Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2013-00159-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2013-00159-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2013-00159-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de octubre de 2023
Radicación: 18001-23-33-000-2013-00159-02 (2169-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 18001-23-33-000-2013-00159-02 (2169-2020)
Demandante: Adrián Fidel Castro Perdomo
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios-Instructor. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el trece (13) de marzo de dos mil veinte (2.020) por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Adrián Fidel Castro Perdomo, instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en
contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el fin de que se acceda a
las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio 2.2012-001257 del 22 de junio de 2012, por
medio de la cual el SENA negó la petición encaminada a que se declarara la
existencia de la relación laboral y a obtener el pago de las prestaciones sociales.
A título de restablecimiento del derecho solicitó se condene a la entidad demandada
a pagarle todos los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación del
vínculo laboral y hasta que se efectúe el pago, las prestaciones sociales, la
seguridad social y la indemnización por el pago inoportuno de los emolumentos a
los que tenía derecho.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Adrián Fidel Castro Perdomo y el SENA suscribieron órdenes de
trabajo y contratos de prestación de servicios desde el 6 de febrero de 2008 hasta
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el 30 de junio de 2010, con el propósito de que el primero de ellos prestara sus
servicios como instructor e impartiera formación profesional apoyada en ambientes
virtuales de aprendizaje, en el área de comercio electrónico.
Que las labores que cumplió eran las propias de un empleado de planta, prestó sus
servicios de manera personal y bajo la subordinación de la entidad, de quien recibió
órdenes y una contraprestación mensual. Que estuvo bajo el mando de un jefe
inmediato, atendió un horario y cumplió funciones como instructor, las cuales se
asemejan a las de un docente.
Que, a pesar de lo anterior, no le fueron pagados los emolumentos prestacionales
que correspondían por la actividad realizada ni reconocidos los derechos como
empleado público.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del veintiuno (21) de agosto de dos mil
trece (2.013) y notificada a la entidad demandada, quien contestó manifestando que
suscribió con el demandante contratos con diferentes objetos y no, únicamente, el
de instructor en ambientes virtuales de aprendizaje.
Que los contratos de prestación de servicios suscritos con el señor Castro Perdomo
se ajustaron a las reglas del ordinal tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en
tanto, se acordó la prestación de servicios relacionadas con la administración y
funcionamiento de la entidad, pero no existió subordinación. Que el contratista era
autónomo en el desarrollo de la labor contratada y su vinculación estuvo justificada
con el requerimiento de conocimientos especializados, como los que poseía el
demandante, en las áreas de contabilidad, finanzas y empresarismo y, la
insuficiencia del personal de planta en el Centro Tecnológico de la Amazonía, para
cumplir con los objetivos asignados entre el 2008 y el 2010.
Que, no existió continuidad en la ejecución de los contratos, que fueron temporales
y por un tiempo previamente establecido e indispensable para cumplir con el objeto
y, en la mayoría de los casos, la prestación del servicio versó sobre obligaciones de
hacer relativas a la ejecución de labores de formación y atención a la población
desplazada en temas relacionados con la ruta de atención.
Que tampoco se configuró una relación laboral, por cuanto no están demostrados
los tres elementos necesarios para que se dé la misma, pues entre las partes
contrajeron obligaciones contractuales por las que se cancelaron de manera puntual
y proporcional los honorarios acordados, sin existir un vínculo legal. La entidad,
únicamente, suministró las herramientas pedagógicas básicas para desarrollar los
cursos de formación y, como es propio en los acuerdos negociales, supervisó el
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, a través de los
mecanismos autorizados.
Propuso como excepciones, la inexistencia del vínculo laboral, cobro de lo no
debido, prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe
y genérica o innominada.
Se celebró audiencia inicial el veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2.014) se
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fijó el litigio, se surtió la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la
audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue
apelada dentro del término oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia del trece (13) de marzo de dos mil veinte (2.020), negó las pretensiones
de la demanda, expresando que se encontraba demostrada la prestación personal
del servicio y la remuneración o contraprestación económica, no así el elemento de
subordinación, pues no existió una relación continua e ininterrumpida que
demostrara la permanencia en el servicio, menos aun cuando la forma de
contratación fue por un número determinado de horas de formación o instrucción.
