Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2023-00093-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2023-00093-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2023-00093-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2023-00093-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
6 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Accionante: MARÍA EXCELINA VILLEGAS LÓPEZ
Accionado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MANIZALES
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso
a la administración de justicia / medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho /
desconocimiento del precedente / violación directa de
la Constitución / reconocimiento de pensión de
sobrevivientes / cosa juzgada constitucional
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 24 de mayo de 2023 mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Caldas rechazó por improcedente
la acción de tutela interpuesta por la señora María Excelina Villegas
López en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Manizales.
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia se
fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
La parte accionante en el escrito de la acción de tutela señaló, en lo
esencial, que:
1.1. La Corte Constitucional mediante sentencia T-563 de 2012 le
ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante Cajanal),
hoy Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), el
reconocimiento y pago de su pensión de sobrevivientes de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo núm. 049 de 1990.
1.2. En cumplimiento del fallo de tutela proferido en sede revisión, la
UGPP, por medio de las resoluciones núm. RDP11142 del 7 de marzo
de 2013 y RDP20504 del 6 de mayo de 2013, le reconoció la pensión
de sobreviviente en cuantía de $ 236.460 con efectos a partir del 15 de
marzo de 2002 por prescripción trienal.
1.3. El 18 de junio de 2015, la UGPP presentó medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se declarara la
nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se reconoció
la pensión de sobreviviente, proceso que por reparto correspondió al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales.
1.4. La UGPP solicitó que se hiciera la notificación de la parte
demandante en la manzana 8 casa 10 del barrio Villas de Santa Mónica
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. Sin embargo, no fue
posible hacerla en dicha dirección, razón por la que se designó un
curador ad litem para que representara sus intereses al interior del
proceso.
1.5. Con posterioridad, a través de la sentencia del 8 de agosto de
2022, la autoridad judicial en mención (i) accedió a las súplicas de la
demanda, al considerar que la señora Villegas López no acreditó los
requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, y (ii) declaró la
nulidad de los actos administrativos cuestionados. Esta decisión no fue
objeto de apelación.
1.6. Mediante auto núm. ADP001709 del 19 de abril de 2023, la UGPP
le notificó la suspensión de los pagos de la prestación en cumplimiento
de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Manizales.
1.7. Señaló que tiene 80 años de edad, lo que le imposibilita vincularse
laboralmente y que vive de la caridad de sus familiares. Indicó, además,
que nunca fue notificada de la demanda promovida por dicha entidad.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante sostuvo que con la sentencia del 8 de agosto de
2022, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales
incurrió en un desconocimiento del precedente, por cuanto el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por la
UGPP supone un obstáculo y, por tanto, un incumplimiento de lo
ordenado en el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional, en
virtud del cual se expidieron las Resoluciones núm. RDP 11142 del 07
de marzo de 2013 y RDP 20504 del 6 de mayo de 2013 que
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
reconocieron la pensión de sobrevivientes a su favor en un porcentaje
del 100 %.
Asimismo, alegó que se configura una violación directa de la
Constitución, toda vez que en virtud de la supremacía constitucional,
cuando las autoridades judiciales se enfrentan a una contradicción
entre una norma legal y una norma constitucional, deben preferir esta
última, de conformidad con el precedente de unificación fijado por el
tribunal constitucional a través de sentencia SU-542 de 2016.
Señaló que la UGPP hizo uso de mecanismos judiciales con el objeto de
evadir el cumplimiento del fallo de tutela, puesto que puso en
conocimiento de una autoridad judicial un asunto ya decidido por el
juez de tutela y que hacía tránsito a cosa juzgada, de manera que no
era dable emitir un nuevo pronunciamiento de fondo tendente a
desconocer una decisión cuyos efectos jurídicos la dotan de
inmutabilidad.
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicitó lo siguiente:
«1- TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, DEBIDO
PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA por
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, desconocido por el
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MANIZALES, al proferir la sentencia del 8 de agosto de 2022.
2. DEJAR sin valor y efecto alguno la SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA, proferida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MANIZALES, fechada 8 de agosto de 2022.
3. ORDENAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MANIZALES, proferir nueva decisión de fondo, atendiendo las
directrices que en tal sentido le imparta el juez constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
4. ORDENAR el cumplimiento de fallo conforme a lo ordenado por la ley». (sic en
toda la cita).
4. INFORMES
Mediante auto del 10 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo de
Caldas admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales como
accionado y a la UGPP como tercero interesado en las resultas del
proceso.
