RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2025-00122-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00122-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00122-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del del 30 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, pero con base en lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2025-00122-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

3 de julio de 2025

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 17001-23-33-000-2025-00122-01
Demandante: LUZ HELENA AGUDELO SÁNCHEZ, PROCURADORA 5
JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS
DE MANIZALES
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Tema: Acción de cumplimiento para obtener el acatamiento de un
acto administrativo de contenido particular. Declara
improcedencia ante la existencia de otros mecanismos
judiciales de defensa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
del 30 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por
medio de la cual declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2025, la ciudadana Luz Elena Agudelo
Sánchez, en su condición de Procuradora 5 Judicial para Asuntos Ambientales y
Agrarios de Manizales, promovió acción de cumplimiento en contra de la Agencia
Nacional de Tierras en la que solicitó el cumplimiento de la Resolución 9018 del 26
de septiembre de 20141, proferida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
en lo sucesivo el Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras2.

1 Por la cual se adjudica a la señora Martha Lucia Mora identificada con la cédula de ciudadanía No.

30.342.756 expedida en La Dorada (Caldas), los predios rurales denominados Parcela No. 41 y Lote
de Vivienda No. 41 A, del predio de mayor extensión denominado JOLONES, y Parcela No. 41 B del
Predio de Mayor extensión denominado La Adorada, ubicados en el municipio de La Dorada,
Departamento de Caldas.
2 Creado mediante Decreto 2363 de 2015

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

Como consecuencia de lo anterior, formuló a título de pretensiones, entre otras, las
siguientes:

[…]

En consecuencia de la anterior declaración, sírvanse señores Magistrados ordenar a
la Agencia Nacional de Tierras -ANT- que cumpla con la Resolución 9018 del 26 de
septiembre de 2014 del INCODER, adelantando de manera celera y eficaz las
gestiones necesarias para la recuperación y aprehensión de la franja que fue
identificada como ocupada por la comunidad Okinawa, con el fin de proceder a su
adjudicación, que en el caso específico es para completar en cada una de las parcelas
adjudicadas de los predios de mayor extensión Jolones y La Adorada ubicados en el
municipio de La Dorada Caldas, el área correspondiente a la Unidad Agrícola
Familiar.3

1.2. Hechos

La ciudadana Martha Lucía Mora, ocupa y ejerce la explotación agropecuaria de los
predios denominados Parcela N.º 41, Lote de Vivienda N.° 41 A y Parcela N.º 41 B,
los cuales hacen parte de predios de mayor extensión identificados como Jolones y
La Adorada, ubicados en el municipio de La Dorada, del departamento de Caldas.

El Incoder procedió a la celebración de contratos de asignación o tenencia
provisional a favor de las familias que fueron seleccionadas como beneficiarias
como potenciales adjudicatarias de tales bienes, encontrándose entre ellas la
señora Martha Lucía Mora, quien también suscribió un contrato de operación y
funcionamiento para el desarrollo de un proyecto productivo.

Se advirtió que el inmueble identificado como Jolones actualmente está siendo
objeto de ocupación por parte de miembros de la comunidad Okinawa, lo cual ha
impedido hacer la entrega total de la unidad agrícola familiar en su totalidad a favor
de la señora Martha Lucía Mora.

No obstante, el Incoder mediante la Resolución 9018 del 26 de septiembre de 2014,
adjudicó a la señora Martha Lucía Mora los predios rurales denominados Parcela
N.º 41 y Lote de Vivienda N.º 41 A, del predio de mayor extensión denominado
Jolones, y Parcela N.º 41 B del Predio de Mayor extensión denominado La Adorada,
ubicados en el municipio de La Dorada, departamento de Caldas.

Refirió que, con ocasión de la solicitud de intervención presentada por la señora
Martha Lucía Mora, la Procuraduría 5 Judicial II para Asuntos Ambientales y
Agrarios inició una acción preventiva el 4 de octubre de 2024 4 en la que se solicitó

3 Transcripción original del texto con posibles errores
4 Oficio. PJAA-5-2024-0407

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

a la Agencia Nacional de Tierras información sobre el cumplimiento de la Resolución
9018 del 26 de septiembre de 2014, proferida por el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder. En dicha oportunidad, se consignó lo siguiente:

1. Informar si la Agencia Nacional de Tierras recuperó el área ocupada del predio
JOLONES por la comunidad OKINAWA. En caso negativo, informar las actuaciones
que se encuentre adelantado para tal fin.

