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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2009-00347-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2009-00347-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y, en su lugar, DECLÁRASE de oficio la excepción de caducidad de la acción. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal Administrativo del Caquetá para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 18001-23-31-000-2009-00347-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

28 de octubre de 2024

Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Actor: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Departamento
Administrativo de Seguridad
Acción: Reparación directa

Tema 1: Competencia funcional del juez de segunda instancia, al margen de las decisiones que por ley
le concierne tomar en forma oficiosa, se encuentra delimitada por los argumentos expuestos por el
apelante. Subtema 1.1. Facultad del juez para interpretar la demanda. Subtema 1.2. Decreto de
medidas cautelares en proceso de extinción de dominio – Ley 793 de 2002. Subtema 1.3. Plazo para
ejercer la acción en evento de error jurisdiccional. Subtema 1.4. Caducidad de la acción de reparación
directa – configurada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía
General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

En el curso de una investigación preliminar, la Fiscalía General de la Nación ordenó
la realización de un allanamiento a la residencia del señor Luis Hernando Caro Cruz,
diligencia en la que fueron incautados dieciocho millones de pesos ($18.000.000), a
juicio del actor, de manera ilegal y arbitraria. El Tribunal Administrativo del Caquetá,
en el fallo de primera instancia, estimó que el daño alegado era antijurídico e imputable
a la Nación – Fiscalía General de la Nación, en consideración a que esta profirió
decisión en la que se abstuvo de dar inicio al trámite de extinción de dominio por
encontrar que las actividades desempeñadas por el aquí demandante eran lícitas,
circunstancia que tornó injusta la incautación realizada dentro de un allanamiento
ordenado por la fiscalía. En el recurso de apelación, el ente condenado censuró tanto
el juicio de antijuridicidad del daño, como el de imputación realizados en primera
instancia.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz presentaron demanda 1 , en
ejercicio de la acción de reparación directa, el veintiocho (28) de marzo de dos mil
siete (2007), con la que pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena
a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación y del Departamento
Administrativo de Seguridad, con ocasión de la incautación “arbitraria e ilegal” de la
suma de dieciocho millones de pesos ($18.000.000), realizada el dos (2) de mayo de
dos mil tres (2003) que habían ingresado a su patrimonio como producto del desarrollo

1 Folio 1 a 10, cuaderno 2.

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Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

de actividades lícitas, habida cuenta de que su retención estuvo determinada por un
informe de inteligencia que, en su criterio, no podía ser apreciado como prueba, sino
como un simple medio orientador de una ulterior actividad probatoria. Aseguraron que
ese dinero solo regresó a manos de su legítimo propietario en el mes de octubre de
dos mil seis (2006), cuando la fiscalía general de la Nación comprobó su legal
procedencia.

Pretenden la reparación de los perjuicios que esa medida irrogó a su titular en cuanto
el dinero objeto de aquella no generó rendimientos durante el tiempo que estuvo en
poder de las autoridades, y además, porque se vio obligado a pagar intereses sobre
una obligación dineraria que no pudo saldar con esos recursos.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. El Tribunal Administrativo del Caquetá, en auto del dieciséis (16) de julio de dos
mil diez (2010)2, admitió la demanda; decisión que fue notificada a las entidades
demandadas3.

2.2.2. El Departamento Administrativo de Seguridad4 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones por cuanto asegura que no tiene responsabilidad alguna en
los hechos que las sustentan, en la medida en que los funcionarios que realizaron la
pesquisa en contra del actor, por la probable comisión de los delitos investigados por
la Fiscalía General de la Nación, ejercieron su actividad conforme a los artículos 314
y 316 del Código de Procedimiento Penal vigente para aquella época. Ellos, como
resultado de las labores investigativas, rindieron los informes de policía judicial que
hacían referencia a las labores de inteligencia respectivas, informes que carecían de
valor probatorio en cuanto sólo podían ser apreciados como criterio auxiliar de la
actividad judicial.

2.2.3. La Nación – Fiscalía General de la Nación5 guardó silencio durante el término
dispuesto para que presentara su escrito de contestación.

