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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2013-00234-02

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2013-00234-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Adicionar la sentencia del 12 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en el sentido de indicar que la Nación — Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional— deberá descontar del valor de la condena las sumas que la demandante hubiere devengado a título de salarios y 40 No presentó alegatos de conclusión. 25 Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019) Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada, proferida dentro del proceso promovido por el señor Edwin Alirio Maya Hernández contra la Nación —Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional—, que accedió a las pretensiones de la demanda. Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2013-00234-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

9 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández
Demandado: Nación —Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional—

Temas: Retiro del servicio de soldado profesional. Inasistencia por más
de diez días. Situación de vulnerabilidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 12 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Edwin Alirio Maya Hernández, por conducto
de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, orientada a que se declare la nulidad parcial de la Orden
Administrativa de Personal del Comando del Ejército N.º 1596 del 3 de septiembre
de 2010, expedida por el jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, por la
cual se le retiró del servicio activo, en su condición de soldado profesional.

1 Folios 1 al 19 del cuaderno 1

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la entidad a i) reintegrarlo
al mismo cargo que ocupaba al momento de su retiro, o a otro de igual o de superior
categoría y remuneración; ii) pagarle todos los emolumentos salariales,
prestacionales, de seguridad social e indemnizatorios dejados de percibir,
correspondientes al cargo de soldado profesional, junto con los incrementos legales,
desde cuando se produjo su ilegal retiro hasta cuando se haga efectivo su reintegro;
iii) reajustar las sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo previsto
en el artículo 187 del CPACA; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de
los artículos 192 y 195 ibidem; y v) condenar en costas y agencia en derecho a la
demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Edwin Alirio Maya Hernández culminó satisfactoriamente el curso de
soldado profesional del Ejército Nacional el 31 de agosto de 2008. A partir del 1 de
septiembre de 2008, inició su carrera militar en tal calidad.

ii) En el mes de noviembre de 2008, empezó a sufrir múltiples enfermedades que
deterioraron considerablemente su estado de salud, por lo cual fue internado en el
Hospital Militar Central donde fue valorado por hematología y se le diagnosticó la
enfermedad «púrpura trombocitopénica autoinmune».

iii) En el mes de mayo de 2009, empezó a sufrir de fuertes dolores en el tórax; fue
inicialmente tratado en la Clínica Mediláser de Florencia, pero dada la complejidad
del cuadro clínico, el día 5 de junio de 2009 fue remitido al Hospital Militar Central,
donde fue valorado por médicos especialistas.

iv) Mientras el señor Maya Hernández estuvo incapacitado en el Hospital Militar
Central, empezó a sufrir de insoportables dolores de cabeza, por lo cual el 23 de

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Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

septiembre de 2009 le practicaron un tac cerebral simple, del cual se pudo
establecer que estaba sufriendo un «sangrado parenquimatoso» que comprometía
«el lóbulo frontal en región basal derecha y también temporal a lado y lado del ala
del esfenoides». En consecuencia, fue intervenido quirúrgicamente con el objeto de
drenar la hemorragia cerebral.

Las secuelas físicas que dejó el sangrado mermaron considerablemente la
capacidad física, psíquica y laboral del solado, habida cuenta de que empezó a sufrir
episodios convulsivos y epilépticos, crisis depresivas, pérdida de memoria,
pesadillas y sentimientos de persecución, pero lo más grave fue la disminución
considerable de la visión por el ojo izquierdo.

v) Desde el mes de enero del 2010, empezó a sufrir de dificultad en el inicio de la
micción, por lo cual fue valorado y tratado por el servicio de Urología, y se le
determinó que la estenosis padecida había surgido como consecuencia de la cirugía
de cráneo practicada en el mes de septiembre de 2009, en el cual habían pasado
sonda transuretral al paciente. Le fueron practicados otros exámenes que
permitieron identificar la presencia de un cálculo urinario en el riñón derecho.

Como consecuencia de los problemas síquicos padecidos, debió ser internando en
el Centro Neuropsiquiátrico El Divino Niño I.P.S. Ltda. El neurólogo que lo trató
solicitó valoración por junta médica.

vi) Inició el proceso para la realización de la Junta Médica, que fue programada para
los días 15 y 16 de marzo del 2010, en la ciudad de Bogotá, a la cual le fue imposible
asistir. Por lo tanto, presentó derecho de petición ante el comandante del Batallón
de Infantería N.º 35 «Héroes del Güepí», solicitando que le fuera otorgado un plazo
para la realización de tal diligencia, argumentando que tenía citas médicas con
especialistas programadas con posterioridad a la fecha fijada para llevar a cabo
dicha Junta. La referida solicitud fue negada, con el argumento de que no era posible
fijar nueva fecha pues esta había sido programada con anterioridad.

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Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

vii) Comoquiera que le fue imposible asistir a la Junta Médica programada para los
días 15 y 16 de marzo de 2010, el Ejército Nacional le fue negando gradualmente
los servicios de salud. Así mismo, desde el mes de septiembre de 2010 le
empezaron a negar la entrada al Batallón de Infantería N.º 35 «Héroes del Güepí»,
pues en la guardia le informaban que la orden de los superiores era no permitirle el
ingreso, con fundamento en que él estaba mal de la cabeza y que ya no pertenecía
a la Institución.

viii) El señor Alirio Maya Hernández, en el mes de marzo del año 2011 mediante
derecho de petición solicitó a la División de Personal del Ejército Nacional, al
comandante del Batallón Héroes del Güepí y al director general de Sanidad Militar
información relacionada con su situación militar.

ix) Mediante Oficio 20115620177323: MDN-CGFM-CE- JEDEH-DIPER-SJU del 14
de septiembre de 2011, el jefe de la Sección Jurídica Dirección de Personal del
Ejército Nacional, informó que el señor Maya Hernández fue retirado del servicio
mediante la Orden Administrativa de Personal 1596 del 3 de septiembre de 2010,
por la causal de inasistencia al servicio por más de diez días sin causa justificada.
Con dicha respuesta se allegó fotocopia simple del mencionado acto.

x) Mediante sentencia de tutela del 18 de noviembre de 2011, el Juzgado Primero
Administrativo de Florencia amparó el derecho fundamental al debido proceso del
señor Maya Hernández y ordenó al Ejército notificarle personalmente el acto
administrativo de retiro, ya que la falta de publicidad de este le había impedido
ejercer su derecho de defensa y demandar por vía judicial la decisión de retiro.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 2, 6,13, 25, 29, 47, 53 y 54, de la Constitución
Política; 2, 3, 6, 7, 9,19, 21, 22, 35, 36, 44, 47 y 48 del Código Contencioso
Administrativo; 12 del Decreto Ley 1793 de 2000; Leyes 100 de 1993 y 361 de 1997
y Decretos 1796 de 2000 y 094 de 1989.

