Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2024-00032-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2024-00032-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2024-00032-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2024-00032-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de abril de 2024
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: JOHN FREDY SEPÚLVEDA JIMÉNEZ
Accionado: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
CALDAS
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la parte
actora dispone de medios de defensa judicial ordinarios,
idóneos y eficaces, para la protección de sus derechos, y
no se acredita la ocurrencia de un perjuicio irremediable
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 21 de febrero de 2024 por la Sala
Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró
improcedente la acción.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor John Fredy Sepúlveda Jiménez, actuando en causa propia,
interpuso acción de tutela en contra de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Caldas, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales “[…] a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, además
de mi derecho al acceso a cargos públicos a través del mérito, y a la
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
confianza legítima, como principio constitucional […]”, y formuló la
siguiente pretensión1:
“[…] Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Caldas, modificar en lo correspondiente la
Resolución No. 01 del 18 de enero de 2024, ‘por medio de cual se efectúa
un nombramiento’ y se me nombre como Oficial Mayor / Sustanciador de
Tribunal en provisionalidad adscrito a la Secretaría de esa Corporación
[…]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora señaló que se encuentra inscrito en carrera judicial en el
cargo de citador grado IV en propiedad, en la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Caldas, y que actualmente se encuentra nombrado
en provisionalidad en el cargo de escribiente en la misma Corporación.
Indicó que por Acuerdo PCSJA23-12126 del 19 de diciembre de 2023,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se creó, entre otros, el
cargo de Oficial Mayor/Sustanciador en la Corporación accionada, y afirmó
que “(…) en llamada efectuada a cada uno de los Magistrados que
conforman la Comisión Seccional, (…) les solicite ser tenido en cuenta al
momento de proveer el cargo (…) por considerar que reunía los requisitos
exigidos, (…) [y] por cuanto tratándose de empleos que corresponden al
régimen de carrera judicial, las vacancias definitivas o transitorias, deben
proveerse con los integrantes del Registro de Elegibles vigente, y de no
contar con el mismo, con las personas que se encuentren inscritos en
carrera judicial y reúnan los requisitos exigidos por la Ley (…)”.
Señaló que por Resolución nro. 01 del 18 de enero de 2024 la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, “(…) nombró como Oficial Mayor
/ sustanciador tribunal en provisionalidad a la Dra. Vanessa Cortés Ortíz,
de quien debo manifestar no está inscrita en carrera judicial ni hace parte
de registro de elegibles para ningún cargo en la Rama Judicial (…)”;
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 17001-23-33-000-2024-00032-00.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
decisión contra la que presentó recurso de reposición y, en subsidio,
apelación, “(…) declarándose improcedente[s] mediante la Resolución No.
009 del 25 de enero de la corriente Anualidad (…)”.
Adujo que “(…) el cargo de Oficial Mayor / sustanciador tribunal (…) es
una vacante definitiva por haberse creado como cargo permanente, y al
no existir a la fecha registro de elegibles, el nombramiento en
provisionalidad debió recaer en un empleado en carrera judicial,
perteneciente a la misma corporación (…)”, por lo que “(…) se dejaron de
aplicar con quien resultó nombrada, los precedentes, mandatos legales,
[y] acuerdos colectivos ratificados por el Consejo Superior de la Judicatura
(…), pues no se le exigió el requisito, como lo sería ser titular de derechos
de carrera, lo que a todas luces atenta contra mi derecho a ser tratado
como igual (…)”.
Adujo que de los artículos 125 de la Constitución y 156 a 158 de la Ley
270 de 1996, y las sentencias de la Corte Constitucional C-713 de 2008,
C-588 de 2009, C-333 de 2012, C-532 de 2013 y SU-553 de 2015, se
extrae que está previsto “(…) [e]l mérito como requisito sine qua non para
acceder a los cargos de carrera y transitorios de la rama judicial (…)” y
que existe una “(…) obligación de los nominadores de verificar la
existencia de registro de elegibles frente a los cargos de carrera y aun
transitorios que pretendan proveerse en provisionalidad (…)”.
