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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00087-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00087-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de abril de 2025 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2025-00087-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

2 de mayo de 2025

Radicación: 17001-23-33-000-2025-00087-01
Accionante: Jorge Andrés Cortés Velásquez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 17001-23-33-000-2025-00087-01
Accionante: Jorge Andrés Cortés Velásquez
Accionado: Procuraduría General de la Nación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Jorge Andrés Cortés
Velásquez contra la sentencia de tutela del 3 de abril de 2025, proferida por
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas 1, mediante
la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales de petición y acceso
a la información invocados por el accionante.

I. LA SOLICITUD

El señor Jorge Andrés Cortés Velásquez promovió acción de tutela contra la
Procuraduría General de la Nación, ante la falta de respuesta a la petición
presentada el 26 de febrero de 2025, mediante la cual solicitó copia de los
decretos de su nombramiento en los cargos de Sustanciador, código 4SU,
grado 10, y de Secretario de Procuraduría, código 4SP, grado 12, ambos
adscritos a la Procuraduría Provincial de Manizales. El accionante manifiesta
que dichas solicitudes no han sido resueltas de fondo a la fecha.

1. Situación fáctica

El accionante, en su escrito de tutela, señaló los siguientes hechos:

Indicó que, el 26 de febrero de 2025, en ejercicio del derecho de petición,
solicitó a la Procuraduría General de la Nación lo siguiente:

“(...) 1.1. Copia de los decretos de nombramiento para el cargo de
Sustanciador, código 4SU, grado 10, perteneciente a la Procuraduría

1 En adelante el Tribunal.

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Accionante: Jorge Andrés Cortés Velásquez

Provincial de Manizales, con sede en la ciudad de Manizales desde el año
2018 a la fecha de presentación de esta solicitud.

1.2. Copia de los decretos de nombramiento para el cargo de Secretario
de Procuraduría, código 4SP, grado 12, perteneciente a la Procuraduría
Provincial de Manizales, con sede en la ciudad de Manizales, desde el año
2018 a la fecha de presentación de esta solicitud. (...)”

Adujo que, en respuesta a su solicitud, la Procuraduría General de la Nación,
en lugar de suministrar directamente la información requerida, le informó que
los cargos mencionados pertenecen a la planta globalizada de la entidad y le
remitió un enlace web en el cual, según indicó, podría acceder a los decretos
de nombramiento.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante auto del 25 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador del
Tribunal: i) admitió la acción de tutela; ii) se pronunció sobre las pruebas; y
iii) ordenó, como medida cautelar, lo siguiente:

“(...) ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en el término
de un (1) día contado a partir de la notificación del presente auto, emita
una respuesta de fondo a la petición presentada por el señor Cortés
Velásquez el 26 de febrero de 2025, término que incluye también la
notificación de dicha respuesta al correo electrónico suministrado por el
peticionario. (...)”

2.2. La Procuraduría General de la Nación presentó informe en el que
manifestó lo siguiente:

Indicó que no existe una conducta atribuible a la accionada que permita
efectuar un juicio de vulneración de derechos fundamentales, toda vez que la
Procuraduría General de la Nación dio respuesta a la petición elevada bajo el
radicado E-2025-092476 desde el 12 de marzo de 2025. A su juicio, dicha
respuesta cumple con los presupuestos constitucionales, por cuanto fue
emitida de manera clara, concreta, de fondo y debidamente notificada.

Adujo que, como se indicó en la respuesta, se informó al peticionario que los
cargos de Sustanciador, código 4SU, grado 10, y de Secretario de
Procuraduría, código 4SP, grado 12, hacen parte de la planta globalizada
asignada a la Procuraduría General de la Nación. Esto implica que dichos
cargos no pertenecen de forma específica a la estructura funcional de la
Procuraduría Provincial de Manizales.