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Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso que el
Ejército Nacional, con la expedición del acto acusado, incurrió en los siguientes
cargos de nulidad:

i) Expedición irregular por falsa motivación, porque la Orden Administrativa de
Personal 1596 del 3 de septiembre de 2010, en relación con el retiro del servicio
activo del soldado profesional Edwin Alirio Maya Hernández, carece de
fundamentos de hecho y de derecho, en la medida que no se hace una apreciación
de los hechos que motivaron la decisión de retiro, pues la Administración se limitó
a invocar la causal de inasistencia al servicio por más de 10 días sin justa causa,
sin tener en cuenta que para esa fecha el actor se encontraba padeciendo de graves
problemas de salud que lo tenían incapacitado.

ii) Violación al debido proceso administrativo laboral, por cuanto el acto
administrativo desconoció bienes jurídicos como la salud, la dignidad y el derecho
a la defensa. El debido proceso contiene una serie de elementos que tienen su
génesis en la Constitución Política, entre los que se encuentra el ser oído antes de
la decisión, la participación efectiva en el trámite de esta hasta su terminación,
presentar pruebas, obtener decisiones fundadas o motivadas y posibilidad de
impugnación, entre otros.

En este caso, hasta el día 13 de febrero de 2013 el demandante no estaba enterado
de su retiro del servicio, en razón a que la OAP 1596 del 3 de septiembre de 2010
no le había sido notificada personalmente, como lo ordena la ley, pues el Comando
del Ejército Nacional no ejecutó las acciones tendientes para lograr dicha
notificación.

iii) Violación al principio constitucional a la estabilidad laboral reforzada, en
consideración a que para la fecha de los hechos el soldado profesional estaba
padeciendo de una grave limitación psicofísica por cuenta de sus múltiples

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Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

patologías, las cuales se han agravado, situación que en la actualidad se intensifica
ante la falta del servicio de salud y de los medicamentos que requiere.

iv Desviación de poder, pues no se tuvo en cuenta la disminución de la capacidad
sicofísica que estaba padeciendo el soldado para la fecha de su irregular retiro,
infiriéndose con ello que en realidad sí existió una justa causa para que este se
ausentara del servicio y de su tratamiento médico por más de 10 días, como fue el
trastorno mental que lo llevó a escapar del hospital en que estaba siendo tratado,
ya que, según el relato de dicho soldado «guerrilleros llegaron hasta el Batallón de
Sanidad para asesinarlo y por eso tuvo que huir para salvar su vida».

1.2. Contestación de la demanda

La apoderada de la Nación —Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional— se
opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de
defensa:2

i) La Orden Administrativa de Personal del Comando del Ejército N.º 1596 del 3 de
septiembre de 2010 obedeció a la inasistencia del servicio por más de 10 días. La
norma3 es clara al establecer que el soldado profesional que incurra en dicha
circunstancia, sin justa causa, será retirado del servicio sin perjuicio de la acción
disciplinaria y penal correspondiente.

ii) Los miembros de la Fuerza Pública se encuentran amparados por un régimen
legal especial. Al respecto, la sentencia C-479 de 1998, precisó que las personas
que se dedican a una misma actividad deben gozar de beneficios similares
independientemente de la naturaleza de su empleador, precisando que en
circunstancias particulares y en virtud de una finalidad razonable al legislador le está
vedado impartir un tratamiento diferente entre los trabajadores del sector público y
del sector privado.

2 Folios 179 al 193 ibidem
3 Trascribe las normas del Decreto 1793 de 2000 que contienen las causales de retiro de los soldados
profesionales.

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Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

iii) El acto administrativo demandado goza de presunción de legalidad y no se
presentaron vicios en el momento de su expedición, teniendo en cuenta que el retiro
del actor se ajustó a lo previsto en el artículo 12 del Decreto 1293 de 2000.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 12 de diciembre de
2018,4 accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:

i) Sobre el retiro del servicio por abandono del cargo, la Corte Constitucional en
sentencia C-1495 del 2005, estableció que el funcionario debe contar con las
garantías del debido proceso, previa la expedición del acto administrativo, teniendo
la oportunidad de controvertir las razones de desvinculación antes de que estas se
produzcan.

ii) De la misma manera, el Consejo de Estado5 señaló que si bien es cierto para la
expedición del acto de retiro por abandono del cargo solo basta con la verificación
del presupuesto objetivo plenamente probado de no haber concurrido durante el
lapso, para el caso de diez (10) días a desempeñar sus funciones, también lo es
que previamente a la expedición de este, se requiere de un procedimiento
administrativo que si bien no tiene las ritualidades de un proceso es necesario para
realizar la verificación de que la ausencia fue o no con justa causa.

iii) Del acervo probatorio obrante en el proceso se observa que el estado de salud
del actor era precario; que cuando estaba vinculado al Ejército Nacional como
soldado profesional sufrió recaídas en su salud, presentándose conceptos médicos

4 Folios 304 al 312
5 Citó la sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección "A" Consejero ponente: Gustavo

Eduardo Gómez Aranguren, 20 de enero de 2011, radicación número: 25000-23-25-000-2003-01211-01(1237-
09).

