Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2013-00283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Autonomía universitaria
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2013-00283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2013-00283-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
21 de abril de 2017
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / CARRERA DE DOCENTES UNIVERSITARIOS - Regulación
Las instituciones de educación superior en desarrollo de la autonomía universitaria tienen plena facultad para expedir sus estatutos y reglamentos –admisión, académico, disciplinario- los cuales rigen para el personal directivo, docentes y alumnos. Quiere decir entonces que no es viable la aplicación de la Ley 909 de 2004, en la medida en que el artículo 3º estableció que solo se podría hacer uso de ésta de manera supletoria en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige a los servidores públicos de las carreras especiales, como es el caso del personal docente. Por consiguiente es viable concluir que la Universidad de la Amazonía está facultada para expedir sus propios estatutos y reglamentos de acuerdo a su orientación filosófica y su objetivo institucional y, en ese sentido, es claro en lo referente a la autonomía predicable de las universidades en materia de administración de personal, que en sus Estatutos tendrán que estar las diferentes situaciones administrativas, entre ellas, el retiro del servicio; por tanto, a éstas se remitirá la Sala en el caso en concreto.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 69 / LEY 30 DE 1992
DOCENTES UNIVERSITARIOS - Clasificación
De otro lado, en cuanto a la naturaleza del cargo que ocupaba la demandante se deberá señalar que para la época de los hechos, –año 2013-, regía el Acuerdo 17 de 1993, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía adoptó el Estatuto del Profesor Universitario, en donde se estableció en su artículo 4º que se clasificarían los docentes en: i) profesores de carrera, ii) profesores ocasionales, iii) profesores catedráticos o iv) profesores especiales o visitantes.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 17 DE 1993 - ARTÍCULO 4
PROTECCIÓN ESPECIAL DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO - Autorización
Esta Subsección recientemente expresó en torno al citado articulado, que para la terminación del vínculo laboral de un empleado con discapacidad, el empleador debía contar con la autorización previa por parte de la oficina de trabajo. NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1 de septiembre de 2016, rad. 0412-10, C.P., César Palomino Cortés.
FUENTE FORMAL: LEY 361 DE 1997 - ARTÍCULO 30 / LEY 762 DE 2002 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13
INVALIDEZ Y DISCAPACIDAD - Regulación legal / PENSIÓN DE INVALIDEZ - Reconocimiento
Para lo que interesa a la presente causa, el Sistema de Pensiones de la Seguridad Social se ocupa de la pensión de invalidez cuando esta es de origen común (sin relación con el trabajo), mientras que, cuando la invalidez es de origen profesional los criterios normativos que se aplican son los del Sistema de Riesgos Profesionales. En el Sistema General de Pensiones, cuando la calificación total es equivalente al 50% o más, se considera que hay estado de invalidez, las discapacidades que resulten inferiores a dicho porcentaje no originan derechos económicos para el afiliado. En el sistema de riesgos profesionales se reconoce indemnización por incapacidad permanente parcial entre el 5% y el 49% de pérdida de capacidad laboral, y pensión de invalidez, por pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Las autoridades legalmente facultadas para efectuar la calificación de la invalidez con base en el manual único son, de una parte, las entidades del sistema –ISS, ARP, EPS y aseguradoras- y de otro lado, las juntas de calificación de invalidez, creadas por la Ley 100 de 1993.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 38 / DECRETO 917 DE 1999
PENSIÓN DE INVALIDEZ - Efectos / RETIRO DEL SERVICIO
El reconocimiento de la pensión de invalidez supone, en primer término, que el afiliado sea declarado inválido conforme al manual único de calificación y por decisión de las juntas de calificación. A su vez, los efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez se traducen, entre otros, en la terminación del vínculo laboral, en tal sentido, para los empleados públicos, las normas generales sobre retiro del servicio señalan que la cesación definitiva de funciones se produce, entre otras, por invalidez absoluta.
FALSA MOTIVACIÓN - Ocurrencia
Se concluye lo siguiente: (i) la falsa motivación puede estructurarse cuando en las consideraciones que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, y (ii) quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de encontrarse falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus probandi) de demostrarlo, dado que sobre los actos de la administración gravita una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien pretenda impugnarlos.
FALSA MOTIVACIÓN - Elementos
Los elementos indispensables para que se configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado.
RETIRO DEL SERVICIO DE DOCENTE UNIVERSITARIO POR INVALIDEZ - Procedencia
Para la Sala la determinación de retirar a la señora Bertha Leonor Ramírez Pava se ajusta al Estatuto Docente de la Universidad de la Amazonía, pues al concurrir las condiciones de retiro establecidas y conocidas por los Docentes en el Acuerdo 017 de 1993, no era necesario tener en cuenta otras disposiciones exógenas, como la alegada por la demandante, esto es, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, ya que como se estableció en el primer acápite, éste solo resulta aplicable de manera supletoria en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige a los servidores públicos de las carreras especiales, como es el caso del personal docente. La Universidad de la Amazonía estaba facultada para expedir sus propios estatutos y reglamentos y, por lo mismo, es claro en lo referente a la autonomía predicable de las universidades en materia de administración de personal, que en sus Estatutos debían estar las diferentes situaciones administrativas, entre ellas, el retiro del servicio, la cual reguló mediante el artículo 104 del Acuerdo 017 de 1993. Así las cosas, el hecho de que la señora Bertha Leonor Ramírez Pava estuviera disfrutando de su pensión de invalidez, era razón suficiente para que el Rector de la Universidad de la Amazonia la desvinculara de la entidad atendiendo lo dispuesto en el citado artículo, pues por ser una norma que rige a los servidores públicos de las carreras especiales y que pertenecen a dicho ente, debía aplicarse preferiblemente, incluso, por encima de las normas que rigen para los demás servidores públicos, tales como, los Decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973 y la Ley 909 de 2004.
RETIRO DEL SERVICIO POR PENSIÓN DE INVALIDEZ - No requiere autorización de la oficina de trabajo
Como en el sub lite se encuentra probado que a la señora Bertha Leonor Ramírez de Pava se le diagnosticó una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 50.45% la cual trajo consigo el reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de la fecha de su estructuración, esto es, desde el 25 de marzo de 2011, se puede concluir que fue declarada inválida conforme al manual único de calificación y por decisión de la Administradora de Riesgos Profesionales Positiva Compañía de Seguros S.A.; y por consiguiente, era procedente la terminación del vínculo laboral sin necesidad de contar con la autorización previa por parte de la oficina de trabajo, por cuanto en el presente caso se trata de una invalidez dada la calificación de la pérdida laboral superior al 50%, mas no, de una limitación o discapacidad, la cual daría lugar a la protección especial del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 En tal sentido, la cesación definitiva de funciones como consecuencia del reconocimiento de la pensión de invalidez es incompatible con la pretensión de reintegro del demandante, además porque entre otras, el estado de invalidez de la demandante no fue desvirtuado dentro del proceso.
