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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2014-00077-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2014-00077-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA REVÓCASE la sentencia proferida el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone: PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del Oficio 302410 / ARPRE – GRUPE 1.10 del 16 de octubre de 2013, expedido por el Jefe Grupo Pensionados adscrito a la Secretaría General de la Policía Nacional, a través del cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Elsa Isabel Navarro Tordecilla, en su condición de beneficiaria del extinto Patrullero Edgar Enrique Asprilla Navarro (q.e.p.d.). SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL a reconocer y pagar a la señora ELSA ISABEL NAVARRO TORDECILLA, la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del Patrullero de la Policía Nacional EDGAR 22 No. Interno: 6211 – 2018 Demandante: Elsa Isabel Navarro Tordecilla Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional ENRIQUE ASPRILLA NAVARRO, efectiva a partir del 3 de noviembre de 2011, día siguiente al deceso, prevista en el artículo 27 del Decreto 4433 de 2004. La pensión de sobreviviente deberá liquidarse con el grado conferido póstumamente, esto es, Subintendente, y será equivalente al 100% de las partidas establecidas en el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, devengadas por el causante. Asimismo, las sumas que resulten a favor de los demandantes se actualizarán en la forma como se indica en esta providencia y se aplicará para ello la siguiente fórmula: Índice final R= Rh x ------------------------ Índice inicial En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesada pensional con inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2014-00077-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 180012333000201400077 01
No. Interno : 6211 – 2018
Demandante : ELSA ISABEL NAVARRO TORDECILLA
Demandado : Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional
Medio de Control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Pensión de Sobrevivientes
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

Se desata la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
proferida el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Caquetá, negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 1 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

Elsa Isabel Navarro Tordecilla, por intermedio de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la
nulidad de la Resolución 00692 del 14 de mayo de 2012 y del Oficio No.
302410 / ARPRE – GRUPE 1.10 del 16 de octubre de 2013, proferidos por el
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a través de las cuales negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la cual considera

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“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para
la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si
el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite
recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual
dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar,
se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).”.

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Demandante: Elsa Isabel Navarro Tordecilla
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

tener derecho, en su condición de madre supérstite del SI (F) Enrique Asprilla
Navarro.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada, a reconocerle y pagarle una pensión de sobrevivientes por la
muerte de su hijo Enrique Asprilla Navarro, en su condición de Subintendente,
a partir del 2 de noviembre de 2011, en la cuantía que resulte conforme a lo
previsto en el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, con los correspondientes
reajustes y las mesadas adicionales. De la misma forma, solicitó la
actualización de las mesadas correspondientes a la pensión de sobrevivientes,
desde la fecha de causación y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia,
conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE y en
aplicación a lo establecido en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.
Finalmente, solicitó que se condene en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada, y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de
los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1. Hechos

Las pretensiones de la demanda se fundan en los siguientes hechos (ff. 25 –
39):

El señor Edgar Enrique Asprilla Navarro, ingresó al servicio de la Policía
Nacional, como Alumno del Nivel Ejecutivo, el 14 de enero de 2008, y el retiro
se causó el 2 de noviembre de 2011. Mencionó que no tenía hijos, no era
casado ni convivía con nadie para el momento de la muerte, pues solo tenía a
su cargo a la demandante.

Manifestó que el SI (F) Edgar Enrique Asprilla Navarro, encontrándose en
servicio activo en la Policía Nacional, como Patrullero, adscrito a la Dirección
de Protección y Servicios Especiales, su deceso fue calificado como “muerte
en actos especiales del servicio”, según investigación administrativa por

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No. Interno: 6211 – 2018
Demandante: Elsa Isabel Navarro Tordecilla
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

muerte, y ascendido en forma póstuma a Subintendente, mediante la
Resolución 1039 del 2 de abril de 2012.

A la demandante, le fue negado el derecho a que se le pagara la pensión de
sobrevivientes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, a partir del deceso
de su hijo SI (F) Edgar Enrique Asprilla Navarro, al darle una interpretación
errada al conceptuar sobre la pensión que recibe por parte del esposo,
“situación que hace desaparecer la subordinación que predica la norma legal de los
padres respecto del causante.”

Refirió que se le están vulnerando los derechos de la demandante, toda vez
que, a la Policía Nacional, no le consta que con la pensión que percibe, es
insuficiente para su manutención y gastos, ya que era su hijo el que velaba por
el sustento. Señaló, que no tiene ingresos por otras actividades, motivo por el
cual, le asiste el derecho a que el Ministerio de Defensa Nacional, le
reconozca, liquide y pague, una pensión de sobrevivientes, conforme a lo
previsto en el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, con los correspondientes
reajustes y las mesadas adicionales que se hayan causado a partir del
fallecimiento.

