Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2026-00190-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2026-00190-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2026-00190-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 17001-23-33-000-2026-00190-01
Demandante: JORGE IVÁN OROZCO HOYOS
Demandado: AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Temas: Acto administrativo de insubsistencia. Desconocimiento de la
condición de prepensionado. Revoca parcialmente la decisión
de primera instancia para declarar la improcedencia de la acción
de tutela. Subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia del
27 de julio de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Caldas denegó
las pretensiones relativas a la protección de la condición de prepensionado y declaró
la improcedencia de la acción de tutela frente a las que tienen que ver con que se
deje sin efecto el acto de insubsistencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
Mediante escrito radicado el 17 de julio de 2026, el señor Jorge Iván Orozco Hoyos,
por medio de apoderado, interpuso acción de tutela contra la Auditoría General de
la República - Dirección de Talento Humano, con el fin de que se le amparen sus
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada como prepensionado, al
trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la salud.
Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la declaratoria
de insubsistencia de que fue sujeto, mediante Resolución 0440 del 1º de julio de
2026, porque no atendió la estabilidad laboral reforzada que le asistía por estar
próximo a pensionarse.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor elevó las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Declarar que el señor OROZCO HOYOS cumple con los presupuestos
legales y constitucionales para ser tenido como un sujeto de especial protección por su
edad y calidad de prepensionado, además de las demás situaciones objetivas
expuestas en los hechos.
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Demandante: Jorge Iván Orozco Hoyos
Demandado: Auditoría General de la República
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SEGUNDO: Dejar sin efectos la Resolución Ordinaria No. 0440 del 1° de julio de 2026
expedida por la Auditoría General de la República en la que fue declarado insubsistente
el nombramiento del señor OROZCO HOYOS, del cargo de asesor de despacho grado
02, de la planta estructural de empleos de la entidad, al tratarse de acto administrativo
arbitrario y no apenas discrecional por las razones aquí expuestas.
TERCERO: Ordenar a la Auditoría General de la República reintegrar al señor
OROZCO HOYOS, al cargo de asesor de despacho grado 02, de la planta estructural
de empleos de la entidad, o a aquel con iguales o mejores condiciones.
CUARTO: Ordenar el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar
desde el día 1° de julio de 2026 hasta la fecha del reintegro efectivo en la entidad.
1.3. Hechos
El tutelante se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Narró que nació el 6 de junio de 1965 y, actualmente, tiene 61 años de edad.
Relató que por Resolución Ordinaria 0931 del 13 de noviembre de 2019 fue
nombrado en el cargo de Gerente Grado 01 de la planta global de la Auditoría
General de la República, y asignado a la Gerencia Seccional VII, con sede en
Armenia. Plaza de la que tomó posesión el 15 de noviembre siguiente.
Contó que, a mediados del año 2024 y el 11 de noviembre de 2025, fue convocado,
junto con otros servidores, a capacitaciones obligatorias para prepensionados.
Refirió que, el 12 de diciembre de 2025, la Dirección de Talento Humano de la
entidad le requirió su renuncia por comunicación telefónica, solicitud que acató con
el envío de su dimisión al correo de la directora de esa dependencia.
Precisó que, a través de la Resolución Ordinaria 0910 del 12 de diciembre de 2025,
la administración le aceptó su renuncia a partir del 1 de enero de 2026.
Explicó que la Auditoría General de la República lo designó en el cargo de Asesor
de Despacho Grado 02, con funciones y dependencia directa de la Auditoría
Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, por medio de la Resolución
Ordinaria 1008 del 30 de diciembre de 2025. Precisó que inició labores el 1 de enero
de 2026.
Reseñó que, el 26 de junio de 2026, la Dirección de Talento Humano de la entidad
le requirió su renuncia, nuevamente, por comunicación telefónica, solicitud que
atendió dejando constancia de que le faltaban 11 meses para cumplir los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación.
Describió que, el 1º de julio de 2026, por correo electrónico recibió la Resolución
Ordinaria 0440 de la misma fecha, mediante la cual fue declarado insubsistente del
cargo de Asesor de Despacho Grado 02, con efectos inmediatos.