Agregó que la sentencia C-134 de 2023 de la Corte Constitucional, según
lo que se conoce de la misma por el comunicado del 3 de mayo de 2023
de dicha Corporación, “(…) coloca en orden de prevalencia la promoción
en el empleo de los empleados que se encuentran inscritos en carrera
judicial al establecerlo como primer criterio para el nombramiento en
cargos que se vayan a proveer en provisionalidad (…)”.
Aseveró que en virtud del acuerdo colectivo suscrito en el año 2017 entre
las organizaciones sindicales y el Consejo Superior de la Judicatura, y la
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
Circular PCSJC17-36 de septiembre 25 de 2017 del Consejo Superior de
la Judicatura, para proveer cargos de carrera que no tienen registro de
elegibles vigente, “(…) se debe acudir a la promoción en el empleo de los
empleados de la misma corporación o jurisdicción que se encuentren en
carrera y que cumplan con los requisitos para ejercerlos (…)”.
Por último, consideró que la tutela cumple con los requisitos generales
para su procedencia, en especial el de subsidiariedad, porque “(…) al no
contarse con registro de elegibles vigente, debiéndose esperar que se
convoque a nuevo concurso para así poderse conformar un nuevo registro
de elegibles y esperar su vigencia, el trámite de un proceso ordinario ante
la jurisdicción contencioso administrativa, prolongaría en el tiempo la
definición de mi derecho a ser nombrado en provisionalidad y por ende a
la promoción en el empleo público, en un cargo de carrera creado, razón
por lo cual mi caso requiere una resolución ágil, como la acción de amparo
deprecada (…)”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 5 de febrero de 20242 a través del aplicativo
de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial, y correspondió
por reparto al Tribunal Administrativo de Caldas, que por auto del 7 de
febrero de 20243 la admitió, y dispuso notificar4 al presidente de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Caldas.
3.2. La Magistrada Sandra Karyna Jaimes Durán, en calidad de presidenta
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, presentó
2
Visto en el índice 2 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
3
Visto en el índice 4 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
4
Esta orden se cumplió el 6 de febrero de 2024. Visto en el índice 6 del radicado 2024-
00032-00 en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
informe5, en el que solicitó que se declare improcedente la acción por no
cumplir los requisitos para su ejercicio y no acreditarse un perjuicio
irremediable, o que en su defecto se niegue el amparo por inexistencia de
vulneración de derecho alguno.
Por una parte, señaló que no se cumple el requisito de subsidiariedad de
la acción, porque el actor cuenta con otro mecanismo judicial como sería
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juez
Contencioso Administrativo, del que no se acredita que no sea idóneo o
eficaz, aunado a que no se acredita un perjuicio irremediable en el caso.
Por otra parte, adujo que las actuaciones de la Comisión Seccional no han
vulnerado los derechos del actor porque, en consonancia con la sentencia
C-102 de 2022 de la Corte Constitucional, “(…) el hecho de estar en
carrera judicial en el cargo de Citador grado IV de esta Corporación, no le
da mejor derecho a ejercer el cargo de Oficial Mayor de Tribunal creado
(…) y además jamás se quebrantaron, los principios de transparencia y
legalidad en el ejercicio discrecional y autónomo que utilizó esta
Corporación para proveer la vacante de Oficial Mayor de Tribunal, por el
que se nombró a la abogada Vanessa Cortes Ortiz, por contar con el perfil
idóneo para el cargo y las funciones que Desempeñaría (…)”.
3.3. Por auto del 13 de febrero de 2024 se ordenó vincular a la acción a
la señora Vanessa Cortés Ortiz, que por escrito radicado vía electrónica el
15 de febrero de 2024, presentó informe en el que solicitó que se declare
improcedente la acción6.
Señaló que “(…) i) el accionante no acreditó el acaecimiento de un
perjuicio irremediable, que deba de ser cobijado por la protección de la
acción constitucional como mecanismo subsidiario (…), ii) No existe
5
Visto en el índice 8 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
6
Visto en los índices 10, 12 y 13 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial Samai.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
vulneración a los derechos fundamentales alegados, la Corporación no
transgredió, ni mucho menos pasó sobre los postulados legales y
constitucionales al momento de tomar la decisión del nombramiento
debatido, iii) la resolución atacada (…) no afectó los intereses del
accionante, no perjudicó el cargo en propiedad, ni el cargo en
provisionalidad que ostenta actualmente (…), [y] iii) los fundamentos
jurisprudenciales traídos a colación en el escrito de tutela, no guardan
relación con el caso concreto (…)”.
