Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2026-00196-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2026-00196-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2026-00196-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 17001-23-33-000-2026-00196-01
Demandante: Guillermo Zuluaga Giraldo
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales –
Grupo de Cobro Coactivo
Temas: Impugnación. Tutela contra autoridad pública. Proceso de cobro
coactivo. Subsidiaridad.
Decisión: Confirma improcedencia de la acción de tutela.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 3 de agosto de 2026 por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante la cual declaró improcedente la acción de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 17 de julio de 2026, Guillermo Zuluaga Giraldo presentó acción de tutela
en contra de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales – Grupo
de Cobro Coactivo, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental
al debido proceso, al librarse en su contra la orden de pago contenida en la
Resolución No DESAJMAGCC26-2599 del 25 de mayo de 2026.
2. En consecuencia, solicitó (i) declarar que no está obligado a reintegrar la
suma de $12.672.770 ordenada a través de las resoluciones No. DESAJMAR26-
389 del 27 de marzo de 2026 y DESAJMAR26-456 del 20 de abril de 2026, hasta
tanto medie orden expresa de la autoridad judicial competente; y (ii) ordenar a la
entidad precitada que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela, levante las medidas cautelares decretadas para hacer efectivo el reintegro;
decrete la cancelación de cualquier reporte o información negativa en las bases de
datos de deudores morosos; y dé por terminado y archive el proceso de cobro
coactivo iniciado en su contra mediante los actos administrativos mencionados.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
manifestó que laboró en la Rama Judicial hasta el 28 de febrero de 2026 y que el
último cargo que ocupó fue el de juez 6 civil del circuito de Manizales. Señaló que
padece enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión arterial y que, como
consecuencia del deterioro de su estado de salud, acumuló más de 180 días de
incapacidad médica.
4. Por lo anterior, indicó que la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Manizales expidió la Resolución No. DESAJMAR25-1163 del 27 de noviembre
de 2025, mediante la cual ordenó la suspensión de los pagos, por concepto de
auxilio por incapacidad, salarios y prestaciones sociales a partir del 29 de noviembre
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de 2025. A pesar de esto, manifestó que en el mes de diciembre de 2025 recibió
por nómina el pago de diversas sumas de dinero.
5. Posteriormente, la entidad mencionada, mediante las Resoluciones Nos.
DESAJMAR26-389 del 27 de marzo de 2026 y DESAJMAR26-456 del 20 de abril
de 2026, ordenó un reintegro por la suma de $ 12.672.770,00, correspondiente al
presunto mayor valor liquidado y pagado durante el referido mes. Además, expuso
que para hacer efectiva dicha determinación, la Seccional remitió los referidos actos
administrativos al abogado ejecutor, quien profirió orden de pago en contra suya.
6. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales – Grupo de cobro
coactivo incurrió en un defecto procesal absoluto al iniciar en su contra un proceso
de cobro coactivo para obtener el reintegro de unas sumas de dinero, pese a que
dicho procedimiento no estaba legalmente instituido para tal finalidad, de manera
que la accionada debió acudir al medio de control de lesividad, para que el juez
natural determinara la procedencia del reintegro.
7. Adicionalmente, resaltó que el cobro recaía sobre prestaciones periódicas
recibidas por un tercero de buena fe, lo que consideraba improcedente a la luz del
literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA. Aclaró que su inconformidad con
las Resoluciones Nos. DESAJMAR26-389 y DESAJMAR26-456 del del 27 de marzo
y 20 de abril de 2026, respectivamente, no obedecía a un mero capricho, sino a su
legítima resistencia frente a lo que consideraba un proceder injusto y arbitrario de la
entidad.
8. Explicó que durante el año 2025, cuando aún se encontraba vigente su
vínculo laboral, había causado el derecho al pago íntegro de sus vacaciones y de la
respectiva prima de vacaciones. Señaló que, a pesar de que la entidad había
ordenado la suspensión de sus pagos por nómina, posteriormente había ordenado
el reintegro de $12.672.770, suma que comprendía conceptos correspondientes a
vacaciones, prima de vacaciones, bonificaciones y prima especial.
9. En ese sentido, sostuvo que las decisiones cuestionadas desconocieron
que el servicio no fue suspendido, a pesar de la incapacidad médica, lo cual coincide
con lo dispuesto en los artículos 18 del Decreto Ley 3135 de 1968 y 31 del Decreto
1849 de 1969 y en la tesis expuesta en la sentencia del 8 de febrero de 2024 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del radicado 13001-23-33-000-
2016-01005-01 (2734-2021). Finalmente, consideró que su situación de debilidad
manifiesta derivada de las incapacidades médicas no podía ser utilizada por la
Administración como fundamento para privarlo de derechos laborales que, a su
juicio, eran ciertos e indiscutibles.
