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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2014-00069-02

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2014-00069-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de septiembre de 2022, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, para, en su lugar, disponer: “1.- Declarar la responsabilidad agravada de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva, en los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2005, por las razones expuestas en esta providencia. 2.- Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar a los demandantes, a título de indemnización, los siguientes montos: 2.1. Por perjuicios morales: Demandante Condición Monto a reconocer María Faelly Cutiva Leyva Madre 200 SMLMV Ingrid Vanesa Molano Cutiva Hermana 100 SMLMV Dairon Stiven Molano Cutiva Hermano 100 SMLMV Karen Yulisa Molano Cutiva Hermana 100 SMLMV Eliana Cutiva Leiva Hermana 100 SMLMV Anderson Eduardo Cutiva Hermano 100 SMLMV Jenifer Cutiva Hermana 100 SMLMV Luisa Fernanda Salazar Cutiva Hermana 100 SMLMV Ezequiela -Graciela127- Leiva Rivas Abuela 100 SMLMV 2.2. Por afectación relevante a bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados: Demandante Condición Monto a reconocer María Faelly Cutiva Leyva Madre 50 SMLMV Ingrid Vanesa Molano Cutiva Hermana 25 SMLMV Dairon Stiven Molano Cutiva Hermano 25 SMLMV Karen Yulisa Molano Cutiva Hermana 25 SMLMV Eliana Cutiva Leiva Hermana 25 SMLMV Anderson Eduardo Cutiva Hermano 25 SMLMV Jenifer Cutiva Hermana 25 SMLMV Luisa Fernanda Salazar Cutiva Hermana 25 SMLMV Ezequiela -Graciela128- Leiva Rivas Abuela 25 SMLMV 127 Para efectos del pago de la presente indemnización, la beneficiaria corresponderá a la portadora de la cédula de ciudadanía número “26.508.423 de Guadalupe”. 128 Para efectos del pago de la presente indemnización, la beneficiaria corresponderá a la portadora de la cédula de ciudadanía número “26.508.423 de Guadalupe”. 34 Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540) Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional Referencia: Reparación directa […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 18001-23-33-000-2014-00069-02

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

7 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandantes: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD – Exigencia frente a conductas de lesa
humanidad / CRITERIO DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LA SECCIÓN
TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO - La caducidad se computa desde la ocurrencia
del hecho causante del daño, salvo que el interesado no hubiese advertido la participación
del Estado ni la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, o porque se
presentaron situaciones que impidieron el ejercicio del derecho de acción / HOMICIDIO EN
PERSONA PROTEGIDA – en el presente caso se perpetró el asesinato de un civil por
miembros del Ejército Nacional y se hizo pasar como un subversivo dado de baja en
combate / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR VIOLACIONES GRAVES A
DERECHOS HUMANOS – cuando los hechos objeto de estudio se suscitan en el marco de
una violación grave a derechos humanos, que constituyan crímenes de lesa humanidad o
crímenes de guerra.

1. La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra
la sentencia del 7 de septiembre de 2022, por medio de la cual la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá declaró la caducidad de la acción.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se pretende la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional por el
asesinato de Milton Andrei Muñoz Cutiva, ocurrida el 7 de octubre de 2005, en el
municipio de Florencia (Caquetá); según se indicó en la demanda, miembros de la
entidad demandada le dispararon en reiteradas ocasiones, sin justificación alguna.

ANTECEDENTES

3. En escrito presentado el 14 de febrero de 20141, María Faelly Cutiva Leyva y
otros2, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación directa

1 De conformidad con la constancia de recibido visible a folio 28 del documento
“6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
2 Como demás demandantes figuran: Fredy William Molano Cardona, Ingrid Vanesa Molano Cutiva;

Dairon Stiven Molano Cutiva; Karen Yulisa Molano Cutiva; Eliana Cutiva Leiva; Anderson Eduardo
Cutiva; Jenifer Cutiva; Luisa Fernanda Salazar Cutiva y Ezequiela Leiva Rivas. El escrito inicial obra
de folios 28 a 48 del documento “6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital,
visible en Samai.

Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que
se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios a ellos irrogados con
ocasión de la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva3.

4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

5. El 7 de octubre de 2005, aproximadamente a las 22:00 horas, en instantes en
que Milton Andrei Muñoz Cutiva estaba en la cancha de fútbol del barrio “Las
Malvinas”, en Florencia (Caquetá), miembros de la Agrupación de Fuerzas
Especiales Urbanas “AFEUR”, adscritos a la Décima Segunda Brigada del Ejército
Nacional, lo “retuvieron” y “valiéndose de [su] condición de militares” lo trasladaron
en un vehículo oficial hacia las afueras del citado municipio, donde lo torturaron y le
dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte.

3 A continuación, la síntesis de las pretensiones consignadas en la demanda:

“De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación
jurisprudencial proferida por la sala plena de la sección tercera de fecha 25 de septiembre de 2013,
radicado número 05001233100020010079901 (36460), C.P: ENRIQUE GIL BOTERO, CONDENAR
a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL a pagar a cada uno de los
demandantes a título de indemnización de perjuicios morales el equivalente en salarios mínimos
legales mensuales, vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segundo grado, así:
“2.1. Para MARIA FAFLLY CUTIVA LEYVA, la cantidad de Mil (1000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes (…).
2.2. Para FREDY WILLIAM MOLANO CARDONA, la cantidad de Mil (1000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (…).
2.3. Para INGRID VANESA MOLANO CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (…).
2.4. Para DAIRON STIVEN MOLANO CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos,
legales mensuales vigentes (…).
2.5. Para KAREN YOLISA MOLANO CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (…).
2.6. Para ELIANA CUTIVA LEIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (…).
2.7. Para ANDERSON EDUARDO CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (…).
2.8. Para JENIFER CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (…).
2.9. Para LUISA FERNANDA SALAZAR CUTIVA, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (…).
2.10. Para EZEQUIELA LEIVA RIVAS, la cantidad de Quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (…).
3. Condenar a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL a pagar a cada
uno de los demandantes a título de indemnización de perjuicios a la vida de relación el equivalente
en salarios mínimos legales mensuales, vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segundo
grado, así: [aquí se consignaron los mismos valores solicitados por los demandantes por concepto
de perjuicios morales].
Que se condene a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÊRCITO NACIONAL, a ofrecer
disculpas a cada uno de los demandantes por la muerte del señor MILTON ANDREI MUÑOZ CUTIVA,
en ceremonia pública que habrá de celebrarse en el Parque San Francisco de esta ciudad el día del
natalicia del señor MILTON ANDREI MUNOZ CUTIVA
A la ceremonia pública de ofrecimiento de disculpas serán citados los medios de comunicación
departamental, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, y será presidida por el comandante de
la Décimo Segunda Brigada del Ejército con sede en esta ciudad.
También habrá de publicarse la sentencia de condena en el portal web del Gaula del Ejército
Nacional por lapso de tiempo no inferior a 6 meses, y se impartirá un curso de derechos humanos y
derecho internacional humanitario en los colegios públicos del municipio de Florencia Caquetá.
5. Condenar a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar a cada
uno de los demandantes los perjuicios que, no habiendo sido pedidos en esta demanda, resultaren
probados en el decurso del proceso”.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

6. Se dijo que, ante los medios de comunicación, Milton Andrei Muñoz Cutiva fue
presentado como un “guerrillero dado de baja en combate”, junto con Arley Perdomo
Bermúdez, y agregó que los hechos expuestos evidenciaban la existencia de un
delito de lesa humanidad, de conformidad con la investigación realizada por la
Fiscalía Primera Especializada en Asuntos Humanitarios de Florencia (Caquetá),
bajo el número único de noticia criminal 180016000551200900083.

Trámite relevante en primera instancia

7. Mediante proveído del 14 de marzo de 2014 4 , el Tribunal Administrativo de
Caquetá admitió la demanda, oportunidad en la que estimó que “al tratarse de un
delito que por [sus] características deviene en actos de lesa humanidad (…) no
p[odía] aplicarse la regla interna de la caducidad, dada la inescindible relación que
exist[ía] con el principio de imprescriptibilidad que gobierna esta clase de delitos”.

8. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional5 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones. Argumentó que el fallecimiento de Milton Andrei Muñoz
Cutiva fue producto de un enfrentamiento legítimo que ocurrió en desarrollo de un
operativo militar; al lado de lo cual resaltó que no existía una sentencia penal
ejecutoriada en la que se estableciera la responsabilidad de alguno de los agentes
que participaron en los hechos objeto de estudio, o que denunciara la configuración
de un delito de lesa humanidad.

9. Agregó que la parte actora tuvo conocimiento de la muerte de Milton Andrei
Muñoz Cutiva, en una confrontación con miembros del Ejército Nacional, desde el
7 de octubre de 2005, y que no se probó que los demandantes conocieron el daño
en un momento posterior; razón por la que formuló la excepción de caducidad.

10. Resaltó que la señora Ezequiela Leiva Rivas carece de legitimación en la causa
por activa, dado que, a pesar de que adujo ser la abuela de Milton Andrei Muñoz
Cutiva, no aportó el registro civil de los padres de la víctima para “acreditar el tronco
común”.

11. La audiencia inicial se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2014 y continuó el 28
de enero de 20156; en esta última oportunidad el Tribunal a quo declaró probada la
caducidad, luego de determinar, con fundamento en dos decisiones proferidas por

4 Folios 55 a 61 del documento “6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
5 Folios 78 a 94 del documento denominado “6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
6 Folios 2 a 8 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 7 , que se podía
configurar esta excepción previa en los delitos de lesa humanidad8.

12. La providencia del 28 de enero de 2015 fue apelada por el apoderado de la parte
actora y, posteriormente, fue revocada por la Subsección C de la Sección Tercera
de esta Corporación el 2 de mayo de 20169; después de razonar que “exist[ían]
cuestionamientos y serias dudas [de] entrar a determinar la caducidad en es[e]
momento”, razón por la cual el presupuesto procesal referente a la oportunidad para
presentar la demanda se definiría cuando se profiriera una decisión de fondo, “con
el fin de evitar ilegalidades futuras y una posible vulneración a los derechos
esenciales”.

13. El 9 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Caquetá ingresó el
expediente nuevamente al despacho y fijó fecha para darle continuidad a la audiencia
inicial10. El 15 de febrero de 2017, el a quo fijó el litigio en torno a la responsabilidad
de la entidad accionada en la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva11, y decretó las
pruebas pedidas por las partes.

14. El 17 de mayo de 2017 12 se realizó la audiencia de pruebas; finalizada esa
diligencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, oportunidad en la que
intervino el Ejército Nacional13 -entidad que insistió en que la muerte de Milton Andrei
Muñoz Cutiva fue producto del uso legítimo de las armas- y la parte demandante14 -

7 Las dos decisiones mencionadas, en esa oportunidad, fueron las proferidas por la Subsección C

de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ambas del 12 de agosto de 2014, con los radicados
internos números 50.257 y 50.266.
8 Para llegar a esa conclusión, el Tribunal Administrativo razonó que la Ley 589 de 2000 no solo

tipificó los delitos de desaparición forzada sino también los de lesa humanidad, en los términos de la
Ley 742 de 2002, que aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y que en su
artículo 7° introdujo la excepción a la regla general de caducidad estatuida en el artículo 136 del
Decreto 01 de 1984 únicamente en lo relacionado con las pretensiones de reparación provenientes
de los delitos de desaparición forzada, que no era lo solicitado en el sub lite; agregó que el término
pro tempore para acudir a la jurisdicción inició su conteo al día siguiente del deceso del señor Milton
Andrei Muñoz Cutiva, es decir, desde el 8 de octubre de 2005, y la demanda se interpuso hasta el
14 de febrero de 2014, por lo que había operado la caducidad del medio de control de reparación
directa.
9 Folio 13 del documento “8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra

en Samai.
10 Folios 43 a 56 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
11 En la audiencia inicial, el magistrado conductor del proceso fijó el litigio en los términos que se

transcriben a continuación:
“El litigio se contrae a determinar si la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL es administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes
por la muerte del señor Milton Andrei Muñoz Cutiva, en hechos acaecidos el 7 de octubre de 2005,
cuando miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas -AFEUR- (…) [le] causaron la
muerte (…) y en consecuencia, si hay lugar al reconocimiento y pago de los perjuicios aducidos por
los demandantes”.
12 Folios 59 a 61 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
13 Folios 64 a 72 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
14 Folios 73 a 76 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

extremo procesal que reiteró que el daño causado era imputable al Estado, por la
configuración de una falla en el servicio-.