3.5. El señor José Rodolfo Ospina, en calidad de presidente de la
organización sindical “ASONAL JUDICIAL S.I. SECIONAL CALDAS”,
intervino como coadyuvante de la parte actora7, en general, reiterando lo
esgrimido por el actor en el escrito de tutela.
Agregó que la acción sí cumple con el requisito de subsidiariedad porque
el actor no puede esperar a que culmine un proceso de nulidad y
restablecimiento ante la transitoriedad del nombramiento en el cargo,
respecto del cual podría renunciar la actual titular en provisionalidad o
podría concederse un traslado.
Agregó que “(…) la motivación del acto [censurado] tuvo un criterio
absolutamente subjetivo y arbitrario, al promocionar a quien no ostenta
derechos de carrera (…)”, y que los cargos de carrera deben proveerse
“(…) con personal de carrera de manera privilegiada o bien de manera
supletoria con las listas de elegibles (…)”.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Por sentencia dictada el 21 de febrero de 20248, la Sala Cuarta de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo de Caldas declaró improcedente la acción,
7
Visto en el índice 14 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
8
Visto en el índice 16 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
al considerar que “(…) si bien existen pronunciamientos recientes de esta
misma Corporación en los cuales se declaró la procedencia de la acción
de tutela como mecanismo subsidiario para proteger los derechos
derivados de la carrera judicial, el caso bajo análisis presenta
presupuestos fácticos que lo hacen diferente (…)”, como que “(…) [e]l
accionante no demuestra y ni siquiera alega el perjuicio irremediable (…);
(…) no logra probar condiciones económicas y/o de salud que lo
conviertan en sujeto de especial protección constitucional (…); [y] (…) no
existe en la actualidad un registro de elegibles para el cargo de Oficial
Mayor / Sustanciador de Tribunal (…) del cual haga parte el accionante
(…)”.
Consideró que “(…) no se acredita en el sub lite el motivo por el cual se
deba definir en el menor tiempo posible la controversia sobre si el nuevo
cargo permanente de Oficial Mayor / Sustanciador de Tribunal, adscrito a
la Comisión Seccional de Disciplina Seccional de Caldas, puede ser
cubierto o no por el nominador con una persona que no se encuentra en
el sistema de carrera judicial, o si por el contrario, deben primar los
derechos de carrera del señor John Fredy Sepúlveda, y, por tanto, que la
acción de tutela se constituya en el medio idóneo para la protección de
los derechos fundamentales de la parte actora, pues bien puede acudir al
juez natural a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, sin que se vean afectados las prerrogativas que discute (…)”.
Agregó que “(…) de accederse a la tutela en la forma pretendida por el
accionante, se incurriría ahí sí en la violación del derecho de igualdad
consagrado en el artículo 13 constitucional, toda vez que, en el estamento
judicial, al menos en Caldas, habrían otras personas también inscritas en
carrera judicial que tendrían igual derecho y similar aptitud para aspirar
al cargo (…)”, y que el acto censurado “(…) es pasible de control judicial
contencioso administrativo con la posibilidad de medida cautelar de
urgencia (…)”.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
Por último, se anota que en acápite denominado “(…) CUESTIÓN
PREVIA – SOLICITUD DE COADYUVANCIA (…)”, el a quo resolvió que
“(…) ‘ASONAL JUDICIAL S.I. – SECCIONAL CALDAS’, como sindicato de
los empleados de la Rama Judicial, está legitimado para actuar
coadyuvando la solicitud de tutela, en tanto su rol es también promover
el respeto de los derechos de los trabajadores, en particular de sus
afiliados (…)”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la precitada decisión, la parte actora la impugnó9,
solicitando que sea revocada y, en su lugar, se acceda al amparo
impetrado.
Adujo que “(…) es evidente la mora en los procesos que se someten a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa con ocasión de la excesiva
congestión judicial que allí se presenta y que no salvaguardan en nada
mis derechos fundamentales pues es muy probable que la adopción de
una medida cautelar se extienda en el tiempo lo que llevaría a que, incluso
en caso de decretarse, se haya cubierto ya la vacante de manera
permanente, bien porque se haya provisto el mismo en razón a un
traslado o en razón -todo puede ser posible- a la existencia de un nuevo
registro de elegibles, tornando nugatorio el derecho que hoy me asiste
(…)”.