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Tal situación obedece al hecho de que la entidad cuenta con una planta de
personal global y flexible, la cual, por su propia naturaleza, permite al
nominador distribuir y reubicar los empleos de manera ágil y dinámica, con el
propósito de optimizar los recursos en beneficio de la gestión institucional.
Todo ello, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, celeridad y
economía, y con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de su misión
constitucional como ente del Ministerio Público, a través de las distintas
dependencias que la conforman.

En este contexto, la provisión de los cargos obedece a las necesidades del
servicio a nivel nacional. Por esta razón, el artículo 2° del Decreto Ley 262 de
2000 otorga al Procurador General de la Nación la facultad de “(…) distribuir
los empleos de la planta globalizada mediante acto administrativo, de acuerdo
con la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas
trazados por la Procuraduría General de la Nación (...)”.

Expuso que, en relación con la planta de personal globalizada de la
Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional, en la sentencia C-
429 de 2001, al revisar la exequibilidad de los numerales 38 y 39, entre otros,
del artículo 7° del Decreto Ley 262 de 2000, realizó el siguiente análisis:

“(…) es un sistema que se ha venido implantando en algunos sectores de
la administración pública, especialmente en aquellas entidades que tienen
jurisdicción nacional, es decir, que deben ejercer sus actividades en todo
el país, y se ha constituido en una nueva técnica de manejo de personal.
En ellas no se asignan ni radican cada uno de los cargos en las distintas
dependencias de la entidad, como acontece en las plantas fijas, sino que
se establece el número total de empleos de la institución, de acuerdo con
la nomenclatura y categoría del mismo, por ejemplo: 300 abogados
asesores grado 19, 100 profesionales universitarios grado 15, 90
secretarias grado 3, de manera que su distribución y ubicación deberá
hacerla en este caso, el Procurador General, teniendo en cuenta las
necesidades del servicio y con el único propósito de cumplir en forma
adecuada y eficiente las funciones de control que la Constitución le ha
asignado (...)” (Subrayado fuera de texto)

Señaló que, en tal sentido, y con fundamento en la normativa previamente
expuesta, se encuentra en cabeza del Procurador General de la Nación, como
máxima autoridad del Ministerio Público, la facultad de distribuir el talento
humano de la entidad conforme a las necesidades del servicio. Esta atribución
constituye un instrumento eficaz que le permite ejercer su competencia,

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agilizar la gestión institucional y responder de manera oportuna a los
requerimientos del buen servicio, en los lugares donde se haga necesario.

Indicó que, en este contexto, al peticionario se le proporcionó un enlace que
conduce a la publicación oficial de todos los decretos de nombramiento
expedidos por la entidad a nivel nacional. A través de dicho portal, puede
consultar la totalidad de los actos administrativos de vinculación del personal,
mes a mes, desde el año 2012 hasta la fecha.

Agregó que, la información reviste carácter público, goza de veracidad y
autenticidad, y se encuentra disponible para cualquier ciudadano que desee
acceder directamente al sitio web de la Procuraduría General de la Nación.

Concluyó manifestando que la presente acción de tutela resulta improcedente,
por cuanto la Procuraduría General de la Nación dio respuesta a la petición
formulada por el ciudadano dentro del término legalmente establecido.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal, mediante sentencia de 3 de abril de 2025, resolvió negar el amparo
de los derechos fundamentales del accionante, disponiendo lo siguiente:

3.1 Temeridad en la acción de tutela

Como cuestión preliminar, el Tribunal señaló que el accionante interpuso
previamente otra acción de tutela en la que se alegaban hechos y pretensiones
similares. En consecuencia, procedió inicialmente a analizar si se configuraba
temeridad en la acción de tutela.

Una vez certificados y comparados los expedientes con número único de
radicación 2025-00082-00 y 2025-00087-00, se advirtió que en el expediente
N.º 2025-00082-00 se solicitó la respuesta a distintas peticiones dirigidas al
Procurador General de la Nación, presentadas por el mismo actor los días 19,
21 y 28 de febrero de 2025. Por su parte, en el proceso con radicado N.º 2025-
00087-00 se solicitó la respuesta a una petición presentada igualmente por el
mismo actor, pero con fecha 26 de febrero del presente año.

