Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2024-00028-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2024-00028-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2024-00028-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
7 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 170012333000202400028-01
Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
Demandado: Juzgado Séptimo de Familia de Manizales
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) trabajo
y iv) acceso a cargos públicos
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 12 de febrero de 2024 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas, por medio de la cual declaró improcedente la acción de
tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Séptimo de Familia de Manizales, porque, a su juicio, al expedir la Resolución núm.
003 de 31 de enero de 2024, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
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Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, “[…] He laborado al servicio de la Rama Judicial en diferentes
cargos y especialidades desde el 01 de abril de 1.999 y en propiedad en el Cargo
de Escribiente Circuito desde el 01 de noviembre de 2009 […]”.
4. Sostuvo que, “[…] El día 19 de enero avante, tuve conocimiento de la vacante
que dejaría la compañera Sandra Milena Valencia en el cargo de Secretaria del
Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, razón por la cual, en esa misma calenda,
mediante mensaje de datos dirigido al correo electrónico institucional y con destino
a la titular de la citada Sede Judicial, solicité tener en cuenta mi hoja de vida con el
propósito de ocupar el cargo que quedaría disponible transitoriamente a partir del 1
de febrero de 2024, o en su defecto el de Oficial Mayor que pudiera quedar vacante,
en virtud de los posibles movimientos internos de personal […]”.
5. Precisó que, “[…] La solicitud de considerar mi hoja de vida para los cargos
que quedarían vacantes en el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, se realizó
por cuanto tratándose de empleos que corresponden al régimen de carrera judicial,
las vacancias transitorias, deben proveerse en virtud del derecho al ascenso –
mérito-, según la inmensa línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional
en las sentencias C-713 de 2008, C-333 de 2012 y C-532 de 2013, igualmente en
virtud del Acuerdo Colectivo Suscrito en el año 2017 entre las Organizaciones
Sindicales y el Consejo Superior de la Judicatura, aunado a la Circular PCSJC17-
36 del septiembre 25 de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura. […]”.
6. Sostuvo que, “[…] Mediante resolución Nº 003 fechada 31 de enero de 2024,
notificada por correo electrónico el día 01 de febrero de la misma anualidad, el
juzgado accionado negó mi solicitud y procedió a nombrar como secretaria en
provisionalidad a la compañera CAROLINA UCHIMA ESPINOSA – quien no
obstenta (sic) derechos de carrera, ni se encuentra en lista de elegibles para ningún
cargo en la Rama Judicial. […]”.
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Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Solicito respetuosamente que se ordene al Juzgado Séptimo de Familia de
Manizales, Caldas, modificar en lo correspondiente la Resolución N° 03 del 31 de
enero de 2024 y se me nombre como secretaria en provisionalidad de dicho juzgado,
hasta que se reintegre al cargo de Secretaria la titular en carrera. […]”.
7.1. Como fundamento de su solicitud, consideró lo siguiente:
“[…] Séptimo: En el presente asunto, resulta relevante destacar como precedente el
fallo de segunda instancia proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela Rad.
17001233300020170068501 del 27 de junio de 2018, que CONFIRMÓ íntegramente,
la sentencia del 10 de octubre de 2017, expedida por el Tribunal Administrativo de
Caldas.
En este caso, la decisión de primera instancia negó la acción de tutela impetrada por
la Dra. Claudia Yaneth Muñoz García, mediante la cual solicitaba su nombramiento
en provisionalidad como Profesional Universitario -cargo vacante transitoriamente-,
en el Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales – accionado-, en razón a que hacía
parte del registro de elegibles vigente para dicho cargo, sin embargo, se nombró en
provisionalidad, a quien ocupaba en propiedad, el cargo de oficial mayor en
ese despacho judicial.
La titular de ese despacho convocó a los empleados que se encontraban en carrera
dentro de la jurisdicción y que tuvieran interés en ser designados en dicho cargo,
pero como la demandante en su momento no era servidora judicial, no aplicaba para
la mencionada convocatoria. […]”.
