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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00092-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00092-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 9 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2025-00092-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

19 de junio de 2025

Radicado: 17001-23-33-000-2025-00092-01
Demandante: Jorge Andrés Cortés Velásquez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 17001-23-33-000-2025-00092-01
Demandante JORGE ANDRÉS CORTÉS VELÁSQUEZ
Demandada PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas Acción de tutela. Derecho de petición. Respuesta de fondo. Ausencia
de vulneración.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Jorge Andrés Cortés
Velásquez contra la sentencia de 9 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: Negar las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de marzo de 20251, el señor Jorge Andrés Cortes Velásquez instauró acción
de tutela, en nombre propio, contra la Procuraduría General de la Nación, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición e información.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se tutelen mis derechos fundamentales de petición y los demás que el juez
constitucional estime que se hayan podido vulnerar.
2. Que se ordene a la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación dar
respuesta, resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado.
3. Que se ordene a la Procuraduría General de la Nación adoptar medidas para garantizar
que situaciones como estas no se vuelvan a presentar.
4. Las demás determinaciones que estime el despacho pertinente para garantizar los mis
derechos».

2. Hechos

2.1. El 12 de septiembre de 2022, el señor Jorge Andrés Cortés Velásquez, quien
se desempeña como sustanciador grado 10 de la Procuraduría Provincial de
Manizales, presentó queja en contra de su superior jerárquico, el procurador
Provincial de Instrucción de Manizales Paul Ronald Villada Castaño, por
presuntos actos de acoso laboral.

2.2. El Comité de Convivencia Laboral de la Procuraduría General de la Nación
Seccional del Eje Cafetero agotó el trámite conciliatorio entre los funcionarios
sin llegar a acuerdo. Por lo anterior, se remitió la queja de radicado IUS E-
2024-147213 IUC D-2024-3534357 a la Veeduría de la Procuraduría General
de la Nación.

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Samai, índice 2.

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Radicado: 17001-23-33-000-2025-00092-01
Demandante: Jorge Andrés Cortés Velásquez

2.3. El 27 de septiembre de 2024, el señor Jorge Andrés Cortes Velásquez radicó
solicitud para que se le remitieran copias del expediente del proceso IUS E-
2024-147213 IUC D-2024-3534357. El 8 de octubre de 2024 la Veeduría de la
Procuraduría General de la Nación remitió copia del expediente al señor
Cortes Velásquez.

2.4. En el marco del proceso disciplinario, el 28 de octubre de 2024 el señor Jorge
Andrés Cortes Velásquez remitió correo electrónico a la Veeduría de la
Procuraduría General de la Nación con el asunto «informe de destrucción, supresión
u ocultamiento de documentos públicos y solicitud de reconstrucción de expediente y
suspensión de Diligencias proceso IUS-E-2024-147213 - IUC-D-2024-3534357».

En el correo manifestó que se extraviaron varios documentos del expediente,
entre los cuales se encuentran la queja inicial de agosto de 2022, el audio de
la diligencia de conciliación del 21 de septiembre de 2022, la ampliación de la
queja enviada por correo electrónico, los audios de entrevistas realizadas a
servidores de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales y
«Múltiples mensajes con pruebas enviadas a los correos electrónicos:
llondono@procuraduria.gov.co, comiteconvlaboral@procuraduria.gov.co y
comiteconvivenciaejecafetero@procuraduria.gov.co».

Además, expresó las siguientes solicitudes:
«1. Se inicie el procedimiento DO-P-03 de Reconstrucción de Expedientes contenido en el
mapa de procesos de la entidad.
2. Se suspendan todas las diligencias programadas hasta la finalización de la
reconstrucción del expediente IUS-E- 2024-147213 - IUC-D-2024-3534357.
3. Se informe a la Secretaría General y a la Fiscalía General de la Nación sobre la posible
Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público (art. 292 del Código Penal)
que afecta el expediente IUS-E-2024-147213 - IUC- D-2024-3534357.
4. Se adopten medidas para evitar la preclusión de la oportunidad procesal para aportar
pruebas con ocasión de los hechos noticiados».

3. Fundamentos de la acción

La parte actora afirmó que presentó queja en contra del procurador Provincial de
Instrucción de Manizales por acoso laboral. Indicó que el 17 de enero de 2024 se
realizó diligencia de conciliación en la que no llegó a ningún acuerdo por lo que la
queja pasó a instrucción disciplinaria.

Sostuvo que entre agosto del 2022 y enero de 2024 remitió diversos documentos a
los correos del Comité de Convivencia Laboral del Eje Cafetero en los que
documentaba el conflicto laboral que venía sosteniendo con el procurador Provincial
de Instrucción de Manizales. Consideró que dichos documentos debían ser
recolectados y añadidos al expediente del proceso disciplinario, conforme a la
resolución 435 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación.