Que, si bien de la lectura del Manual de Funciones de la entidad y de los contratos
de prestación de servicios podía inferirse que desarrolló labores correspondientes
a un instructor del SENA, tal situación no desvirtuaba la facultad de la entidad de
acudir a esa figura, en tanto que la vinculación estaba justificada, de un lado, por la
insuficiencia de la planta de personal y, por otro, por los conocimientos
especializados que poseía el contratista, como se indicó en las cláusulas
negociales.
Que la parte demandante no probó que cumplía con un horario, que recibió llamados
de atención o, que le exigían pedir permiso para ausentarse de sus labores;
tampoco que la entidad hubiese evaluado su desempeño o intervenido en la
formación profesional que impartió y, por el contrario, las pruebas documentales y
las declaraciones de los testigos daban cuenta de que el horario, el lugar y el
desarrollo de las clases era concertado entre el contratista y los estudiantes y, que
el SENA no tenía un grado de injerencia en el asunto.
Que suscribió los contratos 55 y 172 de 2009 de manera simultánea, situación que
desvirtuaba el elemento de la subordinación, puesto que, de ser de esa manera, la
entidad no hubiera tenido la necesidad de suscribir otro contrato de prestación de
servicios, sino que simplemente asignaría una carga-horario, por la misma
remuneración.
Que la rendición de informes mensuales de ejecución, la formalización de planillas
de control de clases y la planeación académica del mes no podían considerarse,
por sí mismas, como elementos de la subordinación laboral, al ser parte de la
ejecución y las relaciones de coordinación propias de la relación contractual del
demandante con el SENA.
Por lo anterior, negó las pretensiones invocadas y condenó en costas al
demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que expresó que está
acreditada la relación laboral, porque, en los términos definidos en la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, existió una continua prestación de servicios
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personales remunerados propios de la actividad misional de la entidad contratante;
que ejecutó las funciones en las instalaciones del SENA y con sus elementos de
trabajo y, estuvo sujeto a órdenes y condiciones de desempeño que desbordaban
la coordinación.
Que, las pruebas allegadas demuestran que atendió funciones misionales del SENA
de manera continua, estuvo obligado a presentar informes de ejecución y a cumplir
órdenes y un horario de trabajo. Además, las actividades de instructor se asimilan
a las de los docentes, por lo que se presume la existencia de la relación laboral.
Que los testimonios y los documentos permitían advertir que la demandada
ordenaba a los instructores concertar con los beneficiarios las horas de la formación
y avalaba las horas y los lugares en donde se desarrollaban las clases, como consta
en los contratos y en los soportes de ejecución.
Que tenía asignado un escritorio, una silla y un computador en las instalaciones del
SENA, total acceso a las instalaciones y bienes de la entidad e incluso llave de la
oficina. Que, la declaración de la señora Giovanna García corroboraba esa situación
y, también, que cumplía con un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a
6:00 p.m., que estaba sometido a directrices propias de un contrato de trabajo,
recibía formaciones y talleres como los empleados de planta, que el trato era similar
a los funcionarios de la entidad y que su labor era de formador orientador.
Que, además, acreditó que durante 2008 y 2009 desarrolló funciones de
coordinación, al desarrollar y supervisar el programa Jóvenes en Acción, labor para
la que no fue contratado, que cumplió por orden de la entidad. Adicionalmente,
colaboró en la liquidación de contratos de los instructores del programa citado,
ejecutó la primera feria y la culminación y graduación de los aprendices, como
consta en la planilla visible en el folio 70 del expediente.
Que cumplió con las directrices de sus superiores jerárquicos en las instalaciones
de la demandada y que, como prueba de ello, obran en el proceso las planillas de
ejecución de actividades, según las cuales llevo a cabo más de 685 actividades en
la oficina del Servicio Público de Empleo, asistió a reuniones como representante
del SENA, participó en los planes de prevención como funcionario de la entidad y,
asumió funciones más allá de las programadas en el contrato, tales como, formación
en el Batallón La Larandia, para soldados próximos a culminar el servicio militar y
capacitación en la diócesis de Florencia, por instrucciones de la coordinadora
académica del SENA.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2.020) se admitió el
recurso de apelación interpuesto, luego, se ordenó la presentación de los alegatos
por escrito en el término de 10 días y, vencido este término se fijaron 10 días para
el agente del Ministerio Público.