1.4. Sustento de la vulneración
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El accionante afirmó que la decisión intempestiva de separarlo de su cargo afecta
la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia y el cumplimiento de
obligaciones económicas adquiridas conforme a su expectativa salarial.
Estimó que, por su edad, le resulta especialmente difícil obtener un empleo que le
permita sostener económicamente su hogar mientras obtiene el reconocimiento de
la pensión de jubilación.
Consideró que la incertidumbre, la zozobra y la tensión que actualmente afronta le
han producido trastornos del sueño y estrés, que agravan notoriamente su salud,
situación que quedó evidenciada en el examen médico ocupacional de egreso y en
la historia clínica que reposa en la EPS Sura.
Enfatizó que, si bien es cierto que la Auditoría General de la República ostenta una
facultad discrecional de retiro, también lo es que ella no es absoluta, por cuanto
debe ejercerse conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico que garantiza
la estabilidad laboral de las personas que están próximas a pensionarse.
Indicó que la administración debió efectuar un ejercicio de ponderación «entre los
derechos fundamentales de los prepensionados (mínimo vital, igualdad, seguridad
social) y la satisfacción del interés general del buen servicio público, con el fin de
tomar la decisión más “adecuada a los fines de la norma que la autoriza”»
Precisó que la Resolución Ordinaria 0440 de 2026 obedeció a la «omnímoda
voluntad del nominador sin valorar siquiera de manera mínima, la situación de
vulnerabilidad de quien se frustra además en alcanzar su derecho a la pensión».
Evidenció que la autoridad accionada conocía su condición de prepensionado pues
lo convocó a talleres obligatorios de preparación para la jubilación.
1.5. Trámite y contestación
Mediante auto del 17 de julio de 2026, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar al auditor general de la República y
denegó la medida provisional solicitada por el accionante.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente intervención:
1.5.1. La Auditoría General de la República aseveró que no existe vulneración
alguna al derecho de estabilidad laboral reforzada, por cuanto el tutelante (i) era un
servidor de libre nombramiento y remoción; (ii) tenía 1918 de semanas de cotización
«muy por encima del mínimo legal, restándole únicamente el requisito de edad»; y
(iii) reportó «ingresos y patrimonio que excluyen una afectación de su subsistencia
digna».
Destacó que sí existió el ejercicio de ponderación previa que el accionante echa de
menos, el cual está debidamente documentado. En efecto, la Dirección de Talento
Humano verificó la historia laboral del actor en el SIGEP II y encontró que él
acreditaba aproximadamente 1.918 semanas de cotización, situación que no
frustraba su expectativa pensional. Añadió que dicha información fue remitida, por
correo electrónico del 20 de junio de 2026, a la Oficina Jurídica de la entidad.
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Puso de relieve que, en este caso, no existe una afectación del derecho fundamental
al mínimo vital, pues en la declaración de bienes y rentas por retiro, el accionante
mostró ingresos o rentas distintos del salario y un patrimonio neto significativo.
Subrayó que, en el asunto sub judice, el retiro (i) correspondió al ejercicio de una
facultad amparada por presunción de legalidad y (ii) no provocó en el tutelante una
situación económica crítica ni una afectación psicológica. Lo último, si se considera
que en el examen médico de egreso quedó registrado que su sistema neurológico
es asintomático y que no presenta ninguna sintomatología que pueda interferir con
una labor.
Evidenció que este mecanismo no cumple el requisito de subsidiariedad, porque el
actor dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no
acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Añadió que «no hay inminencia
ni gravedad, porque la subsistencia del accionante está garantizada por los ingresos
y el patrimonio que él mismo declaró; no hay urgencia, porque su derecho pensional
no está en riesgo; y no hay impostergabilidad, porque conserva íntegras sus
capacidades profesionales».
Reconoció que la sentencia SU-003 de 2018 flexibilizó el examen de subsidiariedad
en un caso de contornos similares; empero «esa misma providencia demuestra que
la procedencia formal no conduce al amparo: allí la Corte Constitucional, tras
superar el examen de subsidiariedad, negó la protección por la razón que aquí se
configura — que al accionante solo le faltaba el requisito de edad—».
Precisó que no se puede soslayar que la flexibilización opera en función de la
vulnerabilidad, no de la edad aisladamente.