3.1. El Juzgado Cuarto Administrativo el Circuito de Manizales,
por conducto de su titular, manifestó que el trámite de la notificación
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en lesividad
se surtió conforme con las normas procesales que rigen la materia.
Al respecto, informó que la UGPP en el escrito de la demanda indicó
como dirección de notificaciones la manzana 8, casa 10 Villas de Santa
Mónica en Dosquebradas, Risaralda. Por ello, mediante auto del 9 de
julio de 2015 se admitió la demanda y a través del Oficio núm. 1576
del 21 de agosto del mismo año se citó a la actora para ser notificada
de la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del CGP.
No obstante, fue devuelto por la empresa de correo certificados en
varias oportunidades, razón por la que mediante auto del 15 de
noviembre de 2016 dispuso requerir al FOPEP para que suministrara la
dirección de la señora María Excelina Villegas López.
En consecuencia, la UGPP señaló que desconocía otra dirección a la
aportada por el FOPEP, razón por la que requirió el emplazamiento, el
cual se ordenó por medio de auto del 24 de enero de 2017 y se publicó
el 19 de febrero de 2017 en diario La Patria. Adicionalmente, dispuso
el registro en el portal web de personas emplazadas.
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
Una vez vencido el término, la accionante no compareció al proceso,
por lo que se designó como curadora ad litem a la abogada Luz Andrea
Vargas Álvarez, quien continuó el trámite procesal e intervino en la
audiencia inicial y presentó alegatos de conclusión, pero se abstuvo de
presentar recurso de apelación en contra la decisión de primera
instancia.
3.2. La UGPP solicitó se niegue el amparo porque no se configura
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la
demandante, pues la decisión cuestionada no adolece de algún defecto
y, por el contrario, se ajusta al ordenamiento jurídico y al precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado.
Señala que lo que pretende la parte accionante es utilizar el mecanismo
constitucional como una tercera instancia a fin de reabrir un debate que
fue resuelto por el juez competente de la causa. Además, indica que no
se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que no se probó
que la actora hubiera acudido al recurso extraordinario de revisión que
procedía contra la misma.
5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 24 de
mayo de 2023, rechazó por improcedente el mecanismo constitucional
al considerar que la autoridad judicial accionada dio trámite oportuno a
las solicitudes, recursos, notificaciones y traslados, lo que se ajustó a
la ritualidad procesal aplicable al caso.
Al respecto, observó que el Juzgado accionado notificó a la señora María
Excelina en la dirección aportada en la demanda, descrita como
Manzana 8 Casa 10 Villas de Santa Mónica del municipio de
Dosquebradas, Risaralda. Sin embargo, al no comparecer al proceso se
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
le nombró curador ad litem, quien contestó la demanda y las medidas
cautelares, pero no interpuso el recurso de apelación en contra de la
decisión de primer grado.
Por otra parte, indicó que las sentencias de tutela gozan de cosa
juzgada relativa, pues si bien la accionante acudió a la acción para que
se reconociera la pensión de sobrevivientes a causa del fallecimiento
de su cónyuge y se ampararon sus derechos, lo cierto era que en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
era factible estudiar la legalidad de los actos administrativos por medio
de los cuales se hizo el reconocimiento pensional.
6. IMPUGNACIÓN
Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.
Insistió en que debió ser vinculada en el proceso ordinario, pues era
deber de la UGPP procurar la notificación personal en debida forma,
máxime cuando en el expediente administrativo reposaban otra
direcciones, correos electrónicos y números de teléfono, situación que
vulnera su derecho fundamental al debido proceso.
Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que: «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Manizales, con la expedición de la
sentencia del 8 de agosto de 2022, incurrió en un desconocimiento del
precedente y una violación directa de la Constitución y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
parte accionante.
Previamente a lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.
3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente (C-590 de 2005) aceptada mayoritariamente por la Sala Plena
de esta corporación1, es posible acudir al recurso de amparo para
obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando
1 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-
01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
3.1. Sobre los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela, esta Sala observa lo siguiente:
En primer lugar, se advierte que la pretensión de amparo es de marcada
relevancia constitucional, en la medida en que se contrae a establecer
de manera central si la parte accionada incurrió en la violación de los
derechos fundamentales ya señalados. Igualmente, no se trata de
irregularidades procesales ni de una tutela contra tutela.
