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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2010-00349-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2010-00349-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, niéganse las pretensiones de la demanda. 2°) Abstiénese de condenar en costas de segunda instancia. 16 Expediente 18001-23-31-000-2010-00349-01 (69.790) Demandante: Luis Horacio Losada Joven Reparación directa - apelación de sentencia 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 18001-23-31-000-2010-00349-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de julio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 18001-23-31-000-2010-00349-01 (69.790)
Demandante: LUIS HORACIO LOSADA JOVEN
Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – ERROR JUDICIAL

Síntesis del caso: la parte actora pretende la declaración de responsabilidad patrimonial
extracontractual por error judicial contenido en una providencia que declaró la ineficacia de
un proceso ejecutivo iniciado por el demandante porque el título ejecutivo no reunía los
requisitos legales, a pesar de que ya se había efectuado el remate de un bien. El tribunal
condenó a la Rama Judicial porque se profirió una decisión errónea consistente en librar
el mandamiento de pago que indujo y mantuvo en error al ejecutante durante cinco (5)
años, quien perdió la oportunidad de cobrar la obligación porque operó la prescripción.
Ambas partes apelaron. Se revoca la decisión de primera instancia y, en su lugar, se
niegan las pretensiones porque la providencia acusada por el demandante de contener el
error judicial no es la fuente del daño.

Temas: medio de control de reparación directa – error judicial – culpa exclusiva de la
víctima.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Casanare que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR responsable administrativa y
patrimonialmente a la Nación – Rama Judicial por el error judicial
cometido dentro del proceso ejecutivo 2002-00017 promovido por el
señor Luis Horacio Losada tramitado por el Juzgado Único
Promiscuo Municipal de Curillo – Caquetá que conllevó a la
terminación de este mediante auto de 30 de agosto de 2007.

SEGUNDO: CONDENAR como consecuencia de la declaración
anterior, a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL a pagar por concepto de
daños materiales la suma de $2.727.807,95, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Expediente 18001-23-31-000-2010-00349-01 (69.790)
Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

TERCERO: Absolver al llamado en garantía Luis Alfredo Castro
Muñoz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin costas en la instancia. (…)”. (fls. 33 y 34 Índice 2 SAMAI
– archivo ED_11SENTENCIA(.pdf) NroActua 2 – negrillas y
mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1 Pretensiones

El 23 de abril de 2008 (fls. 5 y 6 cdno. ppal.), el señor Luis Horacio Losada
Joven instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama
Judicial1 (fls. 2 a 11 cdno. ppal.) en la que formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente
responsable a LA NACIÓN RAMA JUDICIAL, de los perjuicios
causados al demandante con motivo de la falla de la administración
de justicia ante la grave omisión del Juzgado Único Promiscuo del
Circuito (sic) de Curillo, dentro del proceso ejecutivo de mínima
cuantía de LUIS HORACIO LOSADA JOVEN contra JOSÉ RAMIRO
OROZCO RINCÓN, con radicación No. 2002-00017, y que terminó
mediante auto interlocutorio No. 046 del 30 de agosto del 2007, al
encontrar una falla dentro de la actuación administrativa y la cual se
había presentado cinco años atrás, lo que conllevó a la caducidad de
la acción ejecutiva en favor de mi poderdante causándole graves
perjuicios morales y materiales.

SEGUNDA: Condenar a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a pagar a
LUIS HORACIO LOSADA JOVEN, mayor de edad, todos los
PERJUICIOS MORALES y MATERIALES, derivados del daño
ocasionado por la falla del servicio de justicia conforme a la Ley 270
de 1996 y la sentencia C-100 del 2001, para efectos se tomarán en
cuenta los siguientes factores.

PERJUICIOS MORALES:

a) A LUIS HORACIO LOSADA JOVEN, a título de PERJUICIOS
MORALES, la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, en calidad de perjudicado.

1 Inicialmente, la demanda se presentó en contra de la Nación – Rama Judicial y la Nación –

Ministerio del Interior y de Justicia, pero en la subsanación se excluyeron las pretensiones
formuladas contra la segunda entidad.