CONDENA EN COSTAS - Criterio objetivo
En aplicación de lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, existía un criterio subjetivo al cual debía acudir el operador jurídico para determinar si a razón de una actuación temeraria, habría lugar o no a la imposición de las costas. Ahora bien, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se advierte que existe un criterio objetivo en lo que corresponde a la imposición de las costas a la parte vencida, pues para el caso, el condenar en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, no tiene en cuenta la conducta asumida por la parte vencida. Sin embargo, en criterio de la Ponente debe existir un margen de análisis mínimo que le permita al Juez evaluar las circunstancias que le permitan decidir si se le impone o no costas a la parte vencida. Así las cosas, refiriéndonos al caso en concreto, se observa que el A - quo no realizó un análisis que permita inferir si hay una circunstancia distinta a la aplicación objetiva y literal de la norma y por tanto al revisarse la discusión planteada por la demandante.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 18001-23-33-000-2013-00283-01(3586-15)
Actor: BERTHA LEONOR RAMÍREZ PAVA
Demandado: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Trámite: Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si el acto de retiro del servicio se encuentra viciado de falsa motivación por cuanto se tuvo en cuenta una disposición del Estatuto Docente propio de la Universidad y, además, si se debía contar la autorización de la oficina de trabajo antes de dar por terminada la relación laboral.
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 8 de abril de 2016, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obran en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 18 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Bertha Leonor Ramírez Pava en contra de la Universidad de la Amazonía.
ANTECEDENTES
1.1 La demanda y sus fundamentos.
Bertha Leonor Ramírez Pava, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Ley 1437 de 2011-, presentó demanda con el fin de que se inaplique por inconstitucional e ilegal el inciso 6 del artículo 104 del Acuerdo 17 de 1993 proferido por el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, que prevé la invalidez o incapacidad absoluta o parcial permanente como causa de retiro de la entidad; así mismo, que se declare la nulidad de las Resoluciones 0185 de 4 de febrero de 2013, por medio de la cual el Rector de la Universidad de la Amazonía reconoció que se encontraba pensionada por invalidez desde el 1º de noviembre de 2012 por parte de la Compañía de Seguros POSITIVA S.A. y, en consecuencia, la retiró del servicio; y, 0795 de 9 de abril de 2013, suscrito por la misma autoridad administrativa, quien al conocer del recurso de reposición confirmó en todas y cada una sus partes el anterior acto administrativo.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho solicitó, el reintegro, sin solución de continuidad, al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría; el pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir inherentes al empleo que ocupaba, con efectividad desde la fecha del retiro y hasta cuando sea reincorporada al servicio público; la cancelación de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales; y, la aplicación a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 194 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado de la demandante, así:
Indicó que la señora Bertha Leonor Ramírez Pava estuvo vinculada a la Universidad de la Amazonía, inicialmente, como Profesora Auxiliar desde el 29 de julio de 1985 al 20 de diciembre del mismo año; y posteriormente, como Docente de tiempo completo a partir del 2 de febrero de 1987 al 4 de febrero de 2013, fecha en que fue declarada insubsistente a través de la Resolución 0185 de 2013, bajo el argumento de que el numeral 6 del artículo 104 del Acuerdo 017 de 1993, proferido por el Consejo Superior, estableció como causal de retiro del servicio el hecho de contar con una invalidez o incapacidad permanente.
Destacó que inconforme en contra del anterior acto administrativo, interpuso recurso de reposición el cual fue confirmado mediante Resolución 0795 de 9 de abril de 2013.
1.2 Normas violadas y concepto de violación.
Como disposiciones violadas citó las siguientes:
Constitución Política, los artículos 24, 53 y 128; Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículos 138, 192 y 194; Leyes 1950 de 1973, artículo 5; 190 de 1995; 244 de 1995; 361 de 1997, artículo 26; Decretos 2400 de 1968; 1950 de 1973; 910 de 1999; 2463 de 2001.
Como concepto de violación de las normas invocadas, la demandante consideró que los actos acusados están viciados de nulidad, por las siguientes razones:
Tanto el acto administrativo que la retiró del servicio como el que lo confirmó, adolecen de falsa motivación, por cuanto fueron sustentados en la causal establecida en el inciso 6 del artículo 104 del Acuerdo 017 de 1993, emitido por el Consejo Superior Universitario, el cual, confrontado con los Decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973 y el artículo 41 de 909 de 2004 se podrá concluir que no coinciden entre sí y, por tanto, no constituye causal de retiro del servicio el hecho que se encuentre pensionada por invalidez.
Indicó que si bien es cierto la calificación de la pérdida de la capacidad laboral que obtuvo -50.45%- determinaba su derecho a pensionarse, no se puede desconocer que esta circunstancia no corresponde a una invalidez absoluta, máxime cuando ésta tiene un origen profesional que permite la valoración continua de su evolución.
Resaltó que la Universidad de la Amazonía omitió el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, concretamente en el hecho de solicitar autorización para poderla desvincular.
Finalmente señaló que no era viable la suspensión del pago de su salario desde el mes de enero de 2013, bajo el argumento de que el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, dado que para que se aplicara tal proposición, el presupuesto de la Administradora de Riegos Laborales debía estar integrado con dineros del Presupuesto General de la Nación, en otras palabras, los dineros con los que se cubre la invalidez en sí provienen de los aportes que efectúan los empleados.
1.3 Contestación de la demanda.
La Universidad de la Amazonía, mediante apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas por la parte actora con fundamento en los siguientes argumentos:
Consideró que carece de fundamento fáctico y jurídico lo expuesto por la demandante, por cuanto la decisión de desvincularla estuvo fundada en las normas vigentes y en el reglamento interno del ente universitario, los cuales permiten retirar del servicio a quien ostente la condición de pensionado por invalidez, además porque no es posible devengar salario y prestaciones sociales de forma simultanea sin incurrir en la prohibición de que trata el artículo 128 de la Constitución Política.