2.2.4. Agotada la etapa probatoria, el a quo resolvió6 tener como sucesor procesal del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad a la Fiduprevisora S.A. y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y corrió7 traslado a las partes y al
Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera
concepto de fondo; oportunidad que fue aprovechada por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y por la Fiduprevisora S.A. para reiterar los argumentos
expuestos en la contestación8.

Por su parte, la Nación – Fiscalía General de la Nación9 dijo haber obrado con arreglo
al artículo 250 de la Constitución Política, conforme al cual le competía, de oficio o
mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los supuestos
infractores de la ley ante los jueces competentes. Aseveró que fue en ejercicio de
aquella atribución, y en atención al informe emitido por el Departamento
Administrativo de Seguridad que daba cuenta de la procedencia ilícita de esos
dineros, que inició el trámite de extinción de la suma incautada, puesto que, por
mandato constitucional y legal, le correspondía investigar tanto la conducta de la

2 Folios 99 y 100, cuaderno 2.
3 Folios 115 y 116, cuaderno 2.
4 Folio 119 a 130, cuaderno 2.
5 Folio 136, cuaderno 2.
6 Folio 266 a 269, cuaderno 3.
7 Folio 275, cuaderno 3.
8 Folio 289 a 293, cuaderno 3.
9 Folio 335 a 341, cuaderno 3.

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Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

persona implicada como el origen y la utilización de los bienes, actuación dentro de
la que resultaba procedente, como medida cautelar, la incautación del dinero.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia del veintidós (22) de marzo
de dos mil dieciocho (2018)10, resolvió: (i) declarar probada la falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado; (ii) declarar probada la falta de legitimación en la causa por activa en lo que
atañe a la demandante Albareny Gómez Cruz; y (iii) declarar administrativamente
responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados
al señor Luis Hernando Caro Cruz con motivo de la incautación de su dinero. En
consecuencia, dictó condena, a cargo del mentado organismo, para el resarcimiento
de perjuicios mediante el pago de unas sumas de dinero. Consideró que el
proferimento de la resolución por medio de la que la Fiscalía General de la Nación se
abstuvo de dar inicio al trámite de extinción de dominio en contra del demandante
resultaba revelador de la injusticia que hubo en la incautación y en la retención de los
dieciocho millones de pesos ($18.000.000) de propiedad de Luis Hernando Caro
Cruz, así como de la inexistencia de deber a su cargo, de soportarlo.

2.4. El recurso de apelación

La Nación – Fiscalía General de la Nación recurrió en apelación la sentencia de
primera instancia, el diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)11.

En su escrito, expuso que en el presente proceso no existe daño antijurídico, pues las
decisiones adoptadas por la entidad, durante las distintas etapas procesales de la
actuación a su cargo, fueron legitimas y desarrolladas con plena observancia del
derecho al debido proceso, a tal punto que el trámite de extinción de dominio culminó
con la entrega definitiva del dinero incautado al señor Caro Cruz.

Adicionalmente, sostuvo que, a Luis Hernando Caro Cruz, como a todos los
ciudadanos, le asistía el deber legal de soportar la investigación debido al tipo penal
por el que se le investigaba, es decir, el establecido en el artículo 8 de la Ley 747 de
2002, toda vez que, en cumplimiento del ordenamiento jurídico, estuvo fundamentada
en informe de organismo de seguridad que dio noticia de la ocurrencia del hecho
delictuoso, consistente en el uso de la línea telefónica instalada en la propiedad del
señor Caro Cruz para la ejecución de llamadas extorsivas. Además, porque, si la
Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de la posible comisión de la conducta
de lavado de activos y durante la diligencia de allanamiento encontró la suma de
dieciocho millones de pesos ($18.000.000) “encaletados”, no podía hacer otra cosa
que obrar conforme lo hizo, mientras adelantaba las averiguaciones pertinentes.

Finalmente, enfatizó que no puede considerarse como un daño antijuridico la
incautación provisional de una suma de dinero, ya que, una vez la fiscalía contó con
los medios de prueba correspondientes y pudo concluir que Luis Hernando Caro Cruz
no se dedicaba a la actividad delictiva de lavado de activos, y que el dinero incautado
provenía del desarrollo del objeto social del negocio de comercio de su propiedad,
aquel le fue devuelto a su dueño.