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Expediente 18001-23-31-000-2010-00349-01 (69.790)
Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

PERJUICIOS MATERIALES:

Como PERJUICIOS MATERIALES se pagarán en la modalidad de
daño emergente y lucro cesante, así:

Daño emergente: (…) En el caso concreto el señor LUIS HORACIO
LOSADA JOVEN, en su calidad de perjudicado directo, no solo está
perdiendo la suma reconocida en la sentencia penal proferida por el
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes, del
25 de septiembre del 2001, en la que se condenó a JOSÉ RAMIRO
OROZCO RINCÓN a pagar a VÍCTOR MANUEL MOLINA RUÍZ, lo
equivalente a QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.oo) como
perjuicios materiales y QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.oo)
como perjuicios morales más treinta (30) gramos oro, derechos estos
que fueron endosados y transferido (sic) al demandante LUIS
HORACIO LOSADA JOVEN, como consta en el proceso y en el auto
interlocutorio No. 046 de agosto 30 de 2007, razón por la cual se
encuentra legitimado para actuar en este proceso en calidad de
demandante, sumas que tendrán que actualizarse a la fecha en que
se ordene el pago.

De igual forma en el curso del proceso durante más de cinco años
que conllevó incluso a diligencia de remate, mi poderdante sufragó
unos gastos de más de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) los
cuales se justifican en gastos de transporte, alimentación, fotocopias,
gastos del proceso e incluso los gastos de la subasta pública del 16
de febrero de 2007. Sumas que tendrán que actualizarse a la fecha
en que se ordene el pago.

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES la suma de $4.900.000 pesos,
incluidos los 30 gramos oro conforme al avalúo del 9 de junio de
2005.

TERCERA: LA NACIÓN – NACIÓN RAMA JUDICIAL, por medio de
los funcionarios a quienes corresponda la ejecución si la hubiere y/o
la sentencia, dictarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la
comunicación, la resolución correspondiente en la cual se adoptarán
las medidas necesarias para su cumplimiento y pagarán intereses
moratorios a partir del momento en que quede debidamente
ejecutoriada la sentencia, (Artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.).”. (fls.
5 a 7 cdno. ppal – subrayado, mayúsculas sostenidas y negrillas del
texto original).

1.2 Hechos

De conformidad con lo manifestado por la parte actora, el fundamento fáctico,
en síntesis, es el siguiente:

1) El 25 de septiembre de 2001, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de
Belén de los Andaquíes (Caquetá) dictó sentencia en el proceso penal
tramitado con radicación no. 2022-00017 promovido por Víctor Manuel Molina
Ruíz contra José Ramiro Orozco Rincón, en la que se condenó a éste al pago

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Expediente 18001-23-31-000-2010-00349-01 (69.790)
Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

de quinientos mil pesos ($500.000) por concepto de perjuicios materiales y de
treinta (30) gramos de oro o su equivalente en moneda nacional por perjuicios
morales.

2) El 12 de julio de 2002, “en su condición de empírico en derecho procesal” (fl.
2), el demandante presentó demanda ejecutiva de mínima cuantía ante el
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Curillo (Caquetá) con base en la
referida sentencia penal y como endosatario de los derechos transferidos por
Víctor Manuel Molina Ruíz con fundamento en un documento de endoso de
derechos civiles y económicos reconocidos en la sentencia (fl. 85)2. Este
proceso ejecutivo de única instancia se tramitó con la radicación número 2002-
00017-00.

3) El 15 de julio de 2002, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Curillo
profirió mandamiento de pago en contra de José Ramiro Orozco Rincón y en
favor del demandante por la suma de quinientos mil pesos ($500.000) por
concepto de capital, la suma equivalente a treinta (30) gramos oro, y por los
intereses legales correspondientes.

4) Durante el trámite del proceso ejecutivo se ordenó el embargo y secuestro
de una mejora consistente en una casa construida en el municipio de Morelia
(Caquetá) identificada con el número de matrícula inmobiliaria 420-32980 de la
cual el señor José Ramiro Orozco Rincón, ejecutado, figuraba como propietario.

5) El 6 de mayo de 2004, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Curillo
profirió auto mediante el cual ordenó seguir adelante la ejecución.

6) El 9 de junio de 2005, el señor Losada Joven solicitó a la sucursal Florencia
del Banco de la República una certificación sobre el precio actual del gramo
oro, y mediante escrito SF-G-147 el banco respondió que el precio del gramo
oro ascendía a la suma de treinta y un mil novecientos setenta y un pesos con
cuarenta y cinco centavos ($31.971,45).

2 Archivo denominado “02CPruebasPteDemandada.pdf”, que reposa en el OneDrive remitido

por el tribunal.