Explicó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que los recursos del Sistema General de la Seguridad Social son rentas de naturaleza parafiscal que constituyen un instrumento para la generación de ingresos públicos, representadas en aquella forma de gravamen que se establece con carácter impositivo por la Ley para afectar un determinado grupo social o económico; por consiguiente, para la Universidad de la Amazonia es claro que los recursos administrados por la Administradora de Riegos Laborales Positiva S.A., son de naturaleza pública y por consiguiente pertenecen al Estado.
Manifestó en cuanto al cargo referido a la autorización que debió obtener la Universidad de la Amazonia de parte de la oficina de trabajo para retirar del servicio a la señora Bertha Leonor Ramírez Pava, como lo establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que al habérsele reconocido la pensión de invalidez, se presentaba una inhabilidad para laborar dada la prohibición que hace mención el artículo 128 de la Constitución Política.
1.4 La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 18 de junio de 2015, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Lo anterior por las razones que a continuación se pasan a exponer:
Enunció, de un lado, que la Universidad de la Amazonía es una institución estatal de educación superior, de orden nacional, organizada como un ente universitario autónomo, creada como Regional de la Universidad Surcolombiana por la Ley 13 de 1976; y de otro, que la señora Bertha Leonor Ramírez de Pava luego de tener varias designaciones transitorias, fue nombrada como Profesora de tiempo completo mediante Resolución 1148 de 12 de agosto de 1987, es decir, que se trata de una empleada pública que ingresó al ente demandado antes de la expedición de la Ley 30 de 1992.
Luego de que examinó el contenido de los actos acusados, concluyó que, no se puede afirmar que se incurrió en falsa motivación, dado que la situación fáctica y jurídica propuesta es cierta, concretamente, porque la demandante había obtenido el reconocimiento de una pensión de invalidez.
Indicó en cuanto al quebrantamiento del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, el retiro del servicio de la demandante tuvo como fundamento motivos distintos a su discapacidad; es decir, si bien puede interpretarse que fueron las circunstancias de su limitación física las que definieron su salida de la institución universitaria, en la motivación de los actos acusados se evidencia que el tema determinante del retiro fue la obtención de la pensión de invalidez, por tal razón no es posible establecer que fue su limitación física la que provocó su desvinculación de la entidad.
Destacó que las universidades tienen un régimen especial que prevalece sobre cualquier ley general, salvo en los eventos en que la Ley 30 de 1992 condicione su aplicación; es por ello que, estas instituciones pueden establecer causales de retiro para sus profesores siempre que sean adecuadas y razonables a su misión y función institucional sin que necesariamente sean exactas a las establecidas en la ley.
Finalmente condenó en costas a la parte demandante atendiendo lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 365 del Código General del Proceso.
El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los motivos que se exponen a continuación:
Manifestó que existe falsa motivación por cuanto al confrontarse las causales del retiro del servicio, tanto las legales como las estatutarias propias de la Universidad de la Amazonía, se encontrará que no se adecuan entre sí, en ese sentido, no se podía hacer uso del numeral 6º del artículo 104 del Acuerdo 017 de 1993, pues de un lado, la razón de su desvinculación obedeció al reconocimiento de la pensión de invalidez a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales Positiva S.A.; y de otro, para el momento en que fueron expedidos los actos acusados no estaba acreditada esta causal, concretamente, por cuanto el reconocimiento de la pensión de invalidez no hizo parte del procedimiento administrativo para retirarla del servicio.
Indicó que si bien es cierto la calificación de la pérdida de la capacidad laboral que obtuvo -50.45%- determinaba su derecho a pensionarse, no se puede desconocer que esta circunstancia no corresponde a una invalidez absoluta, máxime cuando ésta tiene un origen profesional que permite la valoración continua de su evolución.
En ese sentido agregó, que la Universidad de la Amazonía debió realizar el procedimiento señalado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, específicamente, en lo que se refiere a la autorización previa de las autoridades administrativas del trabajo para poderla retirar del trabajo.
1.6. Concepto del Ministerio Público.
La Procuradora Tercera Delegada ante esta Corporación, rindió concepto mediante escrito en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos:
Destacó que desde ningún punto de vista se suplió al legislador en materia de regulación de los motivos de retiro del servicio, ya que solo se dio cumplimiento a la ley a través de un acto motivado tanto en lo fáctico por el hecho de la invalidez, como en lo jurídico por la causal autónoma establecida en el Acuerdo 017 de 1993 del Consejo Superior, la cual retomó lo señalado en el artículo 25 del Decreto 2400 de 1968 con su respectivas modificaciones del artículo 1º del Decreto 3074 de 1968.
CONSIDERACIONES
Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo a lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar si el retiro del servicio de la señora Bertha Leonor Ramírez Pava se encuentra viciado de falsa motivación por cuanto se hizo uso de una norma que no le resulta aplicable; y, si es viable la protección especial de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 a pensar de ostentar una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 50.45%.
Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) régimen aplicable y la naturaleza del cargo; ii) protección especial de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; iii) de la invalidez y la limitación o discapacidad; y, iii) del caso en concreto.
El régimen aplicable y la naturaleza del cargo.
La Constitución Política de 1991, prevé la autonomía universitaria para las universidades estatales, en los siguientes términos:
“(…) Artículo 69.- Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley (…)”.
A su turno, la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio de educación superior, en lo pertinente a los asuntos objeto de estudio, establece:
“(…) Artículo 16. Son instituciones de Educación Superior: a) Instituciones Técnicas Profesionales. b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. c) Universidades.
(…)
Artículo 28. - La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.”
(…)
Artículo 29. - La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:
Darse y modificar sus estatutos
(…)
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes
(…)”
Acorde con las referidas disposiciones, las instituciones de educación superior en desarrollo de la autonomía universitaria tienen plena facultad para expedir sus estatutos y reglamentos –admisión, académico, disciplinario- los cuales rigen para el personal directivo, docentes y alumnos.
Quiere decir entonces que no es viable la aplicación de la Ley 909 de 2004, en la medida en que el artículo 3º estableció que solo se podría hacer uso de ésta de manera supletoria en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige a los servidores públicos de las carreras especiales, como es el caso del personal docente. Al respecto, la Corte Constitucional al estudiar la demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 3 y 55 (parciales) de la citada Ley señaló que:
“(…) En resumen, las normas demandadas de la Ley 909 de 2004, pretenden que frente a un posible vacío en la normatividad que rige a los servidores públicos de la carrera especial de docentes, sea posible remitirse con carácter supletorio a las disposiciones establecidas en la ley mencionada o de los Decretos 2400 y 3074 de 1968.
