RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2023-00265-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2023-00265-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2023-00265-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de marzo de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: AMPARAR los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, amenazados y vulnerados por el MUNICIPIO DE MANIZALES, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS, la EMPRESA DE AGUAS DE MANIZALES E.S.P. S.A. y el DEPARTAMENTO DE CALDAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES, a la EMPRESA AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS, con la colaboración del DEPARTAMENTO DE CALDAS, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en un plazo de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, presentar un plan de acción en el que se incluya el diagnóstico de las PTAR ubicadas en el área rural del Municipio de Manizales, las obras requeridas para su funcionamiento y el cronograma de ejecución, con el objeto de que las PTAR funcionen de manera óptima, para lo cual se podrá utilizar el resultado del diagnóstico según el convenio celebrado entre el Municipio y la Empresa de Servicios Públicos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 91 Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01 QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES, a la EMPRESA AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2023-00265-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos
Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01
Actor: Personería Municipal de Manizales
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS; Municipio de
Manizales y Aguas de Manizales E.S.P. S.A.

Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la
Personería Municipal de Manizales1, la Procuraduría 5 Judicial II para
Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales2 y la Procuraduría 28 Judicial
II para Asuntos Administrativos de Manizales 3 contra la sentencia proferida el
7 de marzo de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Caldas4.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a
continuación.

1
En adelante la PERSONERÍA.
2
En adelante la PROCURADURÍA QUINTA.
3
En adelante la PROCURADURÍA 28.
4
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
1ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”. En adelante EL TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Personería Municipal de Manizales presentó demanda en ejercicio del
respectivo medio de control contra la Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; la Corporación Autónoma Regional de Caldas –
CORPOCALDAS5; el Municipio de Manizales6 y la Empresa Aguas de Manizales
E.S.P. S.A.7 con el objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos
previstos en los literales a), g), j) y l) del artículo 4.º de la Ley 472 de 5 de agosto
de 19988, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas9.

Pretensiones

2. La actora formuló las siguientes pretensiones10:

“[…] PRIMERA: Amparar la protección a los derechos e intereses colectivos al
medio ambiente sano, la seguridad y la salubridad públicas, el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y el derecho a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente que
actualmente se vulneran. Lo anterior a través de la adopción de medidas
técnicas, administrativas y presupuestales que puedan dar solución efectiva a la
problemática.

SEGUNDO: Ordenar a las entidades accionadas a realizar un diagnóstico
completo de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales existentes en la
zona rural del municipio de Manizales, el cual incluya su ubicación, el estado
actual de las mismas (jurídica y técnicamente), la cantidad de usuarios que se
sirven de ella y la individualización de los mismos, así como la demás información
que permita evaluar el estado de cada una de ellas. Así mismo, realizar un
diagnóstico donde se evidencia la disposición de aguas residuales de todos los
centros poblados y las viviendas dispersas de la zona rural del municipio de
Manizales, con el fin de determinar la necesidad de construcción de nuevas
PTAR, o cualquier otro sistema de conducción y tratamiento de aguas residuales
que garantice el correcto saneamiento.

TERCERO: Ordenar se defina la entidad pública (Aguas de Manizales, Municipio
de Manizales) que será encargado de la operación y mantenimiento de las PTAR,
incluyendo con esto la inversión de recursos para la actualización de estas

5
En adelante CORPOCALDAS.
6
En adelante EL MUNICIPIO.
7
En adelante LA EMPRESA.
8
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
9
“[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos,
entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.
10
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…] 3ED_Demandapdf(.pdf)
NroActua 2 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

plantas en cuanto a su funcionamiento y estructura; así como las actualizaciones
de los permisos ambientales que estas requieran.

CUARTO: Ordenar a las entidades a cargo realizar la legalización y formalización
de las servidumbres, de paso de los sistemas que comprenden las diferentes
PTAR que se encuentren en predios privados (o en predio no propiedad de la
autoridad que quede a cargo de las Plantas de Tratamiento), lo anterior con el fin
de formalizar la propiedad de las entidades públicas sobre estos sistemas en el
marco de la responsabilidad sobre los mismos.

QUINTO: Ordenar sean emprendidas las actuaciones jurídicas, administrativas y
presupuestales necesarias para que el municipio de Manizales pueda crear y/o
destinar un área o unidad encargada de ejecutar los recursos de saneamiento
básico y que los mismos sean destinados al mantenimiento de las PTAR de la
zona rural, así como a todas las actuaciones de diagnóstico, técnicas y
administrativas que garanticen el funcionamiento de las mismas de manera
eficiente y continua […]”.

Presupuestos fácticos

3. Señaló que en el área rural del MUNICIPIO la prestación de los servicios
de acueducto y alcantarillado se realiza a través de acueductos veredales, pozos
sépticos, vertimientos sin regulación alguna y Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales – PTAR.

4. Indicó que para el año 2022 se tenían identificadas 13 PTAR en las
veredas del MUNICIPIO y otras adscritas a Instituciones Educativas Rurales, de
las cuales 8 son operadas por la EMPRESA.

5. Adujo que CORPOCALDAS celebró el contrato número 033 de 2022
mediante el cual se realizó un diagnóstico de las PTAR en la zona rural, emitiendo
7 informes en los que se concluyó que carecen de tratamiento y actualización de
los permisos y, en todo caso, no cumplen con el objeto de realizar el tratamiento
de aguas residuales.

6. Sostuvo que no existe claridad sobre la entidad responsable del
mantenimiento de las PTAR en el área rural del MUNICIPIO, así como tampoco
se conoce quien construyó la infraestructura. Igualmente, advirtió sobre la
existencia de olores nauseabundos, contaminación de fuentes hídricas y erosión
en terrenos por vertimiento de aguas residuales en las laderas.

Actuaciones en primera instancia

7. El Magistrado Sustanciador del TRIBUNAL profirió auto de 19 de
diciembre de 2023, mediante el cual admitió la acción de la referencia11.

11
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 4ED_AutoAdmite(.pdf)
NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

8. Asimismo, mediante auto de 29 de abril de 202412, admitió como
coadyuvante de la parte actora a la PROCURADURÍA 5 JUDICIAL II PARA
ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS DE MANIZALES. Y, mediante auto
de 24 de junio de 202413, resolvió vincular al DEPARTAMENTO DE CALDAS 14
y al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

9. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se celebró el día 25 de
septiembre de 202415 y se declaró fallida al no llegar a una fórmula de arreglo
entre las partes.

10. El Magistrado Sustanciador del TRIBUNAL profirió auto de 20 de
noviembre de 202416, mediante el cual, entre otras cosas, corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y el
concepto, respectivamente.

Contestaciones de la demanda

11. LA NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE17 presentó escrito en el que manifestó que no le constaban los
hechos y que la competencia para la protección de los derechos e intereses
colectivos invocados en la demanda recae en CORPOCALDAS y en las
entidades territoriales. Formuló las excepciones de “[…] Ausencia de los
supuestos sustanciales para la procedencia de la acción popular en relación con
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, objetivos y funciones del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”; “[…] falta de legitimación en
la causa por pasiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación
a los derechos colectivos alegados en la relación con el medio ambiente que se
predican en la acción popular […]”; e “[…] inexistencia de vulneración de
derechos colectivos por parte del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible
[…]”.

12
Cfr. índice 36 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
54AUTORESUELVEI_2023265PERMAVSMPIOMZ(.pdf) NroActua 36 […]”.
13
Cfr. índice 58 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
76Auto resuelve r_202300265PersoneriaM(.pdf) NroActua 58 […]”.
14
En adelante EL DEPARTAMENTO.
15
Cfr. índice 101 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
118Actaaudiencia_AUDIENCIA_202300265AudPacto25d(.pdf) NroActua 101 […]”.
16
Cfr. índice 118 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
137Actaaudiencia_202400265PersonMlesv(.pdf) NroActua 118 […]”.
17
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 16 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado “[…] 18_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua
16 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

12. LA EMPRESA AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. presentó escrito en
el que se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que para el año 2023
la EMPRESA tiene cobertura en acueducto del 99.98% en el área urbana y
99.64% en el área rural. Respecto al servicio de alcantarillado, señaló que tiene
cobertura del 99.15% en el área urbana y 30.20% en el área rural.

13. Formuló las excepciones de “[…] Inexistencia de violación de los derechos
colectivos, por parte de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. – BIC- […]”; “[…] Falta
de legitimación en la causa […]”; “[…] el municipio de Manizales es el primer ente
llamado a garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado […]”;
y “[…] la excepción genérica de declaratoria oficiosa […]”.

14. LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS –
CORPOCALDAS presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la
demanda e indicó que la competencia para garantizar la protección de los
derechos colectivos correspondía al MUNICIPIO y a la EMPRESA.

15. Formuló las excepciones de “[…] prestación eficiente de los servicios
públicos en el municipio de Manizales corresponde restrictivamente a la empresa
aguas de Manizales S.A E.S.P., y/o al ente territorial mencionado […]”; “[…] el
cumplimiento de las normas ambientales sobre permiso de vertimientos
corresponde al usuario […]”; “[…] inexistencia de una omisión o acción
transgresora de los derechos colectivos deprecados por parte de Corpocaldas,
en atención a su órbita de competencia […]”; y, “[…] Corpocaldas ha actuado
conforme a los postulados legales y constitucionales […]”.

16. LA NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la demanda y adujo su
falta de legitimación en la causa por pasiva.

17. Formuló las excepciones de “[…] Falta de legitimación en la causa por
pasiva a favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio […]”; “[…] Autonomía
administrativa territorial […]”; e “[…] Inexistencia de agotamiento de requisito de
procedibilidad para la presentación de la acción popular contra el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.

18. EL DEPARTAMENTO DE CALDAS presentó escrito en el que sostuvo
que carecía de competencia para cumplir las pretensiones de la demanda, toda
vez que no ostenta la calidad de prestador o suscriptor, no es garante en la
prestación de los servicios públicos y, tampoco, es gestor del riesgo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

19. Formuló las excepciones de “[…] Ausencia de pruebas sobre la presunta
vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados […]”; “[…]
Inexistencia del nexo causal […]”; e “[…] inexistencia de obligación por parte del
departamento de Caldas respecto de las PTARS del área rural del municipio de
Manizales […]”.

20. En la etapa de alegatos de conclusión, en primera instancia, intervinieron
el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 18; el MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE19; la EMPRESA20.;
CORPOCALDAS21; el DEPARTAMENTO22; el MUNICIPIO23; la
PROCURADURÍA 524; y la PERSONERÍA25, en el sentido de reiterar lo expuesto
en las contestaciones de la demanda, en el escrito de coadyuvancia y en la
demanda, respectivamente.

21. El MINISTERIO PÚBLICO emitió concepto en esta instancia26, en el que
concluyó que existe vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados
en la demanda, con ocasión del “[…] defectuoso funcionamiento de las plantas y
sistemas de tratamiento de aguas residuales actualmente existentes en la zona
rural del municipio de Manizales o la ausencia de esa infraestructura,
circunstancias que generan contaminación del agua, el aire y el suelo, con el
consecuente quebranto a los derechos colectivos, especialmente, el ambiente
sano y el acceso a los servicios públicos […]”.

Sentencia de primera instancia

22. El TRIBUNAL profirió sentencia de 7 de marzo de 2025 en la que negó las
pretensiones de la demanda con el argumento de que no se encontró prueba en
el proceso que demuestre que la población rural del MUNICIPIO tenga problemas

18
Cfr. Índice 121 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
138_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 121 […]”.
19
Cfr. índice 123 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado “[…]
143_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosdeConclusi(.pdf) NroActua 123 […]”.
20
Cfr. índice 124 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
143_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosdeConclusi(.pdf) NroActua 123 […]”.
21
Cfr. índice 125 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
145_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSCONCLUSION(.pdf) NroActua 125 […]”.
22
Cfr. índice 127 del Sistema de Gestión Judicial. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
148_MemorialWeb_Alegatos-ESCRITOALEGATOSDE(.pdf) NroActua 127 […]”.
23
Cfr. índice 128 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
149_MemorialWeb_Alegatos-2022265ALEGATOSDE(.pdf) NroActua 128 […]”.
24
Cfr. índice 122 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
142_MemorialWeb_Alegatos-OficioPJAA52024(.pdf) NroActua 122 […]”.
25
Cfr. índice 126 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
Memorial__148Alegatos(.pdf) NroActua 126 […]”.
26
Cfr. índice 129 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
149_MemorialWeb_Alegatos-2022265ALEGATOSDE(.pdf) NroActua 128 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

de salubridad o de contaminación derivados del estado en que se encuentran las
PTAR por la manera en que funcionan o por vertimientos indebidos.

23. Señaló que lo pretendido con la acción popular lo viene realizando
CORPOCALDAS, el MUNICIPIO y la EMPRESA, en lo que se refiere al
diagnóstico del número de PTAR existentes en el área rural de Manizales para
luego determinar las intervenciones correspondientes. Concretamente, concluyó
que las pretensiones de la demanda podían verse satisfechas con la suscripción
de los contratos números 033 de 2022, 240590708 y 2024 0088, con los que se
da claridad sobre el diagnóstico del estado de las PTAR ubicadas en la zona rural
y, posteriormente, se procederá a realizar las intervenciones necesarias para su
actualización y adecuada puesta en marcha.

24. Sostuvo que no era procedente la acción popular para solicitar
valoraciones, informes o diagnósticos propios de actuaciones administrativas y
que, en todo caso, la PERSONERÍA no probó la vulneración de los derechos e
intereses colectivos invocados en la demanda.

25. En virtud de lo anterior, el TRIBUNAL resolvió lo siguiente27:

“[…] 1. Primero: Declarar imprósperas las excepciones de “Falta de legitimación
en la causa por pasiva”, propuestas por el Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible, Aguas de Manizales SA ESP, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

Segundo: Se declara impróspera la excepción de “Inexistencia de agotamiento
de requisito de procedibilidad para la presentación de la acción popular contra el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio” propuesta por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

Tercero: Declarar próspera la excepción de “inexistencia de vulneración de
derechos colectivos por parte del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.,
propuestas por el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

Cuarto: Declarar impróspera la excepción de “Ausencia de los supuestos
sustanciales para la procedencia de la acción popular en relación con el ministerio
de ambiente y desarrollo sostenible, objetivos y funciones del ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible”.

Quinto: Se declara próspera la excepción de “Inexistencia de violación de los
derechos colectivos, por parte de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. – BIC-“,
propuesta por Aguas de Manizales SA ESP.

Sexto: Se declaran prósperas las excepciones de “prestación eficiente de los
servicios públicos en el municipio de Manizales corresponde restrictivamente a la
empresa aguas de Manizales S.A E.S.P., y/o al ente territorial mencionado, el
cumplimiento de las normas ambientales sobre permiso de vertimientos
corresponde al usuario, inexistencia de una omisión o acción transgresora de los
derechos colectivos deprecados por parte de Corpocaldas, en atención a su órbita

27
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
1ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

de competencia; y, Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales y
constitucionales” propuestas por la Corporación Autónoma Regional de Caldas –
Corpocaldas -.

Séptimo: Se declaran probadas las excepciones de “ausencia de pruebas sobre
la presunta vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados,
Inexistencia del nexo causal, e inexistencia de obligación por parte del
departamento de Caldas respecto de las PTARS del área rural del municipio de
Manizales”, propuestas por el departamento de Caldas.

Octavo: Negar las pretensiones de la demanda.

Noveno: Sin condena en costas.

Décimo: Ejecutoriada esta providencia Archívense las diligencias previas las
anotaciones respectivas en el aplicativa SAMAI […]”.

Recursos de apelación

Recurso de la Procuraduría 5 Judicial II para Asuntos Ambientales y
Agrarios de Manizales

26. La PROCURADURÍA QUINTA28 presentó recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

26.1. Manifestó que contrario a lo concluido por el TRIBUNAL, se demostró en
el proceso que existen 39 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la
zona rural del MUNICIPIO que no cuentan con los permisos de vertimientos y
tampoco con especificaciones técnicas requeridas para su adecuado
funcionamiento y su legalización. Lo anterior, se evidencia en el diagnóstico que
contrató con la EMPRESA y la intervención de únicamente 20 de las 39 PTAR,
así como con lo afirmado por el testigo Luis Felipe Castaño Granada, en su
condición de director de redes de la EMPRESA.

26.2. Adujo que de acuerdo con lo señalado por el precitado testigo, la
EMPRESA únicamente hace mantenimiento a 8 PTAR para que se permita el
paso de agua, sin ningún tipo de tratamiento previo a la disposición de las aguas
residuales a fuentes hídricas.

26.3. Aseguró que el MUNICIPIO únicamente refirió en su defensa la
intervención del 33% de las PTAR existentes en el área rural, que corresponden
a las que están a cargo de la EMPRESA, dejando por fuera las demás.

28
Cfr. índice 142 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
163_MemorialWeb_Recurso-OficioPJAA52025(.pdf) NroActua 142 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

26.4. Aseguró que la autoridad ambiental dentro del Convenio 621 de 2019, en
el que se ejecutó el Contrato 033 de 2022, advirtió sobre la disposición de aguas
residuales en fuentes hídricas y en el suelo; sin embargo, CORPOCALDAS no
demostró que haya iniciado procesos sancionatorios ambientales como
consecuencia de tales hallazgos.

26.5. Indicó que no se demostró que el DEPARTAMENTO haya dado
cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.7.1.4.3. del Decreto 1077 de 2015,
en lo relativo a prestar apoyo técnico, financiero y administrativo a los prestadores
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas rurales
de Manizales. Tampoco demostró su intervención en la formulación de los Planes
de Gestión para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en zonas
rurales, de conformidad con el artículo 2.3.7.1.2.3, ni en los programas de
fortalecimiento regulados en el artículo 2.3.7.1.4.2. De igual manera, no acreditó
el cumplimiento de la obligación de suministrar al MUNICIPIO los resultados del
diagnóstico señalado en el artículo 2.3.7.1.4.1.

26.6. Afirmó que el DEPARTAMENTO no demostró que haya solicitado
asistencia técnica al MINISTERIO DE VIVIENDA para la formulación de los
precitados planes, diagnóstico y programas con destino a los prestadores de los
servicios públicos, en los términos previstos en el artículo 2.3.7.1.4.4 del Decreto
1077 de 2015.

26.7. Sostuvo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3.7.1.2.1 del
Decreto 1077 de 2015, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar
que los centros poblados rurales cuenten con la infraestructura de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Para el caso de zonas rurales
diferentes a los centros poblados, el artículo 2.3.7.1.3.1. del Decreto 1077 de
2015, señala que corresponde a los municipios y distritos asegurar el
aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico en estas zonas y que
para ello deberán adoptar soluciones alternativas.

26.8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3.7.1.4.1. del Decreto 1077 de
2015, los departamentos deben compilar la información necesaria para orientar
la dotación de infraestructura básica de agua y saneamiento básico o de las
soluciones alternativas en zonas rurales, acorde con el artículo 10 de la Ley 1176
de 2007, información que deben mantener actualizada, según los reportes,
periodicidad y mecanismos definidos por el MINISTERIO DE VIVIENDA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

26.9. Afirmó que de conformidad con el artículo 2.3.7.1.4.5. del Decreto 1077 de
2015 los administradores de soluciones alternativas recibirán asistencia técnica
y acompañamiento integral en el marco de las competencias de la Agencia de
Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia para la Renovación
del Territorio, según los lineamientos que defina el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en coordinación con el MINISTERIO DE VIVIENDA.

26.10. Sostuvo que CORPOCALDAS no demostró que haya dado cumplimiento
a sus funciones relacionadas con la protección ambiental, toda vez que se
acreditó en el proceso que desde el año 2022 tenía conocimiento de la
disposición de aguas residuales que no cumplen con la normativa técnica y
ambiental, no tienen permisos de vertimientos.

26.11. Manifestó que CORPOCALDAS y el MUNICIPIO no demostraron que
hayan realizado control ambiental y urbanístico en el suelo rural de Manizales
con el fin de evitar la proliferación de construcciones y vertimientos no
autorizados, sin demostrar que hayan iniciado acciones en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 1801 de 2016 y en las leyes 1333 de 2009 y 2387 de 2024.

26.12. Advirtió que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.2.20.5 del
Decreto 1076 de 2015, está prohibido verter, sin tratamiento, residuos sólidos,
líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutrofizar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

26.13. Expuso que en todo sistema de alcantarillado se deben someter los
residuos líquidos a un tratamiento que garantice la conservación de las
características de la corriente receptora (artículo 2.2.3.2.21.4 del Decreto 1076
de 2015). Sin embargo, cuando las aguas residuales no puedan llevarse a
sistemas de alcantarillado público, debe aplicarse lo previsto en el artículo 145
del Decreto Ley 2811 de 1974 y su tratamiento debe hacerse de modo que no
produzca deterioro de las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las
obras deberán ser previamente aprobadas conforme a lo dispuesto en los
artículos 2.2.3.2.20.5 al 2.2.3.2.20.7 del Decreto 1076 de 2015.

