.pdf) NroActua 190 […]”.
14 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
104ADespachocon_Expediente_33ActaAudienciaPacto(.pdf) NroActua 2 […]”.
15
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
115ADespachocon_Expediente_44AutoDeclaraFaltaCo(.pdf) NroActua 2 […]”.
16 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
54AUTOTRASLADOATRASLADO ALEGAT_00016AUTOTRASLADOALEGATOSPDF(.pdf) NroActua 16 […]”.
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17. La compañía UNE EPM Telecomunicaciones S.A.17, la Corporación
Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS18, el municipio de Chinchiná19 y
las Empresas Públicas de Medellín - EPM E.S.P.20, presentaron escritos en los que
reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.
18. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
Sentencia de primera instancia
19. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
sentencia el día 11 de julio de 2025 en la que resolvió lo siguiente21:
“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva frente a UNE EPM Telecomunicaciones, Empresas Públicas de
Medellín y Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, por las consideraciones
expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR probadas las excepciones de “Competencia de las
entidades territoriales en material vial, que abstrae la competencia de
CORPOCALDAS” y “Cumplimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional
de Caldas en su función asesora” formuladas por Corpocaldas.
TERCERO: DECLARAR la responsabilidad del Municipio de Chinchiná, en la
vulneración de los derechos colectivos contenidos en los literales d), g) y l) del artículo
4 de la Ley 472 de 1998, con ocasión de la omisión de sus deberes de mantenimiento
de vías urbanas y andenes en la vía de acceso (carril derecho subiendo) al barrio Los
Mangos (tramo conocido como la loma El Garrotazo desde el sector de tres esquinas
hasta la reja de desagüe de la entrada al balneario Villa Diana), y de prevención y
reducción del riesgo de inestabilidad del talud adyacente, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR como medidas de protección de los derechos colectivos, las
siguientes:
4.1. ORDENAR (sic) MUNICIPIO DE CHICHINÁ que, dentro de un año siguiente a
la notificación de este fallo, adelante las obras necesarias para la reposición de las
losas fracturadas de la vía de acceso (carril derecho subiendo) al barrio Los Mangos
(tramo conocido como la loma El Garrotazo desde el sector de tres esquinas hasta la
reja de desagüe de la entrada al balneario Villa Diana), así como el arreglo de los
andenes de dicha vía que se encuentran en defectuoso estado o su construcción en
caso de ser inexistentes, de tal forma que queden plenamente aptos para su uso
peatonal seguro por parte de toda la población, en especial de las personas en
situación de discapacidad. En caso de requerirse el desplazamiento de postes
pertenecientes a empresas de servicios públicos, deberá el municipio de Chinchiná
adelantar las gestiones pertinentes ante la empresa correspondiente para su
correspondiente relocalización.
17 Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
58RECIBEMEMORIAL_ALEGATOSUN_086ESCRITOALEGATOSPD(.pdf) NroActua 21 […]”.
18 Cfr. Índice 22 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
58_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 22 […]”.
19 Cfr. Índice 23 del Sistema de Getsión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
59_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 23 […]”.
20 Cfr. Índice 24 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
62RECIBEMEMORIAL_Descorrealegato_090MEMORIALDESCORRETRASLADOALEGATOSPDF(.pdf)
NroActua 24 […]”.
21 Cfr. índice 32 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
121SentenciaPrimeraInstancia20250711(.pdf) NroActua 32 […]”.
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4.2. En atención al principio de autoconservación establecido en el artículo 3 numeral
4 de la Ley 1523 de 2012, REQUERIR al accionante Arturo Salazar Gutiérrez en su
calidad de presidente y representante legal de la JAC del barrio Los Mangos, y/o quien
haga sus veces para que, en caso de advertir nuevas fracturas, grietas, señales de
inestabilidad u otro fenómeno en las vías, andenes o viviendas del sector, dé
inmediato aviso al municipio de Chinchiná, para que adelante las visitas y acciones
de su competencia.
4.3 ORDENAR al MUNICIPIO DE CHINCHINÁ y a CORPOCALDAS que, dentro de
los 15 días siguientes a la notificación de este fallo, efectúen una visita al sitio
objeto de esta acción popular, y dentro del mismo término, la autoridad ambiental
remitirá a esta Corporación a través de la ventanilla virtual
https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ opción memoriales y/o
escritos, un informe en el que indique el estado actual de la situación de inestabilidad
del talud y valide y actualice las recomendaciones otorgadas.
4.4 ORDENAR al MUNICIPIO DE CHINCHINÁ que dentro de los 6 meses siguientes
al vencimiento del término para efectuar la visita y elaborar el informe, adelante las
gestiones presupuestales, técnicas, contractuales y administrativas, y ejecute las
obras civiles necesarias para la mitigación del riesgo, de conformidad con las
recomendaciones realizadas por Corpocaldas, sin perjuicio de realizar los recobros
correspondientes a los particulares propietarios y/o poseedores que hayan afectado
las condiciones del talud, luego de adelantado el debido proceso.
4.5 ORDENAR al MUNICIPIO DE CHINCHINA que dentro de 1 mes siguiente a la
notificación de este fallo identifique los habitantes del sector objeto de la presente
acción, que han modificado los andenes existentes para facilitar el ingreso de motos
y vehículos automotores en general, y presuntamente han construido fachadas sin
dejar espacio para la construcción de andenes y ejerza las medidas sancionatorias
de control urbano luego de adelantado el debido proceso.
Se precisa que el término otorgado para el cumplimiento de las medidas de reparación
se contará a partir de la notificación de esta sentencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las consideraciones
expuestas.
SEXTO: No condenar en costas ni agencias en derecho, por las razones expuestas.
SÉPTIMO: CONFORMAR un Comité ad honorem de verificación de cumplimiento del
presente fallo popular integrado por:
7.1 La Magistrada ponente de este caso, quien lo presidirá
7.2 El accionante Arturo Salazar Gutiérrez, presidente y representante legal de la JAC
del barrio Los Mangos y/o quien haga sus veces.
7.3 Un delegado del Municipio de Chinchiná.
7.4 Un delegado de Corpocaldas.
7.5 Un delegado de la Defensoría del Pueblo Regional Caldas.
7.6 La Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Administrativos.
Dicho Comité queda constituido a partir de la notificación de esta providencia, en
consecuencia, desde ya se requiere a la entidad obligada para que rinda informes
trimestrales a este Tribunal, sobre el cumplimiento de cada una de las órdenes y
uno final al culminar sus labores, los que deberá allegar a través de la ventanilla
virtual del despacho https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ opción
memoriales y/o escritos.
OCTAVO: ADVERTIR a las partes que el Tribunal en los términos del inciso 4° del
artículo 34 de la Ley 472 de 1998, mantiene la competencia permanente para verificar
el cumplimiento del fallo y tomar las medidas necesarias para su debida y oportuna
ejecución, por consiguiente, las órdenes judiciales que aquí se imponen deberán
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cumplirse perentoriamente so pena de desacato en los términos establecidos por el
artículo 41 de la Ley 472 de 1998.
NOVENO: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, a
través de la Secretaría, enviar copia de la demanda y la presente sentencia a la
Defensoría del Pueblo. Igualmente, se autoriza la expedición de copias con destino a
las partes que han venido actuando.