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Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

solicitados por medicina laboral, en las especialidades de psicología, hematología,
urología y neurocirugía.

Ello significa que el estado de salud física y mental del actor se encontraba
disminuido, lo que lo ubica en situación de inferioridad y vulnerabilidad, la cual se
agrava ante la falta de acciones afirmativas por parte del Ejército Nacional al
haberse rehusado a reprogramar la fecha para la cual se encontraba fijada la Junta
Médico Laboral, pese a que existía una justificación valedera para su
reprogramación, al encontrarse pendientes exámenes médicos por practicarle al
demandante, los cuales habían sido programados para una fecha posterior a la
asignada para la realización de la Junta; incluso a la fecha de promulgación de esta
sentencia no se le ha practicado la Junta Médico Laboral.

iv) De la lectura del acto administrativo enjuiciado se observa que en el trámite de
su expedición se desconocieron todas las garantías mínimas establecidas por la
Corte Constitucional en el procedimiento de retiro del servicio de las Fuerzas
Militares, comoquiera que no se le notificó al actor el inicio del trámite orientado al
retiro de las fuerzas militares, con lo cual le cercenó la oportunidad de presentar
pruebas y controvertir los hechos que, en sentir del Ejército Nacional, fueron
generadores de inasistencia por más de 10 días sin justa causa, desconociendo su
derecho de contradicción y defensa.

En efecto, la Orden Administrativa de Personal fue expedida el 3 de septiembre de
2010 y le fue notificada al actor el 14 de febrero de 2013, luego de que así lo
ordenara una sentencia de tutela. En tal diligencia no se indicó si procedían
recursos, y de ser así cuáles debía interponer.

v) El acto administrativo acusado fue expedido con falsa motivación, en tanto que la
causal de retiro del servicio, en este caso la inasistencia, se tuvo por injustificada
por parte del Ejército Nacional, sin determinarse e indicarse las circunstancias que
la rodearon. Más gravosa se torna la situación al observarse que el acto

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Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

administrativo no señala el rango de las fechas en que se consideró se presentó la
inasistencia al servicio por parte del actor.

vi) En conclusión, la Sala constata que la entidad demandada no solamente violó
las garantías de audiencia y defensa que integran el debido proceso constitucional,
incurriendo en la causal de nulidad regulada en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, consistente en infracción a las normas en las que debió fundarse. Del mismo
modo, se configura la causal de nulidad consistente en falsa motivación, referida a
que la demandada en el acto administrativo tuvo por injustificada la ausencia del
actor al servicio por 10 días, cuando en realidad, debe insistir la sala, se fundó en
una incapacidad médica, es decir, obraba justificación para no asistir a realizar sus
actividades, estando, además, en una situación de vulnerabilidad generadora de su
precario estado de salud.

Con fundamento en lo expuesto, el a quo decidió i) declarar la nulidad del acto
acusado por medio del cual se retiró del servicio activo al demandante; ii) ordenó, a
título de restablecimiento del derecho, reintegrarlo al cargo de soldado profesional
que venía ocupando en el momento del retiro, o a uno de iguales o mejores
condiciones y pagarle la totalidad de los salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir por el demandante sin solución de continuidad, debidamente ajustadas, a
partir de cuando se hizo efectivo el retiro del servicio y hasta cuando se produzca
su reintegro, realizando a su vez los aportes en salud y pensiones; y iii) condenó en
costas a la parte demandada.

1.4. El recurso de apelación

La entidad accionada interpuso recurso de apelación6 contra la sentencia y solicitó
que se revoque y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda. Como
sustento de su petición expuso:

6 Folios 314 al 320

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Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

i) En la expedición del acto acusado no hubo desviación de poder ni falsa motivación
para retirar del servicio al actor; tampoco se desconoció el derecho de audiencia y
defensa. La OAP 1596 del 3 de septiembre de 2010 fue emitida con observancia de
las normas en que se debía fundarse, esto es, el Decreto 1793 de 2000.

ii) Tampoco se desconoció el derecho de audiencia, pues, cuando se trata de retiro
discrecional el mismo ordenamiento jurídico establece la forma como se debe
realizar, es decir, que el funcionario público no se hizo presente dentro de los 10
días sin justa causa, para que se configure tal conducta y como consecuencia se
proceda a retirarlo del servicio como efectivamente se hizo. No se puede pensar
que en el caso concreto el acto administrativo fue expedido en forma irregular ya
que el soldado Edwin Alirio Maya Hernández no tuvo el interés de demostrar su
ausencia cuando lo podía haber hecho.

iii) Tampoco se puede afirmar que al demandante no se le dio la oportunidad legal
de aportar las pruebas que justificara su inasistencia al servicio, pues entre la fecha
en que se configuró la inasistencia al servicio y la fecha de la Orden Administrativa
de Personal N.º 1596 del 3 de septiembre de 2010, habían transcurrido más de tres
meses, por lo tanto, podía haber presentado documentos que permitieran desvirtuar
tal inasistencia, pero no lo hizo de manera oportuna.

iv) El régimen laboral y prestacional de los miembros de las fuerzas militares es un
régimen especial y, por lo tanto, se deben aplicar las normas que lo regulan y no de
otros regímenes especiales, cuando se trata de retiro, pues por las características
particulares de este régimen la facultad discrecional es utilizada para el
mejoramiento del servicio y no para otro fin distinto.

v) Frente al señalamiento efectuado en la sentencia «sin solución de continuidad»,
debe tenerse en cuenta el concepto 2247 del 3 de julio de 2015, de la Sala de
Consulta y Servicio Civil, en donde se recuerda que por expresa disposición legal
los ascensos deben hacerse en las oportunidades determinadas por el artículo 46
del Decreto 1790 de 2000. De allí que a la expresión «sin solución de continuidad»

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no se le puede dar un significado más allá de lo que atañe al tiempo de servicio
requerido para el grado respectivo, lo cual comporta que dicho enunciado no se
pueda interpretar en el sentido de reconocerle efectos que anonaden la potestad
discrecional del Gobierno nacional, ni la exigencia de los requisitos definidos en la
ley para ascender.