15. El Ministerio Público guardó silencio15.

La sentencia de primera instancia

16. En sentencia del 7 de septiembre de 202216, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá declaró probada la excepción de caducidad de
la acción de reparación directa.

17. Para llegar a dicha conclusión, el a quo mencionó el precedente fijado en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, según el cual, excepto en los casos de
desaparición forzada, el plazo para demandar se computa desde la ocurrencia del
hecho causante del daño, siempre que desde ese momento los afectados hubiesen
estado en posibilidad de conocerlo y, por ende, de advertir la posibilidad de imputar
responsabilidad al Estado por tales hechos.

18. Explicó que las pruebas allegadas al expediente evidenciaban que la
demandante María Faelly Cutiva -madre de la víctima directa- tuvo conocimiento del
deceso de Milton Andrei Muñoz Cutiva el mismo mes en que se presentaron los
hechos -octubre de 2005-, así como “de la participación de los miembros del Ejército
Nacional en su desarrollo”. Indicó, que no observaba obstáculo alguno que les
hubiese impedido a los demandantes incoar, de manera oportuna, el medio de
control de reparación directa.

19. Manifestó que “desde el mes de octubre de 2005 a la fecha de radicación de la
solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 71 Judicial para Asuntos
Administrativos -11 de diciembre de 2012-, transcurrió un término de 7 años, 2
meses”, lapso que desbordaba el establecido en el literal h del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 para presentar la demanda.

20. Finalmente, condenó en costas a los demandantes, para lo cual fijó las agencias
en derecho en una suma correspondiente al 2% del valor de las pretensiones
formuladas en el escrito inicial.

El recurso de apelación

21. La parte actora apeló el fallo de primera instancia 17 . En su escrito de
impugnación, cuestionó la aplicación de la sentencia de unificación jurisprudencial
del 29 de enero de 2020, en síntesis, porque: (i) vulneraba los principios de

15 Así lo corroboró la constancia secretarial del Tribunal Administrativo del Caquetá, fechada el 2 de

junio de 2017, visible a folio 77 del documento denominado “8ED_06CUADERNOPPAL
CONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
16 Documento denominado “26ED_24SENTENCIA.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
17 Documento denominado “28ED_26APELACIONDEMANDANT.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

confianza legítima y seguridad jurídica de los aquí demandantes y su derecho
fundamental al debido proceso; (ii) el Estado colombiano se sustraía del
cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas y desconocía la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que, (iii)
“revictimiza[ba] a los demandantes”, en la medida que los “obliga[ba] (…) a acudir
ante el Sistema Interamericano o ante el Sistema Universal” para alegar la violación
de los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano en “hechos
despreciables como lo son las ejecuciones extrajudiciales”. A lo todo anterior,
agregó que “el hecho de que la investigación penal (…) aún no h[ubiese] culminado
con el juzgamiento de los responsables (…) significa[ba] que las víctimas no
ha[bían] obtenido ni verdad, ni justicia ni mucho menos reparación”.

22. En línea con lo expuesto, aseguró que debía aplicarse la regla jurisprudencial
vigente para el momento en que se interpuso la demanda, relativa a la
“imprescriptibilidad del medio de control frente a actos de lesa humanidad”, lo cual
ya había sido definido en auto “ejecutoriado” del 2 de mayo de 2016, proferido por
esta Corporación, cuyos efectos jurídicos no podrían ser desconocidos,
posteriormente, por el Tribunal Administrativo del Caquetá. Para finalizar, insistió en
que debía declararse patrimonialmente responsable al Ejército Nacional de los
perjuicios a ellos irrogados con ocasión de la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva.

Trámite relevante en segunda instancia

23. En auto del 10 de marzo de 2023 se admitió el recurso de apelación 18 . El
Ministerio Público emitió concepto19, en el que aseguró que en el sub lite no había
operado la caducidad, con fundamento en el “estándar internacional”, en concreto, en
el literal b) de los artículos 1° y 4° de la “convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, que hacía parte del ius
cogens y, por ello, era de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano20; por
su parte, los demandantes reiteraron los motivos de inconformidad que esbozaron en
el escrito de apelación y se adhirieron a los argumentos planteados por el agente del
Ministerio Público21. La parte demandada guardó silencio.

24. El 6 de septiembre de 2024, se ordenó la remisión de este asunto22 al despacho
del consejero ponente, en compensación, de conformidad con lo establecido en la
Circular 010 del 11 de marzo de 2019, expedida por la presidencia de esta
Corporación23.

18 Documento denominado “46AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION.pdf” del expediente
digital, que obra en Samai.
19 Índice 15 de Samai.
20 Documento denominado “50MemorialWebLEH_50CONCEPTO_CONCEPTO075MARIAFAELLY

CUTIVADELITOSDELESAHUMANIDAD.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
21 Documento denominado “52RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO
_PRONUNCIACIONCONSEP.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
22 Que estaba, antes, en el despacho del consejero Nicolás Yepes Corrales.
23 Documento denominado “072Autoqueremite_69540pdf.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

CONSIDERACIONES

25. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, por lo que procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.
Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, legitimación en la causa por activa y por pasiva, y el
agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial. Lo referente a la oportunidad
para presentar la demanda se definirá en esta decisión, tal como se precisará a
continuación.

Problemas jurídicos a resolver

26. Antes de enunciar los interrogantes cuya solución acometerá esta Subsección,
es necesario acotar que el reproche de la parte apelante en contra del fallo de
primera instancia, encargado de fijar el marco del presente pronunciamiento24 -salvo
otras situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa- consiste en
insistir en que esta demanda se presentó de forma oportuna, para lo cual manifestó
su inconformidad con la aplicación de la sentencia de unificación que se adoptó el
29 de enero de 2020.

27. Así las cosas y en consideración a que en la sentencia de primer grado la
declaratoria de la excepción de caducidad impidió resolver el asunto de fondo, el
problema jurídico principal que se resolverá en esta instancia consiste en: (i)
establecer si, como lo consideró el a quo, la demanda se presentó por fuera de la
oportunidad legal establecida para para tal efecto. Solo en caso de que se determine
que no se configuró la caducidad de la acción de reparación directa, (ii) se verificará
si se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Milton Andrei Muñoz
Cutiva; de resultar procedente, (iii) se establecerá la correspondiente indemnización
de perjuicios y, por último, (vi) se abordará la imposición de la condena en costas.

De la oportunidad legal para presentar la demanda de reparación directa

28. Como se mencionó en los antecedentes, el 7 de septiembre de 2022, la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá declaró la caducidad
de la acción de reparación directa. El fundamento de tal determinación fue la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que introdujo una variación jurisprudencial
en relación con el conteo del término para demandar -postura que, por asuntos
metodológicos, será precisada más adelante-.

24 Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012 – CGP) – Artículo 328, inciso primero: “El juez de

segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”. En
cuando al desarrollo jurisprudencial de este precepto, ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 12 de julio de 2024.
Rad. 13001-23-33-000-2015-00015-01 (70.692). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

29. La apelación gravita en que debía aplicarse la regla jurisprudencial vigente para
el momento en que se interpuso la demanda, y no el criterio de unificación que se
adoptó el 29 de enero de 2020, porque este último, a juicio de los recurrentes,
vulnera su derecho al debido proceso, al tiempo que desconoce las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado Colombiano.

30. En el escenario expuesto, la Sala: a) definirá la aplicación, o no, de la regla de
unificación sobre caducidad de la reparación directa fijada el 29 de enero de 2020
en este proceso y, acto seguido, b) indicará el momento en que debe computarse
el plazo para demandar en este proceso, previa referencia de los medios de
convicción relevantes para ello.

De la aplicación en el tiempo de la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020

31. Respecto de la decisión de unificación del 29 de enero de 2020, la Corte
Constitucional 25 indicó, en la sentencia SU-312 de 2020, que esta providencia
resultaba vinculante desde que fue proferida, con efectos a los casos que se
encontraban en curso -efectos retrospectivos– y a los iniciados luego –efectos
prospectivos–, sin que resultaran oponibles los pronunciamientos expedidos con
anterioridad en un sentido distinto26, pues, a partir de su adopción, este era el criterio
de unificación vinculante y, por ende, el precedente constitucional vigente.

32. No sobra decir que la decisión de unificación jurisprudencial en cita cuenta con
carácter vinculante en el sub lite, pues el Consejo de Estado, como órgano de cierre,
tiene la función de unificar la jurisprudencia para garantizar que la aplicación del
derecho sea homogénea. La obligatoriedad del precedente se justifica en la
necesidad de acatar lo previsto en los artículos 230 27 y 23728 de la Constitución
Política, que someten a los jueces al imperio del derecho, incluida “la interpretación
jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del
ordenamiento jurídico” 29 , así como de garantizar los principios de igualdad,
seguridad jurídica, legalidad y confianza legítima.

25 Sentencias T-044 del 14 de febrero de 2022 y -210 del 10 de junio de 2022, Corte Constitucional.
26 De manera concreta, la Corte Constitucional sostuvo: “[a]sí, la sentencia de unificación del 29 de

enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la SU-312 de 2020 de la Corte
Constitucional son los precedentes vinculantes en relación con el término de caducidad de las
acciones de reparación directa relacionadas con delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
genocidio. Por el contrario, las decisiones citadas por los accionantes no son precedentes aplicables
al presente caso, en tanto fueron dictadas con anterioridad a la sentencia de unificación
jurisprudencial y, adicionalmente, no expresan un criterio jurisprudencial unificado en la materia”.
27 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La

equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial”.
Sobre este último asunto, en la Sentencia C-539 de 2011, la Corte Constitucional determinó que la
expresión imperio de la ley comprende la “[a]plicación del conjunto de normas constitucionales y
legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos
judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico”.
28 “Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal

supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley”.
29 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-486 de 1993.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

33. En definitiva, en el sub lite se advierte que el a quo declaró la caducidad del
medio de control el 7 de septiembre de 2022, luego de que se profirió la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020; siento esta la tesis jurisprudencial vigente
que se debía aplicarse a título de precedente a este caso, pendiente de decisión en
vía; al igual que debe hacerlo ahora esta Subsección, al margen de que el proceso
hubiese iniciado antes de que se adoptara el criterio objeto de debate. No sobra
decir que tanto el Consejo de Estado 30 como la Corte Constitucional 31 han
descartado la vulneración de derechos fundamentales por el hecho de no tener en
cuenta la jurisprudencia imperante al momento de presentación de la demanda 32.

34. Establecida la obligatoriedad de la aplicación de la sentencia de unificación
jurisprudencial del 29 de enero de 2020, con las subreglas jurisprudenciales fijadas
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020, lo siguiente es
determinar en qué momento se debe contabilizar el plazo para demandar.

Del cómputo del plazo para demandar en este proceso

35. Para iniciar, se tendrán en cuenta los parámetros del cómputo de la caducidad
de la reparación directa que introdujo la sentencia de unificación jurisprudencial del
29 de enero de 2020, en concreto, tres premisas -que la Sala sintetiza a
continuación-.

36. Primero, que, excepto en los casos de desaparición forzada, que tienen
regulación expresa33, el plazo para demandar se computa desde la ocurrencia del
hecho causante del daño, siempre que desde ese momento los afectados hubiesen
estado en posibilidad de conocerlo y, por ende, de poder advertir la posibilidad de
imputar responsabilidad al Estado en tales hechos, sin que este último supuesto
implique la sanción penal del agente que ocasionó el daño, y sin perjuicio de que el
afectado pueda solicitar como prueba lo actuado en tal ámbito e incluso pedir que
se suspenda el trámite hasta tanto no se resuelva ese asunto -en cada caso será el

30 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)

Sección Tercera, Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera,
sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC),
entre otras.
31 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P:

Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
32 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “(…) el Tribunal aplicó

la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración (…). Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la
parte actora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de (…), por ser
esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado,
por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica
y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente
No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales).
33 En efecto, el inciso segundo del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., adicionado por el artículo 7

de la Ley 589 de 2000, prevé que: “el término de caducidad de la acción de reparación directa
derivada del delito de desaparición forzada se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima
o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de
que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos”, regla que también
se encuentra prevista en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

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Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
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Referencia: Reparación directa

juez el que defina si existe una relación de dependencia que imponga la espera o
no de la decisión de las autoridades penales-.

37. Segundo, que el lapso pertinente resulta aplicable a todos los asuntos en los
que se solicite la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, incluso en
aquellos casos que versen sobre daños derivados de delitos de lesa humanidad o
crímenes de guerra34, pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 excluyen
tales asuntos y, por ende, no establecen una regla especial que imponga que la
demanda puede ser presentada en cualquier tiempo.

