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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2025-00086-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2025-00086-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 10 de octubre de 2025, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: REMITIR, por Secretaría, copia de la demanda, de su auto admisorio y del presente fallo en firme a la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente de este proceso al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia y cumplido lo anterior.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2025-00086-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero municipal de Chinchiná, Caldas
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

Temas: ACCIÓN POPULAR Y FACULTADES ULTRA Y EXTRA PETITA DEL JUEZ POPULAR - Alcance para
examinar derechos colectivos conexos a la causa petendi. / MORALIDAD ADMINISTRATIVA - Requiere la
acreditación de una infracción al ordenamiento jurídico y una finalidad de favorecimiento indebido. / LIBRE
COMPETENCIA ECONÓMICA - Su afectación exige demostrar distorsiones en las condiciones de participación
en el mercado o ventajas competitivas injustificadas. / REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES - La vulneración
presupone el desconocimiento de normas urbanísticas o de ordenamiento territorial y la afectación del interés
general. / DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS - El cobro de peajes corresponde a una tasa
por el uso de infraestructura pública y no configura una relación de consumo. / CONSULTA PREVIA Y
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN - Solo pueden ser examinados dentro de la acción popular cuando
guarden conexidad con una amenaza o vulneración de derechos colectivos.

1. La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por el Personero
Municipal de Chinchiná, Caldas (el Personero, el demandante, accionante o
apelante), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el
10 de octubre de 2025, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se acudió a la jurisdicción persiguiéndose la protección de los derechos e intereses
colectivos a la moralidad administrativa, la libre competencia económica, la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas y de los consumidores y usuarios, dirigida contra la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional
de Vías (INVÍAS). Se sostuvo que Chinchiná soporta una carga pública
desproporcionada al tener instalados cuatro de los siete peajes del corredor vial a
cargo de Autopistas del Café S.A. (Autopistas del Café, el concesionario o la
vinculada), situación que afecta su economía y la de las comunidades que lo
habitan. Se alegó que, en el proceso de estructuración de la futura concesión
prevista para después de 2027, no se ha garantizado la participación de los
campesinos que integran el referido municipio. Por su parte, las demandadas y la
vinculada coincidieron en señalar que no existe prueba de una vulneración o
amenaza a los derechos colectivos invocados, pues la demanda se sustenta en
hechos futuros o apreciaciones subjetivas.

ANTECEDENTES

Demanda

3. El Personero ejerció acción popular con el propósito de obtener las siguientes
declaraciones y órdenes1:

1 Se realiza una transcripción literal de la demanda, incluso con errores y negrillas.

Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

“PRIMERO: Se garantice los derechos colectivos relacionados, frente a lo cual las entidades
accionadas deberán:

SEGUNDO: Convocar las reuniones de socialización del proyecto de concesión sobre la vía
relacionada a partir de la vigencia 2027, a los habitantes del municipio de Chinchiná
Departamento de Caldas en razón de la violación al principio de igualdad de cargas públicas
que actualmente tienen con los 4 peajes relacionados.

TERCERO: Agotar el requisito de consulta previa frente a los campesinos de las 21 veredas
del municipio de Chinchiná como sujetos de protección especial constitucional en el proceso
de estructuración de los estudios previos a la intención de concesión del proyecto vial
relacionado.

CUARTO: Garantizar el equilibrio de cargas públicas como desarrollo de la norma principio
del derecho fundamental a la igualdad en la definición de los peajes que soportan la ecuación
financiera de los estudios previos de la concesión relacionada proyectada para el año 2027,
en el sentido de establecer los peajes y las tarifas en grado de igualdad sobre todos los
municipios que se conectan en los 256 kilómetros de longitud entre Caldas, Risaralda y
Quindío de la vía referida.

QUINTO: Garantizar el equilibrio de cargas públicas como desarrollo de la norma principio
del derecho fundamental a la igualdad en la definición de los peajes que soportan la ecuación
financiera de los estudios previos de la concesión relacionada proyectada para el año 2027,
en el sentido de establecer la igualdad de inversiones derivadas de la presente concesión
de manera proporcional sobre los recaudos que se generen en cada uno de los
departamentos que conforman la longitud de la vía relacionada”2.

4. Como fundamento, el demandante afirmó que Chinchiná concentra cuatro de las
siete estaciones de peaje existentes en la concesión vial operada por Autopistas del
Café: las Pavas, Santágueda, Tarapacá Viejo y Nuevo. A su juicio, esta distribución
impone una carga desproporcionada frente a los demás municipios ubicados sobre
dicha vía, pues los desplazamientos desde y hacia la referida entidad territorial se
encuentran sujetos al pago de estas tarifas3.

5. Al respecto, indicó que la referida carga que asume ese municipio en comparación
con la soportada con las demás poblaciones que hacen uso de la vía resulta
inequitativa, lo que vulnera el derecho a la igualdad de trato, por cuanto todo tipo de
vehículos debe necesariamente transitar por dicho corredor. Agregó que esta
situación afecta la economía del referido territorio, dado que limita los intercambios
culturales y de saberes con los departamentos ubicados sobre la vía concesionada
y aumenta los costos de las relaciones comerciales.

6. Manifestó que las 21 veredas ubicadas en Chinchiná se ven impactadas por las
erogaciones que genera el transporte de sus productos a Risaralda, Antioquia y
Manizales. Añadió que allí habitan comunidades campesinas que fueron declaradas
sujetos de especial protección constitucional y respecto de las cuales debe
garantizarse el derecho a la consulta previa. Sin embargo, afirmó que estas no han
sido incluidas en las reuniones de socialización adelantadas por la ANI en relación
con la continuidad de la concesión vial a partir del año 2027.

2 Folio 6 del archivo “2ED_DEMANDApdf(.pdf)” del expediente visible a índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal

Administrativo de Caldas.
3 “Peaje de las Pavas que conecta al municipio de Chinchiná con la vía hacia Manizales / Peaje de Santagueda

que conecta al municipio de Chinchiná con la vía hacia Medellín / Peaje de Tarapacá Viejo que conecta a
Chinchiná con el departamento de Risaralda en la vía antigua Chinchiná Santa rosa de Cabal. / Peaje de
Tarapacá Nuevo que conecta a Chinchiná con el departamento de Risaralda en la vía nuevo Chinchiná santa
Rosa de Cabal” Folio 2 ibidem.
2

Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

7. En consecuencia, argumentó que se han vulnerado los siguientes derechos
colectivos: (i) la moralidad administrativa, porque la existencia de los cuatro peajes
desconoce la igualdad de trato y el equilibrio de las cargas públicas respecto del
municipio, afecta el interés general e impone una carga desigual por los costos que
genera; (ii) la libre competencia, dado que el sector comercial e industrial de
Chinchiná debe asumir mayores costos de transporte que los demás municipios
ubicados sobre la vía concesionada; (iii) la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, toda vez que se desconoce la igualdad de trato y se afecta la calidad de
vida de los habitantes del municipio; y, (iv) los derechos de los consumidores,
porque los habitantes de Chinchiná, en su condición de usuarios de la vía, deben
pagar un mayor número de peajes para transitarla4.

Trámite de la solicitud de medida cautelar

8. Junto con la demanda, la actora solicitó como medida cautelar5 que se ordenara a
las accionadas garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de los
campesinos de las 21 veredas del municipio de Chinchiná, en los términos del
artículo 46 de la Ley 1437 de 20116. Señaló que, por ser sujetos de especial
protección, de conformidad con el acto legislativo 01 de 2023 y la sentencia T-132
de 2024 de la Corte Constitucional, debían ser incluidos en los estudios de
socialización relacionados con la concesión vial objeto de la acción popular de la
referencia.

9. Mediante providencia del 10 de abril de 20257, se ordenó correr traslado a las
demandadas de la solicitud en cuestión. El INVIAS y el Ministerio de Transporte
presentaron memoriales oponiéndose8.

10. Posteriormente, a través de proveído del 9 de mayo de 20259, el a quo negó la
referida petición, por no configurarse los presupuestos legales para el efecto. Al
respecto, señaló que (i) la solicitud de consulta previa recaía sobre unos peajes
existentes con anterioridad a la presentación de la demanda, por lo que carecía de
objeto implementarla; (ii) la medida solicitada carecía de precisión; (iii) no se
encontraba acreditada la afectación de los derechos e intereses colectivos
invocados; y (iv) tampoco se había argumentado la urgencia inmediata de la cautela
ni la existencia de un perjuicio irremediable.

11. El 15 de mayo de 202510, el Personero interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el auto que negó la solicitud de medida cautelar, por cuanto, a su
juicio, la decisión desconocía la calidad de sujetos de especial protección de los

4 El 28 de marzo de 2025 (índice 4), el Tribunal inadmitió la demanda y requirió a la Personería acreditar el

envío de la demanda y su eventual subsanación a la parte accionada, de conformidad con el inciso quinto del
artículo 6 de la Ley 2213 de 2022. La correspondiente subsanación fue allegada el 1 de abril de 2025 (índice 8)
y, una vez verificados todos los requisitos de admisibilidad, la acción fue admitida mediante proveído de 9 de
abril del mismo año (índice 11).
5 Folios 6 a 11 ibidem.
6 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.
7 Índice 20 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
8 Índice 26 y 29 ibidem.
9 Índice 35 ibidem.
10 Índice 43 ibidem.

3

Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

campesinos de las 21 veredas de Chinchiná y el carácter constitucional del derecho
a la consulta previa.

12. El 19 de mayo de 202511, se corrió traslado de dichos recursos a las demás partes,
y entraron al despacho el 23 de mayo de 202512, sin que se hubieran allegado
pronunciamientos al respecto. Los mencionados medios de impugnación no fueron
resueltos por el a quo, quien, mediante auto del 27 de febrero de 202613, al resolver
una solicitud de nulidad procesal propuesta por la parte actora sobre dicha
omisión14, señaló que la demandante no manifestó inconformidad al respecto ni
evocó causal de nulidad alguna, motivo por el cual la consideró saneada.

Contestaciones de la demanda

13. El 11 de abril de 202515, el INVIAS se opuso a las pretensiones de la demanda y
formuló excepciones de mérito. Manifestó que no tiene a su cargo ninguna vía objeto
del contrato de concesión 0113 de 1997, al que se refiere la demanda, por cuanto
este fue cedido y subrogado a la ANI, motivo por el cual carece de responsabilidad
frente a los cargos de la acción popular. Además, señaló que el mecanismo de
consulta previa no es exigible frente a las comunidades campesinas.