Por ello, la mencionada expresión en las decisiones judiciales que ordenan el
reintegro del personal uniformado de las Fuerzas Militares no es suficiente para que
el Gobierno nacional deba ordenar ascensos en forma retroactiva dentro del
escalafón y la jerarquía militar ni lo autoriza para eximir el cumplimiento de los
requisitos pertinentes.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal, la demandada reiteró los argumentos expuestos a lo largo
del proceso.7 Por su parte, el demandante guardó silencio.8

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto9.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el acto por el cual se dispuso el retiro del servicio
activo del actor, en su condición de soldado profesional del Ejército Nacional, por

7 Samai, índice 12
8 Según constancia secretarial obrante a folio 338 del expediente
9 ibidem

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Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

inasistencia al servicio por más de diez días, se ajustó a los parámetros
constitucionales y legales correspondientes.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Del retiro del servicio de los soldados profesionales

El Decreto 1793 del 14 de septiembre de 2000, «por el cual se expide el Régimen
de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas
Militares», regula, en el Capítulo III, el retiro del servicio por inasistencia, así:

Artículo 7. Retiro. Es el acto mediante el cual el Comandante de la Fuerza
respectiva, dispone la cesación del servicio de los soldados profesionales.

Artículo 8. Clasificación. El retiro del servicio activo de los soldados profesionales,
según su forma y causales, se clasifica así:

a. Retiro temporal con pase a la reserva
1. Por solicitud propia.
2. Por disminución de la capacidad psicofísica.
3. Por existir en su contra detención preventiva que exceda de sesenta (60) días
calendario.

b. Retiro absoluto
1. Por inasistencia al servicio por más de diez (10) días consecutivos sin causa
justificada.
2. Por decisión del Comandante de la Fuerza.
3. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez.
4. Por condena judicial.
5. Por tener derecho a pensión.
6. Por llegar a la edad de 45 años.
7. Por presentar documentos falsos, o faltar a la verdad en los datos suministrados
al momento de su ingreso.
8. Por acumulación de sanciones.
[…]

Artículo 12. Retiro por inasistencia al servicio. El soldado profesional que incurra en
inasistencia al servicio por más de diez (10) días consecutivos sin causa justificada,
será retirado del servicio, sin perjuicio de la acción penal y disciplinaria
correspondiente.

2.2.2. Del debido proceso en las actuaciones administrativas

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Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

La Corte Constitucional ha definido el debido proceso10 como:

[…] el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que
deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo. Corte
Constitucional. Sentencia C-980 de 2010 Entre estas se cuentan el principio de
legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los
derechos humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de
defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la persona a
ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos
procedimientos.

Esas garantías se encuentran relacionadas entre sí, de manera que -a modo de
ejemplo- el principio de publicidad y la notificación de las actuaciones constituyen
condición para el ejercicio del derecho de defensa, y la posibilidad de aportar y
controvertir las pruebas, una herramienta indispensable para que las decisiones
administrativas y judiciales se adopten sobre premisas fácticas plausibles. De esa
forma se satisface también el principio de legalidad, pues solo a partir de una
vigorosa discusión probatoria puede establecerse si en cada caso se configuran los
supuestos de hecho previstos en las reglas legislativas y qué consecuencias
jurídicas prevé el derecho para esas hipótesis.11

Por otro lado, respecto del alcance de la causal de retiro del servicio por inasistencia
injustificada, la Corte Constitucional puntualizó:12

3.1. En toda actuación administrativa o judicial debe respetarse el derecho al debido
proceso (Art. 29, Constitución Política). En concreto, en las actuaciones
administrativas, el alcance de este derecho va “desde la etapa previa a la expedición
del acto administrativo hasta las etapas finales…”. La jurisprudencia constitucional
ha dicho que, como parte del debido proceso administrativo, a las personas se les
debe garantizar el derecho de contradicción, del que se desprenden tres garantías
mínimas en favor de los administrados, a saber: (i) la comunicación del trámite que
se está desarrollando; (ii) la posibilidad de ser oídos por las autoridades
administrativas antes de que se tome una decisión que tenga la virtualidad de afectar
sus derechos; y (iii) la notificación del acto administrativo que defina el proceso, de
conformidad con todos los requisitos legales.

3.2. En Sentencia T-1023 de 2007 se analizó un caso similar al presente. En dicha
oportunidad el Ejército Nacional había retirado del servicio a un soldado profesional
con fundamento en la causal de inasistencia al servicio por más de diez días sin
causa justificada. No obstante, la Corte advirtió que la ausencia del accionante se
debió a los graves problemas de salud que padecía, y concluyó que su derecho al
debido proceso administrativo había sido vulnerado porque (i) nunca se le comunicó
que fuera a ser dado de baja; (ii) tampoco fue escuchado en orden a determinar la
justeza de la causa de su inasistencia; y (iii) ni en el acto administrativo ni en la

10
Corte Constitucional. Sentencia C-034 de 2014
11
Corte Constitucional. Sentencias C-096 de 2001, C-1114 de 2003, C-980 de 2010, C-012 de 2013 y C-016
de 2013
12
Sentencia T-418 de 2018

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Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

notificación efectuada se indicaron los recursos que procedían contra aquél. En
efecto, sobre las garantías que se deben brindar a una persona en este tipo de
actuaciones para asegurar el respeto de su derecho de contradicción dentro de un
proceso administrativo, este Tribunal indicó:

“En primer término, la persona debe ser notificada de que está cursando en contra
suyo un trámite orientado al retiro de las fuerzas militares, exigencia aún más
importante si dentro de la causal existe un elemento subjetivo, como acontece
cuando es exigido que la inasistencia por más de diez (10) días se produzca sin
justa causa. En segundo término, debe ser escuchado acerca de los hechos por los
cuales pretende retirárselo del servicio, finalidad que busca alcanzar el acto de
notificación. En tercer término, el acto administrativo que concluya con el trámite
debe notificarse […]”.