38. Tercero, que el término de caducidad no se aplicará cuando se adviertan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción,
y hasta tanto se superen, momento en el cual empezará a correr el plazo de ley; lo
anterior, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad.

39. Sin perjuicio de lo expuesto, en la sentencia SU-312 de 2020, la Corte
Constitucional definió el alcance de la postura desarrollada por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y dentro de las subreglas jurisprudenciales
que fijó para el efecto esta Sala destaca dos: 1) que, en virtud del principio pro
damnato o favor victimae, el término de caducidad del medio de control de
reparación directa no puede aplicarse de manera rígida, porque en ocasiones,
“dadas las circunstancias particulares del caso, pueden admitirse flexibilizaciones
necesarias para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la
reparación integral de las víctimas” y 2) que sólo empieza a contabilizarse cuando
exista claridad en torno a lo sucedido; luego, lo determinante es fijar desde qué
momento el interesado tuvo la posibilidad de identificar la participación en los
hechos de sujetos vinculados al Estado y de acudir a la jurisdicción para presentar
una reclamación.

40. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de instancia explicó que las pruebas
allegadas al expediente evidenciaban que la demandante María Faelly Cutiva -
madre de la víctima directa- tuvo conocimiento del deceso de Milton Andrei Muñoz
Cutiva en el mismo mes en que se presentaron los hechos -octubre de 2005-, así
como “de la participación de los miembros del Ejército Nacional en su desarrollo”.
La conclusión del a quo se fundamentó en tres medios de convicción que, en su
criterio, evidenciaban: 1) que, el 26 de octubre de 2005, María Faelly Cutiva Leyva
reconoció el cadáver de su hijo; 2) que, el 10 de julio de 2008, interpuso una
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en la que aceptó que al día siguiente
de la muerte de Milton Andrei Muñoz se enteró de “la fatal noticia” y, 3) que, el 17
de mayo de 2016, ante la Fiscalía 39 Especializada DHDIH, ella misma reveló cómo

34 En tal providencia se consideró que la imprescriptibilidad que operaba en materia penal no se

extendía a la pretensión de reparación directa, por lo siguiente:
“Las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los
delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo
contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y en virtud
de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna
injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90
de la Constitución Política” (se destaca).

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Referencia: Reparación directa

conoció “los móviles de los hechos y la participación de los miembros del Ejército
Nacional en su desarrollo”.

41. Esto último porque, en esa oportunidad, manifestó que en octubre de 2005
escuchó rumores en torno a la muerte de su hijo, por lo que viajó a Florencia y se
dirigió al cementerio, lugar en el que el “sepulturero” le contó que días atrás algunos
soldados llevaron los cuerpos de dos jóvenes y le dieron la orden de que los dejara
allí y que, acto seguido, previa diligencia, reconoció el cadáver de su hijo Milton
Andrei Muñoz Cutiva y la “empleada de su hermano Freddy de nombre Cielo” refirió
que oyó que a la víctima se lo habían “llevado los soldados del Ejército para matarlo”,
junto con otra persona.

42. En el sub lite se probó que la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva ocurrió el 7
de octubre de 200535 y que el 26 de octubre siguiente, a las 11:50 horas, María
Faelly Cutiva Leyva identificó su cadáver ante el despacho de la sección de NN´s y
desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación - seccional Florencia, ocasión
en la que manifestó que era su madre, y que la última vez lo vio “fue a principio de
agosto” de 2005, porque su hijo vivía en Florencia “con un tío” y ella en otro
municipio36.

43. Así las cosas, no hay duda de que desde el 26 de octubre de 2005 la
demandante María Faelly Cutiva Leyva tuvo noticia de la existencia del hecho, sin
que ello signifique que, a partir de ese momento, tuvo la posibilidad de formular las
pretensiones pertinentes en sede de reparación directa en contra del Ejército
Nacional; esto último por la sencilla razón de que, para ese momento, no contaba
con información suficiente que permitiera imputarle responsabilidad al Estado por la
muerte de su hijo, en la medida que desconocía quienes perpetraron dicho
homicidio y si medió, o no, la participación de agentes de la entidad demandada en
su comisión.

44. Nótese que, aunque la señora Cutiva Leyva, ante la Fiscalía 39 Especializada
DHDIH, mencionó que le habían indicado que el Ejército Nacional mató a su hijo, lo
cierto es que esos comentarios provinieron de dos civiles: uno completamente
indeterminado -el “sepulturero” de Florencia, de quien ni siquiera proporcionó un
nombre- y otro de la -empleada de su hermano Freddy de nombre Cielo- quien
simplemente se limitó a decirle lo que había escuchado de un tercero; sin que lo
dicho por ellos le pudiera dar claridad o certeza diáfana sobre los autores o
partícipes del asesinato de Milton Andrei Muñoz Cutiva. Esta Sala no comparte la
apreciación del Tribunal a quo, según la cual los demandantes debieron activar la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con base en esos comentarios, que
eran unas simples especulaciones o suposiciones y no contaban con capacidad
probatoria para que, solo con esas conjeturas, se promoviera una demanda de
reparación directa en contra del Ejército Nacional.

35 Folios 24 a 29 del documento denominado “10ED_08PRUEBASACTORA.pdf” del expediente
digital, que obra en Samai.
36 Folios 9 y 10 del documento denominado “9ED_07PRUEBASACTORAPENAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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Referencia: Reparación directa

45. Lo plasmado en el párrafo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta
que, para el 28 de julio de 2008, la señora Cutiva Leyva aún desconocía el (los)
responsable (s) de la muerte de su hijo. En efecto, en la citada fecha, la ahora
demandante dirigió un escrito a la “Fiscalía – Justicia y paz”, en el que refirió que
era madre cabeza de hogar, desplazada y de escasos recursos económicos,
razones estas por las que no había contado con ayuda profesional que le permitiera
“llegar a saber la verdad de los hechos que [su] hijo fue víctima”; en esa
comunicación, solicitó que la “t[uvieran] en cuenta para entrar al programa que
otorga el Gobierno por Intermedio de Justicia y Paz, para esclarecer la muerte de
mi hijo”37, al tiempo que anexó:

46. -Un formulario que diligenció, denominado “registro de hechos atribuibles a
grupos organizados al margen de la ley”, en el que se lee lo siguiente: “mi hijo (…)
salió después de horas de almuerzo y nunca regresó. Al día siguiente tuvimos la
fatal noticia que era muerto violentamente, como lo declara la personería
municipal de Florencia Caquetá, el día 7 de octubre de 2005 fue hallado su
cadáver en la carretera de Florencia a Modelia en un atentado terrorista por
motivos políticos e ideológicos”; por su parte, en la casilla “grupo organizado al
que se atribuye el hecho [muerte]” se consignó: “según versiones un grupo
guerrillero” 38.

47. -Un documento suscrito por el entonces Personero de Florencia, quien certificó
que: “el joven Milton Andrei Muñoz Cutiva (..) falleció el día 7 de octubre de 2005
(…) víctima de un atentado terrorista por motivos ideológicos y políticos dentro
del conflicto armado interno que se vive en la región y en el país39.

48. Lo expuesto evidencia que, para julio de 2008, la madre de la víctima pretendía
“esclarecer la muerte de [su] hijo”, e incluso sospechaba que ese hecho había
obedecido a un atentado terrorista atribuible a un grupo guerrillero, y no al Estado;
hipótesis que encontró respaldo en lo que certificó la misma personería municipal
de Florencia.

49. Como se especificará más adelante, tiempo después de que la justicia penal
militar archivara la investigación por la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva, un
sujeto llamado Nolberto Arango Ramírez 40 aseguró que presenció la “ejecución
extrajudicial” de una persona a manos de miembros del Ejército de Florencia, de
quien no sabía su nombre y solo conocía su alias: “Guadalupe”. Fue así como la
Fiscalía, previas misiones de trabajo, el 18 de mayo de 2010 logró establecer que a
quien se refería el mencionado señor era a Milton Andrei Muñoz Cutiva y, con
fundamento en esto, nuevamente inició una investigación, con miras a determinar
lo que realmente había ocurrido.

37 Folio 38 del documento “13ED_11PRUEBASACTORA.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
38 Folios 27 a 31 del documento denominado “13ED_11PRUEBASACTORA.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
39 Folio 35 del documento “13ED_11PRUEBASACTORA.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
40 En su declaración refirió que había pertenecido, para la época de los hechos, al Ejército Nacional.

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Referencia: Reparación directa

50. A juicio de esta Sala, teniendo en cuenta la primera premisa de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 y la subreglas jurisprudenciales fijadas por la
Corte Constitucional en la SU-312 de 2020, el extremo activo de la litis estuvo en la
posibilidad real y genuina de imputarle responsabilidad al Estado por la muerte de
su familiar una vez que conoció la investigación que adelantaba la Fiscalía por este
hecho, que inició por cuenta de la declaración de Nolberto Arango Ramírez -quien,
se resalta, refirió que presenció como agentes estatales le quitaron la vida a Milton
Andrei Muñoz Cutiva-.

51. La Sala advierte que, si bien no se tiene certeza del momento exacto en el que
los actores se enteraron de la investigación que adelantaba la Fiscalía por la muerte
de su familiar -en la que se indagaba sobre la posible participación de agentes del
Estado- , lo cierto es que los medios de convicción evidencian que, el 27 de agosto
de 2012, la Fiscalía ordenó una misión de trabajo en la que se obtuvieran los
“medios de conocimiento que permit[ieran] esclarecer las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que sucedieron los hechos investigados”, dentro de la cual
también determinó que se debía contactar a la madre de Milton Andrei Muñoz Cutiva
a efectos de interrogarla41, sin éxito, porque el 3 de octubre de 2012 el asistente de
investigación criminalístico consignó que, pese a que realizó las labores pertinentes,
no pudo localizarla42. Lo siguiente que se conoce en el expediente es que, el 17 de
mayo de 2016, ante una Fiscalía Especializada en DHDIH, esta señora rindió su
declaración juramentada (en el expediente no existe información adicional que la
relacionada en precedencia).

52. Así las cosas, a pesar de que se desconoce el momento a partir del cual la
Fiscalía le comunicó a los familiares de la víctima acerca de la investigación en
cuestión, que, se reitera, no inició por solicitud de los aquí demandantes y respecto
de la cual les asistía el derecho de comunicación por parte del Estado, en los
términos de la Corte Constitucional, a efectos de que conocieran de los “derechos
que el orden jurídico establece para garantizar los intereses” 43, así como “de las
circunstancias en que se cometió el delito (…) lo cual se materializa con la
posibilidad de acceso al expediente o a las diligencias”44. Tal falta de certeza no
puede ser resuelta en detrimento de la parte actora; precisamente, porque el
principio de interpretación “pro homine” 45 impone aquella interpretación que sea
más favorable en sus derechos.

53. Lo que sí puede deducir esta Subsección es que los demandantes contaron con
los elementos que le permitieron estructurar un caso de responsabilidad contra el
Estado a partir del 27 de agosto de 2012 -fecha en que la Fiscalía ordenó dar con

41 Folios 42 a 44 del documento “13ED_11PRUEBASACTORA.pdf” del expediente digital, que obra

en Samai.
42 Folios 77 y 78 del 13ED_11PRUEBASACTORA.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
43 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sentencia T-374 de 2020.
44 Ibidem.
45 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sentencia T-438 de 2013. A continuación, uno de sus

fragmentos: “El principio de interpretación <pro homine>, impone aquella interpretación de las
normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella
interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la
protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales
consagrados a nivel constitucional”.

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paradero de María Faelly Cutiva Leyva, madre de la víctima- y antes del 11 de
diciembre siguiente -cuando radicaron ante la Procuraduría 71 Judicial I para
Asuntos Administrativos su solicitud de conciliación extrajudicial-, pues es claro que
para esta última fecha ya había planteado la posibilidad de solicitar la
responsabilidad del Ejército Nacional con respaldo en la investigación tantas veces
mencionada. Lo anterior se evidencia en el escrito inicial; en concreto, en los hechos
12, 13 y 14 (que se transcriben, a continuación, de forma literal):

“12. Las anteriores afirmaciones [las referentes a la ejecución extrajudicial de la
víctima] tienen por respaldo la investigación que adelanta la Fiscalía 1
Especializada en Asuntos Humanitarios de la ciudad de Florencia Caquetá, bajo
el número único de noticia criminal 180016000551200900083.