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Expediente 18001-23-31-000-2010-00349-01 (69.790)
Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

7) El 16 de febrero de 2007, el Juez Promiscuo Municipal de Morelia (Caquetá)
llevó a cabo la diligencia de subasta pública y en dicha actuación el
demandante Losada Joven ofertó cinco millones doscientos catorce mil pesos
($5.214.000) por cuenta de su crédito, pero, la subasta se declaró desierta
porque el ejecutante no consignó la diferencia entre la liquidación del crédito y
el veinte por ciento (20%) del avalúo del inmueble, como lo exigía el artículo 26
del Código de Procedimiento Civil.

8) Mediante Resolución no. 17 de 22 de junio de 2007, la registradora principal
de instrumentos públicos de Florencia (Caquetá) unificó los folios de matrícula
inmobiliaria 420-32980 correspondiente a la casa embargada y secuestrada y
la número 420-81241 perteneciente al inmueble en el cual se construyó dicha
casa, y dejó vigente únicamente este último quedando como propietario el
señor Reinel Londoño Osorio.

9) Luego de lo anterior, el 3 de agosto de 2007, el demandante solicitó al
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Curillo (Caquetá) la aprobación del
remate.

10) A través de auto interlocutorio no. 046 proferido el 30 de agosto de 2007,
con base en el deber de dirección previsto en el numeral 1 del artículo 7 del
Código de Procedimiento Civil, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de
Curillo declaró la ineficacia de todo lo actuado en el proceso a partir del auto
mandamiento de pago de 15 de julio de 2002, ordenó la terminación del proceso
por inexistencia de título ejecutivo que cumpliera los requisitos legales, ordenó
el levantamiento de las medidas cautelares, y se abstuvo de aprobar el remate
por “no poderse garantizar la entrega y legal transferencia del bien cuyo remate
se solicita aprobar” y porque “dicha diligencia de remate fue declarada desierta”
(fl. 15); en esta providencia se indicó que en su contra procedían los recursos
de reposición y de apelación.

11) Posteriormente, el 4 de septiembre de 2007, el ahora demandante interpuso
recurso de apelación contra la anterior providencia en el que argumentó que i)
presentó su demanda en el año 2002 y no fue rechazada, ii) durante el trámite
del proceso se ordenó el remate del bien embargado y secuestrado, y iii) este

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Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

bien data de 1987 mientras que la escritura de venta del terreno en la que figura
como comprador el señor Reinel Londoño Osorio fue otorgada en el año 2003.

12) Por auto proferido el 10 de septiembre de 2007, el Juzgado Único
Promiscuo Municipal de Curillo concedió el recurso de apelación en el efecto
devolutivo.

13) A través de auto proferido el 27 de noviembre de 2007, el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Belén de los Andaquíes se abstuvo de tramitar el
recurso de apelación por improcedente, por tratarse de un proceso ejecutivo de
mínima cuantía y, en consecuencia, de única instancia.

14) El demandante planteó como imputación un error judicial cometido por el
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Curillo durante el trámite del proceso
ejecutivo consistente en haber librado el mandamiento de pago. Adujo que en
el proceso se decretó una medida cautelar de embargo y secuestro sobre una
casa, se ordenó su remate y cinco (5) años después se declaró la ineficacia de
todo lo actuado por la inexistencia del título ejecutivo; afirmó que el error judicial
lo afectó gravemente porque le impidió tramitar un nuevo proceso ejecutivo “por
caducidad de la acción” (fl. 8).

2. Contestación de la demanda

2.1 Nación – Rama Judicial

1) Presentó respuesta a la demanda (fls. 91 a 102 cdno. ppal.) y se opuso a
todas las pretensiones porque, a su juicio, en el caso concreto no se configuró
un error judicial ni tampoco un defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia; como argumentos de defensa señaló que hubo culpa exclusiva de
la víctima porque el ahora demandante incumplió con su obligación de precaver
vicios que provocaran una decisión inhibitoria por no aportar el título ejecutivo
conforme a lo exigido por el Código de Procedimiento Civil; sostuvo que se
embargaron unas mejoras y no el dominio pleno del predio; y afirmó que los
perjuicios reclamados no estaban claramente demostrados, porque, i) en
relación con el daño emergente, es necesario determinar si el endoso de los
derechos de crédito reclamados en el proceso ejecutivo cumplió con los

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Demandante: Luis Horacio Losada Joven
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requisitos exigidos en la ley y si, en consecuencia, tenía legitimación en la
causa para actuar en el proceso, y ii) respecto del daño moral, indicó que esta
tipología de daño no puede derivarse del trámite de un proceso ejecutivo
porque se trata de una aflicción que lleva a la persona a un sufrimiento que
puede repercutir en su vida normal y que es consecuencia del hecho generador.