2.5. Conciliación

10 Folio 361 a 370, cuaderno principal.
11 Folio 374 a 380, cuaderno principal.

3

Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

El Tribunal Administrativo del Caquetá convocó 12 a las partes a audiencia de
conciliación, según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010; diligencia13
que fue celebrada el diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018) y declarada
fallida por ausencia de ánimo conciliatorio, por lo que dicha corporación concedió el
recurso de apelación formulado por la Nación – Fiscalía General de la Nación.

2.6. Trámite procesal relevante en segunda instancia

2.6.1. El despacho sustanciador, en auto del veintitrés (23) de agosto de dos mil
dieciocho (2018) 14 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la Nación –
Fiscalía General de la Nación. Luego, en proveído del veintidós (22) de octubre de
dos mil dieciocho (2018)15, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos
de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo;
oportunidad que fue aprovechada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y la Fiduprevisora S.A., quienes solicitaron la confirmación de la decisión de
primera instancia16, tal como lo hizo el Ministerio Público al rendir su concepto17.

2.6.2. El magistrado ponente, en providencia del trece (13) de junio de dos mil
veinticuatro (2024)18, ordenó oficiar a la Fiscalía Segunda Especializada de la Unidad
Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos para
que aportara unos documentos que, a pesar de que formaban parte del expediente
penal que fue decretado e incorporado en la oportunidad respectiva, no obraban en el
plenario. Este requerimiento fue atendido por la Fiscalía General de la Nación
mediante oficio del veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024) 19 a los que
anexó los documentos requeridos. De estos se corrió traslado entre el 3 y el 9 de
septiembre de 2024. Las partes guardaron silencio en ese lapso de tiempo.

2.6.3. El magistrado Nicolás Yepes Corrales, en escrito del dieciséis (16) de julio de
dos mil veinticuatro (2024)20, con fundamento en el numeral 12 del artículo 150 del
Código de Procedimiento Civil, expresó impedimento para conocer el proceso de la
referencia por haber rendido concepto como agente del Ministerio Público ante esta
Corporación.

2.6.4. Esta Subsección, en auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro
(2024) 21 , declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado Yepes
Corrales, y, de conformidad con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo,
decretó unas pruebas.

III. PROBLEMÁTICA JURÍDICA POR RESOLVER EN SEGUNDA INSTANCIA

Aunque los artículos 37.4 y 401 del Código de Procedimiento Civil prescriben el deber
del juez de adoptar las medidas procesales respectivas para evitar que se dicten
sentencias inhibitorias, en modo alguno proscribió ese tipo de decisiones en aquellos
casos en los que no existen los presupuestos necesarios para proferir una decisión
de mérito y resulte jurídicamente imposible conjurar tal situación.

12 Folio 382, cuaderno principal.
13 Folios 395 y 396, cuaderno principal.
14 Folio 401, cuaderno principal.
15 Folio 403, cuaderno principal.
16 Folio 404, cuaderno principal.
17 Folio 406 a 412, cuaderno principal.
18 Índice 43 de SAMAI.
19 Índice 49 de SAMAI.
20 Índice 51 de SAMAI.
21 Índice 54 de SAMAI.

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Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

En efecto, en el proceso contencioso administrativo deben cumplirse una serie de
presupuestos que condicionan no solo su nacimiento válido sino su normal
desenvolvimiento y culminación mediante un fallo que resuelva el fondo de la litis.
Tales presupuestos son los siguientes: (a) que la demanda se formule ante el
funcionario competente de la jurisdicción contencioso administrativa; (b) que la
persona demandada tenga capacidad jurídica y procesal para comparecer en juicio
en calidad de tal; (c) que la demanda haya sido presentada oportunamente; y (d) Que
la demanda reúna los requisitos exigidos por la ley. Dado que el cumplimiento de estos
presupuestos es necesario para que el juez profiera sentencia de mérito, este, aún en
segunda instancia, al momento de dictar sentencia, y antes de adentrarse en el estudio
de la problemática de fondo planteada en los recursos, debe verificar su cumplimiento.

Por tanto, procede la Sala a dar respuesta al siguiente problema jurídico preliminar:

¿Satisfizo la parte demandante los presupuestos procesales que permitan la
resolución de fondo de este asunto?