[…]

3.7. Tampoco comparte esta Corte lo afirmado por el Comando General de las
Fuerzas Militares en respuesta al auto de pruebas. Según su interpretación de las
normas que fundamentaron el retiro del servicio del accionante, esto es, el literal b
del artículo 8 y el artículo 12 del Decreto 1793 de 2000, se trata de una causal
objetiva que se configura “simplemente con la inasistencia del Soldado Profesional”.
No obstante, esta interpretación desconoce que la causal en mención contempla
dos elementos a tener en cuenta: uno objetivo, relativo a la inasistencia por más de
diez (10) días; y otro subjetivo, consistente en que dicha inasistencia se hubiere
producido “sin causa justificada”. Por ende, las respectivas autoridades tienen el
deber de valorar materialmente las circunstancias y las razones que implicaron que
un soldado profesional se ausentara de presentarse para cumplir sus funciones. Es
justamente este análisis lo que explica que tanto la investigación disciplinaria como
la penal hayan concluido que, si bien el peticionario había faltado a su deber de
prestar el servicio, ello ocurrió debido a que se encontraba atendiendo las
necesidades de sus familiares, que estaban en una situación de suma vulnerabilidad
y necesidad.

La Corte advirtió que esta causal debe analizarse tanto en el aspecto objetivo
(transcurso del tiempo) como en el subjetivo (ausencia de justificación), y que para
que un soldado profesional pueda ser retirado con base en ella debe haber sido: i)
notificado de que está cursando en su contra un trámite orientado a su retiro de las
fuerzas militares; ii) escuchado en orden a determinar la existencia de una justa
causa de su inasistencia; y iii) informado de los recursos que proceden contra el
acto administrativo de retiro.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

14

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

i) El 24 de noviembre de 2003, el señor Edwin Maya Hernández inició la prestación
del servicio militar como soldado regular y terminó el 7 de octubre de 2005.13

ii) El 8 de septiembre de 2008, por medio de la Orden Administrativa de Personal
del Comando del Ejército N.º 1506, el señor Edwin Alirio Maya Hernández fue
nombrado soldado profesional en provisionalidad.14

iii) El 27 de febrero de 2009, el demandante fue remitido al Hospital Militar Central,
«DESDE LA ARANDIA, DADO QUE CONSULTÓ CON HEMOGRAMA QUE
EVIDENCIA TROMBOCITOPENIA 35000.SE ENCUENTRA EN RECUPERACIÓN
DE PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA […]». Fue dado de alta el 5 de marzo de
2009.15

iv) El 31 de agosto de 2009 fue nuevamente internado en el Hospital Militar Central,
donde permaneció hasta el 14 de septiembre de 2009. «Motivo de consulta:
PACIENTE CON CEFALEA LEVE NO CRISIS CONVULSIVAS 1 ESPISODIO DE
EMSIS NO OTRO SÍNTOMA ASOCIADO».16

v) El 2 de octubre de 2009, de nuevo fue recluido en el Hospital Militar Central y fue
dado de alta el 9 de octubre siguiente. «Motivo de consulta: cefalea».17

vi) El 7 de febrero de 2010, la médico cirujano Monika Padilla, de la Dirección de
Sanidad del Ejército, le expidió al demandante «EXCUSA DEL SERVICIO
TEMPORAL PERMANENTE» con 20 días de incapacidad.18

vii) El 15 de marzo de 2010, el señor Maya Hernández radicó derecho de petición
en el Batallón de Infantería N.º 35 «Héroes de Güepí», por medio del cual solicitó

13 Constancia de tiempo de servicio expedida por la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional (folio

40)
14 Folios 21 al 23
15 Historia clínica —Epicrisis— expedida por el Hospital Militar Central (folio 58)
16 Epicrisis, folios 62 y 63
17 Folios 64 al 66
18
Folio 110

15

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

un plazo para la Junta Médica que se le programó para los días 15 y 16 de marzo,
según se le informó por medio del Oficio 0376 / MD-CE-DIV6-BR12-BIGUE-S1-53-
1, en consideración a que «las valoraciones de medicina general, odontología,
optometría, fonoaudiología y psiquiatría, se encuentran plasmadas en el numeral 1
del oficio en mención, y se le asignaron cita para una fecha posterior a la fijada para
la junta médica laboral».19

viii) El 17 de marzo de 2010, el actor fue valorado por la especialidad de Psiquiatría
de la Dirección General de Sanidad Militar que concluyó: «[…] Dx: P.T.I., cálculo
riñón derecho, pérdida de visión ojo izquierdo. Paciente sintomatología actual:
desespero, lagunas, pesadillas, persecución, tristeza».20

ix) El 22 de marzo de 2010, a través del Oficio 0785, el comandante del Batallón de
Infantería N.º 35 le informó al peticionario que era imposible otorgar un plazo, toda
vez que de la solicitud se tuvo conocimiento el día 16, es decir, cuando ya se había
realizado la Junta, sin que para ese momento se conocieran los inconvenientes y
los respectivos soportes que le impedían asistir.21

x) El 24 de marzo de 2010, el actor fue atendido por el neurólogo Gilberto Rincón
Torres, en el Centro Neuropsiquiátrico El Divino Niño I.P.S. Ltda., quien le
diagnosticó «depresión mayor» y le determinó una incapacidad por un (1) mes y
sugirió valoración por Junta Médica.22

xi) El 25 de marzo de 2010, el neurólogo Sabas Simarra Sánchez le reiteró el
diagnosticó de «depresión mayor» y la incapacidad por treinta días y le ordenó
psicoterapia de apoyo por psicología y control por psiquiatría.23