Asimismo, se tiene que la interposición del mecanismo se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», por cuanto si bien la providencia
cuestionada se notificó mediante estado desfijado el 9 de agosto de
2022, la accionante sólo tuvo conocimiento de la misma hasta el 21 de
abril de 2023, fecha en la cual la UGPP le notificó de la Resolución núm.
ADP001709 de 19 de abril de 2023, a través de la cual se declaró la
nulidad de las Resoluciones núm. RDP11142 del 7 de mayo de 2013 y
RDP20504 del 6 de mayo de 2013.
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 0
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
Así las cosas, dado que la acción de tutela de la referencia se presentó
el 9 de mayo de 2023 en el presente asunto sí se cumple con el requisito
de inmediatez.
En cuando al agotamiento de todos los medios de defensa
contemplados dentro del ordenamiento jurídico, se encuentra que
contra la sentencia del 8 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales, no se interpuso recurso
de apelación. Sin embargo, dicha determinación de no ejercer recurso
alguno fue tomada por la curadora ad litem asignada dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, función que
cumplía por la supuesta imposibilidad de notificar a la accionante de la
demanda que en su contra radicó la UGPP.
Sin embargo, el argumento dentro del proceso ordinario para ordenar
el emplazamiento y el posterior nombramiento de la curadora fue que
a la señora María Excelina Villegas López no pudo notificársele en la
dirección ubicada en la manzana 8 casa 10 del barrio Villas de Santa
Mónica en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. No obstante,
siguiendo los documentos aportados con la demanda, se tiene que la
UGPP pudo aportar dentro de la nulidad y restablecimiento del derecho
otro medio de notificación, como lo es el correo electrónico
villegaslopezmariaexcelina@gmail.com en el que posteriormente le
informó del acto administrativo a través del cual revocó su mesada
pensional.
Adicional a ello, de acuerdo con lo probado en el expediente se advierte
que la señora María Excelina Villegas López es sujeto de especial
protección constitucional, pues actualmente tiene 80 años de edad.
Asimismo, su único sustento económico era la mesada que recibía por
concepto de la pensión de sobreviviente. Frente a esto, si bien la Corte
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
Constitucional2 ha señalado que, aun cuando existe otro medio de
defensa, la acción de tutela puede proceder de forma excepcional si se
acredita un perjuicio irremediable, también ha dispuesto que este debe
cumplir los siguientes supuestos:
i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes.
iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.
En ese sentido, es necesario reiterar que la jurisprudencia
constitucional3 ha sido clara en precisar que las personas deben hacer
uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema
judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona
sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción
de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional.
Así las cosas, contrario a lo establecido en la primera instancia, el
requisito de subsidiariedad sí se considera cumplido, pues la acción de
tutela es el único mecanismo idóneo y efectivo con el que cuenta la
parte accionante para cuestionar las causales específicas de
procedibilidad que alega contra la sentencia del 8 de agosto de 2022,
en tanto la decisión de no recurrir el fallo proferido por el juzgado ahora
demandado no tiene ninguna relación con la accionante en tanto esta
fue representada por una curadora ad litem y no por un apoderado de
2 Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.
3 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
confianza, situación que impone a esta Sala de Subsección realizar un
estudio de fondo sobre dicho aspecto.
3.2. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma4. En ese sentido, el
precedente judicial5 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho6.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido7. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
4 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808
de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
5 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente
judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.
6 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no
1, p. 249-266.
7 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”8.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales9, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial10.
3.3. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»11.
8 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan
pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de
la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.
10 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la carta:
«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que
procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando
se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez
en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la
jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la
Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad»12.
Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como
los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4°) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.
4. CASO CONCRETO
Dilucidada, entonces, la procedencia de la acción de tutela contra la
providencia judicial cuestionada, la Sala procede a desatar el fondo de
la controversia.
De conformidad con las pruebas y los fundamentos expuestos en la
acción de tutela, en el presente asunto se advierte lo siguiente:
12 Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
i. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, profirió la sentencia T-
563 de 2012, en la cual se revisaron los fallos del 31 de agosto y del
21 de noviembre de 2011, proferidos por el Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Manizales y el Tribunal Superior de Manizales – Sala Penal,
respectivamente, dentro del proceso de tutela iniciado por María
Excelina Villegas López contra Cajanal EICE en Liquidación.
ii. En la parte resolutiva de la sentencia mencionada, la Corte
Constitucional ordenó:
«Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Manizales – Sala Penal – el veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011),
que a su vez revocó la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito
de Manizales el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011), para en su
lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de dicho Juzgado en
cuanto tuteló los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social y mínimo
vital de la señora María Excelina Villegas López, pero por las razones expuestas
en la sentencia.