9. Ahora bien, al retomar los argumentos de inconstitucionalidad planteados por el actor, para la Corte es claro que se está partiendo de una premisa errada al incluir dentro de las carreras especiales a que se refiere la Constitución Política en su artículo 130 la de los docentes, pues la excepción prevista en dicho artículo, se refiere a las carreras especiales de origen constitucional y no a las especiales de creación legal, como es el caso de la de los docentes.
En consecuencia, la remisión supletoria que hace el legislador para que la ley de carrera administrativa sea aplicada a la carrera de docentes no viola la Constitución Política, pues lo que proscribe la Carta es la administración y vigilancia de las carreras especiales de origen constitucional por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por el contrario, la Corte ha determinado que la Comisión Nacional del Servicio Civil es el órgano competente para la vigilancia y administración de las carreras especiales de origen legal.
(…)”.
Por consiguiente es viable concluir que la Universidad de la Amazonía está facultada para expedir sus propios estatutos y reglamentos de acuerdo a su orientación filosófica y su objetivo institucional y, en ese sentido, es claro en lo referente a la autonomía predicable de las universidades en materia de administración de personal, que en sus Estatutos tendrán que estar las diferentes situaciones administrativas, entre ellas, el retiro del servicio; por tanto, a éstas se remitirá la Sala en el caso en concreto.
Al respecto, el Consejo de Estado señaló que en desarrollo del principio de autonomía consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política y en la Ley 30 de 1992, los entes universitarios autónomos pueden regular y prever su administración en sus estatutos generales la carrera administrativa dentro de los parámetros constitucionales y legales vigente. Para el efecto expresó que:
“(…) En efecto, una visión sistemática de los artículos 28, 57 y 79 de la Ley 30, permite sustentar la existencia de la facultad que tienen las universidades públicas para regular la carrera de su personal administrativo, como función que se desprende necesariamente de la definición de autonomía contenida en el artículo 28 en el cual se precisa que uno de los alcances de dicha autonomía universitaria es la de "darse y modificar sus estatutos" y "adoptar sus correspondientes regímenes", atribuciones que luego se concretan en el tercer inciso del artículo 57 de la ley 30 de 1992, donde se advierte con claridad que el régimen especial de las universidades comprende la organización y elección de sus directivas, la organización y elección del personal docente, la organización y elección del personal administrativo, conceptos que en su sentido lato conllevan la facultad de señalar los sistemas de ingreso, selección, retiro, etc. es decir el sistema de carrera. Por su parte , el artículo 79, en forma coincidente índica los temas mínimos que en asuntos de personal administrativo debe contener el estatuto general, temas mínimos que se refieren a derechos, obligaciones, inhabilidades, prohibiciones, situaciones administrativas etc. de acuerdo, con las normas vigentes en cada uno de esos asuntos.
(…)”.
De otro lado, en cuanto a la naturaleza del cargo que ocupaba la demandante se deberá señalar que para la época de los hechos, –año 2013-, regía el Acuerdo 17 de 1993, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía adoptó el Estatuto del Profesor Universitario, en donde se estableció en su artículo 4º que se clasificarían los docentes en: i) profesores de carrera, ii) profesores ocasionales, iii) profesores catedráticos o iv) profesores especiales o visitantes.
En cuanto a los profesores de carrera determinó que serían aquellos que tuvieran una vinculación de dedicación exclusiva, tiempo completo o medio tiempo y estuvieran nombrados e inscritos en la carrera docente, en una de las categorías del Escalafón de acuerdo con las normas que establece el Estatuto del Profesor Universitario, por su parte los profesores ocasionales serían quienes tuviesen dedicación de tiempo completo o de medio tiempo y sean requeridos transitoriamente por la Universidad de la Amazonia para un período inferior a un año. Al respecto se estableció en los artículos 5 y 6 ibídem que:
“(…) ARTÍCULO 5º. DOCENTES DE CARRERA
Son docentes de carrera, quienes tienen una vinculación de dedicación exclusiva, tiempo completo o medio tiempo y están nombrados e inscritos en la carrera docente, en una de las categorías del Escalafón de acuerdo con las normas que establece el presente Estatuto.
PARÁGRAFO: Los docentes de carrera, aunque son servidores públicos, no son de libre nombramiento y remoción de conformidad con el artículo 72 de la ley 30 de 1992. ARTÍCULO 6º. PROFESORES OCASIONALES
Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la Universidad de la Amazonia para un período inferior a un año.
(…)”.
En el presente caso se evidencia, de acuerdo a la Certificación que expidió la Jefa de División de Servicios Administrativos de la Universidad de la Amazonía, que la demandante estuvo vinculada como Docente de Tiempo Completo categoría titular adscrita a la Facultad de Ciencias Agropecuarias desde el 21 de agosto de 1987 al 31 de diciembre de 2012, lo cual lleva a concluir a la Sala, que la señora Bertha Leonor Ramírez Pava hacía parte de los Docentes de Carrera.
Protección especial de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se ha venido consolidado en el país un marco jurídico que determina los derechos de la población con discapacidad y al mismo tiempo las obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos. En este sentido, se observa que el artículo 13 de la Constitución estableció una cláusula de protección especial en favor de las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Es por ello que el legislador se ha encargado de desarrollar dicha protección especial a través de la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación, y la Ley 762 de 2002, que aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Al respecto el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 dispuso que:
"(…) Artículo 26°.- Modificado por el art. 137, Decreto Nacional 019 de 2012. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren (…)".
La anterior disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-531/00, por considerar que se trata de una “protección del trabajador que sufre de una disminución física, sensorial o síquica, en cuanto impide que ésta se configure per se en causal de despido o de terminación del contrato de trabajo, pues la misma sólo podrá alcanzar dicho efecto, en virtud de la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada”.
Indicó la citada Corte que el requerimiento de la autorización de la oficina de trabajo para proceder al despido o terminación del contrato de trabajo debe entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de promover y garantizar el derecho al trabajo según el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente sobre estas materias, para corroborar la situación fáctica que describe dicha causa legal de despido y proteger así al trabajador.
Además dejó en claro que el despido del trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización sancionatoria.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia hizo referencia acerca del objeto de la Ley 361 de 1997, especificando que fue creada con el propósito proteger los derechos fundamentales de las personas con limitaciones, que trasciende el campo del Sistema de Seguridad Social Integral y que su protección va más allá de las garantías que éste régimen cubre. Su fin es la integración social de los discapacitados. Adicionalmente dejó sentada su posición en relación con el despido de las personas limitadas, señalando que para dar por terminado el contrato de trabajo de las personas que por razón de su limitación sean despedidas se requiere justa causa y autorización de la Oficina de Trabajo, pues de lo contrario, el trabajador tendría derecho al reintegro.