DÉCIMO: En firme la sentencia, y verificado su cumplimiento, archivar el expediente,
previa anotación en la base de datos del despacho 04 de este Tribunal y en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI […]”22.
20. El Tribunal consideró que no existe cosa juzgada respecto de la acción
popular tramitada bajo el radicado 17001-33-31-001-2010-00271-00, toda vez que,
aunque ambas acciones versan sobre el estado de la vía de acceso al barrio Los
Mangos y la construcción de andenes en la zona, la precitada acción popular
terminó en el año 2010 mediante sentencia que aprobó un pacto de cumplimiento
el cual se limitó únicamente al estado de los andenes adoptando medidas ilusorias
que no garantizaron la protección de los derechos colectivos alegados, lo que
habilita al juez popular a analizar nuevamente el caso ante la existencia de nuevas
circunstancias y pruebas de la vulneración.
21. El Tribunal concluyó que de conformidad con las pruebas allegadas al
proceso se evidencia la vulneración de los derechos colectivos amparados luego de
acreditarse el mal estado de los andenes y el deterioro de la vía de acceso al barrio
Los Mangos, lo que genera un riesgo para los peatones y conductores, así como la
amenaza por la inestabilidad del talud adyacente y la afectación al goce del espacio
público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público.
Recurso de apelación
22. El municipio de Chinchiná presentó escrito de 22 de julio de 2025 mediante
el cual interpuso recurso de apelación que fundamentó en los siguientes
argumentos23:
23. Afirmó que existe cosa juzgada respecto de la acción popular identificada con
número único de radicación 17001-33-31-001-2010-00271-00, proceso en el que se
aprobó un pacto de cumplimiento que tuvo por objeto la intervención de la vía en el
sector La Frontera. En consecuencia, señaló que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 35 de la Ley 472 de 1998 las sentencias que resuelven una acción popular
hacen tránsito a cosa juzgada erga omnes.
22
Cfr. Índice 35 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
Memorial__125Recurso_20250722RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 35 […]”.
23 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 2ED_Apelacion(.pdf)
NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
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24. Señaló que no se acreditaron los requisitos materiales de la acción popular,
esto es, aquellos exigidos por el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 para probar la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados. Asimismo, adujo que
el Tribunal desconoció el principio de imparcialidad al aceptar, sin la existencia de
una prueba técnica, las afirmaciones generales sobre el presunto deterioro de una
vía pública ubicada en sector de los Mangos realizadas por el actor popular, en
quien recaía la carga probatoria.
25. Sostuvo que es imposible imputar responsabilidad al municipio por omisión
en el mantenimiento de la vía del sector La Frontera sin que exista evidencia técnica.
Por el contrario, señaló que la administración municipal ha desplegado esfuerzos
técnicos y presupuestales para atender las necesidades viales de la comunidad. Al
respecto, aseguró que para que se pueda imputar responsabilidad se exige que la
omisión sea dolosa o culposa y relevante jurídicamente, lo que no se acreditó en el
proceso.
26. Manifestó que lo resuelto por el Tribunal desconoce el principio de
sostenibilidad fiscal y planeación del gasto público, toda vez que se impuso al
municipio la ejecución de obras y acciones que suponen una afectación significativa
al presupuesto público municipal, sin que se verificara si lo ordenado estaba incluido
en los planes de inversión y sin respetar el marco presupuestal previsto en el
Decreto 111 de 1996 y en el artículo 345 de la Constitución Política. En este mismo
punto, expuso que el Tribunal no se refirió a la viabilidad técnica, presupuestal y
contractual de las órdenes impartidas y desconoció que el gasto público debe
ejecutarse con sujeción a los principios de eficiencia, sostenibilidad y
responsabilidad fiscal.
27. Finalmente, adujo que el plazo concedido para el cumplimiento de las
órdenes judiciales impartidas no es razonable ni proporcional, toda vez que no tuvo
en cuenta la complejidad técnica, financiera y contractual de las medidas
dispuestas, lo que desconoce la realidad operativa y presupuestal de la entidad
territorial y obstaculiza la programación razonable de las actuaciones
administrativas. Por lo que solicitó, de manera subsidiaria, que de mantenerse la
orden judicial se ampliara el plazo para su cumplimiento.
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Concesión de los recursos de apelación
28. La magistrada sustanciadora del Tribunal profirió auto de 24 de julio de
202524, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por el
municipio de Chinchiná contra la sentencia proferida en primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
29. El despacho sustanciador profirió auto de 15 de julio de 202525 mediante el
cual admitió los recursos de apelación referidos, ordenó notificar a las partes e
intervinientes y al procurador delegado en lo contencioso administrativo ante el
Consejo de Estado. Igualmente advirtió que, si las partes no solicitaban la práctica
de pruebas durante el término de ejecutoria de la precitada providencia, se
prescindiría del traslado para alegar de conclusión y entraría el proceso al despacho
para fallo.
30. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
31. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
32. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201926, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el artículo 15027 de la Ley
1437 de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, se
precisa que esta Sección es competente para conocer en dicha instancia de los
recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.
24 Cfr. índice 37 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 128ConcedeRecursoApelacion20250724(.pdf) NroActua 37 […]”.
25 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
9Autoqueadmite_APa2017298301_Defens(.pdf) NroActua 4 […]”.
26 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del
Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
27 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
33. Asimismo, de conformidad con los artículos 32028 y 32829 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201230, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae el recurso interpuesto por el municipio de
Chinchiná.
34. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problemas jurídicos
35. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:
35.1. ¿Si se configura la cosa juzgada respecto de la acción popular identificada
con número único de radicación 17001-33-31-001-2010-00271-00?
35.2. ¿Si se encuentra probada la vulneración de los derechos e intereses
colectivos y si la responsabilidad recae en el municipio de Chinchiná?
35.3. ¿Si la decisión del Tribunal vulnera los principios de sostenibilidad fiscal y
planeación del gasto público?
35.4. ¿Si es procedente ampliar el plazo para el cumplimiento de las órdenes
impartidas por el Tribunal?
35.5. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 11 de julio de 2025 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
36. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
28 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
29 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
30 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
37. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “[…]
los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
38. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.
39. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses colectivos.
40. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”31.
41. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472
de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa y por lo tanto puede
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes y en consecuencia
cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés
colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador,
habrá de acudirse a las acciones pertinentes.
Análisis del caso concreto
42. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas mediante
sentencia de 11 de julio de 2025 amparó los derechos colectivos al goce del espacio
público, a la seguridad y salubridad públicas y a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente con ocasión del mal estado en que se encuentra
la vía pública municipal que se ubica en el barrio Los Mangos del municipio de
Chinchiná y el riesgo de deslizamiento que representa un talud en ese sector. Por
lo que impartió órdenes al municipio y a la autoridad ambiental para la protección
de los derechos e intereses colectivos amparados.
43. Contra la sentencia proferida por el Tribunal, el municipio de Chinchiná
interpuso recurso de apelación que, en síntesis, fundamentó en los siguientes
argumentos: i) existencia de cosa juzgada respecto de la acción popular identificada
con número único de radicación 17001-33-31-001-2010-00271-00 que fue resuelta
mediante sentencia de 12 de noviembre de 2010 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Manizales; ii) falta de prueba técnica y de los
requisitos previstos en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 que impiden predicar la
responsabilidad por omisión respecto del municipio; iii) no observancia del principio
de sostenibilidad fiscal y planeación del gasto público; y iv) ampliación del plazo
para el cumplimiento de las órdenes impartidas en primera instancia.