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Intervenciones1
10. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales indicó que
esa entidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley 6ª de 1992 y 5
de la Ley 1066 de 2006, cuenta con la facultad de ejercer el cobro de las
obligaciones dinerarias a su favor, razón por la cual, a través del Grupo de Cobro
Coactivo, adelanta el proceso de cobro con radicado 17001129000020260076700,
en contra del accionante, con ocasión al reintegro por mayor valor liquidado y
pagado por nómina.
11. Sostuvo que, previo al inicio del proceso administrativo de cobro coactivo,
el área de Talento Humano adelantó el procedimiento previsto para la constitución
del título ejecutivo, el cual obra en el expediente remitido al despacho. Señaló que
dicha actuación se desarrolló con observancia de las garantías propias del debido
proceso y culminó con la expedición de las Resoluciones DESAJMAR26-389 del 27
de marzo de 2026 y DESAJMAR26-456 del 20 de abril de 2026. Precisó que este
procedimiento se encuentra en el SIGCMA bajo la denominación «Cobro de
mayores valores liquidados y pagados en la nómina, por conceptos salariales y
prestacionales, y por aportes al Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales».
12. Explicó que, una vez culminado dicho procedimiento, el título ejecutivo fue
remitido al área de Cobro Coactivo de la Seccional, dependencia que, mediante
Resolución DESAJMAGCC26-2599 del 25 de mayo de 2026, libró mandamiento de
pago en contra del accionante, acto administrativo que fue notificado por correo
electrónico en esa misma fecha. Aclaró que si bien contra el mandamiento de pago
no proceden recursos, de conformidad con los artículos 830 y 831 del Estatuto
Tributario, el accionante contaba con la posibilidad de ejercer su derecho de defensa
mediante la formulación de excepciones, circunstancia que le fue informada en el
artículo segundo del referido acto administrativo. Sin embargo, resaltó que en el
presente asunto no se advierte que el actor haya ejercido ese medio de defensa
dentro del término establecido en el mandamiento de pago.
13. De otro lado, frente al argumento del accionante según el cual «el abogado
ejecutor accionado incurrió en error procedimental absoluto al iniciar en mi contra
un proceso administrativo coactivo para el reintegro de unas sumas de dinero,
cuando dicho procedimiento no está instituido para ese efecto», sostuvo que dicha
afirmación se aparta del marco jurídico que regula el procedimiento de cobro
coactivo, pues, a su juicio, en el caso bajo estudio existe un título ejecutivo complejo
que cumple con los requisitos legales de claridad, expresividad y exigibilidad, y la
entidad, por conducto del funcionario competente, se encuentra facultada para
adelantar el cobro de las obligaciones dinerarias a su favor.
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El 24 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Caldas admitió la acción de tutela en contra de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Manizales – Grupo de Cobro Coactivo. Además, requirió a la parte actora para que remitiera en
el término de 1 día la manifestación bajo la gravedad del juramento, de que no ha presentado otra acción de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991.
En la misma fecha, el actor atendió el requerimiento anterior.
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14. Finalmente, sostuvo que la presente acción de tutela no satisface el
requisito de subsidiariedad, dado que lo pretendido por el accionante es que se
declare la nulidad de los actos administrativos proferidos dentro del trámite de la
acción de cobro o con ocasión a la constitución del título, para lo cual cuenta con
los medios de control previstos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Agregó que tampoco se acreditó la existencia de una circunstancia que permitiera
establecer la configuración de un perjuicio irremediable derivado de las actuaciones
adelantadas en el proceso de cobro coactivo. En ese orden de ideas, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia.
Sentencia impugnada
15. El 3 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplía con el requisito
general de subsidiariedad, puesto que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es el medio judicial idóneo para controvertir el acto
administrativo que contiene la obligación económica cuestionada por el accionante,
en tanto cuenta con la aptitud material para brindar una protección eficaz de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados. Aunado a ello, afirmó que no
se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la
intervención excepcional del juez constitucional ni que justificara el desplazamiento
del juez natural de la controversia.