14. El 5 de mayo de 202516, la ANI contestó la acción popular y propuso excepciones
previas y de mérito. Al efecto, alegó que la demanda incumplía los requisitos
formales exigidos; era necesaria la vinculación de Autopistas del Café S.A.; el medio
de control ejercido era improcedente; la acción había caducado; y, carecía de
aptitud para figurar como demandada, toda vez que los actos mediante los cuales
se definió la ubicación de los peajes fueron expedidos por el Ministerio de
Transporte. De igual manera, indicó que sus actuaciones se ajustaron al
ordenamiento jurídico, el actor no acreditó los supuestos fácticos que sustentan sus
pretensiones y existía cosa juzgada derivada del proceso con radicado
17001233300020190016300, en el que esta corporación ya se había pronunciado
sobre los peajes del proyecto Armenia, Pereira y Manizales.

15. El 7 de mayo de 202517, el Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones de
la demanda y formuló los siguientes medios exceptivos: (i) falta de legitimación en
la causa por pasiva, al considerar que los conceptos emitidos por dicha entidad en
el marco de la constitución de un peaje no establecen tarifas diferenciales; (ii)
inexistencia de vulneración de los derechos colectivos, por cuanto la parte actora
no demostró el desconocimiento de la ley por parte de las demandadas; e (iii)
improcedencia de la consulta previa, en tanto la misma está dirigida a comunidades
étnicas y no campesinas.

16. Mediante auto del 3 de junio de 202518, el Tribunal Administrativo de Caldas vinculó
a Autopistas del Café, al considerar que la demanda versa sobre la construcción y

11 Índice 44 ibidem.
12 Índice 46 ibidem.
13 Índice 101 ibidem.
14 Índice 84 ibidem.
15 Índice 28 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
16 Índice 32 ibidem.
17 Índice 33 ibidem.
18 Índice 51 ibidem.

4

Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

funcionamiento de unos peajes en el municipio de Chinchiná y que, en su condición
de concesionaria de la vía en la que estos funcionan, dicha sociedad tenía interés
en el resultado del proceso.

17. El 18 de junio de 202519, la vinculada presentó contestación de la demanda y
propuso las siguientes excepciones que denominó de mérito: (i) indeterminación de
las pretensiones y vaguedad en la fundamentación; (ii) cosa juzgada respecto del
proceso con radicado 17001233300020190016300, en el cual se analizaron los
mismos fundamentos fácticos y jurídicos aquí invocados; (iii) falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que la demanda escapa del alcance del contrato
de concesión 113 de 1997; (iv) inexistencia de vulneración o amenaza de derechos
colectivos y de la obligación de realizar consulta previa; (v) ausencia de nexo causal
entre la supuesta vulneración y las actuaciones de Autopistas del Café; e (vi)
improcedencia de la acción popular como mecanismo de planificación de
infraestructura.

Sentencia de primera instancia

18. Mediante fallo del 10 de octubre de 202520, el Tribunal Administrativo de Caldas
decidió: (i) negar el decreto de pruebas de oficio solicitadas por la parte actora en
sus alegatos de conclusión; (ii) declarar prósperas las excepciones de los
demandados en punto a la inexistencia de responsabilidad, la ausencia de
vulneración de derechos colectivos e insuficiencia probatoria, la indeterminación de
pedimentos de la demanda y la falta de relación de causalidad; (iii) desestimar las
pretensiones de la demanda; y (iv) no condenar en costas.

19. Como fundamento, en punto de la solicitud probatoria, señaló que las pruebas de
oficio fueron pedidas por la Personería de manera inoportuna y, además, que no
eran necesarias para esclarecer ningún punto de la discusión en el proceso, por lo
que las negó.

20. En cuanto al estudio de las excepciones previas propuestas por los demandados,
encontró que la demanda fue presentada en cumplimiento de los requisitos
formales; el medio ejercido era procedente; no había lugar a declarar la caducidad
de la acción, dado que esta puede interponerse en cualquier tiempo mientras
subsista la amenaza o el peligro para los derechos colectivos; y, no existía cosa
juzgada toda vez que el proceso 170012333000201900163 y el presente trámite
corresponden a hechos, pretensiones y derechos colectivos diferentes.

21. Respecto del examen de la vulneración o amenaza de los derechos colectivos
invocados, indicó que, a la luz de los presupuestos sustanciales de procedencia de
la acción popular y del material probatorio obrante en el expediente, no se acreditó
afectación alguna. En particular, señaló lo siguiente:

22. Frente a la moralidad administrativa, no evidenció vulneración del ordenamiento
jurídico, toda vez que en el municipio de Chinchiná opera una única estación de
peaje. Tampoco encontró probada la vulneración de otros derechos como la

19 Índice 57 ibidem.
20 Índice 80 ibidem.

5

Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

igualdad, el equilibrio de las cargas públicas o la economía del municipio, ni
falencias técnicas en la instalación del peaje o incumplimiento de los requisitos
exigidos para su ubicación.

23. En punto de la libre competencia económica, no se demostró que los habitantes de
Chinchiná estuvieran obligados a asumir mayores costos por concepto de transporte
o fletes, como lo afirmaba la parte demandante.

24. En relación con la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, no se acreditó que la instalación o
funcionamiento de los peajes desconociera las normas técnicas aplicables ni que
hubiera afectado la calidad de vida de los habitantes del municipio.

25. Respecto de los derechos de los consumidores, no existía prueba de que la estación
de peaje afectara la salud, la seguridad o cualquier otro derecho de quienes utilizan
la vía concesionada.

26. Por consiguiente, al no encontrar acreditada la vulneración de ninguno de los
derechos colectivos invocados en la demanda, el Tribunal Administrativo de Caldas
se abstuvo de estudiar la pretensión relacionada con la consulta previa. No
obstante, precisó que dicho mecanismo constitucional no resultaba aplicable al caso
concreto, en la medida en que está previsto para las comunidades étnicas o grupos
étnicamente diferenciados y no comprende a los grupos campesinos.

27. Por último, frente a las costas, se abstuvo de imponer condena alguna, al considerar
que el actor popular actuó en su calidad de Personero.

Recurso de apelación

28. El 16 de octubre de 202521, el actor interpuso recurso de apelación contra el fallo
del 10 de octubre del mismo año, con el fin de que este sea revocado en su
integridad y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

29. Al efecto, señaló que en el proceso quedó acreditada la existencia de la vía nacional
concesionada a Autopistas del Café hasta el 2027, así como la intención del
gobierno de adelantar un nuevo proceso contractual bajo la modalidad de
asociación público-privada para dicho corredor vial. Igualmente, indicó que el
proyecto cuenta con siete estaciones de peaje, cuatro de las cuales se encuentran
ubicadas en inmediaciones del municipio de Chinchiná.

30. Alegó la configuración de una nulidad procesal, al considerar que el a quo omitió
resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el auto de 9 de
mayo de 2025, mediante el cual se negó la solicitud de medidas cautelares.
Además, reiteró que se vulneraron los derechos colectivos invocados en la
demanda y señaló que el mecanismo de consulta previa sí procede frente a las
comunidades campesinas involucradas.

21 Índice 84 ibidem.

6

Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

31. Por último, manifestó que la ausencia de pruebas sobre la existencia y las
condiciones de las vías alternas debió haber sido suplida mediante el decreto de las
pruebas de oficio solicitadas en sus alegatos de conclusión.

32. El recurso fue concedido mediante auto del 23 de octubre de 202522 y fue repartido
en el Consejo de Estado el 14 de noviembre de 202523.

Solicitud de nulidad procesal y trámite en segunda instancia

33. El 19 de diciembre de 202524, el Despacho sustanciador ordenó devolver el proceso
al Tribunal Administrativo de Caldas, pues advirtió que en el recurso de apelación
interpuesto por la Personería obraba una solicitud de nulidad procesal que fue
presentada ante el juez de primera instancia, a quien correspondía resolverla.

34. El 27 de enero de 202625, el a quo dio cumplimiento a lo ordenado por este
Despacho. Posteriormente, el 16 de febrero de 202626 corrió traslado de la solicitud
de nulidad formulada por la parte actora y el 27 de febrero de 2026 27 negó dicha
petición, toda vez que estimó que la irregularidad alegada estaba subsanada en los
términos del parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, por cuanto
luego de corrido el traslado de los recursos formulados por el demandante, se
llevaron a cabo sendas actuaciones procesales en las que este no manifestó
inconformidad respecto de la falta de pronunciamiento sobre aquellos.

35. El 5 de marzo de 202628, el Tribunal envió nuevamente el expediente al Consejo de
Estado. El 11 de marzo del mismo año29 se reactivó el proceso en esta instancia y
el 20 de agosto de la misma anualidad30 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora31.

36. El 7 de septiembre de 202632, el Ministerio Público presentó concepto, esto es,
cuando ya había ingresado el expediente para dictar sentencia33.

CONSIDERACIONES

Objeto de la segunda instancia

37. La Subsección no advierte la configuración de alguna causal de nulidad dentro del
sub lite. Además, se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción,

22 Índice 86 ibidem.
23 Índice 2 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
24 Índice 3 ibidem.
25 Índice 91 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
26 Índice 96 ibidem.
27
Índice 101 ibidem.
28 Índice 105 ibidem.
29 Índice 8 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
30 Índice 10 ibidem.
31 También se requirió al apoderado del INIVIAS para que allegara la comunicación enviada a esa entidad

informando la renuncia del mandato a él conferido. El 1 de septiembre de 2026 (índice 19), el abogado aportó
la comunicación respectiva, por lo que, al estar cumplidos los requisitos, la renuncia opera ipso iure, conforme
al artículo 76 del Código General del Proceso.
32 Índice 21 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
33 Auto admisorio, resolutivo cuarto: “INFORMAR a los sujetos procesales que se pueden pronunciar respecto

del recurso interpuesto hasta la ejecutoria de esta providencia. El Ministerio Público podrá hacerlo hasta que el
asunto ingrese al despacho para proferir sentencia”. Índice 10 ibidem.
7

Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

competencia y legitimación por activa y pasiva. También se satisfizo el requisito de
procedibilidad de reclamación previa a las accionadas34.

38. Ahora, se pone de presente que el juez popular cuenta con facultades ultra y extra
petita, en virtud de las cuales está habilitado para: (i) analizar hechos distintos a los
invocados por el actor, siempre que guarden una relación mínima y razonable con
la causa petendi35; (ii) amparar derechos no alegados en la demanda; y (iii) resolver,
en segunda instancia, sobre aspectos que no fueron objeto de apelación 36, cuando
constate una afectación a un interés colectivo y los respectivos supuestos tengan
conexidad con las pretensiones. Adicionalmente, en el fallo, podrá ordenar todas las
acciones que estime “necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo”37, al margen de que no hubiesen
sido solicitadas.