44. Por lo anterior, la Sala estudiará los argumentos expuestos en el recurso de
apelación en el siguiente orden: i) la configuración de la cosa juzgada en el caso
concreto; ii) la valoración probatoria en la sentencia apelada y la responsabilidad
del municipio de Chinchiná en el caso concreto; iii) el principio de sostenibilidad
fiscal y planeación del gasto público; y iv) el plazo para el cumplimiento de las
órdenes impartidas.
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
La configuración de la cosa juzgada en el caso concreto
45. El Consejo de Estado ha considerado que la cosa juzgada está compuesta
por los elementos objetivo y subjetivo. El primero se refiere al objeto y la causa del
proceso judicial y el segundo alude a los sujetos que intervienen en este.
46. Por una parte, el objeto del proceso está relacionado con el derecho o bien
objeto del litigio y, generalmente, se encuentra en las pretensiones de la demanda
y en la parte resolutiva de la sentencia; y, por la otra, la causa está conformada por
los fundamentos fácticos y de derecho de la demanda, es decir por la causa petendi.
47. El elemento subjetivo de la cosa juzgada está compuesto por las personas
que por cualquier causa son parte del proceso; es decir, el demandante, el
demandado y los sucesores por causa de muerte, por liquidación de la persona
jurídica o por cesión de derechos litigiosos.
48. Ahora bien, la cosa juzgada en las acciones populares está regulada de
forma especial en el artículo 35 de la Ley 472 de 1998, según el cual “[…] [l]a
sentencia tendrá efectos de cosa juzgada respecto de las partes y del público en
general […]”.
49. En efecto, cualquier persona natural o jurídica puede promover las acciones
populares, en nombre de la sociedad, según lo dispone el artículo 12 de la Ley 472
de 1998 y, la sentencia que ordena la protección de los derechos e intereses
colectivos tiene efectos erga omnes, en esta medida, es oponible al público en
general así no hayan sido parte del juicio.
50. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia proferida
el 22 de enero de 2026, hizo referencia a la cosa juzgada en las acciones populares
en los siguientes términos32:
“[…] Esta institución procesal fue definida en el artículo 303 del Código General del
Proceso –CGP -, en los siguientes términos:
[…] ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero
o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de
2026, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 85001-23-33-000-2023-00130-01.
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro
en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión […]”.
De lo anterior, se advierte que su declaratoria está supeditada a que i) exista
identidad de objeto entre el proceso ya dirimido y el nuevo litigio; ii) ambos
procesos estén fundados en la misma causa; y iii) se advierta identidad jurídica
respecto de las partes procesales.
Ahora, respecto de la identidad de partes, conforme se precisó en precedencia,
la Sala reitera que esta sólo se exige frente a la parte demandada en el sentido
de que basta con que coincidan los responsables de la vulneración de los derechos,
pues frente a la parte demandante dicha exigencia no resulta aplicable dado que
la titularidad de la acción popular recae en cualquier persona […]”. (Destacado
fuera de texto).
51. Ahora bien, al descender al caso concreto, la Sala destaca que el Tribunal al
analizar la supuesta configuración de cosa juzgada, realizó las siguientes
consideraciones:
“[…] Así mismo se observa que, dentro de la acción popular identificada con el
radicado No. 17001-3331-001-2010-00271-00, el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales, mediante sentencia de 12 de noviembre de 2010 aprobó pacto de
cumplimiento acordado en audiencia llevada a cabo el 10 de noviembre de 2010 de
lo cual se consignó que:
"[...] El suscrito juez propone a las partes que sobre los andenes de los que trata
la acción popular se hagan obras de mantenimiento despejando los mismos
de la maleza que los invade, y en los sectores donde no hay andén
específicamente se coloquen cintas señalizadoras de peligro o pinturas
que cumplan función similar, para facilitar la circulación segura de los
peatones. Sobre la calzada a la que se refiere la acción el despacho con base
en las fotografías aportadas en el expediente, expone que se observan en un
estado de mantenimiento regular, pero que no reflejan un inminente riesgo para
la colectividad toda vez que sobre ellas se observa que hay buena y adecuada
transitabilidad, por lo que el pacto de cumplimiento se limitaría al aspecto
relacionado con los andenes, dándose así por satisfechas las pretensiones
del actor popular, y abriéndose el paso para la sentencia que apruebe el pacto
de cumplimiento.
El actor popular expone que tal propuesta se ajuste para que el término para el
mantenimiento de los andenes sea de tres meses contados a partir de la
sentencia que apruebe el pacto.
El municipio acepta la propuesta como queda establecida por el juzgado y con
el término propuesto por el actor popular". (Negrita de la Sala)
Por lo anterior, si bien ambas acciones populares coinciden en solicitar el
mantenimiento de la vía de acceso del barrio Los Mangos y la construcción de
andenes en esa zona; la Sala advierte que la popular tramitada en el año 2010
finalizó con pacto de cumplimiento el cual se limitó únicamente al estado de los
andenes.
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
Y aunque se tomaron medidas de reparación respecto al estado de los andenes,
estas solo se limitaron a ordenar “obras de mantenimiento despejando los
mismos de la maleza que los invade, y en los sectores donde no hay andén
específicamente se coloquen cintas señalizadoras de peligro o pinturas que
cumplan función similar, para facilitar la circulación segura de los peatones”;
lo que las convierte en medidas ilusorias que no garantizaron la protección de
los derechos colectivos alegados, lo que se traduce en una negativa del
derecho y habilita al juez constitucional a analizar nuevamente el caso ante la
existencia de nuevas circunstancias y pruebas de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado previamente
analizada.
Además, de las pruebas aportadas por el municipio de Chinchiná se observan
unas fotografías aparentemente del 18 de diciembre de 2012 donde se evidencia
la zona objeto de la acción y el cumplimiento de las medidas de reparación
acordadas en el pacto de cumplimiento:
Así, los hechos alegados en este asunto no corresponderían al incumplimiento
de la sentencia que aprobó el pacto; máxime si se tienen en cuenta que una de las
cosas cuestionadas por la parte actora es precisamente la existencia de andenes
“ficticios”, delimitados únicamente por líneas pintadas en el pavimento que no
garantizan la seguridad de la población al movilizarse por la zona.
Por lo expuesto, la Sala considera que la acción popular tramitada bajo el
radicado No. 17001-33-31-001-2010-00271-00 ante el Juzgado Primero
Administrativo de Manizales no hizo tránsito a cosa juzgada respecto de la
presente acción popular, por lo que se procederá con el análisis de fondo del
presente asunto […]”. (Destacado fuera de texto).
52. Por su parte, el municipio de Chinchiná en el recurso de apelación reiteró que
existe cosa juzgada respecto de la acción popular identificada con número único de
radicación 17001-33-31-001-2010-00271-00, proceso en el que se aprobó un pacto
de cumplimiento que tuvo por objeto la intervención de la vía en el sector La Frontera
y señaló que de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 472 de 1998 las
sentencias que resuelven una acción popular hacen tránsito a cosa juzgada erga
omnes.