Indicó que no puede acceder a su correo institucional por lo que presentó varias
solicitudes de copias del expediente E-2024-147213–IUC-D-2024-3534357 a la
Veeduría (Control Interno Disciplinario) de la Procuraduría General de la Nación.
Aseguró que su petición fue atendida el 8 de octubre de 2024, gracias a una acción
de tutela que interpuso.

Manifestó que el expediente remitido no contenía los correos y documentos
enviados entre agosto del 2022 y enero de 2024, por lo que remitió una nueva
petición el 28 de octubre de 2024 para la reconstrucción del expediente. Afirmó que
a la fecha de presentación de la acción de tutela no había recibido respuesta de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, por lo que no tenía
conocimiento de si el expediente había sido construido por el Comité de Convivencia
Laboral del Eje Cafetero. Por lo anterior, consideró vulnerados sus derechos

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fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la justicia y a los
principios de transparencia y publicidad de la gestión pública.

Finalmente, como medida provisional solicitó lo siguiente: « De manera comedida y
con fundamento en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, solicito como medida
provisional la suspensión de las diligencias programadas para el 31 de marzo y el 23 de
abril de 2025, así como de cualquier otra actuación dentro del proceso identificado con el
número E-2024- 147213 – IUC-D-2024-3534357, hasta tanto se resuelva la presente acción
de tutela».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 28 de marzo de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Jorge Andrés Cortés Velásquez en contra de la
Procuraduría General de la Nación; se negó la medida provisional solicitada;
se ordenó vincular al Comité de Convivencia Laboral del Eje Cafetero, a la
Veeduría (Control Interno Disciplinario) de la Procuraduría General de la
Nación y a la Procuraduría Provincial de Manizales; y efectuar las
notificaciones correspondientes.

4.2. La Procuraduría General de la Nación aseveró que, en cumplimiento de la
Ley 2052 de 2020 y lo dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, adoptó el Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo (DOKUS) desde agosto de 2024. Por lo
anterior, indicó que no tenía conocimiento de la petición radicada por el
accionante el 28 de octubre de 2024 y requirió a sus dependencias para que
informara si tenían conocimiento de esta.

En virtud del requerimiento efectuado por la oficina jurídica de la entidad, la
Secretaría General de la Procuraduría indicó que el correo
secretariageneral@procuraduria.gov no se encontraba habilitado para la
recepción de solicitudes.

Por su parte, la Veeduría de la entidad explicó que los hechos que son objeto
de la investigación IUS-E-2024-147213 - IUC-D-2024-3534357 se relacionan
con conductas de acoso laboral realizadas presuntamente por el servidor
Villada Castaño al señor Jorge Andrés Cortés Velásquez. Informó que
actualmente el proceso se encuentra activo y en práctica de pruebas
testimoniales. Afirmó que el 17 de octubre de 2024 se le informó al accionante
que en el expediente sólo reposan los documentos que él ya conoce y que
fueron remitidos por el Comité de Convivencia Laboral Eje Cafetero. Indicó que
mediante auto del 5 de abril de 2025 se resolvieron las solicitudes probatorias
propuestas por el señor Cortés Velásquez y que dichas pruebas están siendo
practicadas.

Adicionalmente, la Veeduría de la entidad consideró que las peticiones que el
accionante incluyó en el escrito de tutela son propias del proceso disciplinario,
por lo que es su competencia resolverlas. Finalmente, allegó soporte de la
respuesta remitida al accionante el 29 de octubre de 2024 a la petición que
radicó el 28 del mismo mes y año.

Por lo expuesto, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se niegue
por improcedente la presente acción, ante la inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia del 9 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Segunda de Decisión negó las pretensiones de la acción de tutela, indicó que

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el accionante pretendía que se diera una respuesta de fondo a la petición radicada
el 28 de octubre de 2024. Aseveró que la Procuraduría había dado respuesta
precisa, clara y de fondo a dicha solicitud mediante oficio del 29 de octubre de 2024,
remitido ese mismo día al accionante con la respuesta a cada uno de los ítems.

A su vez, afirmó que el hecho de que la autoridad accionada no haya accedido a lo
solicitado por el accionante, no significa que exista vulneración al derecho de
petición. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que para que no se
transgreda este derecho constitucional basta que se otorgue, dentro del término
legalmente establecido, contestación clara y efectiva respecto de lo pedido,
permitiendo que el peticionario conozca la situación real de lo solicitado y que esta
sea efectivamente puesta en conocimiento del interesado en su contenido.

Agregó que el juez de tutela no está habilitado para extender el trámite
constitucional a un proceso disciplinario, el cual se rige por normativa específica,
máxime cuando el actor cuenta con otras posibilidades de realizar actuaciones
dentro de las etapas procesales pertinentes. Al no encontrar ningún derecho
fundamental vulnerado, negó las pretensiones.