Agregó que “(…) atendiendo a que la procedencia de la medida cautelar
en el proceso contencioso administrativo obedece a un análisis más de
corte legal que constitucional atendiendo a la trascendencia de suspender
un acto de la administración que se presume legal, es poco probable que
el juez de la causa se aventure a emitir una orden de tal talante en una
etapa tan incipiente del proceso, por lo que se continuaría configurando
9
Visto en el índice 19 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
la vulneración que alego y estaría diferida la decisión hasta que se
resuelva la cuestión de fondo, esto es, al momento de la sentencia (…)”.
En ese sentido, señaló que “(…) los mecanismos ordinarios no resultan
eficaces para atender las particularidades que comporta; lo que implicaría
que, en el proceso ordinario, ello generaría una desprotección material y
real del amparo efectivo de los derechos fundamentales frente a los cuales
se solicita el mismo (…)”, e hizo referencia a que el Tribunal
Administrativo de Caldas, para otros casos, consideró procedente la
acción de tutela10.
Adujo que “(…) no se puede concluir que solamente las personas en
condición de vulnerabilidad, se puedan ver avocadas a un perjuicio
irremediable (…)”, y que en el presente caso, “(…) al tratarse de un cargo
creado de forma permanente, en caso de persistir la amenaza, se
generaría (ii) la irremediabilidad de no poder reparar el daño, por cuanto
podría cualquier servidor en carrera judicial y acorde a los lineamientos
fijados por el Consejo Superior de la Judicatura, solicitar su traslado al
referido cargo en cualquier momento (…)”.
5.2. El señor José Rodolfo Ospina, en calidad de presidente de la
organización sindical “ASONAL JUDICIAL S.I. SECIONAL CALDAS”,
presentó escrito de intervención coadyuvando la impugnación de la parte
actora11, “(…) con fundamento en todos y cada uno de los argumentos
contenidos en el escrito tutelar y en la coadyuvancia que fuera remitida
al Despacho del Magistrado sustanciador (…)”, para lo cual, en general,
reiteró lo esgrimido en el escrito de intervención en primera instancia, así
como lo manifestado por el actor en el escrito de impugnación, e hizo una
solicitud de pruebas documentales.
10
Hizo referencia a las siguientes providencias: Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Tercera de Decisión, sentencia del 14 de noviembre de 2023, M.P. Dohor Edwin Varón
Vivas, radicado nro. 17001-33-33-001-2023-00262-02; Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Cuarta de Decisión, sentencia del 12 de diciembre de 2023, M.P. Augusto
Morales Valencia, radicado nro. 17001-33-33-004-2023-00344-02.
11
Visto en el índice 21 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
En la parte final del precitado escrito de intervención, el accionante anotó
que “(…) [a]valo la anterior Coadyuvancia en todas sus partes y solicito
que todas las manifestaciones hechas se tengan además como adición a
mi escrito de tutela (…)”.
5.3. Por auto del 1 de marzo de 202412 se concedió la impugnación
formulada, y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto
del 4 de marzo de 202413; posteriormente, por auto del 7 de marzo de
202414 se negó la solicitud de pruebas formulada por el coadyuvante, y el
21 de marzo de 2024 el asunto ingresó al despacho para sentencia15.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199116, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201517, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202118, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
12
Visto en el índice 23 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
13
Visto en los índices 1 y 3 de la acción 2024-00032-01 en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial Samai.
14
Visto en el índice 4 del radicado 2024-00032-01 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
15
Visto en el índice 4 del radicado 2024-00032-01 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
16
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. (…) El juez que
conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el
acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar
informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días
siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento,
procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a
derecho, lo confirmará […]”.
17
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
18
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones19.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
6.2.1. El señor John Fredy Sepúlveda Jiménez se encuentra nombrado en
propiedad en el cargo de Citador, adscrito a la Secretaría de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caldas20.