13. La denuncia que dio origen a la investigación que adelanta la Fiscalía 1
Especializada en Asuntos Humanitarios fue interpuesta por el señor
NOLBERTO ARANGO RAMIREZ, quien dijo (…) [contó que un civil fue
asesinado por miembros del Ejército y luego, presentaron como miembro de un
grupo al margen de la ley].

14. La declaración rendida por el señor NOLBERTO ARANGO RAMIREZ, es
congruente con las declaraciones rendidas por los señores ALVARO POLANIA
TAVERA, LILIANA YISEIM JARAMILLO CLAROS, HARRINSON FLORIANO
CHAUX, RAITAZAR DOMINGUEZ RIVERA, dentro de la investigación penal
que adelanta la Fiscalía 1 Especializada en Asuntos Humanitarios, y quienes
son contestes al afirmar que fueron miembros del Ejército Nacional quienes una
noche retuvieron por la fuerza al señor MILTON ANDREI MUNOZ CUTIVA,
subiéndolo a un camión y llevándoselo con rumbo desconocido, apareciendo al
día siguiente como muerto en combate”.

54. Así las cosas, es claro que, incluso, si se realiza el conteo de caducidad desde
el 27 de agosto de 2012 -la primera de las fechas referidas- se tendría que concluir
que la demanda se presentó antes de que transcurrieran los 2 años establecidos
por la ley para tal efecto -porque, en esa hipótesis, el término de caducidad
transcurriría entre el 28 de agosto de 2012 y el 28 de agosto de 2014, período dentro
del cual fue agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y
presentada la demanda de la referencia, actuaciones que se realizaron,
respectivamente, el 11 de diciembre de 201246 y el 14 de febrero de 201447-.

55. A fortiori, ese mismo razonamiento tendría que realizarse en las fechas
posteriores al 28 de agosto de 2012, cuando efectivamente María Faelly Cutiva
Leyva pudo ser localizada por la Fiscalía; argumento que le permite a esta
Subsección concluir que esta demanda de reparación directa sí fue presentada
oportunamente.

56. Así pues, definido el cumplimiento del presupuesto procesal de la oportunidad
en el ejercicio del derecho de acción, el problema jurídico a resolver radica en
verificar si se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad del Ejército
Nacional por la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva, análisis que implica

46 El acta del trámite de conciliación extrajudicial, así como la constancia de no acuerdo obran a folio

26 del documento “6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
47 De conformidad con la constancia de recibido visible a folio 28 del documento

“6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.

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reconstruir el escenario fáctico del caso bajo examen -circunstancias de tiempo,
modo y lugar de los hechos objeto de la presente demanda-.
Relación de hechos relevantes para resolver la controversia48

Lo probado en relación con la “patrulla” adelantada por miembros del Ejército
Nacional el 7 de octubre de 2005

57. De acuerdo con el documento denominado “operación fragmentaria Mercurio 3-
1” 49 , expedido por la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas -en adelante
AFEUR- número 12, el 7 de octubre de 2005, miembros del Ejército Nacional
realizaron “una patrulla” al mando del Sargento Johann Paul Castillo Fajardo “para
confiar o desvirtuar la posible presencia de terroristas de las ONT- FARC, AUI y
delincuencia común en (…) la ciudad de Florencia”.

58. De la referida operación, el Ejército documentó:

59. (i) que ese día, a las 22:10 horas, un vehículo de las AFEUR salió a “patrullaje”
-así lo anuncia el informe de policía judicial número 9-7814350-;

60. (ii) que, a las 23:15 horas aproximadamente, cuando los uniformados Johann
Paul Castillo Fajardo, Marcos Ulcue Ulcue, Fabián Delgado Alape, César Bahamón
Camargo, José Guzmán Peñuela, Obed Henao Rosero y Álvaro Parra Reyes
realizaban la patrulla, observaron dos motocicletas estacionadas a 200 metros, y
cuando procedieron a acercarse, las motos arrancaron “velozmente” y dos personas
“salieron corriendo como queriendo alcanzar las motos” y les empezaron a disparar,
razón por la que debieron reaccionar; se agregó que, como resultado de un
“intercambio de disparos”, se “d[io] de baja a los 02 sujetos de sexo masculino que
se encontraban corriendo para alcanzar las motos” y que, en el registro posterior,
se encontró que los fallecidos portaban una pistola 7.65 mm, cuatro cartuchos 7,65
mm, un proveedor, un revólver calibre 38 largo, tres cartuchos calibre 38, dos
granadas M-26 y dos pasamontañas -esta fue la versión de los hechos que se
consignó en el documento denominado ‘lección aprendida número 03’ del Ejército
Nacional51-;

61. (iii) que se reportó la “baja” de 49 municiones calibre “7,62 eslabonados” y se
especificó que se trataba del material de guerra que fue gastado en combate -según
el acta número 2183 del 8 de octubre de 200552-:

48 Se aclara que aunque obran otros elementos probatorios que fueron allegados a este proceso, no

resulta indispensable que la Sala se refiera a los mismos.
49 Folio 59 del documento denominado “13ED_11PRUEBASACTORA.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
50 Folios 87 al 99 del documento denominado “18ED_16PRUEBASACTORA.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
51 Folios 62 a 64 del documento denominado “13ED_11PRUEBASACTORA.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
52 Folio 65 del documento denominado “9ED_07PRUEBASACTORAPENAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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62. (iv) que, acto seguido, la Fiscalía Seccional de Florencia llegó al sitio donde
ocurrieron los hechos; de las actas números 0229 y 023053 se extrae que se realizó
el levantamiento de dos cadáveres: el de Arley Perdomo Bermúdez y el de un NN -
que, después, fue identificado como Milton Andrei Muñoz Cutiva 54 -. En esos
documentos se dejó constancia de que a los occisos se les encontraron armas de
fuego y munición55 y que en el lugar de los hechos hizo presencia Johann Paul
Castillo Fajardo, uniformado que se identificó como el sargento al mando de la
operación, y que reiteró la versión de los hechos expuesta en el párrafo 60;

63. (v) que el vehículo de la AFEUR ingresó nuevamente a las 02:30 horas del día
siguiente -8 de octubre de 2005- a las instalaciones del Ejército Nacional -de
acuerdo con el respectivo libro de guardia56-.

64. (vi) que medió una solicitud, suscrita por el comandante de la AFEUR número
12, con el fin de que se felicitara al personal militar que participó en la “patrulla” del
7 de octubre de 2005, porque logró “d[ar] de baja en combate [a] dos terroristas”57.

Lo probado en relación con el proceso adelantado por la jurisdicción penal
militar58

65. Por la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva y Arley Perdomo Bermúdez, el 22
de noviembre de 2006, el Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar de Florencia,
adscrito a la Décima Segunda Brigada, abrió una investigación preliminar, en
averiguación de responsables59. Dentro de las diligencias preliminares adelantadas
en la referida investigación, previa citación 60 , comparecieron a declarar Obed

53 Folios 4 a 6 del documento denominado “9ED_07PRUEBASACTORAPENAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
54 Se precisa que en el acta 0230 se hace referencia a un “NN” y que, después, por medio del oficio

número SCQT-DRSUR-0411-2017, se precisó que correspondía a Milton Andrei Muñoz Cutiva.
55 Folios 95 y 96 del documento denominado “12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
56 Folios 87 al 99 del documento denominado “18ED_16PRUEBASACTORA.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
57 Folios 8 del documento denominado “9ED_07PRUEBASACTORAPENAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
58 Al respecto, es menester señalar que en el acápite de pruebas de la demanda se solicitó que se

oficiara tanto al Juzgado 66 de Instrucción Penal Militar como a la Fiscalía Especializada en
Derechos Humanos (Caquetá) para que trasladaran a este proceso las investigaciones que
adelantaron por los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2005, en los que falleció la víctima; misma
solicitud probatoria que efectuó el Ejército Nacional en su contestación del escrito inicial. Estas
pruebas fueron decretadas por el Tribunal de primera instancia e incorporadas en debida forma al
expediente.
59 Folio 66 del documento denominado “9ED_07PRUEBASACTORAPENAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
60 Folio 82 del documento denominado “9ED_07PRUEBASACTORAPENAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

16

Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

Arnulfo Henao Rosero61, Álvaro Parra Reyes62, Marco Tulio Ulcue Ulcue63 y César
Andrés Bahamón Camargo64 ante el juez penal militar; todos ellos aseguraron, en
términos muy generales, que el día de los hechos, cuando realizaban un patrullaje,
observaron dos motocicletas “sospechosas” en la vía y que, cuando se acercaron a
estas, fueron objeto de varios disparos, ante lo cual debieron reaccionar con sus
armas de dotación y que, terminado el intercambio de disparos, se percataron que
dos personas fallecieron. En los pies de página 61, 62, 63 y 64 se consigna la
versión de los hechos que proporcionaron, en ese momento, cada uno de los
agentes mencionados.

66. El 5 de enero de 2009, el Juzgado 66 de Instrucción Militar de Florencia decretó
auto inhibitorio, por considerar que la AFEUR número 12 al mando del teniente
Johan Andrey Castillo Fajardo actuó el día de los hechos en legítima defensa y en
cumplimiento estricto de su deber legal; lo anterior, partiendo de la base de que
Milton Andrei Muñoz Cutiva y Arley Perdomo Bermúdez estaban “asociados con (…)
grupos guerrilleros” y fueron quienes iniciaron el “combate” armado65.

61 La versión de los hechos de Obed Arnulfo Henao Rosero obra a folio 99 del documento
denominado “11ED_09CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital, y se transcribe a
continuación: “[i]nicialmente salimos en una patrulla de las que normalmente mandaba la Brigada
sobre el casco urbano de la ciudad de Florencia, cuando íbamos acercándonos al sino observe que
habían dos tipos en dos motocicletas y los sujetos estos al ver el vehículo hicieron el intento de
arrancar en las motos, al observar este comportamiento pare el carro y encendí las luces de alarma
para que el personal se bajara, cuando sentí que empezaron a disparamos y posteriormente el
personal del destacamento se bajó del carro y respondió al fuego enemigo, ya en al (sic) cruce de
disparos después de unos quince minutos se hizo el registro y se halló el cuerpo de dos sujetos”.
62 La versión de los hechos de Álvaro Parra Reyes obra a folios 10 a 12 del documento denominado

“11ED_09CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital, y se transcribe a continuación: “[p]or
orden del comando de la Brigada 12 ordenaron hacer un patrulla en el carro por el barrio La
Ciudadela por la vía hacia COFEMA (…) mas delante de COFEMA habían unos sujetos sospechosos
y estaban atracando por informaciones de personal civil que pasó por ahí, vía al basurero nos
dirigimos al lugar con el carro con las puertas abiertas el conductor se detuvo el SLP. HENAO cuando
se bajó la tropa y vieron unas motos que se iban retirando, el carro en que íbamos quedó las luces
prendidas cuando dos sujetos al menos de cinco metros dispararon la tropa reaccionó y se produjo
una balacera y de ahí quedaron dos sujetos”.
63 La versión de los hechos de Marco Tulio Ulcue Ulcue obra a folios 14 y 15 del documento

denominado “11ED_09CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital, y se transcribe a
continuación: “[n]osotros íbamos en la parte del furgón, cuando de la vía que va al basurero cerca
de la YE, cuando los de adelante, o sea el conductor que me parece era HENAO y el TE. CASTILLO,
cuando el carro paró se oyeron los disparos, el carro paró y reaccionamos los que íbamos atrás, no
recuerdo quiénes iban en la parte de atrás, como eso no fue tan lejos, eso fue cerca, nos tendimos
y reaccionamos, cuando se hizo el registro que ya había pasado todo, había dos sujetos dados de
baja”.
64 La versión de los hechos de César Andrés Bahamon Camargo obra a folios 16 y 18 del documento

denominado “11ED_09CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital, y se transcribe a
continuación: “[e]se día salimos a una patrulla aproximadamente como a las ocho de la noche (…)
cuando íbamos llegando al sitio mi teniente le informó a mi Cabo SALAZAR por el radio que él estaba
observando dos motos sospechosas en la vía, cuando ya estábamos más cerca se escucharon los
disparos, nosotros nos bajamos y reaccionamos, ahí se presentó un intercambio de disparos cerca
y una moto salió hacia el lado de Morelia, mi teniente ordenó que disparáramos hacia la moto que
se había volado, pero iba muy lejos, ahí en el intercambio de disparos que hubo se dieron de baja
dos sujetos”.
65 Folios 42 a 50 del documento denominado “11ED_09CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

Lo probado en relación con el proceso adelantado ante la jurisdicción penal
ordinaria

67. El 12 de agosto de 2009, Nolberto Arango Ramírez, un exmiembro del Ejército
Nacional, denunció bajo la gravedad de juramento, ante la Fiscalía General, que
tuvo conocimiento directo de varios hechos punibles, entre los cuales se refirió a la
“ejecución extrajudicial” de una persona con el alias de “Guadalupe” en Florencia -
Caquetá, quien, según narró, fue abordado por miembros de la AFEUR mientras
estaba en una cancha de fútbol y llevado en un furgón; aseguró que apareció en la
morgue al día siguiente “como abatido en combate con camuflado y botas de guerra,
como subversivo”66. Esta denuncia fue ampliada, el 8 de septiembre de 2009, ante
la Unidad de Asuntos Humanitarios de la Fiscalía; oportunidad en la que el señor
Arango Ramírez67 indicó que no tenía conocimiento de la identidad de “Guadalupe”,
que solo sabía que había sido enterrado como “NN” en el cementerio municipal.