Indicó que, si bien podría sostenerse que los documentos solicitados en la
petición del 26 de febrero de 2025, objeto de análisis en el presente proceso,
estarían comprendidos dentro de los requeridos en la petición del 28 de febrero
del mismo año, lo cierto es que existe una diferencia sustancial entre ambas
solicitudes. En efecto, mientras la petición del 26 de febrero se refiere

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específicamente a los decretos de nombramiento de un servidor en particular,
la del 28 de febrero tiene por objeto la totalidad de los servidores adscritos a
la Procuraduría Provincial de Manizales.

Agregó que, en este contexto, no se configura temeridad, pues por un lado,
los ciudadanos tienen la facultad constitucional de presentar tantas peticiones
como estimen necesarias; y por el otro, la administración está obligada a dar
respuesta individual a cada una de ellas, incluso si su contenido coincide o se
solapa parcialmente, pudiendo en todo caso remitirse a respuestas previas. En
esencia, no se advirtió temeridad, dado que se trata de peticiones formuladas
en fechas distintas y con alcances diferenciados.

3.2. El derecho fundamental de petición

Luego de realizar el análisis jurisprudencial sobre el derecho de petición, en
particular respecto a la solicitud de documentos y la respuesta emitida por la
entidad accionada, el Tribunal señaló lo siguiente:

Que, en efecto, las entidades públicas, incluidos los órganos de control, tienen
la obligación, conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, de habilitar
páginas web institucionales mediante las cuales se ponga a disposición de los
ciudadanos toda aquella información que no se encuentre sujeta a reserva
legal. Dichos portales deben cumplir una doble finalidad: garantizar la
publicidad de las actuaciones administrativas y ofrecer un canal ágil y accesible
para la consulta de documentos y decisiones.

En ese orden de ideas, el hecho de que la Procuraduría General de la Nación
haya indicado al accionante que los decretos solicitados pueden ser
consultados a través de su sitio web oficial, no constituye una omisión ni una
evasión de su deber legal, sino el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de transparencia y acceso a la información pública. En consecuencia,
dicha respuesta se considera oportuna, clara y de fondo.

Agregó que, si la intención del legislador al disponer el acceso digital a la
información pública es facilitar al ciudadano el conocimiento de los documentos
institucionales, no resulta razonable exigir a las entidades que entreguen
físicamente información que ya se encuentra disponible en páginas oficiales,
cuya autenticidad está garantizada por su origen institucional.

Finalizó indicando que, únicamente en el evento en que el actor hubiese
advertido de manera clara y concreta que los documentos solicitados no se
encontraban disponibles en los enlaces proporcionados por la entidad, podría

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configurarse una posible vulneración de sus derechos fundamentales de
petición y de acceso a documentos públicos. Sin embargo, tal circunstancia no
fue expuesta en la presente acción, razón por la cual se niegan las
pretensiones de la demanda.

IV. LA IMPUGNACIÓN

4.1. El accionante presentó impugnación contra la sentencia de primera
instancia, indicando los siguientes argumentos:

Reiteró que la información solicitada no le fue entregada en la respuesta
emitida frente al derecho de petición que dio origen a la presente acción de
tutela.

Indicó que, en el año 2022, dos funcionarios renunciaron a los cargos de
Sustanciador, grado 10, y Secretaria de Procuraduría, grado 12,
respectivamente. Ambos cargos, según lo establecido en la Resolución 321 de
2015, se encontraban adscritos a la Procuraduría Provincial de Manizales.