26.14. Aseguró que en caso de advertir que se estaban realizando vertimientos
en fuentes hídricas sin el cumplimiento de la normativa ambiental, ello se
constituía en infracción ambiental que debía ser investigada por la autoridad
ambiental de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

modificada por la Ley 2387 de 2024 y, atendiendo las funciones de la autoridad
ambiental previstas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

26.15. Aseguró que CORPOCALDAS debe exigir los permisos de vertimiento,
investigar y sancionar a quienes no cuenten con los mismos. Afirmó que en el
caso concreto, no solamente se debe investigar al MUNICIPIO sino también los
propietarios, poseedores y tenedores de predios en donde se realicen actividades
industriales, agrícolas, pecuarias, comerciales y de servicios, entre otros, que
estén realizando vertimientos de aguas residuales en suelo o fuentes hídricas sin
el correspondiente permiso y tratamiento, en caso de que no se encuentren
conectados al alcantarillado público.

26.16. Afirmó que al contrario de lo concluido por el TRIBUNAL, en referencia a
las gestiones administrativas que adelanta la EMPRESA y el MUNICIPIO, no son
un argumento suficiente para desconocer las funciones de la autoridad ambiental
frente a la problemática ambiental que ocasionaron los vertimientos de aguas
residuales a fuentes hídricas y a los suelos sin tratamiento y sin autorización,
entre otras razones, porque esas gestiones no se extienden ni a la totalidad de
las plantas de tratamiento existentes, ni a la construcción de nuevas plantas para
la totalidad del suelo rural de Manizales, persistiendo la amenaza y/o vulneración
al derecho colectivo a gozar de un ambiente sano.

26.17. Señaló que en consonancia con el salvamento de voto que realizó una de
las magistradas del TRIBUNAL respecto a la sentencia proferida, en primera
instancia, era evidente la amenaza y vulneración de los derechos colectivos
invocados, por lo que en aplicación del principio de precaución debían ampararse
los derechos colectivos invocados.

Recurso de la Procuraduría 28 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Manizales

27. LA PROCURADURÍA 2829, en calidad de agente del Ministerio Público
designado para actuar ante el TRIBUNAL, presentó recurso de apelación contra
la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los siguientes
argumentos:

27.1. Justificó el interés del Ministerio Público en apelar la sentencia, bajo el
supuesto de que, a su juicio, debió declararse la responsabilidad del MUNICIPIO,

29
Cfr. índice 143 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
Memorial_ARC_165Recurso_RecursoapelacionAP2023265pdf(.pdf) NroActua 143 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

de CORPOCALDAS y del DEPARTAMENTO por la amenaza o vulneración de
los derechos colectivos al no realizar las gestiones y actuaciones dirigidas a la
consecución de recursos requeridos y la realización de los estudios técnicos y
diagnósticos para asegurar el adecuado tratamiento y disposición de las aguas
residuales en el área rural de Manizales, a través de sistemas de tratamiento que
cumplan con las especificaciones técnicas y la normativa ambiental vigente.

27.2. Señaló que de acuerdo con los medios probatorios que se allegaron al
proceso debe concluirse que existe vulneración a los derechos colectivos, debido
al defectuoso funcionamiento de las plantas y sistemas de tratamiento de aguas
residuales existentes en la zona rural del MUNICIPIO o a la ausencia de esa
infraestructura, circunstancias que generan contaminación del agua, el aire y el
suelo, con el consecuente quebranto de los derechos colectivos, especialmente,
el ambiente sano y el acceso a los servicios públicos.

27.3. Adujo que está demostrado en el expediente que existen 39 plantas de
tratamiento de aguas residuales en la zona rural del MUNICIPIO que no cuentan
con permiso de vertimientos y tampoco cumplen con las especificaciones
técnicas requeridas para su adecuado funcionamiento, situación que se
corrobora con el diagnóstico técnico que el MUNICIPIO contrató con la
EMPRESA.

27.4. Aseguró que de acuerdo con las pruebas documentales y testimoniales
que se decretaron y practicaron en el proceso, de las 39 PTAR existentes,
únicamente 8 son objeto de mantenimiento, sin ningún tipo de tratamiento previo
a la disposición de las aguas residuales en las fuentes hídricas.

27.5. Las deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales en el área rural,
también fue advertida por CORPOCALDAS, entidad que en el marco del
Convenio 621 de 2019, en el que se ejecutó el Contrato 033 de 2022, dio cuenta
sobre la disposición de aguas residuales en fuentes hídricas y el suelo por
ausencia de PTAR en la zona rural de Manizales. Así como la existencia de
estructuras identificadas como plantas de tratamiento de aguas residuales que
no cumplen con la normativa técnica ni ambiental y que tampoco cuentan con
permiso de vertimientos, lo que constituye infracción ambiental.

27.6. Señaló que la falta de saneamiento básico, en el componente de aguas
residuales en el área rural de Manizales, constituye la causa generadora de la
afectación ambiental de las fuentes hídricas. Lo anterior, muestra la necesidad
de evaluar el estado de funcionamiento de las plantas y sistemas de tratamiento,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

con el fin de proporcionar la dotación de infraestructura básica de agua y
saneamiento básico que cumpla las normas técnicas y ambientales o de las
soluciones alternativas en zonas rurales, de conformidad con lo previsto en el
artículo 10 de la Ley 1176 de 2007.

27.7. Adujo que los elementos de prueba recaudados no evidencian planes de
acción, ni plazos concretos en los que el MUNICIPIO tiene previsto garantizar
que esa infraestructura sea funcional y cumpla las normas técnicas y ambientales
vigentes.

27.8. Manifestó que no se demostró en el proceso que el DEPARTAMENTO
hubiera dado cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 2.3.7.1.4.1 del
Decreto 1077 de 2015, en el sentido de recopilar la información para orientar la
dotación de infraestructura básica de agua y saneamiento básico o de las
soluciones alternativas en zonas rurales, así como mantener esa información
actualizada y disponible para las entidades públicas que la requieran.

27.9. Afirmó que en el proceso se acreditó la falta de saneamiento en el área
rural del Municipio, con la consecuente vulneración del derecho colectivo al goce
de un ambiente sano.

27.10. Precisó que existen pruebas allegadas al proceso que permiten concluir
que existen falencias de la infraestructura básica de agua y saneamiento básico
en el sector rural del MUNICIPIO, la falta de permisos de vertimientos y la falta
de control de la infraestructura que no es operada por la EMPRESA, quedando
evidenciadas las deficiencias de las plantas en cuanto a su mantenimiento y
adecuación técnica.

27.11. Señaló que las gestiones realizadas a través del convenio
interadministrativo celebrado con la EMPRESA, resultan insuficientes para
solucionar las necesidades básicas de saneamiento ambiental en la zona rural
del MUNICIPIO.

27.12. Adujo que corresponde a CORPOCALDAS ejercer sus competencias
como autoridad ambiental y administradora de los recursos naturales, exigiendo
los permisos de vertimientos e investigando y sancionando a quienes no
dispongan de los permisos, lo que no se predica únicamente del MUNICIPIO sino
de los propietarios, poseedores y tenedores de predios en donde se realicen
actividades industriales, agrícolas, pecuarias, comerciales y de servicios, entre
otros, que estén realizando vertimientos de aguas residuales en suelo o fuentes

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

hídricas sin el correspondiente tratamiento y permiso, en caso de que no se
encuentren conectados al alcantarillado público. Así como a los prestadores del
servicio de alcantarillado en zona rural que no cumplan con el reporte de
información y a aquellos usuarios que no estén cumpliendo con los parámetros
legales para el vertimiento aún en el alcantarillado.

27.13. Manifestó que el MUNICIPIO, CORPOCALDAS y el DEPARTAMENTO
son responsables por no atender sus competencias en materia de protección de
fuentes hídricas. En el mismo sentido, les corresponde adelantar las acciones de
control ambiental y urbanístico en el suelo rural para evitar que proliferen
construcciones y actividades que realizan vertimientos no autorizados, aplicando
las medidas policivas y sancionatorias ambientales previstas en las leyes 1801
de 2016 y 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024.

Recurso de la Personería Municipal de Manizales

28. La PERSONERÍA30 presentó recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

28.1. Señaló que hubo error de hecho en la valoración probatoria y falta de
aplicación de facultades ultra y extra petita. Adujo que la problemática de
saneamiento básico en la zona rural de Manizales es un hecho notorio, por lo
que, a juicio de la entidad, no requiere prueba, de conformidad con lo previsto en
el artículo 167 del CGP.

28.2. Afirmó que el estado deficiente del saneamiento básico en la zona rural de
Manizales ha sido advertido y documentado por diferentes entidades, como la
propia PERSONERÍA, CORPOCALDAS y la PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN. Manifestó que las referidas entidades han evidenciado la existencia
de múltiples PTAR en mal estado, la falta de permisos de vertimientos y la
ausencia de soluciones efectivas por parte de las autoridades responsables.

28.3. Adujo que el informe de evaluación de vertimientos elaborado por
CORPOCALDAS el 2 de marzo de 2022, pone en evidencia las condiciones del
predio en que se ubica las Institución Educativa José Antonio Galán, que
comprende la escuela y el centro de salud de Alto Bonito.

30
Cfr. índice 144 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
174_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONPT(.pdf) NroActua 144 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

28.4. Aseguró que la población afectada por el problema deficiente prestación
del saneamiento básico son sujetos de especial protección constitucional.

28.5. Destacó el acta de verificación de compromiso de la Vereda Buenavista,
elaborada por la PERSONERÍA el 28 de marzo de 2023 y el oficio remitido por el
Consorcio San Miguel a la EMPRESA, en el que se presenta el informe de
mantenimiento de la PTAR Buenavista.

28.6. Asimismo, mencionó los informes de ejecución del contrato de prestación
de servicios núm. 033 de 2022, cuyo objeto es la “[…] prestación de servicios
profesionales como ingeniero civil para apoyar el seguimiento a actividades de
saneamiento básico en el municipio de Manizales como estrategia para la
descontaminación hídrica […]”.

28.7. Sostuvo que si bien, corresponde a la parte actora probar la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos, en este tipo de acciones corresponde al
juez constitucional de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley
472, impartir órdenes y solicitar las pruebas adicionales que considere necesarias
para despejar cualquier duda.

28.8. Indicó que si el TRIBUNAL hubiera ejercido un rol dinámico, debió
decretar la práctica de pruebas de oficio para esclarecer el fondo de la
problemática, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 472.

28.9. Afirmó que el juez es el principal director del proceso y tiene facultades
ultra y extra petita, tal como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia
T-443 de 2013.

28.10. Aseguro que no se aplicó el principio de precaución en materia ambiental.
Sostuvo que se evidencia una grave deficiencia en el saneamiento básico en la
zona rural del MUNICIPIO, lo que representa un riesgo latente y significativo para
la salud pública y la calidad del recurso hídrico. Reiteró que la decisión del
TRIBUNAL desconoció el principio de precaución en materia ambiental, previsto
en los numerales 6 y 9 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993.

28.11. Indicó que el hecho de que los procedimientos sancionatorios no hayan
terminado con una decisión definitiva no puede concluirse que no exista amenaza
y vulneración de los derechos e intereses colectivos. Por el contrario, advirtió que
el inicio de los procesos sancionatorios da cuenta de la existencia de indicios
suficientes para considerar que el saneamiento básico en el área rural de
Manizales requiere la intervención del juez constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

28.12. Señaló que era necesario aplicar el principio de precaución, toda vez que
aunque no existan pruebas técnicas concluyentes sobre el nivel exacto de
afectación ambiental, la existencia de informes de entidades competentes que
advierten sobre el riesgo de inminente y ausencia de medidas correctivas justifica
la adopción de acciones urgentes y preventivas para la protección de los
intereses colectivos.

28.13. Afirmó que si bien el MUNICIPIO y la EMPRESA celebraron un contrato
interadministrativo para abordar la problemática, esto no exonera a las entidades
accionadas de su responsabilidad en la garantía del saneamiento básico en la
zona rural.

28.14. Destacó que en el salvamento de voto a la sentencia apelada, la
Magistrada que se apartó de la decisión mayoritaria, precisó que la falta de
diagnóstico y documentación de la situación de saneamiento básico en la zona
rural es per se una infracción a los derechos e intereses colectivos, por lo que,
en aplicación del principio de precaución en materia ambiental, debió declararse
responsables a las entidades accionadas.

28.15. Aseguró que la intervención de la PROCURADURÍA QUINTA, en calidad
de coadyuvante de la demanda dentro de la acción de la referencia, debe
observarse con especial atención por el juez constitucional al momento de dictar
la sentencia, toda vez que lo hace en procura de proteger el interés general y la
garantía de derechos constitucionales.

Concesión de los recursos de apelación

29. El Magistrado Sustanciador del TRIBUNAL profirió auto de 28 de marzo
de 2025, mediante el cual concedió los recursos de apelación interpuestos por la
PERSONERÍA, la PROCURADURÍA QUINTA y por la PROCURADURÍA 2831.

Actuaciones en segunda instancia

30. El Despacho Sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 11 de
abril de 202532, mediante el cual admitió los recursos de apelación.

31
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
6ED_AutoConcedeAp_006I20(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
32
Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
9Autoqueadmite_APa202344001NorisDon(.pdf) NroActua 4 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

31. Las partes procesales no intervinieron durante el término de ejecutoria del
auto que admitió los recursos y, el Agente del Ministerio Público delegado ante
esta Corporación, tampoco presentó concepto en esta etapa procesal.

32. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes 33
manifestó impedimento en los términos del numeral 3 del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201134.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

33. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor
Germán Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con
lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; vi) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo a la
seguridad y salubridad públicas; vii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho e interés colectivo al acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna; viii) el marco normativo sobre las
competencias de las autoridades en materia de prestación del servicio público
domiciliario de alcantarillado; ix) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

34. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en
el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201935, sobre la distribución
de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el 15036 de la Ley
1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, se
precisa que esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de
los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en

33
Cfr. índice 16 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…]
14Manifestaciond_Manifestaciondeimped(.pdf) NroActua 16 […]”.
34
Por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo
88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo
y se dictan otras disposiciones […]”.
35
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º
del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y
82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
36
Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones
populares.

35. Asimismo, de conformidad con los artículos 32037 y 32838 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201239, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los
puntos o cuestiones a los cuales se contraen los recursos interpuestos por la
PERSONERÍA, la PROCURADURÍA QUINTA y por la PROCURADURÍA 28.

36. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este
asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la
Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.

Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio
Cifuentes

37. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
manifestó encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia,
mediante escrito de 27 de agosto de 2025, invocando para ello la causal prevista
en el numeral 3 del artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

[…]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).

38. El Consejero de Estado indicó que, en su criterio, se encuentra incurso en
la causal prevista en el numeral 3 por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador

37
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
38
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
39
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, tercero interesado en el
proceso de la referencia […]”.

39. La Sala destaca las siguientes disposiciones normativas con el objeto de
resolver el impedimento: el artículo 44 de la Ley 472 de 1998, el numeral 3 del
artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, el numeral 3 del artículo 131 del mismo
estatuto, y los artículos 35 y 37 del Código Civil40.

40. Asimismo, se precisa que las causales de impedimento establecidas en
la ley son mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones
adoptadas por los administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los
principios de independencia e imparcialidad.

41. La Corte Constitucional41 ha considerado que el principio de
independencia se refiere a que los funcionarios encargados de administrar
justicia, en sus decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones,
recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros
órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio
legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias
constitucionales y legales.

42. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la
causal prevista en el numeral 3 del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera
que se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría
General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del Consejero
de Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa entidad.

43. Con ese fin, es pertinente precisar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto de 8 de agosto de 2023,
proferida en el proceso identificado con el número único de radicación
110010315000202300871-0042, consideró que, en el caso de los Procuradores
Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que, de conformidad con el
artículo 4 del Decreto 264 de 2000, se establece que son cargos directivos
aquellos que actúen en representación del Procurador General de la Nación, por
lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución Política,

40
Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
41
Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 8 de agosto de 2023, CP. Martha
Nubia Velásquez Rico, número único de radicación: 110010315000202300871-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen esta
función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:

“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura
de la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en
su artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala
que los procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional,
asignándoles el código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos
del nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección,
definición de políticas y de representación del Procurador General. En el
numeral 10 de ese artículo señala como funciones generales de los empleos de
ese nivel: “10. Intervenir como agentes del Ministerio Público, de conformidad con
lo establecido en la Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo
prescrito en los artículos 277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los
procuradores judiciales II tienen la condición de agentes del Ministerio
Público que, entre otras, ejercen funciones de intervención judicial en
representación del Procurador General de la Nación, lo que igualmente se ve
refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de manera que la simple
ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de 2000 no puede
tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]” (Destacado fuera
de texto).

44. En el presente caso, el pariente, en segundo grado de consanguinidad,
del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio Cifuentes, se encuentra
nombrado en una de las entidades que funge como tercera con interés en este
asunto, en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva
material y funcional, corresponde al nivel directivo, la Sala considera que se
configura la causal de impedimento invocada.

45. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la
causal de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 de la Ley 1437,
el Consejero de Estado impedido se separará del conocimiento de este proceso,
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Problemas jurídicos

46. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:

46.1. Si existe amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados
en la demanda con ocasión de la deficiente prestación del servicio público
domiciliario de alcantarillado y el vertimiento de residuos a fuentes hídricas en el
área rural del MUNICIPIO.

46.2. Es procedente aplicar el principio de precaución en materia ambiental
para amparar los derechos colectivos cuya protección se solicita.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

46.3. En caso de que se demuestre la existencia de la amenaza o vulneración
de los derechos colectivos invocados, corresponde la Sala determinar si las
entidades accionadas son competentes para protegerlos, así como las órdenes
que deben impartirse.

46.4. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida por el TRIBUNAL el 7 de marzo de 2025.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

47. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone
que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

48. El artículo 2.° de la Ley 472 define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

49. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

50. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte accionada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

51. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma
y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica,
sin embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la
acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de
los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]” 43.

52. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada
Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva
definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados
celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses
colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii)
es una acción pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por
lo tanto, puede ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no
gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es
una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de
aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la
sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control
judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual
violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una
ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones
pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce
de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución,
la ley y las disposiciones reglamentarias

53. El artículo 79 de la Constitución Política dispone que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano.

54. La Corte Constitucional44 ha resaltado la importancia del medio ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos
humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones
que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP).
44
Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta
el Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo
Rivera, 18 de octubre de 2017.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del
hombre como sujeto universal del derecho […]”.

55. Ahora bien, la Sala resalta que en la sentencia de 18 de julio de 2024 45,
esta Sección amparó, entre otros, el derecho colectivo al goce de un ambiente
sano en relación con el deficiente funcionamiento de una PTAR, por lo que resulta
pertinente destacar las consideraciones realizadas en ese momento:

“[…] Así las cosas, atendiendo a las distintas dimensiones del derecho al goce al
ambiente sano, en especial, aquella referida a su objetivo social, el cual supone
la conservación de las condiciones del medio ambiente para garantizar el
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las generaciones
presentes y futuras, y al deber del Estado de conservación del medio
ambiente, eficiente manejo de los recursos y fomento del desarrollo
sostenible, la Sala considera que el mencionado derecho colectivo se
encuentra amenazado por la indebida operación de la PTAR objeto de la
presente acción, la cual ha ocasionado derrames, rebosamiento de aguas
residuales, malos olores, así como fuga de gases directamente a la atmosfera.

Asimismo, a juicio de la Sala, lo anterior también amenaza el derecho a la
seguridad y salubridad pública, pues dicho derecho propende, entre otras, por
la salvaguarda de la salud de la población por medio de acciones de salubridad,
tanto individuales como colectivas, así como por la garantía del bienestar de la
comunidad […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo a la seguridad y salubridad públicas

56. La Constitución de 1991 consignó en su artículo 366 el mejoramiento de
la calidad de vida, como una de las finalidades sociales del Estado, para lo cual
fija como un objetivo prioritario para las entidades del Estado la solución de las
necesidades en materia de seguridad y salud.

57. La importancia del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas,
ha sido abordada por esta Sección entre otras en la sentencia de 15 de mayo de
201446, la cual determinó:

“[…] La importancia del cuidado de las salud de las personas y de una adecuada
gestión de su entorno, son aspectos esenciales para la efectividad del derecho a
la vida y de otros postulados cardinales del Estado social de derecho como la
dignidad humana o la libertad, ello se evidencia en lo previsto por el artículo 366
de la Carta, que además de señalar el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida como fines sociales del Estado, define como objetivo fundamental
de su actividad la solución de necesidades básicas insatisfechas en materia de
salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Su carácter primordial
se plasma también en el artículo 49 Constitucional, que encomienda al Estado la

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de
2024, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 05001-23-33-000-2021-01888-01.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de
2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, NUR 25000-23-24-000-2010-0060901(AP), criterio reiterado por esta
Sala de Decisión radicación nro: 2013-00013-01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud, al tiempo que impone a todos el
deber de “procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”. Reflejo de
esta última previsión es lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 95 de la Ley
Fundamental, que erige en deber ciudadano, expresión del principio de solidaridad,
responder con acciones humanitarias “ante situaciones que pongan en peligro la
vida o la salud de las personas”. Finalmente, debe también resaltarse el hecho que
el artículo 78 de la Constitución haga reconocimiento expreso de la
responsabilidad que deben afrontar los productores de bienes y servicios que,
entre otras, atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores o usuarios;
la cual, por virtud de lo previsto en la parte final del artículo 88, podrá ser objetiva.

La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del
derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener
que: “(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los
delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades
humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los
ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las
situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el
exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de
contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la
tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de
sanidad comunitaria.”59

Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por
esta Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede garantizar
desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de
promoción (activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las
condiciones esenciales de salud pública”60. En consecuencia, es claro para la
Sala que su vulneración también puede desprenderse tanto de una actitud activa
(actuaciones, reglamentos, contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa)
de parte de las autoridades responsables de su guarda y realización efectiva
[…]”47 (Destacado fuera de texto).