Alegatos de conclusión.
La parte demandante insiste en que existió una relación laboral, pues considera
que la labor contratada era propia de actividad misional de la entidad, fue ejecutada
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en su dependencia, con elementos de trabajo y bajo sujeción de órdenes.
Que prestó de manera personal el servicio en las instalaciones del SENA y en otras
locaciones, como, por ejemplo, la UAO, colegios, casetas comunales o barrios, por
instrucciones de la demandada. Que tenía un horario, recibía formaciones y talleres
en los mismos términos que los empleados de planta y su labor principal fue de
formador y orientador.
La parte demandada reitera lo manifestado en la contestación de la demanda, en
el sentido de afirmar que no se encuentran probados los elementos para declarar
una relación laboral encubierta, pues los contratos de prestación de servicios
suscritos fueron temporales, por las necesidades de la entidad y, en su ejecución,
contó con total autonomía e independencia.
Que el demandante concertó con la comunidad beneficiaria de la formación el lugar,
la hora y el tiempo para impartirla, como consta en las actas de concertación; que,
en el contrato cuyo objeto fue la formación profesional apoyada en ambientes
virtuales, aquel también fijaba su horario y los días de encuentro virtual. En ese
sentido, el contratista no recibió órdenes, simplemente se supervisó y controló el
resultado, aspectos propios del acuerdo negocial.
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar si bajo la apariencia de contratos de prestación de
servicios existió un vínculo laboral entre las partes y como consecuencia de ello, si
la parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la relación
contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad si entre el
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actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de prestación de
servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la que procede a
analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o
subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el elemento
de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación laboral
ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la sentencia
C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa claramente
las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, dice al
respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure
se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente
desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el
elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son
bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias
y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como
por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en
el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada,
así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del
contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas para
resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
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trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al
pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de
trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por
lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en
el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia
de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,3 la
dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
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manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así,
cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje
de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio
personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización
de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los
elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona
que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada
se enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de actividades
o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de
abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la
práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el
objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación
de servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas con
un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con
la entidad contratante que, en ningún caso, puede servir de justificación para
ejercer comportamientos propios de la subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, es
esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo
necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto
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al principio de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues
es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que
justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de
los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que
exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio,
como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En
cualquier caso, las mismas razones que en su momento justificaron la
planeación del contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios
del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados estudios
previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan,
sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral como son: una actividad personal, un salario y la subordinación. Así lo
ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir
esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un
contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto
administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se
prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal
del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii)
remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda
configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación por
parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su calidad, tales
como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
1 Sentencia del 28 de octubre 2021.Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
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prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer:
Que el demandante prestó sus servicios al SENA entre el 4 de noviembre de 2003
y el 30 de noviembre de 2013, mediante diferentes contratos, los cuales para mayor
claridad se relacionan en el siguiente cuadro:
Contrato Duración2 Objeto Valor
u orden
de
servicio
007 del 320 horas Impartir formación profesional integral orientando 230 $ 4.133.100
6 de 8 de febrero horas de formación titulada en la Unidad Transmisión de
febrero al 15 de la Información en el aprendizaje técnico asistencia en la
de 2008 marzo administración de recursos físicos desarrollados en los
diferentes municipios del departamento del Caquetá.
71 de3 9 meses y 6 Prestación de servicios profesionales para apoyar la $ 16.494.024
23 de días formación, asesorar, acompañar y formular planes de
marzo 25 de marzo negocios con la población en situación de desplazamiento
de 2008 al 30 de del Centro Tecnológico de la Amazonía.
diciembre de
2008
55 del Prestación de servicios profesionales para apoyar la $ 13.922.190
20 de 6 meses formación, asesorar, acompañar y formular planes de
febrero negocios con la población en situación de desplazamiento
de 2009 23 de febrero y apoyo a la gestión operativa del Servicio Público de
al 14 de abril Empleo del Centro Tecnológico de la Amazonía.
de 20093
172 del Prestación de servicios profesionales para apoyar la $ 19.181.684
14 de 8 meses y 6 formación, asesorar, acompañar y formular planes de
abril de días negocios con la población en situación de desplazamiento
2009 y apoyo a la gestión operativa del Servicio Público de
15 de abril al Empleo del Centro Tecnológico de la Amazonía.