53. La Sala realizará el análisis con el objeto de constatar o descartar la posible
configuración de la cosa juzgada alegada por el municipio de Chinchiná, como se
sintetiza en la siguiente tabla:
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
Acción popular 17001-23-31-001-2010- Acción popular 17001-23-33-000-2022-
00271-00. Actor: Fernando Patiño Martínez 00244-01. Actor: Arturo Salazar Gutiérrez
Parte demandada: Municipio de Chinchiná Parte demandada: Municipio de Chinchiná y
Corporación Autónoma Regional de Caldas –
CORPOCALDAS
Objeto: Esta acción popular tuvo por objeto la Objeto: En la acción popular de la referencia se
protección de los derechos e intereses pretende la protección de los derechos e
colectivos al goce del espacio público, al goce intereses colectivos al goce del espacio
del ambiente sano, a la seguridad y público, a la seguridad y salubridad públicas y
prevención de desastres previsibles al derecho a la seguridad y prevención de
técnicamente y a la realización de desastres previsibles técnicamente por lo
construcciones, edificaciones y desarrollos que solicitó: la reparación de la calzada de
urbanos respetando las disposiciones jurídicas ascenso de la vía de acceso al barrio El Mango
de manera ordenada y dando prevalencia al (Loma el Garrotazo) de Chinchiná, desde el
beneficio de la calidad de vida de los habitantes sector de tres esquinas hasta la reja de
por lo que solicitó “[…] ordenar al Municipio de desagüe donde termina la vía junto a la entrada
Chinchiná realizar las obras conducentes al Balneario Villa Diana; la construcción del
para la construcción de andenes y andén contiguo a la calzada de ascenso de la
recuperación de los existentes en la vía de vía de acceso al barrio El Mango (Loma el
acceso al barrio los Mangos del Municipio Garrotazo) de Chinchiná, desde el sector de
[…] igualmente solicitó en incentivo económico tres esquinas hasta la reja de desagüe donde
consagrado en el artículo 39 de la ley 472 de termina la vía junto a la entrada al Balneario
1998, a cargo del demandado […]. Villa Diana; la construcción del andén
Asimismo, la sentencia de 12 de noviembre de contiguo a la calzada de descenso de la vía de
2010 proferida por el Juzgado Primero acceso al barrio El Mango (Loma el Garrotazo)
Administrativo del Circuito de Manizales aprobó de Chinchiná Caldas desde la última curva
el pacto de cumplimiento que tuvo por objeto bajando hasta donde termina la vía parte baja
“[…] que sobre los andenes de los que trata sector tres esquinas; el retiro o remoción de
la acción popular se hagan obras de los postes o cualquier paral que tenga para
mantenimiento despejando los mismos de la el servicio de soporte de líneas de servicios
maleza que los invade, y en los sectores públicos domiciliarios; que se ordene al
donde no hay andén específicamente se municipio la realización de actividades de
coloquen cintas señalizadoras de peligro o mantenimiento rutinario de la vía; que se
pinturas que cumplan función similar, para ordene a CORPOCALDAS o al municipio la
facilitar la circulación segura de los realización de actividades de mantenimiento
peatones […] el pacto de cumplimiento se del talud o taludes que tiene la vía de acceso
limitaría al aspecto relacionado con los al barrio; que se ordene al municipio la
andenes […]”. realización de actividades de mantenimiento
rutinario de la vía de acceso al barrio. Causa petendi: “[…] la vía que conduce al Causa petendi: La parte actora señaló que la
barrio los Mangos del Municipio de Chinchiná, vía que conduce desde el sector Tres Esquinas
Caldas, se encuentra en muy mal estado y por (carrera 12 con calle 12) hasta el sector Las
ser una zona de alto tráfico vehicular su Peñas en el barrio Los Mangos de Chinchiná,
condición tiende a empeorar, adicionalmente, tiene una pendiente de 45 grados, cuyo carril
manifestó que dicha vía no cuenta en varios derecho (en el sentido de ascenso) carece de
tramos con andenes, y los que existen se andén, excepto por un pequeño tramo de 10
encuentran invadidos por vegetación lo cual metros.
Asimismo, el carril izquierdo tiene
impide el tránsito de las personas que por allí andenes irregulares que impiden la adecuada
circulan […]”. circulación de los peatones que transitan por el
sector.
La vía en el carril de subida tiene el pavimento
deteriorado y en mal estado, por lo que los
vehículos que suben prefieren invadir el carril
de descenso, lo que genera un riesgo para la
movilidad y la seguridad vial en esa zona.
Aseguró que pese al mal estado de la vía, no
existen señales que adviertan a los conductores
sobre el riesgo en la vía.
Señaló que la vía tiene un talud al lado derecho
que representa un riesgo inminente para los
transeúntes. Si bien, se realizaron unas
pantallas de contención para evitar la erosión y
el desprendimiento de la montaña y de la única
casa que se encuentra construida en la cima del
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talud, lo cierto es que en ocasiones se han
presentado desprendimientos de tierra que han
generado taponamientos en la vía y han puesto
en riesgo a los transeúntes.
54. La Sala destaca que en relación con la identidad de parte demandada en la
acción popular identificada con número único de radicación 17001-23-31-001-2010-
00271-00 únicamente se demandó al municipio de Chinchiná, en tanto que, en la
acción popular de la referencia, adicionalmente se demandó a la Corporación
Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, razón por la cual no existe total
coincidencia de parte demandada.
55. Frente al objeto del proceso, si bien en la acción popular identificada con
número único de radicación 17001-23-31-001-2010-00271-00 se solicitó el amparo
de los derechos colectivos al goce del espacio público y a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente por lo que se pretendió que se ordenara al
municipio de Chinchiná, entre otras cosas, la construcción de andenes y la
recuperación de los existentes en la vía de acceso al barrio Los Mangos, lo cierto
es que de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de 12 de noviembre de 2010
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales que
aprobó un pacto de cumplimiento, el objeto del proceso quedó circunscrito a realizar
obras de mantenimiento despejando los andenes de la maleza que los invade
y en los sectores donde no hay andén se coloquen cintas señalizadoras de
peligro o pinturas que cumplan función similar para facilitar la circulación segura
de los peatones.
56. Por el contrario, el objeto del proceso de la referencia busca la protección de
los derechos colectivos al goce del espacio público, a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y a la seguridad y salubridad públicas para lo
cual se solicitó la reparación de la calzada de ascenso de la vía de acceso al barrio,
la construcción de los andenes contiguos a las calzadas de ascenso y
descenso, el retiro o remoción de postes de servicios públicos, el mantenimiento
rutinario de la vía y del talud.
57. En este orden de ideas, la Sala considera que no se cumple el supuesto
relacionado con la coincidencia de objeto entre la acción popular identificada con
número único de radicación 17001-23-31-001-2010-00271-00 y la acción popular
de la referencia, toda vez que en aquella el objeto se agotó con la realización de
obras de mantenimiento para despejar los andenes y la instalación de cintas
señalizadoras de peligro, mientas que en la acción popular de la referencia se
pretende la construcción de los andenes de ascenso y descenso de la vía de acceso
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
al barrio Los Mangos, además de la reparación de la calzada de ascenso, el retiro
de los postes de servicios públicos y el mantenimiento rutinario de la vía y del talud.