58. Sobre el mencionado derecho colectivo la misma Sección construyó un
concepto mediante sentencia de 13 de mayo de 2004, expediente con número
de radicación 250002325000200202788-01, así:

“[…] “En lo que respecta al derecho colectivo relacionado a la seguridad y
salubridad públicas los mismos han sido tratados como parte del concepto de
orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de
garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en
comunidad. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:

“Las restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el
concepto de orden público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de
seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno
de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad.
Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por parte del
Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva
que las haga efectivas: la seguridad, con la prevención permanente de los
delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades
humanas; la tranquilidad, con la prevención de los desórdenes en general,
ya se trate de lugares públicos o privados; la salubridad, con la prevención
de factores patológicos que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad
física de los ciudadanos; la moralidad, con la prevención de manifestaciones

47
Consejo de Estado Sala de o Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Guillermo
Vargas Ayala, quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) NUR. 25000 23 24 000 2010 00609 01(Ap)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

externas de conducta que no se ajusten a ciertos principios mínimos de
respeto entre las personas y que, en algunos casos, se encuentran
expresamente prohibidas por la ley”.

“La salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se
deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general,
implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad,
la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y
las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la
salud de los ciudadanos” […]” (Destacado fuera de texto).

59. En tal escenario, de la recopilación jurisprudencial en referencia la Sala
resalta que: i) no existe distinción entre los conceptos de “salud pública” y
“salubridad pública”; de hecho, se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad, mediante la adopción
de medidas tendientes a evitar su alteración; y iii) el contenido general de este
derecho implica, por un lado, en el caso de la seguridad: la prevención
permanente de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las
calamidades humanas, la garantía de tranquilidad, la prevención de los
desórdenes en general, ya se trate de lugares públicos o privados; y, por el otro,
en el caso de la salubridad, implica la prevención de factores patológicos que
pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física de los ciudadanos; la
moralidad, con la prevención de manifestaciones externas de conducta que no
se ajusten a ciertos principios mínimos de respeto entre las personas y que, en
algunos casos, se encuentran expresamente prohibidas por la ley.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna

60. De conformidad con lo previsto en los artículos 365 y 366 de la
Constitución Política sobre el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

61. Asimismo, con lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política,
los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es su deber
asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Y le
corresponde proporcionarlos, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado es quien regula, el control
y la vigilancia de dichos servicios.

62. Adicionalmente, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las
entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación.

63. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y
oportuna de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la
vida, la dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la
sentencia C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:

“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la
tarea de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional’ (art. 365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos
como la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen
vocación de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera
directa o indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares;
se consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo
público ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]” 48
(Destacado fuera de texto).

64. La Sección Primera49 consideró que la vulneración del derecho colectivo
de acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna implica
acciones u omisiones concretas de la demandada que pongan en evidencia la
falta de oportunidad en la prestación del servicio o la falta de eficiencia en la
administración de los recursos destinados a garantizar el servicio público.

65. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 142 de 11 de julio de 199450,
son competencias de los municipios, entre otras, “[…] [A]segurar que se presten
a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos
previstos en el artículo siguiente […]”. (Destacado fuera de texto).

66. La Sala precisa que es competencia de los municipios la prestación
eficiente y oportuna de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos, el servicio
público de alcantarillado.

48
Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
49
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato
Valdés, número único de radicación: 170012333000201800493-01.
50
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado

67. De acuerdo con lo previsto en el artículo 356 de la Constitución Política,
se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades locales,
departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema
General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.

68. El artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…] las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155151, la
norma señala lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial
y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356
de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con
la de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes
entre sí para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas
asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para
evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad
administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la
competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la
entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las
competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades
territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades
de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias
cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

51
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
[Modificó la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)

69. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera,
técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los
municipios que hayan asumido la prestación directa […]”52; “[…] [v]elar porque
quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la
conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales
o ambientales que sean utilizados en la generación, producción, transporte y
disposición final de tales servicios […]”53; y “[…] [p]restar directamente cuando los
departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de
que trata la presente Ley […]”54.

70. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es la entidad fundamental
de la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes […]”.

71. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias
y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá
en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución
de ingresos. De igual manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se
prestarán directamente por cada municipio o distrito cuando las características
técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y
aconsejen.

72. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar,
en sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos

52
Artículo 8.4.
53
Artículo 8.5.
54
Artículo 8.6.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

domiciliarios y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico
y a la salubridad de todos sus habitantes.

73. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y
construir las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre
otros, los planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la
solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente
territorial, en lo que sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los
adolescentes, mujeres cabeza de familia y los demás sujetos de especial
protección constitucional; y garantizar la prestación del servicio de agua potable
y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las
normas que regulan los servicios públicos domiciliarios.

74. A su vez, la Ley 142, en los numerales 1.º., 3.º y 6.º del artículo 5.° señala
que es competencia de los municipios y distritos, en relación con los servicios
públicos, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración del ente territorial; disponer el otorgamiento
de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del
municipio; y apoyar con inversiones y otros instrumentos a las empresas de
servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar
actividades de su competencia.

75. Igualmente, de conformidad con los numerales 2.º y 9.º del artículo 8.º de
la Ley 388 de 18 de julio de 199755, sobre la acción urbanística, la función pública
del ordenamiento territorial se ejerce mediante la acción urbanística de las
entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a
las actuaciones urbanísticas que les son propias, entre las cuales se encuentran
localizar y señalar las características de la infraestructura para los servicios
públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos,
líquidos, tóxicos y peligrosos, así como los equipamientos de servicios de interés
público y social como centros docentes y hospitalarios; y dirigir y realizar la
ejecución de obras de infraestructura para los servicios públicos domiciliarios,
directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de
conformidad con la ley.

55
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

76. Además, el artículo 76 de la Ley 715, ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar
proyectos de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de
terceros en materia de servicios públicos, además de las competencias
establecidas en otras normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación
y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

77. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación
y mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su eficiente y
oportuna prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía,
podrán realizar la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la
organización interna que consideren más conveniente en el marco de las
posibilidades que otorga la Constitución y la ley.

78. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de
armonía regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:

“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a
las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus
funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con
sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política
Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y
coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente
físico y biótico del patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de
texto).

79. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias
propias, dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la
conservación del entorno natural.

80. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10.°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas
autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control;
imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente.

81. En relación con la competencia de los departamentos, el artículo 298 de
la Constitución Política también dispuso que: “[…] [l]os departamentos tienen
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio […]”. Además,
“[…] ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad
de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de
prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes […]”.
Adicionalmente, les asisten funciones de apoyo y coordinación en materia de
servicios públicos, en los términos del artículo 367 de la Constitución.

82. Con base en tales atribuciones, los artículos 7.° de la Ley 142 y 7456 de la
Ley 715 de 21 de diciembre de 200157, establecen, entre sus responsabilidades,
los deberes de apoyo financiero, técnico y administrativo, desde un eje de
planificación multisectorial que permita la materialización del principio de
coordinación.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente

83. De conformidad con los artículos 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 y 18 de la Ley
1523 de 24 de abril de 201263, sobre la definición de gestión del riesgo de
desastres, la responsabilidad, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, integrantes del Sistema Nacional, instancias de dirección,

56
“[...] Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son
promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde
a los Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias: […] 74.1. Planificar y orientar las políticas
de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los
municipios. […] 74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o
municipales de interés departamental […] 74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo
su destinación legal cuando la tengan […] 74.4. Promover la armonización de las actividades de los
Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación […] 74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica,
administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio
de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar […] 74.6. Realizar el seguimiento y la
evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de estos e informar los
resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad [...]”.
57
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

gobernadores y alcaldes, gobernadores en el Sistema Nacional, alcaldes en el
Sistema Nacional, y las funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

84. La Gestión del Riesgo de Desastres está definida en el artículo 1.º de la
Ley 1523 en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1.º De la Gestión del Riesgo de Desastres. La gestión del riesgo
de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a
la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes
para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con
el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida
de las personas y al desarrollo sostenible.
Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible,
en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.
PARÁGRAFO 2o. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora
lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención
y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos […]”.

85. De la norma transcrita se destaca que la gestión del riesgo es un proceso
social ejercido a través de instrumentos de política pública que busca el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, se resalta que la gestión del
riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar,
entre otros, los derechos e intereses colectivos.

86. La Ley 1523 definió en el artículo 5 el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres como el “[…] conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias,
instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que
se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país
[…]”.

87. Asimismo, la precitada ley dispuso que integran el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras, las entidades públicas que tengan
dentro de su misión y responsabilidad, la gestión del desarrollo social, económico
y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y
proyectos de inversión y en el marco de los principios desarrollados en el artículo
3 de la precitada ley, en especial, los de igualdad, protección, solidaridad social,
autoconservación, participación, diversidad cultural, interés público o social,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, entre otros.

Competencia de los municipios y departamentos en materia de gestión de
riesgo

88. Ley 1523 de 24 de abril de 201258, en especial, los artículos 2, 9 y 12,
sobre responsabilidad, instancias de dirección del sistema nacional de gestión
del riesgo y los gobernadores y alcaldes, son instancias de dirección del sistema
nacional, entre otros, el gobernador y el alcalde distrital o municipal, en su
respectiva jurisdicción. Asimismo, los gobernadores y alcaldes son conductores
del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el
ámbito de su jurisdicción.

89. Los artículos 13 y 14 de la Ley 1523, sobre gobernadores y alcaldes en el
sistema nacional, que establecen:

90. Por un lado, que los gobernadores: i) “[…] son agentes del Presidente de
la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión
del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política
del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos
de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito
de su competencia territorial […]”; ii) como jefes de la administración seccional
respectiva, tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en
la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias
en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad; y
iii) están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva respecto de los municipios que integran su departamento.

91. Y, por el otro, que los alcaldes: i) como jefes de la administración local,
representan al Sistema Nacional en el respectivo distrito y el municipio; y ii) como
conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de
los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su
jurisdicción. Los alcaldes y, en general, la administración municipal, deben

58
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias
en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los
planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás
instrumentos de gestión pública.

92. En relación con lo anterior, se debe recordar que, de conformidad con los
artículos 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, sobre acción urbanística, planes
de ordenamiento territorial, contenido del componente general de los planes de
ordenamiento, componentes urbano y rural del plan de ordenamiento, normas
urbanísticas y planes básicos de ordenamiento, estos planes deben contener, en
materia de gestión del riesgo: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural
y de expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial,
por riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el
inventario de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones de
insalubridad; iii) la localización de “[…] las áreas críticas de recuperación y control
para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y
recuperación paisajística […]”.

93. Ahora bien, en relación con los entes territoriales y en los términos de los
artículos 39 y 40 de la Ley 1523 y del numeral 1.° del artículo 10 de la Ley 388
de 18 de julio de 199759, por un lado, en la elaboración de los planes de
ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta los
determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios
ámbitos de competencia, entre ellos, las relacionadas con la prevención de
amenazas y riesgos naturales y, en especial, “[…] [l]as políticas, directrices y
regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento
y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales […]”.

94. Por el otro, los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas
y de planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo
seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, […]” así como los

59
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

programas y proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los
principios de la Ley 1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo,
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza
derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no
intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la
transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en
alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales
reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y
expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones
en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas que deben orientarse no solo
a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino también prevenir nuevos riesgos
relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de desastres.

95. Ahora bien, en los términos del artículo 37 de la Ley 1523, sobre planes
departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de
respuesta, estas autoridades formularán y concertarán con sus respectivos
consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia
para la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual deberá
estar armonizado con el plan y estrategia nacional y deberán incorporar la gestión
del riesgo tanto en la inversión pública, en la planificación del desarrollo y en el
ordenamiento territorial, en los términos de los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523.

96. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 60 y de la
Resolución 448 de 17 de julio de 201461, la obligación de: i) “[…] [p]romover,
cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas,
comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación
de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes
de agua […]”; ii) realizar y reportar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio el inventario de asentamientos localizados en zona de alto riesgo por
inundaciones y deslizamientos que se hallen en suelo urbano, suelo rural y suelo
de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas catalogadas como de riesgo no
recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos de

60
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
61
Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos
para que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional
de asentamientos en alto riesgo de desastres”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas,
entre otras.

97. Ahora bien, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los
artículos 47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres “[…] como una cuenta especial de
la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística
[…]”, cuyos objetivos generales, de interés público, son “[…] la negociación,
obtención, recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de
protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la
implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres
que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y
de manejo de desastre […]”. Asimismo, en los términos del parágrafo 2 del
artículo 47, el precitado Fondo Nacional “[…] desarrollará sus funciones y
operaciones de manera directa subsidiaria o complementaria, bajo esquemas
interinstitucionales de cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad […]”.

98. Por el otro, “[…] [l]as administraciones departamentales, distritales y
municipales […] constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el
esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.

99. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional,
departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional,
incluirán […] las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización
de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos
y de manejo de desastres […]”.

100. De esta manera, se resalta que, si bien, el principal responsable de la
gestión del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en
cabeza del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de
la normativa anteriormente indicada y adicionalmente de las leyes 388, 810 y
1801 de 29 de julio de 201662, en los eventos en que el municipio no esté en
capacidad de asumir la respectiva competencia, en virtud de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, podrá solicitar la concurrencia del

62
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar una adecuada gestión
del riesgo de desastres; lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades
atribuibles a las personas privadas, en los términos de la ley.

101. Se debe resaltar que la normativa, en especial, los artículos 73, 7463 y 76
de la Ley 715, en los que se desarrolla la “Participación de Propósito General” y,
en especial, las competencias de la Nación, departamentos y municipios en otros
sectores, se establece, entre sus responsabilidades, los deberes de apoyo
financiero, técnico y administrativo, desde un eje de planificación multisectorial
que permita la materialización del principio de coordinación.

Análisis del caso concreto

102. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub
examine.

103. El TRIBUNAL profirió sentencia de 7 de marzo de 2025 en la que negó las
pretensiones de la demanda.

104. La PERSONERÍA, la PROCURADURÍA QUINTA y la PROCURADURÍA
28 presentaron sendos recursos de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, que fundamentaron en los siguientes argumentos:

105. Señalaron que la sentencia apelada incurre en error de hecho en la
valoración probatoria y que la deficiente prestación del servicio de alcantarillado

63
“Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores
del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación,
de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de
prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las
siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento
y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la
Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones
de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya
lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios
a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales
y a la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

y la afectación a fuentes hídricas en el área rural del MUNICIPIO es un hecho
notorio.

106. Señalaron que por el hecho de que los procesos sancionatorios
ambientales no hayan terminado, no podía concluirse la inexistencia de la
vulneración de los derechos colectivos y, por el contrario, el inicio de los procesos
genera un indicio suficiente para el amparo constitucional.

107. Indicaron que el TRIBUNAL debió ejercer facultades ultra y extra petita,
haber decretado pruebas de oficio y asumir un rol dinámico, con el fin de amparar
los derechos e intereses colectivos invocados.

108. Manifestaron que el TRIBUNAL debió amparar los derechos colectivos
deprecados aplicando el principio de precaución en materia ambiental.

109. Sostuvieron que el TRIBUNAL debió amparar los derechos colectivos
señalados, toda vez que con ocasión de la situación deficiente del alcantarillado
en la zona rural, están en riesgo los derechos de personas de especial protección
constitucional.

110. Afirmaron que el MUNICIPIO, el DEPARTAMENTO y CORPOCALDAS
no demostraron en el proceso el cumplimiento de sus obligaciones respecto del
mal estado de las PTAR en la zona rural de Manizales, la contaminación por
vertimientos de aguas residuales a fuentes hídricas y el control urbanístico.

111. Expusieron que era necesario para decidir en el sentido de amparar los
derechos colectivos invocados tener en cuenta la coadyuvancia de la
PROCURADURÍA QUINTA, entidad que interviene en defensa del interés
general, y el salvamento de voto emitido por una de las magistradas del
TRIBUNAL, que permite concluir que debieron ampararse los derechos e
intereses colectivos.

112. Finalmente, señalaron que era necesario impartir la orden de evaluar el
estado de funcionamiento de las PTAR y el cumplimiento de las normas técnicas
y ambientales o de soluciones alternativas.

113. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con
las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564,
aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en
relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

114. La Sala procederá a resolver los problemas jurídicos formulados supra,
teniendo en cuenta los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 anteriormente
indicados y los límites de los recursos de apelación.

Solución a los problemas jurídicos

Sobre los argumentos relacionados con la prueba de la amenaza y
vulneración de los derechos e intereses colectivos

115. La Sala considera necesario determinar si les asiste razón a las entidades
apelantes respecto de la existencia de pruebas allegadas al proceso que dan
cuenta de la amenaza y vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados. Para este efecto, la Sala destaca las pruebas relevantes para resolver
el caso sub examine:

116. Copia del informe de 2 de marzo de 2022 elaborado por CORPOCALDAS
sobre evaluación de vertimientos en el predio ubicado en la Institución Educativa
José Antonio Galán y puesto de salud Alto Bonito64:

“(…) 15. Conclusiones.

De acuerdo con lo evidenciado en la visita técnica del 21 de febrero de 2022
realizada sobre la Institución Educativa José Antonio Galán perteneciente al
Municipio de Manizales, se puede concluir lo siguiente:

Es urgente requerir al usuario Municipio de Manizales la instalación de un
sistema de tratamiento completo y adecuado para el manejo de las aguas
residuales domésticas de la institución educativa y el predio de servidumbre
del señor Orlando de Jesús Loaiza. Por tal razón el primer requerimiento deberá
ser la información técnica que especifique el sistema a instalar de acuerdo a la
capacidad actual.

Para la instalación del sistema de tratamiento se deben incluir trampas de grasas
por las actividades de preparación de alimentos tanto en el colegio como en el
predio El Carmelo. Además, se debe revisar la capacidad del sistema de
tratamiento a instalar para que cumpla con la dotación necesaria.

Es posible que si la alcaldía incluye los predios vecinos en el sistema de
tratamiento que se ubicará, la capacidad deberá modificarse, por tal razón
sería necesario solicitar una modificación a la actual Resolución de otorgamiento
No. 2017-1363 del 12 de abril de 2017 instrumento donde además no se
contemplaron las trampas de grasas.

Teniendo en cuenta las afectaciones que está ocasionando el vertimiento al
no tener tratamiento, se realizará seguimiento al requerimiento con el fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en el
otorgamiento No. 2017-1363 del 12 de abril de 2017 y que a la fecha no se han
cumplido.

16 RECOMENDACIONES

64
Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
2_ED_002DEMANDAYANEXOSPD(.pdf) NroActua 10 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

De acuerdo con lo evidenciado en la vivita técnica del 21 de febrero de 2022
realizada sobre la Institución Educativa José Antonio Galán perteneciente al
Municipio de Manizales, se puede recomendar lo siguiente:

Revisar la situación actual de las viviendas vecinas de la I.E. que se encuentran
conectadas a la tubería que vierte en el predio vecino del señor Orlando de Jesús
Loaiza, se estima que son 15 predios quienes han manejado una descarga
colectiva.

Requerir la legalización de los usuarios que puedan ubicarse como vecinos
conectados al sistema de conducción actual, teniendo en cuenta que según datos
del aplicativo Geoambiental no existe ningún permiso de vertimientos diferente de
la Institución educativa.

La Alcaldía de Manizales deberá revisar la capacidad del sistema de tratamiento a
implementar teniendo en cuenta el incremento de la población estudiantil, aumento
de población flotante por ubicación de glamping en el predio del señor Orlando
Loaiza y la unión de viviendas vecinas […]”. (Destacado fuera de texto).

117. Copia del formato de acta de reunión o visita en sitio de 18 de abril de
2023 en la vereda Alto Bonito, predio Chamí por parte de la Personería de
Manizales, cuyo tema es la planta de tratamiento de Aguas Residuales Alto
Bonito, predio Chamí, en el que se concluyó lo siguiente:

“[…] Conclusiones:

1. La corporación autónoma regional de Caldas requerirá al municipio de
Manizales información con respecto al trámite del permiso de vertimientos para la
PTAR objeto de la problemática, y allegará copia del mismo a la personería.

2. La Corporación Autónoma Regional de Caldas remitirá a la personería el
diagnóstico de las PTAR rurales con el fin de convocar a todos los actores
necesarios para resolver la problemática de saneamiento básico en la zona rural
de Manizales.

3. Las entidades municipales y de servicios públicos encargadas del tema, deberán
reunirse para en el plazo de un mes determine si hay posibilidad o no de
intervención en la Planta de tratamiento y, en caso afirmativo, que se tenga una
posible solución a la problemática […]”.