22 de
diciembre de
2009
050 del 5 meses Prestación de servicios profesionales, como instructor $ 12.500.000
26 de 1 de febrero contratista, impartiendo formación profesional apoyada
enero de al 30 de junio en ambientes virtuales de aprendizaje, en el área de
2010 de 2010 comercio electrónico
De dichos contratos se puede evidenciar el acuerdo de voluntades tendiente a
obtener la prestación de un servicio personal a cambio de una remuneración.
Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, se procederá a examinar la
subordinación.
Para tales efectos, se cuenta con las planillas denominadas «Diagrama de Gantt»
correspondientes a junio de 2008; febrero, marzo, abril de 2009 y febrero de 2010,
en los que se incluyen los ítems de horario, temas, actividades, número de horas
dedicadas a cada actividad y el día de la semana en que se ejecutaron.
2 Es de anotar que las fechas aquí relacionadas fueron extraídas de las actas de inicio, de liquidación, y de
certificaciones aportadas al proceso.
3 Según Acta de Liquidación Anticipada, que obra en el folio 33 del expediente.
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Adicionalmente, obran los informes de labores de algunos periodos de 2008 y
20094, en los que se enlistan las acciones realizadas en esos tiempos, de acuerdo
con el objeto contractual.
Se observan las Actas de Caracterización de los cursos «Mentalidad
emprendedora», el cual el señor Adrián Fidel Castro Perdomo dictó, en las
siguientes fechas 5: (i) del 10 de junio al 8 de julio de 2008; (ii) del 9 de junio al 14 de
julio de 2008; (iii) del 11 de junio al 9 de julio de 2008, y, el de «planeación de la
estrategia de ventas a través del comercio electrónico», programado para del 1 de
febrero al 28 de marzo de 2010, de manera virtual.
Finalmente, se encuentran las Actas de Concertación 6, en las que el demandante
acordó con las comunidades a las que iban dirigidos los cursos presenciales
referenciados en el párrafo anterior el horario y el lugar donde serían dictados.
Además, la certificación de la Unidad de Atención y Orientación a la Población
Desplazada, en la que se indica que el señor Castro Perdomo hizo presencia en la
entidad, en representación del SENA, durante los meses de marzo, abril y mayo de
2009, los jueves en las horas de la mañana 7.
Para la Sala, contrario a lo afirmado por el recurrente, ninguna de las pruebas
documentales descritas, demuestran que tuviese que adecuarse de manera
irrestricta al horario que impartiera la entidad o que estuviera sometido a la dirección
y control en las labores a ejecutar. Ciertamente, las planillas y los informes allegados
solo dan cuenta de las actividades ejecutadas por el señor Adrián Fidel Castro
Perdomo en algunos períodos contractuales, pero no acreditan clara e inequívoca
que estuvo sometido a una imposición frente al tiempo, modo y lugar en que debía
desarrollar su labor o, que desarrolló una u otra acción, en razón a una orden o
directriz que le fuera impartida por la entidad, como lo afirma.
Así, los documentos relacionados con los cursos de formación a cargo del
demandante en los años 2008 y 2010, particularmente, las actas de caracterización
y de concertación de los cursos de mentalidad emprendedora y planeación de
estrategias de ventas, dejan ver que contaba con un alto grado de autonomía e
independencia en la ejecución de su actividad, a tal punto que tenía la posibilidad
de concertar los lugares, los días y el horario en el que impartía la formación con la
comunidad o grupo poblacional beneficiario.
Lo anterior, es un indicio claro de la falta de sujeción y de la liberalidad con la que
contó la parte demandante durante la prestación de los servicios profesionales al
SENA.
También se observa que la orientación a cargo del demandante en el 2009 en la
Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada no estuvo sujeta al
cumplimiento de un horario, pues, según se desprende de la certificación suscrita
4 Esto son: diciembre de 2008; 23 y 25 de febrero al 25 y 31 de marzo de 2009; 26 de marzo al 14 de abril de
2009; 15 al 30 de abril de 2009 y 1 al 30 de julio de 2009.