58. Ahora, frente a la identidad de causa petendi, la Sala destaca que en la
acción popular identificada con número único de radicación 17001-23-31-001-2010-
00271-00, la causa se limita al mal estado de la vía de acceso al barrio Los
Mangos y a la inexistencia de andenes, así como a la invasión de la vegetación
en los andenes que existen. Por su parte, en la acción popular de la referencia se
alude a la inexistencia de andén en el carril de ascenso y a los andenes
irregulares en el carril de descenso que impiden la circulación de los peatones.
Adicionalmente, la causa del proceso se fundamenta en el deterioro del pavimento
de la vía y en la amenaza del talud de tierra en esa zona.
59. La Sala considera que el proceso de la referencia alude a causas que van
más allá de las señaladas en la acción popular identificada con número único de
radicación 17001-23-31-001-2010-00271-00, por lo que no se cumple el requisito
de la identidad de causa petendi. Y, en todo caso, en lo relacionado con la
inexistencia de andenes en la vía que podría ser el único punto de coincidencia
entre ambas acciones populares, lo cierto es que, como se explicó líneas arriba, las
acciones populares analizadas no tienen el mismo objeto.
60. La Sala concluye en este acápite que le asistió razón al Tribunal al afirmar
que no existe cosa juzgada con la acción popular identificada con número único de
radicación 17001-23-31-001-2010-00271-00.
La valoración probatoria en la sentencia apelada y la responsabilidad del
municipio de Chinchiná
61. El municipio manifestó que no se acreditaron los requisitos materiales de la
acción popular, esto es, aquellos exigidos por el artículo 30 de la Ley 472 de 1998
para probar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados.
Asimismo, adujo que el Tribunal desconoció el principio de imparcialidad al aceptar,
sin la existencia de una prueba técnica, las afirmaciones generales sobre el
presunto deterioro de una vía pública ubicada en sector de los Mangos realizadas
por el actor popular, en quien recaía la carga probatoria.
62. La Sala destaca que en la sentencia apelada el Tribunal valoró, entre otras,
las siguientes pruebas allegadas al proceso:
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
63. Copia del informe técnico presentado por el jefe de la oficina de
infraestructura del municipio de Chinchiná y realizado a la vía de acceso al barrio
Los Mangos el 27 de enero de 2020, en el cual se indicó lo siguiente33:
“[…] El estado del pavimento en el carril izquierdo sentido oriente-occidente es bueno,
ya que fue construido en el año 2011 durante la reposición del alcantarillado y cambio
de las placas completas del carril en mención en contrato realizado por la alcaldía
municipal. El carril derecho se encuentra en mal estado y debe ser reconstruido
para lo cual se presenta presupuesto correspondiente a la demolición, retiro de
pavimento y reconstrucción del mismo para este carril.
Respecto a las aceras, se encuentran aceras con discontinuidad entre las
mismas, para lo cual se propone la demarcación de una cebra en el sitio donde se
interrumpe la acera por el costado derecho e inicia la del costado izquierdo con el fin
de mantener una continuidad del paso peatonal en el trayecto de la vía analizada.
En el primer tramo se observa una invasión por parte de material proveniente
del talud y vegetación rastrera sobre la acera del costado derecho entre las
abscisas K0+040 a K0+082 aproximadamente, para lo cual se incluye el retiro de
este material dentro del presupuesto. Es importante anotar que por la limitación de
espacio es bastante complejo pensar en la construcción de aceras en ambos
costados, toda vez que se estrecharían mucho los carriles en una vía de fuerte
pendiente, lo que podría generar conflictos viales mayores. Respecto a los taludes,
los mismos requieren ser evaluados por personal calificado para conocer las
obras requeridas, por lo que se recomienda sea incluido en las próximas
evaluaciones realizadas con Corpocaldas dentro de la priorización de obras de
mitigación y control realizado con esta autoridad ambiental cada año.
33Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
72ADespachocon_Expediente_01CuadernoExpediente(.pdf) NroActua 2 […]”.
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
[…]”. (Destacado fuera de texto).
64. Copia de estudios previos y oportunidad elaborado por el municipio de
Chinchiná para el convenio solidario el 31 de octubre de 2022, cuyo objeto fue “[…]
CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERXOS TÉCNICOS, OPERATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE APORTE DE
MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA REPOSICIÓN DE 76 METROS
LINEALES DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO LOS MANGOS SOBRE LA VIA
PRINCIPAL QUE CONDUCE AL BARRIO DESDE EL SECTOR DE TRES
ESQUINAS […]”, del cual se destaca34:
“[…] 2.1.1 ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR
Con el convenio se pretende la reposición de 76 METROS LINEALES con las
características técnicas descritas a continuación en donde la comunidad está
obligada a la contratación de un oficial y un ayudante y en la convocatoria de los
lugareños para participar en los convites, así como la contratación de ranas y
mezcladoras. el suministro de combustible para su funcionamiento mientras que el
municipio aportará todos los materiales requeridos en sitio, asistencia y
acompañamiento técnico, refuerzos de mano de obra calificada de ser
necesario. De otra parte se pretende impactar en el fortalecimiento de los procesos
democráticos y participativos comunitarios en los barrios del Municipio de Chinchiná,
a partir de invitación a convites para ejecutar actividades de obra como
excavaciones, compactación de bases granulares y construcción de losas de
pavimento rígido en concreto hidráulico, para la construcción del pavimento
permitiendo con ello el mejoramiento de la infraestructura vial de este sector y
así propiciar condiciones que garanticen su seguridad, suscitar el ejercicio de la
democracia participativa, contribuir al bienestar y fortalecimiento de procesos sociales
y la integración comunitaria, y la promoción del Municipio como generador de
espacios para la participación y construcción de sociedad […]”. (Destacado fuera de
texto).
34Cfr. Índice 8 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
7_ED_007ESTUDIOSPREVIOSOB(.pdf) NroActua 8 […]”.
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65. Copia del convenio interadministrativo 177-2018 del 21 de diciembre de
201835 suscrito entre CORPOCALDAS y el municipio de Chinchiná para “[…] Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Chinchiná y
Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, control
de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área urbana y
rural del Municipio, por el sistema de monto agotable […]”.
66. El mencionado convenio interadministrativo fue liquidado a través de acta del
16 de diciembre de 2019, en la cual se indicó que el “[…] El plazo del convenio se
venció el 27 de octubre del año en curso, sin que el Municipio adelantara ninguna
de las obras objeto del mismo […]”36.
67. Mediante memorando 2024-II-00003090 del 29 de enero de 2024 el
subdirector de Infraestructura Ambiental de CORPOCALDAS informó que37:
“[…] El talud superior a la vía de entrada al barrio Los Mangos estuvo priorizado para
ser intervenido en el marco del Convenio Interadministrativo No. 177-2018, sin
embargo, como se menciona en el memorando No. 2019-II-00032528 no se pudo
llevar a cabo las intervenciones propuestas en los diferentes puntos priorizados por
las siguientes razones:
“[…] Mediante el convenio interadministrativo N° 177-2018, que tenía por Objeto
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de
Chinchiná y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad de taludes,
control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área urbana y
rural del Municipio, por el sistema de monto agotable”, se encontraba priorizada la
intervención de un tramo de la ladera superior a la vía, debido a que se
presentaron desprendimientos superficiales, los cuales podían llegar a afectar
las viviendas y la infraestructura existente en la base.