39. A tal fin, el juzgador podrá pronunciarse “respecto de derechos colectivos que no
han sido invocados en la demanda como vulnerados o amenazados siempre y
cuando, éstos guarden una estrecha y directa relación con los derechos respecto
de los cuales sí existió una solicitud expresa de protección por parte del actor
popular y frente a los que la parte demandada haya tenido la oportunidad de
pronunciarse a lo largo del proceso, es decir, frente a los cuales pueda verificarse
que conoció y pudo presentar argumentos de defensa”38.

40. En atención a lo anterior, a la Sala le corresponde examinar si se acreditó la
amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la
demanda, así como de aquellos cuya protección resulte procedente en ejercicio de
las facultades ultra y extra petita. Con ese propósito, se abordará la evidencia
allegada al proceso y si existía la necesidad de decretar pruebas de oficio; así como
la procedencia de las medidas de participación solicitadas, incluidas aquellas
relacionadas con la consulta previa, y la posibilidad de examinar tales pretensiones
aun cuando no se encuentre acreditada la vulneración o amenaza de derechos
colectivos.

De los hechos probados en el proceso

41. En el expediente está acreditado lo siguiente:

34 Previsto para las demandas de protección de derechos e intereses colectivos, de conformidad con los
artículos 144 y 161 numeral 4 del CPACA.
35 Corte Constitucional. Sentencia T-004 del 15 de enero de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido: “En materia de

congruencia flexible, los principales desarrollos jurisprudenciales sobre sus límites frente al derecho al debido
proceso han tenido lugar desde dos puntos de vista. En primer lugar, en el sentido de que la decisión del fallador,
por amplia y garantista que sea, debe “guardar relación con el hecho generador del daño planteado en la
demanda y en términos generales con la causa petendi” (…) la Corte fija, a modo de síntesis, las
siguientes subreglas relevantes: i) En el marco de la acción popular, es válida la expedición de sentencias con
congruencia flexible, esto es, que superen lo pedido y alegado en la demanda, siempre que se conserve una
relación mínima y razonable con la causa petendi, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales que
arriba se refirieron”.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión No. 6. C.P. Carlos

Enrique Moreno. Sentencia del 5 de junio de 2018. Exp. 15001-33-31-001-2004-01647- 01.
37 Artículo 34 de la Ley 472 de 1998.
38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión No. 6. C.P. Carlos

Enrique Moreno. Sentencia del 5 de junio de 2018. Exp. 15001-33-31-001-2004-01647- 01.
8

Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

42. El 21 de abril de 1997, el INVÍAS y Autopistas del Café suscribieron el contrato de
concesión 0113 de 19973940, cuyo objeto consiste en “realizar por el sistema de
concesión los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de
construcción, la operación y el mantenimiento y la prestación de los servicios del
proyecto vial Armenia-Pereira-Manizales”, corredor vial nacional respecto del cual
se formulan las pretensiones de la presente acción popular41. El referido contrato
fue objeto de múltiples modificaciones durante su ejecución42.

43. Mediante Otrosí de 15 de junio de 200543, las partes acordaron que la etapa de
operación del proyecto se extendería hasta el vencimiento del mes 216 de ejecución
contractual, correspondiente al 1º de febrero de 2027.

44. Mediante Resolución No. 3896 de 3 de octubre de 200344, el INVÍAS cedió y subrogó
el contrato de concesión 0113 de 1997 al Instituto Nacional de Concesiones (INCO),
entidad a la que posteriormente se transfirió la concesión en virtud del Decreto 1800
de 2003.

45. Autopistas del Café45 aportó documentación que da cuenta que el negocio indicado
tiene como fuente de remuneración una estación de peaje ubicada en jurisdicción
del municipio de Chinchiná y que en los municipios de Santa Rosa de Cabal y
Manizales se encuentran otras cuatro estaciones de peaje vinculadas al corredor
concesionado.

46. El INVÍAS certificó que46 dentro de las vías nacionales no concesionadas a su cargo
cercanas al municipio de Chinchiná, no existen peajes administrados por esa
entidad.

47. De acuerdo con el testimonio de Fabio Ernesto Pérez Chaparro, ingeniero civil
especialista en vías y transporte y director de gestión contractual de Autopistas del
Café, se tiene que:

(i) las estaciones de peaje ubicadas en el corredor vial ya existían con
anterioridad a la celebración del contrato de concesión 0113 de 1997 y fueron
entregadas al concesionario para su operación47;
(ii) la concesión finalizará en el año 2027;
(iii) en jurisdicción del municipio de Chinchiná existe una única estación de
peaje48;

39 Índices 28, 57 y 72 ibidem.
40 Índices 57 y 72 ibidem
41 Folios 2 y 6 del archivo “2ED_DEMANDApdf(.pdf)” del índice 2 ibidem.
42 Índice 72 ibidem. Link de SECOP aportado por la vinculada:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6028035.
43
Índice 57 ibidem: “El plazo de la etapa de operación del proyecto correrá desde el inicio del mes cuarenta y
nueve (49), contado a partir del Primero de febrero de 2005, y se extenderá hasta el vencimiento del mes 216,
contado a partir de la misma fecha o lo que es igual, al cabo del año 18 de operación, el día 1 de febrero del
año 2027.”
44 Índice 28 ibidem.
45 Índice 72 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
46 Índice 68 ibidem.
47 “Los peajes fueron recibidos por el concesionario para su operación (…) Autopistas del Café (…) No ha puesto

ningún peaje.” min 55:46. Índice 70 ibidem.
48 “Este proyecto tiene siete estaciones de peaje en todo el corredor concesionado (…) En jurisdicción de

Chinchiná solo el peaje de Tarapacá I (…) No hay otra estación en jurisdicción de Chinchiná (…)” min 19:31.
Ibidem.
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Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

(iv) las estaciones de Las Pavas, Santágueda, Tarapacá Viejo y Tarapacá Nuevo
cuentan con vías alternas en buen estado que permiten evitar su paso49;
(v) dichos peajes se encuentran a una distancia aproximada de entre ocho y diez
kilómetros del municipio de Chinchiná50; y
(vi) el recaudo proveniente de los peajes ubicados en el departamento de Caldas
no supera el 20% del recaudo total de la concesión51.

48. Precisados los hechos probados en el expediente52, procede examinar el cargo de
apelación relacionado con la negativa del Tribunal Administrativo de Caldas a
decretar las pruebas de oficio solicitadas por el actor en los alegatos de conclusión.

Sobre el cuestionamiento por la ausencia del decreto de pruebas de oficio

49. En su escrito de cierre53, el demandante solicitó (i) oficiar al INVIAS para que informe
si existen restricciones a la circulación en las vías alternas, la naturaleza jurídica y
técnica de estas y la entidad responsable de su administración; (ii) pedir a la Cámara
de Comercio de Chinchiná para que indique cuáles empresas del municipio utilizan
vehículos de tráfico pesado y qué tipo de vehículos emplean; y (iii) requerir a la ANI
para que certifique si se ha dado cumplimiento al mecanismo de la consulta previa
en el proyecto vial “Conexión Centro” que se planea adjudicar a partir del 202754. El
Tribunal negó tales solicitudes55 y, al sustentar el recurso de apelación56, la parte
demandante cuestionó esa determinación por considerar que las pruebas debieron
decretarse de oficio.

50. La Sala recuerda que, si bien en las acciones populares el juez está llamado a
impulsar oficiosamente el proceso y a adoptar una decisión de mérito57, facultad que
comprende la posibilidad de decretar las pruebas que estime necesarias para el
esclarecimiento de los hechos58, ello no releva al actor de la carga de acreditar los

49 “Normalmente los habitantes de (…) Chinchiná (…) que se desplazan hacia Manizales utilizan la vía que

conduce de Chinchiná por la Siria (…) No tendría que pagar el peaje de Pavas (…) Es una vía que también está
en buen estado, administrada por el INVÍAS (…) Ahí no hay ninguna estación de peaje” min 22:10; “Si un
habitante de Chinchiná quiere dirigirse a Medellín, su única alternativa es utilizar la vía donde el gobierno
nacional ha dispuesto el cobro de la tasa de peaje en la estación denominada Santagueda No, (…) hay una ruta
que no paga peaje (…) vía hacia Medellín por Pacífico 3 (…) esa vía no tiene estaciones de peaje” min 23:20;
“Si un habitante de Chinchiná quisiera desplazarse hacia Pereira, su única alternativa es utilizar la vía nacional
concesionada, en la que están ubicadas las estaciones de Tarapacá? No necesariamente (…) podría dar la
vuelta por Palestina (…) Tiene esas dos alternativas (…) No tiene estaciones de peaje” min 24:35. Ibidem.
50 “El peaje de Tarapacá I a Chinchiná está alrededor de unos 10 km (…) Tarapacá II es más o menos la misma

distancia (…) Al de Santagueda estará a unos 8 o 10 km también y Pavas estará a unos 8 km” min 48:44.
Ibidem.
51 “Lo que se recauda en el Departamento de Caldas no supera el 20% del recaudo de los peajes” min 1:00:05.

Ibidem.
52 La parte actora aportó un documento que denominó mapa del municipio de Chinchiná con las ubicaciones de

las estaciones de peaje existentes. Se advierte que dicho documento no fue decretado como prueba dentro del
proceso. Índice 2 y 84 ibidem.
53 Índice 76 ibidem.
54 Folios 4 y 5 del índice 76 ibidem.
55
Índice 80 ibidem.
56 Índice 84 ibidem.
57 Ley 472 de 1998. “Artículo 5. Trámite. El trámite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollará con

fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial,
publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán también los principios generales del Código de
Procedimiento Civil, cuando éstos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones. / El Juez velará por
el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes. / Promovida la acción, es
obligación del Juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta
disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las
medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda.”
58 Ibidem. “Artículo 28. Pruebas. Realizada la citación para establecer el proyecto de pacto de cumplimiento, sin

lograr acuerdo, o citada ésta y no efectuada por ausencia de las partes, el juez decretará, previo análisis de
10

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supuestos fácticos que sustentan sus pretensiones59. Para ese efecto, el
ordenamiento prevé oportunidades procesales específicas, entre ellas la
presentación de la demanda60 y el traslado de las excepciones de mérito61. Así, la
intervención oficiosa del juez en materia probatoria resulta procedente cuando la
parte interesada no puede satisfacer dicha carga “por razones de orden económico
o técnico”62.