Finalmente esta Subsección recientemente expresó en torno al citado articulado, que para la terminación del vínculo laboral de un empleado con discapacidad, el empleador debía contar con la autorización previa por parte de la oficina de trabajo; veamos:
“(…) Con fundamento en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, para la terminación del vínculo laboral de un empleado con discapacidad, el empleador debe obtener la previa autorización de la oficina del trabajo, si no cumple dicho trámite de autorización previa, el empleador no sólo debe pagar la correspondiente indemnización sino que además, dicho retiro se torna ineficaz.
Dicha medida se justifica porque no es razonable dejar al empleado en un estado de desprotección dentro del sistema de seguridad social, cuando expresos mandatos constitucionales, propugnan por la garantía y efectividad de los derechos de todos los asociados y especialmente de aquellos que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
Así las cosas, la entidad demandada tenía el deber de mantener vigente el vínculo laboral con el demandante hasta el momento en que fuera declarado su estado de invalidez que le impidiera desempeñarse laboralmente, con el fin de asegurarle la protección de su ingreso económico y su integridad física y síquica acorde con los mandatos constitucionales.
(…)”.
De la invalidez y la limitación o discapacidad.
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. El estado de invalidez se determina con base en los criterios establecidos en el manual único para la calificación de invalidez, expedido mediante el Decreto 692 de 1995, y posteriormente adoptado mediante el Decreto 917 de 1999, en el que además de disponer que para efectuar la calificación integral del daño corporal se deben tener en cuenta tres criterios: la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, señaló las definiciones de invalidez, incapacidad permanente parcial, capacidad laboral y trabajo habitual así:
“(…) ARTICULO 2o. DEFINICIONES DE INVALIDEZ, INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, CAPACIDAD LABORAL Y TRABAJO HABITUAL. Para efecto de la aplicación y cumplimiento del presente decreto, adóptense las siguientes definiciones:
a) Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
b) Incapacidad permanente parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial a la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%.
c) Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad laboral del individuo el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual.
d) Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el individuo con su capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al Sistema Integral de Seguridad Social.
(…)”.
El Sistema de Seguridad Social en Colombia de conformidad con la Ley 100 de 1993, está compuesto por: (i) el Sistema General de Pensiones, (ii) el Sistema General de Salud, (iii) el Sistema General de Riesgos Profesionales y (iv) los servicios sociales complementarios definidos en la ley.
Para lo que interesa a la presente causa, el Sistema de Pensiones de la Seguridad Social se ocupa de la pensión de invalidez cuando esta es de origen común (sin relación con el trabajo), mientras que, cuando la invalidez es de origen profesional los criterios normativos que se aplican son los del Sistema de Riesgos Profesionales.
En el Sistema General de Pensiones, cuando la calificación total es equivalente al 50% o más, se considera que hay estado de invalidez, las discapacidades que resulten inferiores a dicho porcentaje no originan derechos económicos para el afiliado.
En el sistema de riesgos profesionales se reconoce indemnización por incapacidad permanente parcial entre el 5% y el 49% de pérdida de capacidad laboral, y pensión de invalidez, por pérdida de capacidad laboral superior al 50%.
Las autoridades legalmente facultadas para efectuar la calificación de la invalidez con base en el manual único son, de una parte, las entidades del sistema –ISS, ARP, EPS y aseguradoras- y de otro lado, las juntas de calificación de invalidez, creadas por la Ley 100 de 1993.
El reconocimiento de la pensión de invalidez supone, en primer término, que el afiliado sea declarado inválido conforme al manual único de calificación y por decisión de las juntas de calificación. A su vez, los efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez se traducen, entre otros, en la terminación del vínculo laboral, en tal sentido, para los empleados públicos, las normas generales sobre retiro del servicio señalan que la cesación definitiva de funciones se produce, entre otras, por invalidez absoluta.
En el contexto jurisprudencial y doctrinario señalado, la Sala resolverá los cargos expuestos en el recurso de apelación.
Del caso en concreto.
En el sub lite la señora Bertha Leonor Ramírez Pava consideró que el acto por medio del cual fue retirada del servicio, de un lado, se encuentra viciado de falsa motivación por cuanto acudió a una causal que no se encuentra en la Ley para desvincularla, concretamente a la establecida en el numeral 6 del artículo 104 del Acuerdo 17 de 1993 proferido por el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia; y de otro, si es viable la protección especial de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 a pensar de ostentar una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 50.45%.
Con miras a resolver los puntos objeto de controversia, conforme al material probatorio obrante en el expediente, la Sala realizará las siguientes precisiones:
Por medio de la Resolución 1148 de 1987 la señora Bertha Leonor Ramírez Pava se vinculó a la Universidad de la Amazonía como Profesor con dedicación de tiempo completo.
Mediante Oficio SYC-67247 de 26 de noviembre de 2012, la Gerente de Indemnizaciones Positiva Compañía de Seguros S.A., le reconoció a la señora Bertha Leonor Ramírez Pava la pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación por ostentar una pérdida de la capacidad laboral del 50.45% estructurada el 25 de marzo de 2011.
El 1º de febrero de 2013 el Gerente de la sucursal Caquetá de Positiva Compañía de Seguros S. A., informó al Secretario General de la Universidad de la Amazonia que la señora Bertha Leonor Ramírez Pava se encontraba en la nómina de pensionados desde el mes de noviembre del año 2012, siéndole reconocida una pensión mensual de invalidez en una cuantía de $2.760. 899.
En razón a dicho reconocimiento pensional, el Rector de la Universidad de la Amazonia resolvió, a través de la Resolución 0185 de 4 de febrero de 2013, retirar del servicio de Docencia a la señora Bertha Leonor Ramírez Pava por haber incurrido en una de las causales de retiro del Estatuto Docente. Para el efecto señaló que:
“(…) El Artículo 9 de la Ley 776 de 2002 consagra que para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales se considera invalida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de la capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de calificación.
El Acuerdo 017 de 1993 emitido por el Consejo Superior, por el cual se adopta el Estatuto del Profesor Universitario, establece en su artículo 104 las causales de retiro del servicio, el cual implica la cesación en el ejercicio de las funciones del docente, entre las que se encuentra el numeral 6: “Por invalidez o incapacidad absoluta o parcial permanente que le impida el correcto ejercicio del cargo”.