19 Folio 75
20 Folio 77
21 Folio 76
22 Folio 78
23 Folios 79 al 82

16

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

xii) El 17 de junio de 2010, el soldado Maya Hernández solicitó ante la Dirección
General de Sanidad Militar conceptos médicos por las especialidades de
neurología,24 hematología, psiquiatría, neurocirugía y urología.25

xiii) El 3 de septiembre de 2010, por medio de la Orden Administrativa de Personal
del Comando del Ejército Nacional, se retiró del servicio activo de la institución al
soldado profesional Maya Hernández Edwin Alirio, por la causal de «INASISTENCIA
AL SERVICIO MÁS DE 10 DÍAS SIN CAUSA JUS (sic)».26

xvi) El 20 de septiembre de 2010, la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército
liquidó las prestaciones del actor, por el período comprendido entre el 1 de
septiembre de 2008 y el 20 de septiembre de 2010; y las cesantías definitivas por
el lapso transcurrido entre el 1 de septiembre de 2008 y el 22 de julio de 2010.27

xv) El 28 de junio de 2011, la Dirección de Sanidad del Ejército le determinó ocho
días de incapacidad.28

xvi) El 13 de julio de 2011, por Oficio 2429/MD-CE-DIV6-BR12-BIGUE35-CJM-22,
el comandante del Batallón de Infantería de Selva N.º 35 «Héroes del Güepí»
informó al apoderado del actor 29 lo siguiente:

[…] Al (sic) señor EDWUIB ALIRIIO MAYA HERNPANDEZ […] fue retirado del
servicio activo de la institución, mediante orden administrativa de personal No. 1594
(sic) de 2010, por inasistencia al servicio.

[…] le fue programada junta médica en la ciudad de Bogotá, para los días 15 y 16
de marzo de 2010, mediante oficio (sic) No. 0376, le fue informada dicha fecha, con
anterioridad; sin embargo no se presentó y en su lugar, solicitó el aplazamiento de
la Junta Médica, ya que no se había realizado los exámenes que se habían
requerido con anticipación. Sin embargo, el soldado continuó recibiendo tratamiento,
para que una vez reunidos los requisitos, se continuara con el trámite y convocatoria
de la Junta Médica Laboral. Teniendo en cuenta que el señor MAYA HERNÁNDEZ,
requería tratamiento especializado por hematología, fue remitido al Batallón de

24 Folio 101
25 Folios 111 al 113
26 Folios 54 al 56

27 Folios 29, 30 y 31
28 Folio 111
29 Folios 24 y 25

17

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

Sanidad, donde estaba recibiendo la atención necesaria, hasta que el día 11 de julio
de 2010 se evadió y abandonando (sic) su tratamiento médico, sin que hasta la fecha
se haya hecho presentación en el BASAN ni en esta unidad.

[…] El Batallón de Infantería de Selva No. 35 HEROES DEL GUEPÍ, no tiene
dispensario médico, por lo tanto en esta unidad no reposan historias clínicas.

xvii) El 18 de noviembre de 2011, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia,
dentro del proceso con radicado 18001-33-31-001-2011-00668-00 amparó el
derecho fundamental al debido proceso del demandante y, en consecuencia, le
ordenó al Ejército Nacional notificarle personalmente los actos administrativos de
retiro del servicio e iniciar los trámites administrativos necesarios para realizarle
Junta Médica para establecer el grado de pérdida de capacidad laboral.30

xviii) El 14 de febrero de 2013, en el Batallón de Infantería «Héroes del Güepí», el
soldado Maya Hernández fue notificado personalmente de la Orden Administrativa
de Personal (OAP) del Comando del Ejército N.º 1596 del 3 de septiembre de 2010,
mediante la cual fue retirado del servicio activo de la institución.31

xix) El 30 de noviembre de 2018, el Comando General de las Fuerzas Militares —
Medicina Laboral de la Sexta División—, en respuesta al requerimiento efectuado
por el Tribunal Administrativo del Caquetá,32 informó lo siguiente:

«[…] revisado el SIML (Sistema Integrado de Medicina Laboral) no se encuentra que
el señor EDWIN ALIRIO MAYA HERNÁNDEZ […] tenga Junta Médico Laboral o
Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía a la fecha, pero cuenta con 02
órdenes de Concepto Médico por la especialidad de UROLOGÍA (ESM BASAN) y
NEUROCIRUGÍA (Hospital Militar) de fecha 29 de agosto del 2011 y no se ha
realizado el trámite correspondiente para realizar dicha junta, por consiguiente hasta
que no se acerque al dispensario médico más cercano y realice los conceptos
ordenados no podrá definir situación de sanidad.33

xx) El 26 de febrero de 2018, con Oficio 1286,34 el Batallón de Infantería de Selva
N.º 35 «Héroes del Guepí», en respuesta al requerimiento efectuado por el

30 Folios 46 al 53
31 Folio 57
32 Folio 10
33 Folio 16 cuaderno pruebas de oficio
34
Folio 7 ibidem

18

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

Tribunal,35 allegó en medio magnético copia de la indagación preliminar adelantada
contra el soldado Maya Hernández por abandono del cargo, de la cual se extracta
lo siguiente:

➢ El 11 de marzo de 2010, por medio del Oficio 929, el funcionario de
instrucción del Batallón de Infantería de Selva «Héroes de Guepí»
informó al inspector general del Ejército que, por auto del 8 de marzo
de 2010, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra
del señor Maya Hernández, «de acuerdo con el informe rendido por el
señor CP RESTREPO PARRA GERMAN,» mediante el cual puso en
conocimiento que el soldado Maya Hernández «salió el día 12 de
febrero de 2010 a disfrutar de un permiso, debiendo hacer
presentación el día 21 de (sic) mismo mes, sin embargo el
mencionado, hizo presentación el día 04 de marzo de 2010».