68. El 22 de septiembre de 2009, la Fiscalía EDA de Asuntos Humanitarios de
Florencia libró misión de trabajo, con la finalidad de que un investigador de la Sijin
determinara, entre otras labores, la veracidad del hecho denunciado, así como la
identidad del “NN” alias “Guadalupe”68. Como resultado de la actividad investigativa,
el 18 de mayo de 2010, se estableció que Nolberto Arango Ramírez reconoció al
occiso del acta 230 de 2005, quien respondía al nombre de Milton Andrei Muñoz
Cutiva -según se indicó en el informe de investigador de campo FPJ11 número
14969-.

69. El 29 de julio de 2010, la Fiscalía EDA de Asuntos Humanitarios de Florencia
les solicitó información a los juzgados de instrucción penal militar, con el fin de que
certificaran si había tramitado alguna investigación penal relacionada con la muerte
de Milton Andrey Muñoz Cutiva70. El 3 de septiembre de 2010, a través del informe
judicial número 0078 CTI-UI, la justicia penal militar comunicó que la investigación

66 Lo que expuso este desmovilizado obra a folios 82 a 84 del documento denominado
“11ED_09CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital, en los términos que se transcriben a
continuación: “COMENCE A PARTICIPAR EN PATRULLAJES JUNTO CON (…) EL EJERCITO (…),
AHÍ FUE DONDE PARTICIPE EN EL PRIMER FALSO-POSITIVO CON EL EJERCITO, DONDE EN
NOVIEMBRE DE 2002 SE SACO DE UNA CANCHA DE FÚTBOL CONOCIDA COMO LA PLANADA
UBICADA DETRAS DEL HOSPITAL LAS MALVINAS, A UN MUCHACHO DEL HUILA AL QUE LE
DECIAN GUADALUPE EL CUAL VIVIA EN EL BARRIO EL BERLIN DE FLORENCIA, YO SOY
TESTIGO JUNTO CON ALVARO POLANIA TASERA Y EL SEÑOR BALTAZAR QUIENES SON
HABITANTES DEL BARRIO BERLIN, Y SON TESTIGOS CUANDO ESTE MUCHACHO LES DECIA
A ELLOS YO SOY DE ESTE BARRIO, USTEDES ME DISTINGUEN, PERO LOS DEL EJERCITO
MAS EXACTAMENTE LA AFEUR EN UN FURGON SUBIERON AL MUCHACHO, AL OTRO DIA
APARECIO EL MUCHACHO COMO ABATIDO EN COMBATE CON CAMUFLADO Y BOTAS DE
GUERRA, COMO SUBVERSIVO (…)”.
67 Folios 88 y 90 del documento denominado “11ED_09CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
68 Misión de trabajo visible a folio 91 del documento denominado
“11ED_09CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
69 Folio 19 del documento denominado “12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
70 Folio 32 del documento denominado “12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

preliminar adelantada por esos hechos, con radicado 539, fue archivada desde el 5
de enero de 200871.

70. Previo conflicto negativo, el 8 de octubre de 2010, la Fiscalía Once Seccional de
Florencia le asignó el conocimiento del asunto a la jurisdicción penal ordinaria72. Al
proceso penal, adelantado por Fiscalía EDA de la Unidad para Asuntos
Humanitarios con el radicado 58.778, fueron vinculados los miembros de la AFEUR
número 12 del Ejército Nacional que participaron en el operativo del 7 de octubre de
2005; todos ellos -excepto Johann Paul Castillo Fajardo, quien fue declarado
persona ausente73- rindieron sus respectivas diligencias de indagatoria, así:

71. El 6 de abril de 2016, Fabián Delgado Alape 74 manifestó que, el día de los
hechos, recibió la orden del “teniente Castillo” de “seguir” al soldado José Jorge
Guzmán Peñuela, quien se encontró con una persona -la víctima- cerca de las
canchas de fútbol del barrio “Las Malvinas”. Agregó que a ese lugar llegó el “teniente
Castillo” en un vehículo, que debió abordar “el civil” y “otro señor que [el teniente
Castillo] llevaba cogido del cuello”. Manifestó que, “cuando cruzaban por el parque”,
el “teniente Castillo” le ordenó desembarcar y “perderse de ahí”, y que al otro día se
enteró que se habían presentado “dos bajas” en combate.

72. El 4 de abril de 2016 y el 22 de julio siguiente, José Jorge Guzmán Peñuela75
reiteró la anterior versión de los hechos y agregó que recibió la orden del “teniente
Castillo” de acompañar al soldado Fabián Delgado Alape, y que fue este uniformado
el que se entrevistó con un joven -Milton Andrei Muñoz Cutiva76- y lo condujo hasta
un vehículo, del que se bajó contados minutos después; aseguró que no estaba
presente para el momento en que falleció la víctima.

71 Folios 239 y 240 del documento denominado “12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del
expediente digital, que obra en Samai.
72 Folios 268 a 277 del documento denominado “12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
73 Al respecto, se conoce auto que obra a folio 277 del documento denominado
“12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital, que obra en Samai, del que se extrae
lo siguiente:
“Como no ha sido posible la comparecencia del exmilitar JOHANN PAUL CASTILLO FAJARDO, a
quien se le requiere para escucharlo en indagatoria dentro de la presente investigación, habiéndose
librado orden de captura para su vinculación al proceso, sin que ello hubiese sido posible, igualmente
se fijó edicto emplazatorio por el termino señalado de conformidad con la Sentencia C- 248 de 2004
y al tenor del articula 318 del C.P. civil, sin que se haya presentado a rendir la diligencia, ni obtenido
respuesta positiva al respecto por parte de las autoridades respectivas, este despacho dispone dar
aplicación a lo preceptuado en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal (…)”.
74 Folio 53 del documento denominado “14ED_12CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
75 Folios 155 a 165 del documento denominado “17ED_15CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
76 La Fiscalía determinó que este joven era Milton Andrei Muñoz Cutiva; conclusión a la que llegó

después de valorar, en conjunto, las declaraciones de los uniformados que participaron en la patrulla,
así como las suministradas por Nolberto Arango Ramírez, Álvaro Polanía, Liliana Jaramillo, Harrison
Floriano y Baltazar Domínguez. Al respecto, ver folio 55 del documento denominado
“18ED_16PRUEBASACTORA.pdf” del expediente digital, que obra en Samai (providencia que
resolvió la situación jurídica de los uniformados procesados).

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

73. En agosto de 2016, César Andrés Bahamón77, Marco Tulio Ulcue Camargo78 y
Obed Arnulfo Henao Rosero 79 aseguraron que recibieron la orden del “teniente
Castillo” de alistarse para una misión, por lo que se subieron a un vehículo y que,
cuando llegaron al lugar de los hechos, ese teniente tenía “dos bajas”. Aceptaron
que proporcionaron una versión artificiosa ante el juez penal militar, porque ello fue
ordenado por el “teniente Castillo”. Aseveraron que no participaron en ningún
combate y que tampoco dispararon sus armas de dotación oficial.

74. Ante la Fiscalía se rindieron, también, las declaraciones de personas que
residían en el barrio “Las Malvinas” en Florencia -en el que se encontraba la cancha
de fútbol que refirieron los uniformados en sus diligencias de indagatoria-, así:

74.1. -de Harrinson Floriano Chaux80, quien dijo que, el día de los hechos en horas
de la noche, miembros del Ejército llegaron a hacer “requisas” a una cancha de
fútbol en la que se encontraba un “muchacho (…) consumiendo vicio”, a quien se
llevaron “forzado” en un vehículo; que al día siguiente constató que el cadáver de
esa persona se encontraba en el cementerio municipal;

74.2. -de Álvaro Polanía 81 y Liliana Jaramillo82, quienes mencionaron que, en la
noche del 7 de octubre de 2005, pudieron observar cuando “miembros del Ejército
con boinas rojas se llevaron a una persona que “conocía[n] de vista”, pero ignoraban
su nombre [Milton Andrei Muñoz Cutiva83], que lo “llevaban como a empujones” y lo
dirigieron a una “turbo del Ejército”, que la víctima “se les reveló se les tiró al piso y
en ese momento bajaron dos uniformados camuflados, lo cogieron y lo subieron a
la fuerza al carro”;

74.3. -de Baltazar Domínguez84, quien explicó que había una cancha de fútbol en la
que “se reunían muchachos que les gustaba consumir vicio o marihuana”, y que en
ese lugar estaba la víctima, quien tenía el apodo de “Guadalupe” porque “venia de
ese municipio”; que se percató “que el ejército estaba haciendo recogida”, y como
no portaba documentos de identificación, huyó del lugar antes de que se lo llevaran,

77 Folio 188 del documento denominado “17ED_15CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente
digital, que obra en Samai.
78 Folios 194 a 202 del documento denominado “17ED_15CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
79 Folios 206 a 214 del documento denominado “17ED_15CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
80 Folios 35 y siguientes del documento denominado “12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
81 Folios 8 y siguientes del documento denominado “12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
82 Folios 15 y siguientes del documento denominado “12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
83 La Fiscalía determinó que este joven era Milton Andrei Muñoz Cutiva; conclusión a la que llegó

después de valorar, en conjunto, las declaraciones de los uniformados que participaron en la patrulla,
así como las suministradas por Nolberto Arango Ramírez, Álvaro Polanía, Liliana Jaramillo, Harrison
Floriano y Baltazar Domínguez. Al respecto, ver folio 55 del documento denominado
“18ED_16PRUEBASACTORA.pdf” del expediente digital, que obra en Samai (providencia que
resolvió la situación jurídica de los uniformados procesados).
84 Folios 75 y siguientes del documento denominado “12ED_10CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
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Referencia: Reparación directa

pero que “desde su ventana” observó cuando abordaron a “Guadalupe”, y que al
otro día se enteró que había fallecido.

75. El 27 de diciembre de 2011, la Fiscalía 39 Especializada de la Dirección de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Neiva resolvió la
situación jurídica de Johann Paul Castillo Fajardo, José Jorge Guzmán Peñuela,
Fabián Delgado Alape, Marcos Tulio Ulcue Ulcue, César Andrés Bahamón Camargo
y Obed Arnulfo Henao Rosero; providencia en la que se les impuso medida de
aseguramiento, en calidad de coautores, por los delitos de homicidio en persona
protegida -Milton Andrei Muñoz Cutiva y Arley Perdomo Bermúdez-85. Esa decisión
fue confirmada el 22 de diciembre de 2016, por la Fiscalía Tercera Delegada ante
el Tribunal Superior de Neiva86. Por último, el 9 de marzo de 2017, la Fiscalía dictó
el cierre parcial de la investigación87.

De la responsabilidad del Ejército Nacional

76. En primer lugar, es importante señalar que el hecho dañoso se encuentra
plenamente acreditado, en tanto que está demostrado que el 7 de octubre de 2005,
en el municipio de Florencia – Caquetá, falleció Milton Andrei Muñoz Cutiva, como
se evidencia en su registro civil de defunción88, así como el informe de necropsia
número 2005P-07010100233, expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal,
en el que se certifica que su deceso se produjo como consecuencia de seis impactos
de arma de fuego89.

77. Previo a realizar el análisis de imputación, es menester señalar que el juez
administrativo, en casos de violaciones graves de derechos humamos e infracciones
al Derecho Internacional Humanitario, ha acudido a criterios flexibles, a efectos de
reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos
fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas90. La
controversia acá planteada comportó una violación de los derechos humanos,
aspecto que quedará en evidencia con posterioridad, lo que permite que la
valoración probatoria sea más flexible91.