51. En este caso, se advierte que el actor no solicitó la práctica de pruebas, cuya
omisión se cuestiona en esta instancia, dentro de las oportunidades procesales
previstas para ello, esto es, la presentación de la demanda y el traslado de las
excepciones de mérito, sino únicamente al presentar los alegatos de conclusión 63,
etapa procesal que no está destinada a solicitar el decreto de pruebas. Además, se
trataba de requerimientos de información dirigidos a las entidades demandadas,
respecto de los cuales no se acreditó la existencia de dificultades de orden
económico o técnico que impidieran solicitarlos oportunamente, como exige
expresamente la norma64. Por el contrario, durante la etapa para solicitar pruebas,
el demandante limitó sus peticiones a la copia del contrato de concesión de
Autopistas del Café, la certificación de los peajes existentes en el área de influencia
del municipio de Chinchiná y la acreditación de su existencia y representación
legal65.

52. Aunado a ello, la facultad de decretar pruebas de oficio constituye una potestad del
juez encaminada al esclarecimiento de los hechos cuando ello resulte necesario
para adoptar una decisión de mérito, y no un mecanismo destinado a suplir la
inactividad de las partes en el cumplimiento de sus cargas procesales. En esa
medida, lo oficioso se contrapone precisamente a aquello que es impulsado a
instancia de parte. Así, la Sala estima que no era ni es necesario hacer uso de dicha

conducencia, pertinente y eficacia, las pruebas solicitará y las que de oficio estime pertinente, señalando día y
hora para su práctica, dentro del término de veinte (20) días prorrogables por veinte (20) días más si la
complejidad del proceso lo requiere.”
59 Ibidem. “Artículo 30. Carga de la Prueba. La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo,

si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las
órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir
un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al
tema materia de debate y con cargo a ella.”
60 Ley 472 de 1998. “Artículo 18. Requisitos de la Demanda o Petición. Para promover una acción popular se

presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos: (…) e) Las pruebas que pretenda hacer valer
(….)”.
61 Parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, aplicable por remisión expresa del artículo 44 de la Ley 472 de 1998

en procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. “Parágrafo 2. De las excepciones presentadas se
correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte
demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos
anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.”
62 Artículo 30 de la Ley 472 de 1998.
63 Índice 76 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
64 Artículo 30 de la Ley 472 de 1998. Véase Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección

Primera. Sentencia del 22 de enero de 2009. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Exp. 2003-00521-01 reiterada
en sentencia del 18 de julio de 2019. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 2017-00786-01: “En términos
generales la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido unánime al reiterar lo dispuesto en dicha norma, es
decir que al actor corresponde la obligación de probar los supuestos en que se fundamenta su demanda, pero
a través de sus diversas secciones también ha precisado, esclarecido y enriquecido el alcance y sentido de
dicho postulado. / Se ha dejado en claro que esta carga se concibe como requisito para el ejercicio de la acción
al estimar que cuando se alega la omisión de un deber “si no se prueba que el demandado en acción popular
tenía la obligación de cumplir determinado mandato, no puede el juez condenarlo a cumplir aquello a que no
está obligado”. / Ha explicado que las razones de orden económico o técnico erigidas como salvedad para
enervar el postulado general que le atribuye al demandante la carga de la prueba, no solo deben alegarse
sino también demostrarse” (Énfasis agregado).
65 Índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.

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colectivos

atribución, por cuanto los elementos de convicción obrantes en el expediente
resultan suficientes para resolver la controversia planteada.

53. Con todo, se observa que los hechos que el actor pretende esclarecer mediante las
pruebas solicitadas de oficio no presentan incertidumbre a la luz del material
probatorio recaudado. En efecto, tal como lo señaló el a quo66, se encuentra
acreditado que: el corredor vial Armenia-Pereira-Manizales es operado por
Autopistas del Café en virtud del contrato de concesión 0113 de 1997; en
jurisdicción del municipio de Chinchiná existe una sola estación de peaje; y, para el
tránsito vehicular hay vías alternas que no tienen casetas de peaje instaladas. En
consecuencia, los aspectos centrales en los que se sustenta la presente acción
popular cuentan con soporte probatorio suficiente dentro del expediente. Además,
el estado de las vías alternas a aquella concesionada no guarda relación directa con
la controversia, pues el accionante cuestiona los efectos de los peajes sobre los
derechos e intereses colectivos invocados y no las condiciones de acceso al
municipio. Se insiste, los demás supuestos fácticos invocados por el demandante
debían ser acreditados por este en cumplimiento de su carga procesal.

De la alegada vulneración de los derechos colectivos

54. Precisado lo anterior, de la lectura integral de las piezas procesales obrantes en el
expediente, se advierte que las pretensiones del actor se sustentan en dos
situaciones: (i) la concesión vial actualmente operada por Autopistas del Café, que
incluye la operación de los peajes de las Pavas, Santágueda, Tarapacá Viejo y
Tarapacá Nuevo; y (ii) el futuro proyecto de concesión de dicha vía previsto para
iniciar en 2027.

55. El examen de los derechos colectivos invocados se circunscribirá a la concesión
vial actualmente en ejecución, así como a la amenaza que suponga la etapa
posterior al 1 de febrero de 2027, sin que sea posible efectuar juicios prospectivos
sobre el esquema concesional que eventualmente sucederá al actual, por tratarse
de una situación futura cuyo alcance y características no se encuentran definidos.
Si se constata dicha vulneración o riesgo, se analizará la procedencia de la consulta
previa y de los mecanismos de participación reclamados; de lo contrario, se
determinará si tales solicitudes pueden examinarse autónomamente o si dependen
necesariamente de la acreditación de una afectación a los intereses de la
comunidad.

Del análisis de la moralidad administrativa

56. La Sección67 ha señalado que la moralidad administrativa constituye un principio
constitucional orientador del ejercicio de la función administrativa y un derecho e
interés colectivo susceptible de protección mediante la acción popular. Su
vulneración exige acreditar, en primer lugar, la afectación de bienes jurídicos
asociados a dicho principio, tales como la buena fe, la ética pública, la honestidad,

66 “Y, toda vez que, este Juez Colegiado no ha considerado necesario el decreto y práctica de ninguna prueba

con el fin de esclarecer un punto oscuro de la discusión, no hay lugar al decreto de las pruebas solicitadas por
la parte demandante en su escrito de alegatos de conclusión como se dirá en la parte resolutiva de esta
sentencia”. Índice 80 ibidem.
67 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de

2011. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Exp. 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP).
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colectivos

la satisfacción del interés general y el rechazo de prácticas corruptas. Asimismo,
debe demostrarse la existencia de una acción u omisión atribuible a quienes ejercen
funciones administrativas que, por el desconocimiento de parámetros éticos y
morales socialmente aceptados, tenga la capacidad de amenazar o lesionar esos
bienes jurídicos.

57. En segundo término, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la
vulneración de este derecho supone, por regla general, el desconocimiento del
principio de legalidad. Esta violación coincide con “el propósito particular que desvíe
el cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio servidor público o
de un tercero”, noción que se acerca a la desviación de poder68.

58. Además, esta Sección ha identificado dos elementos esenciales para la
configuración de la moralidad administrativa: (i) el objetivo, que consiste en la
comprobación del quebrantamiento del ordenamiento jurídico entendido como la ley
o los principios generales del derecho; y (ii) el subjetivo, que comprende un juicio
de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si se apartó del
cumplimiento del interés general en aras de su propio favorecimiento o el de un
tercero69. Al efecto, se ha señalado que es carga argumentativa y probatoria del
actor popular probar ambos elementos:

“Para ello se requiere de una carga argumentativa por el actor popular en la que se
efectúe una imputación directa, seria y real de la violación del ordenamiento jurídico
y de la realización de las conductas atentatorias de la moralidad administrativa. En
este sentido corresponde al actor popular hacer esa imputación y cumplir con la carga
probatoria que le corresponde, no sólo por así disponerlo el artículo 18 de la Ley 472 de
1998, sobre contenido de la demanda, o el artículo 167 del Código General del Proceso, sino
porque tratándose del derecho colectivo en estudio, donde debe ineludiblemente darse la
concurrencia de los dos elementos anteriormente señalados, su imputación y prueba, junto
con el impulso oficioso del juez, limita eficazmente que la acción popular sea utilizada
inadecuadamente como medio judicial para resolver un juicio de simple legalidad y otorga
todos los elementos necesarios para que el juez ponga en la balanza los supuestos jurídicos,
fácticos y probatorios que lo lleven al convencimiento de que la actuación cuestionada estuvo
bien justificada y no fue transgresora del derecho colectivo o que, por el contrario, se
quebrantó el ordenamiento jurídico y de contera se vulneró la moralidad administrativa. La
imputación que se haga en la demanda y la actividad probatoria del actor popular cobra
especial importancia, porque le proporciona al juez un marco concreto para fijar el litigio y
desarrollar el proceso con el fin último de hacer efectivo el principio constitucional con el que
debe cumplirse la función pública. En efecto, el cumplimiento de este presupuesto
permite que el juez popular tenga la seguridad de que está castigando realmente las
conductas desviadas o deshonestas de los servidores en el ejercicio de sus
funciones, al tiempo que está protegiendo o restableciendo el derecho que tienen los
administrados a que la función pública se desarrolle conforme lo ha querido el
constituyente”70.

59. El accionante sostiene que se vulneró este derecho colectivo porque la existencia
de cuatro peajes en Chinchiná desconoce la igualdad en la distribución de las
cargas públicas y afecta el interés general, al imponer a sus habitantes una carga
económica desproporcionada derivada de los costos asociados a dichas
infraestructuras. En el recurso de apelación, controvierte la conclusión del Tribunal
Administrativo de Caldas según la cual en dicho municipio existe un único peaje,

68 Ibidem.
69 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1 de diciembre de 2015. C.P.:

Luis Rafael Vergara Quintero. Exp. 11001-33-31-035-2007-00033-01(AP).
70 Ibidem. Reiterada en Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección

A. Sentencia del 13 de agosto de 2024. C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez. Exp. 70707.
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colectivos

pues afirma que, dentro del expediente, tanto con la demanda como con la solicitud
de medida cautelar, allegó un mapa en el que se observa que el municipio “está
rodeado por 4 peajes de los 7 peajes que corresponden a toda la vía actualmente
concesionada por Autopistas del Café”71.

60. Sin perjuicio de la forma en que el demandante planteó el cargo, se advierte que, a
partir de los hechos acreditados en el proceso y en ejercicio de las facultades
propias del juez de la acción popular, la vulneración de la moralidad administrativa
puede sustentarse en la sola existencia de estaciones de peaje cercanas al
municipio de Chinchiná. En su lugar, esta afectación requiere demostrar una
actuación contraria al principio de legalidad orientada a favorecer intereses
particulares en detrimento del interés general. Tal circunstancia no fue alegada y,
menos aún, probada en el presente asunto. En concreto, en el expediente está
ayuno de acreditación de irregularidad alguna en las actuaciones administrativas
que dieron lugar a la instalación y operación de los peajes que integran la concesión
-alegaciones que desbordarían el alcance de esta acción popular-, ni está probado
que su establecimiento hubiera obedecido al propósito de beneficiar indebidamente
a un servidor público o a un tercero.