Concluyó que como el actor plantea que su retiro fue arbitrario y no meramente
discrecional, debe iniciar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, mecanismo en el que puede ventilar y probar las circunstancias que ahora
expone —conversaciones telefónicas, presiones para renunciar, desconocimiento
estabilidad laboral reforzada—; y solicitar la suspensión provisional de la Resolución
Ordinaria 0440 de 2026.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 27 de julio de 2026,
denegó las pretensiones relativas a la protección de la condición de prepensionado
y declaró la improcedencia de la acción de tutela frente a las que tienen que ver con
que se deje sin efecto el acto de insubsistencia.
Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, determinó que el señor Jorge Iván Orozco Hoyos no ostenta la
condición de prepensionado, en los términos de la sentencia T-055 de 2020, ya que
registra 1872.85 semanas cotizadas y, en ese orden, «el único requisito que le falta
para acceder al beneficio pensional es la edad».
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En ese orden, negó la primera pretensión, relacionada con que el accionante sea
considerado un sujeto de especial protección por su edad y condición de
prepensionado.
En cuanto a la pretensión de dejar sin efecto la Resolución Ordinaria 0440 del 1° de
julio de 2026, hizo evidente que el tutelante cuenta con otro medio de defensa
judicial idóneo, esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho, que consagra
la posibilidad de solicitar medidas cautelares en la forma prevista en los artículos
229 y siguientes del CPACA.
Enfatizó que, en todo caso, el tutelante no probó la existencia de un perjuicio
irremediable, por cuanto no demostró con suficiencia las patologías y la situación
económica crítica que supuestamente afronta.
1.7. Impugnación
El actor considera que el a quo partió de una interpretación equivocada y
descontextualizada de la condición de prepensionado.
Denotó que la sentencia T-137 de 2025 explicó la calidad de prepensionado debe
ser demostrada por el accionante y analizada por la corporación, caso a caso.
Mostró que la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL2600-2025, sostuvo
que «"el lapso que corre entre la inactividad laboral y la consolidación definitiva del
derecho a la pensión, definido ya como de tres años o menos para adquirir el
derecho pensional, debe ser objeto de protección por el fuero de estabilidad laboral
reforzada de los prepensionados, pues de lo que se trata es de garantizarle a éste
—y a su núcleo familiar— las fuentes normales de existencia durante el período que
hace falta para el aseguramiento de la pensión y, de esta manera, evitar que el
sujeto de especial protección caiga en un estado de necesidad, producto de la
pérdida del empleo"».
Indicó que la protección que persigue propende por «evitar que la persona quede
en desamparo económico en el tramo final antes de consolidar su derecho
pensional, independientemente de si el requisito pendiente es la edad o las
semanas».
Señaló que el derecho pensional se consolida cuando la edad y las semanas de
cotización exigidas se cumplen, en esa medida, la protección constitucional del
prepensionado debe extenderse hasta el momento en que efectivamente se
acrediten ambos presupuestos, no hasta que se satisfaga uno de ellos.
Destacó que la protección del prepensionado puede «operar cuando el único
requisito pendiente es la edad, si el despido es injustificado o producto del mero
arbitrio del empleador».
Acentuó que la Resolución Ordinaria 0440 de 2026 carece de motivación, pese a
que debía exponer una razón suficiente para separar del servicio a un sujeto de
especial protección constitucional, que contaba con evaluaciones positivas y el
reconocimiento de la prima técnica.
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Especificó que el a quo también desatendió su condición de adulto mayor y las
pruebas que denotan que no goza de plena salud. Añadió que «privar del salario a
quien ya no podrá adquirir un nuevo empleo, por su avanzada edad, constituye una
enorme desmejora de las condiciones de vida».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por el
accionante contra el fallo de tutela de primera instancia, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20191.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.
A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se abordarán
los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) procedencia de la
acción de tutela en contra de actos administrativos, (iii) requisitos adjetivos de
procedibilidad y finalmente, de encontrarse superados se abordará y (iv) el fondo
del asunto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre otros motivos, la relativa a la existencia
de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho
que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).