118. Copia del documento de 16 de marzo de 2023 suscrito por el
representante legal del Consorcio San Miguel dirigido a la EMPRESA, referido al
“[…] Contrato de obra No. 9677-PPAL001-292-202 -Realizar las obras de
intervención correctiva, requeridas para mitigar el riesgo de deslizamiento y
avenidas torrenciales mediante la construcción de obras de estabilización de
taludes y manejo de aguas en la comuna ecoturística cerro de oro, veredas
Buena Vista, Pueblo Hondo, Tarroliso, y sectores los cerezos, curva del kumis y
autolegal en el municipio de Manizales, en el marco del decreto de calamidad
pública no. 0291 de 2017, prorrogado mediante decreto no. 0724 de 2017 y en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

desarrollo del plan de acción específico establecido en el decreto de retorno a la
normalidad no. 0246 de 2018 […]”, en el que se indicó lo siguiente65:

“[…] La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD y el
Consorcio San Miguel como contratista realizan obras de intervención correctivas,
requeridas para mitigar el riesgo de deslizamiento y avenidas torrenciales
mediante la construcción de obras de estabilización en la vereda Buenavista,
en el mes de agosto al iniciar obras se pudo identificar el desbordamiento y
mal manejo de las aguas residuales de la PTAR poniendo en conocimiento a
la comunidad de la vereda de dicha problemática. En el mes de diciembre de
2022 y marzo de 2023 una cuadrilla de trabajadores de Aguas de Manizales
realizó visita e intervención a la PTAR, por lo que solicitamos a ustedes o en
su defecto a quien corresponda valoración técnica, reparación
estabilización, así como la conducción y entrega final adecuada de las aguas
residuales de las mismas al cauce natural de la cuenca 2 ubicada en la finca
Los Alpes. El mal manejo de estas aguas está ocasionando erosión e
inestabilidad en las obras que se están ejecutando, además de la
contaminación ambiental […]”. (Destacado fuera de texto).

119. Copia del del contrato de prestación de servicios profesionales número
033 de 2022, mediante el cual CORPOCALDAS contrató un ingeniero civil con
el objeto de “[…] apoyar el seguimiento a actividades de saneamiento básico en
el municipio de Manizales como estrategia a la descontaminación hídrica”; cuyo
plazo de ejecución fue entre el 3 de febrero de 2022 y el 24 de agosto de 2022 y
prorrogado por 2 meses y 7 días, en el que se pactaron, entre otras, las siguientes
obligaciones específicas del contratista66:

“[…] 1. Apoyar las actividades de seguimiento técnico, financiero y constructivo de
la PTAR de Manizales, en el marco del convenio 621 de 2019 suscrito entre el
Minvivienda, Aguas de Manizales, Municipio de Manizales y Corpocaldas.
Acompañar al supervisor de CORPOCALDAS en las reuniones requeridas,
asociadas con el proyecto, en coordinación con el ejecutor del proyecto y la
interventoría de la obra.

2. Apoyar las actividades de seguimiento a la Acción Popular, con radicado 2006-
0071, que actualmente existe en contra de CORPOCALDAS, acompañar las
audiencias de seguimiento al pacto y presentar los informes requeridos

3. Apoyar la elaboración de un diagnóstico sobre el estado actual, las
condiciones y el esquema de operación de las PTAR rurales del municipio de
Manizales; verificar el cumplimiento de las normas ambientales y la
existencia de los permisos correspondientes que permitan una
sostenibilidad en el tiempo, de las PTAR existentes. Revisar las condiciones
institucionales de las entidades o comunidades organizadas encargadas de
la operación.

4. Apoyar actividades de diagnóstico y aplicar un instrumento de captura de
información que permita establecer el estado de operación, grado de
satisfacción y necesidades de mantenimiento de los sistemas sépticos

65
Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
2_ED_002DEMANDAYANEXOSPD(.pdf) NroActua 10 […]”.
66
Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
26_ED_026CONTESTACIONCORPO(.pdf) NroActua 10 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

individuales instalados en el marco de los convenios realizados por
Corpocaldas en los últimos 5 años, en zona rural del municipio de Manizales.

5. Presentar los informes señalados en los estudios previos del presente contrato
[…]”. (Destacado fuera de texto).

120. En el informe número 1 de prestación de servicios profesionales se indicó
lo siguiente67:

“[…] solo hasta el pasado 1 de marzo se tuvo información suministrada por
Aguas de Manizales S.A. E.S.P., en relación con 8 PTARS, administradas por
ellos, en la zona rural de Manizales. Información verbal al respecto nos
indica, que de estas hay algunas que están operando normalmente y algunas
de ellas no están funcionando. Para ello se solicitó la información pertinente, y
se programó visita conjunta a cada una de ellas para los días 10 y 11 de marzo,
que nos permita evidenciar el estado de estas y la información respectiva.

La empresa Aguas de Manizales opera 8 plantas de tratamiento de aguas
residuales en la zona ubicadas así:

Ptar el Ocaso, ubicada en la vereda Bajo Tablazo. Coord. X:1171185,57
Y:1048665,76

Ptar Cuchilla de los Santa, ubicada en dicha vereda. Coord. X:1170989,92 Y:
1054609,04

Ptar El Arenillo, ubicada en la vereda El Arenillo. Coordenadas X:1170867,78
Y:1051084,28

Ptar La Cabaña, ubicada en la vereda La Cabaña. Coordenadas X:1164102,78
Y:1054751,66

Ptar La Palma 2, ubicada en la vereda La Palma. Coordenadas X:1171095,92
Y:1055680,05

Ptar La Pava, ubicada en la vereda La Cabaña. Coordenadas X:1163974,27
Y:1054056,19

Ptar Bajo Tablazo, ubicada en la vereda Bajo Tablazo. Coordenadas X:1170628,26
y:1048208,69

Ptar San Peregrino, ubicada en la vda. San Peregrino. Coordenadas X:1166736,35
Y:1050790,96

Como información adicional, por corroborar y definir, para Aguas de Manizales
S.A.ESP no es claro quien construyó o es el propietario de estas, lo que a su vez
trae dificultades para que dicha empresa haga las inversiones necesarias y las
pueda incluir o no en sus activos y/o en los planes de inversión. Este tema
esperamos se aclare en la medida de las visitas a terreno y el suministro de
información.

En relación con este tema, la Alcaldía de Manizales, manifestó no tener
conocimiento claro de otras Ptars, en el área rural del municipio, diferentes
a las que opera Aguas de Manizales S.A. ESP.

67
Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
26_ED_026CONTESTACIONCORPO(.pdf) NroActua 10 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

El Comité de Cafeteros de Caldas, manifestó tener conocimiento de algunos
sistemas sépticos, que podrían clasificarse como Ptars, por su tamaño, los
cuales están instalados en las escuelas de las veredas Las Pavas, Alto del
Naranjo y San Peregrino. Se está a la espera del suministro de información más
detallada al respecto y la respectiva validación vs. las instalaciones realizadas en
escuelas de la zona rural, ya entregada por Corpocaldas. Es parte de la validación
y cruce de información ya mencionada anteriormente, que nos permita conocer los
sistemas realmente instalados […]”. (Destacado fuera de texto).

121. Asimismo, del informe número 1 del contrato de prestación de servicios
profesionales se destaca lo siguiente68:

“[…] Como primera medida, para desarrollar este tema, es de vital importancia,
conocer cuáles son los sistemas sépticos instalados en la zona rural de Manizales,
por parte de las diferentes entidades, en los últimos 5 años, o sea desde el año
2017 inclusive, hasta la fecha.

Debe anotarse que en principio estos se han instalado al amparo de
Convenios realizados entre Corpocaldas, Comité de Cafeteros de Caldas y el
Municipio de Manizales, ya que ninguna de estas entidades ha realizado
instalaciones en forma independiente o con sus propios recursos.

Una parte de los sistemas sépticos los ha ejecutado el Comité de Cafeteros y esta
a su vez ha contratado su ejecución con la Fundación Ecológica Cafetera.

Dado que la información de la Alcaldía de Manizales al respecto solo se recibió a
finales del mes de febrero y no es claro cómo fue su ejecución, no tenemos todavía
claridad sobre ejecución por parte de la administración municipal o si la por ellos
reportada corresponde a ejecuciones de Comité o Corpocaldas. La información
que posee la alcaldía, relacionada con este tema es precaria y se encuentra
dispersa las diferentes dependencias municipales, lo que hace que no sea
fácil acceder a ella.

Esta validación se debe realizar, antes de programar el diagnóstico y captura de
información que nos permita conocer la información que se busca, según lo
estipulado en el contrato.

Podríamos decir, en forma preliminar, que se han instalado aproximadamente 256
pozos sépticos en el periodo 2017 – 2022, (cifra a validar) motivo por el cual, como
se ha convenido, se escogerá del universo de sistemas instalados, una muestra al
azar, a los cuales se aplicará una ficha de captura de información que nos permita
“establecer el estado de operación, grado de satisfacción y necesidades de
mantenimiento de los sistemas sépticos individuales instalados”.

Para ello se hará un número de visitas de campo representativas, en función de la
información depurada, suministrada por las 3 entidades, y las cuales se
complementarán con encuestas telefónicas, en el caso de que sea posible y
confiable.

Teniendo claras estas cifras y las instalaciones a verificar, aplicará la ficha la cual
permitirá conocer la información objeto de este diagnóstico […]”. (Destacado
fuera de texto).

68
Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
26_ED_026CONTESTACIONCORPO(.pdf) NroActua 10 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

122. Copia del informe número 3 del contrato de prestación de servicios del
cual se destaca lo siguiente69:

“[…] Como se indicó, en el informe #2, las PTAR rurales del municipio de
Manizales, que están identificadas y están siendo operadas por una entidad
responsable de las mismas, son las que están a cargo de Aguas de Manizales SA
ESP.

Se evidenció que el municipio de Manizales no tiene un inventario de dichas
plantas, en el área rural, lo que conlleva a la necesidad de realizar dicha
actividad a la mayor brevedad, para así poder hacerles seguimiento y control
por parte de la autoridad ambiental.

En dicho informe se presentó un estado de las estructuras existentes,
funcionamiento de estas, de la operación que se lleva a cabo por parte de la
entidad responsable y se dio claridad sobre su situación legal en cuanto a
permisos ambientales.

Se evidenció que ninguna de las PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, operadas por Aguas de Manizales SA ESP, cuenta con
permiso de vertimiento, situación que se hace prioritaria en términos
ambientales y en procura de mantener un funcionamiento adecuado de las
mismas.

Se hizo ver a Aguas de Manizales SA ESP, sobre la necesidad de obtener los
permisos de vertimiento, de llevar control de calidad de afluentes y efluentes
de estas, de tener un mayor control en el mantenimiento, así como de su
operación, de forma que se garantice un mejor ambiente y calidad de las
fuentes de agua receptoras y un adecuado control por parte de la autoridad
ambiental. Igualmente es necesario tener claridad sobre los diseños y permisos
de acceso a los sitios de ubicación.

Teniendo en cuenta lo anterior AGUAS DE MANIZALES SA ESP, solicitó ante este
contratista, coordinar una reunión con la participación de Aguas, Corpocaldas y
Municipio, con el fin de definir el alcance que se les va a dar a estas plantas de
tratamiento hacía el futuro, donde Aguas estima que debe manejarse a nivel de
pretratamiento, que facilite la operación de ellas y su inclusión en el PSMV del
municipio y el POIR de Aguas de Manizales SA ESP.

[…]

Adicionalmente, se encontró que [de los sistemas sépticos] en términos generales
se puede decir que:

• A los sistemas sépticos no se les ha realizado mantenimiento.
• La mayoría de ellos están cubiertos con rastrojo.
• En muchos casos hay presencia de malos olores.
• Los usuarios NO se sienten responsables de ellos.

[…]

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la información obtenida, debe colocarse especial atención a los
siguientes puntos, por parte de Corpocaldas:

[…]

69
Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
26_ED_026CONTESTACIONCORPO(.pdf) NroActua 10 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

4. Realizar un análisis e inventario de todas las PTARs construidas en la zona
rural de Manizales y las cuales son operadas por particulares, a fin de definir
su estatus en lo que corresponde a permisos ambientales.

5. Realizar una campaña de manejo y mantenimiento de pozos sépticos
dentro de los usuarios reales, concientizándolos de la necesidad y beneficio
de realizarlo, dejando claro que es una obligación de cada usuario.

[…]

7. Realizar la reunión propuesta por AGUAS DE MANIZALES SA ESP, para definir
el manejo de las PTARs operadas por esa entidad, que permita un manejo
adecuado y un seguimiento por parte de la Corporación.

8. Coordinar con el Municipio, Aguas de Manizales SA ESP, Curadurías urbanas,
Comité de Cafeteros, Secretaría de Educación (responsables de las escuelas) y
otros pertinentes, para actualizar la información de PTAR o sistemas sépticos
rurales operados por particulares y crear, hacía el futuro, un mecanismo que
garantice el flujo de información hacía Corpocaldas, relacionado con
instalaciones nuevas de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el área
rural del municipio, que permita un manejo adecuado y un seguimiento por parte
de la Corporación […]”. (Destacado fuera de texto).

123. Copia del informe número 4 de ejecución del contrato de prestación de
servicios, del cuál se resalta lo siguiente70:

“[…] Debemos tener en cuenta que un sistema como los instalados, si se encuentra
debidamente operado, no genera malos olores. Es muy diciente entonces, que
se haya detectado presencia de malos olores en un 27% de los predios, lo
que lleva a pensar que estos seguramente se deben a la mala o nula
operación y mantenimiento, lo que lleva a pensar que un porcentaje
importante de ellos se pueden encontrar colmatados.

[…]

5. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la información obtenida, debe colocarse especial atención a los
siguientes puntos, por parte de Corpocaldas:

[…]

3- Crear los mecanismos necesarios para que junto con la Administración
Municipal y Aguas de Manizales SA ESP, se obtenga a la mayor brevedad la
información de las otras PTARs del área rural, diferentes a las que
actualmente opera esta última entidad.

4- Definir la información básica que se requiera, sobre las Ptar existentes en el
área rural.

5- Planear en el futuro inmediato un mecanismo para obtener la información
detallada de las Ptar, de forma tal que se puedan tomar determinaciones de
inversión y se definan las normas de vertimientos de ellas. Esta labor
necesariamente debe hacerse en coordinación con el Municipio, como
responsable del saneamiento, y de Aguas de Manizales SA ESP como prestador
de los servicios de acueducto y alcantarillado en la mayoría de estas zonas […]”.
(Destacado fuera de texto).

70
Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
26_ED_026CONTESTACIONCORPO(.pdf) NroActua 10 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

124. En el informe número 6 del contrato de prestación de servicios
profesionales se lee lo siguiente71:

“[…] En cuanto a las operadas por Aguas Manizales SA ESP, dicha entidad quedo
en verificar el estado legal de las mismas, bajo qué condiciones fueron entregadas
para su operación, quien es su real propietario y cuales acciones se pueden tomar
para regularizar las mismas y ponerlas en funcionamiento adecuado. Al momento
de corte de este informe esta información no ha sido recibida. Igual compromiso
hizo el municipio de Manizales.

En cuanto otras Ptar, a la fecha se tienen identificadas 13, y Aguas de Manizales
SA ESP, se comprometió a buscar más información al respecto.

Con la información entregada por Aguas se programaron visitas de campo, en
compañía de Ing. Alexander López, de Aguas, y durante el mes de julio se
alcanzaron a recorrer algunas de ellas y se identificaron otras así:

• Otras Ptars rurales en Municipio de Manizales: Santa Clara, Buenavista,
Cueva Santa, Mateguadua, El Aventino, Bajo Corinto, Lisboa: Policía Lisboa
y carnicería Lisboa, Veracruz, La Argelia Baja, Morrogordo, La Garrucha,
Fonditos.

Como se desprende del listado anterior, una vez realizada esta labor de
averiguación, especialmente con funcionarios de Aguas de Manizales SA ESP, se
tienen identificadas 13 Ptars rurales (diferentes a las operadas por Aguas de
Manizales SA ESP), las cuales deberán ser verificadas, evaluadas mediante
la ficha preparada, y que fue enviada a Alcaldía de Manizales, con el fin de
obtener la información básica de las mismas.

1- PTAR CUEVA SANTA

• Ubicada aproximadamente 100 mts. adelante de la Vereda Cueva Santa, a media
ladera.

• El Sr John Jairo Montes, quien nos suministró información de esta, es uno de los
propietarios de la finca La Tosca, donde se encuentra ubicada la planta […].

• Informa el Sr. Montes, que la planta se construyó aproximadamente en el año
2008, con permiso otorgado por los propietarios del terreno, y fue reparada hace
unos 3 o 4 años, por Aguas de Manizales SA ESP.

71
Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
26_ED_026CONTESTACIONCORPO(.pdf) NroActua 10 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

• La planta se encuentra construida en una ladera de fuerte pendiente, la cual
se encuentra en rastrojo.

• Hay aproximadamente 40 casas conectadas a la Ptar, pero a la misma no se
le hace mantenimiento, pues no se conoce responsable de ella. Se
desconoce su estado.

• En la zona se han construido nuevas viviendas que no están conectadas a la
Ptar, y disponen en forma individual, sus aguas residuales.

2- PTAR MORROGORDO

Tomando la vía Manizales -La Cabaña, se llega al sitio conocido como
Quiebra de Vélez, allí a mano izquierda se toma la vía a la vereda
Morrogordo y aproximadamente a 870 mts se llega a la Finca […] Desde
este sitio, se toma carreteable interno, de fuerte pendiente, en aprox. 150
mts, y se llega al sitio de emplazamiento, que es de propiedad del Sr. Luván
(no se obtuvo el apellido).

La construcción de la planta, de acuerdo con el Sr Gutiérrez, se hizo
en el año 2010, aproximadamente.

Como se observa en la foto, la ptar esta invadida por vegetación hasta
el punto de que una mata de guadua crece dentro del tanque.

Pese a lo anterior el vecino indica que a la planta le llegan aguas
residuales de los vecinos, pero que no se le hace mantenimiento
alguno, y que la misma se encuentra operando. No se conoce
responsable de esta.

Informa que Aguas de Manizales SA ESP, le hizo un mantenimiento hace
unos 3 o 4 años.

[…]

3- PTAR SANTA CLARA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Tomando la vía Manizales -La Cabaña, se llega al sitio conocido como Quiebra de
Vélez, allí a mano izquierda se toma la vía a la vereda Santa Clara y
aproximadamente a 1,9 kms se llega a la finca del Sr Julio Cesar Muñoz Perdomo
[…], predio en el cual se encuentra la planta en mención. En este sitio, ubicado
al borde de la carretera, hay una vivienda donde habita el encargado de la planta.
Para llegar a la planta, desde esta vivienda, se toma camino interno, descendiendo
por pendiente moderada, en aprox. 120 mts, y se llega al sitio de emplazamiento,
cuyas coordenada aproximadas son: 5° 5´ 5.9” N ; - 75° 33´ 51” O

Se debe resaltar, que de todas las Ptar investigadas, esta es la única que se
encuentra en buen estado de conservación, se le hace mantenimiento
periódico, aproximadamente cada 4 meses, hay un responsable de ella y,
además, como hecho importante la junta de acción comunal se ha
responsabilizado y cobra a sus usuarios para su mantenimiento.

El Sr José Romeo Arévalo Osorio […] como presidente de la Junta de Acción
comunal de la vereda Santa Clara, tiene presente su responsabilidad en el manejo
de la planta, está debidamente enterado de los pormenores de esta y la
importancia ambiental de ella.
La planta, según información del Sr Romeo, fue construida por Aguas de Manizales
SA ESP en el año 2008, al parecer mediante convenio con el Municipio de
Manizales.

Aguas de Manizales SA ESP hizo entrega a la comunidad de la planta en mención
y el terreno fue donado a la comunidad, por el Sr Romeo, quien era el propietario
en ese entonces, pero se desconoce si hay documentos de la transacción.

A la Ptar llegan las aguas residuales de aproximadamente 40 viviendas, y las
demás de la vereda poseen pozo séptico, según información de la Junta de Accion
Comunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

4- PTAR VERACRUZ

Foto # 1 Foto #2

Tomando la via Manizales -La Cabaña, y tomando como punto de referencia la
terminal de busetas de la empresa Socobuses, se avanza aproximadamente 2,7
KMS para llegar al sitio donde se encuentra la estación de servicio TEXACO, frente
a la entrada de los patios de tránsito de Manizales. Allí a mano izquierda se toma
camino veredal pavimentado, ascendiendo en dirección a La Palma, y
aproximadamente a 80 mts se llega a sitio de acceso a la ptar (ver foto # 1) a través
del acceso de una vivienda. En el momento de la visita, no fue posible entrar al
sitio, pues al parecer no había ningún habitante del predio.

Observando con detalle la foto # 1 se observa un piso rojo, el cual a su vez
es la tapa superior de la Ptar, y encima de la misma se construyó una
vivienda.

Mirando la foto # 2, tomada desde la estación de servicio, se observa
claramente la vivienda por la parte posterior, construida en ladrillo a la vista
con puertas y ventanas en color verde claro, y debajo de ella el tanque de la
Ptar.

Según información de los vecinos la planta está en funcionamiento, pero no
se conoce responsable de esta y si se hace mantenimiento o no.

5- PTAR ARGELIA BAJA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Tomando la vía que desde el Barrio la Francia lleva a la Quiebra del Billar, sobre
la vía la Panamericana. Autopistas del Café, y avanzando por esta durante
aproximadamente 4,6 KMS, y a unos 950 mts antes de llegar a la Quiebra del Billar,
se toma a mano derecha por vía con huellas en concreto y a unos 250 mts, se
encuentra la Ptar, según se muestra en la fotografía anterior.

La estructura se encuentra con cerramiento en malla, y al interior se aprecia
gran cantidad de rastrojo que no permite ver el estado de la planta.

Ninguno de los vecinos contactados, dijo conocer quien la opera o dar razón
de su funcionamiento.