61. Al efecto, se recuerda que los peajes constituyen “la tasa que el usuario de una vía
pública paga por su utilización, con el fin de garantizar la existencia y el adecuado
mantenimiento, operación y desarrollo de una infraestructura vial que haga posible
y eficiente el transporte terrestre”72. Por ello, su establecimiento no obedece a
decisiones desprovistas de regulación, sino a un procedimiento definido por el
ordenamiento jurídico, en el que intervienen distintas autoridades competentes,
entre ellas la Nación, el Ministerio de Transporte y la entidad concedente73.

62. Según este marco normativo, en el procedimiento de instalación de peajes se
valoran, entre otros aspectos, los impactos socioeconómicos y territoriales de la
medida. No obstante, no es posible concluir de los elementos de juicio obrantes en
el plenario que las actuaciones adelantadas para su establecimiento hubieran
desconocido el ordenamiento jurídico o perseguido fines distintos al interés general.
En particular, no obra prueba en el expediente que fundamente reparo alguno al
procedimiento seguido para su creación, las autoridades que intervinieron en él ni
la existencia de una eventual desviación de poder, por lo que los elementos
objetivos y subjetivos esenciales para la configuración de una vulneración a este
derecho colectivo no se encuentren reunidos.

63. Así, no se advierte que se configure una afectación a ningún bien jurídico como la
buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general y la negación de
la corrupción, a causa del desconocimiento de ciertos parámetros éticos y morales
por parte de algún servidor público. Por lo tanto, la Sala no encuentra probada una
vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Por ello, confirmará
la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas y desestimará el cargo formulado
por el actor en su recurso de apelación.

71 Índice 84 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
72 Corte Constitucional. Sentencia C-508 del 6 de julio de 2006. M.P.: Álvaro Tafur Galvis.
73 Artículo 338 de la Constitución Política; artículos 21 y 30 de la Ley 105 de 1993; numerales 6.14 y 6.15 del

artículo 6 del Decreto 087 de 2011 y circular 20181400303461 del 03 de agosto del 2018.
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colectivos

Del análisis de la libre competencia

64. En punto a este derecho colectivo, esta Corporación ha señalado que tiene un
contenido individual y colectivo, reconocido en el artículo 88 de la Constitución
Política, cuya finalidad es lograr un estado de competencia real, libre y no falseada
“que permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genere
beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores
garantías y a un precio real y justo”74. Asimismo, la jurisprudencia ha definido este
derecho desde una doble perspectiva. De un lado, en su dimensión particular, como
la capacidad de participación económica de cualquier persona en una actividad
económica de forma libre, sin alteraciones provenientes de conductas de los
competidores. De otro, en su faceta pública, como un derecho enmarcado en los
límites del bien común, de la prevalencia del interés colectivo o general y de los
principios de proporcionalidad y razonabilidad75.

65. De manera que la libre competencia económica conjuga varios intereses y derechos
de diferentes sujetos del mercado, con el propósito de garantizar que los
competidores tengan derecho a reglas justas y dispongan de una oportunidad de
participación libre y efectiva en el mercado. Para su protección a través de las
acciones populares, se ha exigido que la afectación trascienda la esfera meramente
individual y repercuta en el ámbito colectivo. De ahí que los bienes jurídicos
tutelados comprendan tanto los derechos de los consumidores como el adecuado
funcionamiento y la corrección del mercado76.

66. La Sala advierte que una eventual afectación del derecho colectivo a la libre
competencia económica podría derivarse de la existencia de condiciones que
alteren injustificadamente la participación de determinados agentes en el mercado,
les impongan cargas diferenciadas capaces de distorsionar las condiciones de
competencia o repercutan de manera significativa en los precios o los costos de
operación. También podría plantearse una afectación cuando las condiciones de
uso de la infraestructura vial generen ventajas o desventajas competitivas
injustificadas entre los distintos actores económicos del corredor vial, como lo
argumentado por el demandante.

67. No obstante, el material probatorio obrante en el expediente no permite concluir que
las condiciones de competencia de los comerciantes de Chinchiná se hubieran visto
alteradas, ni que ello hubiera impedido el desarrollo de una competencia real, libre
y no falseada, con incidencia en la obtención de utilidades o en el bienestar de los
consumidores. Por el contrario, de las pruebas documentales y testimoniales
recaudadas se desprende que en el municipio existe únicamente un peaje 77 y que
los comerciantes y habitantes de este territorio disponen de vías alternas en buen

74
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 18
de septiembre de 2023. C.P.: María Adriana Marín. Exp. 2500-023-24-000-2011-00136-01.
75 Ibidem.
76 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2007. C.P.: Ariel Eduardo Hernández

Enríquez. Exp. 76001-23-31-000-2005-00549-01(AP). Reiterado en Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 18 de septiembre de 2023. C.P.: María Adriana
Marín. Exp. 2500-023-24-000-2011-00136-01.
77 Índices 70 (“Autopistas del Café S.A. certifica que el contrato estatal de concesión 113 de 1997 del que es

concesionario tiene dentro de sus fuentes de pago UNA (1) estación de peaje en jurisdicción del municipio de
Chinchiná (Caldas)”) y 72 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas (“Este proyecto tiene siete
estaciones de peaje en todo el corredor concesionado (…) En jurisdicción de Chinchiná solo el peaje de
Tarapacá I (…) No hay otra estación en jurisdicción de Chinchiná (…)” min 19:31).
15

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Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
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estado de conservación y sin cobro de peajes, que pueden ser utilizadas
libremente78. Asimismo, la evidencia no permite establecer un incremento en los
precios de los productos, un aumento de los costos de transporte o fletes atribuible
a las circunstancias planteadas en la demanda ni que los comerciantes de los
municipios cercanos estuviesen en una situación privilegiada en comparación con
los habitantes de Chinchiná. Tampoco se advierte una vulneración a este derecho
colectivo, en tanto el peaje lo pagan en igualdad de condiciones todo aquel que
transita por la vía concesionada.

68. Si bien el testigo Fabio Ernesto Pérez Chaparro, ingeniero civil especialista en vías
y transporte y director de gestión contractual de Autopistas del Café, manifestó que
las estaciones de peaje de Las Pavas, Santágueda, Tarapacá Viejo y Tarapacá
Nuevo se ubican a una distancia aproximada de entre ocho y diez kilómetros de
Chinchiná, tal circunstancia, por sí sola, no permite concluir la vulneración del
derecho colectivo a la libre competencia económica. En efecto, aun cuando se
admitiera que la existencia de esas cuatro estaciones incide en los desplazamientos
hacia y desde ese municipio, ello no acredita una distribución antijurídica de las
cargas públicas, ni una restricción indebida de este derecho. Ciertamente, dicho
elemento no evidencia que los comerciantes de ese municipio carezcan de
condiciones para participar libre y efectivamente en el mercado frente a los agentes
económicos ubicados en otros municipios.

69. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que el recaudo proveniente de los
peajes ubicados en el departamento de Caldas no supera el 20% del recaudo total
de la concesión, la cual comprende infraestructura vial en los departamentos de
Caldas, Risaralda y Quindío79. En ese contexto, el acervo probatorio no permite
advertir que los comerciantes de Chinchiná soporten cargas diferenciadas o
desproporcionadas frente a otros actores económicos igualmente sujetos al pago
de tarifas de peaje dentro del corredor concesionado. Así, de una parte, dentro de
Chinchiná todos los agentes económicos están sometidos a las mismas condiciones
de mercado. De otra, tampoco se acreditó una desventaja frente a los comerciantes
de municipios vecinos, pues la mayoría de los peajes del corredor se encuentra
fuera de su jurisdicción y grava igualmente a usuarios y productores de otras
poblaciones. Además, la ubicación de tales estaciones responde a criterios propios
de la planeación vial, sin que ello comporte una restricción a la libre competencia,
máxime cuando existen vías alternas sin peaje que permiten mitigar los costos de
desplazamiento.

70. Así, el material probatorio no evidencia que los comerciantes de Chinchiná hubieran
sido privados de condiciones equitativas de participación en el mercado ni que se

78 Índice 68 (“dentro de las vías nacionales no concesionadas a cargo de esta entidad que están cerca de la

jurisdicción del municipio de Chinchiná, no existen peajes administrados por el Instituto”) y 70 ibidem
(“Normalmente los habitantes de (…) Chinchiná (…) que se desplazan hacia Manizales utilizan la vía que
conduce de Chinchiná por la Siria (…) No tendría que pagar el peaje de Pavas (…) Es una vía que también está
en buen estado, administrada por el INVÍAS (…) Ahí no hay ninguna estación de peaje” min 22:10; “Si un
habitante de Chinchiná quiere dirigirse a Medellín, su única alternativa es utilizar la vía donde el gobierno
nacional ha dispuesto el cobro de la tasa de peaje en la estación denominada Santagueda No, (…) hay una ruta
que no paga peaje (…) vía hacia Medellín por Pacífico 3 (…) esa vía no tiene estaciones de peaje” min 23:20;
“Si un habitante de Chinchiná quisiera desplazarse hacia Pereira, su única alternativa es utilizar la vía nacional
concesionada, en la que están ubicadas las estaciones de Tarapacá? No necesariamente (…) podría dar la
vuelta por Palestina (…) Tiene esas dos alternativas (…) No tiene estaciones de peaje” min 24:35).
79 “Lo que se recauda en el Departamento de Caldas no supera el 20% del recaudo de los peajes” min 1:00:05.

Ibidem.
16

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Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

hubieran visto sometidos a restricciones que afectaran el ejercicio de una
competencia real, libre y no falseada.

71. Igualmente, las pruebas recaudadas no permiten inferir una afectación de los
derechos de los consumidores como agentes del mercado ni una alteración del
adecuado funcionamiento, orden o corrección del mismo. En efecto, no se evidencia
que la existencia del único peaje ubicado en Chinchiná o de las demás estaciones
localizadas en su entorno haya incidido en las condiciones de formación de precios,
generado mayores cargas para los consumidores o producido distorsiones en la
dinámica del mercado. Tampoco se advierte una incidencia diferenciada sobre los
comerciantes del municipio frente a aquellos ubicados en otros municipios del
corredor vial concesionado.

72. Por todo lo anterior, la Sala concluye que no se acreditó la vulneración del derecho
colectivo a la libre competencia económica. Por ello, confirmará la decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas y desestimará el cargo formulado por el actor en
su recurso de apelación.