Impugnación
16. La parte accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual afirmó que la
Seccional accionada no podía acudir al cobro coactivo para obtener el reintegro de
las sumas que estimaba pagadas en exceso por concepto de prestaciones sociales
periódicas. Sostuvo que la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas no
es ilimitada, ya que solo procede respecto de las obligaciones y títulos a los que la
ley les reconociera expresamente mérito ejecutivo, conforme al artículo 99 del
CPACA, de manera que las sumas cuyo reintegro se pretendía no podían cobrarse
por esa vía, por lo que la Administración debía acudir a la acción de lesividad y
demostrar la mala fe del administrado, de acuerdo con el literal c) del numeral 1 del
artículo 164 del CPACA y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
17. Adicionalmente, arguyó que el fallo impugnado le hubiese trasladado la
carga de demandar los actos administrativos, cuando, a su juicio, correspondía a la
entidad accionada demostrar, mediante el medio de control de lesividad, tanto la
ilegalidad de sus propios actos como la mala fe del administrado. Finalmente,
manifestó que el juez de primera instancia comprendió de forma errada la
controversia, ya que esta no recaía sobre las resoluciones que ordenaron el
reintegro, sino sobre la utilización del procedimiento administrativo de cobro
coactivo para hacer efectivas dichas órdenes, actuación que consideraba contraria
al debido proceso.
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II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, la exigencia de subsidiariedad, si
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, al ordenar el reintegro del pago realizado al actor
en diciembre de 2025 y adelantar el proceso de cobro coactivo contra aquel para
reclamar esa obligación.
Procedibilidad de la acción de tutela
20. La Sala confirmará la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela,
por no encontrarse satisfecho el requisito general de subsidiariedad, de acuerdo con
los argumentos que a continuación se exponen:
21. El accionante solicitó la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, el cual estimó vulnerado por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Manizales, con ocasión del inicio y trámite del procedimiento de cobro
coactivo con radicado 17001129000020260076700, con fundamento en la
obligación contenida dentro de la Resolución DESAJMAR26-389 del 27 de marzo
de 2026.
22. Al revisar las pruebas obrantes en el expediente, se observa que la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, mediante la
Resolución No. DESAJMAR25-1163 del 27 de noviembre de 2025, suspendió el
pago del auxilio económico al accionante por enfermedad general, puesto que aquel
presentó una incapacidad médica superior a 180 días, situación que derivó en la
aplicación del Decreto 3135 de 1968 por remisión del artículo 32 del Decreto 546 de
1971 y con ello, la suspensión del pago por nómina de salarios y prestaciones
sociales de la Rama Judicial.
23. No obstante, la Seccional mencionada, efectuó un pago para el mes de
diciembre de 2025 por pertenecer al régimen de vacaciones colectivas, motivo por
el cual dicha entidad expidió la Resolución No. DESAJMAR26-389 del 27 de marzo
de 2026, «por medio de la cual se ordenó el reintegro del mayor valor liquidado y
pagado por nómina a un servidor judicial», específicamente, por la suma de
$12.672.770.
24. Contra la anterior decisión, el actor interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto por la entidad, a través de la Resolución núm. DESAJMAR26-456 del
20 de abril de 2026, en el sentido de no reponer el acto administrativo recurrido.
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Además, se observa que la Dirección Seccional dejó constancia que el acto del 27
de marzo de 2026 adquirió ejecutoria el 21 de abril de igual anualidad.
25. Posteriormente, mediante Oficio DESAJMAG26-2282 del 8 de mayo de
2026, se adelantó cobro persuasivo por concepto de reintegro, dentro del cual se
concedió el término de 10 días a favor del deudor, como fue comunicado
expresamente al correo electrónico personal de accionante, adjuntándose al
expediente, respectiva constancia de entrega al buzón electrónico destinatario.
26. El 25 de mayo de 2026, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
por medio de la Resolución No. DESAJMAGCC26-2599 emitió mandamiento de
pago; y, por medio de la Resolución No. DESAJMAGCC26-2891 del 5 de junio de
2026, en virtud de la facultad de cobro coactivo de caudales públicos, demarcada
en el artículo 136 de la Ley 6ª de 1992; artículo 5 de la Ley 1066 de 2006; Ley 1743
de 2014; Decreto Reglamentario 272 de 2015 y Ley 1437 de 2011 así como demás
normas concordantes, decretó el embargo de sumas de dinero y productos
bancarios pertenecientes al deudor.
27. Examinado el anterior recuento y las inconformidades de la parte actora, la
Sala advierte que si bien el accionante manifestó, en el escrito de impugnación, que
no pretende controvertir las Resoluciones Nos. DESAJMAR26-389 del 27 de marzo
de 2026 y DESAJMAR26-456 del 20 de abril de 2026, lo cierto es que sus
argumentos se dirigen precisamente a cuestionar la legalidad, fundamento y
exigibilidad de la obligación contenida en dichos actos administrativos, de manera
que la parte actora dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, a través del cual puede solicitar el examen de legalidad de los actos
administrativos que determinaron a su cargo el reintegro de las sumas de dinero.