78. Ahora bien, existen dos versiones distintas respecto de la forma en que falleció
la víctima; de una parte, la entidad demandada indica que, en el desarrollo de una

85 Folio 55 del documento denominado “18ED_16PRUEBASACTORA.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
86 Folio 32 del documento denominado “23ED_21CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
87 Folio 1 del documento denominado “23ED_21CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital,

que obra en Samai.
88 Folio 38 del documento denominado “11ED_09CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
89 Folios 24 a 29 del documento denominado “10ED_08PRUEBASACTORA.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
90 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección S,

sentencia del 17 de marzo de 2021, exp. 43.605, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
91 Al respecto, consultar sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 2001, radicación 12.370; Sección Tercera, sentencia
del 9 de diciembre de 2004, radicación 14.174, sentencia del 26 de febrero de 2009.

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Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

operación militar, miembros de esa institución soportaron un ataque armado
perpetrado por unos sujetos y que, ante la necesidad de repelerlo, accionaron sus
armas de dotación, con las que se dio de “baja” a Milton Andrei Muñoz Cutiva y
Arley Perdomo Bermúdez, “asociados con (…) grupos guerrilleros” y, de otra parte,
los demandantes aseguran que, contrario a lo afirmado por el Ejército, Milton Andrei
no pertenecía a algún grupo delictivo y que, sin justificación alguna, miembros de la
entidad demandada le dispararon en reiteradas ocasiones, para después
presentarlo como un “guerrillero dado de baja en combate”.

79. Esta Subsección se decanta por lo manifestado por los aquí demandantes, por
las razones que se expondrán a continuación.

80. La investigación penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación por los
hechos que son objeto de estudio encontró su génesis en lo dicho por Nolberto
Arango Ramírez, quien narró cómo la víctima fue abordada por miembros del
Ejército Nacional, mientras estaba en una cancha de fútbol, llevada en un furgón y
presentada, después, como “abatida” en combate; lo contundente y revelador de
este relato encuentra fundamento en el material probatorio allegado al expediente.

Las pruebas del proceso permiten inferir que no medió un combate

81. Como se precisó en el acápite en el que se relacionaron los hechos probados,
los uniformados de la AFEUR número 12 del Ejército Nacional coincidieron en
señalar ante la justicia penal militar que, en el desarrollo de una operación, recibieron
disparos indiscriminados, ante lo cual debieron reaccionar de la misma forma y que,
una vez terminó el enfrentamiento armado, se percataron que habían fallecido dos
subversivos.

82. Esta versión de los hechos, posteriormente, fue radicalmente modificada ante la
justicia ordinaria. En esa oportunidad, Fabián Delgado Alape y José Jorge Guzmán
Peñuela refirieron que, previa orden del “teniente Castillo” y cerca de las canchas
de fútbol del barrio “Las Malvinas”, abordaron a una persona -la víctima-; lugar al
que llegó el citado teniente en un vehículo, al que abordó “el civil”; que, pasados
unos minutos, ellos se bajaron del automotor y se enteraron, después, que ese
sujeto había fallecido. Los demás miembros de la agrupación señalaron que el
“teniente Castillo” les dio la orden de alistarse para una misión, pero que, cuando
llegaron al lugar de los hechos, este uniformado ya tenía “dos bajas”, y que uno de
ellos correspondía a Milton Andrei Muñoz Cutiva.

83. Los referidos uniformados no solo aceptaron expresamente que la muerte de
víctima no ocurrió en un combate, sino que admitieron que la primera versión de
los hechos que habían suministrado no correspondía a la realidad y que estuvo
amañada por imposición de su superior jerárquico [el teniente Johann Paul Castillo
Fajardo]92.

92 Al respecto, ver las diligencias de indagatorias de los procesados visibles de folios 155 a 214 del

documento denominado “17ED_15CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital, que obra en
Samai.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

84. Sobre el particular, Obed Arnulfo Henao Rosero dijo lo siguiente: “[e]l teniente
CASTILLO, él lo cogía a cada uno y le decía usted diga esto, esto y lo otro, él decía
usted diga esta versión, usted ésta, el cuadraba todo de tal manera que todo
quedara conforme a lo que él decía, para hacer creer que todo sucedía como él lo
planteaba, y no solo en este caso, en muchas ocasiones sucedió lo mismo, casi en
la mayoría”; en ese mismo sentido, agregó: “le he pedido perdón a Dios, es por
haber callado tantas cosas y haber dicho tantas mentiras (…), todo esto lo hice con
el único fin de proteger mi vida y la de mi familia”.

85. Por su parte, Marco Tulio Ulcue indicó: “el teniente Castillo nos mandó a declarar
unas cosas que no era, que le cumpliéramos la orden que teníamos que declarar
eso fue lo que nos dijo (…) incluso me hizo hasta firmar un acta de munición, lo que
me acuerdo es que teníamos que decir que habíamos tenido combate”; acto seguido
manifestó: “la realidad de lo que le estoy contando es lo de ahora [ante la justicia
ordinaria], él daba a uno la orden vaya y declare esto y ya”.

86. También se destaca un extracto de lo dicho por César Andrés Bahamón, así:
“nosotros rendimos la disciplinaria en el Batallón, el teniente Castillo nos forzó a
rendir una declaración allá, pero no están cosas reales a las que él decía (…) me
dijo ‘aquí vean lo que vean, escuche lo que escuche, de aquí no sale nada, usted
verá si lo toma como una amenaza usted vera’, en entonces uno con eso lo que él
dijera”.

87. Los dichos de los uniformados no solo dan cuenta de que medió un
encubrimiento del homicidio de Milton Andrei Muñoz Cutiva, bajo la apariencia de
muerto en combate, sino que permiten establecer, además, que la versión artificiosa
de los hechos fue creada con miras a obtener “felicitaciones” y “medallas” [a pie de
página lo que declararon al respecto93], lo que encuentra respaldo en que, en efecto,
sí medió una solicitud, suscrita por el comandante de la AFEUR número 12, con el
fin de que se felicitara al personal militar que participó en la “patrulla” del 7 de
octubre de 2005, porque logró “d[ar] de baja en combate [a] dos terroristas”.

88. Todo lo hasta aquí expuesto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que
la Fiscalía General de la Nación puso de presente que varios de los soldados
investigados por el asesinato de la víctima estaban vinculados a otros procesos que
versaban sobre homicidios de personas protegidas en hechos ocurridos en zonas
rurales de Florencia94.

93 José Jorge Guzmán Peñuela indicó: “se manifestó que se había tenido un encuentro con unos

bandidos y los había dado de baja pero la verdad (…) cada destacamento manejaba su situación en
caso de que dieran resultados operaciones (…) yo fui felicitado por la brigada, me dieron una medalla
(…)”.
Por su parte, Marco Tulio Ulcue manifestó: “Preguntado: usted fue felicitado o destacado por esta
operación en la que dieron dos bajas. Contestó: pues yo creo que sí, porque la verdad es que eso lo
felicitaban a uno y no sabía ni porque lo felicitaban”.
Para finalizar, César Andrés Bahamon expuso: “el teniente Castillo hizo felicitar a todo el
destacamento (…) es que al teniente le importaba era como subir de grado”.
94 Al respecto, cuando la Fiscalía 39 Especializada de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario de Neiva le impuso medida de aseguramiento a los uniformados que
participaron en los hechos, indicó: “los plenarios promovidos en la jurisdicción penal por hechos

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

89. Aunque lo hasta aquí consignado resulta suficiente para establecer la
responsabilidad patrimonial que le asiste al Ejército Nacional en el sub lite, la Sala
ofrecerá otras razones que revelan el análisis conjunto de las pruebas obrantes en
el proceso y que conducen, también, a tal declaratoria.

No se probó que Milton Andrei Muñoz Cutiva utilizó el material de guerra que
se encontró en el lugar de los hechos

90. En la operación fragmentaria Mercurio 3-1, se indicó que, en el registro posterior,
se encontró que los occisos portaban una pistola 7.65 mm, cuatro cartuchos 7,65
mm, un proveedor, un revólver calibre 38 largo, tres cartuchos calibre 38, dos
granadas M-26 y dos pasamontañas.

91. A lado de los elementos de juicio que permiten concluir que los miembros del
Ejército Nacional no fueron víctimas de un ataque armado, la Sala evidencia que no
quedó demostrado que Milton Andrei Muñoz Cutiva utilizó el material de guerra
referido, que supuestamente se encontró en el lugar de los hechos. Esta afirmación
encuentra soporte en el estudio balístico que realizó, el 29 de febrero de 2008, un
investigador criminalístico de la Fiscalía General de la Nación, quien determinó que
el revólver calibre 38 largo no era apto para producir disparos, “lo cual se comprobó
mediante el disparo de la misma [arma]”95 y que no se hizo uso de las granadas M-
26.

92. Además de lo anterior, en el informe pericial de balística forense, el Instituto
Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses96 concluyó, con fundamento en la
diagramación de las lesiones por arma de fuego recibidas por la víctima, que “para
producirse dichas trayectorias en [su] anatomía (…) la boca de fuego de la(s)
arma(s) se deb[ió] localizar dirigida hacia la parte posterior de la víctima”. Sobre este
punto, cuando la Fiscalía 39 Especializada de la Dirección de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario de Neiva le impuso medida de aseguramiento
a los uniformados que participaron en los hechos, llamó la atención de “que todos
los disparos recibidos (…) fueron por la espalda, situación que pone en duda que
en esa posición [la víctima] t[uviera] blanco para disparar y p[udiera] sostener un
combate y menos cuando [supuestamente] pretend[ía] con armas de menor alcance
(pistola y revólver) (…) atacar a grupo de hombres que portan fusiles”.

No se acreditó que Milton Andrei Muñoz Cutiva perteneciera a algún grupo
insurgente

similares a los revisados por la Fiscal 39, denotando que los procesos 7981,8122,8133,9839,4668,
4780,7993 y 5026 versan sobre homicidios en personas protegidas por hechos ocurridos, todos ellos
en zonas rurales de Florencia. En estos se encuentran involucrados varios de los soldados referidos
en procedencia”. Folios 83 y siguientes del documento denominado
“21ED_19CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
95 Folios 25 a 29 del documento denominado “5ED_03CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
96 Folios 77 a 96 del documento denominado “17ED_15CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

93. Cabe recordar que, en este caso, el Ejército tenía la responsabilidad de probar
los hechos que sustentaron su defensa; en el sub lite consistía en acreditar que los
miembros de la entidad demandada actuaron en legítima defensa, ante un ataque
armado perpetrado por personas que pertenecían a grupos al margen de la ley. Sin
embargo, la entidad demandada no aportó prueba alguna -ni siquiera un informe de
inteligencia- que demuestre que Milton Andrei Muñoz Cutiva era miembro de un
grupo armado al margen de la ley.

94. En cambio, María Faelly Cutiva Leyva manifestó que, para el momento de los
hechos, vivía “con un tío” en Florencia, donde trabajaba en un puesto de venta de
billeteras, cubiertos, cortaúñas, entre otros. En sede judicial rindieron su testimonio
Javier Mauricio Sánchez Oyola, Nilsa Reyes y Nelson Murcia Vargas 97, quienes
coincidieron en señalar que conocieron a la víctima cuando residía en el municipio
de Natagaima con su núcleo familiar, y que era alguien trabajador, que ayudaba a
su madre en la venta de empanadas y tamales.

95. Al respecto, está demostrado que Milton Andrei Muñoz Cutiva vivía en Florencia
(Caquetá), y que, previo a su fallecimiento, se encontraba en una cancha de fútbol;
de lo que dan cuenta las declaraciones suministradas por Álvaro Polanía, Liliana
Jaramillo, Harrison Floriano y Baltazar Domínguez, quienes lo conocían, al menos
de vista, y refieren al unísono que no era guerrillero ni portaba armas.

Conclusiones acerca de las causas del asesinato de Milton Andrei Muñoz
Cutiva

96. El extenso material probatorio que obra en el proceso acredita que Milton Andrei
Muñoz Cutiva era un joven habitante del municipio de Florencia que fue asesinado
por uniformados de la AFEUR número 12 sin justificación alguna.

97. Se estableció que los miembros de la entidad demandada no actuaron en
legítima defensa, sino que hicieron un uso de la fuerza reprochable, arbitrario y
completamente ilegítimo, contrario a la misión constitucional del Ejército de
proteger la vida de los residentes en Colombia -artículos 2, 11 y 217 de la
Constitución Política98-, además, que los uniformados que perpetraron ese hecho
presentaron a la víctima como un sujeto no identificado e intentaron garantizar la
impunidad de los hechos.