2) La entidad demandada llamó en garantía a Luis Alfredo Castro Muñoz, titular
del despacho acusado de cometer el error judicial, puesto que fue quien tuvo
bajo su responsabilidad el trámite del proceso ejecutivo en el que, según el
demandante, ocurrió el error judicial por haberse librado el mandamiento de
pago sin que el título ejecutivo reuniera los requisitos legales para el efecto.

2.2 Luis Alfredo Castro Muñoz

1) En un único escrito, el señor Luis Alfredo Castro Muñoz (fls. 113 a 118, cdno.
ppal.) contestó la demanda principal y el llamamiento en garantía; solicitó negar
las pretensiones porque la decisión de declarar la ineficacia de todo lo actuado
fue ajustada a derecho, toda vez que, la sentencia aportada como título
ejecutivo no tenía la constancia secretarial de ser la primera copia que prestaba
mérito ejecutivo conforme a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 115
del Código de Procedimiento Civil.

2) Propuso la excepción de mérito denominada “inexistencia de daño
antijurídico”, porque i) él no era titular del despacho cuando se libró el
mandamiento de pago, ii) el demandante no agotó todos los mecanismos que
tenía a su alcance para hacer efectivo el derecho reclamado porque contaba
con la “actio in rem verso” para lograr el pago de la obligación, iii) fue el mismo
demandante quien indujo en error a la administración de justicia por presentar
la demanda sin los requisitos de ley, y iv) no era posible mantener la medida
cautelar de embargo y secuestro con ocasión de la unificación de la matrícula
inmobiliaria del bien embargado porque la persona que quedó registrada como
propietaria era diferente al ejecutado (fls. 116 y 117 cdno. ppal.).

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3. Sentencia apelada

En sentencia del 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Casanare (fls. 1 a 35)3 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y absolvió al llamado en garantía, por las siguientes razones:

1) En el proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Curillo (Caquetá) hubo “una falla en el servicio”, se declaró la
ineficacia de todo lo actuado y se ordenó la terminación del proceso porque el
título ejecutivo no había sido aportado conforme a la ley, a pesar de que
anteriormente el juzgado había librado mandamiento de pago, practicado
medidas cautelares, ordenó seguir la ejecución y ordenó el remate de un bien;
en ese sentido, desde el 2002 se profirió una decisión errónea consistente en
librar el mandamiento de pago que indujo y mantuvo en error al ejecutante
durante cinco (5) años, y el daño se encuentra probado porque “en los términos
del artículo 2536 del Código Civil, la acción ejecutiva se encuentra fuera del
tiempo de los 5 años en que opera el fenómeno jurídico de la prescripción, por
lo que ha perdido la oportunidad de cobrar los derechos ejecutivamente,
situación que evidencia el daño al interés protegido por la ley de acceder a la
administración de justicia para gestionar el pago de los rubros pedidos en el
proceso (…) promovido contra José Ramiro Orozco Rincón, contenidos en
sentencia judicial” (fls. 25 y 26).

2) El demandante ejerció los recursos de ley contra la providencia contentiva
del error judicial, frente a la cual interpuso recurso de apelación, por cuanto, “en
dicha decisión se indicó de forma expresa que dicho medio de impugnación
junto al de reposición procedían, el cual fue concedido ante el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Belén de Andaquíes, despacho que no lo tramitó por
considerarlo improcedente por tratarse de un proceso de única instancia,
dejando sin posibilidades al señor Luis Horacio ante una terminación del
proceso ejecutivo después de 5 años de haber sido admitido y tramitado” (fl.
26).

3 Índice 2 SAMAI, archivo ED_11SENTENCIA(.pdf) NroActua 2.