Solo si la respuesta a este asunto es de signo positivo, avanzará a la resolución de
mérito a que haya lugar.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito en el presente asunto

4.1.1. Competencia

En esta ocasión, esta Sala de Subsección es competente para conocer de esta
segunda instancia en atención a lo preceptuado en el artículo 7322 de la Ley 270 de
1996 y a la naturaleza del asunto23. Esto, tomando en consideración que las acciones
promovidas por error jurisdiccional, como en este caso, son de conocimiento de los
tribunales administrativos, en primera instancia, incluyendo aquellos cuya cuantía sea
inferior a la suma equivalente a 500 SMLMV.

4.1.2. Capacidad jurídica y procesal de las partes

La capacidad jurídica es la aptitud que reconoce el ordenamiento jurídico a toda
persona para ser titular de derechos y obligaciones. Conforme a lo preceptuado por el
artículo 1503 del Código Civil, toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas
que la ley declara incapaces. Esta capacidad, prescribe a su vez el artículo 1502 del
Código Civil, puede ser de goce o de ejercicio; la capacidad de goce consiste en la
aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujeto de derechos
y obligaciones, y la de ejercicio, consiste en la habilidad que la ley le reconoce a la
persona para obligarse por sí misma, sin la intervención o autorización de otra. Ahora
bien, una manifestación de esta capacidad de ejercicio es la capacidad para ser sujeto
de la relación jurídico-procesal, bien como demandante, bien como demandado.

En tal sentido, Luis Hernando Caro Cruz, en cuanto persona natural que se ha
acreditado como ciudadana con la presentación de su cédula de ciudadanía, y la
Nación, como persona jurídica, gozan de capacidad para fungir como demandantes

22 “Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos

anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento
ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los
Tribunales Administrativos”.
23 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del nueve (9) de septiembre de dos mil

ocho (2008), radicación número 11001-03-26-000-2008-0009-00.

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Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

y demandada, respectivamente, en este proceso. En concreto, la Nación por conducto
de su representante legal, para el caso, el fiscal general de la Nación o su delegado.

4.1.3. Presentación oportuna de la demanda

El artículo 90 de la Constitución Política prescribe que el Estado responde
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas. Esa responsabilidad, sin embargo,
debe ser establecida por la jurisdicción contencioso administrativa, a cuyo cargo se
encuentra el juicio correspondiente, litigio que no inicia de manera oficiosa, sino por
causa del ejercicio del derecho de acción por parte de la víctima.

En ese sentido, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, estatuto procesal
vigente al momento en que se dio inicio a este proceso, preceptuaba que la persona
interesada (víctima) podía demandar directamente la reparación del daño cuando la
causa residiera en un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa.

Razones atinentes a la garantía del derecho a la seguridad jurídica, y a la necesidad
de viabilizar el derecho al acceso a la administración de justicia, que de otra manera
podría llegar a la parálisis24, movieron al legislador a fijar, en el numeral 8 del artículo
136 del Código Contencioso Administrativo, un plazo de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajo público o por cualquiera otra causa, para el ejercicio oportuno de la
acción de reparación directa, so pena de caducidad.

Ahora bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado el hito a partir del
cual cuenta el plazo para el ejercicio de la acción, y lo ha hecho atendiendo al factor
de imputación que haya empleado el demandante para la atribución del daño a la parte
demandada, o del factor de imputación que revele el relato fáctico que aquel hizo para
dar sustento a sus pretensiones.

Esto explica que, cuando el daño se atribuye a la demandada por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, el conteo de ese plazo opere de
manera diferente a aquel otro caso en que el daño se le atribuya por error jurisdiccional
o por privación injusta de la libertad, sin que en ninguno de ellos se desatienda la regla
general (del día siguiente a aquel en que ocurrió el hecho causante del daño), sino
más bien concretándola en función de la naturaleza de cada uno de esos factores.
Cuando de la privación injusta de la libertad se trata, la caducidad cuenta a partir del
día siguiente a aquel en el cual el sindicado recupera la libertad y la providencia
absolutoria queda ejecutoriada 25 . Cuando el factor de atribución consiste en el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, a partir del día siguiente
del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de
dicho daño por la parte demandante26, y si radica en un error jurisdiccional, a partir del
día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial27.

