Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2023-00270-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2023-00270-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2023-00270-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: PERSONERÍA MUNICIPAL DE MANIZALES
Demandados: MUNICIPIO DE MANIZALES Y OTROS
Vinculados: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y OTRO
Coadyuvantes: ARNOLDO SUÁREZ AGUDELO Y OTROS
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación presentados por la demandante, el
Concejo de Manizales y por los coadyuvantes Jorge James Sánchez y José Jairo
Arias, contra la sentencia de 13 de febrero de 2025, proferida por la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas1.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. La Personería Municipal de Manizales, en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra el
municipio de Manizales, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo
Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y la Empresa de Renovación y Desarrollo
Urbano de Manizales S.A.S. (ERUM S.A.S.), con el propósito de obtener la
salvaguarda de los derechos colectivos establecidos en los literales a), g), h), l) y
m) del artículo 4.°2 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19983.
2. La demandante formuló las siguientes pretensiones:
1
De conformidad con la constancia secretarial de 9 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 19 del expediente digital del Consejo de Estado.
.2 “[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…] a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
[…]
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
[…]
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes […]”.
3
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.
2
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
“[…] PRIMERO: Que se declare el estado de cosas inconstitucional y como
consecuencia los accionados:
a) Diseñen y pongan en marcha las políticas, planes y programas que garanticen
de manera adecuada los derechos constitucionales y fundamentales, cuyo goce
efectivo depende de la superación del estado de cosas inconstitucional;
b) Que se ordene según las competencias la estructuración de un nuevo estudio
técnico que conduzca a la realización de obras necesarias para hacer cesar la
vulneración de los derechos invocados.
c) Basado en el resultado del estudio técnico, se ordene que, de manera conjunta
y armónica según las competencias de los demandados, se reformulen y
refinancie el denominado “Macroproyecto San José”, de tal forma que se adapte
a las realidades sociales y que contemple todas las necesidades de la
comunidad a impactar.
d) Se apropien los recursos necesarios para garantizar la efectividad de tales
derechos;
e) Se modifiquen las prácticas, las fallas de organización y de procedimiento que
resultan violatorias de la Constitución;
f) Se reforme, desarrolle y actualice el marco jurídico cuyas falencias han
contribuido al estado de cosas inconstitucional;
g) Se realicen los trámites administrativos, presupuestales y de contratación que
sean indispensables para superar la vulneración de los derechos.
SEGUNDO: Amparar la protección a los derechos e intereses constitucionales al (I)
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, (II) SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA, (III)
REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS
URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y DANDO
PREVALENCIA A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, (IV) DERECHO A
UN CRECIMIENTO URBANO Y AMBIENTAL SOSTENIBLE, (V) DERECHO
COLECTIVO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE (VI) ACCESO A INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO
ESENCIAL (VII) DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, (VIII)
DERECHO A LA EDUCACIÓN, (IX) DERECHO AL MINIMO VITAL Lo anterior a
través de la adopción de medidas técnicas, administrativas y presupuestales que
puedan dar solución efectiva a la problemática.
[…]”. (Negrilla y mayúscula sostenida del texto).
3.Indicó que las Comunas Cumanday y San José, ubicadas en el centro tradicional
de Manizales, presentaban un avanzado deterioro físico y social. Por esta razón, la
administración local diseñó un plan de recuperación, el cual en un principio no contó
con recursos suficientes para llevarlo a cabo.
4. Refirió que el Gobierno Nacional, a través de la Ley 1151 de 24 de julio de 20074,
creó los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) como herramientas de
gran escala para facilitar el acceso a vivienda, incentivar el empleo y mejorar el
espacio público en los sectores con déficit habitacional.
5.Precisó que el 27 de julio de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial adoptó, mediante la Resolución 1453, el Macroproyecto
4
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 […]”.
3
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
“Centro Occidente de Colombia San José”, declarado de utilidad pública e interés
social bajo la financiación del Presupuesto General de la Nación y FONVIVIENDA.
6. Detalló que la infraestructura proyectada en 2009 incluía obras de gran impacto
como el Par Vial de la Avenida Colón, centros de servicios, colegios técnicos y la
generación de 3.500 unidades de vivienda (VIS y VIP). Sin embargo, a la fecha, la
ejecución es incipiente y no se han realizado entregas satisfactorias o totales de los
componentes principales.
7. Expuso que entre los años 2009 y 2021 se han expedido ocho resoluciones
modificatorias que han alterado la estructuración financiera, el trazado vial, los usos
del suelo y los plazos de ejecución. Incluso, en el año 2021 el municipio de
Manizales pretendió reformular el macroproyecto omitiendo el deber legal de
participación ciudadana, lo que derivó en una orden judicial (radicado 2021-277)
que obligó a la administración a garantizar la intervención de la comunidad, previo
a cualquier cambio normativo.
8. Mencionó que la evaluación de amenazas y riesgos fue modificada varias veces
sin contar con estudios técnicos adecuados. Como resultado, zonas que al principio
se consideraban de riesgo no mitigable se autorizaron para el desarrollo de
proyectos de vivienda de alta densidad (edificios de más de 10 pisos), en contra de
lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
9. Advirtió que existe una problemática de seguridad derivada de las demoliciones
inconclusas, en donde se desarrollan actividades de microtráfico y se refugian las
estructuras criminales, conforme lo señalado por la Defensoría del Pueblo en la
Alerta Temprana 041-2020.
10. Explicó que el anuncio del proyecto en 2009 generó un “congelamiento” de los
precios de los inmuebles y obligó a los propietarios a negociar en la actualidad con
valores de hace 14 años. Esta problemática condujo a que las familias desplazadas
no hayan adquirido viviendas en condiciones similares. Además, la falta de
vigilancia en los predios adquiridos por la ERUM S.A.S. facilitó nuevas invasiones
en zonas de alto riesgo y agravó los problemas de saneamiento básico.
11. Por último, mencionó que la gestión de escombros no es adecuada, existen fallas
en las condiciones de salubridad y seguridad, la infraestructura vial está en mal
estado, la oferta educativa ha disminuido, las empresas de servicios públicos
domiciliarios se rehúsan a prestar sus servicios, y las entidades responsables no
han coordinado acciones de manera conjunta ni complementaria.
4
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
I.2. Actuación procesal en primera instancia
12. La acción referida correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Caldas,
autoridad judicial que, por auto de 24 de enero de 20245, admitió la demanda.
13. Por auto de 8 de mayo de 20246, se ordenó la vinculación de la Fiduciaria La
Previsora S.A. y se admitieron las solicitudes de coadyuvancia7.
1. El 28 de agosto de 20248, se declaró fallida la audiencia especial de que trata el
artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló propuesta de pacto de
cumplimiento.
2. Por medio de auto de 2 de diciembre de 20249, se decretaron las pruebas del
proceso.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S.10
3. La ERUM S.A.S. se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y
propuso las excepciones de: i) “[…] Falta de integración del litisconsorcio necesario
– Fiduprevisora S.A. […]”; ii) “[…] Falta de idoneidad del medio de control […]”; y iii)
“[…] Falta de configuración de los elementos necesarios para declarar un Estado de
Cosas Inconstitucional […]”.
4. Sostuvo que la acción popular no es el medio idóneo para solicitar la declaratoria
de un “Estado de Cosas Inconstitucional” y tampoco se cumplen los seis factores
establecidos en la jurisprudencia para ello. La Corte Constitucional ha utilizado esta
figura cuando se presenta: i) una vulneración masiva de derechos fundamentales;
ii) una omisión prolongada de las autoridades; iii) prácticas inconstitucionales; iv)
falta de medidas legislativas o presupuestales; v) existencia de un problema social
que requiera intervención de múltiples entidades; y vi) congestión judicial por tutelas
masivas.
5.Explicó que el proceso de adquisición de los predios fue legal, ya que la
declaración de utilidad pública responde a la función social de la propiedad y al
5
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“71ED_C01Principal_072AUTOADMITEDEMANDA3FPDF(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua
8”.
6
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia.
7
Arnoldo Suárez Agudelo, Guillermo Muñoz Pérez, Martha Aleida Henao Arroyave, Carlos Alberto Morales, Patricia Botero
Gómez, Gilsan Darío Quintero, Germán Vallejo Obando, Álvaro Salazar Marín, William Valencia Arias, Jorge Omar Rodríguez
Ospina, Luis Alberto Valencia Torres, Claudia Francia Posada Galvis, Luis Fernando Acebedo Restrepo, Humberto Salazar,
José Jairo Arias González, Fernando Toro Sánchez, Moisés Gallego Restrepo, Ernesto Quintero Rincón, y Jorge James
Sánchez.
8
Cfr. Índices 92 y 138 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 141 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“81ED_C01Principal_082CONTESTACIONDEMANDAERUMPDF(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf)
NroActua 8(.pdf) NroActua 8”.
5
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
interés general. Además, se siguió un procedimiento administrativo que garantizó el
respeto al debido proceso, por medio de la venta voluntaria o la expropiación.
6. Aclaró que los avalúos comerciales que determinaron el precio de los inmuebles
no fueron realizados por la ERUM, sino por entidades competentes, y que estos
tuvieron una vigencia menor a un año conforme a la norma. El valor del metro
cuadrado presentó incrementos en los diferentes momentos de compra, contrario a
lo afirmado por el actor popular.
7. Respecto a la presunta vulneración del derecho a la educación por la demolición
de las instituciones educativas Jesús María Guingue e Instituto Educativo Sagrado
Corazón de Jesús, la entidad sostuvo que, de acuerdo con la resolución que regula
el proyecto, la ERUM no es la autoridad responsable de la infraestructura educativa.
8. Finalmente, señaló que el demandante no aportó elementos probatorios idóneos,
pertinentes y conducentes que demuestren la vulneración de los derechos
colectivos, pues se limitó a realizar afirmaciones abstractas que no logran desvirtuar
la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de la administración pública.
I.3.2. Municipio de Manizales11
9. El ente territorial se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones de la
demanda y propuso las excepciones de: i) “[…] Improcedencia de la acción […]”; ii)
“[…] Moralidad administrativa […]”; iii) “[…] Inexistencia de los presupuestos legales
para incoar la acción […]”; iv) “[…] Carencia de prueba que constituya presunta
vulneración de derechos colectivos […]” ; v) “[…] Carencia actual de objeto – falta
de legitimación en la causa […]”; y vi) “[…] Competencia exclusiva de un tercero
para salvaguardar un presunto derecho colectivo vulnerado […]”.
10. Manifestó que el ente territorial no ha vulnerado ni puesto en peligro, por acción
u omisión, los derechos colectivos mencionados en la demanda. Adicionalmente,
los conceptos técnicos de las Secretarías de Desarrollo Social, Educación,
Infraestructura, Interior y Planeación certifican el compromiso y la gestión efectiva
de la administración municipal en la ejecución y desarrollo del Macroproyecto San
José.
11. Argumentó que el actor popular no acreditó la relación de causalidad entre las
acciones u omisiones del municipio y la presunta afectación colectiva, ni se
demostró negligencia o desatención en el ejercicio de sus funciones.
12. Sostuvoque al municipio no le compete la administración de los inmuebles
pertenecientes a la Fiduprevisora y tampoco está legitimado para responder por la
11
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“101ED_C01Principal_102CONTESTACIONDEMANDAMPIOMANIZALESPDF(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf)
NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8”.
6
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
instalación o mantenimiento de las redes de gas e internet. La función municipal se
limita a la actuación de autoridades de policía ante posibles invasiones de terceros,
siempre que medie la querella respectiva por parte del administrador.
I.3.3. Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio12
13. Lacartera ministerial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y propuso la excepción de “[…] Falta de legitimación material en la causa
por pasiva […]”, por cuanto no le compete la ejecución del macroproyecto.
14. Precisó que la ejecución de los macroproyectos de interés social nacional está a
cargo del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y/o de la entidad territorial, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4260 de 2 de noviembre de 200713.
15.Explicó que acompañó y evaluó la solicitud de reformulación del macroproyecto
presentada por el municipio de Manizales. Dicha solicitud se encuentra actualmente
en trámite administrativo, de manera que el municipio debe demostrar el
cumplimiento de ciertos requisitos, especialmente el de participación ciudadana.
16. Sostuvo que no se encuentran satisfechos los elementos jurisprudenciales
exigidos para declarar un estado de cosas inconstitucional. En la sentencia T-302
de 2017, la Corte Constitucional explicó que esta figura requiere de un análisis
detallado por parte del juez de tutela para establecer escenarios de vulneración
masiva de derechos fundamentales, los cuales no han sido demostrados ni pueden
ser verificados en el presente proceso.
I.3.4. Fiduciaria La Previsora S.A.14
17. La sociedad presentó las excepciones de: i) “[…] Inexistencia de la obligación
[…]”; ii) “[…] Enriquecimiento sin causa […]”; iii) “[…] Falta de causa jurídica […]”;
iv) “[…] Buena fe […]”; y v) “[…] Ausencia total de responsabilidad por parte de
Fiduciaria La Previsora como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
denominado Macroproyecto San José de Manizales PA Matriz […]”.
18. Precisóque actúa en calidad de vocera y administradora del patrimonio
autónomo derivado del contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo,
administración, garantía y pagos, celebrado con la ERUM S.A.S. Según el contrato
marco 3-1-14774, el órgano decisorio del patrimonio es la Junta del Fideicomiso. En
consecuencia, la fiduciaria no asume ninguna responsabilidad por el desarrollo del
macroproyecto; su labor se limita únicamente a administrar los bienes y realizar los
pagos según las instrucciones recibidas.
12
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“90ED_C01Principal_091CONTESTACIONDEMANDAMINVIVIENDAPDF(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua
8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8”.
13
“[…] por el cual se reglamentan los artículos 79 y 82 de la Ley 1151 de 2007 […]”.
14
Cfr. Índice 40 del expediente digital de primera instancia.
7
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
19. Destacó que el patrimonio autónomo se constituye como un conjunto de bienes
independiente de los activos del fideicomitente y de la fiduciaria. La propiedad de
las obras y bienes entregados en fiducia está destinada exclusivamente al
cumplimiento de los objetivos del macroproyecto, dando prioridad al interés general
sobre el interés particular en el desarrollo de la infraestructura de San José.
I.3.5. Concejo de Manizales15
20. El concejo manifestó que se acoge a lo probado en el proceso y presentó la
excepción de “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”.
21. En relación con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, precisó que
se allana a lo probado. No obstante, subrayó que la implementación de esta figura
y sus medidas correspondientes se consideran pasos cruciales para garantizar el
cumplimiento de la Constitución Política y la protección de los derechos humanos
en el desarrollo del macroproyecto.
22. Argumentó que ha cumplido satisfactoriamente sus funciones constitucionales y
legales. Esa entidad tiene prohibido coadministrar, ejecutar o desarrollar proyectos
de obra, por lo que las deficiencias en la implementación del macroproyecto son
situaciones que exceden sus facultades legales.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
23. LaSala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas en la
sentencia de 13 de febrero de 2025 resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADAS LAS EXCEPCIONES propuestas por la
Empresa de Renovación Urbana denominadas “Idoneidad (sic) del medio de
control”; y “Falta de configuración de los elementos necesarios para declarar
un estado de cosas inconstitucional a partir de la sentencia T-025 de 2004”. Y
la excepción planteada por el municipio de Manizales titulada “Carencia de prueba
que constituya presunta vulneración de derechos colectivos”, conforme a lo
expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda dentro del medio de
control de PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
promovido por EL PERSONERO MUNICIPAL DE MANIZALES contra LA NACIÓN
– MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO; FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA – FONVIVIENDA; MUNICIPIO DE MANIZALES; Y LA EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA – ERUM., y como vinculados LA FIDUPREVISORA S.A Y
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MANIZALES, según lo expuesto en las
consideraciones de este fallo.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, según lo indicado en la parte motiva.
15
Cfr. Índice 96 del expediente digital de primera instancia.
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Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
CUARTO: EXPÍDASE copia de la sentencia con destino a la Defensoría del Pueblo
para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: EJECUTORIADA esta providencia, ARCHIVENSE las diligencias, previas
las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI. […]”. (Negrilla del
texto).
24. El tribunal consideró que carecía de competencia para declarar en el caso
concreto un estado de cosas inconstitucional (ECI), al tratarse de una atribución
exclusiva de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241 de la Constitución
Política.
25. Argumentó que dicha figura opera ante vulneraciones masivas de derechos
fundamentales, exige el cumplimiento de parámetros estrictos y supone la adopción
de órdenes estructurales y macro políticas que desbordan el ámbito funcional de los
jueces ordinarios o populares.
26. Señaló que la demanda era abstracta y agrupaba varias problemáticas del
Macroproyecto San José dentro de una única figura jurídica compleja. En ese
contexto explicó que el juez popular puede impartir órdenes de hacer o no hacer
para la protección de derechos colectivos, pero no está facultado para reemplazar
la función de revisión sistémica de conductas vulneradoras de los derechos
fundamentales reservada al tribunal de cierre constitucional.
27. Aclaró que la acción popular, si bien es autónoma y principal, está concebida
para la protección de derechos e intereses colectivos y no para la defensa de
derechos individuales o prestacionales. En ese orden, estimó que no se acreditó
una relación de causalidad entre las omisiones administrativas alegadas y una
afectación multidimensional que hiciera necesaria una reforma integral del marco
jurídico del macroproyecto.
28. En todo caso, mencionó que en el expediente solo se acreditó la presentación de
cuatro acciones de tutela desde el año 2010, relacionadas con la presente
problemática; cifra insuficiente para demostrar un problema estructural que requiera
la intervención coordinada de todas las ramas del poder público, como lo exige la
figura del ECI.
29. Precisó que el juez popular, conforme al principio de congruencia, cuenta con
facultades ultra y extra petita, lo que le autoriza para pronunciarse sobre
vulneraciones a los derechos colectivos no invocadas expresamente en la
demanda, siempre que guarden relación con los hechos y se respete el derecho de
defensa.
30. Aun así, indicó que el impacto del macroproyecto no se presenta de manera
uniforme en todos los habitantes de las comunas Cumanday y San José. Por ello,
las órdenes genéricas propuestas por la parte actora resultaban desproporcionadas,
9
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
ante la ausencia de pruebas técnicas que cuantificaran y delimitaran de forma
concreta el daño o la amenaza respecto de cada derecho colectivo invocado.
31. Sostuvo que ese proyecto ha enfrentado dificultades en sus etapas de
planeación, estructuración y ejecución. Sin embargo, la parte demandante no
cumplió con la carga de demostrar cómo dichas falencias se han traducido en una
amenaza o vulneración actual y específica de los derechos colectivos alegados.
32. Precisó que la facultad probatoria prevista en el artículo 213 de la Ley 1437 no
puede suplir la negligencia de las partes ni trasladar al juez la carga probatoria que
corresponde al demandante. Adicionalmente, los videos no pudieron valorarse por
falta de autenticidad y los informes de la Comisión de la Verdad constituyen
opiniones cualificadas, más no suplen la necesidad de estudios técnicos, censos
poblacionales o estadísticas oficiales que acrediten la afectación colectiva.
33. Enfatizó que el simple retraso de una obra pública no configura, por sí solo, una
vulneración de derechos colectivos, si no se acredita una acción u omisión
generadora de un perjuicio real y concreto, lo cual no ocurrió en el caso.
34. Contrastó las afirmaciones del actor con las pruebas allegadas por el municipio
de Manizales, de las cuales se desprende que las zonas de riesgo se mantienen
conforme al POT y que el cierre de las instituciones educativas respondió a la
existencia de riesgos físicos inminentes, previa reubicación de la población escolar.
Además, las controversias relacionadas con los avalúos tienen una naturaleza
particular que excede el presente medio de control.
35. Finalmente, precisó que los coadyuvantes no podían ampliar el objeto del litigio
fijado inicialmente por el personero municipal y que las problemáticas relacionadas
con la seguridad, el manejo de escombros y la participación ciudadana se
estudiaron en la acción popular con radicación núm. 17001-23-00-000-2010-00456-
00 de 2010 y en la acción de cumplimiento de 2021.
III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. Actor popular16
36. La Personería de Manizales afirmó que las pruebas documentales y los videos
aportados con la demanda demuestran la transgresión de los derechos colectivos
invocados, debido a los problemas en la planificación, ejecución y desarrollo del
Macroproyecto de Interés Social Nacional Centro Occidente de Colombia San José.
37. Sostuvo que el juez popular debe actuar como director del proceso y, si considera
que las pruebas presentadas no son suficientes, debe ordenar de oficio las pruebas
16
Cfr. Índice 181 del expediente digital de primera instancia.
10
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
necesarias para esclarecer los hechos, tal como lo establece el artículo 30 de la Ley
472 de 1998.
38. Precisó que la jurisprudencia faculta al juez de la acción popular para proferir
fallos ultra y extra petita por lo que el tribunal debió aplicar un papel dinámico para
salvaguardar los derechos colectivos, en el sentido de ordenar soluciones que
superen las pretensiones iniciales.
39. Señaló que: “[…] el grado de dificultad de un litigio no puede ser un argumento
válido para negar la protección de los derechos fundamentales y colectivos
invocados […]”.