5 Páginas 32, 36 y 40 del archivo D180012333000201300159021EXPEDIENTEDIGITAL202093101846,
correspondiente al cuaderno principal 1 del expediente digitalizado.
6 Páginas 33, 37 y 41 del archivo D180012333000201300159021EXPEDIENTEDIGITAL202093101846,
correspondiente al cuaderno principal 1 del expediente digitalizado.
7 Pág. 26 del archivo del archivo D180012333000201300159021EXPEDIENTEDIGITAL202093101846,
correspondiente al cuaderno principal 1 del expediente digitalizado.
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por el señor Carlos Mauricio Cleves Lemus, en su condición de gerente, el
contratista asistió a la entidad los días jueves, en la jornada de la mañana, durante
los meses de marzo, abril y mayo de la anualidad citada, sin establecer una hora de
entrada o de salida determinada y, menos, si el SENA impuso una exigencia en ese
sentido.
Se destaca que el señor Carlos Mauricio Cleves Lemus, en la declaración que rindió
en el proceso, afirmó que el demandante atendió la asesoría y orientación a la
población desplazada en cuanto a la oferta institucional del SENA. Que, asistió a la
Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada, según recordaba, los
lunes, miércoles y viernes, pero no precisó si aquel cumplió con un horario
específico durante esa época y, menos, que ello correspondiera a una exigencia o
imposición de la entidad contratante.
Ahora bien, en cuanto a las actividades a cargo, la Subsección encuentra que
tampoco existe evidencia que demuestre que el SENA influyó de manera decisiva
en la ejecución de estas. En ese sentido, a partir de los documentos contractuales
allegados, se tiene que el demandante fue contratado por el SENA, en diferentes
años, con el fin de atender los siguientes objetos: (i) impartir instrucción en áreas
relacionadas con la administración de recursos físicos, en diferentes municipios del
Caquetá; (ii) apoyar la formación, asesorar, acompañar y formular planes de
negocios con la población en situación de desplazamiento y apoyo a la gestión
operativa del Servicio Público de Empleo del Centro Tecnológico de la Amazonía o
(iii) brindar formación profesional apoyada en ambientes virtuales de aprendizaje,
en el área de comercio electrónico.
Adicionalmente, la diferencia en los objetos contractuales antes descritos desdibuja
la permanencia en una sola actividad por parte del señor Adrián Fidel Castro
Perdomo y, de esta forma, uno de los indicios del encubrimiento de una relación
laboral.
La Subsección también observa que dentro de las obligaciones definidas en los
acuerdos bilaterales estaban comprendidas, la presentación de informes mensuales
y soportes de ejecución de actividades, el reporte y la utilización de aplicativos de
gestión del centro de formación o del Servicio Público del Empleo, entre otras, las
cuales estuvieron encaminadas a satisfacer la intencionalidad contractual entre las
partes, sin que se evidencien componentes adicionales o diferentes a los necesarios
para la ejecución efectiva de la labor. De esta manera, si bien en el proceso existen
soportes documentales relacionados con planillas de horas de formación y reportes
de actividades ejecutadas por parte del contratista, tales probanzas no conllevan a
un convencimiento sobre la configuración del elemento de subordinación.
Además, los informes de gestión allegados solo prueban, se repite, las labores
desarrolladas en algunos períodos contractuales (diciembre y junio de 2008,
febrero, marzo y abril de 2009 y febrero de 2010), sin que esos documentos
permitan verificar, de alguna forma, sí las actividades o el cronograma fue impuesto
por el SENA o, en general, cuáles directrices se impartieron, con el ánimo de ejercer
un poder subordinante.
La Subsección también resalta que, si bien en los informes de ejecución del año
2008, a los que alude el demandante en el recurso de apelación como prueba del
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ejercicio de labores subordinadas, se enlistan ciertas actividades relacionadas con
el programa de Jóvenes en Acción, lo cierto es que no existe ningún medio de
prueba que evidencie que estas funciones le fueron impuestas por la entidad
contratante o que su ejecución obedeció a una orden directa de un superior.