Segundo.- ORDENAR a Cajanal E.I.C.E. en Liquidación que en los ocho (8) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia, reconozca a la señora María
Excelina Villegas López la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge,
el señor Hernando Obando Ospina, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo 049 de 1990. El pago de las sumas adeudadas al momento del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deberá actualizarse e indexarse
debidamente y se realizará dentro del mes siguiente a la ejecutoria del acto que
ordena tal reconocimiento.
Tercero.- Cajanal E.I.C.E. en Liquidación remitirá a esta Corporación copia del
acto de reconocimiento de la pensión y de los documentos en los que conste la
cancelación de las sumas adeudadas dentro de los ocho (8) días siguientes a su
pago».
iii. En cumplimiento de la orden precitada, la UGPP expidió la Resolución
núm. RDP011142 del 7 de marzo de 2013 y reconoció pensión de
sobreviviente a favor de la señora Villegas López con un porcentaje de
100 %, en forma vitalicia, a partir del 23 de agosto de 1999 –día
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
siguiente al fallecimiento del causante– pero con efectos fiscales a
partir del 15 de marzo de 2002 por prescripción trienal.
iv. Por medio de Resolución núm. RDP020504 del 6 de mayo de 2013,
se modificó la Resolución núm. RDP011142 del 7 de marzo de 2013, en
el sentido de indicar que el causante falleció el 12 de agosto de 1999 y
que la efectividad de la misma sería a partir del 13 de agosto de 1999.
v. La UGPP instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho por lesividad y solicitó la nulidad de los actos administrativos
precitados.
vi. El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Manizales que, mediante sentencia del 8 de agosto de 2022,
resolvió:
«[…]
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones RDP 11142 del
7/05/2013 modificado por la resolución No. RDP20504 DEL 6/05/2013 proferidas
por la UGPP que ordenó reconocer una pensión de sobreviviente a favor de la
señora MARIA EXCELINA VILLEGAS LÓEZ en un 100%, efectiva a partir del
13/08/1999 día siguiente al fallecimiento del señor HERNANDO OBANDO
OSPINA, con efectos a partir del 15-03-2002 por prescripción.
[…]».
vii. A través de Resolución núm. RDP23673 del 12 de septiembre de
2022, la UGPP dio cumplimiento al fallo judicial y dejó sin efectos las
Resoluciones núm. RDP011142 del 7 de marzo de 2013 y RDP020504
del 6 de mayo de 2013.
4.3. De las actuaciones descritas, para esta Sala de Subsección es claro
que el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en favor de la
señora María Excelina Villegas López provino del cumplimiento de una
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
orden dictada por la Corte Constitucional que, al revisar los fallos del
31 de agosto y del 21 de noviembre de 2011, proferidos por el Juzgado
Octavo Penal del Circuito de Manizales y el Tribunal Superior de
Manizales – Sala Penal, respectivamente, consideró que existía una
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
En virtud de lo anterior, el máximo tribunal constitucional profirió
la sentencia T-563 de 2012 en la cual se hizo un estudio del derecho
pensional que le asistía a la accionante para concluir, de conformidad
con las posiciones jurisprudenciales vigentes para ese
momento, que cuando una persona fallece en vigencia del artículo 46
de la Ley 100 de 1993 y no cumple las exigencias de esa normatividad,
le son aplicables las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de
1990 si para el momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993
cumplía el supuesto del número de semanas cotizadas para que sus
beneficiarios pudiesen acceder a la pensión de sobrevivientes.
Para el efecto, encontró que el cónyuge de la accionante falleció el 13
de agosto de 1999, es decir, mientras estaba en vigencia la versión
original del artículo 43 de la Ley 100 de 1993, y para la fecha en que
entró en aplicación dicha norma, esto es, el 1° de abril de 1994, el
causante había cotizado más de 600 semanas al sistema de pensiones,
cumpliendo de esta manera con el requisito establecido en el Acuerdo
049 de 1990, esto es, cotizar mínimo 300 semanas en cualquier tiempo,
supuestos que permitieron que la peticionaria pudiese acceder a la
pensión reclamada.
Dicho lo anterior, es necesario analizar la posible configuración del
fenómeno de la cosa juzgada, la cual impide a quienes plantearon la
litis como partes o intervinientes dentro de un proceso, revivir
discusiones que ya fueron resueltas en una sentencia, pues esta tiene
el carácter de inmutable, vinculante y definitiva.