6. Impugnación

La parte actora allegó memorial en el que indicó que impugnaba la sentencia de
primera instancia; sin embargo, no precisó cuáles eran las razones de
inconformidad con dicha sentencia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico

Con fundamento en lo expuesto, le corresponde a la Sala establecer si le asistió
razón al juez de primera instancia al negar las pretensiones formuladas por el señor
Jorge Andrés Cortés Velásquez, por considerar que la Procuraduría General de la
Nación no vulneró su derecho fundamental de petición.

3. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas y organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.

Asimismo, de conformidad con el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 2:
«Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
2
Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos».

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que son tres los
elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta resolución; (ii)
que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa,
congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le
notifique al peticionario.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido».

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.

Conviene precisar que la respuesta a la solicitud no exige necesariamente la
decisión favorable o positiva a los intereses de la persona, en razón a que una cosa
es el derecho de petición y otra es el derecho a lo pedido. Sobre ese asunto la Corte
Constitucional en sentencia T-063 de 2000, explicó:
“En primer lugar cabe señalar que existe una diferencia esencial entre el derecho de petición
y el derecho a lo pedido, en cuanto el primero de ellos, consagrado en el artículo 23 de la
Carta, hace referencia a la facultad que tienen las personas de elevar solicitudes respetuosas
ante las autoridades, en la seguridad de obtener de ellas una pronta y oportuna
respuesta que debe hacerse conocer en debida forma al interesado, y que materialmente
responda las inquietudes o asuntos planteados. Este derecho, en los distintos aspectos que
lo componen y que han sido analizados por la doctrina de la Corte, puede ser objeto de amparo
constitucional en sí mismo y con independencia del contenido de las peticiones.
Por su parte, el derecho a lo pedido hace alusión a aquel que se pretende defender, o cuyo
reconocimiento se busca a través del ejercicio del derecho de petición. El objeto de la solicitud,
que no interesa para los fines de la garantía constitucional, en los términos expuestos, tiene
en cambio relevancia frente a la normatividad que regula el ejercicio de esos otros derechos,
canalizados en su ejercicio por la vía de la solicitud elevada ante la autoridad competente.
Esta, respecto del fondo de la petición, no está obligada a absolverla favorablemente
y, en todo caso su decisión, si así lo quiere el solicitante por considerar que sus derechos
son violados con la respuesta negativa, está llamada a debatirse ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en tanto, como lo ha dicho la jurisprudencia, ya no
está en juego el derecho fundamental de que trata el artículo 23 de la Carta, "sino
otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código
Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella -esa hipótesis- no cabe la acción
de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.)”.

En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho

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al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.

En este punto, se destaca que de acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011,
«Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que
conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos
autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones
administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. […] Las autoridades sujetarán
sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los
procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las
disposiciones de este Código.»

4. Análisis del caso

El señor Jorge Andrés Cortés Velásquez alegó la vulneración de su derecho
fundamental de petición, afirmando que no había recibido respuesta de fondo, clara
y precisa al derecho de petición presentado en el curso del proceso disciplinario
(expediente IUS E-2024-147213 IUC D-2024-3534357), radicado el 28 de octubre de
2024 ante la Procuraduría General de la Nación.

Al respecto, la Sala se aparta de lo afirmado por el tutelante, pues se encuentra que
la respuesta fue remitida al accionante el 29 de octubre de 2024, fue congruente
con lo solicitado y por ende sí dio respuesta a la solicitud del actor.

Se evidencia que la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación dio respuesta
de fondo en los siguientes términos:

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Al revisar el contenido de la respuesta se evidencia que se le explicó al accionante
que dentro del expediente IUS E-2024-147213 IUC D-2024-3534357 no se había
extraviado ningún documento, por lo que no era posible iniciar el procedimiento de
reconstrucción de expedientes, ni formular algún tipo de denuncia por la
destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos. También se le
indicó que dentro del proceso disciplinario podía allegar las pruebas que tuviera en
su poder o requerir su práctica en los términos del Código General Disciplinario.

Con base en lo anterior, la Sala considera que la respuesta otorgada por la
Procuraduría General de la Nación contestó de fondo y de forma congruente lo
solicitado por el tutelante, pues se le informó que debía aportar las pruebas en el
marco del proceso disciplinario IUS E-2024-147213 IUC D-2024-3534357 y se le
explicaron las razones por las que no eran procedentes las demás solicitudes de la
petición relacionada con la reconstrucción del expediente. Adicionalmente, tal
respuesta fue notificada al peticionario a través de su correo institucional. Motivos
por los cuales no se advierte vulneración al derecho de petición del accionante, con
ocasión de la solicitud presentada en el citado proceso disciplinario.

Como se ve, la resolución de fondo de una petición no tiene que ser en los términos
favorables al solicitante, sino que se conteste de fondo y de manera clara lo que se
está pidiendo, como sucedió en el presente asunto.

En consecuencia, al no encontrar transgresión al derecho de petición del actor, la
Sala confirmará la decisión de primera instancia, mediante la cual se negaron las
pretensiones formuladas por el tutelante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 9 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Segunda de Decisión, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
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