➢ El 22 de febrero de 2012, el comandante del Batallón de Infantería N.º
35 ordenó la terminación y el archivo del proceso disciplinario
adelantado contra el soldado Maya Hernández, con fundamento en
que:

«[…] una vez revisado el libro de permisos de soldados, se pudo observar
que no se encuentra registrada la salida, ni la entrada del soldado, de
acuerdo a lo informado por el suboficial, al igual que el acta de revisión a la
nómina, donde no aparece deducido el investigado; aunado a lo anterior en
la calidad allegada por el Jefe (sic) de personal del Batallón de Infantería No.
35 HÉROES DEL GUEPÍ, informa que el soldado MAYA HERNÁNDEZ
EDWIN ALIRIO, fue dado de baja mediante OAP 1506 del 08 de septiembre
de 2008 (sic), por lo tanto si bien es cierto que el Régimen Interno presentó
informe por la presunta comisión de una falta disciplinaria por parte del
investigado, también lo es, que el suboficial, no especificó las circunstancias
de modo tiempo y lugar, que rodearon el permiso y el presunto retardo del
encartado, contrario a esto, las demás pruebas son contradictorias,
impidiendo esclarecer los hechos investigados […]».

2.4. Análisis de la sala. Caso concreto

35
Oficio 00040 del 12 de enero de 2018 (folio cuaderno pruebas de oficio)

19

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

Con el acervo probatorio obrante en el plenario se encuentra acreditado que el actor
fue retirado por inasistencia al servicio, con fundamento en el informe rendido el 5
de marzo de 2010 por «el señor CP. Restrepo Parra Germán», mediante el cual
puso en conocimiento que aquel salió el 12 de febrero de 2010 a disfrutar de un
permiso, debiendo hacer presentación el 21 del mismo mes, sin embargo, solo lo
hizo el 4 de marzo siguiente.

Por lo anterior, con Oficio 0929 del 11 de marzo de 2010 se ordenó apertura de
investigación disciplinaria, que culminó con providencia del 22 de febrero de 2012,
por la cual se ordenó el archivo del proceso al advertir que no se encontró registrada
la salida ni la entrada del soldado, así mismo, del acta de revisión a la nómina no
apareció deducción al investigado; además, el soldado fue dado de baja. Concluyó
que si bien se presentó informe por la presunta comisión de una falta disciplinaria
por parte del investigado, lo cierto es que no se especificaron las circunstancias de
modo tiempo y lugar que rodearon el permiso y el presunto retardo del encartado,
«contrario a esto, las demás pruebas son contradictorias, impidiendo esclarecer los
hechos investigados».

Significa lo anterior que, en lo que toca con el aspecto objetivo de la causal de retiro,
ni siquiera está demostrado que este no se haya presentado después de finalizado
el lapso del permiso, pues, como se aprecia en la providencia que ordenó el archivo
del proceso, no hay prueba que permita tener por acreditado que al soldado se le
concedió este, no se registró la salida ni la entrada ni se tiene certeza de las
circunstancias que lo rodearon.

Ahora bien, tampoco existe prueba que demuestre que antes de la expedición de la
Orden Administrativa de Personal 1596 del 3 de septiembre de 2010, la entidad le
hubiera comunicado al soldado Maya Hernández el inicio de un trámite tendiente a
su retiro del servicio, y que hubiera sido escuchado por las autoridades
administrativas para exponer las razones de su inasistencia al servicio. Tampoco le

20

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

fue notificado el acto de retiro, pues, como se vio, la notificación se efectuó el 14 de
febrero de 2013, en cumplimiento de un fallo de tutela.

En este orden, no puede tenerse por acreditada la concurrencia del elemento
subjetivo de la causal, esto es, no se verificó que dicha ausencia ciertamente fuera
«injustificada», en los términos de la causal prevista en el literal b del artículo 8 y en
el artículo 12 del Decreto 1793 de 2000. Por el contrario, la entidad tenía pleno
conocimiento de los quebrantos y alteraciones de salud que estaba presentando el
soldado y las reiteradas incapacidades médicas, lo que permitía inferir que su
ausencia estaba justificada.

Por otra parte, como lo advirtió el a quo, en las fechas que, según la entidad, el
soldado se ausentó del servicio, entre el 12 y el 21 de febrero, este se encontraba
incapacitado, como se observa de la «EXCUSA DEL SERVICIO TEMPORAL
PERMANENTE»36 del 7 de febrero de 2010, suscrita por la médico cirujano Monika
Padilla, quien le otorgó una incapacidad de veinte (20) días, a partir de tal fecha. Así
las cosas, es claro que la inasistencia del actor al servicio se fundó en razones de
salud, que impedía el ejercicio de las actividades inherentes al servicio.

Lo anterior significa que el actor se encontraba en condición de vulnerabilidad,
teniendo en cuenta las valoraciones por diferentes especialidades, que le
diagnosticaron «depresión mayor», «desespero, lagunas, pesadillas, persecución,
tristeza» (psicología); «PTI» (hematología); «litiasis renal» (urología). Tal estado de
salud, sin duda menguaban su estado de salud física y mental y, por ende, lo ubican
en situación de inferioridad y vulnerabilidad, con el agravante de que la entidad se
negó a reprogramar la Junta Médica para la cual se había citado, pese a que aún
tenía pendiente la práctica de las valoraciones por las diferentes especialidades
anteriormente mencionadas.

Por otro lado, la apelante aduce que la orden de reintegro «sin solución de
continuidad» no es suficiente para que el Gobierno nacional deba ordenar ascensos

36
Folio 110

21

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

en forma retroactiva dentro del escalafón y la jerarquía militar no lo autoriza para
eximir el cumplimiento de los requisitos pertinentes.

Al respecto, la Sala advierte que tal disposición debe entenderse en el sentido de
que el vínculo con el servicio no se ha suspendido o interrumpido, de tal suerte que
las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la expedición del acto
de retiro. La expresión «sin solución de continuidad», en efecto, no conlleva la orden
de ascender al militar a quien se ordena reintegrar al servicio, por cuanto el solo
paso del tiempo no es suficiente para su promoción dentro del escalafón, toda vez
que esta requiere el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en la ley, que
deben ser valorados por el Ejecutivo dentro del marco de su potestad discrecional.

Por consiguiente, la orden del a quo se limitó a disponer el reintegro del demandante
al cargo de soldado profesional que ocupaba en el momento del retiro o a uno de
iguales o mejores condiciones, y el pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir durante el lapso en que permaneció desvinculado, sin que pueda
derivarse de dicho mandato ninguna determinación dirigida a disponer algún
ascenso automático.