Del análisis del adecuado desarrollo urbano

73. A su vez, en relación con el derecho colectivo definido como “la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes”80, esta Corporación ha señalado que este implica “la
necesidad de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación del
suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en
contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que
haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo”81.

74. Asimismo, esta Corporación ha precisado que el urbanismo comprende “[e]l
conjunto de conocimientos relativos a la creación, desarrollo, reforma y progreso de
las poblaciones según conviene a las necesidades de la vida humana”82 y, por ende,
este derecho “abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la
propiedad, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la calidad
de vida de los habitantes (…) el respeto de los derechos ajenos, el acatamiento a la
ley de ordenamiento territorial, a los planes de ordenamiento territorial y a las demás
disposiciones normativas en materia de uso del suelo; así como los límites que
determinan las autoridades para construir”83. En este sentido, el objetivo de esta
prerrogativa es imponer a las autoridades y a los particulares la obligación de
cumplir con la norma urbanística, en punto a la manera como progresa y se
desarrolla una población.

75. Para que este derecho se entienda vulnerado o amenazado de serlo, “no basta
infringir las normas urbanísticas, sino que se requiere demostrar el daño o la

80 Literal m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
81 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de noviembre

de 2019. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Exp. 68001-23-31-000-2012-00104-02(AP).
82 Consejo de Estado. Sala Contenciosa Administrativa. Sección Primera. Sentencia del 7 de abril de 2011.

C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Exp.: 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP).
83 Consejo de Estado. Sala Contenciosa Administrativa. Sección Primera. Sentencia del 11 de julio de 2019.

C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 63001-23-33-000-2018-00068-01(AP).
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

amenaza de daño al interés general”, carga que está en cabeza del actor popular,
“salvo cuando por razones económicas o técnicas, la misma no pueda ser cumplida
por éste” 84.

76. Sin perjuicio de lo alegado por el accionante, se advierte que una eventual
afectación de este derecho colectivo tendría que reflejarse en el desconocimiento
de las normas urbanísticas o de ordenamiento territorial que rigen la planificación,
uso y organización del territorio, o en la adopción de decisiones incompatibles con
los instrumentos que desarrollan dichas materias. Sin embargo, los elementos de
juicio incorporados al expediente no ponen de presente circunstancias de esa
naturaleza. En particular, no se advierte que la ubicación u operación de los peajes
existentes haya desconocido determinaciones de ordenamiento territorial ni que
hubiera incidido en la configuración de cargas o restricciones urbanísticas contrarias
al marco normativo aplicable.

77. En efecto, la Sala no encuentra elementos suasorios que permitan concluir la
existencia de una vulneración de las normas urbanísticas aplicables, de la función
social y ecológica de la propiedad, del espacio o patrimonio público, de la calidad
de vida de los habitantes o de la normativa de ordenamiento territorial. Tampoco es
posible concluir de los elementos probatorios obrantes en el expediente la existencia
de un daño o amenaza al interés general derivado de la ubicación u operación de
las estaciones de peaje de las Pavas, Santágueda, Tarapacá Viejo y Nuevo ni que
el accionante estuviese imposibilitado económica o técnicamente para aportar las
pruebas necesarias para sustentar sus afirmaciones.

78. Como se puso de presente, la instalación de peajes requiere un estudio de viabilidad
técnica, operativa, económica, social y financiera que permite establecer la
procedencia de estos proyectos y valorar las externalidades que pueden generar,
incluidas aquellas relacionadas con el ordenamiento territorial85. Asimismo, la
normativa vigente exige la intervención del Ministerio de Transporte mediante la
emisión de los conceptos correspondientes, orientados a verificar la procedencia de
tales medidas86.

79. En este contexto, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos dirigidos
a salvaguardar los bienes jurídicos asociados a la actividad urbanística y al
desarrollo territorial. Sin embargo, de lo aportado al proceso no es posible inferir
reparos contra las actuaciones que hicieron posible la instalación y operación de la
estación de peaje ubicada en Chinchiná. Adicionalmente, el Decreto 1077 de 2015,
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio, dispone que la ejecución de proyectos de infraestructura vial
nacional, regional, departamental o municipal no requiere licencia urbanística. Se
trata, en efecto, de actividades sometidas a un régimen especial en materia de
licenciamiento urbanístico87. En consecuencia, desde esta perspectiva no se

84 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 14

de marzo de 2012. C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Exp. 68001-23-15-000-2002-02183-01(AP).
85 Circular 20181400303461 del 03 de agosto del 2018.
86 Ibidem; numerales 6.14 y 6.15 del artículo 6 del Decreto 087 de 2011.
87 “Artículo 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias urbanísticas. Para la expedición de las

licencias urbanísticas, se tendrá en cuenta lo siguiente: / 1. No se requerirá licencia urbanística de urbanización,
parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para: (…) 1.2 La ejecución de proyectos
de infraestructura de la red vial nacional, regional, departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales”.
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colectivos

advierte una afectación del derecho colectivo invocado, pues la normativa aplicable
no exigía la obtención de este tipo de permisos para la ejecución de la
infraestructura objeto de análisis.

80. Por todo lo anterior, no se encuentra una vulneración del derecho colectivo a la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, por lo que se
confirma la conclusión del Tribunal Administrativo de Caldas y se niega el cargo
formulado por el accionante al respecto en su recurso de apelación.

Del análisis de los derechos de consumidores y usuarios

81. A su turno, respecto de los derechos de los consumidores y usuarios, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, aunque estos no fueron
expresamente consagrados en el artículo 88 de la Constitución Política como
susceptibles de protección mediante la acción popular, su salvaguarda encuentra
fundamento en el artículo 488 de la Ley 472 de 1998 y en el artículo 7889 de la Carta
Fundamental. En ese marco, se reconoce su naturaleza individual y colectiva, en
cuanto comprende el control de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos a la
comunidad, así como la garantía de una información adecuada en los procesos de
producción, comercialización y prestación90. Su garantía constituye, además, un
mecanismo de equilibrio frente a la libertad de empresa, orientado a salvaguardar
los intereses de quienes usualmente se encuentran en una posición de mayor
vulnerabilidad dentro de las relaciones de mercado91.

82. Con ese propósito92 fue expedida la Ley 1480 de 201193, cuyo objeto consiste en
proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de
los consumidores, así como regular los derechos y las obligaciones surgidas entre
los productores, proveedores y consumidores en las relaciones de consumo. Estas
relaciones se caracterizan porque el consumidor adquiere o utiliza un bien o servicio
como destinatario final para la satisfacción de necesidades propias, privadas,
familiares, domésticas o empresariales que no se encuentran intrínsecamente
vinculadas con una actividad económica de carácter productivo o comercial 94. Por
su parte, la ley define como productos todo bien o servicio elaborado por el

88 “Artículo 4. Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los
relacionados con: (…) n) Los derechos de los consumidores y usuarios.”
89 “Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad,

así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. / Serán responsables, de
acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la
salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. / El Estado garantizará la
participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les
conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar
procedimientos democráticos internos.”
90 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de junio de 2010. C.P.: María

Claudia Rojas Lasso. Exp. 19001-23-31-000-2005-01737-01(AP) en Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 7 de febrero de 2019. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
Exp. 85001-23-33-000-2017-00075-01(AP).
91 Consejo de Estado, Sección Primera. C.P.: María Elizabeth García González. Exp. 25000-23-24-000-2010-

00617-01(AP).
92 Véase Consejo de Estado. Sala Contenciosa Administrativa. Sección Primera. Sentencia del 11 de julio de

2019. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 63001-23-33-000-2018-00068-01(AP). “La protección de los
consumidores no es, pues, un asunto que constitucionalmente pueda resultar indiferente para las autoridades.
En desarrollo de esta responsabilidad se han expedido normas como el Decreto 3466 de 1982 o, recientemente,
la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)”.
93 Estatuto del Consumidor.
94 Numeral 3 del artículo 5 del Estatuto del Consumidor.

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colectivos

productor, entendido este como la persona que, de manera habitual y directa o
indirecta, los “diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe”95.

83. Según lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto del Consumidor, dentro de los
derechos reconocidos a los consumidores se encuentran, entre otros, el acceso a
productos de calidad, la información adecuada, la protección frente a la publicidad
engañosa, la seguridad e indemnidad, la protección contractual, la libre elección, la
participación, la representación, la educación y la igualdad. A su vez, dicha
normativa se sustenta en principios orientados a garantizar la protección frente a
riesgos para la salud y la seguridad, el acceso a información suficiente, la educación
para el consumo, la libertad de asociación y la protección especial de los niños,
niñas y adolescentes en su condición de usuarios96.

84. En el presente asunto, el actor sostuvo que este derecho colectivo se encuentra
vulnerado porque los habitantes de Chinchiná, en comparación con los residentes
de otros municipios ubicados sobre el corredor vial concesionado, deben soportar
cargas económicas más gravosas derivadas de la existencia de varias estaciones
de peaje en jurisdicción del municipio. Asimismo, afirmó que los conductores de
vehículos de más de dos ejes deben asumir costos adicionales que, en su criterio,
terminan repercutiendo en perjuicio de los consumidores locales.

85. Al respecto, se advierte que, en una primera medida, la instalación y el cobro de
peajes no constituyen la prestación de un bien o servicio, sino la tasa que el usuario
de una vía pública paga por su utilización, con el fin de garantizar la existencia y el
adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de una infraestructura vial 97. En
esta línea, ha sido posición de la Corporación que “la instalación de peajes, por sí
sola, no puede asimilarse a una actividad mercantil”98. Así, la obligación de pagar la
tarifa correspondiente surge del uso de una infraestructura pública y no de la
adquisición de un bien o servicio ofrecido en el marco de una relación comercial.

86. De igual manera, los comerciantes a los que alude el demandante no tienen la
condición de consumidores en los términos definidos por la Ley 1480 de 2011, pues
no adquieren un producto o servicio como destinatarios finales para satisfacer una
necesidad ajena a su actividad económica. Por el contrario, el uso de la
infraestructura vial se encuentra directamente relacionado con el desarrollo de sus
actividades productivas o comerciales, lo que excluye la configuración de una
relación de consumo en sentido estricto.