Además, tampoco puede entenderse que esos trabajos representaron una carga
adicional o externa al objeto contractual, porque en la anualidad referida prestó sus
servicios profesionales al SENA, con el propósito de ofrecer apoyo a la formación,
asesoría y acompañamiento a la población en situación de desplazamiento, grupo
poblacional del que pueden hacer parte los beneficiarios del programa estatal de
Jóvenes en Acción 8, teniendo en cuenta que este se dirige a jóvenes en condiciones
de vulnerabilidad. Inclusive, la labor en comento podría verse como una actividad
conexa al objeto contractual, por lo que no puede entenderse que existió una
extralimitación o sobrecarga de funciones.
De otra parte, una vez revisados los testimonios rendidos por los señores Giovanna
García Trilleras, Wilmabeth Peña Méndez, Obdilia Fernanda Bonilla Marquínez y
Ana Cecilia Gil Rueda, la Subsección concluye que estas probanzas tampoco dan
cuenta de la existencia de una relación subordinada entre el señor Adrián Fidel
Castro Perdomo y el SENA, por el contrario, guardan coherencia con las
determinaciones frente a los documentos allegados al proceso.
En ese sentido, la primera de las declarantes afirmó que el demandante y ella
compartían la misma oficina, pero tenían funciones diferentes, ella, como psicóloga,
ofrecía orientación ocupacional a la población que buscaba empleo y, el señor
Castro Perdomo era formador u orientador de la población en condición de
vulnerabilidad por el desplazamiento forzado. Que ambos tenían un horario laboral,
por lo general, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y, cumplían unas
funciones encomendadas en los contratos de prestación de servicios, bajo una
subordinación.
Que atendían directrices de la señora Obdulia Bonilla, con la que se trabajaba en
equipo y, quien direccionaba y coordinaba las funciones. Que, la mencionada
coordinadora los orientaba sobre los grupos poblacionales que debían atender y,
cuando solicitaban algún tipo de taller o capacitación, ella y otra funcionaria,
concertaba cuando podía llevarse a cabo.
Que los contratistas recibían una inducción por parte del SENA y también algunos
talleres, como, por ejemplo, de manejo de TICS y plataformas virtuales. Que,
desconocía si las funciones y condiciones del señor Adrián Fidel Castro Perdomo
eran similares o diferentes a las de los funcionarios de planta.
El señor Wilmabeth Peña Méndez señaló que el demandante fue contratista del
SENA en el 2008 y 2009 y, que tuvo varios acuerdos negociales con objetos
diferentes, uno, de hora por docencia y, los demás, para el apoyo al Servicio Público
8 Según el Manual Operativo de Prosperidad Social del programa de Jóvenes en Acción Jóvenes - JeA, aquel
corresponde a programa del Gobierno Nacional que inicia su operación enmarcada en la Resolución No 1970
de 2012, como respuesta a las dificultades socioeconómicas que enfrenta la población juvenil bachiller en
situación de pobreza y vulnerabilidad, entre los que se encuentra el desempleo, múltiples barreras de acceso
a la educación superior, bajos ingresos familiares, dependencia económica, poca oferta laboral y de carácter
informal, desplazamiento, entre otros factores.
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de Empleo, en los que debía desempeñar unas funciones específicas; sin embargo,
no le constaba si recibía instrucciones o cumplía o no un horario.
Que los contratistas del SENA, por regla general, no participaban en eventos
culturales o del nivel nacional, pero, excepcionalmente podían hacerlo, cuando
manifestaban su deseo de asistir. Que, en los eventos locales, tales como, fiestas
de fin de año y entrega de regalos de navidad a los hijos menores, solo participaban
los funcionarios de planta.
Que, desconocía las funciones a cargo del señor Castro Perdomo, pues, en su labor
como contador solo verificaba la cuenta de cobro y la liquidación del contrato de los
contratistas.
En tercer lugar, la señora Obdilia Fernanda Bonilla Marquínez indicó que laboró con
el demandante en el SENA y fue la supervisora de uno de los contratos que aquel
suscribió con la entidad. Que no le impartió órdenes, sino que coordinaba con el
contratista el trabajo y la ejecución de las labores descritas en los objetos
contractuales.