24 Corte Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015.
25 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del catorce (14) de

febrero de dos mil dos (2002), expediente13622.
26 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de

febrero de dos mil veinte (2020), radicación número: 25000-23-26-000-2010-000-2601(44809)
27 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del veintitrés (23) de

junio de dos mil diez (2010), expediente 17493; y auto del nueve (9) de mayo de dos mil once (2011), expediente
40196.

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Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

Es por esta razón, que la Sala encuentra necesario establecer el factor de imputación
que devela el relato fáctico de la demanda, a efectos de verificar el oportuno ejercicio
de la acción en el presente asunto.

Como se dijo líneas atrás, la parte demandante pidió explícitamente que “se declare
responsable administrativamente y extracontractualmente a la Nación – DAS –
Fiscalía General de la Nación, de la incautación arbitraria e ilegal de la suma de
dieciocho millones de pesos ($18.000.000), por la Fiscalía Especializada ante el
Gaula con sede en Florencia, Caquetá, en hechos ocurridos el día 2 de mayo de 2003
(…)” (negrillas fuera del texto).

Más adelante, con ocasión de la fundamentación fáctica de tal pretensión, cuestionó
tanto la diligencia de allanamiento a la residencia del señor Luis Hernando Caro
Cruz como el “decomiso” que en desarrollo de aquella se habría hecho de la suma
de dieciocho millones de pesos ($18.000.000); pero, además, censuró el embargo, el
secuestro y la suspensión del poder dispositivo del propietario sobre ese dinero,
todo lo cual, habría ocurrido con base en un simple informe de inteligencia, que
contenía acusaciones difamatorias, y en una declaración falsa.

Esa concatenación de sucesos confluye en un único hecho generador de daño, hecho
que reside en la incautación de dieciocho millones de pesos ($18.000.000), que en
el plano jurídico se materializó en la resolución de la Fiscalía General de la Nación del
dieciséis (16) de abril de dos mil cuatro (2004)28, que decretó el embargo, el secuestro
y la suspensión del poder dispositivo sobre esa suma de dinero, decisión jurídica que
generó el detrimento económico que pretende el actor le sea reparado en sus dos
vertientes: por un lado, el daño emergente (consistente en los intereses moratorios
que debió pagar a una acreedora suya, para remunerar un crédito que pretendía
saldar con el dinero incautado), y, por otro, el lucro cesante (que concreta en la
ausencia de rendimientos que habría podido generar ese dinero).

El daño, así configurado, lo atribuye la parte demandante a la Nación - Fiscalía
General de la Nación a título de error jurisdiccional, pues, aunque el propietario de
tales recursos fue privado materialmente de la posesión sobre tales recursos
dinerarios desde el momento de su retención en el curso de la diligencia de
allanamiento29, fue la decisión adoptada por la Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación,
de decretar el embargo, el secuestro y la suspensión del poder dispositivo sobre esa
suma de dinero, la causa jurídica del daño materia de la pretensión de reparación;
daño que, así estructurado, ha de apreciarse como de ejecución instantánea, aunque
se haya agravado en sus efectos con la prolongación de la medida30.

Vistas así las cosas, al momento de la verificación del cumplimiento del presupuesto
procesal del ejercicio oportuno de la acción, el análisis se revela mucho más garantista
para el actor, que bajo la perspectiva de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, pues en los casos en que el daño se atribuye a la
demandada por este último factor de atribución, el plazo para acudir oportunamente a
la jurisdicción cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión31
causante del daño, y, entonces, en este caso, contaría desde el día siguiente a la

28 Folios 181 y 182, cuaderno 4.
29 Folio 140 a 147, cuaderno 4.
30 Ver, entre otras, Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C,

auto del primero (1) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), radicación número 76001-23-33-000-2021-00234-
01.
31 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C,

sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020), radicación 25000-23-26-000-2010-000-2601.

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Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

diligencia de allanamiento y de registro en cuyo curso se retuvo materialmente el
dinero, esto es, desde el dos (2) de mayo de dos mil tres (2003).