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
De esta manera, los citados efectos se conciben por disposición expresa
del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. Es decir,
prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la
comunidad, volver a entablar el mismo litigio.
Al respecto, la Corte Constitucional13 ha establecido que para que una
decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
a) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la
misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica
la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe
un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica
identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un
derecho que no fueron declarados expresamente.
b) Identidad de causa petendi, esto es, la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los
mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso
en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.
c) Identidad de partes, lo que implica que al proceso deben
concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2019.
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
Ahora bien, de conformidad con los fundamentos del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la UGPP y de
la sentencia del 8 de agosto de 2022, se advierte que la discusión que
se planteó en sede de lesividad guarda relación idéntica con la litis que
ya había sido resuelta por la Corte Constitucional en la decisión
precitada. Sobre esto, en el fallo que revocó el reconocimiento
pensional se argumentó que para el caso de la accionante «no están
acreditados los requisitos de orden legal para haber reconocido el
derecho a la pensión de sobrevivientes bajo el marco normativo del
Acuerdo 049 de 1990, como tampoco de la Ley 100 de 1993 y mucho
menos conforme las normas que regulan el sector público».
De igual modo, de la interpretación del material probatorio hecha en el
proceso ordinario, se tiene que el Juzgado accionado nuevamente
analizó los tiempos de servicios del cónyuge causante, la fecha de su
fallecimiento y las cotizaciones que realizó ante el Sistema General de
Seguridad Social. Esto, para concluir que la disposición normativa
aplicable para el caso era la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 090 de
1990 como sostuvo la Corte Constitucional en sede de revisión.
Como prueba de ello, en la providencia del 8 de agosto de 2022 se
indicó:
«De las pruebas enunciadas se desprende que el extinto HERNANDO OBANDO
OSPINA:
(i) contrajo matrimonio con la señora MARIA EXCELINA YILLEGAS LÓPEZ, el
9/09/1977;
(ii) laboró al servicio del Ministerio de Educación desde el 2/06/1980 al 30/12/1982 y al
servicio de la Contraloría Departamental desde el 1/01/1983 al 23/11/1992 y del
23/12/1992 al 10/09/1995; es decir. 15 años, 2 meses, 1día (5.461 semanas) y
(iii) falleció el 12 de agosto de 1999.
(iv) nunca tuvo cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.
Como se analizó en el precedente jurisprudencial, el derecho pensional por muerte se
causa desde la fecha del fallecimiento, la norma que rige la pensión de sobrevivientes es
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 0
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
la que se encontraba en vigor para tal fecha. En ese sentido, en el presente asunto la
disposición aplicable es la Ley 100 de 1993 en su forma original, puesto que el deceso del
señor HERNANDO ocurrió el 12 de agosto de 1999.
Sin embargo, dicha norma establecía como requisito para acceder a la pensión de
sobreviviente el haber cotizado 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al
fallecimiento exigencia que no se cumple, toda vez que el último año laborado por el señor
HERNANDO fue en 1995 y falleció en 1999, por lo que pasaron más de 4 años desde que
dejó de laborar y el fallecimiento».
Todo ello para concluir que no se debió aplicar el principio de
favorabilidad en el asunto de la accionante porque la norma aplicada
por la Corte Constitucional para efectos de determinar que a la señora
María Excelina Villegas López le asistía derecho al reconocimiento de la
pensión de sobreviviente, no encuadraba dentro de los requisitos
exigidos por la Ley 100 de 1993.
No obstante, esta discusión sobre la aplicación de los principios de
favorabilidad, equidad y progresividad ya había sido zanjada, para este
caso particular y concreto, por la Corte Constitucional en la sentencia
T-563 de 2012 cuando realizó el estudio frente al otorgamiento de la
pensión a la accionante. Para el efecto, planteó:
«El principio de equidad entonces se muestra imprescindible, pues la aplicación
de la ley general a casos concretos evidencia situaciones de desprotección
inaceptables desde el punto de vista de una Constitución basada en la solidaridad
social, el derecho al trabajo y el principio de igualdad material. La equidad permite,
precisamente, encauzar la decisión constitucional mediante un ejercicio en el cual
el juez toma en cuenta las particularidades de los casos concretos acoplando en la
aplicación de la ley los principios constitucionales y de justicia que le permiten
adoptar respuestas acordes con los postulados superiores. En tal sentido, la equidad
no sólo es un parámetro para colmar vacíos de regulación, sino también para
compensar aquellos de carácter axiológico, representadas en la necesidad de
adecuar la Ley a todos los asuntos que materialmente se presentan en la vida social.