La demandante elevó petición de reconocimiento de pensión de sobrevivientes
ante la Policía Nacional, en su condición de madre sobreviviente del extinto SI
(F) Edgar Enrique Asprilla Navarro. A través de la Resolución 00692 del 14 de
mayo de 2012, se le negó la prestación pretendida.

Posteriormente, reiteró la solicitud, el 10 de septiembre de 2013 bajo
radicación No. 121570. Mediante el Oficio No. 302410 / ARPRE – GRUPE 1.10
del 16 de octubre de 2013, la Policía Nacional negó el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes a la demandante.

1.2. Normas violadas

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

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Demandante: Elsa Isabel Navarro Tordecilla
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política; 11, 23, 27 y 29 del Decreto
4433 de 2004; el Decreto 1091 de 1995; y el Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a través de
apoderada judicial, mediante memorial visible a folios 82 a 95 del expediente,
contestó a la demanda, oponiéndose a las pretensiones incoadas, al considerar
que la pensión de sobrevivientes reclamada por la demandante, en su condición
de madre de la víctima, estaba supeditada a la dependencia económica del
causante, la cual fue desvirtuada autónomamente por ella, a través de la
declaración extra proceso, la cual fue el fundamento para la expedición de la
Resolución 00692 del 2 de marzo de 2012.

Señaló que la Resolución 00692 de 2012, fue expedida conforme a la
normatividad establecida en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, teniendo
en cuenta, que la demandante es beneficiaria de una pensión de sobrevivientes
con ocasión del fallecimiento del cónyuge, reconocida por Colpensiones a través
de la resolución 3648 del 1 de enero de 2007.

Alegó que, la situación de la demandante, no corresponde al concepto de
dependencia económica, ya que las declaraciones extra proceso, señalan
ingresos que la perfilan en la actitud de bastarse por sí misma para suplir las
necesidades, lo que hace desaparecer la subordinación que la norma predica de
los padres respecto del causante.

Consideró que le corresponde probar a la demandante los argumentos y
elementos probatorios que demuestre la dependencia económica respecto del
causante. Además, no agotó los recursos procesales a los cuales tenía derecho
y dentro del término procesal correspondiente.

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Demandante: Elsa Isabel Navarro Tordecilla
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Refirió la entidad, que la demandante recibió una compensación por muerte,
seguro de vida obligatorio, dinero suficiente para sufragar gastos, auto
sostenerse y financiar sus necesidades.

Propuso la excepción de no haber ejercido y decidido los recursos que de
acuerdo a la ley son obligatorios.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Caquetá, a través de la sentencia proferida el 2 de
agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas y
agencias en derecho a la parte demandante.

Analizado el material probatorio allegado al expediente y la normatividad relativa
a la pensión de sobrevivientes estableció que la norma aplicable, es la vigente
para la fecha del fallecimiento, en cuanto es, a partir de ese momento, en que se
causa el derecho a la sustitución pensional.

Encontró acreditado, que el causante pertenecía al Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, pues al momento del fallecimiento ostentaba el grado de Patrullero,
jerarquía que conforme a lo establecido en el Decreto 132 de 1992, corresponde
a ese nivel. De igual forma, estableció que ingresó como alumno del nivel
ejecutivo, del 14 de enero al 30 de junio de 2008, y como Patrullero, desde el 1
de julio de 2008 hasta el 2 de noviembre de 2011, fecha en que falleció, por lo
cual laboró al servicio de la institución, durante 4 años, 1 mes y 8 días.

De igual forma, encontró que la muerte fue calificada en actos especiales del
servicio, en aplicación a las disposiciones del artículo 70 del Decreto 1091 de
1995, por lo cual fue ascendido de forma póstuma, al grado de Subintendente.
De la misma forma, a la demandante en su condición de beneficiaria del
causante, se le reconoció y ordenó pagar una compensación por muerte y le
negó el derecho a la pensión de sobrevivientes, con fundamento en la
declaración rendida por la demandante, el 21 de diciembre de 2011, con relación
a que percibe una pensión por el fallecimiento del cónyuge, por lo que cuenta

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con ingresos para su sostenimiento, situación que hace desaparecer la
subordinación que predica la norma.