Así, ese plazo contaría a partir del día siguiente a aquel en que hubiere quedado
ejecutoriada la decisión del dieciséis (16) de abril de dos mil cuatro (2004), contentiva
del error jurisdiccional, pero esto no se muestra factible habida cuenta de que el
proceso identificado con el radicado 1678 se rigió por la Ley 793 del 2002, normativa
que, en el artículo 12 (original), estableció que la resolución dictada en la fase inicial
es de aquellas de tipo “cúmplase”, de ahí que no debía notificarse a sujeto procesal
alguno, lo que explica que no obre en las copias del proceso penal acto de notificación
de la resolución del dieciséis (16) de abril de dos mil cuatro (2004) al señor Caro Cruz.

Entonces, esta Sala, tal como lo hizo en una controversia con similitud fáctica 32, se
abstendrá de dar aplicación a la regla jurisprudencial según la cual, tratándose de un
error jurisdiccional, el término de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente
al de la ejecutoria de la providencia censurada, y en su lugar, tomará la fecha en que
Luis Hernando Caro Cruz tuvo conocimiento del daño, vale decir, el menoscabo
patrimonial por causa del pago que se causaron los intereses moratorios en favor de
su acreedora, la señora Riviera, a quien no pudo pagar el crédito a su cargo, data que
coincide con aquella en que empezó a padecer el lucro cesante por imposibilidad de
explotar económicamente el dinero sobre el que pesaba la medida cautelar hubiere
podido generar de haberlo tenido en su dominio.

Para el efecto, tiene por probado lo siguiente:

Luis Hernando Caro Cruz incoó acción33 de tutela en contra de la “Unidad Nacional de
Fiscalías para Extinción de Derecho de Dominio contra el Lavado de Activos”, con el
objeto de que se ordenara “dentro de un plazo prudencial perentorio, en amparo de
los derechos fundamentales de el (sic) debido proceso, derecho al trabajo, y derecho
al buen nombre y honra de las personas (…) el archivo definitivo de las diligencias
preliminares que se iniciaron (…) el pasado 2 de mayo de 2003, cuando la Fiscalía
Primera Especializada ante el Gaula Caquetá (…) realizó diligencia de allanamiento
en la residencia del sindicado Caro Cruz, procediendo al decomiso de la suma de
$18.000.000 de pesos (…)”. El entonces tutelante incluyó en su solicitud de amparo
los siguientes hechos:

32 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del

veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019), radicación número 05001-23-31-000-2010-00309-01.
33 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 35255FA03D4D892A EC06580B41B359C2

7342843A220E668C 02FB7B8A10D1FFDF, ubicado en el índice 60 de SAMAI, archivo “10.Tutela 1”, página 6 a
9. La acción de tutela, según oficio del veintisiete (27) de mayo de dos mil cuatro (2004) enviado por el oficial mayor
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Caquetá a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio
y contra el Lavado de Activos, fue admitida mediante auto del veintiséis (26) de mayo de dos mil cuatro (2004).

8

Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

La Fiscalía General de la Nación, en escrito del veintiocho (28) de mayo de dos mil
cuatro (2004)34, se pronunció sobre la solicitud de amparo, con motivación que esta
Subsección encuentra pertinente transcribir parcialmente, así:

34 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 35255FA03D4D892A EC06580B41B359C2

7342843A220E668C 02FB7B8A10D1FFDF, ubicado en el índice 60 de SAMAI, archivo “10.Tutela 1”, página 15 a
20.

9

Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

Como puede observarse, Luis Hernando Caro Cruz presentó solicitud de amparo con
el fin de que le fueran protegidos sus derechos al debido proceso, al trabajo y al buen
nombre, puesto que había transcurrido más de un (1) año desde la incautación de los
dieciocho millones de pesos ($18.000.000) de su propiedad y no lograba que le
permitieran rendir versión libre ni estaba vinculado a proceso penal alguno. Nótese
como, además, en el acápite de hechos del escrito de tutela, el aquí demandante
manifestó que “a la fecha han transcurrido doce (12) meses y quince (15) días desde
que se realizó el allanamiento y se incautaron los $18.000.000 de pesos que mi
defendido tenía en su poder para abonar a la factura de venta nro. 0248 del 04 de abril
del 2003, suscrita con la Estación de Servicio “El Chorro”, de propiedad de la señora
Rubiela Rivera (…)”, es decir, el señor Caro Cruz, cuando menos, a partir del ejercicio
de la acción constitucional, conocía que su patrimonio estaba siendo afectado y las
consecuencias que de allí se derivaban – imposibilidad de satisfacer su deuda con la
señora Rivera y de recibir rendimientos –.