(…)
En cumplimiento del anterior mandato constitucional y de conformidad con la comunicación de fecha 01 de Febrero de 2013 de la aseguradora POSITIVA Compañía de Seguros S.A. sobre el Reconocimiento de la Pensión por invalidez de la Señora BERTHA LEONOR RAMIREZ PAVA, ésta (sic) institución determinó la improcedencia en la continuación del pago del salario a la empleada pública, incluyendo el correspondiente salario del mes de enero de 2013, por constituir doble asignación proveniente del tesoro público e incurrir en una de las causales de retiro del servicio del Estatuto Docente de la Universidad de la Amazonía.
(…)”.
En virtud de la Resolución 0795 de 9 de abril de 2013, la misma autoridad administrativa al resolver el recurso de reposición, confirmó en todas y cada una de sus partes la Resolución 0185 de 4 de febrero de 2013, dado que al habérsele reconocido la pensión de invalidez a la señora Bertha Leonor Ramírez Pava no era física ni legalmente posible que continuara en el servicio público, concretamente, porque estaría inhabilitada para laborar.
En atención al alcance dado al recurso de apelación por parte de la actora, a continuación la Sala procede a abordar los dos asuntos que condensan su alegato:
Falsa motivación.
Para entender la causal de nulidad por falsa motivación, es necesario indicar que los actos administrativos en su contenido se distinguen por sus elementos, a saber: los sujetos, objeto, causa o motivo, finalidad, formalidad y mérito. En relación con la motivación, la jurisprudencia constitucional, ha explicado en detalle su significado, en los siguientes términos:
"(…) La motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denomina "los considerandos" del acto, es una declaratoria de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto; constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad. De la motivación sólo puede prescindirse en los actos tácitos, pues allí no hay siquiera una manifestación de voluntad; salvo en ese caso, ella es tan necesaria en los actos escritos como en los actos verbales.
Por tratarse de una enunciación de los hechos que la administración ha tenido en cuenta, constituye frente a ella un "medio de prueba en verdad de primer orden", sirviendo además para la interpretación del acto (…)”.
En este orden de ideas, para la Corte Constitucional la motivación de los actos administrativos tiene fundamento en el principio de publicidad establecido por el artículo 209 de la Constitución Política, como uno de los principios que orientan la función administrativa. Particularmente, la motivación es aquella en la que se plasman las razones de hecho y de derecho que dan lugar a la decisión que se expide.
A partir de lo anterior, puede afirmarse que los actos administrativos deben estar motivados expresando las disposiciones normativas y las razones de hecho que dieron lugar a la decisión que se adopta. Al respecto, no puede olvidarse que todo acto administrativo tiene un móvil o motivo determinante para su expedición, esto es, ha estado precedido de unas circunstancias de hecho o de derecho que deben incluirse dentro de su texto. Así, la motivación se convierte en un elemento fundamental para determinar las causas que impulsaron a la administración a manifestar su voluntad.
Para establecer si se incurre en esta causal de nulidad del acto administrativo, se hace necesario examinar los antecedentes fácticos y jurídicos del mismo, para llegar a concluir que existe una incongruencia entre los motivos invocados por el funcionario y la decisión final. Así, habrá falsa motivación cuando al analizar el acto administrativo se evidencia la divergencia entre la realidad fáctica y/o jurídica con los motivos esgrimidos en el acto administrativo.
Desde hace varios años esta Corporación ha manifestado que para que haya lugar a la declaración de falsa motivación “es necesario que los motivos alegados por el funcionario que expidió el acto, en realidad no hayan existido o no tengan el carácter jurídico que el autor les ha dado, o sea que se estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica de los motivos, por una parte, o que los motivos no sean de tal naturaleza que justifiquen la decisión tomada”.
Adicionalmente la jurisprudencia, en lo relativo a la revisión judicial de la falsa motivación de un acto administrativo, ha señalado que quien aduce que se ha presentado dicha causal “tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos”.
De acuerdo con lo anterior, se concluye lo siguiente: (i) la falsa motivación puede estructurarse cuando en las consideraciones que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, y (ii) quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de encontrarse falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus probandi) de demostrarlo, dado que sobre los actos de la administración gravita una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien pretenda impugnarlos.
Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a analizar, entonces, el argumento en que la recurrente sustenta esta causal, el cual es, que el acto acusado no podía tener como fundamento el Artículo 104 del Acuerdo 017 de 1993, proferido por el Consejo Superior de la Amazonia, por cuanto ello sería tanto como desconocer las normas generales que regulan el retiro de los empleados públicos. El citado artículo señaló en cuanto a las causales de retiro, lo siguiente:
“(…) ARTÍCULO 104º DEL RETIRO DEL SERVICIO.
Causales de Retiro
El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de las funciones del docente y se produce en cualquiera de los siguientes casos:
1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en el primer año de los docentes no escalafonados.
3. Por destitución.
4. Por revocatoria del nombramiento
5. Por supresión del cargo, caso en el cual, si el docente está escalafonado, tendrá derecho preferencial a ser nombrando en un cargo equivalente que se encuentre vacante, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se produzca su desvinculación.
6. Por invalidez o incapacidad absoluta o parcial permanente que le impida el correcto ejercicio del cargo.
7. Por retiro con derecho a pensión de jubilación
8. Por haber llegado a la edad de retiro forzoso, que es de sesenta y cinco (65) años
9. Por muerte del docente
10. Por abandono del cargo
(…)”.
Para la Sala la determinación de retirar a la señora Bertha Leonor Ramírez Pava se ajusta al Estatuto Docente de la Universidad de la Amazonía, pues al concurrir las condiciones de retiro establecidas y conocidas por los Docentes en el Acuerdo 017 de 1993, no era necesario tener en cuenta otras disposiciones exógenas, como la alegada por la demandante, esto es, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, ya que como se estableció en el primer acápite, éste solo resulta aplicable de manera supletoria en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige a los servidores públicos de las carreras especiales, como es el caso del personal docente.
En efecto, el Rector de la Universidad de la Amazonía no estaba en la obligación de observar situaciones ajenas a las previstas en el Estatuto del Profesor de la Universidad de la Amazonía para tomar la decisión de retiro de la demandante por la invalidez o incapacidad absoluta o parcial permanente que impidiera el ejercicio del cargo, de ahí que no es procedente la causal de nulidad alegada por la parte demandante, máxime cuando no es desconocido que el principio de autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior para darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, desarrollar sus programas académicos, seleccionar a sus docentes, admitir a sus estudiantes, adoptar sus propios regímenes y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social, tal y como o dispone la Ley 30 de 1992.