Encontró probado el a quo que además de la pensión de sobrevivientes que
recibe con ocasión del fallecimiento del cónyuge, que equivale a más de un
salario mínimo mensual legal vigente, le fue adjudicado un bien baldío, el cual se
encuentra afectado con un embargo ejecutivo y es propietaria de un
establecimiento de comercio, sobre el cual existe medida cautelar, así como fue
beneficiaria de un seguro de vida dejado por el causante, aspectos que no
permiten establecer la afectación al mínimo vital. Consideró que, no se acreditó
que luego del deceso, sus obligaciones y gastos sobrepasaran los ingresos que
percibía, ni demostró una condición especial de salud, que permita realizar un
análisis diferente.

Concluyó que, ante el insuficiente material probatorio, le impide adoptar una
decisión que acoja las pretensiones de la demanda, al no aparecer demostrado
que el monto que percibe la demandante, mes a mes, no resulta suficiente para
su digna y congrua subsistencia, motivo por el cual negó las pretensiones de la
demanda.

4. Recurso de apelación

La apoderada de la parte demandante, mediante escrito visible a folios 207 a
211 del expediente, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia
proferida en el curso de la primera instancia, al considerar que tenía
dependencia económica de su hijo, que si bien, no era absoluta, era necesario
lo que le proveía mes a mes, para cubrir los gastos básicos.

Señaló que, de los testimonios decretados, dieron cuenta de la existencia de
la dependencia económica y la ayuda que le proporcionaba el causante a la
demandante, siendo necesaria para su sustento. Refiere que la demandante
no demostró que no le alcanzara los que percibía como pensión para
proveerse su mínimo vital, cuando en vida de su hijo, ella necesitaba de su

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ayuda para poder sufragar los gastos. Manifestó que si bien poseía bien
inmueble baldío, el mismo está embargado y no ha podido subsanar la deuda,
y no es cierto que tenga un negocio propio.

Refirió que obra en el plenario, prueba que da cuenta de la dependencia
económica que tenía frente al causante, conforme a las declaraciones
rendidas, al relatar que conocían de la ayuda que le daba a la demandante.
Señaló que, es una persona mayor de edad, persona de doble protección
constitucional, motivo por el cual le asiste el derecho a que se le reconozca la
pensión de sobrevivientes, en su condición de madre del extinto Subintendente
Edgar Enrique Asprilla Navarro, al cumplir con los requisitos exigidos en el
Decreto 4433 de 2004, en concordancia con los criterios de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional.

Finalmente, solicita se revoque la condena en costas y agencias en derecho
impuesta en la sentencia de primera instancia, al considerar que no se le
pueden violar su derecho a reclamar.

5. Alegatos de conclusión

Vencido el término concedido a través del auto del 18 de febrero de 2021 (f.
231), para presentar alegatos de conclusión, en el curso de la segunda
instancia, las partes y el Agente del Ministerio Público, omitieron realizar
pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los

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2.2. Problema jurídico

Se trata de determinar si en el presente asunto, resulta procedente el
reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente en favor de la señora
Elsa Isabel Navarro Tordecilla, en su condición de progenitora del Patrullero
Edgar Enrique Asprilla Navarro, muerto en actos especiales del servicio.

El Tribunal Administrativo del Caquetá, a través de la sentencia proferida el 2
de agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
y agencias en derecho a la demandante.

2.3. Hechos probados

Del material probatorio allegado al expediente, se observa:

A folio 14 del expediente obra formato de Hoja de Servicios No. 71350770, de
fecha 20 de diciembre de 2011, en la cual se registra que el señor Edgar
Enrique Asprilla Navarro, se vinculó a la Policía Nacional como Alumno del
Nivel Ejecutivo, el 14 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2008 (5 meses
y 16 días). Luego, pasó al Nivel Ejecutivo, por la Resolución 02806 del 27 de
julio de 2008, a partir del 1 de julio de 2008 hasta el 2 de noviembre de 2011
(3 años, 4 meses y 1 día), fecha en que falleció. Conforme con lo anterior, el
causante laboró al servicio de la Policía Nacional, durante 4 años, 1 mes y 7
días, incluidos los tres (3) meses de alta.

A folio 17 del expediente, aparece copia del registro civil de defunción No.
07255768, en el cual se registra que el señor Edgar Enrique Asprilla Navarro,
falleció el 2 de noviembre de 2011.

A través de la Resolución 01039 del 2 de abril de 2012 (f. 13), el Director

tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.

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General de la Policía Nacional ascendió en forma póstuma al grado de
Subintendente al causante, a partir del 2 de noviembre de 2011, en virtud del
informe prestacional No. 020 / 2011, en el cual se determinó que el deceso
ocurrió en “actos especiales del servicio” en concordancia con lo establecido
en el artículo 27 del Decreto 4433 de 2004.