40. Argumentó que el tribunal debió determinar si era competente para conocer el
caso respecto de la pretensión encaminada a declarar un estado de cosas
inconstitucional. Al no serlo, debió rechazar la demanda y remitirla a la autoridad
correspondiente, que según la sentencia de primera instancia es la Corte
Constitucional. Por lo tanto, al emitir un fallo de fondo sin competencia, la sentencia
carece de validez e incurre en una causal de nulidad.
41. Sostuvo que no entiende como: “[…] el Tribunal manifiesta en la parte
considerativa su incompetencia y trata el factor de competencia como un requisito
propio para la procedencia del estado de cosas inconstitucional, tanto que, para
sustraerse de fallar o emitir concepto de fondo sobre el particular, (dejando claro
que no debió emitir pronunciamiento alguno), declaró probada la “excepción de falta
de configuración de elementos necesarios para declarar un estado de cosas
inconstitucional a partir de la sentencia T-025 de 2004”, entendiendo la competencia
como un elemento propio de dicha figura jurídica y no como la atribución para
administrar justicia […]”.
42. Manifestó que “[…] si bien es cierto el Tribunal declaró erróneamente su falta de
competencia vía excepción, declarando probada la excepción de falta de
configuración de elementos necesarios para declarar el estado de cosas
inconstitucional, no es en la sentencia el momento procesal oportuno para hacerlo,
dado que el artículo 23 de la ley 472 de 1998 establece que allí solo se podrán
resolverse las excepciones previas de falta de jurisdicción, cosa juzgada y no la de
falta de competencia […]”.
43. Solicitó aplicar el precedente proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío
en el proceso con radicación núm. 63001-2333-000-2018-00069-00, en el cual se
declaró el estado de cosas inconstitucional en el municipio de Armenia por la
vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad
y a la salubridad públicas.
que: “[…] no es coherente que, al finalizar el litigio, el despacho
44. Señaló
desconozca las intervenciones de los coadyuvantes y desestime todos los
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Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
documentos, pronunciamientos y solicitudes aportadas y más aun sin tener en
cuenta que los terceros intervinientes dentro de una acción Constitucional de este
tipo, hacen parte de la comunidad Manizaleña que se ha visto afectada y que
conoce de primera mano el grado de quebrantamiento y vulneración de derechos
que se han presentado como consecuencia del Macroproyecto San José […]”.
45. Cuestionó que el tribunal no tomara en cuenta el documento llamado “Alerta
temprana No. 041-2022”, emitido por la Defensoría del Pueblo y aceptado como
prueba. En este informe se mencionan varias violaciones a los derechos, entre ellas:
i) la situación de vulnerabilidad causada por invasión y uso inadecuado del territorio;
ii) el desplazamiento de comunidades debido a proyectos de renovación urbana; iii)
el desempleo; iv) la vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; y v) la
baja cobertura educativa.
46. Igualmente, manifestó que se desconocieron los argumentos esbozados por el
Ministerio Público y el Concejo de Manizales; autoridades que solicitaron el amparo
de los derechos constitucionales alegados.
III.2. Concejo de Manizales17
47. El concejo indicó que no ha vulnerado ningún derecho fundamental ni colectivo.
No obstante, argumentó que quienes gestionan el macroproyecto de la comuna San
José podrían estar afectando esos derechos y, por ello, resulta pertinente declarar
un estado de cosas inconstitucional. Esto permitiría que se tomen medidas judiciales
urgentes y efectivas para corregir esas violaciones.
48. Sostuvo que “[…] el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en
el victimario de sus propios ciudadanos. En este caso, el incumplimiento de las
obligaciones constitucionales y legales por parte de las autoridades competentes,
particularmente en relación con el Macroproyecto de la comuna San José, evidencia
una vulneración a los derechos fundamentales de los residentes de esta zona […]”.
49. Explicó que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, especialmente
según los numerales 1, 2 y 7 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,
ha enfocado sus esfuerzos en regular eficazmente la prestación de los servicios
públicos y sociales del municipio, promover planes de desarrollo económico y social,
y supervisar el uso adecuado del suelo y la construcción de viviendas.
50. Sostuvo que los concejos municipales, aunque no ejercen control político sobre
entidades nacionales, aprueban los planes de desarrollo municipal, los cuales
deben estar alineados con las políticas nacionales y pueden influir en la gestión de
recursos para proyectos ejecutados en el municipio. Además, deben velar que la
política de ordenamiento territorial cumpla con los lineamientos nacionales,
17
Cfr. Índice 178 del expediente digital de primera instancia.
12
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
especialmente en temas urbanos, rurales y ambientales. En este marco, ha
realizado debates relevantes de control político respecto al Macroproyecto San
José, los cuales obran en el acervo probatorio.
III.4. Jorge James Sánchez y José Jairo Arias18
51. Los coadyuvantes señalaron que el a quo admitió no tener competencia para
decidir sobre este asunto. Por ello, consideraron que “[…] no tiene motivo de existir
parte resolutiva en la sentencia y debió trasladar el expediente para el estudio por
la instancia correspondiente […]”.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
52. Mediante auto de 5 de marzo de 202519 el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación
presentados por la demandante, el Concejo municipal de Manizales y los
coadyuvantes, Jorge James Sánchez y José Jairo Arias, contra la sentencia de
primera instancia. Además, se negó la causal de nulidad planteada por el recurrente
en relación con la falta de competencia funcional, al verificar que el Tribunal
Administrativo de Caldas era competente para conocer de la presente acción
popular.
53. A través de auto de 6 de junio de 202520, se admitieron los recursos de apelación,
se notificó al Ministerio Público para que emitiera concepto, se prescindió del
traslado para alegar de conclusión, se les advirtió a los sujetos procesales que
podían pronunciarse en relación con los recursos de apelación y se resolvió la
solicitud de nulidad21.
54. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
55. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201122 y en el artículo 13 del Acuerdo
18
Cfr. Índice 180 del expediente digital de primera instancia.
19
Cfr. Índice 183 del expediente digital de primera instancia.
20
Cfr. Índice 7 del expediente digital de segunda instancia.
21
“[…] En consecuencia, en atención a que la parte actora acudió a esta jurisdicción a través de la acción popular, la cual fue
presentada contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre otras entidades del orden nacional, para obtener el
amparo de diversos derechos colectivos, el factor funcional de la competencia se encuentra incólume, razón por la que no se
configura la causal de nulidad alegada. La Sala Unitaria precisa que, de acuerdo con el concepto de competencia, los
argumentos expuestos por la parte actora no desvirtúan la aptitud legal del Tribunal para conocer de la acción de la referencia.
Por el contrario, lo que se evidencia es un cuestionamiento frente a los argumentos jurídicos empleados por el a quo para
resolver el asunto particular, que no se relaciona en modo alguno con su competencia para tramitar la acción popular
presentada […]”.
22
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
13
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
080 de 12 de marzo de 201923, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.
V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos
56.La Personería Municipal de Manizales atribuyó al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, a Fonvivienda, al municipio de Manizales, a ERUM, a la Fiduprevisora
S.A. y al Concejo Municipal de Manizales, la transgresión de los derechos colectivos
establecidos en los literales a), g), h), l) y m) del artículo 4.° de la Ley 472 de 5 de
agosto de 1998, como consecuencia de las deficiencias en la planeación,
estructuración, ejecución y desarrollo del Macroproyecto de Interés Social Nacional
Centro Occidente de Colombia San José.
57. En la sentencia de 13 de febrero de 2025, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas negó el amparo de los derechos colectivos
invocados en la demanda. Explicó que el juez popular no puede declarar un estado
de cosas inconstitucional ni se configuraron los supuestos jurisprudenciales
exigidos para ello. Además, consideró que la demanda carecía de pruebas
suficientes y presentaba un alto grado de abstracción al agrupar múltiples
problemáticas bajo una sola figura jurídica, sin demostrar una relación de causalidad
concreta ni la existencia de un daño real y específico a los derechos colectivos.
58. La Personería municipal de Manizales, el Concejo municipal de Manizales y los
coadyuvantes Jorge James Sánchez y José Jairo Arias interpusieron recurso de
apelación.
59. Los apelantes consideraron que la sentencia de primera instancia incurrió en un
vicio de nulidad, porque el tribunal no estaba facultado para decidir de fondo la
solicitud de declaratoria de un estado de cosas inconstitucional. Por lo tanto, el a
quo debió rechazar la demanda y remitirla a la Corte Constitucional para su trámite.
En todo caso, consideraron que esa declaratoria era necesaria para corregir la grave
vulneración de los derechos humanos derivada del proyecto.
60. Aunado a ello, el actor popular sostuvo que la prueba documental y testimonial
obrante en el expediente acreditaba la vulneración de los derechos colectivos
invocados. En su criterio, el juez de la acción popular debía asumir un papel activo
como director del proceso, decretar y practicar pruebas de oficio para esclarecer los
hechos y hacer uso de sus facultades ultra y extra petita para adoptar las medidas
necesarias de protección.
23
“[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
14
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
V.3. Análisis del caso concreto
61. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) la solicitud de
declaratoria de un estado de cosas inconstitucional; ii) la prueba sobre la presunta
vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados en la demanda; iii) la
responsabilidad de las entidades demandadas y (iv) las órdenes en el caso
concreto.
V.3.1. La solicitud de declaratoria del estado de cosas inconstitucional
62. El tribunal sostuvo en la sentencia de 13 de febrero de 2025 que el juez de la
acción popular no puede declarar un estado de cosas inconstitucional (ECI) al
resolver este tipo de procesos, porque esa figura es propia de la jurisdicción
constitucional en el control de las acciones de tutela. Dicha decisión supone
constatar una vulneración masiva, generalizada y sistemática de derechos
fundamentales que permite a la Corte Constitucional la expedición de órdenes
estructurales, complejas y de carácter macro político.
63. Precisó que la acción popular está diseñada para la protección de los derechos
e intereses colectivos y para impartir órdenes concretas y específicas, no para
adelantar una revisión integral del orden institucional, ni sustituir el juicio
constitucional que exige verificar estrictamente los criterios jurisprudenciales fijados
para ello.
64. Adujo que, luego de estudiar el material probatorio, no se acreditó ninguna
vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados, e incluso las
problemáticas relacionadas con los avalúos de los bienes expropiados y la
imposibilidad de realizar mejoras en las viviendas del sector, excedían el objeto del
medio de control al estar relacionadas con derechos subjetivos24.
65. En consecuencia, el a quo resolvió en el ordinal primero de la parte resolutiva de
esa sentencia:
“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADAS LAS EXCEPCIONES propuestas por la
Empresa de Renovación Urbana denominadas “Idoneidad (sic) del medio de
control”; y “Falta de configuración de los elementos necesarios para declarar
un estado de cosas inconstitucional a partir de la sentencia T-025 de 2004”. Y la
excepción planteada por el municipio de Manizales titulada “Carencia de prueba que
constituya presunta vulneración de derechos colectivos”, conforme a lo expuesto
en la parte motiva. […]”. (Negrilla fuera del texto).
24
El tribunal señaló que “[…] Incluso habría escenarios que podrían escapar a la órbita de este tipo de medio de control,
como los referentes a los avalúos que se realizan con precios de 14 años atrás, así como la imposibilidad de realizar mejoras
a las viviendas; primero, porque ocurre lo ya expuesto y es que no se logra concretar a qué casos específicos se refieren,
cuantas viviendas son afectadas; si es que no se ha realizado el proceso de compra o expropiación conforme a la ley; y
segundo, porque incluso esto podría convertirse en un tema particular al hacer referencia a cada propietario, quien acorde a
las condiciones de su inmueble estará en una circunstancia diferente a la de los demás dueños, máxime cuando no se ha
probado un hecho que los involucre a todos. […]”.
15
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
66. La Personería de Manizales, el Concejo de Manizales y los coadyuvantes Jorge
James Sánchez y José Jairo Arias no compartieron los fundamentos de esa
decisión. Señalaron que la sentencia de primera instancia no es válida porque el
tribunal, antes de emitir cualquier decisión, debió analizar si era o no competente
para resolver la demanda de fondo y rechazarla para que la Corte Constitucional, al
resolver el presente caso, sea quien declare el estado de cosas inconstitucionales.
67. Argumentaron que el a quo no tenía permitido declarar su falta de competencia
mediante excepción, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 472 de 1998, porque
en los fallos de las acciones populares, solo es posible resolver las excepciones
previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, pero no la excepción de falta de
competencia.
68. En todo caso, la personería y el concejo solicitaron nuevamente que se declare
un estado de cosas inconstitucional que permita tomar medidas judiciales urgentes
y efectivas para corregir las vulneraciones y amenazas a los derechos colectivos
derivadas del macroproyecto, siguiendo el precedente establecido por el Tribunal
Administrativo del Quindío en el proceso con radicación núm. 63001-2333-000-
2018-00069-00.
69. Para resolver, la Sala considera importante precisar que existe una distinción
entre el concepto de “competencia” y las facultades especiales que tienen los jueces
al dictar órdenes de amparo en las acciones populares y en las acciones de tutela,
dada la naturaleza y el propósito particular de cada una de estas acciones
constitucionales.
70.La “[…] competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad
para ejercer determinada función […]”25. Según la sentencia C-537 de 2016 de la
Corte Constitucional, la competencia de los jueces es un presupuesto de validez de
las actuaciones judiciales y una garantía esencial del debido proceso, en cuanto
asegura que el juez natural con competencia previa y legalmente determinada
conozca los asuntos a su cargo.
71. La competencia del juez de la acción popular se define a partir de cuatro criterios
principales: i) objetivo, que se refiere a la naturaleza del caso; ii) subjetivo,
relacionado con las características de las partes involucradas en el proceso; iii)
territorial, que corresponde al lugar donde debe llevarse a cabo el litigio; y iv)
funcional, que indica el nivel o instancia entre los diferentes funcionarios judiciales
encargados de conocer el asunto.
72. El elemento objetivo parte de la premisa consistente en que la acción popular
tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
25
Rodríguez Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano, Temis, Bogotá, 2013, pág. 322
16
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
estos resultan amenazados o vulnerados por la acción u omisión de los particulares
y/o de las autoridades públicas.
73. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el
juez tiene la obligación de verificar si el derecho en debate es indivisible o colectivo,
para determinar cuándo es procedente el medio de control ejercido26. Cuando en
ese análisis se advierte que el libelo de la acción popular materialmente pretende el
amparo de un derecho fundamental del actor popular, conforme al principio iura
novit curia, procede la adecuación del proceso como acción de tutela27. Sin
embargo, en el evento en que la titularidad de los derechos individuales recaiga en
particulares que no demandaron, en la sentencia se debe declarar improcedente el
medio de control ejercido28.
74. El artículo 34 de la Ley 472 de 1998 señaló cuáles son los presupuestos
básicos que contiene la sentencia y las responsabilidades que tiene la autoridad
judicial al momento de garantizar la materialización de su decisión. En suma, “[…]
en la sentencia que ampara los derechos colectivos el juez está facultado para
adoptar las medidas que, conforme a la situación fáctica probada, sean conducentes
y pertinentes para obtener la protección de dichos derechos […]”29.
75.La acción de tutela, por su parte, según el Decreto 2591 de 19 de noviembre de
199130, es el mecanismo judicial preferente, breve y sumario creado para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos
resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.
76. El numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política confiere a la Corte
Constitucional la función de revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones
judiciales relacionadas con la acción de tutela. En desarrollo de esta competencia
constitucional, los artículos 32 al 36 del Decreto 2591 de 1991 indicaron que todas
las sentencias de tutela deben remitirse a la Corte Constitucional para su eventual
revisión discrecional, con el fin de unificar la jurisprudencia, garantizar la supremacía
de la Constitución y asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales.
77. El estado de cosas inconstitucional (ECI) es una forma de decisión que la Corte
Constitucional adopta cuando se cumplen ciertos requisitos para enfrentar una
26
Ver, entre otras, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 de Corte Constitucional (M. P: Rodrigo Escobar Gil) y sentencia
de 10 de febrero de 2005 del Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P: María Elena Giraldo Gómez, radicación núm. 25000-
23-25-000-2003-00254-01(AP).
27
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 4 de diciembre de 2014, radicación número, 41001-23-33-000-2012-
00051-01.
28
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2025, radicación número, 15001-23-33-000-
2019.00110-01.
29
Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de marzo de 2014, radicación
núm. 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
30
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. […]”.
17
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
situación grave y masiva de vulneración de derechos fundamentales, originada en
fallas reiteradas del Estado que no se solucionan con órdenes individuales31.
78. En la sentencia T-025 de 2004 la Corte sistematizó seis factores que han sido
valorados en la jurisprudencia para determinar la existencia de un estado de cosas
inconstitucional:
“[…] (i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales
que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos;
(iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción
de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv)
la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales
necesarias para evitar la vulneración de los derechos. (v) La existencia de un
problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades,
requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un
nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi)
si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor
congestión judicial. […]”32.
79.En este contexto normativo y jurisprudencial, el hecho consistente en que el juez
de la acción popular declare que el medio de control es improcedente para resolver
controversias individuales, e incluso para declarar un “estado de cosas
inconstitucional”, no significa que la sentencia sea contraria a derecho.
80. El juez de la acción popular desempeña un papel central en la resolución de las
controversias que impactan a la colectividad, al ser quien conoce de aquellas
problemáticas en las que se cuestiona la afectación de derechos e intereses
colectivos. En consecuencia, cuando la demanda incoada como acción popular
materialmente busca el amparo de derechos fundamentales de un grupo específico
de personas, el mecanismo resulta improcedente. Por el contrario, cuando el objeto
de la demanda está vinculado a la protección de derechos colectivos, el juez popular
tiene la facultad de adoptar las medidas más idóneas para corregir la problemática
detectada.
81. En la demanda de la acción popular de la referencia, se invocaron como
vulnerados los derechos colectivos: i) al goce de un ambiente sano; ii) a la seguridad
y salubridad públicas; iii) a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia a la
calidad de vida de los habitantes; iv) al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública; y v) a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.
31
En la sentencia SU-090 de 2000 la Corte explicó que “[…] El estado de cosas inconstitucional se predica de aquellas
situaciones en las que (1) se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas - que pueden
entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales - y (2)
cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores
estructurales. […]”.
32
Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004. MP Manuel José Cepeda Espinosa.
18
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
82. Sin embargo, la personería también solicitó el amparo del “[…] (VII) DERECHO A
LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, (VIII) DERECHO A LA EDUCACIÓN, (IX)
DERECHO AL MINIMO VITAL […]”.
83. En este contexto, como el tribunal de primera instancia no era competente para
efectuar un estudio de fondo de los derechos fundamentales de personas
indeterminadas que no eran parte del proceso, y tampoco podía adoptar una
decisión que pertenezca a otra jurisdicción ni pronunciarse sobre la declaratoria de
un estado de cosas inconstitucional (ECI), únicamente estudió la acción popular
respecto de los derechos colectivos invocados en la demanda.
84. Por lo tanto, cuando la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Caldas declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por las entidades
demandadas denominadas “[…] Falta de idoneidad del medio de control […]” y “[…]
Falta de configuración de los elementos necesarios para declarar un estado de
cosas inconstitucional a partir de la sentencia T-025 de 2004 […]”, no quebrantó el
artículo 2333 de la Ley 472 como lo afirma la parte actora.
85. Por lo tanto, los argumentos de oposición aquí estudiados no prosperan.
V.3.2. La presunta vulneración o amenaza de los derechos colectivos
invocados en la demanda
86. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la parte demandante no acreditó
ninguna vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados y que la
problemática relacionada con los avalúos de los bienes expropiados y la
imposibilidad de realizar mejoras en las viviendas del sector excedía el objeto del
medio de control ejercido.
87. Adicionalmente, explicó que el macroproyecto cuestionado fue objeto de dos
pronunciamientos judiciales previos. En primer lugar, ese tribunal en la sentencia de
13 de noviembre de 2014, amparó los derechos colectivos vulnerados por la
ejecución del Macroproyecto de Renovación Urbana “Centro Occidente de
Colombia San José” e impartió órdenes encaminadas a garantizar la seguridad, la
recolección inmediata de escombros, los cerramientos adecuados y el control de
actas de vecindad. Esa decisión fue confirmada parcialmente por la Sección Primera
del Consejo de Estado en la sentencia de 15 de junio de 201834.
88. En segundo lugar, el Juzgado Sexto Civil del Circuito, mediante sentencia de 9
de agosto de 2023, ordenó el cumplimiento del artículo 4 de la Ley 388 de 1997
33
“[…] ARTÍCULO 23.- Excepciones. En la contestación de la demanda sólo podrá proponerse las excepciones de mérito y
las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, las cuales serán resueltas por el juez en la sentencia […]”.
34
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 17002-23-33-000-2010-
00456-01 y 17001-23-33-000-2010-00089-00 (acumulado).
19
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
para permitir la participación de la comunidad en la reformulación del
macroproyecto.
89. En contraposición, la Personería de Manizales sostiene que en el plenario se
acreditó la transgresión de los derechos colectivos establecidos en los literales a),
g), h), l) y m) del artículo 4.° de la Ley 472, debido a los problemas que han surgido
en la planificación, ejecución y desarrollo del Macroproyecto de Interés Social
Nacional Centro Occidente de Colombia San José.
90. Para resolver se estudiará si: i) se configuró el fenómeno de cosa juzgada; y ii)
lo acreditado en el plenario sobre la presunta vulneración o amenaza de los
derechos colectivos invocados en la demanda.