Afirmó que, posiblemente, tras dichas renuncias, los mencionados cargos
fueron provistos en otras dependencias o territorios de la Procuraduría General
de la Nación, como Barranquilla o Santa Marta, pero formalmente
mantuvieron, al menos por un tiempo, su adscripción a la Procuraduría
Provincial de Manizales. Explicó que la entidad accionada suele recurrir a la
figura de “asignación de funciones” para modificar el lugar de prestación del
servicio sin alterar la dependencia administrativa a la cual está vinculado el
empleo.

Adujo que lo solicitado en el derecho de petición que dio lugar a la presente
acción fue el suministro de copias de los decretos de nombramiento expedidos
para los cargos de Sustanciador, grado 10, y Secretaria de Procuraduría, grado
12, adscritos a la Procuraduría Provincial de Manizales. Señaló que, respecto
de dichos cargos, no se han efectuado nuevos nombramientos en
provisionalidad en otras sedes o territorios.

Indicó que dicha información reposa en poder de la Secretaría General,
dependencia a la cual se encuentra adscrito su cargo, aunque con asignación
de funciones en la Procuraduría Provincial de Manizales, sede en la que prestó
sus servicios durante un tiempo a partir de su posesión.

Señaló que la necesidad de contar con los documentos solicitados obedece a
que los requiere como soporte en varios expedientes disciplinarios

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relacionados con situaciones de convivencia al interior de la Procuraduría
Provincial de Manizales. Agregó que dichos documentos también resultan
relevantes para una denuncia penal que actualmente se encuentra
preparando.

Finalizó manifestando que no le fue posible aportar los documentos solicitados
durante la diligencia de ampliación de queja realizada el 31 de marzo de 2025,
debido a que la Procuraduría General de la Nación no le suministró la
información requerida, en presunto desacato a la medida provisional ordenada
por el Tribunal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

5.2. Hechos relevantes

5.2.1. Que, el 26 de febrero de 2025, en ejercicio del derecho de petición, el
accionante solicitó a la Procuraduría General de la Nación2 lo siguiente:

“(...) 1.1. Copia de los decretos de nombramiento para el cargo de
Sustanciador, código 4SU, grado 10, perteneciente a la Procuraduría
Provincial de Manizales, con sede en la ciudad de Manizales desde el año
2018 a la fecha de presentación de esta solicitud.

1.2. Copia de los decretos de nombramiento para el cargo de Secretario
de Procuraduría, código 4SP, grado 12, perteneciente a la Procuraduría
Provincial de Manizales, con sede en la ciudad de Manizales, desde el año
2018 a la fecha de presentación de esta solicitud. (...)”

5.2.2. Que, mediante comunicación del 12 de marzo de 2025, la Procuraduría
General de la Nación, a través del oficio No. E-2025-0924763, informó al
peticionario lo siguiente:

2 Ver índice SAMAI nro. 2 del expediente con radicado nro. 17001-23-33-000-2025-00087-00.
3 Ibidem.

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“(...) De manera respetuosa le informamos que los cargos de Sustanciador
45U-10 y Secretario Procuraduría 45P-12 pertenecen a la planta
Globalizada de la Entidad, conforme a lo establecido en el artículo 10 del
Decreto Ley 265 del 2000.

Por otro lado, le informamos que los decretos de nombramiento son
información pública que puede consultar en la página de la entidad o
accediendo a través del siguiente enlace:
https://www.procuraduria.gov.co/procuraduria/Pages/decretos-
nombramiento.aspx (...)”

5.3. Análisis de la Sala

De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que, mediante la presente
solicitud de amparo, la parte accionante busca la protección de su derecho
fundamental de petición y acceso a la información, con ocasión de la solicitud
presentada el 26 de febrero de 2025. En dicha petición, solicitó copia de los
decretos de nombramiento correspondientes a los cargos de Sustanciador,
código 4SU, grado 10, y Secretario de Procuraduría, código 4SP, grado 12,
adscritos a la Procuraduría Provincial de Manizales, desde el año 2018 hasta
la fecha de presentación de la mencionada solicitud.