Se insiste, la Universidad de la Amazonía estaba facultada para expedir sus propios estatutos y reglamentos y, por lo mismo, es claro en lo referente a la autonomía predicable de las universidades en materia de administración de personal, que en sus Estatutos debían estar las diferentes situaciones administrativas, entre ellas, el retiro del servicio, la cual reguló mediante el artículo 104 del Acuerdo 017 de 1993.
Así las cosas, el hecho de que la señora Bertha Leonor Ramírez Pava estuviera disfrutando de su pensión de invalidez, era razón suficiente para que el Rector de la Universidad de la Amazonia la desvinculara de la entidad atendiendo lo dispuesto en el citado artículo, pues por ser una norma que rige a los servidores públicos de las carreras especiales y que pertenecen a dicho ente, debía aplicarse preferiblemente, incluso, por encima de las normas que rigen para los demás servidores públicos, tales como, los Decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973 y la Ley 909 de 2004.
Ahora bien, en cuanto al argumento que propuso la recurrente, según el cual, para el momento en que fueron expedidos los actos acusados no estaba acreditada la invalidez, concretamente, por cuanto el reconocimiento de la pensión de invalidez no hizo parte del procedimiento administrativo para retirarla del servicio, para la Sala no es de recibo tal afirmación, por cuanto la Universidad de la Amazonía previo a adoptar la determinación de retirarla del servicio, solicitó a la Administradora de Riesgos Profesionales POSITIVA S.A. que le informara si la señora Bertha Leonor Ramírez Pava se encontraba en la nómina de pensionados, petición que fue resuelta el 1º de febrero de 2013 en la que se le indicó que se encontraba activa desde el mes de noviembre de 2012 dada su condición médico laboral, pues había obtenido una pérdida de la capacidad laboral del 50.45%.
Aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para determinar si es viable hacer uso del citado artículo, para la Sala es necesario despejar un interrogante determinante, el cual es: ¿qué se entiende por invalidez y por limitación o discapacidad?, pues de acuerdo los motivos expuestos en el acto acusado, la demandante fue retirada del servicio de docencia por el hecho de contar con una “(…) invalidez o incapacidad absoluta o parcial permanente que le impida el correcto ejercicio del cargo (…)”, mas no, por una limitación o discapacidad; lo anterior, porque en dado caso que se asemejen entre sí, sería viable la aplicación la protección especial de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Tal y como se estableció en el tercer acápite, en el Sistema General de Pensiones, cuando la calificación total es equivalente al 50% o más, se considera que hay estado de invalidez, mientras que en el Sistema de Riesgos Profesionales se reconoce indemnización por incapacidad permanente parcial entre el 5% y el 49% de pérdida de capacidad laboral, y pensión de invalidez, por pérdida de capacidad laboral superior al 50%.
Como en el sub lite se encuentra probado que a la señora Bertha Leonor Ramírez de Pava se le diagnosticó una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 50.45% la cual trajo consigo el reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de la fecha de su estructuración, esto es, desde el 25 de marzo de 2011, se puede concluir que fue declarada inválida conforme al manual único de calificación y por decisión de la Administradora de Riesgos Profesionales Positiva Compañía de Seguros S.A.; y por consiguiente, era procedente la terminación del vínculo laboral sin necesidad de contar con la autorización previa por parte de la oficina de trabajo, por cuanto en el presente caso se trata de una invalidez dada la calificación de la pérdida laboral superior al 50%, mas no, de una limitación o discapacidad, la cual daría lugar a la protección especial del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
En tal sentido, la cesación definitiva de funciones como consecuencia del reconocimiento de la pensión de invalidez es incompatible con la pretensión de reintegro del demandante, además porque entre otras, el estado de invalidez de la demandante no fue desvirtuado dentro del proceso.
Y, si bien la pérdida de la capacidad laboral que ostentaba la señora Bertha Leonor Ramírez Pava daría para concluir, en los términos expuestos en el recurso de apelación, que no se trata de una invalidez absoluta, es evidente de acuerdo a los Decretos 692 de 1995 y 917 de 1999 que se entiende por invalidez aquella pérdida de la capacidad laboral u ocupacional igual o superior al 50%, razón suficiente como para adoptar la determinación de retirarla del servicio, sin necesidad de solicitar la autorización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 por cuanto, se insiste, en el presente caso no se está ante una limitación.
Finalmente en relación a la condena en costas, es pertinente señalar que aunque el origen de éstas obedece a un principio de responsabilidad patrimonial que tienen las partes, cuando con sus actuaciones procesales incurren en mala fe o temeridad, también es cierto que éstas actualmente constituyen causales o reglas que expresamente refiere la ley para su declaratoria, liquidación y ejecución.
Bajo este entendido, cabe precisar que el criterio para la imposición de costas inicialmente estaba dado por observancia de la conducta asumida por las partes, no obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se advierte que en el artículo 188 se hace mención a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil que respecto a la materia señala en el artículo 392: “(…) En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73 (…)”.
Consecuente con lo anterior y dado que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, el artículo 365 señaló que “(…) En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe (…).”, se tiene que el criterio subjetivo que en principio operaba y que hacía referencia al examen que debía realizar el juez para determinar si hubo o no culpa en quien promovió el proceso, recurso o incidente o se opuso a él y resultó vencido, dejo de existir cuando se acogió con la nueva normatividad el criterio objetivo que simplemente indica que las costas en los casos señalados en los artículos anteriores, son a cargo de la parte vencida.
Es necesario señalar que recientemente esta Corporación, respecto de la condena en costas, en relación a la aplicación del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, dijo lo siguiente:
“(…) La norma contenida en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no impone al funcionario judicial la obligación de condenar en costas, solo le da la posibilidad de “disponer”, esto es, de pronunciarse sobre la procedencia o no de imponerlas.
La mencionada sentencia, precisó que si bien es cierto en la Ley 1437 de 2011, no aparece la previsión que contenía el artículo 171 del Decreto 01 de 1984, referido a la potestad de imponer condena en costas, “teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes…”, también lo es que la norma establecida en la Ley 1437 de 2011, no impone la condena de manera automática, frente a aquel que resulte vencido en el litigio, pues debe entenderse que tal condena es el resultado de observar una serie de factores, tales como, la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez ponderando tales circunstancias, debe pronunciarse sustentando su decisión de procedencia.