[…]
“[…] Posteriormente, el Consejo de Estado señaló que la sentencia impugnada no
incurrió en un error de interpretación de las reglas de la Corte Constitucional, pues el
numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, se refiere a las vacantes definitivas
que deben proveerse con base en del registro de elegibles y señala “…De allí que
exista un margen de discrecionalidad para el nominador, que le permite, por tratarse
de la provisión de una vacante temporal, nombrar a una persona que cumpla con los
requisitos legales para el ejercicio del cargo, sin acudir para este efecto a la lista o
registro de elegibles…” (Subrayas fuera de texto), lo anterior significa que en
tratándose de vacantes definitivas se acude al registro de elegibles y en el caso de
vacancias temporales, existe un margen de discrecionalidad reglada, pudiéndose
nombrar a quien cumpla con los requisitos legales para el cargo, siempre y cuando,
que su condición se sujete con lo reglado en el parágrafo del artículo 142 de la ley
270 de 1996, es decir, que ya se encuentre en carrera judicial, condición que no
ostenta la compañera CAROLINA UCHIMA ESPINOSA, quien no ha ingresado a la
carrera judicial por el sistema de méritos, según se reconoce expresamente en el
mismo acto de su nombramiento como Secretaria, ni se encuentra en registro de
elegibles vigente para algún cargo en la Rama Judicial, mientras que en mi caso,
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Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
confluye claramente el derecho preferente al asenso por encontrarme en las
condiciones previstas en el ya tantas veces citado parágrafo del artículo 142 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, además de mi experiencia, formación
académica y calificación que dan cuenta de mi idoneidad para el cargo.
Octavo: La situación que genera mi inconformidad frente la Resolución No 003 de
2024, que decide desconocer mis derechos de carrera y en particular el derecho al
ascenso, fue objeto de Acuerdo Colectivo entre las Organizaciones Sindicales y el
Consejo Superior de la Judicatura desde el año 2017, oportunidad en la que se
dispuso en los artículos 4 e inciso 2 del artículo 6, lo siguiente: […]”.
[…]
“[…] Décimo: La resolución Nº 03 fechada el 31 de enero de 2024 proferida por el
juzgado accionado, es una decisión de carácter administrativo y no en virtud de la
función jurisdiccional del despacho, razón por la cual no tiene instancia y en el acto
administrativo no se señalaron los recursos procedentes contra la misma, por lo que
la acción de tutela es el medio idóneo con el que cuento para la protección de mis
derechos.
Undécimo: Ahora bien, se cumple con el requisito de la inmediatez, por cuanto la
resolución que resolvió la petición, me fue notificada el 01 de febrero de 2024, según
expliqué en precedencia […]”.
Actuación
8. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto de 2 de febrero de 2024:
i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó “[…] VINCULAR al presente procedimiento
a CAROLINA UCHIMA ESPINOSA y a MARÍA ALEXANDRA AGUDELO GÓMEZ.
[…]”, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular; y iii) negó la medida provisional solicitada por la actora.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. El Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, solicitó negar la acción de
tutela. Para tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] El hecho quinto es cierto y se reitera en el presente escrito, que la DRA UCHIMA
ESPINOSA, es la persona más idónea para asumir la secretaría del despacho, lo
cual redunda en un excelente rendimiento y prestación oportuna del servicio,
generándose en el juzgado un impacto favorable, toda vez que la designada conoce
perfectamente todos y cada uno de los trámites y estado de los procesos; es ágil y
maneja no solo la parte jurídica, sino también la tecnológica de manera eficiente,
aunado a que no requiere de inducción alguna, habiendo asumido la labor de
secretaria de manera inmediata.
El hecho sexto es una apreciación de la accionante. Por parte de esta funcionaria,
no se vislumbra desde ningún punto de vista, que se ocasione una vulneración de
sus derechos fundamentales, pues según se desprende de las pruebas aportadas,
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Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
se encuentra vinculada en propiedad a la Rama judicial, por lo que su derecho al
trabajo se encuentra garantizado.
No existe tampoco una vulneración al debido proceso, cuando por parte del
despacho, se realizó un estudio de su hoja de vida, pudiendo establecerse que en el
ámbito de derecho de familia, no tiene experiencia alguna, siendo imperioso para
evitar traumatismos que se cuente con conocimientos mínimos en esta área, siendo
del caso resaltar que la persona que ocupe dicho cargo, debe impulsar procesos,
proyectar autos de sustanciación, interlocutorios, tutelas, incidentes de desacato y
sentencias, asistir a audiencias y prestar en ellas el apoyo requerido, jurídica y
tecnológicamente y las demás consignadas en el manual de funciones (se anexa),
resaltándose que la nombrada, DRA. UCHIMA ESPINOSA, aparte de contar con una
especialización en derecho de familia, tiene experiencia suficiente para
desempeñarse en el cargo, sin que el Juzgado se afecte frente a la prestación del
servicio, pudiendo afirmarse que, sin duda alguna, contribuye a su mejoramiento,
razón por la cual dentro de la discrecionalidad que me asiste, al tratarse de un
nombramiento en una vacancia temporal, no definitiva, considero que la elección fue
la más acertada, la cual se encuentra debida y ampliamente sustentada. […]”.