Aunado a ello, la Fiscalía General de la Nación emitió respuesta en el curso de la
acción de tutela; escrito en el que puso de presente, entre otras, que, “en resolución
del pasado 16 de abril, se dispuso el embargo, secuestro y suspensión del poder
dispositivo sobre los dieciocho (18.000.000) millones de pesos incautados (…) en la
residencia de Luis Hernando Caro (…)”, de ahí que, ciertamente, el veintiocho (28) de
mayo de dos mil cuatro (2004), Luis Hernando Caro Cruz estuvo al tanto del transcurrir
de los procesos de extinción de dominio y de lavado de activos, y, si hasta ese
momento no tenía certeza de lo que ocurriría con su dinero ni tenía conocimiento de
la existencia de la resolución que decretó medidas cautelares sobre él, esa actuación
lo llevó a tener plena seguridad sobre el particular.

No puede soslayarse que, mientras el afectado tenga pleno conocimiento del daño y
tenga la capacidad de ponderarlo, nace para él un interés actual y vigente de reclamar
su indemnización.

Así las cosas, el término para incoar la acción corrió del veintinueve (29) de mayo de
dos mil cuatro (2004) hasta el veintinueve (29) de mayo de dos mil seis (2006). Como
la demanda fue presentada el veintiocho (28) de marzo de dos mil siete (2007), es
forzoso concluir que su ejercicio fue extemporáneo y se configuró la excepción de
caducidad.

4.1.3.1. Siendo lo anterior suficiente para declarar el medio exceptivo de caducidad,
no huelga referir lo siguiente:

4.1.3.1.1. La Fiscalía General de la Nación, en asocio con unidades de Policía Judicial
adscritas al Departamento Administrativo de Seguridad, realizó diligencia de
allanamiento y de registro al inmueble donde residía el señor Caro Cruz, el primero
(1) de mayo de dos mil tres (2003). En dicha fecha le fueron incautados, en presencia
suya, dieciocho millones de pesos ($18.000.000). En efecto, consta que el señor Luis

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Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

Hernando Caro Cruz estuvo presente en el desarrollo de aquel procedimiento y
suscribió las actas35 de allanamiento y registro al inmueble y de incautación de dinero.

4.1.3.1.2. El abogado Luis Eduardo Pizo Enriquez, obrando como mandatario judicial
de Luis Hernando Caro Cruz36 dentro de la investigación que se adelantaba “por razón
del allanamiento realizado por la Fiscalía Primera Especializada de Florencia (…)”, en
escrito del dieciséis (16) de mayo de dos mil tres (2003)37, solicitó que el señor Caro
Cruz fuera escuchado en diligencia de indagatoria.

4.1.3.1.3. Luis Eduardo Pizo Enriquez, apoderado principal de Luis Hernando Caro
Cruz, el treinta y uno (31) de julio de dos mil tres (2003)38, sustituyó el poder a él
conferido.

4.1.3.1.4. El abogado Pizo Enriquez, en escrito del diez (10) de octubre de dos mil tres
(2003)39 dirigido a la jefe de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción
de Dominio, requirió nuevamente la escucha de Luis Hernando Caro Cruz en
indagatoria, y puso de presente que para esa fecha habían transcurrido cuatro (4)
meses y veinte (20) días sin pronunciamiento alguno sobre la inicial petición de
audiencia, situación que, denotó, causaba graves perjuicios a los intereses
patrimoniales de su defendido.

4.1.3.1.5. La Fiscalía General de la Nación, el veintidós (22) de julio de dos mil cuatro
(2004)40, resolvió fijar fecha para escuchar en diligencia de declaración juramentada
al señor Luis Hernando Caro Cruz con el fin de que explicara al despacho “todo lo que
considere en relación con el origen del dinero incautado, así como sobre todo aquello
que sea de interés para la investigación”. Esta decisión fue informada al señor Caro
Cruz con oficio del veintiséis (26) de julio de dos mil cuatro (2004).