2. En caso de que se haya logrado la recuperación del área ocupada del predio
JOLONES por la comunidad OKINAWA, informar las actuaciones que se estén
adelantado para completar la Unidad Agrícola Familiar de todos los beneficiarios de
adjudicación de parcelas del predio JOLONES.

3. Adelantar las actuaciones que en el marco de sus competencias correspondan a
fin de garantizar los derechos de los beneficiarios de la adjudicación del predio
JOLONES, ubicado en el municipio de La Dorada.

El anterior requerimiento fue reiterado en oficios del 8 de enero5 y 11 de marzo6 de
2025, en los que se puso de presente que el acto administrativo data del año 2014
y, en consecuencia, la administración no ha desplegado acciones concretas por más
de 10 años.

La Agencia Nacional de Tierras dio respuesta el 22 de enero y 27 de marzo de 2025,
respectivamente, en las que informó sobre las reuniones que se habían adelantado,
las visitas que se debían realizar a los predios, el estado de ocupación de éstos y la
falta de necesidad de ordenar la aprehensión material de los inmuebles.

El 28 de marzo de 20257, la Procuraduría 5 Judicial II para Asuntos Ambientales y
Agrarios remitió oficio a la Agencia Nacional de Tierras en el que evidenció la
dilación injustificada de la administración y, en consecuencia, solicitó el
cumplimiento de la citada resolución.

A su turno, el 7 de abril de 2025 la Agencia Nacional de Tierras informó que se debía
realizar un estudio técnico-jurídico de la situación inmobiliaria, para adelantar
reuniones con los posibles ocupantes y fijar un cronograma para responder al nuevo
requerimiento realizado.

1.3. Admisión de la demanda e intervención

Por auto del 2 de mayo de 2025, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Caldas admitió la acción constitucional, ordenó la notificación personal de la

5 Oficio. PJAA-5-2025-0006
6 Oficio. PJAA-5-2025-0114
7 Oficio. PJAA-5-2025-0150

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

Agencia Nacional de Tierras, e informó de la existencia del trámite al Ministerio
Público.

La Agencia Nacional de Tierras por conducto de apoderada judicial8 se opuso a
la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que no se
cumplen los presupuestos para ordenar el cumplimiento deprecado.

Como primera defensa, arguyó que no se agotó el requisito de procedibilidad de
constitución en renuencia a la autoridad demandada, por cuanto se presenta una
disparidad entre lo solicitado en el escrito del 28 de marzo de 2025 y lo planteado
en el escrito de demanda.

En segundo lugar, estableció que la disposición sobre la cual versa la acción de
cumplimiento no satisface los requisitos legales y jurisprudenciales, pues no se hace
evidente la existencia de un mandato a cargo de la Agencia Nacional de Tierras.

Por otro lado, hizo una relación de las actividades que ha desplegado en torno al
inmueble, dentro de las que se encuentra: (i) visitas a los predios, (ii) respuesta a
los requerimientos realizados, (iii) resolución de situación policiva, (iv) elaboración
de informes, (v) reuniones con los beneficiarios, y (vi) solicitudes de conceptos a
otras autoridades.

1.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas clausuró la primera instancia mediante
sentencia del 30 de mayo de 2025, en la que resolvió declarar la improcedencia de
la acción de cumplimiento.

Para el a quo la pretensión de cumplimiento recae en uno de los considerandos que
hace parte de la Resolución 9018 del 26 de septiembre de 2014, proferida por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, es decir, en otros términos, el
presunto mandato reclamado no se encuentra consignado en la parte resolutiva del
acto administrativo demandado. Al respecto, consideró lo siguiente:

Ahora, para efectos del análisis de procedencia de la acción de cumplimiento, la Sala
precisa que se debe determinar si los párrafos que hacen parte de las
consideraciones del acto demandado, se constituyen en verdaderos deberes que
emanan de un mandato, imperativo, inobjetable y expreso.