Este convenio se liquidó sin ejecutar las obras, en el acta de liquidación se
estipula lo siguiente:
[…] Para liquidar el convenio 177-2018 no se diligenció acta de recibo final ya que se
cumplió el plazo sin que el Municipio, en calidad de ejecutor, realizara las obras,
lo que se evidencia en las siguientes consideraciones:
• Mediante oficio con radicado 2019-EI-00015402 fechado el 13/09/2019, el Alcalde,
Dr. Sergio López Arias, solicitó cambiar el ejecutor del convenio aduciendo que: 1) Al
Municipio no le fue posible adjudicar la ejecución de las obras a un proponente que
cumpliera con los requisitos establecidos en los procesos de menor cuantía SAMC
005-2019 y SAMC 007-2019, razón por la cual fueron declarados desiertos. 2) Que la
Ley 819 de 2003 estipula la prohibición de aprobación de vigencias futuras en el último
año de periodo gubernamental, no resulta posible para el Municipio realizar la
ejecución inmersa en el convenio.
35 Cfr. Índice 9 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
41_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_041CONVENIO177(.pdf) NroActua 9 […]”.
36 Cfr. Índice 9 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
42_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_042ACTALIQUIDACIONP(.pdf) NroActua 9 […]”.
37 Cfr. Índice 9 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
40_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_040MEMORANDORESPUEST(.pdf) NroActua 9
[…]”.
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• Mediante oficio 2019-IE-00026409 fechado el 16/10/2019, la Corporación manifiesta
al Municipio que: No es posible cambiar el ejecutor del convenio, teniendo en cuenta
que el tiempo no daba para surtir los trámites relacionados con la reincorporación de
los recursos al presupuesto de Corpocaldas, ni adelantar los procesos de contratación
de las obras, ni efectuar los giros correspondientes que resulten del proceso
contractual antes del 31 de diciembre de la actual vigencia. 2) Que el Municipio debe
devolver los recursos girados como pago anticipado por valor de $34.860.558.
• El plazo del convenio se venció el 27 de octubre del año en curso, sin que el
Municipio adelantara ninguna de las obras objeto del mismo […]”.
Adicionalmente, para el caso específico de la solicitud, es importante anotar que
CORPOCALDAS actúa en el marco de su competencia, como institución asesora,
tanto de la comunidad como de los entes territoriales en el departamento de Caldas
(tal como lo indica la Ley 99 de 1993 y la Ley 1523 del 2012); brindando asesoría
mediante conceptos técnicos con diagnóstico y las respectivas recomendaciones,
desde el punto de vista del Riesgo. (…) Por último, dentro del convenio vigente
entre CORPOCALDAS y el Municipio de Chinchiná No. 074-2023, no se
encuentra priorizado como sitio de intervención el sector en mención […]”.
(Destacado fuera de texto).
68. Del material probatorio referido, el Tribunal concluyó lo siguiente:
“[…] A partir de lo anterior, se encuentra suficientemente acreditado que la vía de
acceso (carril derecho subiendo) al barrio Los Mangos, del municipio de
Chinchiná, tramo conocido como la loma El Garrotazo desde el sector de tres
esquinas hasta la reja de desagüe de la entrada al balneario Villa Diana, se
encuentra en mal estado al presentar grietas y pérdida de asfalto.
Así mismo, se encuentra demostrado que la vía en cuestión no cuenta con
andenes en todos sus tramos que garanticen el desplazamiento de forma
segura de los peatones que transitan por la zona, especialmente de aquellos
que se encuentran en situación de discapacidad, como es el caso de los señores
José Fabián Molina Londoño y Luis Alfredo Gómez Parra, cuyos testimonios fueron
claros en señalar las dificultades a las que se enfrentan para circular por la zona ante
las irregularidades presentadas en la construcción de los andenes o en la falta de
éstos.
[…]
Las versiones de los testigos fueron congruentes al relatar el estado de la vía y
de los andenes, lo cual se confirma con las fotografías aportadas al plenario
tanto por la parte actora, como por el municipio de Chinchiná.
[…]
Igualmente se destaca que el deterioro de la vía, la falta de andenes, o el mal
estado de los existentes, y la falta de señalización (la cual no se advierte en las
fotografías aportadas), constituyen una vulneración al derecho a la seguridad
de los usuarios de la vía (peatones y conductores y pasajeros de vehículos),
por las deficiencias que presenta la infraestructura pública vial que hace parte
del espacio público.
En cuanto al talud adyacente a la vía, se advierte que si bien no se acreditó una
situación de inestabilidad y alto riesgo; las pruebas que fueron relacionadas
revelan de manera categórica que el talud en cuestión ha presentado
deslizamientos superficiales, a partir de factores naturales como las
condiciones climáticas usuales o la concentración de aguas lluvias, y factores
antrópicos, como lo es el sobre empinamiento del terreno presuntamente por la
construcción de la vía, lo que aumenta el riesgo para los peatones y
conductores.
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Por lo anterior, no cabe duda de que la situación descrita es vulneradora del
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al
estar en riesgo la seguridad de transeúntes, pues les impide desplazarse o
permanecer con seguridad en ese sitio, al tiempo que los somete a un elevado riesgo
de fenómenos de remoción en masa, con las consecuencias que ello puede tener
para su vida, salud e integridad física […]”. (Destacado fuera de texto).
69. La Sala considera que el Tribunal motivó suficientemente la sentencia
proferida en primera instancia, para lo cual realizó la valoración probatoria aplicando
las reglas de la sana crítica y garantizando el debido proceso y el derecho de
defensa de las partes procesales.
70. Por otro lado, las pruebas allegadas al proceso permitieron al Tribunal arribar
a la conclusión sobre la existencia de vulneración de los derechos e intereses
colectivos amparados, por lo que el argumento relacionado con la inexistencia de
una prueba técnica que echa de menos el municipio, no impedía al Tribunal concluir
con los demás medios de prueba que la vía de acceso al barrio Los Mangos carece
de andenes en ambos costados, la calzada de ascenso se encuentra en mal estado
y existe riesgo de desprendimiento del talud.
71. Adicionalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley
472 de 1998, aunque la carga de la prueba recae en el demandante, en el caso
concreto en la comunidad del Barrio Los Mangos, lo cierto es que con el material
probatorio allegado al proceso y valorado por el Tribunal fue posible concluir que
existe vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados.
72. Por lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón al apoderado judicial
del municipio de Chinchiná y, en consecuencia, el argumento estudiado en este
acápite no prospera.
73. Ahora bien, frente al argumento de la ausencia de responsabilidad del
municipio de Chinchiná, la entidad territorial sostuvo que es imposible imputar
responsabilidad al municipio por omisión en el mantenimiento de la vía del sector
La Frontera sin que exista evidencia técnica. Por el contrario, señaló que la
administración municipal ha desplegado esfuerzos técnicos y presupuestales para
atender las necesidades viales de la comunidad. Al respecto, aseguró que para que
se pueda imputar responsabilidad se exige que la omisión sea dolosa o culposa y
relevante jurídicamente, lo que no se acreditó en el proceso.
74. La Sala destaca que el Tribunal al momento de analizar la responsabilidad
del municipio en la vulneración de los derechos e intereses colectivos que fueron
amparados fundamentó el estudio en los artículos 1, 82, 88, 102, 311 y 313 de la
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Constitución Política. Asimismo, invocó el artículo 3 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. Mencionó el decreto 1504 de
1998, incorporado en el decreto 1077 de 2015. De la misma manera, mencionó el
artículo 17 de la Ley 105 de 1993, sobre la integración de la infraestructura distrital
y municipal de transporte, el artículo 8 de la Ley 388 de 1997.