El Tribunal, en la sentencia de primera instancia, negó el amparo solicitado
con base en los siguientes argumentos:

En virtud de lo establecido por la Ley 1712 de 2014, las entidades públicas
están obligadas a habilitar y mantener sitios web institucionales a través de
los cuales se debe poner a disposición de la ciudadanía toda la información que
no esté sujeta a reserva legal. Estos portales tienen una doble finalidad:
asegurar la publicidad de las actuaciones administrativas y ofrecer un canal
eficiente y accesible para la consulta de documentos y decisiones oficiales.

En ese contexto, el hecho de que la Procuraduría General de la Nación haya
remitido al accionante al sitio web institucional para consultar los decretos
solicitados, no constituye un incumplimiento ni una evasión de sus deberes
legales. Por el contrario, dicha actuación se enmarca en el cumplimiento de
las normas vigentes en materia de transparencia y acceso a la información
pública. Por tal razón, la respuesta brindada por la entidad fue considerada
como oportuna, clara y de fondo.

El accionante, en su escrito de impugnación, insiste en que la entidad
accionada no le ha suministrado la documentación solicitada, la cual, según
afirma, “necesita aportar en varios expedientes disciplinarios relacionados con

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problemas de convivencia en la Procuraduría Provincial de Manizales, los cuales se
habían visto agravados por falta de personal. Además, estos documentos resultan
relevantes para una denuncia penal que me encuentro preparando, entre otras
acciones.”

Ahora bien, procede la Sala a analizar si la respuesta emitida por la entidad
accionada cumple con los requisitos de prontitud, resolución de fondo y
debida notificación. Para ello, se observa que, mediante escrito fechado el
12 de marzo de 2025, la entidad accionada dio respuesta en los siguientes
términos:

“(...) De manera respetuosa le informamos que los cargos de Sustanciador
45U-10 y Secretario Procuraduría 45P-12 pertenecen a la planta
Globalizada de la Entidad, conforme a lo establecido en el artículo 10del
Decreto Ley 265 del 2000.

Por otro lado, le informamos que los decretos de nombramiento son
información pública que puede consultar en la página de la entidad o
accediendo a través del siguiente enlace:
https://www.procuraduria.gov.co/procuraduria/Pages/decretos-
nombramiento.aspx (...)”

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez revisado el enlace web suministrado,
se observa que allí se encuentran publicados los decretos de nombramiento
emitidos por la Procuraduría General de la Nación, desde el año 2012 hasta la
fecha, organizados cronológicamente por meses. Dichos actos administrativos
pueden ser fácilmente consultados, descargados e impresos por cualquier
ciudadano.

En ese orden de ideas, considera la Sala que la petición fue resuelta en debida
forma, toda vez que mediante la remisión del enlace electrónico se garantizó
el acceso directo, claro y suficiente a la información solicitada, cumpliendo con
los principios de transparencia y publicidad de la función pública.

Ahora bien, el accionante señaló en la petición que dio origen a la presente
controversia como dirección electrónica de notificación el correo electrónico
jorge.cortes@hotmail.es. A dicha dirección fue remitida la respuesta
correspondiente, tal como se evidencia en la imagen que se incorpora a
continuación:

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En consecuencia, se advierte que la respuesta fue efectivamente comunicada
al accionante a través del medio de notificación por él mismo indicado,
cumpliéndose así con el deber de informar oportunamente la decisión
adoptada por la administración.

Por todo lo anterior, no se advierte la vulneración de derecho fundamental
alguno que justifique la intervención del juez constitucional, en tanto el acceso
a los actos de nombramiento ha sido plenamente facilitado a través de medios
idóneos y eficaces.

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante
la cual se negó la protección de los derechos fundamentales invocados por el
señor Jorge Andrés Cortés Velásquez en contra de la Procuraduría General de
la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

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Accionante: Jorge Andrés Cortés Velásquez

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de abril de 2025 proferida por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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