87. En consecuencia, desde una perspectiva objetiva, el peaje no constituye un
producto o servicio amparado por el Estatuto del Consumidor y, por ende, su pago
no da lugar a una relación de consumo respecto de los usuarios de la vía; y, a partir

95 Numerales 8 y 9 del artículo 5 del Estatuto del Consumidor.
96 Artículo 1 de la Ley 1480 de 2011.
97 Corte Constitucional. Sentencia C-508 del 6 de julio de 2006. M.P.: Álvaro Tafur Galvis.
98 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de septiembre

de 2009. C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Exp. 16370: “Uno de los sistemas de remuneración en los
contratos de concesión de construcción de obra pública consiste en permitirle al concesionario participar del
ingreso que por peajes recauda la nación cuando explota la obra objeto del contrato de concesión o las obras
aledañas a la misma. En esa medida, el sistema de remuneración que se acuerde en un contrato de concesión
debe analizarse dentro del contexto del contrato y no como una actividad aislada o independiente del negocio
jurídico. Por tal razón, la Sala, en reiterados criterios jurisprudenciales, ha precisado que la instalación de peajes,
por sí sola, no puede asimilarse a una actividad mercantil”.
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colectivos

de una óptica subjetiva, los referidos comerciantes tampoco pueden ser
considerados consumidores en los términos de dicha normativa. Así las cosas, la
existencia de una estación de peaje y el deber legal de pagar su tarifa no
constituyen, en principio, supuestos que comprometan la protección de los derechos
de consumidores y usuarios. Además, en cualquier caso, no se acreditó en el
proceso que su funcionamiento hubiese generado una afectación concreta al
derecho colectivo invocado.

88. Por todo lo expuesto, la Sala no advierte vulneración del derecho colectivo de los
consumidores y usuarios. Por ello, se confirmará la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Caldas en este punto y se desestimará el cargo
formulado por el actor en el recurso de apelación.

Del análisis del acceso a los servicios públicos

89. Por último, en ejercicio de las facultades ultra y extra petita del juez popular, se
estima necesario estudiar los derechos al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso común y al acceso a los servicios de tal naturaleza y
a que su prestación sea eficiente y oportuna, toda vez que advierte que podrían
tener una relación mínima y razonable con la causa petendi de la demanda. Lo
anterior, por cuanto la controversia se origina en la operación de peajes sobre el
corredor vial Armenia-Pereira-Manizales, circunstancia que guarda relación con
tales intereses colectivos, en la medida en que las tarifas asociadas a su uso inciden
en las condiciones de acceso y tránsito por esa infraestructura como un bien público.

90. Además, se advierte que ambos derechos colectivos (i) guardan relación estrecha
y directa con los derechos respecto de los cuales sí existió una solicitud expresa de
protección por parte del actor popular, particularmente, con la moralidad
administrativa y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas99; y (ii) frente a ellos, los
demandados tuvieron la oportunidad de pronunciarse en el curso del proceso, los
conocieron y pudieron presentar argumentos de defensa100.

91. El primero de ellos protege aquellos bienes y elementos destinados, por su
naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas y al disfrute
común de la comunidad. Su garantía impone al Estado el deber de preservar su
integridad, destinación y acceso en condiciones de igualdad, evitando su
apropiación indebida por particulares, la imposición de restricciones injustificadas al
uso común o la creación de privilegios contrarios al interés general. Se trata de un
derecho de naturaleza colectiva, amparable mediante la acción popular, que
comprende tanto los elementos naturales como los construidos que integran el
espacio público, incluidos los componentes de la infraestructura vial, y cuya
protección busca asegurar su conservación, disfrute y aprovechamiento en
beneficio de toda la colectividad101.

99 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 23

de agosto de 2024. C.P.: Nicolás Yepes Corrales. Exp. 25000-23-41-000-2013-01109-01; Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 19 de noviembre de 2009. C.P.: Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp. 17001-23-31-000-2004-01492-01(AP).
100 Índices 28, 32, 33 y 57 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
101 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 3 de

septiembre de 2013. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 17001-33-31-001-2009-01566-01(IJ).
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92. El segundo, encuentra fundamento en los artículos 365 a 367 de la Constitución
Política de Colombia, que reconocen los servicios públicos como inherentes a la
finalidad social del Estado e imponen el deber de garantizar su prestación eficiente
a todos los habitantes del territorio nacional. Su protección comprende no solo el
acceso efectivo a los mismos, sino también su continuidad, cobertura, calidad y
eficiencia, en atención a su estrecha relación con la satisfacción de necesidades
básicas y con la efectividad de derechos fundamentales como la dignidad humana,
la igualdad y la calidad de vida. De igual forma, este derecho colectivo supone la
obligación de las autoridades competentes de adoptar las medidas necesarias para
asegurar su adecuada prestación, ya sea directamente o a través de terceros, así
como ejercer las funciones de regulación, control, vigilancia y seguimiento que
permitan garantizar su funcionamiento oportuno y eficiente en beneficio de la
comunidad102.

93. A partir del material probatorio obrante en el expediente, la Sala no advierte
circunstancias que permitan inferir una afectación de los derechos colectivos al goce
del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, ni al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.

94. En efecto, los elementos de convicción allegados al proceso no evidencian que la
única estación de peaje ubicada en Chinchiná haya dado lugar a la ocupación
indebida de bienes de uso público, restringido injustificadamente el acceso o disfrute
común de la infraestructura vial o generado privilegios incompatibles con su
destinación colectiva.

95. Por el contrario, las pruebas recaudadas muestran que en el referido municipio
existe una única estación de peaje103 y que los usuarios cuentan con vías alternas
en adecuadas condiciones para el tránsito y sin cobro104. Asimismo, los elementos
de convicción allegados al proceso no permiten advertir que los habitantes del
municipio soporten una carga diferenciada o desproporcionada frente a los usuarios
de los demás municipios del corredor vial concesionado. En particular, se encuentra
acreditado que el recaudo de dicha estación no supera el 20% del recaudo total de
la concesión105. En este contexto, no se evidencia que el cobro del peaje impida o
restrinja irrazonablemente el uso de la infraestructura vial. Este constituye un
mecanismo asociado a la financiación, operación y mantenimiento de la vía, que
permite su utilización en condiciones adecuadas de servicio. Aun si se considerara
que el pago de una tarifa comporta una limitación al acceso por ese corredor, no se
advierte de las pruebas obrantes en el expediente que esta sea desproporcionada,
pues se trata de una condición general que se aplica por igual a quienes transitan
por el corredor concesionado, como ocurre con este tipo de vías en distintas zonas
del país. Se insiste, la existencia de rutas alternas constituye un elemento adicional
que garantiza la posibilidad de acceso y movilidad para los usuarios que opten por
no asumir dicha tarifa.

102 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 19 de junio de

2020. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez. Exp. 50001-23-33-000-2012-00167-01(AP).
103 Índices 70 y 72 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
104 Índice 68 y 70 ibidem.
105 Índice 70 ibidem.

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96. De igual forma, en punto al derecho colectivo de acceso a los servicios públicos, del
expediente no se desprende que la existencia u operación del peaje en el municipio
de Chinchiná haya incidido negativamente en el acceso, continuidad, cobertura,
calidad o eficiencia de algún servicio público a cargo de las autoridades o de los
prestadores competentes. Tampoco se identifican elementos de juicio que permitan
asociar los hechos examinados con deficiencias en la prestación de servicios
públicos o con el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales de
garantía, vigilancia y control que recaen sobre las autoridades competentes.
Además, aun si no existieran vías alternas sin peaje, el ordenamiento contempla
mecanismos excepcionales para asegurar la atención de situaciones de emergencia
y evitar que el cobro de la tarifa comprometa el acceso a los servicios públicos106. A
ello se suma que, en este caso, está demostrada la existencia de otras rutas libres
de cobro, lo que refuerza la falta de acreditación de una afectación a este derecho
colectivo.

97. En consecuencia, la Sala no encuentra acreditada una amenaza o vulneración de
los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda, ni de aquellos que,
por su relación con la causa petendi y en ejercicio de las facultades ultra y extra
petita propias de la acción popular, fueron objeto de examen en esta providencia.
Por lo tanto, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en cuanto concluyó que no se configuró el desconocimiento de tales
derechos colectivos.

De la consulta previa y los derechos de participación frente a comunidades
campesinas

98. A partir de las conclusiones previamente expuestas sobre la inexistencia de una
amenaza o vulneración de los derechos colectivos objeto de análisis, a la Sala le
atañe examinar si las pretensiones relativas a la consulta previa y a los demás
mecanismos de participación pueden ser estudiados de manera autónoma. En caso
afirmativo, deberá determinarse si tales medidas resultan exigibles respecto de la
concesión vigente y de aquella que eventualmente la suceda una vez concluya su
término de ejecución.

99. Al respecto, se precisa, en primer término, que la consulta previa no constituye, en
estricto sentido, un derecho colectivo. Según lo señala la Corte Constitucional107:

“La jurisprudencia constitucional ha reconocido en varias ocasiones que la naturaleza de las
pretensiones derivadas de la solicitud de protección a los derechos fundamentales a la
participación efectiva de los pueblos indígenas y a la consulta previa no permite que sean
tramitadas eficazmente mediante acciones ordinarias (…) Este examen debe tener un
carácter holístico y, por lo mismo, la jurisprudencia ha entendido que si bien la acción popular
podría ser procedente para estudiar las violaciones a los derechos colectivos derivadas de
la actividad minera, por ejemplo, también es cierto que en casos como el presente se solicita

106 Véase el literal b) del artículo 21 de la Ley 105 de 1993, que consagra algunas excepciones al cobro de

peajes en favor de vehículos pertenecientes a los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, los
hospitales oficiales, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el INPEC y los organismos que ejercen funciones
de policía judicial. Asimismo, durante la pandemia por COVID-19, el Gobierno nacional dispuso la suspensión
temporal del cobro de peajes mediante el artículo 9 del Decreto 569 de 2020, medida declarada exequible por
la Corte Constitucional en Sentencia C-239 de 2020. Dicha suspensión tuvo como finalidad garantizar el acceso
a bienes de primera necesidad y mitigar el impacto económico derivado del aislamiento preventivo obligatorio.
Estos antecedentes evidencian que el cobro de peajes admite excepciones de carácter legal y temporal cuando
ello resulta necesario para asegurar la prestación de bienes y servicios o la protección de derechos.
107 Corte Constitucional. T-530 del 27 de septiembre de 2016. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

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la protección de otros derechos que no son susceptibles de ser amparados por esa vía, como
es el caso de los derechos fundamentales a la identidad étnica y al territorio que tienen
titularidad comunitaria pero no por ello son de carácter colectivo. / Por lo anterior, la
acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo y eficaz para estudiar las
eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a la
participación efectiva, al territorio y a la autonomía y autodeterminación de las comunidades
étnicas, que no pueden ser protegidos por vía de acciones contencioso administrativas, pues
persiguen fines diferentes a los pretendidos en la solicitud de referencia.” (Énfasis agregado)

100. Sobre las acciones de protección de este derecho, el alto tribunal ha
indicado108:

“[L]a acción de tutela es el único recurso judicial que tienen las comunidades
indígenas para enfrentar, a través de la reivindicación de la consulta previa, las
condiciones de opresión, explotación y marginalidad a las que históricamente han estado
sometidas (…) También, la Sentencia SU-123 de 2018 destacó que en el ordenamiento
jurídico colombiano no existe otro mecanismo judicial de protección efectiva del derecho
a la consulta previa, más que la acción de tutela, por ser la única vía judicial que da “una
respuesta clara, omnicomprensiva y definitiva a la vulneración de derechos” de los
conglomerados indígenas. Lo anterior, debido a que “[l]a protección que ofrecen las acciones
contenciosas del derecho a la consulta previa es insuficiente, (…) [en la medida en que]
‘estudiar la legalidad de un acto administrativo no implica que se adopten modos de
resarcimiento que serían propios del juez de amparo (…), rol que obedece a su función
protectora de los derechos fundamentales’” (énfasis agregado).