A. Análisis de oficio de la configuración de la cosa juzgada
91. La cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual
los asuntos decididos por los jueces no pueden controvertirse nuevamente, una vez
sus sentencias quedan ejecutoriadas, salvo expresa excepción legal. En virtud de
las características de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de las sentencias,
la cosa juzgada constituye una excepción previa que, en caso de encontrarse
acreditada, debe ser decretada de oficio, teniendo por efecto la terminación del
proceso.
92. Los requisitos previstos para la configuración de este fenómeno, conforme al
artículo 303 de la Ley 1564 de 201235 y a la jurisprudencia de esta Sección36,
refieren a la identidad de parte demandada, objeto y causa petendi.
93. Esto significa que a la Sala le corresponde verificar si la sentencia de 13 de
noviembre de 2014, confirmada parcialmente por esta Sección mediante sentencia
de 15 de junio de 2018, en la acción popular con radicación núm. 17002-23-33-000-
2010-00456-01 (acumulado 17001-23-33-000-2010-00089-00), comparte las
mismas partes demandadas, derechos colectivos, y hechos a los que motivaron la
presente acción popular, conforme al siguiente cuadro comparativo:
Acción popular radicación núm. 17002-23- Acción popular radicación núm. 17001-23-
33-000-2010-00456-01 (17001-23-33-000- 33-000-2023-00270-01
2010-00089-00 acumulado)
Parte demandada
Demandados: Demandados:
1. Nación – Ministerio de Ambiente, 1. Nación – Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial Vivienda y Desarrollo Territorial
2. Municipio de Manizales 2. Municipio de Manizales
3. Empresa de Renovación y Desarrollo 3. Empresa de Renovación y Desarrollo
Urbano de Manizales S.A.S. Urbano de Manizales S.A.S.
Vinculados: 4. Fondo Nacional de Vivienda
35
Aplicable por la remisión contenida en el artículo 306 del CPACA y en el artículo 44 de la Ley 472.
36
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, sentencia de 18 de abril de 2007, radicación
núm. 54001-23-31-000-2005-00118-01(AP).
20
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
4. Empresa Metropolitana de Aseo S.A.
E.S.P.
5. Policía Nacional
Hechos relevantes
Esta Sección en la sentencia de 15 de junio de La personería sostuvo en la presente demanda
2018 resumió los hechos de ambas demandas, que el Macroproyecto San José presenta
así: problemas en materia de planeación,
estructuración, ejecución y desarrollo, por las
“[…] II.1.1. Señalan los accionantes que, en el siguientes razones:
marco del artículo 79 del Plan Nacional de
Desarrollo, desarrollado por la Ley 1151 de 24 1. Los habitantes enfrentan restricciones
de julio de 2007, fue adoptado el Macroproyecto estructurales para acceder a los servicios
“Centro Occidente de Colombia San José”, públicos domiciliarios y al servicio de
proyecto de renovación urbana que se adelanta internet, debido a que las empresas
en el sector Comuna de San José del Municipio prestadoras explican que la ejecución del
de Manizales, mediante las Resoluciones No. macroproyecto justifica la falta de cobertura.
1453 de 27 de julio de 2009 y No. 1527 de 6 de Esto propició el desarrollo de
agosto de 2010 expedidas por el Ministerio de construcciones informales sin manejo
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. adecuado de los servicios de saneamiento
básico.
II.1.2. Afirman que el proyecto se inició con la
compra de predios y la posterior demolición de 2. “[…] Las demoliciones de las viviendas se
las casas ubicadas en ellos, actividad que realicen de manera no estructurada;
generó una sensación de inseguridad en las demoliendo así, por ejemplo, la mayoría de
personas que aún residen en el barrio, pues, las viviendas de una sola manzana y
una vez se produjo la demolición de las casas, dejando en pie únicamente una de ellas. Los
infortunadamente la recolección de escombros espacios vacíos de estas demoliciones no
no se llevó a cabo de manera inmediata, cuentan con cerramientos o vigilancia por
situación que promovió el ingreso de ladrones, parte de la Empresa de Renovación Urbana
maleantes y saqueadores, produciendo daños y y en ocasiones, tampoco son recolectados
robos en las viviendas donde aún habitan los escombros que deja la misma; por lo que
personas. Agregan que aumentó la inseguridad se propician focos de inseguridad e
en la zona ante la falta de presencia de la insalubridad, proliferación de vectores y
Policía Nacional. contaminación por mala disposición de
residuos sólidos; afectando de esta forma a
II.1.3. Manifiestan que sumado al aumento de la quienes habitan las viviendas que continúan
delincuencia, la descomposición de los en pie […]”.
escombros genera malos olores y promueve la
propagación de plagas. En relación con la 3. El abandono institucional ha generado
prestación de servicios públicos, informan que inseguridad, presencia de habitantes de
las empresas de servicios públicos han calle, proliferación de vectores, y conflictos
suprimido el servicio de acueducto y energía de convivencia. El deterioro urbano derivado
eléctrica, afectando los derechos colectivos de del macroproyecto aumentó la
las personas que aún residen en la zona y vulnerabilidad frente al crimen organizado.
cuyas casas no han sido priorizadas para su
compra a cuenta del Macroproyecto de 4. La falta de vigilancia efectiva sobre predios
renovación urbana adelantado en la Comuna adquiridos o bajo control estatal ha facilitado
San José. […]”. nuevas invasiones y la expansión de
asentamientos en condiciones de alto
riesgo.
5. No existe una gestión estructurada, técnica
ni financieramente sólida del
macroproyecto, ni coordinación armónica
entre las entidades responsables. Tras más
de 14 años, no se acreditan acciones
administrativas concretas del municipio ni
un apoyo efectivo de la Nación para resolver
las problemáticas identificadas.
21
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
6. No se garantizó la participación ciudadana al
momento de proponer al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio la
reformulación del Macroproyecto San José,
conforme lo determinado en el artículo 4 de
la Ley 388 de 1997.
7. El espacio público y la malla vial han sufrido
un deterioro progresivo. Las obras viales no
han sido finalizadas y la malla vial existente
no cuenta con mantenimiento, lo que
impacta de manera desproporcionada a
personas con movilidad reducida.
8. El derecho a la educación se ha visto
afectado por la desaparición de las
instituciones educativas.
9. La resolución que anunció el macroproyecto
“congeló” los precios de los predios desde
2009. Esto generó negociaciones
inequitativas, ventas no voluntarias, pérdida
del arraigo y desplazamientos masivos.
Además, los recursos obtenidos resultaron
insuficientes para garantizar reubicaciones
en condiciones equivalentes.
10. La prohibición de realizar mejoras locativas,
sumada a demoliciones inconclusas y a la
falta de planificación, ha provocado el
deterioro progresivo de viviendas,
amenazas de ruina, debilitamiento
estructural y pérdida del valor comercial de
los inmuebles.
Pretensiones
En la acción popular No. 17002-23-33-000- “[…] PRIMERO: Que se declare el estado de
2010-00456-01 se solicitó: cosas inconstitucional y como consecuencia los
accionados:
“[…] Primero: Que se declare (sic) vulnerados
y en estado de riesgo los derechos colectivos y
h) Diseñen y pongan en marcha las políticas,
del medio ambiente de los habitantes de la planes y programas que garanticen de manera
comuna San José a – EL GOCE DE UN adecuada los derechos constitucionales y
AMBIENTE SANO – LA SEGURIDAD Y fundamentales, cuyo goce efectivo depende de
SALUBRIDAD PÚBLCAS – LA SEGURIDAD la superación del estado de cosas
Y PREVENCIÓN DE DESASTRES inconstitucional;
PREVISIBLES TECNICAMENTE – ELi) Que se ordene según las competencias la
ACCESO A LA INFRAESTRUCUTRA DE estructuración de un nuevo estudio técnico que
SERVICIOS QUE GARANTICE LA conduzca a la realización de obras necesarias
SALUBRIDAD PÚBLICA; - EL ACCESO A para hacer cesar la vulneración de los derechos
LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU invocados.
PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Yj) Basado en el resultado del estudio técnico, se
OPORTUNA; Y LA REALIZACIÓN DE LAS ordene que, de manera conjunta y armónica
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES Y según las competencias de los demandados,
DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO se reformulen y refinancie el denominado
LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS DE “Macroproyecto San José”, de tal forma que se
MANERA ORDENADA, Y DANDO adapte a las realidades sociales y que
PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA contemple todas las necesidades de la
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES comunidad a impactar.
22
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
Segundo: Conforme con lo anterior se ordene k) Se apropien los recursos necesarios para
a los demandados: garantizar la efectividad de tales derechos;
l) Se modifiquen las prácticas, las fallas de
a. La presencia de la fuerza pública con el número organización y de procedimiento que
suficiente de efectivos, en forma permanente y resultan violatorias de la Constitución;
continua. m) Se reforme, desarrolle y actualice el marco
b. Que se estructure el Plan Integral de seguridad jurídico cuyas falencias han contribuido al
coordinado entre todas las instituciones que estado de cosas inconstitucional;
tienen que ver con la seguridad en la Comuna. n) Se realicen los trámites administrativos,
Dicho plan debe contener: Medidas de presupuestales y de contratación que sean
Prevención y Seguimiento, atención oportuna indispensables para superar la vulneración
de los problemas; judicialización y tratamiento de los derechos.
de los sujetos actores de la delincuencia.
Evaluación y retroalimentación de las medidas. SEGUNDO: Amparar la protección a los
c. Cerramiento de los predios demolidos conforme derechos e intereses constitucionales al (I)
con la ley urbana. GOCE DE UN AMBIENTE SANO, (II)
d. La recolección inmediata de los residuos de SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA, (III)
demoliciones. REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES,
e. La fumigación y erradicación de roedores, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS
vectores, plagas y demás factores que atentan URBANOS RESPETANDO LAS
contra la salubridad. DISPOSICIONES JURÍDICAS Y DANDO
f. La restauración y reposición de los elementos PREVALENCIA A LA CALIDAD DE VIDA DE
para la prestación de los servicios públicos. LOS HABITANTES, (IV) DERECHO A UN
g. El cumplimiento del requisito de la suscripción CRECIMIENTO URBANO Y AMBIENTAL
de las actas de vecindad antes de las SOSTENIBLE, (V) DERECHO COLECTIVO A
intervenciones. LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
h. El resarcimiento de los daños que se han DESASTRES PREVISIBLES
ocasionado a los predios que aún no han sido TÉCNICAMENTE (VI) ACCESO A INTERNET
negociados, a quienes coadyuven esta acción. COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL (VII)
i. Se evite el desplazamiento de los habitantes de DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES
la comuna, ofertando vivienda que permita a los DIGNAS, (VIII) DERECHO A LA EDUCACIÓN,
habitantes permanecer en dicho entorno. (IX) DERECHO AL MINIMO VITAL Lo anterior
j. a través de la adopción de medidas técnicas,
k. Tercero: Por tratarse de un bien colectivo y administrativas y presupuestales que puedan
bienestar ciudadano, no pretendemos el pago dar solución efectiva a la problemática […]”.
de incentivo alguno, por tal razón solicitamos (Negrilla fuera del texto).
que se nos reconozcan las costas judiciales o
en su defecto que los gastos que se ocasionen
se cubran con cargo al Fondo para Acciones
Populares y de Grupo. […]” (Negrilla fuera del
texto).
En la acción popular No. 17001-23-33-000-
2010-00089-00 se solicitó:
“[…] 1. Que se garantice el retiro de los
escombros y que se haga una limpieza y aseo
en los lugares afectados, en forma urgente,
inmediata a la demolición.
2. Se proteja la vida y los bienes de las
personas moradoras en la aplicación de
medidas tales como:
a. Vigilancia permanente de toda la comuna y
sectores donde se haga la demolición de
predios.
b. La operancia de la justicia penal con respecto
a las bandas de saqueadores y maleantes que
aprovechan esas oportunidades para desvalijar
lo que queda y para introducirse en las
viviendas vecinas a la demolición.
c. Que se haga labor de controles de
saneamiento: control de plagas etc.
23
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
d. Cerramiento de los lotes afectados en forma
adecuada e inmediata a la demolición.
Que se pague el incentivo tal como trata la
legislación. […]”
94. Vistos en paralelo los elementos esenciales de ambas acciones populares, se
observa que, frente a la acción con radicación núm. 2023-00270-01, el conflicto de
la referencia encuentra identidad de parte demandada en cuanto al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Municipio de Manizales y a la ERUM
S.A.S.
95. Igualmente existe identidad de pretensiones pues en ambos procesos se
pretende el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
seguridad y salubridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública y a la realización de construcciones y desarrollos urbanos
respetando el orden jurídico y la calidad de vida de los habitantes.
96. La “[…] identidad de pretensiones debe predicarse respecto de los derechos
objeto de protección, y no sobre lo que pide el actor que el juez ordene para su
amparo en el fallo […]”37, e incluso las pretensiones específicas propuestas en las
acciones con radicación núm. 17002-23-33-000-2010-00456-01 (17001-23-33-000-
2010-00089-00 acumulado), se subsumen en las solicitadas en la presente acción
popular.
97. En lo referente a la causa petendi o las circunstancias que motivaron las
acciones populares comparadas, se advierte que en el proceso decidido mediante
sentencia de 13 de noviembre de 2014, confirmada parcialmente el 15 de junio de
2018, se estudiaron las consecuencias derivadas de las demoliciones adelantadas
en el marco del mismo macroproyecto, particularmente la recolección tardía o
inexistente de escombros, la falta de cerramiento de lotes intervenidos, la falta de
acceso a los servicios públicos, la proliferación de vectores y focos de insalubridad,
así como el aumento de la inseguridad en los sectores donde permanecían
viviendas y el deterioro progresivo de viviendas por debilitamiento estructural.
98. Estas mismas situaciones estructurales son nuevamente alegadas en la
presente acción.
99. Conforme a la comparación descrita anteriormente, se observa que la
problemática relativa al manejo inadecuado de escombros, los riesgos de afectación
de las viviendas del sector, la generación de focos de inseguridad como
consecuencia de demoliciones no estructuradas, la omisión en el cerramiento
37
Consejo de Estado, Sección Tercera C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 31 de julio de 2008, radicación núm.
25000-23-26-000-2005-00240-01.
24
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
inmediato de lotes y la deficiente prestación o supresión de servicios públicos ya fue
objeto de debate y decisión judicial.
100.Concretamente, el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante providencia de
13 de noviembre de 2014, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLÁRASE PROBADA la excepción propuesta por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, denominada “Falta de legitimación en
la causa por pasiva”.
SEGUNDO: DECLÁRENSE NO PROBADAS las siguientes excepciones:
“Escogencia de una vía procesal inadecuada para la obtención de las pretensiones”
y “Falta de legitimación por pasiva” propuestas por el Municipio de Manizales y la
Empresa de Renovación Urbana de Manizales; e “Inexistencia de litisconsorcio
necesario por pasiva” propuesta por la Empresa Metropolitana de Aseo – EMAS S.A.
E.S.P., de conformidad con lo expuesto en precedencia.
TERCERO: DECLÁRASE la vulneración de los derechos e intereses colectivos
relacionados con “El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido
en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias”, “El acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”, “El acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna”, “El derecho a la
seguridad” y “La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes” invocados por la parte
accionante, frente al Municipio de Manizales, la Empresa de Renovación Urbana de
Manizales – ERUM – y la Policía Nacional.
CUARTO: SE PREVIENE A LA EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO “EMAS S-
A- E.S.P.”, para que continúe y mejore continuamente la ejecución del denominado
“PLAN DE RONDAS PERIODICAS DE SUPERVISIÓN EN SECTOR DONDE SE
CONSTRUYE EL PROYECTO DE RENOVACIÒN DE LA COMUNA SAN JOSÉ”.
QUINTO: SE ORDENA a la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES
y al MUNICIPIO DE MANIZALES, realizar la inmediata recolección de los escombros
que se generen en adelante con ocasión de las demoliciones de inmuebles
efectuadas en desarrollo de las obras en el referido sector. Para el efecto, podrá
acudir a la Empresa Prestadora del servicio Público de Aseo en los términos indicados
en el artículo 45 del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013.
Del mismo modo, el MUNICIPIO DE MANIZALES deberá recolectar y disponer de las
aguas negras que se encontraron en el lote ubicado en la Carrera 11 con Calle 26,
o en cualquier otro sitio que se halle en similares condiciones, si es que a la fecha no
lo ha hecho.
SEXTO: SE ORDENA a la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES,
realizar los cerramientos con un material que dé garantía de solidez y estabilidad, con
una altura suficiente de manera que se imposibilite de manera eficaz, el acceso a los
mismos por parte de cualquier persona como no sea para la ejecución de las Obras
mencionadas.
Deberá elegir la opción más adecuada para lograr el cometido de los cerramientos,
cual es el de evitar que al interior de los lotes se desplieguen actividades relacionadas
con la comisión de delitos u otras totalmente ajenas a la ejecución del proyecto.
25
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
SÉPTIMO: SE ORDENA a la EMPRESA DE RENOVACIÒN URBANA DE
MANIZALES, que adelante un estricto control sobre el levantamiento de las Actas de
Vecindad con anterioridad a la demolición que se pretenda en cada caso, a fin de
remediar los eventuales daños que se provoquen a los predios contiguos.
OCTAVO: Todo lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que puedan tener los
contratistas de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales “ERUM” en relación
con la recolección y Transporte de escombros, el taponamiento de alcantarillas y
colillas de aguas negras, el cerramiento de los predios dentro del plazo estipulado en
el contrato y la elaboración junto con el contratista interventor y la supervisión de la
ERUM de las actas de vecindad que tiene como objetivo la revisión antes y después
de los predios colindantes.
NOVENO: SE ORDENA al MUNICIPIO DE MANIZALES, en cabeza de su Alcalde
como primera autoridad de policía a nivel local, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 12 de la ley 62 de 1993, diseñar y desarrollar un plan integral de seguridad
con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de la Comuna
San José y demás sectores intervenidos con el Macroproyecto de Renovación
Urbana.
El plan integral de seguridad debe estar precedido de un estudio de seguridad en la
Comuna San José y demás zonas intervenidas, en el que se evalúe la necesidad y
conveniencia (en términos de exposición al riesgo) de instalar allí de manera
permanente dos (2) o más centros de Reacción Inmediata “CAI”, adicionales a los
que actualmente existen.
Así mismo, SE ORDENA que el referido Plan contemple un aumento del parque
automotor y del número de Agentes de Policía que están actualmente al servicio de
la Comuna San José, para que hagan presencia continua en los sectores que sean
de mayor vulnerabilidad según los resultados del estudio de seguridad.
Para llevar a cabo el estudio de seguridad antes referido, el MUNICIPIO DE
MANIZALES Y LA POLICÍA NACIONAL disponen de un término no superior a treinta
(30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
El Plan de Seguridad con el componente reseñado por la Sala, DEBE ponerse en
ejecución a más tardar dentro de los sesenta (60) días siguientes al vencimiento del
término para la realización del mencionado estudio de seguridad, debiendo las
entidades accionadas al término de dicho plazo, remitir los resultados del estudio y el
Plan de Seguridad respectivo a este Tribunal.
DÉCIMO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO PRIMERO: SIN COSTAS por lo brevemente considerado. […]”. (Negrilla del
texto).
101.En la segunda instancia, esta Sección resolvió en la sentencia de 15 de junio
de 2018 lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR el hecho superado en relación con lo ordenado en el
ordinal quinto de la sentencia de 13 noviembre de 2014, proferida por la Sala de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
26
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 13 de noviembre de 2014,
proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFORMAR el Comité de Verificación para el cumplimiento de la
sentencia de primera instancia en la presente acción popular, el cual estará integrado
por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Caldas, quien lo presidirá, el
Personero del Municipio de Manizales, el Alcalde de Manizales o su delegado, el
Gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales – ERUM, o su delegado
y los accionantes; el cual se reunirá por convocatoria de su Presidente a petición de
cualquiera de sus miembros. […]”. (Negrilla del texto).
102.La parte motiva de la última providencia explicó que esas órdenes incluían las
futuras demoliciones que se adelantaran para el desarrollo del macroproyecto en
los siguientes términos:
“[…] De acuerdo a lo informado por el Municipio de Manizales y la Empresa de
Renovación Urbana de Manizales – ERUM, el macroproyecto citado aún se
encuentra en ejecución, encontrándose pendiente, entre otras, la ejecución de
actividades relacionadas con la gestión del suelo, las cuales incluyen la compra de
predios y eventualmente la demolición de las viviendas que allí se ubican.
Así las cosas, y con el fin de evitar que ocurran en el futuro situaciones como las que
generaron la presentación de la acción popular que nos ocupa, la Sala, en aplicación
a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, dispondrá la conformación del
Comité de verificación, a través del cual se garantizará el cumplimiento de las órdenes
emitidas, especialmente cuando se presenten nuevas demoliciones que modifiquen
las condiciones de seguridad en la zona donde se desarrolla el macroproyecto “Centro
Occidente de Colombia San José”. […]” (Negrilla del texto).
103.Por lo tanto, la Sala declarará de oficio la excepción de cosa juzgada parcial,
conforme a las consideraciones expuestas en precedencia.