Según información suministrada por Aguas de Manizales SA ESP, esta planta
se construyó hace unos 3 años y atiende a unos 30 usuarios.

Las coordenadas aproximadas de su ubicación son: 5° 5’ 53” N ; 75° 33´29” O

6- PTAR MATEGUADUA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Tomando la vía a Neira, se avanzan aproximadamente 2,2 kms. y antes de llegar
al puente Olivares, a mano derecha se encuentra la entrada para ascender al
Barrio Mateguadua. Desde este punto y aproximadamente a 850 mts, en el punto
mas alto de la vía, se encuentra a mano izquierda el acceso a la Ptar. Este acceso
se hace descendiendo por camino en tierra, hasta llegar a la Planta.

En la foto anterior, la Ptar esta ubicada enseguida de la casa con techo verde
según se indica con la flecha.

Aguas de Manizales informa, que la misma fue construida en el año 2019. La
fotografía corresponde a una fecha anterior.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

No se obtuvo más información sobre el estado de esta y su operación.

7- PTAR BUENAVISTA

Según información de Aguas de Manizales esta planta se construyó en el año
2008.

En conversación con una vecina del sitio, nos informa que esta Ptar atiende
al caserío del Zancudo y las viviendas aledañas, en una cantidad aproximada
de 50 unidades, e informa que se han presentado algunos problemas con el
Alcantarillado por saturación del mismo. Igualmente nos informa que los
vecinos o la junta de acción comunal no se ocupa de ella y que hasta donde conoce
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

se le hizo mantenimiento por parte de Aguas de Manizales SA ESP, hace
aproximadamente 3 años.

8- PTARS FONDITOS, LA GARRUCHA, POLICIA LISBOA, CARNICERIA LISBOA

En relación con las PTARS mencionadas, se debe decir, que esta información
fue entregada por Aguas de Manizales SA ESP, como se indica en las
imágenes de la aplicación de dicha empresa, donde esta es la única
información que reposa en ella.

Aguas de Manizales SA ESP, en relación con la Ptar de Fonditos, informa que se
le hizo un mantenimiento en el año 2018, por parte de esa entidad.

[…]

5 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

[…]

3. Crear los mecanismos necesarios, para que junto con la Administración
Municipal y Aguas de Manizales SA ESP, se obtenga a la mayor brevedad la
información de las otras plantas del área rural diferentes a las que
actualmente opera esta última entidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

4. Corpocaldas debe solicitar al Municipio de Manizales, como responsable
del saneamiento básico en el territorio, la adecuada operación y
mantenimiento de las Ptars, y su inscripción y legalización ante Corpocaldas,
como autoridad ambiental, que permita su seguimiento.

5. En este informe se ha presentado una evaluación rápida, de las mas conocidas,
y como se desprende de las visitas, solamente una Ptar, la de la Vereda Santa
Clara, esta adecuadamente manejada, pero, aun así, hacen falta
complementos técnicos, tales como muestreos de calidad de agua, y el
registro de dichas plantas ante Corpocaldas.

6. En la Planta Veracruz se presenta una situación anormal, la cual debe ser
atendida a la mayor brevedad, pues se construyó una vivienda, encima de la
planta, con los consiguientes riesgos ambientales y de salubridad para los
vecinos.

7. La situación jurídica y de tenencia de todas las plantas es muy precaria y
amerita una acción al respecto.

8. La operación de las plantas es muy deficiente y en general, con la
excepción indicada, no hay un claro responsable de la operación. Esto
conlleva riesgos ambientales, de salubridad y posibles problemas a futuro
en caso de presentarse alguna contingencia, lo cual podría llegar a repercutir
en Corpocaldas, como autoridad ambiental, en el Municipio de Manizales,
como responsable ambiental y propietario y/o constructor de las plantas, y
de Aguas de Manizales como ente responsable de la operación de los
sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Esta última entidad,
además, ha realizado algunas intervenciones y/o mantenimientos, con lo cual ha
asumido responsabilidades ante la comunidad […]”. (Destacado fuera de texto).

125. En el informe número 7 del contrato de prestación de servicios
profesionales se lee lo siguiente72:

“[…] Con la información entregada por Aguas se programaron visitas de campo,
en compañía de Ing. Alexander López, de Aguas, y durante el mes de julio se
alcanzaron a recorrer algunas de ellas

• Otras Ptars rurales en Municipio de Manizales: Santa Clara, Cueva Santa,
Mateguadua, Veracruz, La Argelia Baja, Morro gordo. , Buenavista,

Durante el mes de agosto, se visitaron otras Plantas rurales, según se indica a
continuación

1- PLANTA ALTO DE LISBOA – CARNICERIA

72
Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
26_ED_026CONTESTACIONCORPO(.pdf) NroActua 10 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

TOMANDO LA VIA MANIZALES - LA CABAÑA – TRES PUERTAS, se llega hasta
el sitio conocido como QUIEBRA DE VELEZ, (antiguo peaje), y allí se toma vía a
mano izquierda, en dirección al ALTO DE LISBOA. Se llega hasta el sitio de ingreso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

a la FINCA LA ARABIA, donde al frente de esta y en inmediaciones de un guadual,
se encuentra la Planta mencionada.

El predio donde se encuentra la planta se llama LA HOLANDA, y pertenece al Sr
Ricaurte Valencia.

Las coordenadas aproximadas de su ubicación son: 5.116085 y -75.591734, como
se indica en la imagen de gps anexa. (no es un gps de alta precisión).

En el momento de la visita, AGUAS DE MANIZALES SA ESP, en colaboración
con la comunidad, se encontraba haciendo un mantenimiento y limpieza de
esta, ya que se tiene mucha vegetación alrededor de la misma (guaduas) y
las tuberías que llevan el agua negra a la Planta, así como las rejillas y demás
elementos estaban totalmente colmatados.

Esta ptar recibe en forma parcial las aguas generadas en el ALTO DE LISBOA, y
se estima que le llegan las aguas residuales de una máximo de 15 viviendas.

La planta fue construida en el año 2007, según información de los vecinos y de
acuerdo con los planos de estas (ver fotos anexas).

La planta fue entregada a la Junta de Acción comunal desde su construcción, pero
la misma no ha sido operada adecuadamente, según informan los mismos
vecinos, ya que el ultimo mantenimiento se hizo hace aproximadamente 5
años.

La Sra. Luz Helena Diaz […] es la actual Edil Comunera y presidente de la Junta
de acción Comunal del ALTO DE LISBOA, y es la persona que tiene mejor
conocimiento de los detalles de la planta y su operación.

La Sra. Díaz tiene copia de los planos de esta Planta, así como los de la Planta
Alto Lisboa, como se indica más adelante.

2- PLANTA ALTO LISBOA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

TOMANDO LA VIA MANIZALES - LA CABAÑA – TRES PUERTAS, se llega hasta
el sitio conocido como QUIEBRA DE VELEZ, (antiguo peaje), y allí tomando vía a
mano izquierda, se llega al ALTO DE LISBOA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Unos 250 mts adelante del puesto de Policía, a mano izquierda, se llega al acceso
a la finca La Mica, de propiedad del Sr Eduardo García, donde enseguida de la
casa del predio en mención, se encuentra construida la Planta Lisboa.

El predio donde se encuentra la planta se llama LA MICA, y pertenece al Sr.
Eduardo García, quien es el encargado del mantenimiento de la Planta.

La Planta Lisboa, recibe parte de las aguas del caserío, que drena hacia este
costado, aproximadamente 15 viviendas, según información de los vecinos.

La planta fue entregada a la Junta de Acción comunal desde su construcción y a
diferencia de la Planta Lisboa Carnicería, esta recibe una limpieza básico-
periódica por parte del Sr.García, quien a su vez mantiene los alrededores de
esta, adecuadamente mantenida como se observa en las fotos anexas.

Si bien la planta está operando, no se le hace control físico químico de sus
efluentes, que permita conocer su real estado de funcionamiento.
Se reporta que a esta Planta está llegando mucha basura, la cual colapsa las
rejillas y hace que se rebose hacia el predio.

La Sra. Luz Helena Díaz […] es la actual edil Comunera y presidente de la Junta
de Acción Comunal del ALTO DE LISBOA, y es la persona que maneja más detalle
de la planta, toda vez que vive enseguida la finca La Mica, y ella tiene guardados
copia de los planos de construcción de las dos ptar de Alto de Lisboa.

Las coordenadas aproximadas de su ubicación son: 5.119695 y -75.594006, como
se indica en la imagen de gps anexa. (no es un gps de alta precisión).

3- PLANTA LA GARRUCHA

Esta Planta queda en inmediaciones del caserío de La Garrucha, el cual queda
adelante del Alto de Lisboa, en vía que lleva a Fonditos y luego llega al municipio
de Neira.

La Planta queda en predio de la Sra. Magdalena García Urrea, la cual vive en el
mismo caserío, casi al frente de la iglesia allí existente.

La Sra. Rubialva Muñoz, es la presidente del la Junta de acción comunal y edil de
La Garrucha y es la persona que se encarga de la coordinación del mantenimiento
de esta.

Según información suministrada por ella, periódicamente recogen dineros entre los
vecinos y se le hace un mantenimiento a dicha planta. Sin embargo, la Sra. Muñoz
informa que el ultimo mantenimiento se hizo hace unos tres años. No se le
hace control físico químico de sus efluentes.

La planta fue construida en el año 2007, entregada a la Junta de Acción Comunal,
y a la misma le llegan las aguas negras de aproximadamente 24 viviendas.

4- PLANTA FONDITOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

59

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

UBICACIÓN APROXIMADA PLANTA FONDITOS

Esta Planta queda en inmediaciones del caserío de FONDITOS, el cual queda
adelante de LA GARRUCHA en la vía que lleva del Alto de Lisboa al municipio de
Neira.

La Planta queda en la Finca El Vergel, de propiedad del Sr. Gustavo Pérez Ortiz,
quien cedió el terreno para su construcción.

Se estima que fue construida en al año 2007, y fue entregada a la Junta de Acción
Comunal para su operación y mantenimiento.

La Sra. María Cenelia Tobón Ocampo, quien reside en Fonditos, es la presidente
de la Junta de Acción Comunal desde hace unos 14 años y expresa en nombre de
ella y de su comunidad el gran beneficio que les ha significado la existencia de la
Ptar, debido a la disminución de los malos olores, presencia de mosquitos y
zancudos y contaminación que existía anteriormente y que era generada por pozos
sépticos, letrinas, o vertimientos a cielo abierto

La junta se encarga del mantenimiento con aportes de los usuarios, de $10. 000.oo
al año. El ultimo mantenimiento general se hizo hace aproximadamente un año,
por parte de la secretaria de Educación de Manizales y la limpieza de rejillas y
alrededores se hace con una frecuencia mayor.

Les preocupa que a la misma le está llegando demasiadas basuras y envases
plásticos, lo cual puede significar problemas en el manejo del alcantarillado
que recolecta las aguas negras. No se le hace control físico químico de sus
efluentes.

A la fecha se estima que se atienden las aguas negras de 16 viviendas, además
de la escuela y la caseta comunal.

Comentarios:

Identificadas las PLANTAS RURALES, según se indica, es probable que
existan otras, en la medida que se indague aún más en los archivos del
municipio, y/o con las juntas de acción comunal.

Según se acordó con el municipio, este asignó a la Ing. Andrea Valencia, de la
Secretaría de Agricultura, para llevar a cabo el inventario de Plantas en el área
rural, y para levantar la información, según ficha elaborada y enviada el pasado
mes a la secretaria del Medio Ambiente del municipio.

Por solicitud de la Ingeniera en mención, se le hizo entrega de la ficha en la cual
se indica la información mínima a obtener para cada una de las Plantas y además
se le entregó la información obtenida para las Plantas que opera Aguas de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

60

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Manizales y las que se han identificado en el área rural, según los informes # 6 y
# 7 de este contrato.

Se espera entonces que el municipio adelante la investigación respectiva y haga
entrega a la corporación, de la información obtenida en campo, para una vez
analizada, se tomen las medidas pertinentes por parte del municipio, para la
adecuada operación de las Plantas.

[…]

5 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES FINALES

[…]

4. Crear los mecanismos necesarios, para que junto con la Administración
Municipal y Aguas de Manizales SA ESP, se obtenga a la mayor brevedad la
información de las otras plantas del área rural incluyendo las que
actualmente opera esta última entidad. Al respecto se debe realizar un
seguimiento, con reuniones mensuales, a las labores que ha iniciado el municipio,
y que han quedado bajo la responsabilidad de la Ing Andrea Valencia […].

5. Corpocaldas debe solicitar al Municipio de Manizales, como responsable
del saneamiento básico en el territorio, la adecuada operación y
mantenimiento de las Plantas, y su inscripción y legalización ante
Corpocaldas, como autoridad ambiental, que permita su seguimiento.

6. Como se ha demostrado, en las operaciones de las Plantas Santa Clara, Alto
Lisboa, Fonditos y la Garrucha, las juntas de acción comunal pueden ser actores
importantes en la operación de las Plantas, pero para ello hace falta oficializar el
tema ante esos entes y darles el apoyo técnico necesario para su adecuada
operación un mantenimiento.

7. La actualización de las Plantas, (la mayoría de ellas construidas en 2007-
2008) para cumplir con la normatividad actual, requiere de estudios técnicos
especializados y recursos importantes para realizar las modificaciones del
caso. Corpocaldas debe estudiar este tema a la luz de la legislación vigente,
ya que, en principio, no será posible ponerlas a punto, para que cumplan la
norma de vertimientos, sin una inversión importante en las mismas.

8. Solicitar a Aguas de Manizales SA ESP, la evaluación jurídica de las
Plantas por ellos operadas, y las recomendaciones a seguir, bien sea por
parte de Aguas o del Municipio, para la adecuada operación. Debe quedar
claro quien es el responsable de su operación y mantenimiento.

9. En la Planta Veracruz se presenta una situación anormal, la cual debe ser
atendida a la mayor brevedad, pues se construyó una vivienda, encima de la
planta, con los consiguientes riesgos ambientales y de salubridad para los
vecinos.

10. La situación jurídica y de tenencia de todas las plantas es muy precaria y
amerita una acción al respecto.

11. La operación de las plantas es muy deficiente y en general, con la
excepción indicada, no hay un claro responsable de la operación. Esto
conlleva riesgos ambientales, de salubridad y posibles problemas a futuro
en caso de presentarse alguna contingencia, lo cual podría llegar a repercutir
en Corpocaldas, como autoridad ambiental, en el Municipio de Manizales,
como responsable ambiental y propietario y/o constructor de las plantas, y
de Aguas de Manizales como ente responsable de la operación de los
sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Esta última entidad,
además, ha realizado algunas intervenciones y/o mantenimientos, con lo cual
ha asumido responsabilidades ante la comunidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

61

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

12. En cuanto a las soluciones individuales, como lo son los pozos sépticos, debe
definirse para los proyectos futuros de este tipo, un mecanismo que permita y
comprometa a los usuarios finales del sistema, con su adecuado manejo y
mantenimiento. Este comentario es válido no solo para los que se ejecuten con
recursos de Corpocaldas y/o del municipio u otras entidades.

13. Planear en el corto plazo, unas reuniones de capacitación, en forma
comunitaria, o presencial en cada predio, para lograr que en el corto plazo se les
realice un mantenimiento a todos los sistemas sépticos instalados, que permita
recuperarlos rápidamente, de forma que el esfuerzo e inversiones realizadas en
años anteriores, no se pierda.

14. Estudiar la posibilidad de realizar en forma paralela a las capacitaciones
indicadas, unas campañas de limpieza y mantenimiento de estos sistemas,
mediante una unión de esfuerzos no solo Institucional, sino también de
corresponsabilidad de las comunidades. Este sería un buen mecanismo para
atraer a la comunidad que hizo parte del programa, y que en algún momento
sienten que no reciben apoyo de las entidades que los instalaron, y se logra con
una inversión muy baja dar continuidad al programa y recuperar los sistemas
instalados de forma tal que se concientice a usuario de seguirlo realizando hacia
el futuro […]”. (Destacado fuera de texto).

126. Copia del oficio SMA D 257 de 5 de noviembre de 2024 con información
de permisos de vertimientos elevados por el MUNICIPIO ante CORPOCALDAS
en relación con las PTAR de la zona rural73:

“[…] Nos permitimos informar que el Municipio de Manizales ha realizado gestiones
acordes a lo estipulado en la norma, donde se hace necesario cumplir con una
serie de requisitos indispensables que garantizan la viabilidad de dichas
actividades finalizando en el trámite del permiso de vertimientos. Los detalles de
estos requisitos se encuentran en el artículo 2.2.3.3.5.2 del mencionado decreto,
el cual proporciona las directrices necesarias primarias para la presentación de la
solicitud de permiso.

[…]

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es importante mencionar que
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. – BIC y el municipio de Manizales suscribieron el
Contrato Interadministrativo No. 2405290708 el cual tiene por objeto gestionar el
mejoramiento de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico
en la zona rural del Municipio de Manizales.

[…]

Dicho contrato se encuentra en ejecución y se llevará a cabo en toda la zona rural
del municipio de Manizales para lo cual se realizó un inventario de las PTAPs y
PTAR´S conocidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Aguas de Manizales
S.A. E.S.P. – BIC usando la información disponible en el SIG y datos tomados de
las ejecuciones realizadas en el marco del proyecto “Rural 100% llevado a cabo
entre los años 2007 y 2009. Donde se pudo evidenciar la existencia de un total de
39 Plantas de tratamiento de Aguas residuales PTAR´S.

[…]

Mediante la contratación del DIAGNÓSTICO TÉCNICO, FÍSICO Y DE
FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y

73
Cfr. índice 112 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
125_MemorialWeb_Otro-Ap2023265Constanc(.pdf) NroActua 112 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

62

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTES,
LOCALIZADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2405290708 DE 2024 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE
MANIZALES S.A. E.S.P. – BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES […]”.

127. Copia del informe de CORPOCALDAS de fecha 6 de noviembre de 2024
en el cual relaciona los procesos sancionatorios ambientales contra el
MUNICIPIO en el cual se relacionan dos procesos a saber74:

“[…] 20-2022-061 el cual se encuentra en etapa de verificación de los hechos,
y que tiene como causa el “Inadecuado manejo y operación de las unidades de
PTAR ubicadas en la vereda Lisboa el municipio de Manizales, y la falta de
mantenimiento en cabeza del encargado de dichas unidades”

20-203-040 que se encuentra en etapa de decreto de pruebas, donde se
investiga “El inadecuado manejo y disposición de aguas residuales
domésticas procedentes de las viviendas del área de influencia del predio La
Florida, en el sector Morrogacho, y, no contar con permiso de vertimientos,
ni sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas debidamente
aprobados por la autoridad ambiental competente […]”. (Destacado fuera de
texto).

128. Copia del informe de interventoría realizado por el Consorcio San
Jerónimo, como interventor del contrato de obra 100-2021:“[…] Interventoría
técnica, administrativa y financiera de la construcción de obras de estabilidad de
taludes, manejo de aguas y de control torrencial en sitios críticos en las Comunas
1 (Atardeceres) a la 8 (Palogrande) – (Grupo No 1) y en las Comunas 9
(Universitaria) a la 11 (La Macarena) y Zona Rural del Municipio de Manizales –
(Grupo No. 2), por el Sistema de Monto Agotable […]”.

129. Copia del documento SMA D 257 de 5 de noviembre de 2024 suscrito por
la Secretaría de Medio Ambiente de Manizales, en el que indicó lo siguiente75:

“[…] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es importante mencionar que
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. – BIC y el municipio de Manizales suscribieron el
Contrato Interadministrativo No. 2405290708 el cual tiene por objeto gestionar el
mejoramiento de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico
en la zona rural del Municipio de Manizales.

Dicho contrato tiene definido dentro de la Clausula Segunda – Alcance, las
actividades que se relacionan con los numerales del artículo 2.2.3.3.5.2. Requisitos
del permiso de vertimientos, de la siguiente manera:

 Prediagnóstico mediante visitas técnicas a los sistemas de abastecimiento de
agua rural y plantas de tratamiento de agua potable y verificación de los
componentes existentes, informe con identificación de necesidades y de ser el
caso elaboración de presupuestos.

74
Cfr. índice 113 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
126_MemorialWeb_Respuesta-2024IE00038904del(.pdf) NroActua 113 […]”.
75
Cfr. índice 112 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
124_MemorialWeb_Otro-MedioAmbienterespo(.pdf) NroActua 112 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

63

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

 Análisis de calidad de agua donde existan sistemas de tratamiento y se defina
por parte del municipio la elaboración de los mismos a fin de determinar la
calidad de agua suministrada a la comunidad.
 Prediagnóstico mediante visitas técnicas a los sistemas de tratamiento de
aguas residuales domésticas rurales PTAR´s y verificación de los
componentes existentes, informe con identificación de necesidades y de ser el
caso elaboración de presupuestos. (Numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 17).
 Caracterizaciones fisicoquímicas a la entrada y salida de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales. (Numerales 16 y 19).
 Diagnósticos mediante retro-cálculos para determinar capacidades de PTAR´s.
(Numerales 12, 13, 14 y 15)
 Apoyo a través de las actividades enmarcadas en el objeto del contrato
interadministrativo, en la atención de fallos judiciales sobre sistemas de
abastecimiento, plantas de tratamiento de agua potable y saneamiento básico
en la zona rural ejecutando las actividades priorizadas por el municipio.