10. La señora Carolina Uchima Espinosa, solicitó negar la acción de tutela. Para
tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] Aunado a lo anterior puedo destacar que llevo dieciocho años laborando para
la Rama Judicial, actividad que siempre he desempeñado con gran sentido de
pertenencia y compromiso, dedicando mi vida laboral a esta entidad en la jurisdicción
de familia y, en su mayor parte, exceptuando los años que laboré como Juez, con la
DRA PATRICIA, quien puede dar fe, reitero, de mi capacidad, conocimiento y aptitud
para ejercer en los cargos ocupados.
En cuanto a la presunta vulneración de derechos alegada por la accionante, me
permito indicar que los únicos derechos que resultarían afectados, en caso de
accederse a las pretensión de la tutela, serían los míos, pues mi mínimo vital y mi
sustento estarían gravemente afectados, causándome con ello un perjuicio
irremediable, así como los derechos y el sustento de mi menor hija de 9 años, […],
quien es huérfana de padre, dado su fallecimiento el 15 de septiembre de 2016,
siendo total y completamente dependiente de mis ingresos. […]”.
11. María Alexandra Agudelo Gómez guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Solicitud de coadyuvancia
12. José Rodolfo Ospina Riobó solicitó ser tenido como coadyuvante de la actora.
Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] 6.2.- Sostiene la Juez accionada que el nombramiento de CAROLINA UCHIMA
ESPINOSA, se encuentra soportado en la amplia experiencia que ésta tiene al
servicio de la Rama Judicial, argumento con el que de manera tácita acepta el
desconocimiento o violación del artículo 125 de la Constitución Política, el cual
prescribe: […]”.
[…]
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Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
“[…] 6.3- Existe reiterada y consolidada jurisprudencia tanto del Consejo de Estado
como de la Corte Constitucional en la cual se insiste en la necesidad de observar y
hacer prevalecer el mandato constitucional del artículo 125, en el sentido de que los
empleos del Estado son de carrera, se deben proveer a través del mérito bien con
personal de carrera de manera privilegiada o bien de manera supletoria con las listas
de elegibles, al constituir una herramientas que permite adelantar los procesos de
selección de manera objetiva, igualitaria y transparente, de acuerdo a los principios
superiores, a la ley y al precedente judicial, en virtud del derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 superior. […]”.
[…]
“[…] 6.5.- Por si fuera poco, y no menos relevante, esta situación fue objeto de
Acuerdo Colectivo entre las organizaciones sindicales y el Consejo Superior de la
Judicatura desde el año 2017, oportunidad en la que se dispuso en los artículos 4 e
inciso 2 del artículo 6, lo siguiente: […]”.
[…]
“[…] 6.6.- El Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus funciones
administrativas, el día 25 de septiembre de 2017 expidió la Circular No PCSJC17-36
de 2017, dirigida a todas las autoridades nominadoras de la Rama Judicial, en la que
se imparte como norma el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con
la provisión de los empleos de carrera por vacancia definitiva o transitoria, ello en el
marco de lo dispuesto en el artículo 4º del Acuerdo Colectivo. Dicho acto
administrativo, fue difundido mediante los correos institucionales de los despachos,
funcionarios y servidores de la rama judicial en Caldas, instando a los nominadores a
garantizar su cumplimiento. […]”.
[…]
“[…] Con la decisión adoptada por la Juez Séptima de Familia de Manizales, de
nombrar a quien no tiene derechos de carrera para el cargo de Secretaria de
Juzgados de Circuito: i) Se desconocen y quebrantan los derechos a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a los cargos públicos a través del mérito; ii) Se desconocen
los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional que obligan al
nombramiento de los servidores judiciales que gozan de derechos de carrera, en
virtud del reconocimiento al ascenso, en los eventos de vacantes temporales; iii) Se
violan los actos administrativos contenidos en los Acuerdos Colectivos suscritos entre
las Organizaciones Sindicales y la Rama Judicial, así como la Circular PCSJC17-36
de 2017; iv) Se vulneran los principios orientadores de la función administrativa y v)
Se quebrantan las normas internacionales emanados de la OIT que reconocen
derechos laborales. […]”.