Que el señor Castro Perdono no cumplía un horario, sino que tenía que concertar
con las comunidades o los lideres a los que iba dirigida la formación, el lugar y la
hora en donde se iba a impartirla, de lo cual se dejaba constancia en un acta. Que
manejaban comunicaciones para organizar la programación mensual. Que las
funciones a cargo del contratista, según recordaba, eran dar a conocer las rutas de
atención y brindar formaciones en planes de negocios o en fortalecimiento de
unidades productivas.
Que las condiciones de los funcionarios de planta del SENA eran diferentes a las
de los contratistas, pues, estos últimos eran contratados para brindar formación y
asesoría en ciertos programas, tenían que ubicar al líder o a la comunidad en la que
realizarían la formación o atender la solicitud de capacitación y, luego, acordaban
con los beneficiarios, el horario y lugar para desarrollarla, de acuerdo con el tiempo
que tuvieran disponible. Que, por su parte, a los instructores de planta les
entregaban la programación semanal y mensual con los horarios definidos; además,
tenían unas horas establecidas para realizar programaciones, trabajo administrativo
y actividades académicas y pedagógicas.
Que el contratista cumplió sus obligaciones contractuales en el Centro de
Tecnología de la Amazonía y en el municipio de Florencia. Que la Agencia Pública
de Empleo tenía unos espacios con equipos de cómputo, en los que los contratistas
trabajaban los aplicativos, creados como espacio para facilitar el ingreso de la
información y la agilidad del proceso. Que el señor Adrián Fidel tenía llave de la
oficina, porque podía entrar y salir en el momento en que lo requiriera.
Finalmente, la señora Ana Cecilia Gil Rueda manifestó que el demandante fue
contratista de prestación de servicios en 2008, 2009 y 2010 y, que suscribió varios
contratos, uno de formación y los otros de asesoría a la población en condiciones
de desplazamiento. Que no tuvo ningún vínculo laboral con el SENA y gozaba de
total autonomía en el desarrollo de sus funciones, en ese sentido, concertaba con
los aprendices el horario, la hora y el lugar donde la iban a recibir; asimismo, el
proceso de formación virtual lo desarrolló en sus propios espacios y tiempos, sin un
horario o espacio impuesto, ya que la entidad lo único que entrega, en esos casos,
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es un programa con las áreas que se deben desarrollar, para guardar la unidad a
nivel nacional en el proceso.
Que el señor Adrián Fidel no fue sujeto a ningún proceso disciplinario ni recibió
llamados de atención, memorandos o felicitaciones. Que ningún contratista tenía
que pedir permiso, solo ejecutaban el objeto contractual dentro del plazo
establecido.
En suma, los testigos manifestaron, de manera general, que el señor Adrián Fidel
Castro Perdomo fue contratista del SENA en determinados periodos y atendió
procesos de formación y de asesoramiento en el Centro Tecnológico de la
Amazonía y en el Servicio Público de Empleo, respectivamente. Sin embargo,
ninguno de ellos afirmó, categóricamente, que el SENA hubiese influido
decisivamente en la forma en la que el demandante ejecutaba sus obligaciones
contractuales. Por el contrario, aseveraron que el demandante atendía unas
formaciones u orientaciones dirigidas a poblaciones específicas y, que, luego de un
proceso de concertación, se definían aspectos como el horario y el lugar para
desarrollar el proceso. Ninguno de los declarantes hizo una referencia concreta
sobre el direccionamiento de la demandada en cuanto a la forma, método, contenido
o las actividades para impartir la formación o brindar el asesoramiento. De hecho,
la mayoría de los testigos se refirieron al acuerdo de horarios, lugares y horas para
el desarrollo del objeto negocial.
Adicionalmente, si bien la señora Giovanna García Trilleras señaló que el
demandante cumplía un horario y recibió directrices de un jefe inmediato, sus
aseveraciones corresponden a situaciones que ella percibió como configurativas de
la relación laboral, dentro de las cuales primó una comparativa de sus propias
condiciones de vinculación con las del señor Castro Perdomo, sin que exista en el
proceso un soporte probatorio adicional que corroboren tales señalamientos.