Finalmente, en consideración a que las sumas que debe pagar la accionada al
demandante, a título de restablecimiento del derecho, tienen la connotación de
salarios y prestaciones sociales, respecto de estos se deben hacer los descuentos
de cualquier valor que hubiere recibido el señor Maya Hernández durante el
interregno de la desvinculación con ocasión del servicio prestado en cualquier
entidad de naturaleza pública, por expresa prohibición del artículo 128
constitucional.37

37
Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.

22

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

En esta línea, debe darse aplicación a la sentencia de unificación del 9 de agosto
de 2022, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado,38 que fijó las reglas jurisprudenciales de interpretación para la resolución
judicial de asuntos como el analizado, correspondiente a la procedencia del pago
de dineros por concepto de salarios y prestaciones sociales del empleado público
cuyo acto de retiro del cargo fue declarado nulo.

En dicha providencia se estudiaron las normas constitucionales y legales sobre la
prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, respecto a
los valores que por concepto de salarios y prestaciones sociales hubiera percibido
el empleado a quien se le declaró la nulidad del acto del retiro del servicio, con
ocasión del desempeño de otros cargos públicos durante el período en el cual
estuvo desvinculado, y se concluyó que deben ser descontados del total de las
sumas que se generen por el restablecimiento del derecho ordenado en el fallo.

Concretamente, en la sentencia se consideró lo siguiente:

67. Según las anteriores pautas, el pago de los salarios o prestaciones dejados de
recibir por un empleado público hasta el momento en que sean reconocidos sus
derechos de manera judicial, debe asimilarse a título de restablecimiento del
derecho; en consecuencia, procede descontar de éste lo que la persona haya
devengado o percibido como ingreso salarial y prestacional durante el mismo lapso,
debido a que afecta al erario, que resulta ser la misma fuente de donde se originan
los recursos que pagan la sentencia dictada en favor del accionante, y de este modo
cobra sentido la prohibición constitucional contenida en el artículo 128 superior.

68. Por lo mencionado, la Sala Plena es del criterio que de la sentencia estimatoria
de las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (antes acción), se derivan tres consecuencias:

i) La anulación del acto, es decir, su retiro del ordenamiento positivo.

ii) El restablecimiento del derecho, que comporta una consecuencia del acto ilegal,
consistente en volver al demandante al estado inicial al que se encontraba antes de
su existencia. Por lo tanto, para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales,
deberá determinarse si el servidor tuvo alguna otra vinculación con el Estado para
ordenar su descuento de la condena.

38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 9 de agosto
de 2022, demandante: Sonia Yamile Rondón Tasco.

23

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

iii) La eventual reparación del daño, respecto del cual el interesado deberá
demostrar su existencia y nexo causal con el acto administrativo. Concepto del cual
difiere el restablecimiento del derecho, puesto que éste opera por ministerio de la
ley a causa de la nulidad pedida.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe concluir que son procedentes los
descuentos efectuados a la condena derivada del fallo que ordena la nulidad del
acto administrativo que retiró del servicio, a razón de las sumas de dinero recibidas
por parte del titular del derecho por concepto de salarios y prestaciones sociales
que devengó con ocasión de sus servicios prestados en el sector oficial, por
incurrirse en la prohibición constitucional de doble erogación con cargo al erario.

Aun cuando el referido precedente de unificación se refirió a los servidores
nombrados en provisionalidad, la Sala considera que el pago de los salarios y
prestaciones sociales a título de restablecimiento del derecho derivado del retiro
ilegalmente probado guarda similitud y la necesidad de proteger el erario en todos
los casos.

Por otro lado, la Sala precisa que no acoge el criterio fijado por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-354 de 201739 en el sentido de que los
descuentos también deben cobijar de los dineros percibidos por la labor prestada
en el sector privado y como independientes, por cuanto las restricciones que
impiden la doble erogación tan solo se predican respecto de las del erario y no las
del sector privado, tal como lo prescribe la norma constitucional citada con
antelación.

Así las cosas, el proveído apelado será adicionado en el sentido de indicar que del
valor de la condena la parte accionada podrá descontar las sumas que el
demandante hubiere devengado a título de salarios y prestaciones sociales

39
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. En dicha providencia se consideró: «Quiere decir lo
anterior que independientemente de la expectativa de permanencia en el cargo o de la estabilidad
que se predica en mayor o en menor medida en una u otra clase de vinculación, la premisa sigue
siendo la misma, esto es, que el reintegro se realice sin solución de continuidad, con el pago de los
salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir, descontando de ese monto las sumas que
por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la
persona, indemnizando de ese modo el daño realmente causado».

24

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

percibidos de relaciones de trabajo en el sector público durante el tiempo en que
permaneció retirado del servicio.

2.5. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional
en casos de contornos análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es
objeto de estudio, y en el acervo probatorio, la Sala considera que el demandante
logró desvirtuar la legalidad del acto acusado, motivo por el cual se confirmará el
fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

2.6. De la condena en costas

Conforme con la interpretación del artículo 188 del CPACA, que advierte para la
fijación de las costas un criterio objetivo valorativo, sin que sea necesario analizar
la conducta de las partes, y en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 4 del
artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte demandada, pese a que el recurso de apelación no prosperó,
teniendo en cuenta que la parte actora no intervino en esta instancia.40

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Adicionar la sentencia del 12 de diciembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, en el sentido de indicar que la Nación —
Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional— deberá descontar del valor de
la condena las sumas que la demandante hubiere devengado a título de salarios y

40 No presentó alegatos de conclusión.

25

Radicado: 18001 23 33 000 2013 00234 02 (1271-2019)
Demandante: Edwin Alirio Maya Hernández

prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada, proferida dentro del proceso
promovido por el señor Edwin Alirio Maya Hernández contra la Nación —Ministerio
de Defensa Nacional-Ejército Nacional—, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor en el sistema SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

26

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