[…]
“[…] En mi condición de representante de la Subdirectiva Caldas de Asonal Judicial
S.I., le solicito al Honorable Magistrado se sirva,
1.- ACCEDER a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela y en tal sentido,
se protejan los derechos fundamentales al ascenso, al acceso a cargos públicos a
través del mérito, al trabajo, la igualdad, debido proceso administrativo, confianza
legítima, vulnerados a la compañera LILIAN JULIETH MARÍN TANGARIFE.
2.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Séptimo de Familia de
Manizales, que proceda a dejar sin efecto el acto administrativo por medio del cual
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Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
dispuso el nombramiento de CAROLINA UCHIMA en el cargo de Secretaria, respecto
a la negativa de nombrarla en el cargo transitorio de Secretaria de ese despacho.
3.- Que en consonancia, realice el nombramiento en provisionalidad de la accionante
en la vacante transitoria del cargo de Secretaria del Juzgado Séptimo de Familia de
Manizales, toda vez que cumple con el presupuesto que señala la norma, esto es,
encontrarse en propiedad en un cargo de carrera, además de ser persona apta para
el cargo, conforme a su experiencia y hoja de vida.
4.- Que se acceda a las demás pretensiones invocadas por la accionante y a todas
las que de conformidad con las facultades ultra y extra petita revisten al Juez
constitucional y que contribuyan a la garantía de la protección de los derechos
invocados […]”.
La sentencia impugnada
13. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas mediante
sentencia de 12 de febrero de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la demanda de tutela instaurada por
la Doctora LILIAN JULIETH MARÍN TANGARIFE, conta (sic) el JUZGADO SÉPTIMO
DE FAMILIA DE MANIZALES. […]”.
13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En primer momento debe resaltar la Sala, que la Tutela no tiene como finalidad
el que se puedan dar órdenes a las autoridades llámense judiciales o administrativas,
para que procedan a nombrar a una persona en algún cargo, pues es obvio que, de
esa manera, se estaría extralimitando en sus deberes constitucionales y legales
arrogándose competencias que no le corresponden, razón por la cual, de primera
mano, no habría lugar a ordenar lo pretendido por la parte actora. […]”.
[…]
“[…] Con lo anterior, sería suficiente para considerar no procedente la tutela, pero
aún más, se observa que el mecanismo de defensa judicial, que podría ser utilizado
por la actora, sería una demanda electoral o una de nulidad y restablecimiento, en
las que frente a la primera por tener términos cortos para su resolución sería
eficiente, y el de nulidad y restablecimiento, conforme a las normas de procedimiento
que la regulan, en el mismo se pueden solicitar medidas cautelares, incluso de
urgencia antes de admitir la demanda, lo que conllevaría que estamos frente a un
medio judicial idóneo. […]”.
La impugnación
14. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas. En ese orden de ideas señaló lo siguiente1:
1 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 170012333000202400028-01
Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
“[…] Como sustento de mi argumentación, adjunto concepto emitido por la
Procuradora 180 Judicial 1 para asuntos administrativos de Manizales, quien en
acción de tutela de similar naturaleza, así se refirió cuando se declaró improcedente
la acción por los mismos hechos que aquí nos ocupan, para resaltar la
procedibilidad de la misma: “…Debe indicarse, que en virtud del requisito de
subsidiariedad, si bien existe otro mecanismo judicial, el mismo no resulta eficaz
para garantizar de manera inmediata el acceso al cargo público que se encuentra
en provisionalidad como ocurre en este asunto, pues es un hecho notorio que las
decisiones en la jurisdicción contencioso administrativa son demoradas, frente al
termino de vigencia que contempla el registro de elegibles y el tiempo en el que
quedará vacante el cargo de secretario del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Manizales…”, dicho entonces por una Procuradora de la jurisdicción, no es posible
cerrar los ojos a la realidad, que no por capricho ciertamente, sino por el mismo
cúmulo de trabajo que allí se tiene. […]”.
[…]
“[…] Entonces si lo reclamado tiene el carácter de transitorio, no puede someterse
a un proceso judicial, pues el asunto no queda SUSPENDIDO mientras se resuelve
de fondo, por el contrario, a medida que avanza el tiempo se va materializando más
el daño continuado hijos […]”.