Además, para la Sala, dicha aseveración podría resultar contradictoria, analizada
de acuerdo con el objeto contractual de los acuerdos negociales pactados entre las
partes, porque sería difícil pensar en que el demandante cumpliera en una oficina
un horario y, a la vez, atendiera la formación de las comunidades en otros lugares,
como lo afirmó en la demanda y en el recurso de apelación.
Vale la pena destacar, igualmente, que la señora Obdilia Fernanda Bonilla
Marquínez, quien ejerció la supervisión de algunos contratos del demandante,
explicó que aquel tenía llave la oficina, porque podía salir o entrar cuando lo
necesitara, incluso en días y horas no previstas para la atención al público, lo que
podría llevar a pensar que el señor Adrián Fidel Castro Perdomo contaba con un
amplio margen de libertad en cuanto al uso del espacio.
Así las cosas, es evidente que los testigos no se refirieron, en particular, a las
condiciones en las que presuntamente se presentó una relación de carácter laboral,
ni mucho menos cuáles eran las actividades u órdenes que se le imponían al señor
Adrián Fidel que desnaturalizaban el contrato de prestación de servicios.
Por último, en relación con el argumento del recurrente sobre el cumplimiento de
actividades propias de la función misional de la entidad, es claro que la demandada
ofrece programas de formación en sus líneas técnicas y tecnológic as, pero también
lo es que desarrolla otro tipo de formación, la cual se adecua a las necesidades
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sobrevivientes de los grupos sociales de interés, cuya atención gestiona conforme
los requerimientos de la comunidad, como es el caso de los cursos o capacitaciones
temporales o esporádicos.
Luego, conforme lo ha expresado esta Subsección en otras oportunidades 9, la
vinculación de instructores, por ser indispensable para la ejecución de su objeto
principal, puede darse a través de una relación legal y reglamentaria o, mediante
contrato de prestación de servicios, pues ello ha sido permitido y reglamentado por
el Estatuto General de Contratación y los manuales de funciones y circulares
expedidos por el SENA.
Así, dada las particularidades de la vinculación del demandante y los objetos
contractuales descritos en precedencia, no puede concluirse la existencia de una
relación laboral encubierta, derivada del desarrollo de las actividades de formación
en administración de recursos físicos y en comercio exterior, comprendidas en los
objetos contractuales del primero y el último acuerdo negocial suscrito por las
partes; así como en la labor de asesoría y acompañamiento en procesos
productivos con la población en situación de desplazamiento y apoyo a la gestión
operativa del Servicio Público de Empleo del Centro Tecnológico de la Amazonía.
La Subsección advierte que los acuerdos suscritos entre las partes obedecen a
necesidades diferentes y puntuales de la entidad, lo que atiende el carácter
transitorio y especializado requerido en los contratos de prestación de servicios.
Como argumento final, se destaca que la Subsección 10 ha sido consistente al
señalar que, en el caso de los formadores del SENA vinculados a través de
contratos de prestación de servicios, los mismos tienen la carga de probar que se
encontraban bajo una continua subordinación y dependencia respecto de los
funcionarios de la entidad. Sin embargo, en el presente caso, como se ha venido
explicando, no encuentra en el expediente medios de prueba con la suficiente
entidad para aseverar que al señor Adrián Fidel Castro Perdomo se le exigiera
ejecutar los distintos objetos contractuales con unas condiciones impuestas por la
entidad y, en tal sentido, no se demostró que el SENA hubiera ejercido una
imposición decisiva en la manera en la que debía desarrollar sus actividades, más
allá de las indicaciones que se le impartieron en los contratos.
En atención a lo expuesto y, en consonancia con las reglas jurisprudenciales sobre
las relaciones laborales encubiertas vigentes, la Sala considera que en el proceso
no está demostrada la subordinación alegada en el recurso de apelación que aquí
se estudia, por lo que se confirmará la decisión recurrida.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 11 de marzo de 2021, expediente 2016-
00214, y del 7 de julio de 2022, expediente 2018-00033.
10 En ese sentido se pronunció la Subsección, entre otras, en las sentencias del 7 de julio de 2022, expediente
5743-2019 y, del 3 de octubre de 2022, expediente 2611-2016.
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que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del recurso
de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandante en su escrito
expuso argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del trece (13) de marzo de dos mil veinte (2.020)
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que
negó las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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