B. Lo acreditado en el proceso
104. La Personería de Manizales señaló que las pruebas documentales y los videos
aportados con la demanda demuestran la transgresión de los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.
105. La personería insistió que la jurisprudencia faculta al juez de la acción popular
para proferir fallos ultra y extra petita y, por ello, el a quo debía desempeñar un papel
dinámico en el sentido de ordenar soluciones que superen las pretensiones iniciales.
27
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
106.Las problemáticas referidas en su demanda, frente a las que no operó la cosa
juzgada, tienen el siguiente alcance:
i. No existe una gestión estructurada, técnica ni financieramente sólida del
macroproyecto, ni coordinación armónica entre las entidades responsables.
Tras más de 14 años, no se acreditan acciones administrativas concretas del
municipio ni un apoyo efectivo de la Nación para resolver las problemáticas
identificadas.
ii. No se garantizó la participación ciudadana al momento de proponer al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la reformulación del
Macroproyecto San José, conforme lo determinado en el artículo 4 de la Ley
388 de 1997.
iii. El espacio público y la malla vial han sufrido un deterioro progresivo. Las
obras viales no han sido finalizadas y la malla vial existente no cuenta con
mantenimiento, lo que impacta de manera desproporcionada a personas con
movilidad reducida.
iv. Vulneración del derecho a la educación por la desaparición de las
instituciones educativas.
v. La resolución que anunció el macroproyecto “congeló” los precios de los
predios desde 2009. Esto generó negociaciones inequitativas, ventas no
voluntarias, pérdida del arraigo y desplazamientos masivos. Además, los
recursos obtenidos resultaron insuficientes para garantizar reubicaciones en
condiciones equivalentes.
vi. La prohibición de realizar mejoras locativas, sumada a demoliciones
inconclusas y a la falta de planificación, ha provocado la pérdida del valor
comercial de los inmuebles.
107.Frente a dichos asuntos, la Sala coincide con el a quo en torno a que los
argumentos relacionados con la pérdida del valor comercial de los inmuebles y la
compensación económica que el Estado pagó a los propietarios para adquirir los
predios donde se desarrolla el macroproyecto, refieren a la órbita de los derechos
subjetivos cuyo análisis corresponde al juez ordinario.
108. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de
unificación de 13 de febrero de 201838, explicó que: “[…] la acción popular no se
instituyó para desconocer o desplazar las acciones judiciales ordinarias, ni como un
procedimiento alternativo a las mismas […]”, dado que ambos medios de control
judicial cuentan con las finalidades y características específicas39.
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. William Hernández Gómez, sentencia de 13 de
febrero de 2018, núm. de radicación: 25000-23-15-000-2002-02704-01.
39
Se consideró que: “[…] La acción de nulidad tiene como finalidad la protección y el restablecimiento del orden jurídico
general o abstracto, es decir, el respeto del principio de legalidad y de la Constitución, sin que con ella necesariamente se
busque proteger los derechos e intereses colectivos vulnerados con su expedición, salvo que estos se involucren en el
concepto de violación y se pida su nulidad por ello. Su fin último es retirar del ordenamiento jurídico la norma demandada.
28
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
109.Por lo tanto, la Sala únicamente analizará si las pruebas demuestran una
vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados debido a una
planeación y gestión técnica y financiera inadecuada del macroproyecto; la
ausencia de coordinación entre las entidades responsables; la carencia de
participación ciudadana en los procesos de reformulación del proyecto; el deterioro
progresivo del espacio público y de la infraestructura vial que afecta gravemente a
las personas con movilidad reducida; y la vulneración del servicio público educativo
debido a la desaparición de instituciones educativas.
110. Previamente se advierte que la forma en que los entes territoriales competentes
planifican, ordenan y distribuyen el territorio de su jurisdicción está fuertemente
relacionado con el ejercicio de los derechos colectivos establecidos en los literales
a), g), h), l) y m) del artículo 4.° de la Ley 472. La función urbanística es la potestad
de los municipios y distritos prevista en el ordenamiento jurídico para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales relacionados con el ordenamiento
territorial, el desarrollo social y el medio ambiente.
111. Elartículo 11440 de la Ley 388 de 18 de julio de 199741 señala que los
macroproyectos urbanos son operaciones de gran escala que buscan orientar el
crecimiento de la ciudad y generar impactos en su estructura espacial. Estos
proyectos requieren acciones integrales y coordinadas para resolver problemas
urbanos, involucran la participación de entidades públicas y privadas mediante
mecanismos de concertación, y establecen procedimientos para la captación de
plusvalías urbanas y la distribución equitativa de cargas y beneficios entre todos los
implicados.
112. El artículo 79 de la Ley 1151 de 24 de julio de 200742 definió los macroproyectos
de interés social nacional así:
“[…] ARTÍCULO 79. Macroproyectos de Interés Social Nacional. El Gobierno
Nacional en desarrollo de la presente ley podrá definir, formular, adoptar, ejecutar y
financiar los macroproyectos de interés social nacional, y señalar las condiciones para
su participación y desarrollo, con el fin de promover la disponibilidad del suelo para la
ejecución de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social.
A su vez, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de plena jurisdicción, busca proteger un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica y su restablecimiento, así como la indemnización de perjuicios causados a cualquier persona
que se crea lesionada con el acto. Es decir, su finalidad radica no solo en que se declare nulo el acto, sino en que su objetivo
principal es amparar e indemnizar la violación de derechos subjetivos protegidos por la Constitución y la ley […]”.
40
“[…] ARTÍCULO 114.- Macroproyectos urbanos. La ejecución de actuaciones urbanas integrales se desarrollarán
mediante macroproyectos urbanos.
Los macroproyectos urbanos son el conjunto de acciones técnicamente definidas y evaluadas, orientadas a la ejecución de
una operación urbana de gran escala, con capacidad de generar impactos en el conjunto de la estructura espacial urbana de
orientar el crecimiento general de la ciudad. Todos los macroproyectos urbanos deberán involucrar como mínimo las
siguientes características comunes:
1. Contemplar el desarrollo de acciones que permitan la solución integral y coordinada del problema considerado.
2. Vincular al proyecto las diversas instancias públicas y privadas directamente concernidas, mediante la utilización de
mecanismos de concertación idóneos, convenidos en el acuerdo urbano que lo sustenta.
3. Establecer los procedimientos mediante los cuales el municipio o distrito participará en la captación de las plusvalías
urbanas resultantes de las acciones urbanísticas contempladas para el desarrollo del respectivo macroproyecto, y una
equitativa distribución de cargas y beneficios entre todos los agentes involucrados en la operación, al tenor de los instrumentos
que esta Ley crea o modifica con dicho propósito. […]”.
41
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
42
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 […]”.
29
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
Los macroproyectos de interés social nacional son el conjunto de decisiones
administrativas y actuaciones urbanísticas adoptadas por el Gobierno Nacional, en
los que se vinculan instrumentos de planeación, financiación y gestión del suelo para
ejecutar una operación de gran escala que contribuya al desarrollo territorial, de
determinados municipios, distritos o regiones del país.
Los macroproyectos de interés social nacional constituyen determinantes de
ordenamiento de superior jerarquía para los municipios y distritos en los términos del
artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y se entienden incorporados en sus planes de
ordenamiento territorial. Para el efecto, las acciones urbanísticas de los municipios y
distritos que se adopten en las áreas que hagan parte de macroproyectos de interés
social nacional, serán concertadas con el Gobierno Nacional. En todo caso, las
licencias y/o planes parciales para el desarrollo de los macroproyectos de interés
social nacional se otorgarán con sujeción a las normas adoptadas en estos últimos.
Se declaran de utilidad pública e interés social la totalidad de los inmuebles ubicados
en suelo urbano, de expansión urbana o rural, en donde el Gobierno Nacional
adelante o participe en macroproyectos de interés social nacional para el desarrollo
de los programas, obras y proyectos de qué trata el artículo 58 de la Ley 388 de 1997.
Facúltese a las entidades del orden nacional para adquirir, mediante enajenación
voluntaria, inmuebles de propiedad privada o del patrimonio de entidades de derecho
público y para adelantar procesos de expropiación por la vía judicial o administrativa
que estén destinados al desarrollo de los macroproyectos de interés social nacional.
Para la ejecución de los macroproyectos de interés social nacional las autoridades
nacionales y territoriales podrán celebrar contratos de fiducia mercantil en los que las
entidades del sector central y descentralizado por servicios del nivel nacional y
territorial participantes, podrán ser fideicomitentes. Las entidades y particulares
aportantes, podrán percibir derechos de participación del fideicomiso. El Gobierno
Nacional definirá las condiciones generales de tales contratos.
El Gobierno Nacional realizará los ajustes pertinentes a la estructura administrativa
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la adecuada
ejecución de estos macroproyectos, sin que ello implique incremento en las
apropiaciones presupuestales. […]”.
113.La Corte Constitucional en la Sentencia C-149 de 2010 declaró inexequible la
precitada norma, al considerar que dicha disposición vulneraba el principio de
autonomía territorial, en la medida en que permitía al Gobierno Nacional intervenir
de manera intensa en la planificación y ordenamiento del suelo. Aun así, en
aplicación del principio de seguridad jurídica, la Corte dispuso que los efectos de la
inexequibilidad no afectarían los macroproyectos en curso al momento de proferirse
la sentencia.
114.Por ello, el macroproyecto objeto de cuestionamiento mantuvo su vigencia y se
rige por la reglamentación dispuesta en el Decreto 4260 de 2 de noviembre de
30
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
200743, compilado en el Decreto 1077 de 26 de mayo de 201544 y en la Resolución
204 de 9 de febrero de 201145.
115. El Decreto 4260 reguló las etapas de identificación y determinación,
formulación, adopción y ejecución del macroproyecto. El artículo 6 del decreto
ibidem, compilado en el artículo 2.2.4.2.1.2.246 del Decreto 1077 enfatizó que el
principio de planeación debe prevalecer en la aprobación de los macroproyectos.
Por ello, la resolución aprobatoria de los mismos debe estar acompañada de un
documento técnico de soporte que analice su impacto en la población, el déficit de
vivienda de interés social y las condiciones territoriales, sociales y
medioambientales de la zona donde se va a intervenir.
El objeto de los macroproyectos, conforme al artículo 2.4.2.1.1.2 del Decreto
116.
1077 del Decreto 1077 es:
“[…] promover el diseño y ejecución de proyectos integrales que contemplen la
habilitación de suelo para vivienda de interés social, la provisión de servicios
públicos domiciliarios, redes viales de integración urbana, zonal y local,
espacios públicos y equipamientos colectivos; desarrollando asentamientos
urbanos con altos parámetros de calidad urbanística y ambiental.
Así mismo, los Macroproyectos deberán promover el ordenamiento territorial, la
compactación urbana, la densificación, el desarrollo y crecimiento equilibrado y
equitativo de las ciudades y su articulación con los sistemas de movilidad regional
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
117.La adopción del macroproyecto implica la determinación de usos del suelo,
delimitación del área de intervención, definición de cargas urbanísticas y reglas de
gestión. Según el artículo 3 del Decreto 4260, compilado en el artículo 2.2.4.2.1.1.3
del Decreto 1077 los macroproyectos son considerados determinantes de superior
jerarquía en el ordenamiento territorial.
118.Los artículos 2.2.4.2.1.3.1 y siguientes del decreto regularon la ejecución,
financiación y gestión del suelo a través de mecanismos como el reparto de cargas
43
“[…] Por el cual se reglamentan los artículos 79 y 82 de la Ley 1151 de 2007 […]”. Norma modificada parcialmente por el
Decreto 3671 de 2009.
44
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.
45
“[…] Por la cual se dicta el procedimiento interno para la adopción de Macroproyectos de Interés Social Nacional, se
establecen requisitos técnicos financieros y legales complementarios para su formulación y se crea el Comité Evaluador […]”.
Modificada por la Resolución 967 de 2015.
46
“[…] 1. Objeto, descripción y localización del macroproyecto.
2. Análisis de la dinámica poblacional que describa el impacto del macroproyecto en el respectivo municipio, distrito, área
metropolitana o región.
3. Análisis del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda de interés social del municipio, distrito, área metropolitana y en su
caso del área de influencia de las ciudades con más de 500.000 habitantes, de acuerdo con Resolución 461 de 2006 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que la modifique, adicione o la sustituya.
4. Descripción del impacto territorial de la intervención, entendido como los aportes demostrables al mejoramiento cualitativo
y cuantitativo del hábitat existente, la oferta de nuevos equipamientos colectivos y la ampliación o mejoramiento de los
servicios públicos, espacio público e infraestructura vial y de transporte en municipios, distritos, áreas metropolitanas y
regiones del país.
5. Prefactibilidad técnica y financiera del macroproyecto.
6. Las características ambientales, sociales, culturales y/o agrológicas de la zona en la cual se desarrollará el Macroproyecto,
identificando las categorías de protección de que trata el artículo 4° del Decreto 3600 de 2007 y las demás categorías de
protección al interior del perímetro urbano y de expansión urbana que se encuentren definidas en las normas urbanísticas
estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial […]”.
31
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
y beneficios, reajuste de tierras, la coordinación con autoridades ambientales y
entidades territoriales, así como la obligación de garantizar la provisión de
infraestructura y servicios públicos.
119.El parágrafo del artículo 2.2.4.2.1.3.1 ibidem señaló que la estructuración
financiera de cada macroproyecto deberá contemplar los mecanismos que
aseguren su ejecución.
120.La Resolución 204 de 2011 fijó el procedimiento interno que debe seguir el
Ministerio para tramitar Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) que
estaban en curso dentro de la entidad al 5 de marzo de 2010, en línea con lo
indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-149 de 2010. Esa norma
autorizó la modificación de los macroproyectos así:
“[…] Artículo 17. Modificación de macroproyectos. El trámite para la modificación de
los Macroproyectos de Interés Social Nacional adoptados surtirá el procedimiento
reglamentado en la presente resolución, teniendo en cuenta únicamente las
instancias o dependencias a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto de la
modificación necesaria para el desarrollo del respectivo macroproyecto. […]”.
121.En este contexto normativo, el Macroproyecto de Interés Social Nacional
“Centro Occidente de Colombia – San José” es una intervención integral de
renovación urbana, adoptada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a
través de la Resolución número 1453 de 27 de julio de 2009 47, para ejecutarse en
la Comuna San José de Manizales48.
122. Su propósito formal es transformar un sector central con altos niveles de
pobreza, deterioro físico y riesgo geotécnico, mediante vivienda de interés social,
infraestructura urbana, recuperación del espacio público y mejoramiento de
equipamientos colectivos, cuya ejecución estaba a cargo de la ERUM S.A.S.
123. El cronograma de actividades adoptado en el artículo 38 de la Resolución 1453
finalizaba en el año 2018, así:
47
“[…] Por medio de la cual se Adopta, por motivos de utilidad pública e interés social, el Macroproyecto de Interés Social
Nacional “Centro Occidente de Colombia San José” del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas […]”.
48
La parte considerativa de ese acto explica: “[…] 1. Que la zona de la ladera norte del sector San José objeto de
reubicación dentro del macroproyecto, está ocupada por asentamientos precarios con graves peligros para sus
habitantes dadas las condiciones de riesgo en las cuales se encuentran. Un 66.68% de las viviendas en la ladera se
encuentran en alta vulnerabilidad por riesgos de incendio y sismicidad.
2. Que en la comuna San José se estima un déficit cuantitativo total 3.626 viviendas, y del total de los hogares, 2.680 habitan
en considerable nivel de hacinamiento.
3. Que la población asentada en el área presenta altos niveles de pobreza, bajo nivel educativo y población con altos niveles
de vulnerabilidad. Existen 1.795 jefes de hogar laborando como trabajadores independientes, lo cual los ubica en condiciones
de marginalidad e incertidumbre como resultado directo de sus bajos niveles académicos. La situación más dramática se
presenta en la zona de ladera, con la mayor participación de hogares con ingresos interiores a un salario mínimo legal […]”.
(Negrilla fuera del texto).
32
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
124.Los componentes del macroproyecto fueron modificados por el ministerio
mediante las Resoluciones 1527 de 6 de agosto de 2010, 1793 de 6 de septiembre
de 2011, 0483 de 16 de julio de 2012, 0693 de 13 de noviembre de 2013, 0902 de
29 de noviembre de 2014, 0565 de 14 de julio de 2015 y 0085 de 15 de febrero de
2016.
125. En el año 2016 la ERUM S.A.S. solicitó al ministerio que compilara en un
instrumento jurídico único todas las disposiciones normativas relacionadas con ese
macroproyecto. Dicho trabajo se adelantó a través de la Resolución 0544 de 22 de
agosto de 201749.
126.En términos generales, el proyecto comprende 111 hectáreas de renovación en
donde se pretende: i) reasentar a las familias ubicadas en zonas de riesgo o con
déficit habitacional, ii) redensificar el suelo con vivienda VIS y VIP, iii) renovar la
malla vial, iv) reorganizar usos del suelo y (v) incorporar equipamientos públicos.
Según el artículo 1.2. de la Resolución 0544 la cartografía del proyecto incluyó los
siguientes componentes:
49
“[…] Por medio de la cual se consolidan las disposiciones contenidas en la Resolución 1453 de 27 de julio de 2009 y sus
modificaciones, por la cual se adoptó el Macroproyecto de Interés Social Nacional denominado “Centro Occidente de
Colombia San José”, ubicado en el municipio de Manizales, departamento de Caldas […]”.
33
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
127. El artículo 2.2.2. de la Resolución 0544 describe de forma concreta cuáles son
las obras viales estructurantes que el Macroproyecto San José ha definido como
parte de su sistema de movilidad urbana dentro del área de intervención. Esas obras
refieren a los siguientes componentes del sistema vial:
“[…] ARTÍCULO 2.2.1. Componentes del sistema vial. El sistema vial del
Macroproyecto está compuesto por:
Vías arterias principales:
a) La Avenida Gilberto Alzate.
b) Par Vial Avenida Colón.
Vías arterias secundarias:
a) Avenida Bernardo Arango. b) Calles 20, 21, 25, 26 y 27.
c) Carreras 15 (entre calles 19 y 25), 17, 19, 20 у 21.
Vías colectoras:
a) Calles 22, 23, 24, 27, 28, 31 - Camino Galán, y calle 32 (entre la Avenida Colón y
la Carrera 18).
b) Carreras 14, 15 (entre calles 25 y 27), 16, y 19. […]”.
128. En cuanto a los equipamientos educativos dentro del área intervenida, el artículo
2.4.1. de la Resolución 0544 refirió al “[…] Institucional educativo (Incluido El
Instituto Manizales Antigua Escuela de Artes y Oficios y La escuela del Sagrado
Corazón, antigua Escuela modelo) […]”, “[…] Instituto Educativo Divina Providencia
Existente […]”, y “[…] Instituto Educativo Jesús María Guingue […]”.
129. La Resolución 0544 no definió un cronograma anual de cumplimiento, sino que
planteó en su artículo 5.7. el siguiente horizonte de cumplimiento a corto, mediano
y largo plazo:
34
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
130.La Sala destaca que en el expediente reposan los documentos técnicos de
soporte que sirvieron de fundamento a las Resoluciones 1527 de 2010, 1793 de
2011, 0483 de 2012, 0693 de 2013, 0902 de 2014 y 0565 de 2015, mediante las
cuales se introdujeron ajustes a la planeación del macroproyecto.
131.En particular, el DTS asociado a la primera modificación de la Resolución 1453
de 2009 fijó como meta 3.500 soluciones habitacionales y una inversión de cuarenta
mil millones de pesos. Asimismo, supeditó el desarrollo urbanístico a la previa
mitigación de riesgos y a la estructuración de un sistema de equipamientos
colectivos, con el fin de garantizar que la expansión habitacional contara con el
soporte físico y social necesario.
132.El DTS de la Resolución 1527 del 6 de agosto de 2010 indicó que, durante la
etapa de ejecución del macroproyecto y en el proceso de adquisición del suelo, se
identificó nuevamente la necesidad de ajustar la configuración de las unidades de
ejecución y el tratamiento del sector La Avanzada. Lo anterior se orientó a agilizar
la construcción de vivienda de interés prioritario (VIP) y, de esa forma, acelerar el
reasentamiento de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo.
133.Ese mismo soporte técnico explicó que la modificación de la configuración de
las unidades de ejecución y del tratamiento del sector La Avanzada respondía a los
35
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
retrasos derivados de la adquisición predial y del trámite de licencias, en especial
por ocupaciones de hecho. Para superar esos obstáculos, se redimensionó la UEU
2, dividiéndola en diez unidades de menor tamaño, a fin de facilitar la gestión y
acelerar la ejecución de la oferta habitacional proyectada.
134. Además, el DTS precisó que dicho sector no requería la formulación de planes
parciales, pese a su tratamiento de renovación urbana, porque el macroproyecto ya
contaba desde su origen con una planificación integral y un esquema de control de
cargas y beneficios. También sustentó la redelimitación del Centro Integrado de
Servicios Comunitarios (CISCO) como una unidad independiente y autónoma, para
garantizar su ejecución inmediata bajo la normativa local. Finalmente, certificó que
esas variaciones operativas no alteraron la estructura financiera ni los presupuestos
originalmente previstos.
135.El DTS que soportó la Resolución 1793 del 6 de septiembre de 2011, se justificó
en la necesidad de redelimitar las unidades 3 y 6 para crear las unidades 2a y 3a.