Por la Resolución 00692 del 14 de mayo de 2012 (ff. 10 – 12), el Subdirector
General de la Policía Nacional, reconoció y ordenó el pago de una
compensación por muerte a favor de la demandante, en su condición de madre
del causante, en cuantía equivalente a $79.258.356,48, y le negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Mediante petición elevada por la demandante, con fecha 10 de septiembre de
2013 (ff. 4 – 7), le solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional, el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

A través del Oficio 302410 /ARPRE – GRUPE 1.10 del 16 de octubre de 2013
(ff. 2 – 3), se le negó la prestación reclamada, en consideración a que “se
observa la posesión de ingresos que la perfilan en la actitud de bastarse a sí misma
para subvenir a sus necesidades, situación que hace desaparecer la subordinación
que predica la norma legal de los padres respecto del causante (…).”

El Director de Sistemas de Información y Catastro certificó que la demandante
registra como propietaria de un bien inmueble habitacional en el municipio de
Necoclí (Antioquia) – folio 11 y 21 del cuaderno No. 3.

La Gerencia Nacional de Nómina de Pensionados de Colpensiones, certificó
que la señora Elsa Isabel Navarro Tordecilla, recibe pensión de sobrevivientes,
reconocida mediante la Resolución 3648 de 2007, con fecha de ingreso, marzo
de 2007.

La Previsora S.A. Compañía de Seguros, certificó que la demandante, fue
beneficiaria del seguro de vida obligatorio del señor Edgar Enrique Asprilla
Navarro, pago abonado el 7 de marzo de 2012 (ff. 31 – 34 Cuaderno 3).

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La Cámara de Comercio de Urabá, certificó que el establecimiento
denominado VARIEDADES SURTIBEBE NECOCLÍ, es de propiedad de la
demandante (ff. 37 – 39 Cuaderno No. 3).

En el curso del proceso, se recepcionó los testimonios de los señores Iván
Ballesteros y Hoverto Muñoz Álbarez, quienes se refirieron a los hechos de la
demanda (ff. 130 – 135).

2.4. Análisis de la Sala

La Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha referido a la pensión
de sobrevivientes, destacando que su creación tiene por objeto principal el
proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de
manera más cercana su vida con el causante y que entran a soportar las cargas
económicas, ante la muerte de un pensionado de quien dependía su sustento.

En sentencia T – 701 de 22 de agosto de 2006, se advirtió respecto a la pensión
de sobrevivientes, que la misma tiene como finalidad evitar que las personas
allegadas al trabajador queden desamparadas ante su ausencia definitiva y a
quien le correspondía el sostenimiento del grupo familiar. Dijo la Corte, en esa
oportunidad:

“La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de
sobrevivientes tiene como finalidad evitar “que las personas allegadas al
trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por
el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la
desprotección” y, por tanto, “busca impedir que, ocurrida la muerte de
una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar
individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento.”.

Así las cosas, la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad, atender la
contingencia derivada por el deceso del trabajador, con el objetivo de cubrir no
solo la ausencia repentina de la persona, sino el apoyo económico que le daba
al grupo familiar, y con el fin de evitar un cambio de las condiciones de
subsistencia de las personas beneficiarias de la prestación.

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Esta misma noción, no puede ser ajena al régimen prestacional aplicable a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En efecto, la ley
que gobierna el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la vigente
al momento del fallecimiento del causante, y dado que el hecho constitutivo
del derecho pensional ocurrió el 2 de noviembre de 2011, es evidente que la
norma aplicable es el Decreto 4433 de 2004, disposición que establece el
derecho pensional para los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional,
vigente para la fecha del deceso.

Conforme con lo anterior, el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, con relación
a los beneficiarios de la pensión por muerte en servicio activo, dispone:

“ARTÍCULO 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en
servicio activo. Las pensiones causadas por la muerte del personal de
Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares,
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la
Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en servicio
activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden:

(…)

11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente,
ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando
dependieran económicamente del causante.”

Así las cosas, los padres son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por
la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de
las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Nacional “siempre y cuando” dependan económicamente
del causante, razón por la cual resulta necesario analizar el grado de
dependencia económica para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes.

Con fundamento en lo anterior, esta Sección3 definió la dependencia
económica “(…) como aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una
persona respecto de otra en relación con su ´modus vivendi´. Relación de
dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiado o

3
Sentencia del 22 de noviembre de 2012. C.P. Alfonso Vargas Rincón. Núm. interno: 0448-2012. Actor Piedad del Socorro
Mejía González.