98. En los términos del artículo 135 del Código Penal99, los hechos objeto de estudio
obedecieron a un homicidio en persona protegida y, con ello, implicaron una abierta

97 En la audiencia de pruebas, sus declaraciones en el archivo denominado
“8ED_06CUADERNOPPALCONSEJ.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
98 El artículo 2 de la Constitución Política señala que las autoridades de la República están instituidas

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades; a la par, el artículo 217 prevé que las Fuerzas Militares tendrán como
finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional
y del orden constitucional; por último, el artículo 11 establece que el derecho a la vida es inviolable.
99 Artículo que trata sobre el homicidio en persona protegida. Al respecto, la Corte Constitucional ha

dicho: “Esta modalidad de crimen, ha sido comúnmente denominado en Colombia con la expresión

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Referencia: Reparación directa

vulneración de instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Colombia
en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 100 ,
específicamente, en materia de delitos de lesa humanidad -artículo 7 del Estatuto
de Roma101- y crímenes de guerra -literal C del artículo 8 del Estatuto de Roma 102,
pues hubo un asesinato de una persona ajena a las hostilidades, que hacía parte
de la población civil.

99. Sobre esto último, esta Corporación103 ha precisado que el Estado incurre en
“responsabilidad agravada” cuando los hechos objeto de estudio se suscitan en el
marco de una violación grave a derechos humanos, que constituyan crímenes de
lesa humanidad o crímenes de guerra, “habida consideración de la naturaleza de
las normas imperativas de ius cogens vulneradas, amén de que la Corte IDH ha
realizado un desarrollo jurisprudencial en tal sentido que viene a ser vinculante para
los jueces colombianos” 104.

‘falsos positivos’, que alude a la ejecución extrajudicial de civiles para ser presentados como
insurgentes pertenecientes a grupos armados al margen de la ley y que en el caso colombiano se
han caracterizado por dos aspectos recurrentes. De una parte, que las víctimas son personas
jóvenes pertenecientes a sectores sociales vulnerables y, de otra, la constante alteración de la
escena del crimen con el propósito de dar visos de legalidad a las ejecuciones; por ejemplo, vistiendo
con prendas militares los cadáveres de las víctimas o mediante la alteración de la escena del crimen
ubicando armas de uso privativo de la fuerza pública. Es decir, que los llamados ‘falsos positivos’
son una especie de las ejecuciones extrajudiciales”. Ver: T-4.892.125 del 20 de agosto de 2015.
100 Artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma que prohíben los crímenes de lesa humanidad y los crímenes

de guerra. Colombia ratificó el Tratado de Roma el 5 de agosto de 2002, el cual entró en vigencia
para crímenes de lesa humanidad el 1 de noviembre de 2002 y para crímenes de guerra el 1 de
noviembre de 2009.
101 De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, “se entenderá por crimen de lesa humanidad

cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales
de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión
con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de
la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos
de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra
la integridad física o la salud mental o física”.
102 De conformidad con el literal C del artículo 8 del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de

guerra: “las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no
participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que
hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida,
detención o por cualquier otra causa: i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal,
especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la
tortura; ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes; iii) La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio
ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente
reconocidas como indispensables”.
103 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, Exp.

50.231. En ese mismo sentido consultar la sentencia proferida el 14 de julio de 2016, Exp. 35.029 y
la proferida el 14 de septiembre de 2016, Exp. 34.349 y recientemente en la sentencia del 8 de abril
de 2024, Exp. 61343, en las cuales se aplicó el concepto de responsabilidad agravada del Estado.
104 Al precisar el concepto de la responsabilidad agravada, la Corte IDH ha dicho que “[e]l Estado

incurre en ‘Responsabilidad Internacional Agravada’ cuando la violación concreta al derecho de la

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100. En ese orden de ideas, la Sala declarará la responsabilidad agravada del
Ejército Nacional, dado que se probó que miembros de esta institución asesinaron
al familiar de los aquí demandantes, una persona ajena a las hostilidades y que,
además, hubo un discurso oficial de negación de los hechos estudiados en
detrimento de los derechos de las víctimas.

Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

101. La parte demandante solicitó el reconocimiento por perjuicios morales de la
suma equivalente a 1.000 SMLMV en favor de la madre de la víctima directa del
daño y de su padre de crianza, y 500 SMLMV para cada uno de sus hermanos y la
abuela de Milton Andrei Muñoz Cutiva.

102. Se advierte que los demandantes, excepto Fredy William Molano Cardona,
cuentan con legitimación en la causa por activa; lo anterior, de acuerdo con: (i) el
registro civil de nacimiento de Milton Andrei Muñoz Cutiva105, donde figura María
Faelly Cutiva Leyva como su madre; (ii) los registros civiles de nacimiento de Karen
Yulisa Molano Cutiva, Ingrid Vanesa Molano Cutiva, Dairon Stiven Molano Cutiva,
Eliana Cutiva Leiva, Luisa Fernanda Salazar Cutiva, Jenifer Cutiva y Anderson
Eduardo Cutiva106 que acreditan que son hermanos de la víctima directa del daño y
(iii) el registro civil de nacimiento de María Faelly Cutiva Leyva, en el que figura
como su madre “Graciela Leiva Rivas”, y no “Ezequiela Leiva Rivas”, sin que esto
último impida que se reconozca una indemnización de perjuicios a su favor.

103. Del poder otorgado para promover el presente proceso se puede extraer que
la señora “Ezequiela Leiva Rivas” se identifica con la cédula de ciudadanía número
“26.508.423 de Guadalupe”, mismo documento que se consignó en el registro civil
de nacimiento de María Faelly Cutiva Leyva, cuando en la casilla “Madre” se
diligenció “Graciela Leiva Rivas”. Lo expuesto para decir que, a efectos del pago de
la presente indemnización, la beneficiaria corresponderá a la portadora de la cédula
de ciudadanía número “26.508.423 de Guadalupe”.

104. La Sala no reconocerá indemnización en favor de Fredy William Molano
Cardona, quien demandó en calidad de “padre de crianza”, por la sencilla razón
de que se probó, vía testimonial, que no existía un vínculo afectivo entre él y la
víctima. Al respecto, las declaraciones de Javier Mauricio Sánchez Oyola y Nilsa

víctima se suscita en el marco de una práctica sistemática vulneratoria de normas jus cogens, que
constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. CrIDH, Caso Myrna Mack Chang v
Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 140; Caso de la Masacre de Plan de
Sánchez v. Guatemala, sentencia de 29 de abril de 2005, párr. 51; Caso Goiburú y Otros v. Paraguay,
sentencia de 22 de septiembre de 2006, párr. 122; Caso la Cantuta v. Perú, sentencia de 29 de
noviembre de 2006, párr. 115; Caso la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de
septiembre de 2005, párr. 241, entre otras sentencias.
105 Registro que obra a folio 11 del documento “7ED_05CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del expediente

digital visible en Samai.
106 Registro que obran de folios 13 a 20 del documento “7ED_05CUADERNOPRINCIPAL.pdf” del

expediente digital visible en Samai.

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Reyes dan cuenta de que Fredy William Molano Cardona era el padrastro de Milton
Andrei Muñoz Cutiva, pero que tenían una mala relación. El testigo Javier Mauricio
Sánchez Oyola indicó que no había “cariño” ni “amor” de Fredy William Molano
Cardona hacía la víctima y que “no se llevaban bien porque el señor no era muy
bien tratado y lo juzgaba mucho porque no era el hijo”; por su parte, la declarante
Nilsa Reyes manifestó que Milton Andrei Muñoz Cutiva “no la iba bien con Fredy
William”, quedando así claro que no existía un vínculo afectivo entre ellos y que se
requería la acreditación de lazos de amor y de solidaridad con su “hijo de crianza”
para que resultara beneficiario de indemnización por concepto de perjuicios
morales107.

105. De acuerdo con la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, “en casos
excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros, podrá otorgarse una
indemnización” de hasta tres veces el tope fijado por la jurisprudencia de esta
Corporación -montos que dependen del nivel de cercanía afectiva entre la víctima
directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas
indirectas; por ejemplo, en el nivel 1 (propio de las relaciones paternos filiales) se
reconocen 100 SMLMV para cada uno de los afectados y en el nivel 2 (abuelos y
hermanos) se reconocen 50 SMLMV-.

106. El daño alegado en el presente asunto obedece al asesinato de un civil que
miembros del Ejército Nacional hicieron pasar como un subversivo “dado de baja”
en combate, condición que le permite a la Sala determinar una mayor indemnización.
Por este motivo, y ante la acreditación de los vínculos de consanguinidad por
parte de los demandantes, la Sala reconocerá los valores reflejados en el siguiente
recuadro108:

Demandante Condición Monto a reconocer
María Faelly Cutiva Leyva Madre 200 SMLMV
Ingrid Vanesa Molano Cutiva Hermana 100 SMLMV
Dairon Stiven Molano Cutiva Hermano 100SMLMV
Karen Yulisa Molano Cutiva Hermana 100 SMLMV
Eliana Cutiva Leiva Hermana 100 SMLMV
Anderson Eduardo Cutiva Hermano 100 SMLMV
Jenifer Cutiva Hermana 100 SMLMV
Luisa Fernanda Salazar Cutiva Hermana 100 SMLMV
Ezequiela -Graciela109- Leiva Rivas Abuela 100 SMLMV

107 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2016, exp. 41.054.
108 El monto del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la fecha de

ejecutoria de la presente sentencia.
109 Para efectos del pago de la presente indemnización, la beneficiaria corresponderá a la portadora

de la cédula de ciudadanía número “26.508.423 de Guadalupe”.

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Afectación relevante a bienes o derechos constitucional y convencionalmente
amparados

107. Esta Corporación, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de
unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio
fisiológico o daño a la vida en relación, para reconocer, en su lugar, las categorías
de daño a la salud 110 , cuando estos provengan de una lesión a la integridad
psicofísica de la persona, y de afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados 111 , estos últimos que se
reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del
proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos.

108. Si bien en la demanda se solicitó indemnización por “daño a la vida de relación”,
el único fundamento de tal petición fue uno de los hechos consignados en la
demanda, en los siguientes términos: “el fallecimiento del señor Milton Andrei Muñoz
Cutiva ha producido y producirá en sus padres y hermanos, un impacto emocional
y psicológico de muy grandes proporciones, al perderlo irreparablemente por el
resto de sus días, habiendo quedado privados de su respaldo afectivo y moral,
compañía, solidaridad y ayuda”112.

109. En el sub lite no se allegó ninguna prueba que verse sobre alguna lesión física
y/o psíquica de los demandantes, que afecte el derecho a la salud de alguno de
ellos. Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala de Subsección estima que el homicidio
de Milton Andrei Muñoz Cutiva, además del perjuicio moral ya considerado e
indemnizado en el acápite anterior, causó en los actores una afectación grave de su
derecho a la familia, pues perdieron a su ser querido en hechos violentos atribuibles
a miembros del Ejército, quienes no solo no protegieron su vida -pese a que les
correspondía- sino que, además, lo presentaron artificiosamente y de mala fe como
un insurgente perteneciente a un grupo armado al margen de la ley.

110. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63.1 de la Convención

110 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de

septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda
la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una
persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso
a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a
una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia
en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de
indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se
otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter
permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el
cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)”
(Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas
Betancourth y exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.
111 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp.
26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
112 Documento “6ED_04CUADERNOPRINCIPAL1.pdf” del expediente digital, visible en Samai.

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Americana sobre Derechos Humanos113 y 16 de la Ley 446 de 1998, por tratarse de
una afectación relevante a un bien constitucional y convencionalmente amparado y
en aplicación directa del control de convencionalidad, la Sala debe procurar el
resarcimiento pleno del perjuicio y, principalmente, la restitutio in integrum de este
derecho fundamental114.

111. En casos similares115 se ha dicho que no existe medida de satisfacción no
pecuniaria que permita compensar la pérdida de la unidad familiar por la muerte
violenta de quien fue el hijo, hermano y nieto de los aquí demandantes,
respectivamente, pues no existe homenaje o reconocimiento público o acción
judicial que pueda compensar la desintegración de una familia por un hecho como
el expuesto, razón por la cual se reconocerá una medida pecuniaria que resulte
idónea para garantizar la reparación integral en el sub lite.

112. No sobra decir que por este concepto la Sala tampoco reconocerá
indemnización en favor de Fredy William Molano Cardona, por las mismas razones
consignadas en el párrafo 104, en vista de que se probó que no existía un vínculo
afectivo entre él y Milton Andrei Muñoz Cutiva y que, incluso, “lo juzgaba mucho
porque no era [su] hijo”, en palabras del testigo Javier Mauricio Sánchez Oyola.