La razón fue que las dificultades en la adquisición de dos predios, por falta de
antecedentes registrales, retardaban el inicio del proyecto de vivienda de interés
prioritario, dado que el trámite de la licencia de urbanización exige la titularidad del
100% de los predios.
136.Esa medida buscó agilizar la generación de oferta habitacional para los
residentes del área y permitir la reubicación de familias ubicadas en zonas de alto
riesgo. En ese contexto, se incrementó el número de Unidades de Ejecución
Urbanística a trece, sin afectar el planteamiento urbano original, y se previó la
incorporación del espacio público una vez se logrará su adquisición.
137.El DTS de la Resolución 0483 de 2012 se fundamentó en la necesidad de
actualizar el sistema de georreferenciación al origen IGAC y de reconfigurar diez
unidades de ejecución de La Avanzada (UEU-2 a UEU-11) en ámbitos territoriales
menores, para facilitar una gestión efectiva y la obtención de licencias urbanísticas.
Este ajuste permitió actualizar el diseño urbanístico, los cuadros de áreas y el diseño
definitivo de la Avenida Colón.
138.De manera complementaria, ese DTS introdujo lineamientos constructivos
específicos para el tratamiento de renovación urbana, tales como regulación de
alturas, antejardines, voladizos y retiros, y realizó ajustes en los usos del suelo.
También aclaró la norma aplicable a la pieza intermedia de planificación durante su
proceso de adopción por el municipio y ordenó la actualización integral de la
cartografía oficial, con el propósito de armonizar los planos con las nuevas
realidades técnicas y reglamentarias del sector.
139.El DTS de la Resolución 0902 de 2014 se justificó en la necesidad de agilizar la
construcción de vivienda de interés prioritario y de ajustar la modelación financiera
y urbanística de los sectores La Avanzada y Par Vial Avenida Colón de manera
36
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
independiente. Para ello, se reconfiguraron unidades existentes (UEU-3 a UEU-19)
y se crearon tres nuevas (UEU-20 a UEU-22) en La Avanzada, junto con la
redelimitación de las unidades del Par Vial, con el fin de optimizar la gestión de
licencias y estructurar el potencial habitacional mediante ajustes de densidades en
vivienda VIP, VIS y no VIS.
140.Ese ajuste integral incorporó una nueva modelación urbanística que actualizó la
cartografía y los cuadros de áreas de todo el ámbito de planificación. Asimismo,
redefinió las normas constructivas, los aprovechamientos y el régimen de usos del
suelo de forma diferenciada para cada sector, asegurando la coherencia entre el
diseño técnico y la viabilidad financiera del proyecto.
141.El DTS de la Resolución 0565 de 2015 se sustentó en la necesidad de
incorporar procedimientos para la variación de diseños y trazados del sistema de
movilidad, así como en la actualización de usos del parque recreo-deportivo y del
cuadro de edificación institucional. En el marco del proceso de relocalización de
familias, el ajuste también buscó aclarar la destinación de los recursos asociados a
precios de inmuebles y mejoras.
142.En el componente normativo, la reforma permitió ajustar instrumentos de
planificación y tratamientos urbanísticos, incluyendo el anexo de Planes de
Implantación y Regularización, y redefinió el régimen de usos en los sectores La
Avanzada, Avenida Colón y Central. Igualmente, estableció ajustes técnicos en
normas constructivas (altura libre entre placas, índices de cesión, aislamientos,
sótanos y ascensores) para La Avanzada y el Par Vial, y aclaró la aplicabilidad del
POT vigente para los sectores Parque Olivares y Central, lo cual conllevó la
actualización integral de la cartografía oficial del macroproyecto.
143. Finalmente, el Documento Técnico de Soporte (DTS) de la Resolución 0544 de
22 de agosto de 2017 reformó parcialmente determinaciones urbanísticas y físicas
contenidas en la matriz original de 2009 y en sus sucesivas adiciones hasta 2015.
Esa modificación implicó, de manera imperativa, la actualización de la cartografía
oficial del municipio de Manizales, ajustando los planos de planificación a las
realidades de ejecución identificadas por el ministerio, en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 6.7. Incorporación en la cartografía. La Secretaría de Planeación
Municipal efectuará las anotaciones en la cartografía oficial relacionadas con la
adopción del presente Macroproyecto, de conformidad con los planos anexos al
Documento Técnico de Soporte de que trata el Artículo 2. Documentos de la presente
Resolución.
(Artículo 19. de la Resolución 0085 de 2016).
ARTÍCULO 6.8 Documento Técnico de Soporte (DTS). Hace parte integral de la
presente Resolución, el Documento Técnico de Soporte radicado en el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio con No. 2015ER0119291 del 9 de noviembre de 2015 y
2015ER0130775 del 9 de diciembre de 2015, el cual modifica parcialmente los
Documentos Técnicos de Soporte anexos a las Resoluciones 1453 del 27 de julio de
37
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
2009, 1527 del 6 de agosto de 2010, 1793 del 6 de septiembre de 2011, 0483 del 16
de julio de 2012, 0693 del 13 de noviembre de 2013, 0902 del 29 de diciembre de
2014 y 0565 del 14 de julio de 2015.
(Artículo 20. de la Resolución 0085 de 2016). […]”. (Negrilla del texto).
144.Como puede apreciarse entre los años 2010 y 2017, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio autorizó diversas modificaciones de los componentes
urbanísticos, financieros y normativos del proyecto. Posteriormente, mediante la
Resolución 0544 de 2017, se compiló en un solo instrumento la normativa
consolidada del macroproyecto.
145. Respecto de las condiciones de habitabilidad del sector, el demandante aportó
la “[…] Alerta temprana 04-2020 realizada el 25 de agosto de 2020 […]”50 por la
Defensoría del Pueblo, en la que se indica:
“[…] 2.1.6. Factores de vulnerabilidad generados por procesos de renovación
urbana en la ciudad de Manizales
En esta ciudad se han realizado en los últimos años proyectos de construcción de alto
impacto que han profundizado las condiciones de vulnerabilidad de la población
local, como el caso del macro proyecto de renovación urbana de la Comuna San
José, ya que las situaciones derivadas de los procesos de expropiación,
demoliciones no terminadas y demás intervenciones realizadas en el marco del
proyecto, forzaron a una parte importante de pobladores a desplazarse a otras áreas
de la ciudad, además del deterioro de la calidad de vida y otros efectos que, como se
explica más adelante, incidieron en un mayor impacto de los factores de amenaza,
como las redes de tráfico en dicha comuna.
El desarrollo de este proyecto ha estado acompañado por el desalojo y expropiación
de viviendas en un área ocupada por aproximadamente 28.500 habitantes51 que, para
la época, registraba altos índices de pobreza, marginalidad, precariedad en el empleo
y bajos niveles de educación. Una parte de los habitantes fueron expropiados y
forzados a desplazarse a otros barrios de la ciudad, mientras que otros sufrieron
afectaciones por las demoliciones inconclusas, que afectaron seriamente sus
condiciones de habitabilidad en el barrio, y que derivaron en problemas de seguridad
y en el debilitamiento de la estructura de las viviendas, así como la pérdida de su valor
comercial.
El deterioro de la calidad de vida de sus habitantes con ocasión del desarrollo de
estos proyectos, se ha evidenciado a partir de la afectación de sus modos de vida, ya
que gran parte de los mismos residían en grandes casonas en las que combinaban
su forma de vida urbana con prácticas rurales (pequeños cultivos y cría de animales),
además de la cercanía a la Galería (Plaza de Mercado de la ciudad) sector en el cual
tenían ventas informales, condiciones de supervivencia que se vieron afectadas con
la expropiación de las viviendas y con intervenciones inconclusas que forzaron el
traslado de una parte de los habitantes a otros sectores de la ciudad.
50
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia, en el enlace del documento denominado:
“6ED_C01Principal_006ESCRITOSUBSANACIONPDF(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8”. Archivo: ALERTA TEMPRANA
041-20 DEFENSORIA DEL PUEBLO.pdf. Página 61.
51
“[…] De acuerdo con el Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisbén), la población de la Comuna San José pertenece
en un 53% al estrato I y en un 40% al estrato II. Al estrato III sólo pertenece el 7% de los comuneros. En Manizales el Sisben
atiende a 234.000 personas de los 380.000 que habitan la ciudad”, cifras referenciadas en el artículo: “Plan de Renovación
Urbana en la Comuna San José en la ciudad de Manizales o el Fracaso de una Política Pública sin Público, sin Ciudadanos,
ver link: file:///C:/Users/lumontes/Downloads/5342-Texto%20del%20art%C3%ADculo-22139-1-10-20130628.pdf. […]”.
38
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
De igual forma, no se ha dado cumplimiento a las obras de interés comunitario
pactadas, entre ellas un Megacolegio y un Centro Integrado de Servicios
Comunitarios –CISCO-, aspectos que se reiteraron en el Cabildo Abierto Comunal
realizado el 6 de octubre de 2019. La profundización de estas condiciones de
vulnerabilidad, incidieron en que las redes de tráfico de SPA cobraran mayor
fuerza en dicha comuna, situaciones que han sido evidenciadas por líderes/as de la
zona, y por la veeduría ciudadana al macroproyecto, en diferentes espacios
interinstitucionales52 […]”. (Negrilla fuera del texto).
146. A partir de lo anterior, la Defensoría del Pueblo recomendó:
“[…] 22. Al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial en coordinación con la
Alcaldía municipal de Manizales, atender los acuerdos suscritos en la Mesa de
concertación con los líderes y voceros de la Comuna San José en el marco de las
solicitudes de reformulación del proyecto de renovación urbana, orientados a la
suspensión de las expropiaciones y al retorno de personas expulsadas, a las que no
se les pagó por el bien expropiado, además del cumplimiento de los compromisos de
entrega de las obras de interés comunitario (Megacolegio, Centro Integrado de
Servicios Comunitarios –CISCO- entre otros). […]”. (Negrilla fuera del texto).
147.También obra el Informe de auditoría de desempeño elaborado por la
Contraloría General de Manizales el 23 de diciembre de 202153 sobre la gestión de
las Secretarías de Planeación y Hacienda en el marco del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) de Manizales 2017–2021, especialmente en relación con el
Macroproyecto San José. En este informe la contraloría calificó la implementación
del POT con un 66.67%. Se resaltó especialmente una falla grave en los
mecanismos de financiación, como el fondo de plusvalía que, aunque fue
reglamentado, no recibió ningún recaudo.
148.El informe de auditoría destacó que la afirmación de la ERUM S.A.S., según la
cual el macroproyecto no está sujeto al POT local, era incoherente ya que la
Resolución 1453 de 2009 y sus documentos técnicos establecen claramente que el
desarrollo urbano del sector debe seguir la normativa municipal. La auditoría
concluyó que, después de cuatro años de vigencia del POT, ERUM no ha
presentado pruebas técnicas sobre la planificación integral del proyecto; solo ha
gestionado temas de propiedad y ha dejado de lado la consolidación de espacios
públicos y equipamientos.
149.Los siguientes apartados del informen demuestran la gravedad de la
problemática previamente enunciada:
“[…] Finalmente, el Macroproyecto San José no registra avances significativos
durante el periodo evaluado; obtiene la menor calificación entre los aspectos críticos
52
“[…] Las inconsistencias de este proyecto de renovación urbana, también fueron identificadas por la Contraloría General
de la República en varias auditorías realizadas frente al caso; en ellas se han identificado incumplimientos en los requisitos
habilitantes para acceder al subsidio de vivienda, postulación a este subsidio por parte de personas que previamente han
recibido subsidios de vivienda, postulación de personas propietarias de más de una vivienda, postulación de personas no
registradas en el censo (para el programa de reasentamiento), y hallazgos que comprometen el uso de recursos públicos,
entre otros. […]”.
53
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia, en el enlace del documento denominado:
“6ED_C01Principal_006ESCRITOSUBSANACIONPDF(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8”. Archivo: INFORME AUDITORIA
DESEMPEÑO IMPLEMENTACION POT.pdf.
39
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
valorados; las respuestas emitidas por la Empresa de Renovación y Desarrollo
Urbana ERUM-S.A.S, responsable de la ejecución del Macroproyecto San José,
limitan la identificación de áreas de mejoras que requieren el diseño de controles y de
acciones que permitan intervenir en los siguientes escenarios de riesgos:
Esta situación se desprende de las respuestas dada por la ERUM S.A.S, al
cuestionario de estudio previo-Auditoría de Desempeño 3.0-2021 Implementación del
POT de Manizales 2017-2031-Transversal Macroproyecto San José, en el que la
Contraloría de Manizales solicitó:
(…) La posición de la ERUM no guarda coherencia con lo estipulado en la Resolución
1453 de 2009 de adopción del Macroproyecto de Interés Social Nacional, ni con los
Documentos Técnicos de Soporte –DTS de las Resoluciones modificatorias, que
vinculan las normas urbanísticas del Macroproyecto con determinaciones del Plan de
Ordenamiento Territorial, entre los que se señala:
[…] Al analizar el Documento Técnico de soporte –Componente Urbano del POT-
se puede evidenciar la relación que existe entre los proyectos del
Macroproyecto San José como es el caso de la Avenida Marcelino Palacio-antes
Par Vial Avenida Colon, que no puede ser desconocida por la ERUM cuando
considera que el Macro no está supeditada al POT de Manizales2017-2031:
[…] En síntesis, la ERUM no asume el rol que ostenta en el Programa de
ejecución del POT de Manizales 2017-2031, ni aporta elementos de mejora para
una actuación integral del Macroproyecto en su concepción integral, razón por
la cual en los planes de vigilancia y control que adelante la Contraloría de
Manizales se debe considerar a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
de Manizales dentro de los sujetos de control a quienes se les aplique una
Auditoría financiera y de gestión […]
Macroproyecto San José.
En este caso es pertinente mencionar apartes de la Auditoria de Desempeño 6.1-
2020, donde la Contraloría de Manizales estructuro el Hallazgo tres. Programa de
Ejecución del Plan de Ordenamiento de Manizales POT-2017-2031:
El Artículo 12 del Acuerdo 1053 de 2020 Plan de Desarrollo del Municipio de
Manizales. 2020-2023 “Manizales +Grande”, hace referencia al Programa de
Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial allí se insertan los programas de
ejecución del POT en el horizonte de planificación de corto plazo que culmina en el
año 2023, sin señalar las prioridades, la programación de actividades, ni los recursos
respectivos, tal como lo dispone el artículo 18 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 231
del Acuerdo 0958 de 2017.
En el Concepto Ambiental emitido por CORPOCALDAS en marzo de 2020, se
advierte la falta de articulación entre los dos instrumentos, así como la necesidad de
que el Plan de Desarrollo de Manizales 2020-2023 contara con metas concretas para
articularse a los proyectos del POT.
40
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
Esta situación se evidencia de nuevo respecto de la "Ejecución del Macroproyecto
San José", que es uno de los Proyectos Estratégicos para consolidar el modelo de
ocupación, bajo la responsabilidad de la ERUM, que luego de cuatro años de entrada
en vigencia del POT de Manizales no aporta ninguna evidencia respecto al análisis
de las prioridades, programación de actividades y los recursos respectivos para
desarrollar el Macroproyecto San José en su integralidad, y no solo a consolidar la
gestión predial.
Adicional, la Contraloría de Manizales analizó la propuesta de Documento Técnico
de soporte-DTS que respalda la modificación de la Resolución 544 de 2017 “por
medio de la cual se consolidan las disposiciones contenidas en la Resolución 1453
de 27 de julio de 2009 y sus modificaciones, por la cual se adoptó el Macroproyecto
de Interés Social Nacional denominado 'Centro Occidente de Colombia San José',
que incluye una serie de aspectos técnicos en los que fue necesario acudir a la
Gerente Regional Camacol Caldas, Doctora Ángela María Orozco Giraldo, quien
aporto a dilucidar varios apartes del citado DTS. El resultado del apoyo técnico hace
parte de los anexos.
[…]”.
150.Respecto de la importancia del macroproyecto para los actores claves, se
destacó:
[…] Para el Consejo Territorial de Planeación -CTP de Manizales el Macroproyecto
San José, se constituye en el tema de mayor interés en la implementación del POT
de Manizales, por cuanto la ciudad necesita habilitar suelo para su desarrollo urbano,
la construcción de vivienda de interés social, la construcción de equipamiento
comunitario, social, la reactivación de esta zona, cuyo estancamiento afecta toda la
ciudad.
[…] Los Curadores urbanos de Manizales consideran que desde la función que ellos
ejercen tanto la Plusvalía, como el Macroproyecto San José, son los aspectos claves
en la implementación del POT de Manizales 2017-2031. […]”.
En cuanto a las oportunidades de mejora en el financiamiento del
151.
macroproyecto, el informe de auditoría dijo:
“[…] Oportunidades de mejora:
a. Proyectar la cuantificación del Programa de Ejecución, que permite realizar un
ejercicio de planificación ajustado a la realidad del municipio de Manizales y a su
capacidad de gestión, y hace que los planteamientos del POT sean mucho más que
41
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
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un establecimiento de objetivos inalcanzables, aunque estén técnicamente
sustentados.
b. Considerar si el costo de los programas y proyectos del POT supera los
recursos disponibles para cada una de las vigencias del plan o para su
totalidad; o existen proyectos inalcanzables o sin posibilidades de ejecución,
es importante que administración municipal y el equipo formulador del Plan adelanten
un ejercicio para ajustar y/o priorizar los programas y proyectos a plantear, de acuerdo
con los recursos humanos, financieros y tecnológicos disponibles.
c. Revisar la adecuada construcción del Programa de Ejecución, porque de ello
depende en buena medida que el POT pueda ser concretado en el municipio de
Manizales, en lo que tiene que ver con la inversión de los recursos públicos y la
financiación de los diferentes programas y proyectos. […]”. (Negrilla fuera de texto).
152.El informe de auditoría tenía anexa la respuesta dada por la ERUM sobre la
modificación de la Resolución 0544 de 2017, que regula el Macroproyecto de Interés
Social Nacional "Centro Occidente de Colombia San José". De ese documento se
resalta:
“[…] 5.6 Análisis DTS modificación Resolución 544 de 2017
En atención a su consulta, a continuación me permito realizar las siguientes
precisiones, de cara a contribuir al análisis que la Contraloría viene realizando del
proyecto de Modificación de la Resolución 0544 del 22 de agosto de 2017 "por medio
de la cual se consolidan las disposiciones contenidas en la Resolución 1453 de 27 de
julio de 2009 y sus modificaciones, por la cual se adoptó el Macroproyecto de Interés
Social Nacional denominado 'Centro Occidente de Colombia San José'":
[…] El numeral 3.4 de la propuesta de modificación del Macroproyecto San José,
presenta los ajustes propuestos para la estructuración financiera de la operación, con
excepción del sector de La Avanzada, que parte por traer a valor presente (Ruta IPC)
los presupuestos y los costos aprobados y actualiza a su vez, los precios de vivienda
de acuerdo con el valor del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para 2021. Dicho
ajuste busca garantizar el cierre financiero de la operación y se explica en el cuadro
incluido en la página 66 donde se muestra un resumen de costos directos (costo lote,
cargas generales y locales y costos de construcción), costos indirectos y utilidades a
2021.
Es de anotar que el ajuste a la estructuración financiera del proyecto, contempla el
desarrollo de todas las obras de iniciativa pública que están pendientes (En vías,
servicios públicos, espacio público y equipamientos) y que corresponden a las cargas
generales mencionadas en el cuadro de la página 66. Así mismo, incluye el desarrollo
de las obras privadas (viviendas tipo VIS/VIP y No VIS, comercio y servicios), que
corresponden a los productos inmobiliarios referidos igualmente en el mencionado
numeral 3.4 (..."A continuación, se presenta el resumen de los costos de generación
y habilitación de suelo del Macroproyecto tales como los costos de construcción de
obras de urbanismo, así como los costos de construcción de los productos
inmobiliarios, y la utilidad de los sectores:
La Avanzada y Par Vial Avenida Colón del Macroproyecto de Interés Social Nacional
del Centro Occidente de Colombia – San José". Subrayado por fuera del texto original)
Por su parte, en el numeral 3.5 se ajustan las fuentes y usos de los recursos iniciales
destinados para la ejecución del Macroproyecto, cambio que se realiza en función de
42
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los ajustes introducidos a la estructuración financiera que se realizan en el numeral
3.4.
En este punto se informa que las cargas generales, es decir, todas aquellas obras
que se requieren para consolidar el sistema vial principal y las redes matrices de
servicios públicos, entre otros, se financiarán a partir de recursos que se obtengan de
la venta de viviendas tipo VIS/VIP y NO VIS, además de locales comerciales, de
servicios e institucionales que se construyan dentro de operaciones inmobiliarias que
se desarrollen en la zona del Macroproyecto de Interés Social Nacional. De la
información expuesta dentro del cuadro incluido en la página 69, se infiere que se
espera una participación del sector privado en la construcción de vivienda en el
segmento VIS y por ende, participe de la ejecución de las mencionadas cargas
generales. […]”.
153.El documento titulado “Víctimas del desarrollo: Entre el desespero y la
esperanza”, elaborado por la Comisión de la Verdad de la Comuna San José de
Manizales en el año 2022, en relación con el objeto del proceso, refiere a las
problemáticas sociales de desarticulación del tejido social, pérdida de escuelas,
espacios comunitarios y economías populares, y empobrecimiento de los
pobladores vulnerables del sector.