2.4. Procedencia de la acción de tutela en contra de actos administrativos
La Corte Constitucional ha sostenido la improcedencia de la acción de tutela contra
actos administrativos debido a la existencia de mecanismos ordinarios ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo2. Sin embargo, también ha reconocido
que este mecanismo puede ser procedente como (i) mecanismo transitorio para
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.
2 Entre otras, sentencias T-381 de 2022, SU-067 de 2022, T-253 de 2020, T-146 de 2019, SU-077
de 2018, T-505 de 2017, T-178 de 2017, T-041 de 2013, T-270 de 2012, T-271 de 2012, T-1256 de
2008, T-467 de 2006, T-1059 de 2005.
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evitar un perjuicio irremediable o (ii) como medio de protección definitivo «cuando
se constata que el medio de control preferente carece de idoneidad y/o eficacia para
garantizar la protección oportuna e inmediata sobre los derechos fundamentales
vulnerados»3.
Frente a la figura del perjuicio irremediable, el máximo tribunal constitucional ha
indicado4 que debe establecerse (i) la inminencia del perjuicio, lo que implica que el
daño «está por suceder en un tiempo cercano»; (ii) la urgencia de las medidas para
evitar la afectación de los derechos fundamentales; (iii) la gravedad del perjuicio; y
(iv) el carácter impostergable de las órdenes por proferir.
Igualmente, esa corporación ha caracterizado las condiciones de idoneidad y
eficacia de los mecanismos ordinarios de defensa. Ha sostenido que la idoneidad
«implica que [el medio judicial ordinario] brinda un remedio integral para la
protección de los derechos amenazados o vulnerados, mientras que su eficacia
supone que es lo suficientemente expedita para atender dicha situación»5. Bajo esa
perspectiva ha dicho que la acción de tutela es improcedente «para dirimir conflictos
que involucren derechos de rango legal, específicamente cuando se trata de
controversias legales que surgen con ocasión a la expedición de actos
administrativos, puesto que, para la resolución de esta clase de asuntos, el
legislador consagró los respectivos mecanismos judiciales ordinarios que deben
emplearse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo»6.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre
la idoneidad y eficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. En la providencia T-161 de 2017 se afirmó que «por regla general la acción
de tutela no es procedente para controvertir actos administrativos toda vez que las
discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación de los mismos deben ser
dirimidas a través de la jurisdicción contenciosa administrativa». Igualmente, en la
Sentencia T-442 de 2017 se reiteró que la tutela tiene una naturaleza subsidiaria y
que «el carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de
preservar el reparto de competencias establecido por la Constitución y la Ley a las
diferentes autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e
independencia judicial».
Esto es así dado que la ley dotó a los procesos que se tramitan ante dicha
jurisdicción de una «perspectiva garantista, dado que amplió la procedencia de las
medidas cautelares que pueden ser decretadas en el ejercicio de cualquier acción
propia de esta jurisdicción lo que admite, entre otras cosas, que la protección de los
derechos constitucionales pueda llevarse, al menos prima facie, de manera
efectiva»7.
2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
3 T-260 de 2018. Al respecto, también pueden revisarse las sentencias T-198 de 2006, T-1038 de
2007, T-992 de 2008, T-866 de 2009, T-264 de 2018 y T-137 de 2020, entre otras.
4 T-039 de 2022, además pueden revisarse las sentencias T-956 de 2013, T-471 de 2017, T-391 de
2018, T-020 de 2021 y T-171 de 2021, entre otras.
5 C-132 de 2018.
6 SU-439 de 2017.
7 SU-691 de 2017.
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En lo concerniente al requisito de subsidiariedad cabe indicar que está previsto en
el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución como un presupuesto de procedencia
de la tutela, según el cual, «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.
En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
En este caso, el señor Jorge Iván Orozco Hoyos instauró acción de tutela en contra
de la Auditoría General de la República con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada de prepensionado, al
trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la salud.