75. En materia de prevención y atención de desastres expuso lo previsto en la
Ley 388 de 1997, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, sobre la competencia de los
municipios en otros sectores y la Ley 1523 de 2012, en los artículos 2, 14 y 31.
76. El Tribunal consideró lo siguiente en referencia a la responsabilidad del
municipio de Chinchiná:
“[…] Finalmente, la hermenéutica jurisprudencial que brinda el máximo órgano de
esta jurisdicción especializada reitera que el alcalde municipal es el responsable
directo de la implementación de la gestión de riesgo de desastres, con el
apoyo y coordinación de los departamentos en el marco del principio de
subsidiariedad, y la asesoría técnica de las Corporaciones Autónomas
Regionales, circunscrita al ámbito de sostenibilidad ambiental, reglas que
tendrá en cuenta el Tribunal ulteriormente, al imponer las medidas de reparación.
Bajo el anterior contexto, el municipio de Chinchiná desatendió los postulados
legales previstos en el artículo 76.9.1 de la Ley 715 de 2001 y 2 y 14 de la Ley
1523 de 2012, en la medida en que ante las condiciones de deterioro del talud
objeto de esta acción popular, no ha desplegado las actuaciones necesarias y
suficientes para su adecuación, previniendo con ello las situaciones que dicho
riesgo puede desencadenar, lo que, de contera, implica soslayar su papel
como responsable directo en el conocimiento, la mitigación y la gestión de
riesgo de desastres en su ámbito territorial, de acuerdo con el marco
normativo señalado líneas atrás, en especial, si se tiene en cuenta que el talud
se encuentra localizado en el costado de una vía municipal que se vería
afectada por un eventual deslizamiento.
En cuanto a Corpocaldas, lo acreditado hasta este punto permite concluir que no ha
incumplido la función de asesoría técnica que le atribuye el artículo 31 de la Ley 99
de 1993, por lo que habrá de declararse probadas las excepciones de “Competencia
de las entidades territoriales en material vial, que abstrae la competencia de
CORPOCALDAS” y “Cumplimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional
de Caldas en su función asesora […]”. (Destacado fuera de texto).
77. La Sala considera que el Tribunal precisó la normativa que regula las
competencias del municipio y concluyó, de conformidad con el material probatorio
allegado al proceso, que existe vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda como consecuencia de la inexistencia de andenes en los
costados de la vía, lo que pone en riesgo a los peatones, así como el mal estado
del carril de ascenso que genera riesgo de accidentalidad, toda vez que los
conductores por esquivar el mal estado de la vía terminan invadiendo el carril
contrario, máxime teniendo en consideración que se trata de una vía en pendiente.
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78. Aunado a lo anterior, existe un riesgo latente en materia de desprendimiento
del talud a un lado de la vía, que afecta a los conductores y transeúntes de la zona
por la amenaza de desprendimiento y remoción en masa.
79. En este sentido, no le asiste razón al apoderado del municipio cuando señala
que el municipio no puede ser declarado responsable, toda vez que no se probó el
dolo o la culpa por parte de la administración municipal. Por el contrario, la Sala
precisa que la responsabilidad del municipio deriva de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las funciones del alcalde
municipal en materia de gestión del riesgo y aquellas relacionadas con el
mantenimiento de las vías urbanas del municipio.
80. Por lo anterior, el argumento analizado en este acápite carece de vocación
de prosperidad.
El principio de sostenibilidad fiscal y planeación del gasto público
81. El municipio manifestó que se desconoció el principio de sostenibilidad fiscal
y de planeación del gasto público, toda vez que se impuso a la entidad territorial la
ejecución de obras y acciones que suponen una afectación significativa al
presupuesto público, sin que se verificara si lo ordenado estaba incluido en los
planes de inversión y sin respetar el marco presupuestal previsto en el Decreto 111
de 1996 y en el artículo 345 de la Constitución Política. En este mismo punto, expuso
que el Tribunal no se refirió a la viabilidad técnica, presupuestal y contractual de las
órdenes impartidas y desconoció que el gasto público debe ejecutarse con sujeción
a los principios de eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad fiscal.
82. Al respecto, la Sala destaca que la jurisprudencia de esta Sección ha
sostenido de manera pacífica que la insuficiencia de recursos económicos no
excusa a la entidad del cumplimiento de lo ordenado en procura de proteger los
derechos e intereses colectivos, máxime cuando el municipio puede acudir al
departamento y a la Nación en búsqueda de apoyo financiero cuando sus recursos
son limitados para el cumplimiento de sus obligaciones.
83. En este específico punto, esta Sección ha sostenido lo siguiente38:
“[…] Es así como esta Sección ha sostenido de forma uniforme y reiterada que la falta
de recursos económicos no es un argumento que sirva para desvirtuar la
afectación de los derechos colectivos o para limitar las medidas que
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 agosto de 2022,
CP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 85001 23 33 000 2019 00161 01.
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eventualmente puede adoptar el juez popular para garantizar su protección.
Sobre el particular, la posición de esta Sección ha sido la de prever que existen
procedimientos explícitos en el orden jurídico que sí deben ser observados por las
autoridades judiciales a la hora de imponer una orden de amparo que implique su
utilización. En providencia del 15 de diciembre de 2016, se sostuvo lo siguiente:
“12.2. Los trámites presupuestales y la escasez de recursos económicos
no justifican la desprotección de los derechos colectivos. En reiterada y
uniforme jurisprudencia, la Sala ha puesto de presente que, el hecho de que la
ejecución de obras públicas esté supeditada al agotamiento de los pasos
previos, de la formulación e inscripción de proyectos en los Bancos de
Proyectos de Inversión, así como de la inclusión de los proyectos en los
planes de desarrollo municipal, departamental y nacional, no es razón
para negar la protección de los derechos colectivos cuando está probado
el supuesto fáctico que sirvió de fundamento a la acción popular. En este
caso, el juez debe ordenar a las autoridades adelantar las gestiones
técnicas de planeación, las contractuales y presupuestales conducentes
a que los respectivos proyectos se incluyan en el plan de desarrollo y
cuenten con disponibilidad presupuestal, para que luego de cumplirse las
exigencias legales puedan ejecutarse. Además, esta Sala ha manifestado
que la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la
demostrada vulneración de los derechos colectivos. Ante esa situación, lo
procedente es ordenar a las autoridades que efectúen las gestiones
administrativas y financieras necesarias para obtener los recursos económicos
requeridos.
En efecto, en sentencia de 25 de octubre de 2001, a propósito de una
problemática relacionada con la práctica de necropsias a cadáveres en estado
de descomposición, sin que existiera una morgue en el Municipio de San Pedro
(Sucre), esta Sala consignó el criterio jurisprudencial aludido, de la siguiente
manera: “La falta de disponibilidad presupuestal y de existencia real de recursos
no es, en manera alguna, argumento válido para destruir el acervo probatorio
que sustenta el fallo del inferior y que se puntualiza en la indudable
demostración de los hechos que sirvieron de fundamento al ejercicio de la
acción popular.