6.2.2. Por Resolución nro. 01 del 18 de enero de 2024, la Presidencia de
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas nombró en
provisionalidad “(…) por estrictas necesidades del servicio a la abogada
Vanessa Cortes Ortiz, (…) en el cargo de Oficial Mayor / sustanciador de
tribunal, adscrito a la Secretaría de la Corporación, a partir del día 18 de
enero de 2024 (…)”, cargo creado mediante el Acuerdo PCSJA23-12126
del 19 de diciembre de 2023, del Consejo Superior de la Judicatura21.
6.2.3. Contra el precitado acto, el accionante presentó recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales se declararon
improcedentes por Resolución nro. 009 del 25 de enero de 2024, de la
Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas 22.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sala considera que debe confirmarse el fallo
de tutela de primera instancia proferido el 21 de febrero de 2024 por la
Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Caldas,
19
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
20
Visto en el índice 2 del radicado 2024-00032-00 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
comoquiera que la solicitud de amparo no cumple el requisito de
subsidiariedad, conforme con las razones que pasan a explicarse:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como un mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “(…) la
acción de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable23.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial: (i) cuando el asunto está
en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios y (iii) si se usa para revivir
23
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico24.
Específicamente, frente a la tutela contra actos administrativos, ha dicho
la Corte Constitucional que por regla general opera “(…) la
improcedencia de la tutela para controvertir actos
administrativos en atención a: (i) la existencia de mecanismos de
autotutela; (ii) la existencia de medios judiciales ordinarios establecidos
para controvertir las actuaciones de la administración en el ordenamiento
jurídico; (ii) la presunción de legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad
de que, a través de las medidas cautelares o provisionales, se adopten
remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio de
los mecanismos ordinarios (…)”25.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al
principio de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende evitar la
configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que
cumple con la características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por
lo tanto, que la protección constitucional es impostergable 26.
En el asunto bajo examen, se encuentra que el accionante cuenta con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, que es un medio judicial idóneo y
eficaz para controvertir el acto administrativo de nombramiento que
censura en la presente acción de tutela, y para solicitar el
restablecimiento de sus derechos presuntamente afectados.
24
Corte Constitucional. Sentencia T-396 del 26 de junio de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
25
Sentencia T-149 de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
26
Sentencias T-150 de 2016. Véase igualmente la sentencia T-149 de 2023.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
De igual manera, se tiene que en el ejercicio del medio de control aludido,
el juez ordinario tiene la facultad, a petición de parte, de dictar “(…) las
medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia
(…)”27, siendo uno de los requisitos para su procedencia, entre otros, que
se evidencie que “(…) al no otorgarse la medida se cause un perjuicio
irremediable (…)” o “(…) [q]ue existan serios motivos para considerar que
de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios
(…)”.
En atención a lo anterior, el accionante cuenta con la posibilidad de
solicitar la medida cautelar de suspensión provisional del acto censurado,
que procede “(…) por violación de las disposiciones invocadas en la
demanda o (…) cuando tal violación surja del análisis del acto demandado
y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o
del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud (…)”28, que es el juicio
que plantea el accionante en su escrito de tutela para que se acceda al
amparo solicitado.
A lo que se agrega que, con la medida de suspensión provisional, el actor
puede solicitar “(…) el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios (…)”29, con el fin de que se le nombre en provisionalidad en el
cargo que solicita, que es precisamente lo que pretende el actor en este
trámite tutelar.
Adicionalmente, el accionante puede pedir una medida cautelar de
urgencia (artículo 234 del CPACA), clase de medida que procede cuando
cumplidos los requisitos legales para su adopción, el juez ordinario
27
Artículo 229 del CPACA.
28
Artículo 231 del CPACA.
29
Artículo 231 del CPACA: “(…) Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento
del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la
existencia de los mismos (…)”.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
evidencie que por su apremio en el caso no es posible agotar el trámite
ordinario previsto para su decreto.
Conforme con lo anterior, se destaca que, como ha dicho la Corte
Constitucional, “(…) el régimen jurídico vigente y previsto para las
actuaciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa (…) [dispone
de] recurso[s] ordinarios no solo idóneos sino eficaces que fueron
estructurados precisamente como medios preliminares dotados de
eficacia inmediata para la protección de los derechos fundamentales
(…)”30.