La anterior interpretación se ajusta con lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, el cual señala que la condena en costas se impone en los procesos y actuaciones posteriores a aquellos “…en que haya controversia…” y “… sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En el presente asunto, el a quo no expuso ningún argumento para imponer la condena en costas a la parte vencida en el litigio, decisión que debió fundamentar de acuerdo con lo previsto en el artículo 280 del Código General del Proceso (…)”
Lo que permite concluir que en aplicación de lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, existía un criterio subjetivo al cual debía acudir el operador jurídico para determinar si a razón de una actuación temeraria, habría lugar o no a la imposición de las costas.
Ahora bien, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se advierte que existe un criterio objetivo en lo que corresponde a la imposición de las costas a la parte vencida, pues para el caso, el condenar en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, no tiene en cuenta la conducta asumida por la parte vencida. Sin embargo, en criterio de la Ponente debe existir un margen de análisis mínimo que le permita al Juez evaluar las circunstancias que le permitan decidir si se le impone o no costas a la parte vencida.
Así las cosas, refiriéndonos al caso en concreto, se observa que el A - quo no realizó un análisis que permita inferir si hay una circunstancia distinta a la aplicación objetiva y literal de la norma y por tanto al revisarse la discusión planteada por la demandante.
En las anteriores condiciones se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Bertha Leonor Ramírez Pava en contra de la Universidad de la Amazonía, y se revocará el numeral segundo, en cuanto condenó en costas a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Bertha Leonor Ramírez Pava en contra de la Universidad de la Amazonía, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la decisión, en cuanto el Tribunal Administrativo del Caquetá condenó en costas a la parte demandante.
En su lugar, se dispone:
NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación precedente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Informe visible a folio 362. Demanda visible a folios 21 a 31. El abogado Jaime H. Espinosa Salazar.
“(…) ARTÍCULO 26. NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. En ningún caso la limitación <discapacidad> de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación <discapacidad>< HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997_pr001.html" \l "np1" 1> sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada <en situación de discapacidad>< HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997_pr001.html" \l "np1" 1>podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación <discapacidad>< HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997_pr001.html" \l "np1" 1>, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación <discapacidad>< HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997_pr001.html" \l "np1" 1>, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
(…)”. Visible a folios 65 a 75.
“(…) ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. (…)”. Visible a folios 258 a 293 del expediente.
“(…) por la cual se organiza el servicio público de la educación superior (…)”. Visible a folios 305 a 310 del expediente. Visible a folios 357 a 361 vto.
“(…) ARTÍCULO 3o. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY.
(…)
2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:
(…)
• El que regula el personal docente.
(…)”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia 1230 de 2005, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la ley 909 de 2004 "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
“(…) la jurisprudencia ha dejado establecido que bajo el actual esquema constitucional coexisten tres categorías de sistemas de carrera administrativa: la carrera general, regulado actualmente por la Ley 909 de 2004, y las carreras de naturaleza especial. En relación con los regímenes especiales, ha destacado que éstos tienen origen constitucional, en el sentido de que existe un mandato expreso del constituyente para que ciertas entidades del Estado se organicen en un sistema de carrera distinto al general, y también tienen origen legal, en la medida que es el legislador, ordinario o extraordinario, quien toma la decisión de crearlos a través de leyes o decretos con fuerza de ley”
ACUERDO Nº 17 DE 1993 suscrito por el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia.
“ARTÍCULO 2º. OBJETIVOS Este Estatuto tiene los siguientes objetivos: 1 Regular y estimular la carrera docente del profesorado de la Universidad de la Amazonia 2 Regular los mecanismos y procedimientos de evaluación del desempeño del profesor de la Universidad de la Amazonia. 3 Definir los criterios del escalafón docente y establecer su estructura con base en categorías diferenciadas por niveles de experiencia académica y profesional.
4 Clasificar a los profesores en el escalafón de acuerdo con títulos, estudios de capacitación, experiencia docente, investigación, extensión, ejercicio profesional y su producción intelectual. 5 Contribuir a elevar el nivel académico y cultural de los docentes, a través de la capacitación científica y pedagógica. 6 Establecer los derechos y deberes del personal docente. 7 Determinar las disposiciones precisas para incluir o excluir del escalafón docente a los profesores. 8 Establecer y precisar las situaciones administrativas para el personal docente. 9 Determinar el conjunto de estímulos y distinciones académicas. 10 Establecer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades (…)”. CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1906 de 31 de julio de 2008, radicación 11001-03-06-000-2008-00043-00, GUSTAVO APONTE SANTOS. Visible a folios 115 a 163 del expediente. Visible a folios 224 a 226. Los artículos 47 y 54 de la Constitución Política, establecen el deber del Estado de adelantar políticas encaminadas a la previsión, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, y brindarles la atención especializada que requieran, así como garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Para los efectos de dicha Convención, se entiende por Discapacidad, la existencia de "una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social". CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Laboral, sentencia 25130 del 7 de febrero de 2006, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 1º de septiembre de 2016, radicado 19001-23-31-000-2002-08000-01 (0412-2010), actor: Nicolás Rodolfo López Saccone, Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, C. P. Dr. César Palomino Cortés. La pensión de invalidez de origen común se encuentra regulada en los artículos 30 a 44 de la Ley 100 de 1993. La pensión de invalidez de origen profesional está regulada en el estatuto del sistema de riesgos profesionales (D.L. 1295/94 y L. 776/2003). Visible a folio 9 del expediente. Visible a folio 83
Visible a folios 85 a 89. Visible a folios 10 y 11. Visible a folios 12 a 17. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-250 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de junio de 1989, C.P.: Álvaro Lecompte Luna. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 1999, expediente: 3.443, C.P.: Juan Alberto Polo Figueroa. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de octubre de 2003, expediente 16.718, C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. Visible a folio 84 del expediente. Decreto 1507 de 2014
“(…) Discapacidad: Término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad, esta se valorará en el Título Segundo “Valoración del Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales (…)”. En el entendido que en los aspectos no contemplados en el C.P.A.C.A. se sigue el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, se tiene que el artículo 80 respecto de la responsabilidad patrimonial de las partes, literalmente señala: “Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente. A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente.
Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente.”
Artículo 171 del Código Contencioso Administrativo. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
Modificado por la Ley 794 de 2003, señala en el artículo 42: Los numerales 1 y 2 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil quedarán así: 1.) Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 2.) La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda - Subsección “B”. Consejero Ponente Alfonso Vargas Rincón (e). Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil quince (2015). Radicación No. 73001-23-33-000-2012-00206-01. Expediente No. 1343-2014. Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo
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