101. Sin embargo, esta Corporación109 ha precisado que, incluso cuando la acción
constitucional idónea para garantizar el derecho a la consulta previa es la tutela, ello
no impide que en el marco de una acción popular el juez pueda pronunciarse al
respecto, siempre que se evidencie la necesidad de revisar este mecanismo como
parte de la garantía de los derechos colectivos cuya vulneración se invoca. Sobre
el particular, se ha señalado:

“A ese respecto, debe indicarse que, como lo ha sostenido pacíficamente la prolija
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el instrumento procesal idóneo para la
protección del derecho fundamental a la consulta previa es la acción de amparo
constitucional. / No obstante lo anterior, ello no impide que en el curso de Ia acción
popular se haga pronunciamiento acerca del derecho a la consulta previa, ya que se
evidencia que se pretende ante todo Ia protección del medio ambiente como sustrato
esencial para la protección del derecho a la pervivencia de la comunidad étnica raizal.
En razón de lo anterior, y en caso de que se demuestre la necesidad de revisar el
procedimiento de consulta previa surtido respecto del proyecto de ampliación del aeropuerto
denominado “El Embrujo”, Ia Sala proferirá I. órdenes que estime necesarias e ineludibles
para efectos de dar prevalencia a principios, como lo son, por ejemplo, el derecho de acceso
a la administración de justicia, la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y, no
menos importante, la economía procesal”.

102. En ese sentido, se advierte que el estudio de la consulta previa dentro de la acción
popular solo resulta procedente cuando su eventual desconocimiento se encuentra
vinculado a la afectación de un derecho o interés colectivo reconocido como tal por
la ley o la jurisprudencia.

103. En el presente caso, en punto de la vía actualmente concesionada, la Sala no
encontró probada vulneración alguna de los derechos colectivos estudiados en

108 Corte Constitucional. Sentencia T-154 del 24 de mayo de 2021. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
109 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de julio de 2019. C.P.: Roberto Augusto Serrato

Valdéz. Exp. 88001-23-33-000-2016-00066-01. Véase Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 29 de enero de 2026. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón. Exp. 44001-23-40-000-
2018-00089-01.
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Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

relación con los peajes que están en operación en el municipio de Chinchiná. En
consecuencia, no hay lugar a emitir un pronunciamiento sobre el cargo relativo a la
omisión de consulta previa formulado por la parte actora.

104. De igual forma, en relación con la eventual concesión que entraría en operación a
partir del año 2027 en el corredor vial actualmente concesionado, tampoco es
posible advertir que exista una amenaza a los derechos colectivos invocados. En
efecto, no hay certeza sobre la eventual instalación de peajes adicionales en el
municipio de Chinchiná ni sobre las condiciones de su implementación, de manera
que tampoco es posible concluir que se configure una amenaza a los derechos
colectivos analizados.

105. En consecuencia, al no encontrarse configurada la vulneración o amenaza de los
derechos colectivos estudiados ni la conexidad necesaria para examinar el
cuestionamiento planteado por el actor, no procede examinar la eventual exigibilidad
de la consulta previa110, ni de otros mecanismos de participación de las
comunidades campesinas del municipio de Chinchiná, incluido el derecho a la
participación reforzada111 y las demás medidas solicitadas por el accionante112, toda
vez que su procedencia supone, de una parte, una relación directa con la afectación
de intereses colectivos113 y, de otra, que se trate de actuaciones o decisiones en
las que dichas comunidades deban intervenir114, circunstancias que no han sido
probadas en este trámite115.

110 Corte Constitucional. Sentencia T-154 del 24 de mayo de 2021. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado; Consejo

de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de julio de 2019. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdéz. Exp.
88001-23-33-000-2016-00066-01; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29
de enero de 2026. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón. Exp. 44001-23-40-000-2018-00089-01.
111 El Acto Legislativo 01 de 2023 reconoce al campesinado como “sujeto de derechos y de especial protección”

y “[e]l Estado reconoce (…) la participación reforzada” de esta comunidad, reconocimiento que ha sido aplicado
como mandato constitucional expreso y transversal en asuntos que afectan estas comunidades. Véase Corte
Constitucional. Sentencia T-262 de 2024. M.P.: Juan Carlos Cortés Gonzáles: “Por lo tanto, la Constitución
Política como la jurisprudencia de esta Corte, reconocen que los campesinos son sujetos de especial protección
constitucional y se les debe salvaguardar el acceso y materialización de sus derechos y garantías
fundamentales, en particular en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra y en la participación en los trámites
administrativos y judiciales en los que estén involucrados”.
112 “Convocar las reuniones de socialización del proyecto de concesión sobre sobre la vía relacionada a partir

de la vigencia 2027 (…) establecer los peajes y las tarifas en grado de igualdad sobre todos los municipios que
se conectan en los 256 kilómetros de longitud entre Caldas, Risaralda y Quindío de la vía referida (…) establecer
la igualdad de inversiones derivadas de la presente concesión de manera proporcional sobre los recaudos que
se generen en cada uno de los departamentos que conforman la longitud de la vía relacionada”. Índice 2 del
aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Caldas.
113 Véase Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de

junio de 2005. C.P.: Ruth Stella Correa Palacio: “En relación con la pretensión de que a través de esta acción
se proteja la participación ciudadana, es claro que tal derecho no ha sido definido por el legislador como
colectivo, y por tanto escapa a la finalidad propia de las acciones populares, es decir, no es susceptible de
protección a través de la acción popular”; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia del 1 de junio de 2020. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 68001-23-33-000-2018-
00421-01: “[E]l derecho a participar en las determinaciones que pueden afectar el goce de un ambiente sano,
es de origen constitucional y, por eso, la Carta Política reconoce que es posible la sostenibilidad de los
ecosistemas y la distribución equitativa de los recursos naturales, a través de un diálogo incluyente asociado a
la toma de tales decisiones. Aun así, este interés colectivo, como las demás prerrogativas reconocidas en
nuestro ordenamiento jurídico, no es de carácter absoluto”.
114 Corte Constitucional. Sentencia T-262 de 2024. M.P.: Juan Carlos Cortés Gonzáles: “Por lo tanto, la

Constitución Política como la jurisprudencia de esta Corte, reconocen que los campesinos son sujetos de
especial protección constitucional y se les debe salvaguardar el acceso y materialización de sus derechos y
garantías fundamentales, en particular en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra y en la participación
en los trámites administrativos y judiciales en los que estén involucrados”. (Énfasis agregado)
115 Es necesario precisar que esta conclusión no soslaya el reconocimiento constitucional del campesinado

como sujeto de especial protección ni las garantías de participación reforzada previstas en el Acto Legislativo
01 de 2023. Lo que se afirma es que el examen de tales garantías exige acreditar, en el caso concreto, su
vínculo directo con la protección de intereses colectivos y con una actuación o decisión que demande la
intervención efectiva de esas comunidades; presupuestos que, se itera, no fueron demostrados en el presente
proceso.
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Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

106. En este sentido, a la Sala no le es dable referirse a la procedencia de la consulta
previa ni a la procedencia de los demás mecanismos de participación de las
comunidades campesinas en el municipio de Chinchiná, toda vez que no advierte
que exista un daño o amenaza a un derecho colectivo conexo que posibilite su
examen.

Conclusiones

107. La Subsección confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, toda vez que no se advirtió una amenaza o vulneración de los derechos
colectivos invocados por la parte actora, ni de aquellos examinados oficiosamente
en ejercicio de las facultades ultra y extra petita del juez popular. De igual forma, la
Sala concluye que no procede emitir un pronunciamiento de fondo sobre la consulta
previa, la participación reforzada u otros mecanismos de intervención respecto de
las comunidades campesinas del municipio de Chinchiná, dado que no se encontró
una amenaza o vulneración de los intereses de la comunidad que justifique su
examen en la acción popular de la referencia.

108. Además, las condiciones de la eventual concesión a partir de 2027 aún no se
encuentran definidas, ni tampoco hay certeza frente a las instalaciones de peajes
adicionales en el corredor vial analizado, por lo que no existen elementos ciertos
que permitan efectuar un examen de eventuales vulneraciones a derechos
colectivos sobre afectaciones futuras inciertas.

Sobre las costas

109. Conforme al artículo 38116 de la Ley 472 de 1998, el juez tiene la facultad de
determinar si condena en costas al actor popular, cuando la acción haya sido
presentada de manera temeraria o de mala fe. Si bien lo pretendido por el actor no
prosperó, su demanda fue una expresión legítima del Personero en la veeduría de
los asuntos públicos que impulsó con activa intervención en las diferentes etapas
procesales. Por lo tanto, no puede colegirse de ninguna forma que su actuar es
temerario o de mala fe, y, en consecuencia, no se condenará en costas117.

Remisión de piezas procesales

110. Según el artículo 80 de la última norma citada, todo juez que conozca de acciones
populares deberá enviar una copia de la demanda, de su auto admisorio y del fallo
definitivo con destino a la Defensoría del Pueblo, para su inclusión en el registro
público organizado por esa entidad. En acatamiento de dicho mandato, se ordenará
que, por conducto de Secretaría, se realice la remisión de las actuaciones en
mención del proceso sub examine -incluyendo la presente sentencia- al señalado
organismo para lo de su competencia.

116 “Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar el

demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción
presentada sea temeraria o de mala fe (…)”.
117 Véase Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A.

Sentencias del 16 de junio de 2025 (exp. 71999) y 13 de agosto de 2024 (exp. 70707). C.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez.
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Radicación: 17001-23-33-000-2025-00086-01 (73739)
Demandante: Personero de Chinchiná, Caldas
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos

111. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas el 10 de octubre de 2025, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: REMITIR, por Secretaría, copia de la demanda, de su auto admisorio y
del presente fallo en firme a la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente de este proceso al Tribunal
de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia y cumplido lo anterior.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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