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Demandante: Luis Horacio Losada Joven
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3) El demandante no debe soportar las consecuencias de la prescripción de su
obligación porque, a pesar de que como ejecutante tenía la carga de acreditar
el cumplimiento de los requisitos legales del título ejecutivo que pretendió
reclamar, debe considerarse que intervino directamente sin abogado por ser un
proceso de única instancia y que el juez únicamente debe librar el mandamiento
de pago cuando los documentos aportados prestan mérito ejecutivo, frente a lo
cual debe concluirse lo siguiente:

“Por ello, el daño se genera justamente en que por error judicial se libró
mandamiento de pago y el trámite del proceso ejecutivo duró un lapso
superior al término prescriptivo de dicha acción, para luego verificar que
se había cometido un error al calificar el título ejecutivo, declarando
ineficaz todo lo actuado a partir del auto de mandamiento del 15 de julio
de 2002, ordenando la terminación del proceso. De tal manera que si la
falencia del título se hubiese advertido por el Juzgado en el momento
de estudiar si procedía o no librar mandamiento de pago o aún antes de
que operara la prescripción de la acción ejecutiva, se le abría (sic)
garantizado al demandante el acceso a la administración de justicia,
configurándose así el tercer elemento de la responsabilidad” (fl. 28).

4) Por lo anterior, condenó a la Rama Judicial a indemnizar al demandante los
rubros reclamados en la demanda ejecutiva debidamente actualizados, y negó
la reparación de los perjuicios morales porque no se acreditó el sufrimiento,
afectación o aflicción del demandante por la situación ocurrida en el referido
proceso ejecutivo.

5) Respecto del llamamiento en garantía, determinó que no se demostró el dolo
o la culpa grave del señor Luis Alfredo Castro Muñoz, pues, cuando se libró el
mandamiento de pago el juez único promiscuo municipal de Curillo era el señor
Álvaro Enrique Vásquez Gallo.

4. Recursos de apelación

4.1 Parte demandante

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación4 en
el que solicitó que i) se ordene el pago de quinientos mil pesos ($500.000)
reconocidos como perjuicios morales en el proceso penal por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes en el fallo proferido el 25 de
septiembre de 2001, y ii) se reconozcan los perjuicios morales, porque el

4 Índice 2 SAMAI – archivo ED_15DTEINTERPONERECURS(.pdf).

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Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

demandante “tuvo que padecer la impotencia, la angustia, el estrés y la
depresión de ver como por una falla judicial, luego de un desgaste en el
proceso, sus derechos y pretensiones eran desconocidos por la falla en el
servicio de justicia”5.

4.2 Rama Judicial

Por su parte, la entidad demandada interpuso recurso de apelación adhesiva6,
en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por los
siguientes motivos:

1) El demandante carece de legitimación en la causa por activa porque no
acreditó que la copia aportada de la sentencia de 25 de septiembre de 2001
proferida por el Juzgado Único Promiscuo de Belén de los Andaquíes cumplía
con los requisitos establecidos en el inciso segundo del numeral 2 del artículo
115 del Código de Procedimiento Civil y que prestaba mérito ejecutivo.

2) El daño no está acreditado, por cuanto, lo pretendido por el demandante se
deriva del endoso de la sentencia de 25 de septiembre de 2001 proferida por el
Juzgado Único Promiscuo de Belén de los Andaquíes que, al parecer, le hizo
el señor Víctor Manuel Molina Ruiz, lo cual configura “la falta de legitimación
por activa y no acreditación del daño, al evidenciarse que el documento
aportado no cumple los requisitos de un título ejecutivo, por consiguiente el
documento del endoso, es accesorio de la sentencia, en consecuencia corre la
misma suerte, debido a que el primero no cumple con los requisitos de título
ejecutivo” (fl. 6).

3) No se acreditaron los perjuicios pedidos debido a que la sentencia penal
reclamada por la vía ejecutiva se profirió en contra del señor José Ramiro
Orozco Rincón y en favor de Víctor Manuel Molina Ruiz.

4) El tribunal parte de una premisa fáctica falsa cuando afirma que mediante
escrito de 11 de abril de 2002 el señor Víctor Manuel Molina Ruiz endosó al
demandante todos los valores nominales y derechos contenidos en el ordinal

5 Índice 0002 Samai, pág. 2 del recurso.
6 Índice 2 SAMAI – archivo ED_30RAMAAPELACIONADHES(.pdf).

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tercero de la sentencia de 25 de septiembre de 2001 del Juzgado Único
Promiscuo de Belén de los Andaquíes.