154.El documento explica que “[…] La Comisión de la Verdad Comuna San José es
una instancia convocada de manera autonómica por parte de los habitantes de la
Comuna San José de Manizales, que tiene como fin visibilizar para dar respuesta a
la violación masiva de derechos humanos y socioterritoriales ocasionadas en la
ejecución del Macroproyecto de Renovación Urbana. […]”.
155.Este documento es un estudio cualitativo elaborado a partir del análisis de
entrevistas, el cual presenta la siguiente queja comunitaria sobre el proyecto:
“[…] Es evidente la marginación de la comuna frente a las dinámicas de desarrollo de
Manizales. A pesar de su cercanía al Centro Histórico, el abandono estatal y la falta
de oportunidades convirtieron a uno de los primeros asentamientos de la ciudad, en
una de las zonas con mayores índices de desigualdad.
El Macroproyecto San José fue concebido como una propuesta de renovación urbana
que puede calificarse como fallida, ya que 13 años después del inicio de obras, se
evidencia que la destrucción de sus espacios no mejora la calidad de vida de sus
habitantes; por el contrario, afecta su desarrollo social y económico.
Desde su aprobación, el Macroproyecto se concibe como una estrategia de gestión
del suelo, en donde el accionar público es complementario a la iniciativa privada. Sin
embargo, si el proyecto buscaba promover la inversión privada y el desarrollo
económico, las cifras de calidad de la vivienda demuestran que, por el contrario, sus
habitantes no tienen la seguridad para invertir en sus viviendas y comuna.
El aumento de precios de la vivienda en el mercado inmobiliario y el desarrollo
económico en Manizales, no benefician a los habitantes de San José; pues mientras
se registran más viviendas construidas con materiales vegetales en la comuna, en el
resto de la ciudad tales disminuyen.
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Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
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Los habitantes de San José son testigos de los mayores índices de trabajo infantil y
percepción de inseguridad en Manizales. Así mismo, su brecha en servicios como el
gas y el internet evidencian necesidades latentes en temas de acceso y
competitividad.
Es necesario reformular el Macroproyecto desde una planificación comunitaria. Los
beneficios económicos del mercado inmobiliario realmente deben llegar a los
habitantes de San José, desde la educación, vivienda, servicios públicos y más, para
que así también sus habitantes puedan invertir en su territorio sin la incertidumbre
que hoy les rodea. […]
[…] La Comuna San José en Manizales (Caldas, Colombia) es un territorio urbano
popular que hace varios años viene siendo agredido por un Macroproyecto de
Renovación Urbana, el cual es llamado por la comunidad: un Macrodesastre. Tras
intensas luchas por parte de la comunidad activa de San José, en la actualidad
lideresas, líderes y familias enteras siguen su proceso de organización para la
liberación de esta Comuna compuesta por 17 barrios, muchos de los cuales surgieron
con el nacimiento mismo de esta ciudad andina.
[…] Con más de 11 años de un Macroproyecto de Renovación Urbana, nos damos
cuenta de que lo ocurrido en San José es un proceso de extracción de la vida —en
todas sus formas— como principal recurso para el sistema capitalista. Se nos despojó
paulatinamente, desarraigándonos de nuestra cultura, introduciendo más precariedad
en los modos de vivir, empobreciendo un territorio que era rico por sus dinámicas
entre lo rural y lo urbano, destruyendo un hábitat construido a partir de sueños
colectivos, un entorno barrial tradicional y modesto, cuyo mayor pecado fue estar
asentado sobre un suelo altamente codiciado para los intereses del capital en
Manizales. […]”.
156. En el plenario se encuentra la sentencia de 5 de septiembre de 202354, en la
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales resolvió la impugnación
interpuesta por la alcaldía de Manizales en contra del fallo de 9 de agosto de 2023,
dentro de la acción de cumplimiento presentada por la presunta pretermisión de los
mecanismos de participación democrática señalados en el artículo 4 de la Ley 388
de 18 de julio de 199755, durante la fase de reformulación del macroproyecto en el
año 2021.
157. En el mencionado proceso el demandante argumentó que, si bien existieron
contactos institucionales, estos no versaron sobre el contenido de la modificación
radicada ante el ministerio, configurándose así una posible omisión del deber de
concertación previa que la normativa urbanística impone como presupuesto de
validez para las actuaciones que impactan el ordenamiento del territorio y la vida de
la comunidad.
158.La autoridad judicial consideró que “[…] no se advierte que se hayan brindado
espacios para que la parte actora y los coadyuvantes efectúen sus sugerencias de
la manera exigida, y la parte accionada no ha suministrado los escenarios
54
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia, en el enlace del documento denominado:
“100ED_C01Principal_101ANEXOPROVIDENCIASEGUNDAINSTANCIAPDF(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf)
NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8”.
55
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
44
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
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necesarios para materializar un genuino proceso democrático, por lo cual se
entiende que solo converge en los momentos relatados por la parte activa en su
documento genitor, dentro de los cuales no ha existido una verdadera y auténtica
participación […]”.
159.Frente a la infraestructura educativa, las Secretarías de Infraestructura y
Educación del municipio de Manizales, en el concepto técnico56 señalaron lo
siguiente:
“[…] Efectivamente las plantas físicas de las Escuelas Sagrado Corazón de
Jesús y Jesús María Guingue fueron cerradas por amenaza de riesgo, con
concepto técnico de la Hoy Unidad de gestión de Riesgo y con Resolución de
la Secretaría de Planeación Municipal. La Secretaría de Educación canceló su
licencia de funcionamiento.
Las inversiones adelantadas son las siguientes:
INVERSIONES COLEGIO 1 SAN JOSÉ- (hoy Institución Educativa Instituto
Manizales).
En el año 2014 y 2016, Secretaría de Obras Públicas (hoy Infraestructura) ejecutó la
Construcción de parte del Colegio 1 – San José, con recursos de la Secretaría de
Educación y del Ministerio de Educación Nacional.
La inversión realizada en el COLEGIO 1 SAN JOSE y el INSTITUTO MANIZALES
fue de cerca de $4.247´492.173.00, fuera de los recursos invertidos por el propio
Rector del plantel educativo y la asociación de padres de familia. Esto, sin
contar recursos de la Juntas Administradoras Locales y de Transferencias de
la Nación y el Municipio.
Con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo a los alumnos de
las Escuelas Sagrado Corazón de Jesús y Jesús María Guingue, estos fueron
reubicados en los planteles más cercanos como Instituto Manizales y Liceo
Isabel la Católica, entre otros, por decisión de sus padres o acudientes.
En estos momentos la capacidad Instalada en la zona del Macroproyecto San
José, tiene oferta de cupos, por lo que no se requiere a la fecha la construcción
o ampliación de los planteles educativos del sector.
Solo una vez se reactiven los planes de vivienda y haya población estudiantil
proyectada, se llevará a cabo la complementación del Colegio 1 y a muy largo plazo
el Colegio 2.
Secretaría de Educación:
A raíz del megaproyecto SAN JOSE, la población del barrio SAN JOSE, se desplazó
a diferentes lugares del Municipio de Manizales, dando como resultado, una reducción
de la población matriculada en las dos sedes mencionadas: Escuela Sagrado
Corazón de Jesús y la I.E Jesús María Guingue.
56
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia, en el enlace del documento denominado:
“101ED_C01Principal_102CONTESTACIONDEMANDAMPIOMANIZALESPDF(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf)
NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8”. Pág. 28.
45
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
Adicionalmente y dada la problemática del sector es importante mencionar que el
Ministerio de Educación Nacional priorizo la construcción y adecuación de la
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO MANIZALES, ubicada adyacente a la I.E
Jesús María Guingue, para albergar la población educativa de esas dos sedes, cuyas
infraestructuras se encontraban en mal estado presentando riesgos para sus
estudiantes.
Según resolución 2038 del 12 de diciembre de 2011 emitida por la Secretaria de
Educación de Manizales, en la cual considera “Que el Director técnico de la oficina
municipal para la prevención y atención de desastres del municipio de Manizales
OMPAD certifico de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de
Manizales, que el inmueble identificado con ficha catastral 1-03-0220-0013-000
localizado en lo callé 33 entre carreras 19 y 20 sede de la referida “institución" y
mediante visita de Inspección ocular de esta oficina a la edificación señalada
determino: "Presenta signos de deterioro generalizado..." lo que determinó el alto
grado de vulnerabilidad estructural que expone al riesgo a la comunidad educativa, y
por lo que recomendó la evacuación preventiva de las instalaciones; el día 02 del mes
de mayo de 2011.
Que la Secretaría de Educación de Manizales con el fin de proteger la integridad
física de la comunidad educativa, reubicó el personal directivo, docente,
administrativo docente en el Liceo Isabel la Católica.
Que la Secretaría de Educación Municipal, conforme a lo anteriormente señalado, y
con el fin de evitar no solo que la edificación avance en su deterioro sino una tragedia
que cobre vidas humanas y repercuta en el proceso de enseñanza de los estudiantes
y la comunidad educativa en general de la INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA
GUINGUE, se hace indispensable intervenir cancelando la licencia de funcionamiento
concedida mediante la resolución No. 1 767 del 21 de mayo de 2009. otorgada por
este ente administrativo.” *
Los estudiantes de la I.E Jesús María Guingue que para la vigencia 2011, año de
cancelación de la licencia de funcionamiento según lo expuesto anteriormente,
contaba con una matrícula de 408 estudiantes, los cuales fueron reubicados en ese
entonces y temporalmente, en instituciones educativas cercanas a su lugar de
residencia, por lo anterior no debían desplazarse a lugares lejanos para recibir clases,
adicionalmente, contaban con el servicio de transporte escolar a la sede San Agustín
(ubicada a un costado del terminal mixto de transporte en la plaza de mercado) de la
I.E Marco Fidel Suarez, para los casos que fueran requeridos.
Para el caso de la escuela Sagrado Corazón de Jesús, la totalidad de la matricula que
para la vigencia 2004 era de 840 estudiantes, fue reubicada en la I.E Liceo Isabel La
Católica, ubicada en el sector aledaño a la escuela en mención.
*Anexo resolución 2038 del 12 de diciembre de 2011 “Por medio de la cual se decide
sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento concedida según Resolución No.
1767 del 21 de mayo de 2009” […]”. (Negrilla fuera de texto).
160. En el oficio 2023EE0054450 de 29 de mayo de 202357 la Subdirección de
Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales del Ministerio de Vivienda,
57
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia, en el enlace del documento denominado:
“98ED_C01Principal_099ANEXORECIBIDORADFINAL2023EE0115558PDF(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf)
NroActua 8(.pdf) NroActua 8(.pdf) NroActua 8”. El documento señala: “[…] para determinar su viabilidad técnica, financiera,
jurídica y urbanística, periodo durante el cual se adelantaron mesas de trabajo con el equipo técnico del municipio de
Manizales responsable de los diferentes componentes de la propuesta, dentro de las mesas más recientes se debe destacar
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la realizada con el Director de Espacio Urbano y Territorial y su equipo de trabajo el 30 de noviembre de 2022 y las
desarrolladas con el equipo técnico de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales (SATOUI)
los días 23 de marzo y 13 de abril de 2023. Tal como se ha puesto en conocimiento en dichos espacios de trabajo, las variaciones significativas para el periodo 2021 y
2022 en el índice de precios al consumidor (IPC) y en el índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) derivan una
revisión y reflexión acerca de la estructuración de costos y del modelo financiero del macroproyecto “Centro Occidente de
Colombia San José” a efectos de que se pueda comprobar que la información sigue siendo consistente con el esquema de
gestión y financiación y que a su vez existe coherencia entre estos con el componente técnico y urbanístico. De igual manera, se evidencian anexos y planos que obran en el expediente, que fueron actualizados por parte de la Alcaldía
de Manizales, no obstante, los mismos no se relacionan de manera adecuada en el Documento Técnico de Soporte,
haciéndose referencia a soportes o certificaciones distintas. Por lo anteriormente expuesto, tal como se expresó en la mesa de trabajo del 13 de abril de 2023 y con el propósito de renovar
los elementos técnicos y jurídicos que serán puesto en consideración del comité evaluador y en procura de que los
procedimientos administrativos logren su finalidad y se continúe con el procedimiento establecido para la modificación, se
solicita dar alcance a la radicación realizada, actualizando y aclarando lo siguiente: 1. Debe llamarse la atención que el reparto de cargas y beneficios es un principio de la Ley 388 de 1997. Por lo tanto, se
solicita comedidamente incorporar de manera explícita y debidamente soportada en el Documento Técnico de
Soporte-DTS la forma como se da cumplimiento al principio del ordenamiento territorial en cuestión. 2. En línea con lo anterior, se solicita que el DTS presente con claridad y suficiencia la estrategia de gestión del, la
cual fue mencionada por el promotor en las mesas de trabajo conjuntas con este Ministerio. Este aspecto es de gran
relevancia, en términos de explicitar si la estrategia de gestión esta soportada en un único gestor que desarrolla el proceso
de gestión predial y de ejecución de cargas generales y locales o si se están empleando otros mecanismos para efectuar el
reparto e implementación de la operación urbana. 3. De igual manera, se requiere que en el DTS se diferencien los instrumentos de gestión, financiación y planeación y
que no se confundan o asimilen a la estrategia o modelo de gestión. Los instrumentos son una caja de herramientas que
permiten la aplicación de la estrategia, por lo cual no basta con la mención de los diferentes instrumentos, si no que deben
precisarse los elementos técnicos y jurídicos de aplicación específica dentro del Macroproyecto “Centro Occidente San José”. 4. De igual forma, se solicita se armonicen las afirmaciones efectuadas a lo largo del DTS las cuales resultan confusas, en
donde se advierten contradicciones en la existencia o no de un sistema de reparto. Afirmaciones como las realizadas en el
numeral 10.1 referente a las estrategias de gestión del macro que señalan: “SISTEMA DE REPARTO EQUITATIVO DE
CARGAS Y BENEFICIOS. El MISN no incluye un reparto de cargas. Por tanto, no es objeto de modificación”, lo cual difiere
de lo planteado en lo relativo a fuentes y usos en donde se señala: “que la financiación de las cargas generales será financiada
principalmente con las ventas derivadas del uso comercial, NO VIS y para el sector de la avanzada por aportes del sector Par
Vial Avenida Colon y en menor medida de la venta del uso VIS.”
5.
Se hace necesario que en el DTS se reflejen las estrategias y mecanismos para la captura de valor, en particular respecto
de los usos distintos a VIS y VIP, lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente propuesta de modificación y en
modificación precedente hubo un cambio de uso del suelo con la incorporación viviendas NO VIS y un mayor número de
estas, lo cual deriva en un mayor aprovechamiento del suelo, que impacta naturalmente en su valor. 6. Dados los cambios macroeconómicos mencionados en la introducción de la presente comunicación, se solicita presentar
los datos en el DTS y el Excel soporte del modelo financiero del proyecto con precios actualizados a 2023. De igual forma, y
tomando en consideración los avances en la ejecución del proyecto, valorar la necesidad de actualización de los costos de
construcción o administrativos frente a las realidades del mercado evidenciadas. 7. Se solicita presentar de manera clara los mecanismos para la destinación y cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas locales que debe ser satisfecho por las respectivas unidades de ejecución urbanística y la precisión de
las reglas de compensación en dinero o en especie cuando su localización sea inconveniente o por presentar áreas
inferiores a las mínimas exigidas, lo anterior acorde con el modelo de gestión previsto. 8. Se aporta un anexo con la estructura predial actual denominado “anexo 01 “estructura predial par vial junio 2021” (archivo
en Excel), sin embargo, no se adjunta el plano correspondiente que contenga la identificación de la composición predial y
estructura catastral actual descrito en los numerales 3.6 y 4.2 del DTS. En ese orden, se requiere remitir la información
cartográfica con el detalle mencionado en los numerales citados. Adicionalmente, se requiere identificar tanto en los archivos de Excel, en la cartografía y en el DTS, aquellos predios que ya
fueron o están siendo gestionados por el municipio; información que contribuirá al entendimiento del modelo de gestión
del Macroproyecto que se describa en el numeral 10 – “Estrategias de gestión y fases para la ejecución del
Macroproyecto” del DTS. 9. Con relación a la cartografía, se recomienda revisar el cuadro de convenciones y su legibilidad, debido a que en algunos
planos esta información aparece cortada y no se puede visualizar de manera completa; es el caso de los planos U-01
SECTORES LA AVANZADA Y PAR VIAL y M-15 DESTINACION VIVIENDAS. 10.En lo que respecta a la factibilidad para la conexión a los servicios de acueducto y alcantarillado, se tiene el
certificado de disponibilidad de acueducto y alcantarillado de Aguas de Manizales cuyo radicado es el No. 22013 del
22 de febrero de 2022, en el cual mencionan que de acuerdo a la solicitud realizada por ERUM para las 2.295 unidades
de vivienda, la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. informa que cuenta con disponibilidad para las unidades
solicitadas, las cuales se podrán conectar a los puntos dados por la empresa para su conexión. Sobre el particular, se
debe actualizar la información incluida en el DTS, lo anterior, teniendo en cuenta que en el numeral 7.3 se menciona la
disponibilidad otorgada por la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. para 1.156 unidades de vivienda, información que no
está acorde a la última factibilidad otorgada.
11.Si bien dentro de lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 y en la resolución 204 de 2011, modificada a su vez por las
Resolución 0967 de 2015 y 453 de 2022, para la formulación de los macroproyectos de primera generación y por tanto de sus
modificaciones no se encuentra consignado de manera explícita un procedimiento de participación ciudadana, se considera
fructuoso que, en virtud de los principios de participación, publicidad e imparcialidad que deben regir todas las actuaciones
de la administración, se incluya dentro del DTS y acompañe junto con sus respectivos soportes los escenarios de participación
ciudadana y divulgación que ha adelantado la ERUM y/o de la Alcaldía de Manizales con diferentes actores, recogiendo a su
vez las observaciones, solicitudes o sugerencias respetuosas, que hayan sido presentados en dichos escenarios, aspecto
que le permitirá al Ministerio conocer diferentes perspectivas frente a la modificación pretendida. 12.Sobre el estudio de Movilidad, se señala que en el numeral 3.4. del documento “Estudio de Tránsito y Movilidad”, se
requieren, sobre la avenida Colón, carriles de acceso y salida a cada una de las manzanas, lo que conlleva a modificar
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Ciudad y Territorio indicó que, durante la evaluación de la viabilidad técnica,
financiera, jurídica y urbanística del macroproyecto “Centro Occidente de Colombia
San José”, se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo con el equipo técnico del
municipio de Manizales, especialmente con el director de Espacio Urbano y
Territorial y con la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas
Integrales (SATOUI).
161. Explicó que estas instancias permitieron identificar variaciones significativas en
los índices de precios al consumidor y costos de construcción, lo que motivó una
revisión del modelo financiero y los costos del proyecto para asegurar la coherencia
entre los componentes técnicos, urbanísticos y de gestión.
162. Se evidenció la necesidad de actualizar y clarificar los anexos y planos
aportados por la Alcaldía de Manizales, ya que no están adecuadamente
relacionados en el Documento Técnico de Soporte (DTS). Además, se solicitaron
ajustes en la radicación realizada para renovar los elementos técnicos y jurídicos,
incluyendo la incorporación explícita del principio de reparto de cargas y beneficios
de la Ley 388 de 1997, así como la presentación clara de la estrategia de gestión,
diferenciando entre instrumentos de gestión, financiación y planeación.
163.Refirió que el DTS debe armonizar sus afirmaciones respecto al sistema de
reparto, precisando las estrategias y mecanismos para la captura de valor,
especialmente en los usos NO VIS y VIP, debido a cambios en el uso del suelo y
mayor aprovechamiento. También se requiere la actualización de los precios y
costos de construcción a 2023, y la presentación transparente de los mecanismos
para cumplir obligaciones urbanísticas locales, incluyendo reglas de compensación
cuando la localización o el área no sean adecuadas.
164. Se solicitó remitir información cartográfica detallada sobre la estructura predial
actual, identificando los predios gestionados por el municipio, así como mejorar la
legibilidad de los cuadros de convenciones en los planos. Es necesario actualizar la
información de factibilidad de servicios públicos en el DTS, y reflejar los escenarios
de participación ciudadana y divulgación adelantados por la ERUM y la Alcaldía,
incluyendo observaciones y sugerencias de los actores involucrados.
165. Se recomendó revisar el estudio de movilidad para garantizar que los perfiles
viales proyectados permitan el acceso y salida adecuados, la construcción de
puentes peatonales y zonas de cargue y descargue según lo planteado en el
el perfil vial existente en los puntos de ingreso y salida de cada manzana. Se recomienda verificar si el perfil actual y el
propuesto, permite el diseño de estos puntos de ingreso y de salida requeridos.
De igual forma, en el referido numeral se informa la necesidad de construir puentes peatonales para la conexión con
la Alameda del sector par vial, sin embargo, no se considera las condiciones de los perfiles viales para su ejecución,
esto en relación con posibles compras de predios para lograr su construcción y si los mismos se encuentran contemplados
en las cargas generales asociados al desarrollo de la intervención urbanística.