Dicho contrato se encuentra en ejecución y se llevará a cabo en toda la zona rural
del municipio de Manizales para lo cual se realizó un inventario de las PTAPs y
PTAR´S conocidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Aguas de Manizales
S.A. E.S.P.-BIC usando la información disponible en el SIG y datos tomados de
las ejecuciones realizadas en el marco del proyecto “Rural 100%” llevado a cabo
entre los años 2007 y 2009. Donde se pudo evidenciar la existencia de un total de
39 Plantas de tratamiento de Aguas residuales PTAR´S.

Mediante la contratación del DIAGNÓSTICO TÉCNICO, FÍSICO Y DE
FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTES,
LOCALIZADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUICIPIO DE MANIZALES,
DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 2405290708 DE 2024 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE
MANIZALES S.A. E.S.P. – BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES se pretende
obtener:

 Visitas de diagnóstico a cada una de las Plantas de Tratamiento de Agua
Potable y Aguas Residuales de la zona rural del Municipio de Manizales,
Registro Fotográfico, Validación de la Infraestructura existente, Validación del
Funcionamiento, Inventario de dificultades y problemas. (Numeral 9).
 Informe de Diagnóstico. NOTA: Para las PTAPs y PTAR fuera de servicio el
informe de diagnóstico debe concluir con recomendaciones que apunten a la
rehabilitación, reúso o retiro/demolición de la infraestructura.
 Levantamiento GPS. (Numerales 6, 10 y 17)
 Construcción de Plano Record de la Infraestructura Existente (Numerales 10 y
17)
 Aforos entrada y salida del sistema (se paga lo realmente ejecutado porque
muchos sistemas están fuera de servicio). El oferente deberá presentar
cotización acorde al método de medición empleado teniendo en cuenta que
para PTAPs se traten de tuberías presurizadas y para PTARS se traten de
tuberías a flujo libre. (Numerales 9, 12, 13, 14, y 15).
 Realizar la validación de las unidades de tratamiento de acuerdo a la
normatividad actual (Resoluciones 330 de 2017 y 799 de 2021).
 Caracterización del influyente y el afluente teniendo en cuenta los tiempos de
retención de los sistemas para obtener parámetros de evaluación equiparables
y evaluar la eficacia de las unidades de tratamiento. (se paga lo realmente
ejecutado porque muchos sistemas están fuera de servicio). (Numerales 8, 11,
16 y 19).
 Informe final de diagnóstico que incluye el resultado de las evaluaciones, las
recomendaciones de mantenimiento, optimización y renovación. También debe
incluir una aproximación a los costos operativos anuales de cada uno de los
sistemas contemplado equipos, energía, mano de obra e insumos ajustado a
las características socio-económicas de las comunidades. Numerales (1, 3 y
7).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

64

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Como se puede observar, con la ejecución del convenio en mención se da
cumplimiento a los incisos 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 del
Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de
vertimientos. Por lo tanto, se informa que el Municipio de Manizales aún no ha
presentado la solicitud de permisos de vertimientos ante la autoridad ambiental
competente, toda vez que actualmente se está generando los insumos técnicos
necesarios para cumplir con los requisitos mínimos exigidos para iniciar dicho
trámite, sin embargo es importante aclarar que para dar cumplimiento 4 y 5 sobre
la propiedad del inmueble, la infraestructura existente se encuentra construida
sobre propiedad privada, lo cual hace necesario iniciar el trámite de saneamiento
predial para poder ser el Municipio quién realice el trámite del permiso de
vertimientos ante la autoridad ambiental y adicionalmente realizar inversiones para
poder cumplir los parámetros exigidos en dicho trámite, teniendo en cuenta que
estas construcciones se realizaron en el año 2007 en el marco del proyecto “Rural
100%” el cual se llevó a cabo bajo condiciones que a la fecha se pueden encontrar
desactualizadas, por ello es muy importante el resultado que arroja el convenio
que se está realizando con Aguas de Manizales S.A. E.S.P. BIC […]”.

130. Copia del escrito de fecha 6 de noviembre de 2024 a través del cual
CORPOCALDAS responde el requerimiento hecho por el TRIBUNAL, en el que
se indicó76:

“[…] En respuesta a lo requerido dentro de la prueba documental decretada,
se presenta una relación de los procesos sancionatorios ambiental (sic) que
esta Corporación ha venido adelantado en contra del Municipio de
Manizales relacionados con saneamiento básico en la zona rural de esta
municipalidad.

No. Fecha de Investigado Causas o motivos del proceso Estado del
Expediente apertura sancionatorio proceso
del proceso
20-2022- 07/06/2023 MUNICIPIO Inadecuado manejo y operación El proceso
061 DE de las unidades de la planta de sancionatorio
MANIZALES tratamiento de aguas residuales, se encuentra
ubicadas en la vereda Lisboa, en etapa de
del municipio de Manizales, y la verificación de
falta de mantenimiento en hechos según
cabeza del encargado de dichas Auto No. 2023-
unidades, que de acuerdo al 1379 del
último reporte entregado por la 18/08/2023.
empresa Aguas de Manizales
S.A. E.S.P., la responsabilidad
es de la Alcaldía de Manizales y
la Junta Veredal. Asimismo, se
dio a conocer que producto del
mal manejo de las aguas
residuales domésticas
procedentes de las unidades de
tratamiento que actualmente
presentan fallas en su
operación, se ha venido
presentando afectaciones sobre
el recurso suelo (guadual) y
sobre los predios donde están
ubicados los sistemas.
20-2023- 14/04/2023 MUNICIPIO El inadecuado manejo y El proceso
040 08/09/2023 DE disposición de las aguas sancionatorio
MANIZALES residuales domésticas, se encuentra
procedentes de las viviendas del en etapa de

Cfr. índice 113 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
76

126_MemorialWeb_Respuesta-2024IE00038904del(.pdf) NroActua 113 […]”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

65

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

AGUAS DE área de influencia del predio La decreto de
MANIZALES Florida (El Madrigal), en el pruebas según
S.A. E.S.P. sector de Morrogacho, municipio Auto No. 2024-
de Manizales – Caldas. No 1839 del
contar con permiso de 13/09/2024.
vertimientos, ni sistemas de
tratamiento de aguas residuales
domésticas, debidamente
aprobado por la Autoridad
Ambiental competente

[…]”.

131. Testimonio rendido por el Ingeniero Luis Felipe Castaño Granada en
calidad de Director de Redes de Aguas de Manizales S.A. E.S.P., del cual la Sala
destaca lo siguiente77:

“[…] De acuerdo con el informe técnico presentado por la empresa Aguas de
Manizales, con respecto a la acción popular referente a las plantas de tratamiento
de agua residual en la zona rural del Municipio de Manizales, la empresa Aguas
de Manizales realiza mantenimientos básicos a 8 estructuras de estas plantas de
tratamiento, que son sistemas de pretratamiento, a esos 8 sistemas nosotros les
hacemos mantenimientos básicos con el fin de que la planta opere y funcione
principalmente, a estas plantas se les hace mantenimiento, a razón de que
están conectadas con los sistemas de alcantarillados que tenemos en esos
sectores que se los voy a nombrar a continuación, son en el sector de San
Peregrino, La Cabaña, el sector de La Palma, Bajo Tablazo, Arenilla y La
Cuchilla de los Santa. A esas plantas se les hacen los mantenimientos
básicos una vez una vez al mes y la funcionalidad de estos mantenimientos
es que el agua que le entra a la planta, pues salga de la planta.

Con respecto al tema del alcantarillado, ya que están conectadas a nuestros
sistemas en las zonas rurales. Eso es como en principio, las plantas que nosotros
tenemos presentes.

Es importante también precisar que en conjunto con el Municipio se logró un
contrato interadministrativo con el fin de atender los requerimientos de esas
plantas […] el cual tiene por objeto es un es a través de la Secretaría de
Infraestructura para gestionar el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento
de agua y saneamiento básico en el sector rural del Municipio de Manizales, según
priorización del municipio.

Bajo este contrato Interadministrativo, la empresa Aguas de Manizales
suscribió dos contratos, el primer contrato es el 2024 0088, el cual tiene por
objeto el siguiente: diagnóstico técnico, físico y de funcionamiento de las
plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas
residuales existentes localizadas en la zona rural del municipio de Manizales,
Departamento de Caldas, en el marco del contrato Interadministrativo, que
ya les mencioné. Bajo este contrato que inició que inició en el mes de agosto
o septiembre, se están haciendo el diagnóstico de las PTAR que tenemos en
el sector rural.

Este diagnóstico, pues, permitirá evaluar el estado de las mismas, su
funcionamiento, donde están ubicadas, los datos principales de esas PTAR
que entiendo que son 39 plantas de tratamiento que se tienen en la zona rural
del municipio de Manizales, y bajo el otro contrato que se suscribió, que es el
contrato 2024 0105, Aguas de Manizales también entró en este contrato, el cual

77
Cfr. índice 118 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
137Actaaudiencia_202400265PersonMlesv(.pdf) NroActua 118 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

66

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

tiene por objeto las obras de mejoramiento, rehabilitación y/o reforzamiento de las
plantas de tratamiento de agua potable, sistemas de abastecimiento y plantas de
tratamiento de aguas residuales existentes localizadas en la zona rural del
municipio de Manizales, Departamento de Caldas, en el marco también del
contrato Interadministrativo.

El en este contrato ya sí se pretenden hacer funciones de mantenimientos en los
cuales se van a poner en funcionamiento las plantas de tratamiento, el alcance del
presupuesto que se dio para este contrato, de acuerdo con el presupuesto que
tenemos de las 39 plantas que se tienen inventariadas, se van a empezar con 20
plantas, esto es como la generalidad, lo que conozco de este tema […].

El objeto que tenemos actualmente con el contrato interadministrativo suscrito con
el municipio de Manizales es colocar a funcionar las plantas que existen
actualmente.

[…]

(Al ser cuestionado sobre el mantenimiento y operación, señaló lo siguiente:)

Sí pues, la operación se basa en actividades continuas y diarias que se realizan
para asegurar que una planta funcione correctamente […] ya el mantenimiento son
labores programadas a las cuales, uno le hace a la infraestructura con el fin de que
ella cumpla con un propósito, pero lo que les dije al principio de mi testimonio, pues
nosotros no las operamos, hacemos unos mantenimientos básicos con el fin
de que las que están conectadas al alcantarillado, pues el agua que nosotros
transportamos en el alcantarillado entre la planta y salga, hay que precisar
algo y es que nosotros en los sectores en que tenemos estas plantas de
tratamiento no se cobra por saneamiento, solo se cobra por el alcantarillado
como transporte, más no por un tema de saneamiento.

Si las plantas se encuentran en una buena estructura, no tienen problema, en
operación también el agua que les está entrando les está saliendo y pues cumplen
con el objetivo de transportar el agua.

[…]

(Pregunta la apoderada de la Personería:)

[…] Ingeniero Luis Felipe, frente a un tema recurrente de estas plantas de
tratamiento son, por ejemplo, los malos olores que se desprenden en ocasiones
ese saneamiento básico del que usted habla también, se le hace tratamiento a este
tema de malos olores en las plantas.

(Contesta el testigo:)

[…] lo que nosotros hacemos sobre las plantas es un mantenimiento básico
en el cual permitimos que la planta funcione de una manera. Hay que recalcar
que esas plantas fueron construidas ya hace mucho tiempo bajo unos diseños, los
cuales han ido perdido vigencia (sic) de acuerdo a la nueva normatividad vigente.
Las plantas de tratamiento de agua residual deberían ser diseñadas para tratar
esas aguas entregarlas en unas mejores condiciones y pues también tratar de
evitar esos problemas de olores. Pero en el momento lo que tenemos son
estructuras que ya están antiguas con una normatividad anterior a la que
está en este momento, y lo que hacemos nosotros a las que estamos
haciéndole sus mantenimientos, que dependen las de los alcantarillados,
son mantenimientos supremamente básicos que el agua que les entra les
salga.

[…]

(Pregunta Coadyuvante)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

67

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Lo que usted nos está explicando cuando hace referencia a estructuras de
pretratamiento es que, y que el mantenimiento solamente es para que el agua que
les entre salga es que, en efecto, no hay un tratamiento como tal de los
vertimientos para el cumplimiento de la normatividad en términos de los
parámetros permitidos para la disposición de estas aguas en las fuentes hídricas
[…]

(Contesta el testigo:)

“[…] Sí, en este momento, como te digo, son estructuras antiguas que se diseñaron
bajo una normatividad, para la normatividad vigente en las plantas, aún no se les
ha sacado permiso de vertimiento, entonces no sabemos si están cumpliendo o
no […] lo que hacemos es un pretratamiento al agua, no sabemos qué
caracterizaciones tiene y al no tener permiso de vertimientos, no se puede
garantizar el vertimiento que se está dando.

(Pregunta Coadyuvante:)

“[…] Con las intervenciones que se pretenden hacer en términos de mejoramiento
y rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del área rural de
Manizales, se cumpliría con los requisitos para poder obtener un permiso de
vertimientos de la autoridad ambiental

(Contesta el testigo:)

No, por lo que estamos en el momento es, una etapa de diagnóstico con el fin de
identificar y, el otro, en ponerlas a funcionar, pero no, no en búsqueda de eso,
porque lo que nos va a dar el diagnóstico es tratar de mirar a ver qué hay que hacer
para repotenciar una planta si un nuevo diseño, si una nueva planta o si la planta
que tenemos se puede viabilizar para cumplir con la nueva normatividad, pero los
contratos que tenemos actualmente, que es el de diagnóstico y de la operación de
las plantas en cuanto a su funcionamiento, no van a dar el alcance para sacar un
permiso de vertimientos.

[…]

(Pregunta Coadyuvante)

¿Usted puede informar […] como director de redes de la empresa […] si toda la
infraestructura de agua de Manizales que hace vertimientos a fuentes hídricas en
el área rural tiene permiso de vertimientos?

(Contesta el testigo)

Que yo conozca, no.

[…]

(Pregunta Coadyuvante)

¿Qué porcentaje de las redes que hay en la zona rural de aguas de Manizales
cuenta con permiso de vertimientos?

(Contesta el testigo)

Que yo tenga conocimiento, ninguna.

(Pregunta coadyuvante)

¿Qué porcentaje de la zona rural en términos de saneamiento representa? ¿Es
decir, sabemos que en la zona rural hay viviendas dispersas, hay centros poblados,
entonces, qué porcentaje del saneamiento total del área rural de Manizales está
representado en la infraestructura de aguas de Manizales?
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

68

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

(Contesta el testigo)

Pues lo que nosotros tenemos, la empresa Aguas de Manizales, la cobertura de
alcantarillado rural, tenemos un dato que yo lo tengo a principios de este año de
acuerdo al informe técnico presentado es del 30.2%.

(Pregunta coadyuvante)

El restante casi 70% de las aguas residuales del área rural de Manizales ¿Usted
tiene algún conocimiento de cómo se tratan esas aguas?

(Contesta el testigo)

No Señora, no tengo conocimiento.

(Pregunta el Ministerio Público)

[…] Cuál sería entonces el entregable o cuáles son los términos del contrato, los
entregables de este Convenio Interadministrativo?

(Contesta el testigo)

Los entregables. Es una etapa de diagnóstico de cada una de las plantas, que son
39 en total que existen en el área rural del municipio de Manizales, lo que nos van
a entregar es el estado actual de la planta, es su componente físico estructural, su
funcionamiento y con ese diagnóstico pues ya se entraría a revisar qué requiere
cada una de las plantas para primero ponerlas en funcionamiento y segundo para
alcanzar un estándar para cumplir con el permiso de vertimientos.

(Pregunta el Ministerio Público)

¿Cuál es el alcance de ese pretratamiento al que usted se ha referido? ¿Si se trata
de aguas y respecto a las cuales no se cuenta con permisos de vertimiento que
alcance tiene entonces ese pretratamiento?

(Contesta el testigo)

El pretratamiento lo que les digo es en las plantas que tenemos, a las que les
hemos mantenimiento es porque están interconectadas con el sistema de
alcantarillado, entonces como no hay un permiso de vertimientos, como no hay
unas caracterizaciones, pues no se tiene un fin al producto y es entregar unas
aguas saneadas […] lo que nosotros hacemos es garantizar que lo que
transportemos lo dispongamos en los puntos de vertimiento que tengamos, las
plantas no están cumpliendo con permiso de vertimientos porque fueron diseñadas
en un tiempo anterior, no cumplen con la normatividad vigente y este diagnóstico,
lo que nos permitirá es evaluar eso, cómo poner a funcionar las plantas y cómo se
puede buscar la alternativa para el tratamiento.
Lo que le dije ahorita, es que por tal razón la empresa Aguas de Manizales solo
cobra por un transporte de unas aguas servidas más no por un tratamiento de agua
residual […]”

(Pregunta Ministerio Público)

Independientemente del efecto tarifario en cuanto a los componentes de la factura,
la pregunta es, ¿cómo se explica técnicamente que se planee poner en
funcionamiento unas plantas que también están siendo objeto de unos estudios y
unos diagnósticos técnicos, cuando las aguas que se van a tratar no tienen
permisos de vertimiento, es decir, no van a cumplir con la normatividad en materia
de tratamiento?

(Contesta el testigo)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

69

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Sí, ahí hay un vacío porque lo que estamos haciendo en este momento no es
sanear las aguas y lo que busca es la etapa de diagnóstico y lo que estamos
inmersos en esta acción popular es tratar de buscar cómo se van a poder sanear
esas aguas con las plantas de tratamiento que existen actualmente. Pero en este
momento, no hay permiso de vertimientos y no tenemos cómo sanear esas aguas,
porque las estructuras en este momento no están cumpliendo para tal fin y en
principio, esas esas plantas de tratamiento fueron dadas a la comunidad para que
les hiciera mantenimiento para que les hiciera todo el tema de repotenciación, pero
pues hemos visto que el tema se ha colgado porque no ha funcionado en cabeza
de las comunidades y si bien es garante el municipio de que esas de que esa
infraestructura funcione, en principio, las comunidades fueron las que empezaron
a darle el mantenimiento y la operación a estas plantas […]”.

(Pregunta Ministerio Público)

Cuando usted se refiere a los resultados de ese diagnóstico y la posibilidad de que
se realicen, se presupuesten y realicen inversiones, entendemos entonces que
como resultado del diagnóstico pueden generarse necesidades en materia de
nuevas plantas de tratamiento que sí cumplan con las normas técnicas.

(Contesta el testigo)

Si señor, así es. […]”.

132. Testimonio rendido por la señora Isabel Cristina Isaza, Ingeniera Civil,
especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, con Maestría en Desarrollo
Regional y Planificación del Desarrollo, en calidad de Líder de Gestión Ambiental
de Aguas de Manizales S.A. E.S.P78.

“[…] el conocimiento que tengo yo sobre la zona rural en cuanto a prestaciones de
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, me estoy enterando últimamente
por un convenio marco que se celebró con la alcaldía de Manizales. En un primer
contrato, derivado de eso, se le están haciendo diagnósticos a 39 plantas de
tratamiento de agua residual y lo que se lleva como un segundo paso es hacerle
un mantenimiento a esas plantas a fin de que funcionen hidráulicamente, pero
también mirar cómo van a responder en la forma de disminución de carga
contaminante […]

Pregunta el Magistrado

¿Y conoce usted, digamos, de las 39 plantas que habla, las conoce, sabe su
ubicación, sabe cuál es su estado actual de conservación y funcionamiento?

Contesta

Por eso es el diagnóstico que estamos adelantando. Yo hace mucho tiempo visité
algunas de ellas y es bueno decir que estas plantas fueron construidas o más bien
diseñadas con una normatividad anterior en el tema de vertimientos. O sea, que
las plantas, fácilmente, hoy no nos cumplirían la nueva norma de vertimientos.
Entonces sé que son unas plantas que su diseño puede estar obsoleto porque
obedecía a otra ley de vertimientos. Pero las que yo logré visitar pueden tener su
infraestructura en un estado bueno. Conocí la de la Arenilla, la Cabaña, que
recuerde en este momento, no recuerdo otras, pero un diagnóstico es el que nos

78
Cfr. índice 118 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
137Actaaudiencia_202400265PersonMlesv(.pdf) NroActua 118 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

70

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

viene a decir cómo está técnicamente la planta como para tener una realidad y
ahora.

[…]

Nosotros garantizamos es el transporte, pero si hay algunas de las plantas que se
les hace un mantenimiento, pero que es muy incipiente, que es la limpieza de una
rejilla, limpieza de material de hojas y de palos que están ahí.

[…]

Agua de Manizales está muy enfocado es en el saneamiento urbano, entiendo que
hace muchos años se hizo un convenio con la Alcaldía donde se construyeron
unas plantas de tratamiento de agua rural, pero siempre pues se pensó
entregárselas a la comunidad para que las administrarán y las mantuvieran. Y a lo
largo del tiempo lo que hemos visto es que la comunidad abandona esa
infraestructura y por eso es que Agua de Manizales hace ese mantenimiento
incipiente que les decía ahora, porque si bien nos toca desplazarnos a la zona rural
para mirar el tema de redes de acueducto, redes de alcantarillado, se hace ese
mantenimiento.

[…]

[…] entonces hay unas redes que se extienden a la zona rural, pero como son de
servicio de la cabecera urbana, el mismo plan de saneamiento da el permiso. En
este momento estamos actualizando todo el tema de vertimientos, en el momento
que verifiquemos eso, pues, se elevará la alta dirección de que requerimos
adelantar un permiso de vertimiento en esos sitios.