[…]
“[…] Así pues, si se mira el caso concreto con sentido de realidad, se arriba a la
conclusión de que los mecanismos ordinarios no resultan eficaces para atender las
particularidades que comporta. Nótese entonces, que incluso en el marco del
trámite de la acción de tutela se ha considerado que se rechaza la medida cautelar
al estimar el Juez que se requiere un estudio de fondo, lo que implicaría que en el
proceso ordinario, ello generaría una desprotección material y real del amparo
efectivo de los derechos fundamentales frente a los cuales se solicita amparo. […]”.
[…]
“[…] Es claro que en ningún momento alegué como vulnerados mis derechos al
mínimo vital o a la salud, ni finqué mi pretensión de nombramiento temporal en
argumentos relacionados con vulnerabilidad, lejos de ello, recalqué sobre la
violación de mi derecho al DEBIDO PROCESO, entre otros y mi derecho a ser
tratada con IGUALDAD, a que se respeten las garantías mínimas con decisiones
que consulten el ordenamiento jurídico concreto aplicable para el caso, con el fin
de asegurar un resultado equitativo respecto a la nominación reclamada, lo que
obviamente redunda en mi derecho al TRABAJO.
Y es que el debido proceso no es un derecho de segunda categoría, constituye un
límite al poder arbitrario, entonces no se puede acudir a un análisis reduccionista
limitando los derechos fundamentales a los relativos a las necesidades básicas
humanas, pues el debido proceso va más allá de eso y no deber ser desconocido
por los propios operadores de justicia […]”.
Memoriales allegados en segunda instancia
15. José Rodolfo Ospina Riobó manifestó “[…] COADYUVAR la impugnación del
fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de
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Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
Caldas dentro de la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por la compañera LILIAN
JULIETH MARÍN TANGARIFE en contra del JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE
MANIZALES […]”. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] En mi condición de representante de la Subdirectiva Caldas de Asonal Judicial
S.I., le solicito al Honorable Magistrado se sirva,
1.- REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, con ponencia
del Honorable Magistrado; […] y en su lugar, ACCEDER a las pretensiones
formuladas en el escrito de tutela y en tal sentido, se protejan los derechos
fundamentales al ascenso, al acceso a cargos públicos a través del mérito, al trabajo,
la igualdad, debido proceso administrativo, confianza legítima, vulnerados a la
compañera LILIAN JULIETH MARÍN TANGARIFE.
2.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Séptimo de Familia de
Manizales, que proceda a dejar sin efecto el acto administrativo por medio del cual
dispuso el nombramiento de CAROLINA UCHIMA en el cargo de Secretaria, respecto
a la negativa de nombrarla en el cargo transitorio de Secretaria de ese despacho.
3.- Que en consonancia, realice el nombramiento en provisionalidad de la accionante
en la vacante transitoria del cargo de Secretaria del Juzgado Séptimo de Familia de
Manizales, toda vez que cumple con el presupuesto que señala la norma, esto es,
encontrarse en propiedad en un cargo de carrera, además de ser persona apta para
el cargo, conforme a su experiencia y hoja de vida; o en su defecto, en el caso de
ascender a la Oficial Mayor en Propiedad, la abogada Mariana Botero, se designe allí
a la accionante, LILIAN JULIETH MARÍN, tal y como fuera peticionado al momento
de postular voluntariamente su hoja de vida.
4.- Que se acceda a las demás pretensiones invocadas por la accionante y a todas
las que de conformidad con las facultades ultra y extra petita revisten al Juez
constitucional y que contribuyan a la garantía de la protección de los derechos
invocados […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
De la coadyuvancia
18. La Sala encuentra que José Rodolfo Ospina Riobó presentó escrito de
coadyuvancia.
19. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. del
artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud […]”, la Corte Constitucional ha considerado que “[…] la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante
una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia […]”5.
20. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto consideró textualmente6:
5 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
6 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Núm. único de radicación: 170012333000202400028-01
Actora: Lilian Julieth Marín Tangarife
“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para
estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar,
siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés
legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la
solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el
amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de
tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial
desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acción
de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los derechos
fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez
constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las
extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos
fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por
reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su competencia
sigue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial
y respeto por la cosa juzgada. Ellos se verían afectados en una medida mucho
mayor si el juez constitucional avoca el estudio, no solo de los defectos planteados
por el accionante, sino sobre otros defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes
pudieran aducir, toda vez que podrían ventilarse en una acción de carácter
excepcional y subsidiaria la totalidad de los aspectos debatidos en las instancias
precedentes. Un escenario como el planteado convertiría la acción de tutela en una
tercera instancia, pese a que la Corte ha proscrito expresamente esta hipótesis. En
este sentido, admitir las controversias propuestas por los terceros dentro del
proceso de tutela en relación con sus propios derechos y con independencia
de los hechos y derechos planteados por el accionante, desnaturalizaría la
acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala)
21. En este sentido, José Rodolfo Ospina Riobó está legitimado para intervenir
como coadyuvante de lo pretendido por la actora, en la medida en que manifestó
compartir las reclamaciones y los argumentos expuestos por la actora, sin
presentar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por la tutelante.