113. Como consecuencia, se reconocerá, a título de afectación relevante a derechos
constitucional y convencionalmente amparados, los valores reflejados en el
siguiente recuadro116:

Demandante Condición Monto a reconocer
María Faelly Cutiva Leyva Madre 50 SMLMV
Ingrid Vanesa Molano Cutiva Hermana 25 SMLMV
Dairon Stiven Molano Cutiva Hermano 25 SMLMV
Karen Yulisa Molano Cutiva Hermana 25 SMLMV
Eliana Cutiva Leiva Hermana 25 SMLMV
Anderson Eduardo Cutiva Hermano 25 SMLMV
Jenifer Cutiva Hermana 25 SMLMV
Luisa Fernanda Salazar Cutiva Hermana 25 SMLMV
Ezequiela -Graciela117- Leiva Rivas Abuela 25 SMLMV

113 “Artículo 63.1. 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la
medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada”.
114 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 3 de octubre de 2019, exp. 47.860.
115 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 12 de junio de 2017, exp. 05001-23-31-000-2006-03486-01(41226) y sentencia del 13
de noviembre de 2018, expedientes acumulados 05001-23-31-000-2002-00143-01 y 05001-23-31-
000-2003-03661-01 (44141).
116 El monto del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la fecha de

ejecutoria de la presente sentencia.
117 Para efectos del pago de la presente indemnización, la beneficiaria corresponderá a la portadora

de la cédula de ciudadanía número “26.508.423 de Guadalupe”.

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Medidas de reparación integral no pecuniarias

114. El extremo activo solicitó que se adoptaran las siguientes medidas de
satisfacción: (i) que se pidieran disculpas públicas a los demandantes y a la
comunidad en general; (ii) que se fijara la sentencia en la web de la entidad pública
por un lapso no inferior a seis meses, y (iii) que se impartiera un curso de derechos
humanos y derecho internacional humanitario en los colegios públicos del municipio
de Florencia (Caquetá).

115. Esta Corporación ha manifestado que una noción amplia de reparación va más
allá de la esfera estrictamente pecuniaria del individuo, pues en esta se deben incluir
los bienes jurídicos que generalmente no pueden ser apreciados monetariamente,
pero que si resultan lesionados por el Estado, deben ser reparados mediante
medidas no pecuniarias. Así pues, por el asesinato de Milton Andrei Muñoz Cutiva,
en consonancia con lo expuesto en las consideraciones de esta decisión -en
concreto, lo desarrollado en el acápite denominado “De la responsabilidad del
Ejército Nacional”-, esta Corporación reconocerá las dos primeras medidas de
satisfacción solicitadas, así:

116. (i) Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia,
el comandante del Ejército Nacional, previo acuerdo con los familiares de la víctima
y sus representantes, tendrá que realizar un acto público o privado de
reconocimiento de su responsabilidad y de excusas, por el asesinato de Milton
Andrei Muñoz Cutiva. El Estado debe disponer los medios necesarios para facilitar
la presencia de las personas referidas y, para todos los efectos, deberá consultarse
la opinión de los familiares de las víctimas en cuanto a la fecha y demás pormenores
del acto público. Así lo dispuso esta Subsección en un caso reciente y similar118.
117. (ii) El Ejército Nacional establecerá un link en su página web, con un
encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta
providencia durante un período de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha
en que se realice la respectiva carga de la información.

118. Frente a la última de las medidas de satisfacción solicitadas -que se imparta un
curso de derechos humanos y derecho internacional humanitario en los colegios
públicos del municipio de Florencia (Caquetá)-, se establecerá otra actuación de
carácter no pecuniario que, a juicio de la Sala, resulta idónea y suficiente para
garantizar la reparación integral en el sub lite; así pues, (iii) se remitirá copia de la
presente sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General
de la Nación, con el fin de que haga parte de su registro y contribuya a la
construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia
generada por el conflicto armado interno en Colombia. La anterior determinación se
adopta en ejercicio del arbitrio judicial, y en vista de que esta Subsección “pu[ede]

118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 17 de junio de 2014, expediente 62.821.

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definir qué retribución se aviene como adecuada con base en los criterios de
equidad, justicia y reparación integral”119.

Otras disposiciones

119. Por la naturaleza de los hechos reseñados en la presente providencia, la Sala
ordenará el envío de una copia del expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz
y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Condena en costas

120. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el numeral 4 del artículo 365 del C.G.P.120, la Sala condenará en costas a la
entidad demandada por ambas instancias, dada la revocatoria total de la sentencia
dictada en el sub lite por el Tribunal Administrativo de Caquetá.

121. Al respecto, es menester señalar que, en la sentencia SU-241 de 2024, la Corte
Constitucional advirtió que un operador judicial impuso una condena en costas en
contra de unos demandantes, sin tener en consideración que eran víctimas del
conflicto armado y su consecuente calidad de sujetos de protección constitucional
reforzada, por lo que interpretó las normas aplicables en la materia para razonar
que se había ventilado una cuestión de interés público -porque el asunto versaba
sobre resarcimiento a las víctimas del conflicto armado-, para finalmente determinar
que no procedía condena en costas en contra de esos actores.

122. En este punto de la providencia, se advierte que en una sentencia reciente de
esta Subsección121 se consignó lo siguiente: "[e]ntiende la Sala que el criterio (…)
que ordena aplicar la Corte [en la SU-241 de 2024] en este tipo de asuntos cobija a
todos los sujetos interesados en el proceso, con independencia de su actuar en el
mismo y el alcance y sentido de las decisiones, de manera que no procede la
condena en costas en la presente instancia".

123. En cumplimiento de la carga de transparencia de cara a los cambios
jurisprudenciales, se debe rectificar el criterio que adoptará la Subsección frente al
alcance de la sentencia SU-241/24 en punto de la condena en costas. Considera
esta Sala que el razonamiento de la Corte Constitucional no puede aplicarse en el
sub lite, en el que se condenará en costas al Ejército Nacional -responsable de la
muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva-, toda vez que la citada regla jurisprudencial
únicamente resulta aplicable si la condena en costas se impone en contra de los
demandantes -víctimas del conflicto armado- y no de la entidad demandada que,

119 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de enero de 2011, rad. 76001-23-31-000-1996-2874-01.
120 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 4. Cuando
la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias”.
121 Proferida por esta Subsección el 6 de diciembre de 2024, con radicado 56.855 y ponencia del

consejero José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

como sucedió en este proceso, se acreditó que fungió como victimaria;
precisamente porque lo que pretendió la Corte Constitucional con el criterio que
adoptó en la SU-241 de 2024, en sus palabras textuales, fue que no se
“desincenti[vara] el ejercicio de la acción de reparación directa de otras víctimas
ante el temor de ser condenados en costas por los jueces administrativos”.

124. Las costas incluyen las agencias en derecho122, que se fijan a partir de las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, así como con
observancia de la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales123.

125. En atención a lo señalado por el Consejo Superior de la Judicatura en el
Acuerdo 1887, expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda -14 de febrero de
2014-, en los procesos de reparación directa como el de la referencia el quantum
para la primera instancia será “hasta el 20% de las pretensiones reconocidas”124,
mientras que, para la segunda, “hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

126. Así las cosas, la Subsección, con observancia de la actuación desplegada por
la parte actora durante el trámite del presente proceso, fijará en su favor y a cargo
de la entidad demandada, las tarifas de agencias en derecho, en los siguientes
términos: (i) por la primera instancia, el 2,5% de las pretensiones reconocidas125, y
(ii) por la segunda instancia, el 1,5% de las pretensiones reconocidas, lo que da
como resultado la suma final a pagar de 30 SMLMV126 por los conceptos analizados.

127. Finalmente, en cumplimiento del artículo 366 del CGP, la liquidación de las
costas, con inclusión de las agencias en derecho, se efectuará de manera
concentrada en la primera instancia.

122 El artículo 361 del CGP señala que “[l]as costas están integradas por la totalidad de las expensas

y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
123 El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán

aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
124 El Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas dependiendo de que el proceso sea de menor

o mayor cuantía; sin embargo, en esta jurisdicción la cuantía de los asuntos no en esos términos,
por lo que para ello habrá recurrirse a los montos establecidos en el CGP, en virtud de lo previsto en
el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, que establece que “[c]uando no hay ley exactamente aplicable
al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su
defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”. Al respecto, consultar
sentencia del 19 de marzo de 2021 de esta Subsección, expediente 63.836.
125 Es cierto que en casos en los que se ha declarado la caducidad de la acción, la Sala se ha

abstenido de condenar en costas, pero ello ocurre únicamente cuando tal determinación se profiere
en sentencia anticipada y no se demuestra la causación de costas en el proceso, lo que no ocurre
en el sub lite. Al respecto, ver: auto del 6 de noviembre de 2020, exp. 63.140; C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico; providencia del 6 de julio de 2022, exp, 68.328, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y
auto del 17 de octubre de 2023, exp. 69.161, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
126 Corresponde al 4% de 750 SMLMV, que fueron las pretensiones reconocidas en el sub lite.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

128. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de septiembre de 2022, proferida por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia, para, en su lugar, disponer:

“1.- Declarar la responsabilidad agravada de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Milton Andrei Muñoz Cutiva,
en los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2005, por las razones
expuestas en esta providencia.

2.- Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar a los demandantes,
a título de indemnización, los siguientes montos:

2.1. Por perjuicios morales:

Demandante Condición Monto a reconocer
María Faelly Cutiva Leyva Madre 200 SMLMV
Ingrid Vanesa Molano Cutiva Hermana 100 SMLMV
Dairon Stiven Molano Cutiva Hermano 100 SMLMV
Karen Yulisa Molano Cutiva Hermana 100 SMLMV
Eliana Cutiva Leiva Hermana 100 SMLMV
Anderson Eduardo Cutiva Hermano 100 SMLMV
Jenifer Cutiva Hermana 100 SMLMV
Luisa Fernanda Salazar Cutiva Hermana 100 SMLMV
Ezequiela -Graciela127- Leiva Rivas Abuela 100 SMLMV

2.2. Por afectación relevante a bienes y derechos constitucional y
convencionalmente amparados:

Demandante Condición Monto a reconocer
María Faelly Cutiva Leyva Madre 50 SMLMV
Ingrid Vanesa Molano Cutiva Hermana 25 SMLMV
Dairon Stiven Molano Cutiva Hermano 25 SMLMV
Karen Yulisa Molano Cutiva Hermana 25 SMLMV
Eliana Cutiva Leiva Hermana 25 SMLMV
Anderson Eduardo Cutiva Hermano 25 SMLMV
Jenifer Cutiva Hermana 25 SMLMV
Luisa Fernanda Salazar Cutiva Hermana 25 SMLMV
Ezequiela -Graciela128- Leiva Rivas Abuela 25 SMLMV

127 Para efectos del pago de la presente indemnización, la beneficiaria corresponderá a la portadora

de la cédula de ciudadanía número “26.508.423 de Guadalupe”.
128 Para efectos del pago de la presente indemnización, la beneficiaria corresponderá a la portadora

de la cédula de ciudadanía número “26.508.423 de Guadalupe”.

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Radicación: 18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540)
Demandante: María Faelly Cutiva Leyva y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa

2.3. Por medidas de reparación integral no pecuniarias:
2.3.1. Realizar un acto público o privado de reconocimiento de su
responsabilidad y de excusas, por el asesinato de Milton Andrei Muñoz
Cutiva, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta
sentencia; lo deberá efectuar el comandante del Ejército Nacional con
previo acuerdo con los familiares de la víctima y sus representantes.
2.3.2. Establecer un link en su página web, con un encabezado apropiado
en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia
durante un período de seis (6) meses, que se contarán desde la fecha en
que se realice la respectiva carga de la información.
2.3.3. Remitir copia de la presente sentencia al Centro Nacional de
Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación, con el fin de que
haga parte de su registro y contribuya a la construcción documental del
país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el
conflicto armado interno en Colombia
3.- Negar las demás pretensiones de la demanda”.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la entidad demandada,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del
Proceso.

Para el efecto, las agencias en derecho a cargo del Ejército Nacional, y en favor de
la parte actora, se fijan así: i) por la primera instancia, el 2,5% de las pretensiones
reconocidas, y ii) por la segunda instancia, el 1,5% de las pretensiones reconocidas,
lo que da como suma final a pagar el equivalente a 30 SMLMV.

TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera, ENVIAR una copia del
expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad.

CUARTO: Por Secretaría de la Sección Tercera, una vez de ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

VF

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