Lo anterior, porque la declaratoria de insubsistencia de que fue sujeto, mediante
Resolución Ordinaria 0440 del 1º de julio de 2026, no atendió la estabilidad laboral
reforzada que le asistía por estar próximo a pensionarse.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Caldas consideró que el accionante no
tiene la condición de prepensionado, cuenta con otro medio de defensa judicial
idóneo como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (en
el que se pueden solicitar medidas cautelares) y no demostró la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
Finalmente, el tutelante reprochó al a quo porque (i) efectuó una interpretación
equivocada y descontextualizada de la condición de prepensionado no acorde con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, (ii)
desatendió que la protección que persigue se extiende hasta que reúna la edad y
las semanas mínimas de cotización exigidas y no hasta que cumpla uno de esos
dos requisitos, (iii) no vislumbró que la Resolución Ordinaria 0440 de 2026 no
expuso una razón suficiente para separarlo del servicio, en atención a que es un
sujeto de especial protección constitucional y (iv) no tuvo en cuenta que es un adulto
mayor, que no goza de plena salud y que quedó privado del salario previo a la
consolidación del status pensional, lo cual constituye una enorme desmejora de sus
condiciones de vida.
Ahora bien, del análisis de lo pretendido por el actor se advierte que el reparo
consiste, en síntesis, en el desacuerdo que tiene por haber sido desvinculado del
servicio sin atender la estabilidad laboral reforzada que le asistía por estar próximo
a pensionarse y sin exponer ninguna motivación frente a esta situación.
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Al respecto, resulta importante indicar que el accionante puede debatir la legalidad
del acto administrativo que lo retiró, según la Ley 1437 de 2011, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que es el idóneo para
cuestionar ese tipo de actuaciones, dentro de los cuales, además, es posible
solicitar la adopción de medidas cautelares. El artículo 138 de la codificación citada
indica los siguiente:
Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; […].
En esa línea, según lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia T-146 de 2019,
con base en la remisión al segundo inciso del artículo 137 de la misma ley, la nulidad
procede cuando el acto administrativo: haya sido expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación,
o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
Cabe advertir que, como lo dijo la primera instancia constitucional al indicar el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, igualmente se abre la
posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares como mecanismo de
defensa provisional, idóneo y eficaz de aquellos derechos cuya salvaguarda se
pretende conseguir.
Por otra parte, según el accionante, la protección del prepensionado puede «operar
cuando el único requisito pendiente es la edad, si el despido es injustificado o
producto del mero arbitrio del empleador»; empero tal criterio, implica
necesariamente que la jurisdicción contencioso administrativa se pronuncie, a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sobre la
legalidad o ilegalidad del acto de retiro.
Para la sala, la condición de prepensionando en la que alega estar el señor Jorge
Iván Orozco Hoyos es el asunto sobre el cual deberá versar la controversia que se
adelante ante el juez de lo contencioso administrativo, pues en criterio de la
Auditoría General de la República tal protección fue estudiada y descartada en su
caso, al constatar que había superado el número de semanas mínimas de cotización
exigidas y, por tal virtud, su expectativa a la pensión no estaba en riesgo.
Finalmente, el tutelante adujo que afronta un perjuicio irremediable, dado su
condición de adulto mayor, que no goza de plena salud y, actualmente, afronta una
desmejora significativa de sus condiciones de vida.
En línea con lo que se ha dicho, la sala tampoco evidencia la configuración de un
perjuicio irremediable que torne procedente este mecanismo constitucional, ya que
el actor, además de su edad, no acreditó situaciones (i) de desgaste físico, vital y
psicológico que limiten su calidad de vida, (ii) económicas críticas que afecten su
mínimo vital y el de su familia, (iii) que imposibiliten el ejercicio de su profesión y (iv)
pongan en riesgo su acceso a la pensión de jubilación.
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Por lo expuesto, se concluye que el accionante no probó la configuración de un
perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela
como mecanismo transitorio y la sola desvinculación del cargo no constituye, por sí
misma, un perjuicio de tal entidad que permita superar el requisito de subsidiariedad,
pues admitir lo contrario implicaría convertir la acción de tutela en el mecanismo
principal para cuestionar este tipo de actos administrativos de contenido particular,
en desconocimiento de su naturaleza subsidiaria.
En esa medida, como lo indicó la Corte Constitucional, al existir medios ordinarios
diferentes a este mecanismo constitucional para discutir la legalidad de los actos
administrativos de retiro, se revocará la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, declarar la improcedencia total de este mecanismo, por no cumplir el requisito
de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 27 de julio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas para, en su lugar, declarar la improcedencia total de la
acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiaridad.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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