De la lectura del acto administrativo cuyo cumplimiento se pretende, esta Corporación
concluye que el párrafo de la parte considerativa cuyo cumplimiento se pretende a

8 Mandato conferido a la abogada Liseth Haylen Pantoja Tobar, por el señor Jairo Leonardo Garcés

Rojas, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras de conformidad
con la Resolución de nombramiento ordinario No. 202461002346246 de fecha 26 de febrero de 2024
y la correspondiente Acta de posesión No. 038 del 01 de marzo de 2024.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

través de este medio de control, no contiene un mandato que cumpla con las
características de ser imperativo, inobjetable, expreso, específico y determinado.

[…]

Al respecto se tiene que la ausencia de claridad en relación con la porción de terreno
presuntamente ocupada por la Comunidad Okinawa, así como la extensión que se
debe completar a la beneficiaria de la Unidad Agrícola Familiar, entre otros aspectos
topográficos, técnicos y de posesión que pueda tener el predio, permiten inferir que
en el presente asunto no se tiene un mandato imperativo e inobjetable, lo que
imposibilita el estudio de fondo de la presente controversia.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 3 de junio de 2025.

1.5. Impugnación9

La actora, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, presentó escrito en el
que solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, para que, en su lugar,
se accedan a las pretensiones de la demanda.

En concreto, precisó que la acción tiene cabida en este caso, pues lo que se busca
es que sea la propia administración la que cumpla el deber impuesto, traducido en
que se complete la unidad agrícola familiar a favor de la adjudicataria.

Resaltó que, en este caso, el derecho existe para cada una de las personas
beneficiarias, por lo que le compete a la autoridad materializar el contenido del acto
administrativo, esto es realizar la entrega física del bien, libre de ocupantes.

Asimismo, puso de presente que la adjudicataria, Martha Lucía Mora, es una
persona que hace parte de un grupo marginal, pues se trata de una mujer
campesina que goza de una protección constitucional reforzada. A efectos de lo
anterior, trajo a colación las leyes 731 de 2002 y 1900 de 2018.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante
contra la sentencia de primera instancia del 30 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con lo establecido en los
artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de

9 Índice 31 de Samai. Radicada el 5 de junio de 2025.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento. Para lo
cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿La Agencia Nacional de Tierras, tiene la obligación de acatar la orden
establecida en la Resolución 9018 del 26 de septiembre de 2014 y, como
consecuencia de ello, hacer la entrega material del terreno adjudicado a
favor de la señora Martha Lucía Mora el cual aparentemente es objeto de
ocupación por la comunidad Okinawa?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)10

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

10Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[11] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 12,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»13.

La Procuradora 5 Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales relató
en su demanda que el 28 de marzo de 2025 radicó ante la Agencia Nacional de
Tierras escrito de constitución en renuencia. En dicha oportunidad, manifestó lo
siguiente:

1. Dar cumplimiento a la Resolución 9018 del 26 de septiembre de 2014 del
INCODER.

2. Remitir de manera inmediata el asunto al Comité Institucional de Seguimiento y
Verificación del cumplimiento de decisiones judiciales y actos administrativos para los
cuales derive la recuperación y aprehensión material de bienes, de conformidad con
la Resolución No. 202410304603296 del 24 de junio de 2024.

3. Remitir un plan de actividades según lo discutido en tal Comité, en el que se puedan
evidenciar las gestiones que realizará la ANT para el cumplimiento de la Resolución

11 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
12 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
13 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de

2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

9018 del 26 de septiembre de 2014 del INCODER, en el que se indique actividad,
fecha de realización y dependencia responsable, dentro del marco legal vigente, con
el fin de hacer el correspondiente seguimiento y que cese la incertidumbre para los
solicitantes.

4. Adelantar las actuaciones que en el marco de sus competencias correspondan a
fin de garantizar los derechos de los beneficiarios de la adjudicación del predio
JOLONES, ubicado en el municipio de La Dorada.

A su turno, la Agencia Nacional de Tierras respondió el anterior requerimiento en el
que informó las actuaciones administrativas adelantadas en torno a la situación de
la ciudadana Martha Lucía Mora, en concreto informó lo siguiente:

Es preciso concluir que, tras una verificación preliminar, no se evidencia actualmente
ocupación sobre la denominada “Franja de Okinawa”. Adicionalmente, el
procedimiento especial por ocupación de hecho, ordenado mediante Auto No. 002232
del 25 de octubre de 2018, fue dirigido exclusivamente respecto de las parcelas
identificadas como 7 y 7A; 3 y 3A; 32 y 32A; 44 y 44A del predio “Jolones”, las cuales
no corresponden ni se superponen con el área conocida como la “Franja de Okinawa”.
En consecuencia, no resulta procedente someter esta situación al Comité Institucional
de Seguimiento y Verificación del cumplimiento de decisiones judiciales y actos
administrativos para los cuales derive la recuperación y aprehensión material de
bienes, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 202410304603296 del
24 de junio de 2024. Ello, por cuanto a la fecha no existe decisión administrativa ni
providencia judicial que ordene expresamente la recuperación o aprehensión material
de la mencionada franja del fundo, condición indispensable para la intervención de
dicho Comité conforme a su naturaleza y funciones, en respuesta anterior eso había
sido indicado para el caso de las parcelas 4 y 46, conforme a lo manifestado por la
Subdirección de Administración de Tierras de la Nación

Conforme lo anterior, en criterio de la entidad accionada, ésta estima que no se
encuentra en renuencia de acatar el acto administrativo base de la presente acción.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditado el requisito de constitución en
renuencia, pues la actora conminó a la entidad para que diera cumplimiento a la
Resolución 9018 del 26 de septiembre de 2014, la cual, como se precisó
anteriormente, realizó una adjudicación de unos bienes a favor de la señora Martha
Lucía Mora. A su turno, la Agencia Nacional de Tierras dio respuesta de forma
adversa a la anterior solicitud.

2.3.3. Caso concreto

La Sección estima que la discusión que se pretende ventilar a través de este
mecanismo constitucional es susceptible de ser estudiada a través de otra vía

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

judicial14. Es decir, en otros términos, no se satisface con el presupuesto de
subsidiariedad de que trata el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

El epicentro de la controversia radica en que la señora Martha Lucía Mora, a través
de la Resolución 9018 del 26 de septiembre de 2014, le fueron adjudicados los
predios denominados Parcela N.º 41, Lote de Vivienda N. 41 A y Parcela N.º 41 B,
los cuales hacen parte de predios de mayor extensión identificados como Jolones y
La Adorada, ubicados en el municipio de La Dorada, del departamento de Caldas.

Con base en dicha decisión, se ordenó la inscripción en los folios de matrícula
correspondientes a los bienes de mayor extensión y, como consecuencia de ello,
ordenar la apertura de nuevos folios en los que quedaría la constancia de que se
tratan de una unidad agrícola familiar.

No obstante, aparentemente existe una disputa en torno a la ocupación de algunas
zonas de los predios, la cabida de éstos y las dificultades que han impedido el
efectivo goce de los derechos de la señora Martha Lucía Mora.

Sobre este tipo de situaciones, la Sala advierte que el debate que se pretende
ventilar en sede de cumplimiento busca la satisfacción de un interés privado y
particular, lo cual hace improcedente la acción. Al respecto, la Corte Constitucional
indicó lo siguiente:

Por el contrario, cuando se trata de actos administrativos subjetivos, que crean
situaciones jurídicas individuales, concretas y particulares, el cumplimiento efectivo
del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la persona y
no a la que corresponde a la satisfacción de los intereses públicos y sociales. Por ello
se justifica constitucionalmente, por considerarse razonable y no afectar el contenido
esencial de la norma del artículo 87 constitucional, la previsión del legislador, en el
sentido de que en tales casos, el afectado, o sea, a quien se le lesiona directamente
su derecho pueda acudir a los mecanismos ordinarios que también éste ha instituido
para lograr el cumplimiento de tales actos, porque dentro de la autonomía discrecional
de que goza para la configuración de la norma jurídica, no resulta contrario al referido
mandato constitucional que el precepto acusado permita la existencia de mecanismos
alternativos para el cumplimiento de esta clase de actos, salvo cuando de no
asegurarse la efectiva ejecución del acto particular y concreto se pueda derivar para
el interesado “un perjuicio grave e inminente”. En otros términos, no es
inconstitucional que el Legislador haya considerado que la acción de cumplimiento no
subsume de manera absoluta las acciones que existen en los diferentes
ordenamientos procesales para asegurar la ejecución de actos de contenido particular
o subjetivo.15

14 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067- 01(ACU), M.P.

Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-
00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-
23-31-000-2006-01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres. 19 Al respecto ver sentencia del 14 de
diciembre de 2017, radicado número 25000-23-41- 000-2017-01513-01 y del 23 de junio de 2022,
radicado número 76001-33-33-001-2022- 00240-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
15 Sentencia C-193 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonel y Hernando Herrera Vergara

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

El acto administrativo sobre el cual descansa la pretensión de cumplimiento, es de
carácter particular, en el que única y exclusivamente se hace un pronunciamiento
concreto sobre la situación de la señora Martha Lucía Mora, por ser ella la única
adjudicataria de los bienes citados anteriormente.

Aunado lo anterior, con ocasión de la Resolución 9018 del 26 de septiembre de
2014, se tiene que los bienes que anteriormente estaban en cabeza del Incoder, por
lo que ostentaban la condición de ser públicos, pasaron a ser propiedad de un
particular, el cual tiene a su alcance otras herramientas judiciales para lograr el
respeto de sus derechos privados.

Conforme se desprende del escrito de contestación presentado por la Agencia
Nacional de Tierras, dicha entidad también ha realizado acciones encaminadas en
la recuperación de los bienes de posibles ocupantes. Al respecto, se tiene que en
el comunicado del 24 de octubre de 2024 se informó sobre el impulso procesal dado
ante la Inspección de Policía. En dicho comunicado se lee lo siguiente:

Conforme lo anterior, la Sala estima que la decisión de primera instancia, que
declaró la improcedencia de la acción, debe ser confirmada, pues, se reitera, no se
cumple con el requisito de subsidiariedad ante la existencia de otros instrumentos
judiciales a través de los cuales la señora Martha Lucía Mora puede obtener lo
pretendido, lo cual hace improcedente la solicitud de cumplimiento.

Aunado lo anterior, se debe tener en cuenta que la entidad demandada está
adelantando otras actuaciones de carácter administrativo enfocadas para lograr el
referido objetivo, las cuales penden de la intervención de otras autoridades como
son la Inspección de Policía y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
Corpocaldas. Al respecto, en oficio del 22 de abril de 2025 dirigido a ésta última
autoridad se advierte lo siguiente:

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

Por otro lado, es de recibo indicar que los argumentos expuestos por el Tribunal
Administrativo de Caldas, se enfocan a un estudio de fondo, en el que evidenciaron
que no existía o no era plausible colegir el mandato alegado por la parte
demandante. En ese sentido, dicha instancia indicó lo siguiente:

Como se advierte, lo expuesto sobre la situación actual del predio, 10 años después
de la emisión de la resolución cuyo cumplimiento se solicita impide inferir la existencia
de un mandato imperativo, inobjetable y expreso frente al cual pueda ordenarse
cumplimiento.

No obstante, de encontrarse acreditada dicha circunstancia, esto es la inexistencia
de un deber a cargo de la Agencia Nacional de Tierras y a favor de la señora Martha
Lucía Mora, lo correcto es negar las pretensiones que se ventilan a través de la
acción constitucional, y no declarar su improcedencia como lo hizo en su momento
el a quo.

Es decir, en otros términos, existe una discrepancia entre la parte considerativa de
la decisión, la cual consigna que no hay un mandato a cargo de la entidad
accionada, pero resuelve declarar la improcedencia de la acción.

En suma, dado que la pretensión de cumplimiento tiene como objeto obtener el
acatamiento de una decisión de la administración que solo atañe a la órbita
particular de la señora Martha Lucía Mora, referente al proceso de adjudicación y
entrega de bienes inmuebles a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, se tiene
que el juez constitucional no es el llamado a lograr el citado fin.

Aunado lo anterior, la Sala advierte que existen una serie de circunstancias externas
que trascienden más allá de analizar la existencia o no de un posible mandato, las
cuales no pueden ser ventiladas en esta instancia judicial, pues imponen un estudio
sobre los eventuales derechos de ocupantes de predios, la interposición de
querellas policivas para recuperar o amparar la posesión, o la solicitud de concepto
por parte de autoridades ambientales, entre otras.

Por último, se resalta que excepcionalmente la ley permite superar el requisito de
subsidiariedad, en los eventos que se pretenda conjurar un perjuicio irremediable;
no obstante, de los medios de prueba arrimados al proceso, no se evidencia ni se
alegó una circunstancia constitutiva de éste.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luz Helena Agudelo Sánchez, Procuradora 5
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00122-01

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del del 30 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, pero con base en lo expuesto en la parte
considerativa de la presente decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva el voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.