[…]

El objetivo de la disminución de carga contaminante inicia en las viviendas, cada
usuario debe ser responsable del uso del agua y de esta forma no arrojar residuos
en sanitarios y en el lavaplatos porque eso aumenta la carga contaminante.
Después de eso viene el tratamiento del agua, entonces en el diagnóstico que
tenemos en el convenio es donde van a revisar qué tanto funciona la planta o no.
Como les decía, cómo están diseñadas con normatividad anterior muy
seguramente hay que hacerle optimizaciones, pero igualmente en la planta
tratamiento, cuando se hace tratamiento preliminar se hace una disminución de
carga contaminante y cuando se pasa ya el tratamiento secundario se hace otra
disminución de carga contaminante.

[…]

Hay que dar claridad que las plantas de tratamiento de agua residual no son
nuestras, nosotros estamos dando cumplimiento a un convenio con la alcaldía de
Manizales, donde ellos desean mejorar estas plantas. ¿Qué es menos riesgo?
Limpiarlas y ponerlas a funcionar de la forma en que están a dejarlas
abandonadas, a mi modo de ver el problema de salud pública sería mucho mayor
si las dejamos así. Lo que entiendo yo, no lo tengo muy claro, es que la alcaldía
quiere ir paso a paso de diagnosticarlas, empezarles a hacer mantenimiento e ir
priorizando en algunas, porque las inversiones en saneamiento son altísimas,
cualquier cosa que sea tratamiento de agua residual es muy costosa.

133. La Sala considera que se encuentra probada la amenaza y vulneración de
los derechos es intereses colectivos deprecados, específicamente, destaca lo
siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

71

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

134. Está probado con el Informe de 2 de marzo de 2022 elaborado por
CORPOCALDAS que no se está haciendo tratamiento a las aguas residuales de
la Institución Educativa José Antonio Galán.

135. Está probada la existencia de riesgos de deslizamiento y la necesidad de
ejecutar obras de estabilización en la Vereda Buenavista como consecuencia de
la intervención de una PTAR en el área rural de Manizales, de conformidad con
el oficio de 16 de marzo de 2023 suscrito por el representante legal del Consorcio
San Miguel.

136. Está probado con los informes de ejecución del contrato 033 de 2022 que
el MUNICIPIO carece de información completa sobre las PTAR ubicadas en el
área rural de su jurisdicción.

137. Asimismo, está probado que las PTAR ubicadas en el área rural de
Manizales no están realizando un tratamiento al agua residual y, por el contrario,
se está vertiendo el agua, sin los permisos correspondientes, generando
contaminación en el suelo y en fuentes hídricas.

138. La Sala advierte que en los escritos de apelación se plantearon dos
argumentos relacionados con aspectos probatorios que merecen ser precisados
en este acápite:

139. De una parte, se afirmó que no puede concluirse la inexistencia de la
vulneración de los derechos colectivos, toda vez que los procesos sancionatorios
ambientales no han terminado; y, de la otra, que el TRIBUNAL debió decretar
pruebas de oficio.

140. Al respecto, la Sala considera que resulta inane analizar los precitados
argumentos teniendo en consideración que, como se anticipó, con las pruebas
allegadas al expediente es posible concluir la existencia de amenaza y
vulneración de los derechos colectivos invocados.

141. Asimismo, atendiendo a que en esta providencia se ampararán los
derechos colectivos, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre los
argumentos relacionados con que el TRIBUNAL debió emitir un fallo ultra y extra
petita y sobre el deber de proteger los derechos de personas con especial
protección constitucional, toda vez que los precitados argumentos fueron
expuestos con el objeto de que se revocara la sentencia proferida en primera
instancia y se amparan los derechos colectivos invocados, lo cual se hará en la
parte resolutiva de esta sentencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

72

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Sobre la procedencia de aplicar el principio de precaución en materia
ambiental, en el caso concreto

142. La parte actora señaló en el recurso de apelación que el TRIBUNAL debió
amparar los derechos colectivos deprecados aplicando el principio de precaución
en materia ambiental.

143. La Sala precisa que el marco legal en materia ambiental encuentra sus
inmediatos orígenes en la Ley 23 de 19 de diciembre de 1973 79 y en el Decreto
2811 de 18 de diciembre de 197480, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen
respectivamente que i) el medio ambiente es un patrimonio común cuya
preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los particulares y
ii) que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente tiene por
objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del ambiente y la
conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales
renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la explotación de
los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y regular la
conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la actividad
de la Administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

144. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe
seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la
humanidad, el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas
ambientales debe tener en cuenta el resultado del proceso de investigación
científica, sin perjuicio de la aplicación del principio de precaución cuyo análisis
se abordará a continuación.

79
“Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones”.
80
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

73

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

145. El Estado tiene la función constitucional y legal de prevenir y controlar
aquellos factores que provoquen deterioro ambiental, para ello dispone de la
facultad sancionatoria y la prerrogativa de exigir la reparación a los daños
causados.

146. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el
Principio 17 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
según el cual “[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental,
en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta
que probablemente haya de producir impacto negativo considerable en el medio,
y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente […]”.

147. Es menester recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le
impone al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental;
así las cosas, al igual que el principio de precaución, el principio de prevención
está señalado en la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral
1 del artículo 1.º, norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y
social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el
numeral 7 ibidem cuando se refiere al principio de “quien contamina paga” al
prever que “[…] el Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales
y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y
restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos
naturales renovables […]”.

148. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201581 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:

“[…] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias,
administrativas o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes
que el daño se produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha
producido, en nuestros días, una toma de consciencia de que no basta con reparar
(modelo curativo) sino que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello
convierte al principio de prevención en uno de los grandes principios estructurales
de este sector del derecho internacional público. La finalidad o el objeto último del

81
Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial),
de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Demandante: Ricardo
Vanegas Sierra. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

74

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

principio de prevención es, por tanto, evitar que el daño pueda llegar a producirse,
para lo cual se deben adoptar medidas preventivas’.

Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta
Mundial de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia
práctica de la acción preventiva requiere de una armonización con el principio de
precaución, al flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el
Estado adopte una determinación. El principio de prevención se aplica en los
casos en que es posible conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que
tiene la puesta en marcha de determinado proyecto o actividad, de modo que la
autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño
se produzca, mientras que el principio de precaución opera en ausencia de
certeza científica absoluta […]”. (Destacado fuera de texto).

149. Así las cosas, el principio de prevención abarca los supuestos en los
cuales el estado del conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos
que sobre el medio ambiente son provocados por determinada actividad, por lo
que es necesario el despliegue de las facultades de la Administración para evitar
que se concrete el riesgo o el daño previo a que ocurran.

Diferencia entre los principios de prevención y precaución

150. Una vez examinado el marco normativo y jurisprudencial de los principios
de prevención y precaución y las medidas previstas en el ordenamiento jurídico
para proteger el medio ambiente, la Sala analizará las diferencias de ambos
postulados superiores, aspectos que han sido abordados por la Corte
Constitucional y esta Corporación previamente.

151. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-703 de 201082,
haciendo alusión a la sentencia C-293 de 2002, expuso los elementos que deben
concurrir para invocar el principio de precaución y las diferencias entre este y el
principio de prevención, indicando inicialmente que “[…] Tratándose de daños o
de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias
que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o
actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes
de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus
repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio
de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones
previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño

82
Corte Constitucional, Sentencia C-703/10. Referencia: Expediente D-8019. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46,
47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y
se dictan otras disposiciones”. Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado Ponente:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 6 de septiembre de 2010.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

75

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor
del medio ambiente […]”.

152. A continuación, la Corte Constitucional destaca que “[…] El previo
conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en el
caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo
o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con
anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los
efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas
consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos
son nocivos […]”.

153. Esta diferencia sustancial entre ambos principios ha sido reiterada por la
Corte Constitucional en sentencia sentencias C-595 de 2010, T-080 de 2015, T-
1077 de 2012, y C-166 de 2015.

154. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado83, precisó:

“[…] A diferencia del principio de prevención, llamado a operar en ámbitos en
los cuales se tiene claridad y certeza respecto de los impactos o
implicaciones ambientales de una determinada actividad, producto o
proceso, de manera que resulta imperioso anticipar, evitar o mitigar sus
efectos nocivos sobre los ecosistemas, el principio de precaución tiene
como característica habilitar la toma de decisiones en escenario de
incertidumbre ocasionada por la complejidad propia de la acción que se
desarrolla en ámbitos técnicos o científicos. Es, entonces, un mecanismo
que busca impedir la parálisis de las autoridades frente a la ausencia de
certezas respecto de las eventuales consecuencias negativas de una
actividad, producto o proceso prima facie legítimo, así como la falta de
resultados efectivos en la evitación de daños de la aplicación convencional
de los instrumentos de policía administrativa contemplados para la
generalidad de las situaciones reguladas por el Estado. En últimas, como
establece el numeral 6 del artículo 1 de la ley 99 de 1993, de conformidad con este
principio, “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”. En esta misma
línea, el Preámbulo de la CDB hace referencia a este principio, señalando que
“cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad
biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón
para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”.
También apuntan en esta dirección el principio 15 de la Declaración de Río sobre
el medio ambiente y el desarrollo84, el artículo 3.3 de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático85 y el artículo 6 del Acuerdo sobre la

83
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación número 88001-23-31-000-2011-00011-01(AP).
84
Corresponde a la cita núm. 153 del texto original que señala: “[…] PRINCIPIO 15. Con el fin de proteger
el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para
impedir la degradación del medio ambiente […]”.
85
Corresponde a la cita núm. 154 del texto original que señala: “[…] Artículo 3. Principios: Las Partes, en
las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán,
entre otras cosas, por lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

76

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

aplicación de las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces migratorios,
adoptado el 14 de agosto de 1995. […]” (Destacado fuera de texto).

155. De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, se puede señalar que el
principio de precaución se aplica en los casos en los que no existe certeza
científica absoluta acerca de que una determinada actividad conlleve
consecuencias negativas para el medio ambiente -incertidumbre científica-,
habilitando a la autoridad correspondiente para adoptar medidas tendientes a
evitar que se concrete un eventual daño y para verificar si estamos en presencia
de la aplicación de este principio se deben reunir tres (3) requisitos, a saber: i) la
existencia de peligro de daño que sea grave e irreversible; ii) la existencia de un
principio de certeza científica así esta no sea absoluta y iii) las medidas que se
adopten deben atender a los criterios de eficacia y proporcionalidad en función
de impedir la degradación del medio ambiente.

156. En ese orden de ideas, el principio de precaución no opera ante cualquier
categoría de daño, sino de aquel detrimento de gran impacto y relevancia, cuyos
efectos nocivos impidan que el bien jurídico protegido retorne a su condición
anterior, es por ello que es calificado como grave e irreversible.

157. De igual manera, la aplicación de este principio implica que no exista el
desarrollo suficiente de la ciencia para conocer sin asomo de duda la existencia
o no de un daño potencial al medio ambiente; no obstante, la Sala aclara que la
falta de certeza científica absoluta se torna relativa, en la medida que está
sometida al desarrollo científico, es decir, pueden presentarse dos supuestos: por
un lado, que el avance de la ciencia desvirtúe la existencia del riesgo o la
ocurrencia del daño que en un estado previo del conocimiento se tenían como
consecuencias ciertas de la ejecución de una actividad específica o, por otro, la
evolución científica revele la amenaza o los perjuicios de una actividad o situación
particular que antes se consideraba inofensiva, lo que implica que los límites
entre los principios de precaución y prevención no siempre son precisos.

(…)
3. Las Partes deberán tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas
del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no
deberá utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando
en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberán ser eficaces en función
de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y
medidas deberán tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las
fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores
económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación
entre las Partes interesadas […].
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

77

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

158. La gravedad del daño determinará las medidas que deben implementarse
para mitigarlo las cuales están sujetas a los criterios de proporcionalidad y
eficacia, esto es, deben tener la virtualidad de producir el efecto deseado y su
implementación responder al impacto negativo sobre el medio ambiente.

159. A su turno, el principio de prevención se manifiesta en el supuesto según
el cual sí es posible conocer con certeza científica el daño grave e irreversible
que alguna actividad en particular provoque al medio ambiente de tal manera que
la autoridad respectiva pueda adelantar las medidas necesarias antes de que el
riesgo o el daño ciertos se materialicen, ello para evitar o mitigar esos efectos
nocivos.

160. Así las cosas, en el evento en que el desarrollo científico descubra los
efectos nocivos de una actividad frente a la cual no existía certeza científica
previa de ellos, se realiza una metamorfosis jurídica del principio de precaución
al principio de prevención.

161. En ese sentido, el principio de precaución es un principio de acción en la
medida que está orientado a obligar la actuación inmediata para limitar los riesgos
hipotéticos o potenciales, a través de la adopción de medidas severas de
protección al medio ambiente mientras que el principio de prevención se enfoca
en controlar los riesgos probados.

162. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que el principio
ambiental que debe aplicarse en el caso bajo examen no es el de precaución,
como lo solicita la parte actora, sino el principio de prevención, en razón a que es
posible prever las consecuencias que se generan sobre el ecosistema rural de
Manizales el hecho de que se viertan aguas residuales en el suelo o en fuentes
hídricas, para lo cual existen herramientas técnicas que permiten realizar la
evaluación ambiental.

163. Así las cosas, la Sala aplicará el principio de prevención en materia
ambiental para amparar el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, el cual
como se indicará en la parte resolutiva de esta providencia, está siendo
amenazado y vulnerado por las entidades accionadas.

Sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del MUNICIPIO, el
DEPARTAMENTO y CORPOCALDAS

164. Afirmaron que el MUNICIPIO, el DEPARTAMENTO y CORPOCALDAS
no demostraron en el proceso el cumplimiento de sus obligaciones respecto del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

78

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

mal estado de las PTAR en la zona rural de Manizales, la contaminación por
vertimientos de aguas residuales a fuentes hídricas y el control urbanístico.

165. La Sala considera que le asiste razón a las apelantes, toda vez que las
acciones adelantadas por el MUNICIPIO, la EMPRESA y CORPOCALDAS no
fueron suficientes para poner fin a la problemática ambiental, tal como se destacó
al analizar los medios de convicción que fundamentan el amparo a los derechos
e intereses colectivos deprecados.

Sobre la necesidad de tener en cuenta para decidir la coadyuvancia de la
PROCURADURÍA QUINTA y el salvamento de voto emitido por una de las
Magistradas del TRIBUNAL

166. Expusieron que era necesario para decidir en el sentido de amparar los
derechos colectivos invocados tener en cuenta la coadyuvancia de la
PROCURADURÍA QUINTA, entidad que interviene en defensa del interés
general, y el salvamento de voto emitido por una de las magistradas del
TRIBUNAL, que permite concluir que debieron ampararse los derechos e
intereses colectivos.

167. En referencia a la fuerza vinculante de los salvamentos de voto esta
Sección ha considerado lo siguiente86:

“[…] La Sala considera que tanto las aclaraciones como los salvamentos de
voto carecen de fuerza vinculante. Al respecto, esta Sección consideró lo
siguiente87:

“[…] la Sala destaca que el salvamento de voto no constituye un
precedente judicial con carácter vinculante, comoquiera que no se trata
de una sentencia en la cual se unificó jurisprudencia alguna frente al
tema objeto de controversia o providencia en la cual se haya fijado
alguna regla jurisprudencial que deba ser aplicada en casos análogos
[…]”.

50. En el mismo sentido, la Sección Tercera de esta Corporación consideró88:

“[…] la Sala estima pertinente señalar que los planteamientos
consignados en salvamentos y/o aclaraciones de voto no constituyen,
por sí mismos, una decisión judicial vinculante, toda vez que, solo
reflejan la disidencia de los funcionarios judiciales respecto de la
postura asumida por las mayorías en la decisión adoptada por un
órgano colegiado, sin que ello ate, necesariamente, a otros
funcionarios judiciales y/o autoridades administrativas […]”.

86
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 28 de octubre de
2022, CP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 050013331001201000407-01.
87
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-02143-01.
88
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
8 de noviembre de 2021, C.P. Alberto Montaña Plata, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04969-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

79

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

51. La Sala considera que no es procedente realizar un análisis de la presunta
divergencia por cuanto las aclaraciones y salvamentos de voto carecen de
fuerza vinculante y, solamente, representan la garantía del principio de
autonomía judicial que permite a los jueces colegiados, por un lado, exponer
los argumentos que tuvieron en cuenta para aprobar una providencia y, por
el otro, explicar los fundamentos del disenso frente a la posición mayoritaria,
por lo cual, no pueden ser objeto de análisis por el cargo de desconocimiento del
precedente judicial […]”.

168. La Sala considera que no es necesario exponer más argumentos, teniendo
en cuenta que, en todo caso, la sentencia apelada será revocada, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Respecto de las competencias de los municipios en materia de servicios
públicos

169. La Sala destaca que, a la luz de la normativa constitucional, legal y
reglamentaria, corresponde a los municipios garantizar la prestación de los
servicios públicos domiciliarios en su territorio, ya sea directamente o a través de
terceros. Al respecto esta Sección ha precisado lo siguiente89:

“[…] De las competencias del Municipio en materia de prestación de
servicios públicos

En cuanto a la competencia para la prestación de servicios públicos,
específicamente el de alcantarillado, la Sala advierte que el artículo 365 de la
Constitución Política prevé que:

[…]

El artículo en mención dispone que los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado, y que es deber del mismo asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley y, según
lo dispone el artículo 366 ibidem, deben estar encaminados a procurar el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En desarrollo de los anteriores preceptos, el Congreso de la República expidió la
Ley 142 de 11 de julio de 1994, la cual se aplica a los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y la
telefonía local móvil en el sector rural, entre otros.

El artículo 15 de dicha normativa estableció que pueden prestar servicios
públicos: “1) Las empresas de servicios públicos; 2) Las personas
naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y
servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; 3) Los
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración
central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en

89
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 27 de mayo de 2021, expediente núm. 68001-23-33-
000-2019-00411-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

80

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

esta Ley; 4) Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para
prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en
áreas o zonas urbanas específicas; 5) Las entidades autorizadas para
prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en
esta Ley; y 6) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial
o nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando
cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el
parágrafo del artículo”.

En un mismo sentido, el artículo 3° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 establece
como funciones del municipio, entre otras, las de 1) administrar los asuntos
municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley; y 2) solucionar
las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua
potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con
especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores
discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos
que defina la Ley.

Por otra parte, el artículo 8° de la Ley 388 de 18 de julio de 199 dispuso que la
función pública del ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce
mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida
a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son
propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los
usos del suelo.

La norma en mención prevé que son acciones urbanísticas, entre otras las de:
[…] 2) dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el
transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos,
directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de
conformidad con las leyes.

En concordancia con lo anterior, el artículo 1° del Decreto 302 de 2000, fija las
normas que regulan las relaciones que se generan entre la entidad prestadora
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y los suscriptores y
usuarios, actuales y potenciales, del mismo.

De manera concreta, el artículo 76 de la Ley 715 ordena a los Municipios, en
materia de servicios públicos, lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS
SECTORES. Además de las establecidas en la Constitución y en otras
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial
ejercer las siguientes competencias:

76.1. Servicios Públicos

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios
públicos además de las competencias establecidas en otras normas
vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de
la infraestructura de servicios públicos […]”. (Destacado fuera del texto).

170. Asimismo, la Sala resalta que, aunque el servicio público sea prestado por
un tercero, corresponde al MUNICIPIO asegurar que dicha actividad se ejecute

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

81

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

de manera eficiente. Al respecto, esta Sección en providencia de 18 de febrero
de 2021 sostuvo lo siguiente90:

“[…] La Ley 142 del 11 de julio de 1994, que estableció el régimen de los servicios
públicos domiciliarios, advirtió que su prestación es competencia de los municipios
y que cuando el servicio es suministrado por una empresa privada corresponde al
ente territorial asegurar que su prestación sea eficiente:

“Artículo 2o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que
trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370
de la Constitución Política, para los siguientes fines:
2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final
para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.

[…]

2.5. Prestación eficiente.”

“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los
servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios
públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con
sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo
municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. (…)”

La Ley 136 del 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, estableció:

“ARTÍCULO 3o. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. Artículo modificado por el
artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. Corresponde al municipio: 1. Administrar los
asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.(…)”.

“ARTÍCULO 91. FUNCIONES. Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 1551
de 2012. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la
ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente
de la República o gobernador respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

[…]

d) En relación con la Administración Municipal:

1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; (…)”.

De lo dicho se advierte que está en cabeza de los municipios asegurar la
prestación de los servicios públicos y que, aunque se cumpla a través de
terceros, le corresponde al ente territorial garantizar que la actividad se
desarrolle de manera eficiente […]”. (Destacado fuera de texto).

90
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero
de 2021, CP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 66001-23-33-000-2015-00292-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

82

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

171. De conformidad con la normativa y jurisprudencia transcrita, la Sala
considera que el MUNICIPIO es el principal obligado a garantizar de manera
eficiente y oportuna la prestación del servicio público de alcantarillado en el área
rural de Manizales, obligación que debe cumplir en aras de proteger el medio
ambiente, toda vez que como quedó demostrado con las pruebas allegadas al
expediente, se evidencia que ante el deficiente funcionamiento de las PTAR
existentes en el área rural de Manizales se están generando vertimientos de
aguas residuales sin los correspondientes permisos, afectando con ello los
ecosistemas, la salubridad pública y poniendo en riesgo a la población.