En tal virtud, le corresponde al Alcalde y a su equipo de gobierno proseguir el
adelantamiento de esta gestión y emprender las que sean necesarias para
conseguir mediante el mecanismo de cofinanciación los recursos
presupuestales que permitan financiar el proyecto de alcantarillado con el
porcentaje de los recursos ordinarios que la Nación a esos efectos les transfiere
en la denominada Participación de Beneficio General y si estos resultaren
insuficientes, con recursos de cofinanciación que deben gestionar ante el
Departamento o la Nación, explorando la disponibilidad de recursos de inversión
que para ese tipo de proyectos se prevean en los programas y subprogramas
de los presupuestos de inversión del Departamento Nacional de Planeación, del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Ministerio
de Desarrollo”.
Conforme a lo expuesto, para la Sala es claro que el juez popular debe contemplar
las normas presupuestales y programáticas al momento de tomar decisiones,
pues no existe duda en cuanto a que una adecuada planeación permite el
desarrollo de las actividades. En esta medida, tampoco reporta duda la
obligación que tienen las entidades territoriales de realizar los trámites
administrativos y financieros pertinentes para lograr la ejecución de las
órdenes dadas cuando éstas propenden por la protección de derechos e
intereses colectivos […]”. (Destacado fuera de texto).
84. La Sala reitera, por una parte, que la falta de recursos económicos no es un
argumento para desvirtuar la afectación de los derechos colectivos, por lo que no
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resulta procedente que se revoque una orden judicial con fundamento en ese
argumento. Y por otra parte, que corresponde al municipio, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, incluir en su presupuesto
las partidas correspondientes y necesarias para el cumplimiento de las órdenes
judiciales que se le imparten, más teniendo en consideración que los derechos
colectivos que se protegen tienen relación directa con la gestión del riesgo de
desastres, en el caso concreto por la amenaza de desprendimiento de un talud en
la vía de acceso al barrio Los Mangos del municipio de Chinchiná.
85. Por lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que no le asiste razón al
apoderado del municipio en el argumento estudiado en este acápite.
Sobre el plazo para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia apelada
86. El Municipio adujo que el plazo concedido para el cumplimiento de las
órdenes judiciales impartidas no es razonable ni proporcional, toda vez que no tuvo
en cuenta la complejidad técnica, financiera y contractual de las medidas
dispuestas, lo que desconoce la realidad operativa y presupuestal de la entidad
territorial y obstaculiza la programación razonable de las actuaciones
administrativas. Por lo que, solicitó de manera subsidiaria que de mantenerse la
orden judicial se ampliara el plazo para su cumplimiento.
87. En este punto, la Sala precisa las órdenes que fueron impartidas al municipio
en la sentencia apelada:
“[…] CUARTO: ORDENAR como medidas de protección de los derechos colectivos,
las siguientes:
4.1. ORDENAR MUNICIPIO DE CHICHINÁ que, dentro de un año siguiente a la
notificación de este fallo, adelante las obras necesarias para la reposición de las
losas fracturadas de la vía de acceso (carril derecho subiendo) al barrio Los
Mangos (tramo conocido como la loma El Garrotazo desde el sector de tres esquinas
hasta la reja de desagüe de la entrada al balneario Villa Diana), así como el arreglo
de los andenes de dicha vía que se encuentran en defectuoso estado o su
construcción en caso de ser inexistentes, de tal forma que queden plenamente
aptos para su uso peatonal seguro por parte de toda la población, en especial de las
personas en situación de discapacidad. En caso de requerirse el desplazamiento de
postes pertenecientes a empresas de servicios públicos, deberá el municipio de
Chinchiná adelantar las gestiones pertinentes ante la empresa correspondiente para
su correspondiente relocalización.
[…]
4.3 ORDENAR al MUNICIPIO DE CHINCHINÁ y a CORPOCALDAS, que, dentro de
los 15 días siguientes a la notificación de este fallo, efectúen una visita al sitio
objeto de esta acción popular, y dentro del mismo término, la autoridad ambiental
remitirá a esta Corporación a través de la ventanilla virtual
https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/ opción memoriales y/o escritos, un
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informe en el que indique el estado actual de la situación de inestabilidad del
talud y valide y actualice las recomendaciones otorgadas.
4.4 ORDENAR al MUNICIPIO DE CHINCHINÁ que dentro de los 6 meses siguientes
al vencimiento del término para efectuar la visita y elaborar el informe, adelante
las gestiones presupuestales, técnicas, contractuales y administrativas, y
ejecute las obras civiles necesarias para la mitigación del riesgo, de conformidad
con las recomendaciones realizadas por Corpocaldas, sin perjuicio de realizar los
recobros correspondientes a los particulares propietarios y/o poseedores que hayan
afectado las condiciones del talud, luego de adelantado el debido proceso.
4.5 ORDENAR al MUNICIPIO DE CHINCHINÁ que dentro de 1 mes siguiente a la
notificación de este fallo identifique los habitantes del sector objeto de la
presente acción, que han modificado los andenes existentes para facilitar el
ingreso de motos y vehículos automotores en general, y presuntamente han
construido fachadas sin dejar espacio para la construcción de andenes y ejerza
las medidas sancionatorias de control urbano luego de adelantado el debido proceso.
Se precisa que el término otorgado para el cumplimiento de las medidas de reparación
se contará a partir de la notificación de esta sentencia […]”.
88. La Sala considera que los plazos otorgados por el Tribunal son
proporcionales y adecuados para la protección de los derechos e intereses
colectivos. Concretamente, se dispuso del plazo de un año para la reposición de las
losas fracturadas y el arreglo y construcción de los andenes, término que es
suficiente para incluir la partida en el presupuesto del municipio, en caso de que no
estuviera prevista.
89. Asimismo, el plazo de 15 días otorgado al municipio y a la autoridad
ambiental para realizar la visita a la zona y elaborar un informe sobre la inestabilidad
del terreno, así como el plazo de 6 meses, posteriores al término anterior, para que
el municipio realice las gestiones presupuestales, técnicas, contractuales y
administrativas, y ejecute las obras civiles necesarias para la mitigación del riesgo,
respecto del talud, de conformidad con el resultado del informe, es un plazo
razonable, máxime si se tiene en consideración que el derecho colectivo que se está
amparando es la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el
cual requiere de acciones urgentes por parte de la autoridad municipal.
90. Frente al plazo de un mes para que el municipio identifique a los habitantes
de la zona que han modificado los andenes y han construido en las fachadas de los
predios sin los permisos correspondientes y pasando por alto las normas
relacionadas con el espacio público, con el fin de que se inicien los procesos
sancionatorios correspondientes, la Sala considera que también es un plazo
razonable, en atención al objeto de la orden.
91. Finalmente, la Sala destaca que el municipio no sustentó adecuadamente el
argumento relacionado con la imposibilidad técnica de cumplir las órdenes en el
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
plazo establecido por el Tribunal, razón por la cual el argumento estudiado en este
acápite no tiene vocación de prosperidad.
Conclusiones
92. La Sala confirmará la sentencia apelada, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia, en razón a que los argumentos expuestos por el
municipio de Chinchiná en el recurso de apelación no prosperaron y, por el contrario,
está acreditado en el proceso que existe una vulneración de los derechos e
intereses colectivos que fueron amparados en primera instancia, lo que impone
confirmar lo resuelto por el Tribunal.
93. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y los numerales 1 y
8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia, en atención a que no está probada su causación
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de julio de 2025 proferida por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
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Núm. único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00244-01
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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