13.Es necesario que se validen si los perfiles viales existentes y proyectados garantizan los planteamientos en el estudio de
movilidad respecto a las zonas establecidas para cargue y descargue de pasajeros, mercancías, ingresos y salida y demás
condiciones planteadas en el documento […]”. (Negrilla fuera del texto)
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documento. Todo lo anterior debe ser validado y ajustado en el DTS para asegurar
la consistencia y viabilidad del macroproyecto, conforme a la normativa vigente y a
las necesidades identificadas durante el proceso de evaluación.
166. Finalmente, la Sala destaca del material probatorio la respuesta dada al Concejo
municipal de Manizales por la ERUM el 25 de julio de 202458 con ocasión de la
sesión plenaria celebrada el 18 de junio de 2024. En ese documento se explicó que
el Macroproyecto de Interés Social Nacional “Centro Occidente de Colombia – San
José” se encuentra actualmente en un escenario institucional marcado por la
liquidación de la ERUM, ordenada a través del Decreto 002 de junio de 2024. Este
proceso implica la revisión, terminación o cesión de contratos, particularmente los
de gerencia integral asociados a los patrimonios autónomos, sin que ello signifique
la paralización del macroproyecto.
167.En materia financiera, se expone el estado de las obligaciones y presupuestos
para la vigencia 2024. El documento también detalla los rendimientos financieros
acumulados entre 2021 y 2023 de los patrimonios autónomos, evidenciando una
gestión activa de fondos de inversión colectiva. Se describen además los aportes
fiduciarios iniciales de entidades como el Municipio de Manizales, INFIMANIZALES,
FONVIVIENDA y la ERUM, así como la estructura de los comités fiduciarios que
gobiernan los patrimonios autónomos Matriz y PAVIP.
168. En cuanto al estado actual del proyecto urbanístico, se destaca que las 88
viviendas VIP de la UE 4 cuentan con licencias vigentes hasta abril de 2027 y con
respaldo financiero del Ministerio. Además, se planteó la siguiente propuesta de
modificación a la Resolución 0544 de 2017 para ajustar trazados viales, ampliar
equipamientos, permitir nuevos desarrollos VIS y actualizar áreas, cargas y
beneficios del macroproyecto, veamos:
“[…] 1. Incorporar el trazado construido del Par Avenida Colón, hoy Marceliano
Palacio.
2. Modificar la norma para el desarrollo del Parque Recreodeportivo de acuerdo con
las necesidades de la ciudad y acuerdos con la comunidad.
3. Nuevo suelo para la construcción de la Alameda que conecta el PRD y el Sector
Central, actualizando la Unidad de Ejecución H incorporando los lotes remanentes a
la hora de construir la Avenida Colon.
4. Aumentar el área de equipamiento institucional para el desarrollo del proyecto
arquitectonico aprobado por el ICBF del CDI de la Pelusa en la unidad de ejecución
C.
5. Estación de Policía
6. Se podrá desarrollar proyectos de vivienda de Interés Social en unidad de
ejecución urbanística D Y E.
58
Cfr. Índice 59 del expediente digital de primera instancia. Allí se trataron los siguientes temas: i) plan de acción; ii) sabana
predial con su respectiva división del macroproyecto de interés social para el centro occidente de Colombia – San José; iii) el
estado en que se encuentran las deudas; iv) el proceso de gestión frente a los patrimonios autónomos; v) que sucederá con
el macroproyecto de interés social para el Centro Occidente de Colombia – San José; y vi) las últimas acciones
constitucionales con respecto al macroproyecto de interés social.
49
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
7. Producto de las modificaciones anteriores y la precisión topográfica de la Av. Colón,
se actualizan todas las áreas, coordenadas y cierres financieros de Reparto de
Cargas y Beneficios del MISN.
8. Se da claridad sobre la Estrategia de Gestión para el desarrollo del Sector; y se
incorporan nuevos Instrumentos de Financiación (APUP, APP, FIDUCIA
MERCANTIL, TOPE DE LA VIS EN RENOVACIÓN URBANA). […]”.
169. A la pregunta sobre qué pasaría con el macroproyecto con ocasión de la
liquidación de la empresa se explicó:
“[…] Como se indicó en el punto 1, en virtud del proceso de liquidación y disolución
que actualmente se surte en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de
Manizales – ERUM- S.A.S, conforme al régimen jurídico de liquidación señalado en
Decreto Ley 254 de 2000 / y el Estatuto Orgánico del sistema financiero, el proceso
de liquidación cuenta con unas etapas normativas; en virtud de ellas se señala que la
entidad deberá resolver que contratos debe proceder con su liquidación y terminación,
que contratos son necesarios tener vigentes o suscribir para el trámite propiamente
de la liquidación, y definir los contratos que son objeto de cesión, dentro del cual figura
el contrato de gerencia integral N.º 14775-001-2015 del PATRIMONIO AUTONOMO
MATRIZ, celebrado entre la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO
URBANO DE MANIZALES S.A.S ERUM S.A.S y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
,quien es la vocera y administradora de dicho patrimonio.
Teniendo en cuenta que INFIMANIZALES tiene la calidad de Fideicomitente, dentro
de los patrimonios autónomos es la llamada a recibir en calidad de cesionaria el
contrato antes mencionado, y lo ejecutará a través de su equipo técnico conforme a
las disposiciones fijadas tanto en contrato de fiducia mercantil 3-1-114475 y el ya
referido contrato de gerencia integral, los cuales cuenta con un plazo de ejecución
contractual hasta el 31 de diciembre de 2024, no siendo óbice una prórroga o
adiciones contractuales.
Ahora bien, en lo que respecta al contrato de gerencia integral N.º 20768-002-
2014 del PA PAVIP suscrito entre la EMPRESA DE RENOVACION Y
DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S ERUM S.A.S y FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A, este terminó en el mes de julio del año 2023, actualmente se
está adelantando con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el proceso
de liquidación.
Lo anterior no es impedimento para la consolidación del proyecto de la
construcción de las 88 unidades de vivienda en la unidad de ejecución
urbanística 4 sector avanzada, el cual será gerenciado por la Unidad de Vivienda
del Municipio de Manizales, frente al cual el Ministerio a través de FONVIVIENDA
aportará al PATRIMONIO AUTONOMO PA PAVIP la totalidad de los recursos
necesarios para la construcción de las 88 unidades de vivienda del proyecto y
como se manifestó anteriormente el Municipio asumirá el gerenciamiento
integral y lo relativo a la tenencia de los predios de propiedad de dicho
patrimonio.
Para los efectos, el contrato de fiducia inmobiliaria de administración y pagos
celebrado entre el PATRIMONIO AUTONOMO MACROPROYECTO SAN JOSÈ y La
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A tiene un término de ejecución hasta el 31 de
diciembre de 2024. […]”. (Resaltado fuera del texto).
Como puede apreciarse el Macroproyecto de Interés Social Nacional “Centro
170.
Occidente de Colombia – San José” se concibió como un instrumento integral de
50
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
renovación urbana que busca intervenir un sector estratégico y central de
Manizales. El objeto de dicha intervención, adoptada por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio mediante la Resolución 1453 de 2009, es transformar un área
caracterizada por altos niveles de pobreza, deterioro físico y riesgos geotécnicos,
mediante la combinación de vivienda social, infraestructura, espacio público y
equipamientos colectivos59.
171. Para asegurar la ejecución del macroproyecto, se demostró que el ministerio
demandado aprobó los ajustes solicitados por el gestor, a través de 8 resoluciones
expedidas entre los años 2010 a 2017. En los documentos técnicos de soporte que
sirvieron de fundamento para esas modificaciones, se fijaron metas, presupuestos,
condiciones de mitigación del riesgo y criterios de estructuración de equipamientos.
172. Los DTS explican que los ajustes a la planeación respondieron a dificultades
operativas y jurídicas que surgieron durante la ejecución, en relación con la
cartografía, la georreferenciación, las densidades, las normas constructivas, la
adquisición predial, las demoras en licenciamiento, las ocupaciones de hecho, la
falta de antecedentes registrales y la necesidad de reorganizar unidades de
ejecución en ámbitos más pequeños para facilitar la gestión y acelerar la generación
de vivienda.
173.Para unificar el marco regulatorio, la ERUM solicitó al ministerio compilar la
normativa en un solo instrumento, lo que se materializó en la Resolución 0544 de
22 de agosto de 2017. Aun así, las pruebas refieren a que aún es necesario realizar
ajustes a la normatividad urbanística planteada en esa resolución.
174.En el plenario se evidencian problemas estructurales asociados a la
modificación continua de la planeación, pues entre 2010 y 2017 ocurrieron ajustes
recurrentes que, aunque justificados en barreras prediales, licencias y
reconfiguración técnica, terminan afectando la estabilidad del diseño y la
previsibilidad de su ejecución, en un contexto en el que el proyecto data de hace 16
años.
175.La ejecución prolongada del macroproyecto ha tenido impactos relevantes en la
vida comunitaria por la demora significativa frente a los objetivos inicialmente
anunciados y la necesidad urgente de soluciones habitacionales y equipamientos
en el territorio intervenido.
59
Dentro del componente de movilidad, el macroproyecto estructuró un sistema vial compuesto por vías principales, arterias
secundarias y vías colectoras, con el fin de mejorar la circulación, ordenar flujos urbanos y soportar la reconfiguración del
territorio con el centro de la ciudad.
De igual manera, en el componente de equipamientos, la regulación incorporó el desarrollo de nueva infraestructura educativa
e institucional, junto con el mejoramiento de la existente dentro del área intervenida, incluyendo el Instituto Manizales (antigua
Escuela de Artes y Oficios), la Escuela Sagrado Corazón (antigua Escuela Modelo), el Instituto Educativo Divina Providencia
y el Instituto Educativo Jesús María Guingue.
51
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
176.El material probatorio refleja incertidumbre sobre las fuentes y mecanismos de
financiación, así como cuestionamientos sobre la consistencia de los instrumentos
de captura de valor, el reparto de cargas y beneficios y la suficiencia de recursos
para asegurar las obras viales, viviendas, equipamientos y espacio público, lo que
debilita la claridad institucional sobre cómo garantizar la integralidad del proyecto.
177. Se acreditaron las tensiones institucionales existentes respecto de la
articulación del macroproyecto con el POT y sobre la posibilidad de justificar la
planificación integral, situación que refuerza la necesidad de controles y de
trazabilidad en la gestión urbana, fiscal y financiera del proyecto.
178.También se probó que el macroproyecto atraviesa un escenario institucional
complejo, pues la ERUM tenía proyectada su liquidación a diciembre de 2024, lo
cual supone la revisión, terminación o cesión de contratos y la reorganización de la
gerencia del proyecto a través de otras dependencias del municipio de Manizales,
circunstancia que, aunque no implica necesariamente la paralización de las obras,
incrementa los riesgos de pérdida de continuidad.
179.La Alerta Temprana 04-2020 de la Defensoría del Pueblo advierte que los
procesos de expropiación y demoliciones inconclusas en el marco del
macroproyecto han generado un deterioro progresivo de las condiciones de vida,
afectaciones a la seguridad, debilitamiento estructural de viviendas remanentes y la
consolidación de factores de riesgo asociados a la insalubridad y a la inseguridad
ciudadana. Dicho informe identifica riesgos estructurales que persistirán hasta que
exista certeza sobre la planeación de las obras.
180. En el mismo sentido, el informe de auditoría de desempeño de la contraloría
pone de presente deficiencias críticas en la implementación del POT y en los
instrumentos de financiación y ejecución del macroproyecto, así como la ausencia
de una programación integral que articule la gestión predial con la consolidación
efectiva del espacio público y los equipamientos colectivos. Tales hallazgos
confirman que las omisiones institucionales alegadas por el actor no son hipotéticas,
sino que responden a falencias objetivamente verificadas a través de las pruebas
documentales aportadas.
181.A su vez, el requerimiento formulado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en mayo de 2023 evidencia inconsistencias técnicas, financieras y
urbanísticas no resueltas en la reformulación del macroproyecto, particularmente en
lo relativo al reparto de cargas y beneficios, la captura de valor, la coherencia
cartográfica.
182. En suma, aunque el macroproyecto es una intervención de gran relevancia para
la ciudad y fue diseñado como una apuesta integral de renovación urbana y vivienda
social, su desarrollo se ha visto condicionado por ajustes sucesivos en la
planeación, demoras prolongadas, dudas sobre la sostenibilidad financiera y una
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Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
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institucionalidad en transición por la liquidación de la entidad ejecutora, factores que
hacen indispensable reforzar la coordinación interinstitucional y la garantía efectiva
de los componentes sociales y comunitarios proyectados.
183. Según la Ley 388 de 1997, son fines del ordenamiento territorial garantizar que
la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de
la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y
a los servicios públicos domiciliarios, así como la protección del espacio público, el
medio ambiente y la prevención de desastres.
184.El numeral 8 del artículo 27 de la Ley 1454 de 28 de junio de 201160, señala que
la Nación y las entidades territoriales asumirán las competencias a su cargo
previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del
ente territorial, garantizando su manejo transparente.
185. Los numerales 3, 6, 7, 8, 11, 14 y 15 del artículo 3 de la Ley 1454 señalan que
el proceso de ordenamiento territorial se rige por los principios de descentralización,
sostenibilidad, participación, solidaridad, equidad territorial, prospectiva,
responsabilidad, transparencia y equidad social.
186.Sin embargo, cuando la planificación de un macroproyecto se modifica
continuamente y las autoridades no presentan de forma objetiva los resultados, esos
principios se vulneran. La sostenibilidad y la equidad territorial se ven
comprometidas ante la falta de avances concretos y la pérdida de equipamiento
colectivo. El deterioro de la calidad de vida, la existencia de predios demolidos y la
perpetuación de las desigualdades evidencian un incumplimiento de los
compromisos dirigidos a apoyar a las zonas más vulnerables.
187. Los macroproyectos de interés social nacional constituyen instrumentos de
intervención urbana que promueve el Gobierno Nacional, a través de los cuales se
articulan mecanismos de planeación, financiación y gestión del suelo, con el fin de
desarrollar operaciones urbanísticas de gran escala orientadas a impulsar el
desarrollo territorial de determinados municipios, distritos o regiones del país.
188. Por lo tanto, aunque las decisiones que se tomaron en el proyecto en los
documentos técnicos están justificadas, la Sala considera que el incumplimiento de
los resultados, la falta de certeza presupuestal, la falta de claridad en la asignación
de responsabilidades institucionales, la ausencia de indicadores de cumplimiento, y
la ausencia de una visión estratégica a largo plazo, afectan el derecho colectivo a
la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida
de los habitantes.
60
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. […]”.
53
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189.Para la Sala, la decisión adoptada en la sentencia de 5 de septiembre de 2023,
que resolvió la acción de cumplimiento relacionada con la pretermisión de las
instancias participativas en el procedimiento de modificación del acto que aprobó el
macroproyecto cuestionado, las razones esbozadas en los DTS, o el concepto
técnico relacionado con la infraestructura necesaria para prestar el servicio de
educación, no son suficientes para denegar el amparo.
190. En línea con lo anterior, el Ministerio Público en la primera instancia conceptuó:
“[…] El análisis fáctico y jurídico, a la luz de la normativa aplicable y con soporte en
los medios probatorios recaudados, evidencia que la situación actual de la comuna
San José de la ciudad de Manizales, constituye una vulneración a los derechos
colectivos atribuible a las entidades responsables del desarrollo del macroproyecto,
debido a las deficiencias en la implementación de este instrumento urbanístico y ante
la ineficacia de la acción administrativa, desconociendo los deberes constitucionales
y legales en la atención de las necesidades de la comunidad identificadas en el
macroproyecto.
En consecuencia, resulta procedente que el Tribunal dicte las órdenes necesarias con
los plazos prudenciales a que hubiere lugar, tendientes a que las entidades
accionadas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, ejecuten las
actuaciones, gestiones y medidas dirigidas al cese de la vulneración a los derechos
colectivos, mediante la reformulación y refinanciación del macroproyecto de interés
social nacional “Centro Occidente de Colombia San José”, acorde con las realidades
sociales y necesidades de la comunidad que deben atenderse, garantizando la
participación ciudadana61, incluyendo la evaluación técnica, financiera, jurídica y
urbanística de todos los componentes del macroproyecto. […]”.
191.Esta Sección ha establecido que este derecho comprende el uso, la
transformación y la ocupación adecuada del suelo62, para lo cual es fundamental
que las autoridades competentes definan un esquema de ordenamiento territorial
coherente, y se abstengan de actuar de manera desordenada, como ocurrió en el
caso concreto por las razones expuestas en precedencia.
192.En este contexto, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia
para, en su lugar, amparar el derecho colectivo previsto en el literal m) del artículo
4.° de la Ley 472.
V.3.3. Las responsabilidades de las entidades demandadas en el caso
concreto
193.Como se mencionó previamente, los macroproyectos son una figura jurídica que
adoptó el legislador con el propósito de regular aquellas intervenciones urbanísticas
en las que está de por medio un interés social nacional. Por ello, en la identificación,
determinación, formulación, adopción y ejecución de los macroproyectos confluyen
las competencias de las entidades demandadas, bajo un modelo de acción
61
Decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.4.2.2.3.2.2.3.
62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 6 de marzo de 2008; C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; número de radicación 250002324000200500901-01.
54
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
urbanística fundado en los principios de coordinación, concurrencia,
complementariedad, subsidiariedad y eficiencia, según lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 1454 de 28 de junio de 201163.
194. El artículo 29 de la Ley 1454, al establecer cómo se distribuyen las
competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación y los
municipios, señaló que la Nación tiene la responsabilidad de definir la política
general sobre el territorio, incluyendo la localización de grandes proyectos de
infraestructura; mientras que el municipio se encarga de formular y adoptar los
planes de ordenamiento territorial, siguiendo los lineamientos de la Nación.
195.Los artículos 311 y 315 de la Constitución Política determinan que el alcalde es
la autoridad responsable de dirigir la acción administrativa del municipio, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes.
196.Los numerales 2, 3, 6, 7, 11 y 23 del artículo 3 de la Ley 136 de 2 de junio de
199464 agregan que el municipio se encarga de promover el desarrollo integral de
su territorio mediante la elaboración de planes de desarrollo, construcción de obras
públicas, mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y la solución de las
necesidades básicas, especialmente de los grupos vulnerables. Además, debe
formular y adoptar su plan de ordenamiento territorial, impulsar alianzas público-
privadas, fomentar la modernización y competitividad del territorio de su jurisdicción,
y garantizar la construcción y mantenimiento de las vías municipales.
197.La función urbanística es la potestad de los municipios y distritos prevista en
nuestro ordenamiento jurídico a efectos de garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales a la propiedad privada, a la productividad, a la competitividad, al
trabajo, a la convivencia pacífica, al goce de un ambiente sano, a la igualdad
material y a la intimidad65. El ejercicio de esta función permite, en el marco de un
orden justo, el respeto de los derechos y las libertades ajenas sin abusar de las
propias66.
198.En línea con lo anterior, el artículo 13 de la Ley 388 de 1997 establece que,
entre los componentes urbanos del Plan de Ordenamiento Territorial, está la
especificación de la naturaleza, alcance y área de operación de los macroproyectos
63
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. […]”.
64
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
65
El artículo 15 de la ley clasifica las normas urbanísticas en estructurales, generales y complementarias. Las estructurales
aseguran el cumplimiento de los objetivos del plan de ordenamiento territorial, incluyendo la clasificación del suelo y la
definición de unidades de actuación. Las generales regulan los usos e intensidad del suelo, y contemplan excepciones para
proyectos o intervenciones especiales. Las complementarias se refieren a la ejecución de programas y proyectos específicos,
como la localización de vivienda de interés social o la reubicación de asentamientos en zonas de riesgo.
66
“[…] ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley […]”.
55
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
urbanos cuya promoción y ejecución se contemple a corto o mediano plazo,
conjuntamente con la definición de sus directrices generales de gestión y
financiamiento, así como la expedición de las autorizaciones para emprender las
actividades indispensables para su concreción.
199.Los macroproyectos de interés social nacional constituyen determinantes de
ordenamiento de superior jerarquía para los municipios y distritos en los términos
del artículo 10 de la Ley 388 de 1997.
200.Conforme al artículo 5 y siguientes del Decreto 4260, compilados en el Decreto
1077, la identificación, determinación, formulación y adopción de los
macroproyectos corresponde al actual Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
cual deberá para el efecto, tener en cuenta la dinámica poblacional, el déficit
cuantitativo y cualitativo de vivienda de interés social y el impacto territorial de la
intervención.
201.Respecto de la ejecución de los macroproyectos, el artículo 2.2.4.2.1.5.267 del
Decreto 1077 establece que la misma estará a cargo del Fondo Nacional de
Vivienda, Fonvivienda, y/o de las entidades territoriales y que las áreas
metropolitanas y/o los particulares podrán participar en la ejecución de los
macroproyectos, en los términos que se disponga en el acto administrativo que los
adopte.
Adicionalmente en materia de ejecución, el artículo 2.2.4.2.1.5.1 del Decreto
202.