Así, en relación con el derecho a la pensión, en virtud del principio de
progresividad, ha explicado la Corte que corresponde a las autoridades adoptar
medidas de carácter positivo para ampliar su cobertura hasta que su acceso sea
universal (en el sentido de cobijar a todas la población que enfrente los riesgos que
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
el sistema pretende amparar), medidas que deben respetar el principio de no
discriminación y ha puntualizado también, contrario sensu, que toda medida que
suponga una limitación en el goce efectivo del derecho se encuentra
constitucionalmente proscrita, salvo que medien razones constitucionales
imperiosas que la justifiquen».
Sobre ello, expuso en la misma providencia que con la acción de tutela
la peticionaria buscaba evitar un perjuicio inminente, al tratarse de una
persona de 70 años –edad que tenía en ese entonces, pues ahora
cuenta con 80 años de edad – que dependía económicamente de su
cónyuge y que ante su muerte se encontraba en una difícil situación
económica ya que debido la falta de recursos no podía tener una vida
en condiciones dignas.
Así las cosas, esta Sala de Subsección encuentra que en el presente
asunto sí se configura el fenómeno de cosa juzgada respecto de la
sentencia T-563 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, teniendo
en cuenta que la misma también resolvió el caso con base en la
aplicación del Acuerdo 049 de 1990 o de la Ley 100 de 1993, todo
encaminado a determinar si, conforme a la jurisprudencia vigente para
ese momento, a la accionante le asistía o no derecho al reconocimiento
y pago de la pensión de sobreviviente. Además, profirió una orden de
carácter definitivo y no transitorio.
En ese sentido, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Manizales, al proferir la sentencia del 8 de agosto de 2022 incurrió en
un desconocimiento del precedente y una violación directa de la
Constitución, toda vez que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho planteado por la UGPP reabrió una
discusión procesal que ya había sido resuelta en sede de revisión por la
Corte Constitucional, por lo que no era dable al juez de lo contencioso
administrativo pronunciarse al respecto.
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
Frente a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sido clara al
afirmar que cuando un funcionario judicial se percata de la operancia
del fenómeno de la cosa juzgada debe rechazar la demanda, decretar
probada la excepción previa o de fondo que se proponga, y en último
caso, procede una sentencia inhibitoria. Supuestos que no fueron
cumplidos por el Juzgado accionado, por lo que en el presente asunto
se configura una causal específica de procedibilidad que deriva en una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso a la administración de justicia de la parte accionante.
En este orden de ideas, esta Sala de Subsección revocará la sentencia
del 24 de mayo de 2023 mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Caldas rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia.
En su lugar, se dejará sin efectos la sentencia del 8 de agosto de 2022,
dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales
y se le ordenará a dicha autoridad judicial que profiera decisión de
reemplazo en la cual declare configurada la cosa juzgada frente a la
sentencia T-563 de 2012 en los términos expuestos previamente. Como
consecuencia de lo anterior, se dejará sin efectos la Resolución núm.
RDP23673 del 12 de septiembre de 2022, a través de la cual la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social dio cumplimiento a la sentencia del
8 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Manizales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
IV. FALLA
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 24 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que
rechazó por improcedente la acción de tutela presentada
por la señora María Excelina Villegas López en contra del
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales.
En su lugar:
SEGUNDO.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
de la señora María Excelina Villegas López.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 8 de agosto de
2022, dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Manizales, que resolvió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
CUARTO.- ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Manizales que, dentro de los diez (10) días siguientes
a la notificación de la presente providencia, expida
decisión de reemplazo acorde con los lineamientos
fijados en la parte motiva de la presente providencia.
QUINTO.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución núm. RDP23673 del
12 de septiembre de 2022, a través de la cual la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social dio
cumplimiento a la sentencia del 8 de agosto de 2022,
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 17001-23-33-000-2023-00093-01
Ac c i o n a n t e : M a r í a E x c e l i n a V i l l e g a s L ó p e z
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Manizales.
SEXTO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social que informe a este despacho una vez
reactive el pago de la mesada pensional de la señora
María Excelina Villegas López.
SÉPTIMO.- REGISTRAR la presente providencia en SAMAI.
OCTAVO.- ENVÍESE a la Corte Constitucional para su revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el de seis (6) de julio dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.