Por consiguiente, y contrario a lo planteado por el actor en su escrito de
impugnación, los medios judiciales aludidos en precedencia constituyen
mecanismos idóneos y eficaces para la garantía de sus derechos y, por
ende, para reclamar lo que solicita en la tutela. Además, no se evidencia
en el caso alguna situación especial o de vulnerabilidad por la cual se
justifique considerar que el interesado se encuentra en imposibilidad de
ejercer tales medios, ni que estos resulten ineficaces para atender en
principio la situación de apremio que plantea el accionante.
En cuanto a lo afirmado por el actor en el escrito de impugnación frente
a la eventual configuración de un perjuicio irremediable, se tiene que, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que el
perjuicio sea irremediable, este debe cumplir con las siguientes
características: (i) ser inminente o próximo a suceder; (ii) grave, esto es,
que implique la afectación de un bien susceptible de determinación
jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) que requiera
medidas urgentes para superar el daño y (iv) que las medidas de
protección sean impostergables31.
30
Sentencia T-149 de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
31
Corte Constitucional. Sentencia T-318 de 2017.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
El accionante fundamenta la eventual ocurrencia del perjuicio
irremediable en el caso afirmando que “(…) es muy probable que la
adopción de una medida cautelar se extienda en el tiempo lo que llevaría
a que, incluso en caso de decretarse, se haya cubierto ya la vacante de
manera permanente, bien porque se haya provisto el mismo en razón a
un traslado o en razón -todo puede ser posible- a la existencia de un
nuevo registro de elegibles (…)”.
Al respecto, verifica la Sala que lo afirmado por el accionante se sustenta
en supuestos abstractos, como un posible traslado de un empleado de
carrera al cargo en el que solicita ser nombrado en provisionalidad
mientras se provee de forma definitiva, o la posibilidad de que se adelante
y culmine el proceso de selección correspondiente para proveer el cargo
con registro de elegibles; supuestos de los que a la fecha no hay indicios
en el caso para considerar que están próximos a suceder, por lo que no
se acredita el requisito de inminencia para considerar la eventual
configuración en el caso de un perjuicio irremediable en los términos
planteados por el actor.
Por último, se tiene que el accionante citó en su impugnación unas
providencias del Tribunal Administrativo de Caldas, con las que manifiesta
que para otros casos se habría considerado procedente la acción de tutela.
Al respecto, se observa que se citó un aparte de una providencia, sin
referir los datos de la misma, en la que una persona reclamó que “(…)
pese a que ocupa en carrera administrativa el cargo de ‘Escribiente’ en el
Juzgado 3° Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá, y solicitó su traslado
para el mismo cargo en el Juzgado 1° Penal Municipal de Conocimiento
de Manizales, este le fue negado, y en su lugar fue nombrada en la
vacancia temporal la señora ANDREA LÓPEZ GARCÍA (…)”, caso que no
es el del accionante, quien no pide ser trasladado a otra sede judicial en
el mismo cargo que ostenta en carrera.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
Igualmente, se citaron unos apartes de las sentencias del 14 de
noviembre de 202332 y del 12 de diciembre de 202333, no obstante, la
parte actora no precisó de manera expresa la regla de las providencias
que constituiría precedente, ni los supuestos fácticos que la estructuran y
que su situación comparte para que se extienda a su caso.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la parte actora cuenta con
mecanismos judiciales ordinarios, que son idóneos y eficaces para la
protección de sus derechos y que no se probó la eventual ocurrencia de
un perjuicio irremediable, se concluye que no se satisface el requisito
general de subsidiariedad para el ejercicio de la presente tutela contra
acto administrativo.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala confirmará la decisión de declarar improcedente la acción de tutela,
adoptada en el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 21 de febrero de
2024 por la Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de
Caldas, que declaró improcedente la acción, por las razones expuestas en
la parte considerativa.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
32
M.P. Dohor Edwin Varón Vivas, radicado nro. 17001-33-33-001-2023-00262-02.
33
M.P. Augusto Morales Valencia, radicado nro. 17001-33-33-004-2023-00344-02.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-33-000-2024-00032-01
Accionante: John Fredy Sepúlveda Jiménez
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.