5) El actor no acreditó “la existencia y ejecutividad de la sentencia de 25 de
septiembre de 2001 proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de
Belén de los Andaquíes (…) y por consiguiente el escrito de 11 de abril de 2002,
donde el señor Víctor Manuel Molina Ruiz endosa todos los valores nominales
y derechos contenidos en el numeral tercero de la sentencia de 25 de
septiembre de 2001, corre la misma suerte del principal, y es por ello que el
actor no acreditó el presunto daño que sufrió, pues al no acreditar la titularidad
del documento contentivo de los derechos crediticios, ningún derecho a su favor
puede entrar a ser reconocido a su favor por un endoso o cesión de derechos
litigiosos que no cumple con los requisitos de ley” (fls. 7 y 8).

6) Es necesario determinar si con el endoso se pueden transferir los derechos
litigiosos de una sentencia penal y si este documento puede valer por sí mismo
para acreditar la legitimación por activa y la causación del daño.

7) Si bien existe un escrito sobre la manifestación de endosar por parte del
señor Víctor Manuel Molina Ruiz, dicho documento no es válido porque: i) no
consta en el dorso o respaldo del documento crediticio, ii) no fue otorgado con
las formalidades previstas en el Código Civil para la cesión de derechos
litigiosos, iii) se señala que se endosa el ordinal tercero de la sentencia del 25
de septiembre de 2001 del cual no se desprende una obligación clara, expresa
y actualmente exigible porque no se señala al beneficiario, y iv) “no existe
jurídicamente el endoso de sentencias penales” (fl. 13).

5. Actuación surtida en segunda instancia

El 16 de junio de 2023 (índice 6 SAMAI) se admitieron los recursos de apelación
y, mediante auto proferido el 14 de agosto de 2023 (índice 16 SAMAI), se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del CCA
pero, tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio y, el 3 de
octubre de 2023 (índice 21 SAMAI) el expediente ingresó al despacho para
dictar sentencia.

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Expediente 18001-23-31-000-2010-00349-01 (69.790)
Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver de fondo el asunto,
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión,
2) caducidad en relación con el error judicial alegado, 3) análisis de la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 4) conclusión y 5)
condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) Corresponde a la Sala determinar si se acreditaron los elementos de la
responsabilidad patrimonial extracontractual que se le atribuye a la Rama
Judicial por el error judicial cometido por el Juzgado Único Promiscuo Municipal
de Curillo durante el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía tramitado
con la radicación no. 2002-00017 en el cual se libró mandamiento de pago, se
decretó una medida cautelar de embargo y secuestro sobre una casa, se
ordenó su remate y, cinco años después, cuando ya había operado la
prescripción, se declaró la ineficacia de todo lo actuado por inexistencia del
título ejecutivo.

2) La Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, negará las
pretensiones de la demanda porque la providencia acusada por el demandante
de contener el error judicial no es la fuente del daño cuya indemnización solicita.

2. Caducidad en relación con el error judicial imputado

1) El demandante planteó como título de imputación un error judicial cometido
por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Curillo durante el trámite del
proceso ejecutivo de mínima cuantía tramitado con la radicación no. 2002-
00017 que terminó mediante el auto interlocutorio no. 046 del 30 de agosto de
2007 en el que se declaró la ineficacia de todo lo actuado porque la sentencia
que constituía el título ejecutivo carecía de la constancia secretarial de ser la
primera copia que prestaba mérito ejecutivo; afirmó que el error judicial
consistió en librar el mandamiento de pago, tramitar el proceso ejecutivo y cinco

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Expediente 18001-23-31-000-2010-00349-01 (69.790)
Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

años después declarar la ineficacia de todo lo actuado por la inexistencia del
título ejecutivo.

2) Así las cosas, de acuerdo con el demandante el error judicial se encuentra
contenido en el auto proferido el 15 de julio de 2002 mediante el cual se libró
mandamiento de pago; sin embargo, el mencionado error solo se evidenció
hasta el 30 de agosto de 2007 cuando se profirió el auto mediante el cual se
declaró la ineficacia de todo lo actuado.

3) Por lo anterior es claro que el término de caducidad debe computarse a partir
del día siguiente a aquél en que el auto proferido el 30 de agosto de 2007 quedó
en firme, es decir, a partir del 7 de septiembre de 20077, y como la demanda
fue radicada el 23 de abril de 2008 es claro que se presentó dentro de los dos
años establecidos en el numeral octavo del artículo 136 del CCA.

3. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

1) En la demanda, la parte actora atribuye responsabilidad patrimonial
extracontractual a la Rama Judicial por el hecho de que en el trámite del
proceso ejecutivo de única instancia con radicación número 2002-00017-00, el
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Curillo (Caquetá) inicialmente libró
mandamiento de pago en su favor, ordenó continuar la ejecución y dispuso el
remate de un bien; sin embargo, mediante providencia del 30 de agosto de
2007, dicha autoridad jurisdiccional declaró la “ineficacia” de todo lo actuado
debido a que el ejecutante no había aportado la primera copia de la sentencia
objeto de cobro, incumpliendo los requisitos de validez del título ejecutivo, lo
cual, a juicio del ahora demandante, le impidió volver a presentar la demanda
ejecutiva por ocurrencia del fenómeno de la “caducidad”.

2) A juicio de la Sala, contrariamente a lo esgrimido por la parte actora, el daño
reclamado no fue ocasionado por la providencia que ordenó librar el
mandamiento ejecutivo, sino por el auto del 30 de agosto de 2007 que declaró

7 Como se precisa en la constancia expedida el 7 de septiembre de 2007 por el secretario del

Juzgado Único Promiscuo Municipal de Curillo Caquetá que obra en el folio 345 del archivo
denominado “02CPruebasPteDemandada.pdf” del OneDrive remitido por el tribunal, dicha
providencia quedó en firme el 6 de septiembre de 2007.

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Expediente 18001-23-31-000-2010-00349-01 (69.790)
Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo, por las siguientes
razones:

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del CPC8, la presentación
de la demanda ejecutiva interrumpió el término de prescripción para el ejercicio
de la acción ejecutiva para el cobro del título ejecutivo contenido en la sentencia
penal del 25 de septiembre de 2001.

b) Según lo preceptuado en el artículo 91 de esa misma codificación, la
interrupción de la prescripción se tornó ineficaz a partir del momento en el que
el juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado, incluido el mandamiento de
pago.

c) La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,
en vigencia del Código de Procedimiento Civil, la potestad-deber de revisar de
oficio los requisitos formales de los títulos ejecutivos solo puede ejercerse hasta
el momento de dictar la sentencia que resuelve las excepciones de mérito o el
auto que ordena seguir adelante la ejecución9.

d) En consecuencia, el daño reclamado por el demandante consistente en la
imposibilidad de volver a presentar la demanda ejecutiva por la ocurrencia de
la prescripción no fue ocasionado por el auto que ordenó librar el mandamiento
de pago, sino, por aquel otro que lo dejó sin efectos debido a que fue por esta
última providencia que se tornó ineficaz la interrupción de la prescripción.

3) Con base en la anterior precisión sobre la fuente del daño reclamado, la Sala
considera que se deben negar las pretensiones de la demanda porque la parte
actora no formuló ninguna imputación contra el auto proferido el 30 de agosto
de 2007 que, como se vio, fue la verdadera fuente del daño cuya indemnización
se pretende.

8 Estatuto procesal civil vigente y aplicable al asunto para la fecha en que se promovió la

demanda ejecutiva (12 de julio de 2002).
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 28 de mayo de 2020,

expediente 11001-02-03-000-2020-01072-00, MP Octavio Augusto Tejeiro Duque.

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Demandante: Luis Horacio Losada Joven
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4. Conclusión

De acuerdo con el análisis efectuado, la Sala revoca la decisión de primera
instancia y, en su lugar, niega las pretensiones de la demanda porque, a pesar
de que el actor aduce que la providencia contentiva del error judicial es el auto
proferido el 15 de julio de 2002 mediante el cual el Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Curillo (Caquetá) libró mandamiento de pago en su favor, pese a
que la sentencia objeto de ejecución no reunía los requisitos legales para ser
considerada título ejecutivo, lo cierto es que, la verdadera fuente del daño es el
auto proferido el 30 de agosto de 2007 mediante el cual dicho juzgado declaró
la ineficacia de todo lo actuado, porque, para ese momento, ya estaba en firme
el auto que había ordenado seguir adelante la ejecución, pero, en la demanda
no se hizo ninguna imputación contra esta providencia.

5. Condena en costas

La Sala no impondrá condena en costas porque no se observa que la parte
demandante haya actuado con temeridad o mala fe tal y como lo establece el
artículo 171 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Casanare y, en su lugar, niéganse las pretensiones de la
demanda.

2°) Abstiénese de condenar en costas de segunda instancia.

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Demandante: Luis Horacio Losada Joven
Reparación directa - apelación de sentencia

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala Magistrado (E)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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