28. Al respecto, se advierte que el actor sostiene que la suma cuyo reintegro se
ordenó correspondía a prestaciones sociales periódicas que, a su juicio, fueron
legítimamente causadas durante la vigencia de su vínculo con la Rama Judicial. De
igual manera, afirmó que la Administración desconoció que el servicio no había sido
suspendido pese a la incapacidad médica y que, por tanto, no podía considerar
indebidos los pagos efectuados. Incluso, invoca disposiciones legales y un
pronunciamiento de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el propósito de
sustentar que tales conceptos constituían derechos laborales ciertos e indiscutibles.
29. De esta forma, se evidencia que lo que se cuestiona realmente es el
contenido del acto administrativo que ordenó el reintegro por mayor valor liquidado
y pagado por nómina, y que fundamentó el posterior procedimiento de cobro
coactivo, pues materialmente el actor discute los presupuestos que dieron lugar a
la obligación. En esa medida, no puede perderse de vista que la obligación cuyo
cobro se adelanta se encuentra contenida en las Resoluciones No. DESAJMAR26-
389 del 27 de marzo de 2026 y DESAJMAR26-456 del 20 de abril de 2026, esta
última mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el
accionante. Posteriormente, la Administración inició el cobro persuasivo y, ante la
ausencia de pago, expidió el correspondiente mandamiento de pago dentro del
proceso de cobro coactivo.
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30. Bajo este escenario, si el actor consideraba que las resoluciones mediante
las cuales se determinó la obligación desconocieron las normas que regulan el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, o que la entidad accionada
carecía de fundamento para exigir el reintegro de las sumas recibidas, debió acudir
al juez natural de la controversia a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ya que aquel le permite controvertir la legalidad del
acto administrativo particular y obtener, de ser procedente, el restablecimiento del
derecho que se estima vulnerado.
31. En esa misma línea, tampoco resulta suficiente para superar la exigencia
aquí estudiada la afirmación según la cual el objeto de la tutela no sería cuestionar
las resoluciones que ordenaron el reintegro, sino únicamente la utilización del
procedimiento de cobro coactivo para hacerlas efectivas, puesto que el reproche
formulado contra el procedimiento de cobro parte de controvertir la existencia misma
de una obligación susceptible de ser exigida, toda vez que el accionante sostiene
que las sumas reclamadas correspondían a derechos laborales legítimamente
causados y que, por razones de buena fe, no podían ser objeto de recuperación por
parte de la Administración.
32. En esa medida, ante la existencia de otro instrumento de defensa judicial
para controvertir los actos administrativos cuestionados, no le corresponde al juez
de tutela asumir el estudio del fondo de la discusión, ya que emitir un juicio sobre la
legalidad de estos conllevaría a invadir las competencias que le fueron conferidas
al juez natural de la causa.
33. Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela, por su carácter
subsidiario, únicamente procede cuando se han utilizado los demás recursos
previstos por el ordenamiento jurídico; por lo que al no haberse empleado en el
presente asunto todas las herramientas que el accionante tenía a su alcance para
formular los reproches que hoy ventila en esta sede, la solicitud de amparo no
satisface el requisito general de subsidiariedad.
34. De esta manera, el supuesto carácter arbitrario o abusivo de la actuación
administrativa no releva al actor de acudir a los mecanismos judiciales ordinarios
previstos por el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos, ni permite
tener por superado el requisito de subsidiariedad que caracteriza a la acción de
tutela, máxime cuando no se acredita, ni tampoco se advierte de oficio, la
configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención excepcional
del juez constitucional.
35. Finalmente, la Sala observa que el accionante no solo contaba con la
posibilidad de acudir a los medios de control previstos para cuestionar la legalidad
de las resoluciones que ordenaron el reintegro, sino que, una vez iniciado el
procedimiento de cobro coactivo, tampoco desplegó los mecanismos de defensa
previstos dentro de dicha actuación, en tanto no propuso excepción alguna contra
el mandamiento de pago ni ejerció las herramientas procesales que el ordenamiento
pone a disposición del ejecutado. En tales condiciones, no resulta posible concluir
que careciera de instrumentos idóneos para controvertir las decisiones que ahora
cuestiona por vía de tutela.
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36. En esos términos, la Sala confirmará la sentencia proferida el 3 de agosto
de 2026 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela instaurada por Guillermo Zuluaga Giraldo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de agosto de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual declaró improcedente la acción
de tutela instaurada por Guillermo Zuluaga Giraldo, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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