4.1.3.1.6. El señor Luis Hernando Caro Cruz, en escrito dirigido a la fiscal segunda
delegada de la Unidad de Extinción de Dominio41, manifestó que confería poder al
abogado Héctor William Suarez Moreno con el siguiente objeto: “que en mi nombre y
representación asuma como mi defensor dentro de la investigación que se adelante
en su despacho en razón del allanamiento realizado por la Fiscalía Primera
Especializada de Florencia, apoyada por el personal adscrito al Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, y practicada en mi domicilio (…). Mi apoderado
queda facultado para (…) interponer incidentes de entrega sobre la suma de dieciocho
millones de pesos moneda corriente ($18.000.000) decomisados en la diligencia de
allanamiento y que forman parte de mi patrimonio adquirido en legal forma como
comerciante. (…)”. Dicho poder42 fue allegado a la Fiscalía General de la Nación el
nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004). Posteriormente, el diez (10) de

35 Folio 143 a 147, cuaderno 4. En ambos documentos quedó consignado que la Fiscalía General de la Nación, al

encontrar dieciocho millones de pesos ($18.000.000), al parecer, producto de actividades ilícitas relacionadas con
el narcotráfico y la financiación de grupos al margen de la ley, procedía a su incautación mientras investigaba su
origen.
36 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 30831EF76D24AF15 EBC6D64C4521B75A

B39F5D42C9E83055 F49533FED950C840, ubicado en el índice 64 de SAMAI, página 164.
37 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 30831EF76D24AF15 EBC6D64C4521B75A

B39F5D42C9E83055 F49533FED950C840, ubicado en el índice 64 de SAMAI, página 165.
38 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 30831EF76D24AF15 EBC6D64C4521B75A

B39F5D42C9E83055 F49533FED950C840, ubicado en el índice 64 de SAMAI, página 192.
39 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 30831EF76D24AF15 EBC6D64C4521B75A

B39F5D42C9E83055 F49533FED950C840, ubicado en el índice 64 de SAMAI, página 216.
40 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 35255FA03D4D892A EC06580B41B359C2

7342843A220E668C 02FB7B8A10D1FFDF, ubicado en el índice 60 de SAMAI, archivo “3. Original A-ED 1”, página
194.
41 El escrito incluyó la siguiente información: “Ref: Sumario No. 1678 E.D. Sindicado: LUIS HERNANDO CARO

CRUZ. Delito: Presunto lavados (sic) de activos”.
42 Folio 183, cuaderno 4.

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Radicado: 18001-23-31-000-2009-00347-01 (61822)
Demandante: Luis Hernando Caro Cruz y Albareny Gómez Cruz

diciembre siguiente, su apoderado remitió43 la información de contacto para recibir
cualquier tipo de notificación que se requiriera en el curso del trámite.

A juicio de este fallador, las anteriores actuaciones autorizan a inferir que Luis
Hernando Caro Cruz estaba enterado del proceso seguido en su contra, incluso,
desde el dieciséis (16) de mayo de dos mil tres (2003). Tanto es así, que confirió poder
a un abogado para que lo representara, pidió rendir su versión al interior de la causa
penal e intervino ante la Fiscalía General de la Nación en múltiples oportunidades. Y,
en esa misma línea, cabría pensar que, al estar vinculado al trámite, las actuaciones
subsiguientes fueron de su conocimiento, entre esas, la medida cautelar impuesta
sobre su dinero. No obstante, la Sala tomará como hito inicial del conteo del plazo
para el ejercicio de la acción de reparación directa el veintinueve (29) de mayo de dos
mil cuatro (2004), día siguiente a la fecha en la que, sin duda alguna, Luis Hernando
Caro Cruz estuvo al tanto del transcurrir de los procesos de extinción de dominio y de
lavado de activos y pudo sopesar las consecuencias que devendrían de no tener el
dinero bajo su dominio.

En consecuencia, esta Subsección revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y
declarará, de oficio, la excepción de caducidad de la acción.

V. COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se observa en el caso concreto
actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, el veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y, en su lugar,
DECLÁRASE de oficio la excepción de caducidad de la acción.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal
Administrativo del Caquetá para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
CAOP

43 Folio 184, cuaderno 4.

12

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