Problemas jurídicos
22. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad, y de ser así, ii) establecer si el Juzgado Séptimo de Familia de
Manizales, al expedir la Resolución núm. 003 de 31 de enero de 2024, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la actora.
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23. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, iii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a cargos públicos;
v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo;
procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo
del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos
24. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad7
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.
25. En ese sentido, la jurisprudencia8 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:
“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela.
[…]
“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
7 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.
26. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 20039, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala).
27. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
28. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
9 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional10 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
30. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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31. Atendiendo a que la Corte Constitucional11 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a
cargos públicos
32. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
33. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha entendido que entran dentro
del ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que
han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo13, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos14, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
11 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13 Sentencia T-309 de 1993.
14 Sentencia T-313 de 2006.
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aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos15, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
34. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
35. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente16:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Análisis del caso en concreto
36. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Séptimo de Familia de Manizales, porque, a su juicio, al expedir la Resolución núm.
003 de 31 de enero de 2024, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
15 Sentencia T-451 de 2001.
16 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
38. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
39.1. Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.
39.2. Informe rendido por el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales y la señora
Carolina Uchima Espinosa, con sus anexos.
Solución del caso concreto
40. En el caso sub examine, la Sala advierte que la actora considera que la
autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo y de acceso a cargos públicos, con ocasión del acto
administrativo contenido en la Resolución núm. 003 de 31 de enero de 2024, expedida
por la Jueza Séptima de Familia de Manizales.
41. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad del acto administrativo referido
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por la actora, con el cual, en su sentir, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
42. La Sala advierte que el acto administrativo cuestionado es la Resolución núm.
003 de 31 de enero de 2024, mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRAR a la DRA. CAROLINA UCHIMA ESPINOSA,
identificada con C.C. […], como secretaria del Juzgado Séptimo de Familia de
Manizales, Caldas en provisionalidad desde el 01 de febrero de 2024 inclusive, en
razón a la licencia conferida a la DRA. SANDRA MILENA VALENCIA RÍOS, mediante
resolución emitida por este despacho, No. 002 del 30 de enero de 2024.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a las interesadas esta decisión a través de los
correos electrónicos mencionados en sus hojas de vida.
ARTICULO TERCERO: ESTA resolución rige a partir de la fecha de expedición y
copia de la misma y la posesión, será enviada por la Secretaría a la Dirección
Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Manizales y al jefe de Recursos
Humanos de esta seccional […]”.
43. En el caso sub examine, la Sala considera que, frente a la Resolución
cuestionada y previo al cumplimiento de los requisitos legales, la actora cuenta con
los mecanismos de defensa judicial previstos por la ley para controvertir la legalidad
de dicho acto administrativo y a través de este proteger de forma oportuna e
inmediata sus derechos fundamentales.
44. Al respecto, en el inciso segundo del artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, se establecieron
las causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
45. La Sala considera que el análisis de los reparos propuestos por la actora
contra la Resolución núm. 003 de 31 de enero de 2024, debe analizarse por su juez
natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el
encargado de realizar el examen de legalidad de dicho acto, previo el cumplimiento
de los requisitos legales.
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46. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores17
que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.
47. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia18, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.
48. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección19 ha señalado que
aun cuando la actora considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.
49. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que la actora no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.
50. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional20:
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
18 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
19 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
20
Núm. único de radicación: 170012333000202400028-01
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“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.
51. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que
la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
52. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existe
otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad del acto administrativo cuestionado, antes de acudir a
la acción de tutela.
Conclusiones de la Sala
53. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
12 de febrero de 2024 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas, por medio de la cual declaró improcedente la acción de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: RECONOCER como coadyuvante a José Rodolfo Ospina, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 12 de febrero de 2024 proferida
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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