1077 de 2015, compiló el artículo 13 del Decreto 4260 de 2007, así:
“[…] ARTICULO 2.2.4.2.1.5.1 Licencias urbanísticas para la ejecución de
Macroproyectos. Las licencias urbanísticas para el macroproyecto se otorgarán con
sujeción a las normas urbanísticas adoptadas en este. Dichas normas serán de
obligatorio cumplimiento por parte de quien tenga la competencia para expedir
las licencias urbanísticas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial por solicitud de la autoridad competente para expedir licencias
urbanísticas, se pronunciará sobre las contradicciones y vacíos que se
presenten en la interpretación de las normas contenidas en los decretos de
adopción de los Macroproyectos. […]”. (Negrilla fuera del texto).
203.Conforme a la normativa supra, el ministerio demandado es responsable de
identificar y determinar los macroproyectos, a partir de la dinámica poblacional, el
déficit de vivienda de interés social y el impacto territorial de la intervención.
67
“[…] ARTÍCULO 2.2.4.2.1.5.2 Ejecución de los Macroproyectos. La ejecución de los Macroproyectos estará a cargo del
Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, y/o de las entidades territoriales. Las áreas metropolitanas y/o los particulares
podrán participar en la ejecución de los Macroproyectos, en los términos que se disponga en el acto administrativo que lo
adopte.
De acuerdo con lo determinado en el artículo 12 del Decreto-ley 555 de 2003, así como en los artículos 79 y 82 de la Ley
1151 de 2007, el manejo de los recursos para la ejecución de los Macroproyectos a cargo de FONVIVIENDA podrá ser
contratado total o parcialmente mediante contratos de fiducia mercantil, encargo fiduciario, fondos fiduciarios, de mandato,
convenios de administración y demás negocios jurídicos que sean necesarios, así como gerencias de proyecto o patrimonios
autónomos.
PARÁGRAFO. Para garantizar la transparencia y eficiencia en la administración y ejecución de los recursos de Fonvivienda,
estos serán manejados a través de cuentas separadas. […]”.
56
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Demandante: Personería municipal de Manizales
Además, la formulación de los macroproyectos, incluyendo el componente
financiero, también recae en dicho ministerio, quien debe notificar mediante
comunicación escrita a los representantes legales de los municipios o distritos
donde se ejecutarán, con el objetivo de concertar las acciones urbanísticas de las
entidades territoriales involucradas.
204.Además, el artículo 82 de la Ley 1151 de 24 de julio de 200768 determinó como
función para el sector vivienda “[…] Ejecutar los recursos y desarrollar las
actividades necesarias para la habilitación de suelos urbanizados y el desarrollo de
Macroproyectos de Interés Nacional de qué trata el artículo 89 de la presente ley
[…]”.
205. En cuanto a la ejecución, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y/o las
entidades territoriales están encargados de llevarla a cabo, según lo establecido en
el acto administrativo correspondiente. Además, la autoridad competente para la
aplicación y cumplimiento de las normas urbanísticas es la autoridad municipal o
distrital o los curadores urbanos según sea el caso.
206.La modificación de los proyectos procede por solicitud del ente territorial o el
interesado, en los términos de los artículos 669 y 1770 de la Resolución 204 de 2011.
Además, esas modificaciones están sujetas al procedimiento allí reglado teniendo
en cuenta únicamente las instancias o dependencias a cuyo cargo se encuentren
los asuntos objeto de la modificación.
207. En este contexto funcional, se advierte que el macroproyecto cuestionado, aun
cuando se encuentra en fase de ejecución, está a la espera de una modificación de
los lineamientos urbanísticos que lo regulan con el propósito de integrar nuevos
trazados viales, actualizar el desarrollo de espacios recreativos y adaptar los
instrumentos de gestión y financiación.
208.El ministerio demandado enfatizó en el año 2023 que la documentación técnica
en lo referente a la cartografía, la variación en los índices de precios y costos de
construcción, los mecanismos de reparto de cargas y beneficios, así como los
procedimientos para la gestión predial y la ejecución de las obligaciones
urbanísticas, aun no es totalmente clara.
68
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 […]”. Reglamentado por el Decreto Nacional 4260 de
2007.
69
“[…] ARTÍCULO 6o. DOCUMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL
NACIONAL. Las entidades territoriales y/o particulares interesados en la formulación del Macroproyecto, deberán radicar en
la ventanilla única de correspondencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el documento técnico de soporte de
formulación dirigido a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial. Dicho documento debe cumplir los requisitos establecidos
en los artículos 2.2.4.2.1.3.1 y 2.2.4.2.1.3.2 del Decreto número 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya
[…]”.
70
“[…] Artículo 17. Modificación de macroproyectos. El trámite para la modificación de los Macroproyectos de Interés Social
Nacional adoptados surtirá el procedimiento reglamentado en la presente resolución, teniendo en cuenta únicamente las
instancias o dependencias a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto de la modificación necesaria para el desarrollo del
respectivo macroproyecto […]”.
57
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
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209.Estas mejoras permitirán que: i) el proyecto se articule adecuadamente con las
necesidades actuales de la ciudad; ii) el aprovechamiento del suelo disponible se
maximice; iii) los procesos administrativos sean más transparentes, efectivos y
respondan a las necesidades urbanísticas, sociales y de movilidad del sector
intervenido; y iv) la información presentada sea coherente y esté alineada con la
realidad del mercado.
En la Resolución 544 de 2017 se determinaron las competencias del municipio
210.
de Manizales, la ERUM, el ministerio demandado y Fonvivienda, así:
“[…] ARTÍCULO 5.1. Estrategias de Gestión del Suelo. Para la gestión del suelo
en los diferentes programas y proyectos contemplados en el presente
macroproyecto, se podrán aplicar los instrumentos que, para el efecto, disponen las
leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y 1151 de 2007, así como sus reglamentaciones.
(Artículo 35 de la Resolución 1453 de 2009).
ARTÍCULO 5.2. Fiducia Mercantil. Conforme al artículo 79 de la Ley 1151 de 2007,
para la ejecución de los Macroproyectos de interés social nacional las autoridades
nacionales y territoriales podrán celebrar contratos de fiducia mercantil en los que
las entidades del sector central y descentralizado por servicios del nivel nacional y
territorial participantes, podrán ser fideicomitentes. Las entidades y particulares
aportantes, podrán participar con derechos fiduciarios del fideicomiso.
En caso de la celebración de contratos de fiducia mercantil, el constituyente de la
fiducia podrá ser el Municipio o cualquier entidad pública descentralizada que tenga
por objeto el desarrollo de procesos, programas o proyectos como aquellos que se
derivan del Macroproyecto de Interés Social Nacional del Centro Occidente de
Colombia - San José.
(Artículo 36 de la Resolución 1453 de 2009).
ARTÍCULO 5.4. Esquemas de participación del Gobierno Nacional. Los recursos
incorporados en el Presupuesto General de la Nación destinados a financiación de
ejecución del Macroproyecto serán asignados y comprometidos mediante acto
administrativo expedido por el Director de FONVIVIENDA, previa aprobación de su
Consejo Directivo. Para la ejecución total o parcial de las asignaciones efectuadas
mediante acto administrativo, el destinatario de los recursos deberá constituir
contrato de Fiducia Mercantil, en el cual FONVIVIENDA participará con voz y voto
en el comité fiduciario que se derive de la Fiducia Mercantil que se celebre.
Corresponderá a la Administración Municipal adquirir el suelo y acometer la
ejecución y financiación de los proyectos estructurales que les correspondan en los
términos establecidos en la presente Resolución. Lo anterior, sin perjuicio de que
aporten recursos adicionales para ejecutar los procesos de urbanización y
edificaciones del Macroproyecto.
Los recursos provenientes del Gobierno Nacional podrán ser destinados para la
adquisición de suelo, elaboración de los diseños y estudios técnicos y ejecución de
obras de urbanismo del Sector La Avanzada y la calle 27 que corresponden al
interior de este sector.
Los recursos del Gobierno Nacional serán dedicados a vivienda de interés prioritario
y vivienda de interés social de acuerdo con lo plasmado en el Plan Nacional de
Desarrollo vigente o el que lo modifique.
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Demandante: Personería municipal de Manizales
(Artículo 15 de la Resolución 0085 de 2016).
ARTÍCULO 6.4. Licencias Urbanísticas. Las correspondientes licencias de
urbanización y construcción deberán tramitarse ante los curadores urbanos del
Municipio de Manizales, de conformidad con las disposiciones urbanísticas previstas
en esta Resolución y en las demás normas vigentes sobre la materia.
(Artículo 41 de la Resolución 1453 de 2009)
ARTÍCULO 6.2. Licencias de Urbanización. Cada Unidad de Ejecución deberá
contar con la aprobación de un proyecto urbanístico general, el cual podrá
ejecutarse en una o varias etapas a través de la aprobación de licencias de
urbanización, en los términos del artículo 2.2.6.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015
(Artículo 48 del Decreto 1469 de 2010), la norma que lo adicione, modifique o
sustituya.
(Artículo 6 de la Resolución 1793 de 2011)
ARTÍCULO 6.3. Vigilancia y control durante la ejecución de las obras. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Ley 2150 de 1995 y en el
artículo 2.2.6.7.1 del Decreto 1077 de 2015 (artículo 63 del Decreto 1469 de 2010)
la norma que lo modifique, adicione o sustituya, la vigilancia y control durante la
ejecución de las obras, en el área asegurada y el cumplimiento de las licencias
urbanísticas y de las demás normas y especificaciones técnicas contenidas en la
presente Resolución y su Ordenamiento del Municipio, corresponde al Alcalde o su
delegado.
(Artículo 27 de la Resolución 1527 de 2010).
ARTÍCULO 6.6. Determinante de Ordenamiento. De conformidad con lo previsto
en el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007, las normas adoptadas mediante la presente
Resolución constituyen determinantes de ordenamiento del suelo para que se
entenderán incorporadas al plan de ordenamiento territorial del Municipio de
Manizales.
(Artículo 50 de la Resolución 1453 de 2009).
ARTÍCULO 6.7. Incorporación en la cartografía. La Secretaría de Planeación
Municipal efectuará las anotaciones respectivas de cartografía oficial relacionadas
con la adopción del presente Macroproyecto, el contenido con los planos anexos al
Documento Técnico de Soporte de que trata el Artículo 2. Documentos de la
presente Resolución.
(Artículo 19 de la Resolución 0085 de 2016). […]”.
211.También se demostró que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de
Manizales S.A.S. con Fiduciaria La Previsora celebraron el siguiente contrato de
fiducia, sin que exista certeza en el plenario sobre la vigencia del mismo en el
contexto del proceso liquidatorio de la ERUM, veamos:
“[…] se celebró el contrato de fiducia mercantil 14775 del 03 de diciembre de 2009, el
cual se denominó “PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ”, por parte de la Empresa de
Renovación Urbana de Manizales en calidad de Fideicomitente inicial, junto con
INFIManizales que se integraría como Fideicomitente posterior y beneficiario,
vehículo fiduciario que tiene por propósito la ejecución de recursos relacionados con
el proyecto de vivienda VIP y la ejecución de los recursos relacionados con la
adquisición y habilitación de suelo con proyectos estratégicos y de renovación urbana.
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Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
Ahora bien, con base en lo contemplado en el precitado contrato fiduciario (Patrimonio
Matriz) se suscribió el Contrato de Fiducia Inmobiliaria de Administración y Pagos
denominado (patrimonio derivado) “Macroproyecto San José Manizales”, entre la
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales – ERUM con Fiduciaria
La Previsora (vocera y administradora del patrimonio autónomo matriz) para la
constitución. […]”.
212. Incluso es pertinente recordar que, el Fondo Nacional de Vivienda
FONVIVIENDA, podrá de manera facultativa aportar recursos para la ejecución del
macroproyecto, pero precisando que tal como lo contempla la resolución en su
artículo 5.4, los recursos del Gobierno Nacional serán dedicados a vivienda de
interés social, así mismo el parágrafo 2 del artículo 5.6. sobre fuentes y usos es
categórico en señalar: “[…] Los recursos de Fonvivienda serán posteriormente
individualizados a favor de los hogares que cumplan con las condiciones
establecidas en la normatividad vigente, a título de subsidio familiar de vivienda
vinculado a un macroproyecto de que trata el Decreto 1077 de 2015 o la norma que
lo adicione, modifique o sustituya […]”.
213. Bajo este marco funcional, no se demostró que el municipio hubiera ejercido de
manera suficiente sus competencias en materia de ordenamiento territorial.
Conforme a los artículos 311 y 315 de la Constitución Política y a los numerales 2,
3, 6, 7, 11 y 23 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, el alcalde debe dirigir la acción
administrativa, ordenar el desarrollo del territorio, ejecutar obras públicas y
garantizar la efectividad del plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, en el
plenario no obra prueba que evidencie una actuación integral, sistemática y
articulada que permita afirmar que tales funciones se desplegaron de manera eficaz.
214.De igual forma, tampoco se acreditó que la ERUM S.A.S., en su condición de
gestora y ejecutora del proyecto, hubiera garantizado la materialización efectiva de
la estrategia de intervención urbana. No existe claridad en el expediente sobre el
estado actual de las intervenciones, ni la efectividad de los instrumentos de
planeación.
215.Se destaca además que la ERUM se encuentra en proceso de liquidación y, en
este contexto, la ausencia de información actualizada sobre la ejecución financiera
y técnica del proyecto impide concluir que el gestor haya asegurado la continuidad,
estabilidad y sostenibilidad del macroproyecto en los términos exigidos por la
Resolución 544 de 2017.
216. La falta de indicadores claros de seguimiento y gestión, así como la insuficiente
articulación entre el macroproyecto y los mecanismos administrativos y financieros
previstos para hacer seguimiento al POT constituyen elementos que refuerzan la
omisión atribuible al municipio y a la ERUM.
No se acreditaron matrices de cumplimiento, ni mecanismos de evaluación que
217.
permitieran verificar el cumplimiento de metas urbanísticas, financieras y sociales.
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Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
Tampoco se demostró que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hubiera
prestado un acompañamiento permanente y eficaz al ente territorial, pese a que, le
corresponde la evaluación de la suficiencia del componente financiero. Por el
contrario, el propio ministerio reconoció en 2023 que subsisten vacíos en materia
cartográfica, de índices de costos, de reparto de cargas y de gestión predial.
218.En ese contexto, el Ministerio, el Municipio y el gestor del macroproyecto son
corresponsables de la cabal ejecución de la estrategia de intervención urbana, en
aplicación de los principios de integración, sostenibilidad, prospectiva,
responsabilidad, coordinación y complementariedad consagrados en el artículo 209
de la Constitución Política, el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 2 de la
Ley 1454 de 2011.
219.La inobservancia de estos deberes de coordinación y eficiencia impide tener por
demostrado el cumplimiento suficiente de las obligaciones funcionales de las
entidades demandadas en la ejecución del macroproyecto de interés social
nacional.
V.3.4. Las órdenes en el caso concreto
220. La personería afirmó que el tribunal de primera instancia desconoció las
intervenciones de los coadyuvantes, pese a que los terceros intervinientes en esta
acción popular son miembros de la comunidad de Manizales, afectados
directamente por el macroproyecto. Además, precisó que la jurisprudencia permite
al juez de la acción popular emitir fallos ultra y extra petita, en el sentido de ordenar
medidas idóneas que permitan resolver la problemática.
221.Sobre el primer argumento, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 201471, explicó que la acción popular es autónoma
y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica,
sin embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción
popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los
términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”.
222.Respecto del segundo argumento, la Sala Plena del Consejo de Estado aclaró
en las sentencias de 5 de junio de 201872 y de 26 de enero de 202173, que el juez
de la acción popular puede dictar fallos ultra y extra petita que protejan derechos
colectivos distintos a los mencionados por el actor popular en la demanda, analizar
71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, providencia
de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
72
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación núm. 15001-33-31-001-
2004-01647-01.
73
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, C. P. Martín Bermúdez
Muñoz, radicación número: 54518-33-31-001-2007-00013-01(AP)REV.
61
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
hechos adicionales a los planteados inicialmente y dictar órdenes diferentes a las
solicitadas en las pretensiones, siempre y cuando se haya garantizado el derecho
de defensa a los sujetos procesales y estos aspectos guarden relación con el hecho
generador del daño colectivo expuesto en la demanda y, en términos generales, con
la causa petendi.
223. Por lo tanto, con el propósito de asegurar la viabilidad técnica, financiera y
jurídica del macroproyecto, se impartirán órdenes al municipio de Manizales, a la
ERUM S.A.S. y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que permitan corregir
la vulneración del derecho amparado conforme a lo acreditado en el proceso y, sin
desconocer que el juez de la acción de cumplimiento impartió órdenes en lo
relacionado con la problemática de participación ciudadana.
224. Aunado a ello, como el trámite de las acciones populares se desarrolla con
fundamento en los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial
y de eficacia74, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 30675 de la Ley
1437 de 2011 y 6876 de la Ley 1564 de 2012, la Sala precisa que las órdenes de
amparo a cargo de la ERUM serán adelantadas por su sucesor procesal, dado que
en el plenario no se acreditó la liquidación definitiva de la entidad ni cuál es la
entidad que asumió esas funciones.
225. De otro lado, la Sala advierte que ordenará la conformación del comité de
verificación de cumplimiento de la sentencia, en los términos señalados en el
artículo 34 de la Ley 472.
226.Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201277 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 2019 78, no se condenará
en costas en segunda instancia porque no se acreditó su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
74
Artículo 5 de la Ley 472.
75
“[…] Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. […]”.
76
“[…] ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el
cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.
Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte,
los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la
sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concurran.
El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También
podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente […]”. (negrillas fuera del texto)
77
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
78
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019, C.P.: Rocío Araújo Oñate, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01.
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Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 13 de febrero de
2025 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en
cuanto negó el amparo del derecho colectivo establecido en el literal m) del artículo
4.° de la Ley 472, y en su lugar:
1. DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada parcial en relación
con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de Manizales y la
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S., por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. DECLARAR probadas las excepciones propuestas por la Empresa de
Renovación Urbana de Manizales denominadas “[…] Falta de idoneidad del medio
de control […]” y “[…] Falta de configuración de los elementos necesarios para
declarar un estado de cosas inconstitucional a partir de la sentencia T-025 de 2004
[…]”.
3. AMPARAR el derecho colectivo a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes vulnerado por el municipio de Manizales, la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
4. ORDENAR al municipio de Manizales y al sucesor procesal de la ERUM S.A.S
que, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de
esta providencia, conforme a las competencias de cada entidad, presenten al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, si aún no lo han hecho y sigue siendo
necesario, la solicitud para modificar la aprobación del macroproyecto otorgada
mediante la Resolución 0544 del 22 de agosto de 2017. Esta solicitud deberá tener
como objetivo corregir los aspectos financieros, jurídicos, urbanísticos y técnicos
identificados en el proceso, así como cualquier otro que se considere pertinente.
5. ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que priorice el estudio
de la modificación y otorgue una respuesta definitiva en el término máximo de seis
(6) meses contados a partir de la presentación de la solicitud. En dicho análisis se
debe verificar lo relacionado con la consistencia cartográfica, actualización de
costos, claridad de instrumentos de financiación y gestión, y coherencia del reparto
de cargas y beneficios.
6. ORDENAR al municipio de Manizales y al sucesor procesal de la ERUM S.A.S
que formulen, adopten y materialicen un plan de ejecución del macroproyecto el
cual deberá estar articulado con el programa de ejecución del POT y demás
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Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
instrumentos de planeación del orden local. Dicho plan deberá definir metas
anuales, indicadores de seguimiento, responsables, fuentes de financiación,
cronograma por unidades de ejecución y una matriz de riesgos.
El municipio podrá involucrar a las entidades y particulares con competencias en la
materia, para lo cual presidirá una mesa de trabajo interinstitucional que sesionará
de forma trimestral con el objetivo de garantizar la materialización de los principios
de integración, sostenibilidad, prospectiva, responsabilidad, coordinación y
complementariedad.
El tablero de seguimiento contendrá indicadores mínimos de avance predial,
licenciamiento, vivienda VIP/VIS, espacio público, equipamientos, vías, redes,
gestión social y respuestas a peticiones, quejas y reclamaciones relacionadas con
el proyecto, los cuales se publicarán en el mecanismo de información que defina el
ente territorial, con una periodicidad semestral, con el propósito de garantizar la
transparencia y el control social.
Este plan se construirá a partir de un diagnóstico actual que contendrá el inventario
georreferenciado de las obras proyectadas y ejecutadas, junto con un esquema de
priorización de equipamientos colectivos.
7. ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que realice un
acompañamiento técnico permanente al municipio en el marco de sus funciones
legales y reglamentarias, especialmente sobre la interpretación de las normas
urbanísticas del macroproyecto y su relación con el POT.
8. ORDENAR la conformación del comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia, el cual estará integrado por el magistrado sustanciador del tribunal de
primera instancia, quien lo presidirá; por el actor popular y los coadyuvantes; un
representante y/o delegado del Concejo de Manizales; un representante y/o
delegado del municipio de Manizales; un representante y/o delegado del sucesor
procesal de la ERUM S.A.S. y; un representante y/o delegado del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, para que realicen seguimiento y adopten las medidas necesarias para
el cabal cumplimiento de la presente sentencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 13 de febrero de
2025 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
64
Radicación núm. 17001-23-33-000-2023-00270-01
Demandante: Personería municipal de Manizales
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
.
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