172. En este orden de ideas, la Sala considera que la EMPRESA debe prestar
el servicio en el área en la que administra el sistema de alcantarillado rural de
manera coordinada con el MUNICIPIO, por lo que no puede sustraerse de la
obligación de colaboración técnica que le es exigible. Máxime cuando quedó
demostrado, a través de los diferentes medios de prueba analizados en esta
providencia, que la EMPRESA realiza labores de mantenimiento en 8 PTAR
ubicadas en la zona rural, pero que esas plantas no cumplen ninguna función de
tratamiento del agua y, por el contrario, vierten las aguas residuales a los canales
administrados por la EMPRESA sin ningún tipo de tratamiento y sin contar con
los respectivos permisos de vertimiento.

Respecto a las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales
en materia de servicios públicos

173. En referencia a las competencias de las Corporaciones Autónomas
Regionales en materia de prestación de servicios públicos de acueducto y
saneamiento básico, ha sostenido esta Sección lo siguiente91:

“[…] El artículo 31 de la Ley 99, prevé las funciones de las CAR, de las cuales se
destacan las siguientes: i) ejercer como máxima autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción (numeral 2); ii) promover y desarrollar la participación comunitaria
en programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo
adecuado de los recursos naturales renovables (numeral 3); y iii) coordinar el
proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA), en el área de su jurisdicción y,
en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su
comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables (numeral 4).

La Sala hace especial énfasis en la función prevista en el numeral 20 ídem, que
ordena a las CAR lo siguiente:

91
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
23 de febrero de 2023, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación:
760012333000201800656-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

83

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

“[…] 20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa
y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables […]” (Resaltado de la Sala).

Respecto de dicha función, la Sala en sentencia de 21 de junio de 2018 efectuó un
análisis de lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación
en concepto de 22 de noviembre de 2001, a través del cual resolvió una consulta
efectuada por el Ministro de Ambiente sobre las competencias de la Corporación
Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga para la prestación del servicio
de alcantarillado y saneamiento básico a los Municipios de Bucaramanga,
Floridablanca y Girón, de acuerdo con las disposiciones de las leyes 99 y 142 de
11 de julio de 1994.

En dicha oportunidad, la Sala de Consulta consideró que las Corporaciones
Autónomas Regionales estaban sometidas al derecho público y, por tanto, a los
principios de legalidad y de la improrrogabilidad de la competencia, lo que implica
que solamente pueden ejercer las funciones previstas por la Constitución y la Ley;
en consecuencia, la Ley 99 no les otorgó la competencia para desarrollar
actividades de prestación directa de servicios públicos domiciliarios.

Asimismo, y en atención al referido concepto, la Sección resaltó que la aludida
función (numeral 20, artículo 31) comprende la ejecución de obras de saneamiento
básico dentro de su jurisdicción territorial, como lo son las de acueducto y
alcantarillado, pero en concurrencia con la competencia atribuida a los
Municipios relacionada con la construcción de obras que demanden el progreso
municipal y la solución de necesidades de saneamiento ambiental y de garantía
de prestación de los servicios públicos.

De igual forma, la Sala precisó que las obras de infraestructura en mención están
limitadas en su alcance por la Ley 142, pues esta prevé los sujetos prestadores de
los servicios, estableció un criterio de especialidad orgánica y excluyó la posibilidad
de que sujetos distintos a los allí autorizados presten el servicio o desarrollen esta
actividad económica; no obstante, en aras de solucionar las necesidades de
saneamiento ambiental y de conformidad con las demás funciones previstas en
la Ley, las Corporaciones Autónomas Regionales pueden intervenir en la defensa
y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente
y los recursos naturales renovables.

Lo anterior fue expuesto por la Sala en los siguientes términos:

[…]

76. La competencia señalada en el artículo 31, numeral 20, de la ley 99 a las
corporaciones autónomas regionales, para la construcción, mantenimiento,
administración, ejecución y operación de obras públicas de infraestructura,
destinadas a “la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables”, comprende la
ejecución de obras de saneamiento básico entre ellas las de acueducto y
alcantarillado, dentro de su jurisdicción territorial, en concurrencia con la
competencia atribuida a los municipios para “[…] construir las obras que
demande el progreso municipal y la solución de necesidades de saneamiento
ambiental y de garantía de prestación de los servicios públicos […]” (Destaca
la Sala).

77. Esta competencia de las corporaciones tiene por objeto las obras de
infraestructura, la cual encuentra en la legislación especial de servicios públicos
domiciliarios un límite en sus alcances, toda vez que la ley 142 establece los
sujetos prestadores de los servicios, siguiendo un criterio de especialidad orgánica,
excluyendo la posibilidad de que otros sujetos allí no comprendidos, cumplan
dichas funciones de prestación de servicio o desarrollo de dicha actividad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

84

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

económica, sin embargo con el fin de dar soluciones a las necesidades de
saneamiento ambiental y en ejercicio de las demás funciones atribuidas por
la ley, dichas autoridades ambientales podrán intervenir para la defensa y
protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables […]”.

En igual sentido, se advierte que la Sala, en sentencia de 16 de mayo de 2019
sostuvo que de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1450 de 16 de julio de
2011, las Corporaciones Autónomas Regionales pese a que pueden invertir
en obras de infraestructura que garanticen el agua potable y el saneamiento
básico, ello no indica que están autorizadas para prestar dicho servicio
público, por cuanto no fueron definidos como sujetos prestadores por la Ley
142.

Por lo anterior, en dicha oportunidad la Sala concluyó que las Corporaciones
Autónomas Regionales gozan de amplias facultades para invertir en
proyectos de infraestructura, como es el caso de las PTAR, que permitan la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables.

Al respecto, la Sala en la providencia en comento adujo que:

“[…] 160. Los numerales 6.º y 20 del artículo 31 de la Ley 99, previeron como
funciones de estas autoridades ambientales la celebración de contratos y
convenios con las entidades territoriales cuyo objeto sea la defensa y protección
del medio ambiente, para ejecutar, de mejor manera, alguna o algunas de sus
funciones, así como ejecutar, administrar, operar y mantener con las entidades
territoriales proyectos y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria
para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables; lo cual comprende la ejecución
de obras que permitan garantizar la prestación de los servicios domiciliarios
y el saneamiento ambiental.

161. En relación con las inversiones en obras de infraestructura de estas entidades
en el sector de agua potable y saneamiento básico, la Ley 1450 de 16 de julio de
2011, en el artículo 22, prevé:

“[…] ARTÍCULO 22. INVERSIONES DE LAS CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO. Las obras de infraestructura del sector de
agua potable y saneamiento básico financiadas con recursos de las
Corporaciones Autónomas Regionales, podrán ser entregadas como
aportes a municipios o a las Empresas de Servicios Públicos que
operen estos servicios en el municipio, de acuerdo con lo que este
determine, bajo la condición de que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de
la Ley 142 de 1994 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

En ningún caso la entrega de aportes bajo condición por las Corporaciones
Autónomas Regionales se constituye como detrimento patrimonial del
Estado. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán exigir
contraprestaciones por la entrega de las obras de las que trata este artículo.

La ejecución de los recursos de destinación específica para el sector de agua
potable y saneamiento básico por las Corporaciones Autónomas Regionales,
deberá efectuarse en el marco de los PDA, lo anterior sin perjuicio de las
inversiones que puedan realizar las mismas en los municipios de su
jurisdicción no vinculados al PDA.

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán
participar en la composición accionaria, propiedad, administración y
operación de un prestador de servicios públicos domiciliarios. El presente
parágrafo no se aplicará a las Corporaciones Autónomas Regionales que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

85

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

sean accionistas o hayan efectuado sus inversiones con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1151 de 2007 […]”.

162. De acuerdo con esta norma, si bien las corporaciones autónomas regionales
pueden realizar inversiones en obras de infraestructura que garanticen el
agua potable y el saneamiento básico, no tienen competencia para prestar
los servicios públicos domiciliarios.

[…]

164. Ahora bien, el último inciso del artículo 1.º del Decreto 41 de 12 de enero
de 2011 prevé que “[…] Las corporaciones autónomas regionales y de
desarrollo sostenibles podrán destinar los recursos de la línea prevista en el
presente decreto, para financiar y cofinanciar estudios, diseños e inversión
en interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas, rellenos sanitarios municipales o regionales, y
financiar o cofinanciar los demás proyectos del componente ambiental de su
competencia, en el marco los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) […]” (Resaltado
fuera de texto original).

165. En conclusión, a pesar de que las corporaciones autónomas regionales,
por disposición legal, no tienen competencia para la prestación directa de
los servicios públicos domiciliarios, gozan de amplias facultades para
invertir en proyectos de infraestructura, como sucede con las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales, que permitan la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.

166. En efecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida
el 19 de julio de 2018, teniendo en cuenta el marco normativo expuesto, concluyó
que, en materia de protección y recuperación ambiental, las entidades
territoriales y las corporaciones autónomas deben actuar de manera
coordinada y brindando cooperación entre sí, de acuerdo con las
competencias específicas a su cargo. Además, en esta sentencia, se consideró
lo siguiente:

“[…] En ese orden, la Sala considera necesaria la adopción de medidas para
proteger los derechos colectivos amenazados y vulnerados en este caso concreto
por la falta de uso y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del Barrio del Barrio Antonio Nariño.

151. En ese orden y con el fin de mitigar la amenaza y vulneración advertida por
la falta de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, esta
Sección ordenará al Municipio de Barrancabermeja y a la Corporación
Autónoma Regional de Santander que de manera conjunta y coordinada, en
el marco de las atribuciones y competencias de cada una, desarrollen las
labores de ejecución, administración, operación y mantenimiento de las
obras de infraestructura necesarias para la recuperación y puesta en
funcionamiento de esa Planta de Tratamiento […]” (Resaltado fuera de texto
original) […]”.

Conforme con lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que si bien la
competencia señalada en el numeral 20 del artículo 31 de la Ley 99, incluye
obras de saneamiento básico, entre ellas, las de acueducto y alcantarillado,
en concurrencia con la competencia de los municipios de adelantar obras
necesarias para el progreso municipal y la solución de saneamiento
ambiental y garantía de prestación de servicios públicos, esta se encuentra
limitada por la legislación especial de servicios públicos, lo que significa que
la intervención de las Corporaciones Autónomas Regionales se justifica en
tanto sea para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

86

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Siendo ello así, se advierte que si bien la CVC no está en la obligación de prestar
el servicio público de acueducto y alcantarillado, sí debe ejecutar, administrar,
operar y mantener, en coordinación con la entidad territorial, proyectos, programas
de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea
necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Lo dicho implica que la CVC, como encargada de administrar y proteger en su
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por
su desarrollo sostenible, está llamada a ejecutar todas las acciones que sean
necesarias para la defensa y protección del medio ambiente y los recursos
naturales […]”. (Destacado fuera de texto).

174. La Sala considera que, en el marco de los principios de coordinación,
concurrencia, complementariedad y armonía regional, el MUNICIPIO y la
EMPRESA, al ser prestadores de servicios públicos domiciliarios deben trabajar
articuladamente con las entidades departamentales, en el ejercicio de sus
competencias propias, y propender por la solución de la problemática planteada
en el caso concreto relacionada con la deficiencia en el funcionamiento en las
PTAR existentes en el área rural de Manizales.

175. La Sala precisa que la obligación principal recae en el MUNICIPIO; no
obstante, como quedó demostrado en el proceso, la EMPRESA también es
responsable, toda vez que realiza el mantenimiento de ocho PTAR en el área
rural y, adicionalmente, recoge las aguas residuales provenientes de esas
plantas para transportarlas por el sistema de alcantarillado y, adicionalmente,
realiza vertimientos de estas aguas, sin contar con los respectivos permisos, lo
que acredita su responsabilidad en la vulneración de los derechos e intereses
colectivos amparados en esta providencia.

176. Por otro lado, es necesario que el DEPARTAMENTO, en virtud de los
principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y armonía regional,
colabore en la garantía de los derechos colectivos vulnerados con ocasión del
defectuoso funcionamiento de las PTAR instaladas en el área rural de Manizales.

177. La Sala considera que es deber de la EMPRESA solicitar el permiso de
vertimientos de las aguas residuales que transporta a través del sistema de
alcantarillado rural que se encuentra a su cargo, por lo que, en caso de que no lo
haya hecho, deberá presentar la solicitud de permiso de vertimientos de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.3.5.192 del Decreto 1076 de 2015,
una vez ello ocurra, CORPOCALDAS deberá expedir el correspondiente permiso

92
Decreto 1076 de 2015, “ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas,
o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de
vertimientos”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

87

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

en los términos previstos en el artículo 2.2.3.5.5.93 del Decreto 1076, siempre y
cuando cumpla con los requisitos de ley.

178. La Sala destaca que los resultados del Convenio suscrito entre la
EMPRESA y el MUNICIPIO, para diagnosticar el estado de las PTAR existentes
en el área rural de Manizales, puede servir de línea base para las órdenes
impartidas en esta providencia.

179. Asimismo, la Sala considera necesario que CORPOCALDAS adelante los
procesos sancionatorios ambientales como consecuencia de los vertimientos de
aguas residuales al suelo o a fuentes hídricas, sin los permisos correspondientes.

180. La Sala instará al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, preste la asistencia técnica y tramite los proyectos que le
presente el MUNICIPIO con el objeto de garantizar la prestación del servicio de
alcantarillado en el área rural de su jurisdicción.

181. La Sala ordenará conformar un Comité de Verificación de Cumplimiento
de la sentencia, el cual estará integrado por el Magistrado Sustanciador del
TRIBUNAL, quien lo presidirá, el MUNICIPIO, la EMPRESA, CORPOCALDAS,

93
“[…] ARTÍCULO 2.2.3.3.5.5. Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. El
procedimiento es el siguiente:

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con
diez (10) días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por concepto
del servicio de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para
que la allegue en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la comunicación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite.

3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite, realizará
el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias.

4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se deberá emitir el
correspondiente informe técnico.

5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información
para decidir.

6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de
vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto
de trámite.

7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el recurso
de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma.

PARÁGRAFO 1. Para los efectos de la publicidad de las actuaciones que den inicio o pongan fin a la
actuación, se observará lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

PARÁGRAFO 2. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, la autoridad ambiental competente aplicará
el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y su norma que la
adicione, modifique o sustituya.

PARÁGRAFO 3. Las audiencias públicas que se soliciten en el trámite de un permiso de vertimiento se
realizaran conforme a lo previsto en el capítulo 4 del título 2, parte 2, libro 2 del presente Decreto o la norma
que lo adicione, modifique o sustituya […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

88

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

el DEPARTAMENTO, la PERSONERÍA, la PROCURADURÍA 5 JUDICIAL II
PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS DE MANIZALES y por el
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO delegado ante el TRIBUNAL.

182. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, TRIBUNAL, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las órdenes de la sentencia.

183. Finalmente, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los
numerales 1 y 8 del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar
en costas en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Sobre las órdenes a impartir

184. La Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia e impartirá
las siguientes órdenes:

185. Se ordenará al MUNICIPIO DE MANIZALES, a la EMPRESA AGUAS
DE MANIZALES S.A. E.S.P., y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CALDAS – CORPOCALDAS, con la colaboración del DEPARTAMENTO
DE CALDAS, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en un plazo de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de
esta providencia, presentar un plan de acción en el que se incluya el diagnóstico
de las PTAR ubicadas en el área rural del Municipio de Manizales, las obras
requeridas para su funcionamiento y el cronograma de ejecución, con el objeto
de que las PTAR funcionen de manera óptima, para lo cual se podrá utilizar el
resultado del diagnóstico, según el convenio celebrado entre el Municipio y la
Empresa de Servicios Públicos.

186. Se ORDENARÁ al MUNICIPIO DE MANIZALES, a la EMPRESA
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS, con la colaboración del
DEPARTAMENTO DE CALDAS, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en un plazo de seis (6) meses
contados a partir del vencimiento el plazo anterior, que realicen todas las
gestiones administrativas, presupuestales, técnicas y contractuales para iniciar
las obras necesarias previstas en el plan de acción requeridas para el adecuado
y optimo funcionamiento de las PTAR existentes en el área rural de Manizales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

89

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

Las obras requeridas deberán ejecutarse en el plazo de un (1) año contado
desde el vencimiento de los seis meses previstos en este ordinal.

187. Se ORDENARÁ a la EMPRESA AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en
caso de que no lo haya hecho, solicitar los permisos de vertimiento de las aguas
residuales provenientes de las PTAR a las que realiza mantenimiento cuyas
aguas residuales transporta a través del sistema de alcantarillado rural que se
encuentra a su cargo, una vez ello ocurra, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS deberá expedir el correspondiente
permiso, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, para lo cual se
establece un plazo de tres (3) meses contados a partir de la entrega del
diagnóstico.

188. Se ORDENARÁ a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CALDAS - CORPOCALDAS, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en caso de que no lo haya hecho,
iniciar, tramitar y decidir los procesos administrativos sancionatorios
ambientales contra las personas y empresas que están realizando vertimientos
de aguas residuales sin los permisos requeridos, orden que debe cumplirse
dentro de los plazos legales previstos para el trámite de las respectivas
actuaciones.

189. Se impartirá la orden de CONFORMAR un Comité de Verificación de
Cumplimiento de esta sentencia, el cual estará integrado por el Magistrado
Sustanciador del TRIBUNAL, quien lo presidirá, el MUNICIPIO, la EMPRESA,
CORPOCALDAS, el DEPARTAMENTO, la PERSONERÍA, la PROCURADURÍA
5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS DE
MANIZALES y por el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO delegado ante el
TRIBUNAL.

190. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, TRIBUNAL, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las órdenes de la sentencia.

191. Finalmente, se INSTARÁ al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO para que, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, preste la asistencia técnica y tramite los proyectos que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

90

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

se le presenten con el objeto de garantizar la prestación del servicio de
alcantarillado en el área rural del Municipio de Manizales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero
de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el
proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la
Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción
popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de marzo de 2025 por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR los derechos e intereses colectivos al goce de un
ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, amenazados y vulnerados por
el MUNICIPIO DE MANIZALES, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CALDAS – CORPOCALDAS, la EMPRESA DE AGUAS DE MANIZALES
E.S.P. S.A. y el DEPARTAMENTO DE CALDAS, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES, a la EMPRESA AGUAS
DE MANIZALES S.A. E.S.P., y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CALDAS – CORPOCALDAS, con la colaboración del DEPARTAMENTO
DE CALDAS, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en un plazo de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de
esta providencia, presentar un plan de acción en el que se incluya el diagnóstico
de las PTAR ubicadas en el área rural del Municipio de Manizales, las obras
requeridas para su funcionamiento y el cronograma de ejecución, con el objeto
de que las PTAR funcionen de manera óptima, para lo cual se podrá utilizar el
resultado del diagnóstico según el convenio celebrado entre el Municipio y la
Empresa de Servicios Públicos, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

91

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES, a la EMPRESA AGUAS
DE MANIZALES S.A. E.S.P., y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CALDAS – CORPOCALDAS, con la colaboración del DEPARTAMENTO
DE CALDAS, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en un plazo de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
el plazo anterior, que realicen todas las gestiones administrativas,
presupuestales, técnicas y contractuales para iniciar las obras necesarias
previstas en el plan de acción requeridas para el adecuado y optimo
funcionamiento de las PTAR existentes en el área rural de Manizales. Las obras
requeridas deberán ejecutarse en el plazo de un (1) año contado desde el
vencimiento de los seis meses previstos en este ordinal, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: ORDENAR a la EMPRESA AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., en
el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en
caso de que no lo haya hecho, solicitar los permisos de vertimiento de las aguas
residuales provenientes de las PTAR a las que realiza mantenimiento cuyas
aguas residuales transporta a través del sistema de alcantarillado rural que se
encuentra a su cargo, una vez ello ocurra, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS deberá expedir el correspondiente
permiso, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, para lo cual se
establece un plazo de tres (3) meses contados a partir de la entrega del
diagnóstico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CALDAS - CORPOCALDAS, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en caso de que no lo haya hecho,
iniciar, tramitar y decidir los procesos administrativos sancionatorios
ambientales contra las personas y empresas que están realizando vertimientos
de aguas residuales sin los permisos requeridos, orden que debe cumplirse
dentro de los plazos legales previstos para el trámite de las respectivas
actuaciones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: CONFORMAR el Comité de Verificación de Cumplimiento de esta
sentencia, el cual estará integrado por el Magistrado Sustanciador del
TRIBUNAL, quien lo presidirá, el MUNICIPIO, la EMPRESA, CORPOCALDAS,
el DEPARTAMENTO, la PERSONERÍA, la PROCURADURÍA 5 JUDICIAL II

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

92

Número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00265-01

PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS DE MANIZALES y por el
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO delegado ante el TRIBUNAL.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, TRIBUNAL, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las órdenes de la sentencia.

NOVENO: INSTAR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, preste la asistencia técnica y tramite los proyectos que se le
presenten con el objeto de garantizar la prestación del servicio de alcantarillado
en el área rural del Municipio de Manizales.

DÉCIMO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

DÉCIMO PRIMERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría
del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de
5 de agosto de 1998.

DÉCIMO SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.