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amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero
desprendida de ostentación o suntuosidad alguna. (…)”

La dependencia económica como requisito para acceder a la pensión de
sobrevivientes, se exige a los padres, hijos y hermanos del causante, quienes
deben acreditarla, sin que sea necesario demostrar la carencia absoluta de
recursos o ingresos, por el contrario, se debe demostrar que con lo que obtiene
no le alcanza para llevar una vida en las mismas condiciones que tenía en vida
del fallecido, teniendo en cuenta que este le provenía para su sustento.

La Corte Constitucional en sentencia C - 066 de 2016 al respecto, señaló: “(…)
(i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del
causante de la pensión de sobrevivientes, para auto - proporcionarse o mantener su
subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la misma,
ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus propios
medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas.”

También en sentencia T – 424 de 2018, la Corte Constitucional enfatizó que:

“En efecto, como ha sido expresado por este Tribunal, el beneficiario
puede recibir un salario mínimo, o ser acreedor de otra pensión, percibir
un ingreso ocasional o incluso poseer un predio y, pese a ello, ser
beneficiario de tal prestación, en el evento de que no tenga la posibilidad
de ejercer una subsistencia digna sin el dinero que compone la prestación
que reclama.”

Con fundamento en lo anterior, la dependencia económica no puede asumirse
desde la óptica de la carencia de recursos económicos, sino en la falta de
condiciones materiales mínimas para la subsistencia, para auto –
proporcionarse o mantener su subsistencia; por lo tanto, la presencia de
ingresos no constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente
cuando el solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo
existencia en condiciones dignas.

Es decir que la dependencia económica, se predica de la condición de
supeditación a la que se encuentra sujeta una persona respecto de otra, en

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relación a la falta de condiciones materiales mínimas para subsistir, y por no
poseer los medios suficientes para mantenerse, en condiciones dignas.

Sentado lo anterior, procede la Sala a analizar si en el presente caso, se
cumplen con los presupuestos mencionados, para que el Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional le reconozcan a la señora Elsa Isabel
Navarro Tordecilla, una pensión de sobrevivientes, en su condición de
progenitora del señor Edgar Enrique Asprilla Navarro (q.e.p.d.).

Como primer aspecto, la Sala dirá que en el plenario no existe prueba que
permita determinar que existan otros beneficiarios con mayor o mejor derecho
que la demandante. Por otro lado, se estableció la relación familiar existente
entre la señora Elsa Isabel Navarro Tordecilla con el causante, pues al
expediente se aportó registro civil de nacimiento4 en el cual se registró a la
demandante como progenitora del causante, documento idóneo para
demostrar el parentesco, lo que le da el derecho a reclamar la pensión de
sobrevivientes.

En relación con la dependencia económica, la entidad demandada en la
Resolución 00692 del 14 de mayo de 2012, sostuvo que en la declaración extra
proceso presentada por la demandante el día 21 de diciembre de 2011, ante
la Notaría Única del Círculo de Apartadó (Antioquia), informó que le había sido
asignada una pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del cónyuge,
ocurrido el 9 de julio de 2002, a partir de lo afirmado, la entidad consideró:

“... En consecuencia, se observa la posesión de ingresos que la perfilan
en la actitud de bastarse a sí misma para subvenir a sus necesidades,
situación que hace desaparecer la subordinación que predica la norma
legal de los Padres respecto del causante, razón por la cual no tiene la
calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivencia de conformidad
con el artículo 11 del Decreto 4433/2004, por lo anterior la petición le será
negada y se le reconocerá el derecho a la Compensación por Muerte;
(…)”.

En contra de esta decisión, la demandante se abstuvo de interponer los

4
Folio 17

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Demandante: Elsa Isabel Navarro Tordecilla
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

recursos de ley, para agotar la vía gubernativa.

El 10 de septiembre de 2013 (ff. 4 – 7), la demandante elevó solicitud de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su condición de
progenitora del causante, conforme a lo previsto en los artículos 23 y 27 del
Decreto 4433 de 2004.

Mediante el Oficio 302410 / ARPRE – GRUPE 1.10 del 16 de octubre de 2013,
el Jefe Grupo de Pensionados de la Secretaría General de la Policía Nacional
(ff. 2 – 3), da respuesta en forma negativa a la petición presentada por la
demandante, en la cual sostuvo que “observándose así la posesión de ingresos
que la perfilan en la actitud de bastarse así misma para subvenir a sus necesidades,
situación que hizo desaparecer la subordinación que Predica la norma legal de los
Padres respecto al Causante, razón por la cual no causó derecho a pensión de
sobrevivencia, acto administrativo que contó con los respectivos recursos el cual hoy
se encuentra en firme.”

Al respecto, contrario a lo sostenido por la entidad en los actos acusados, la
Sala observa del material probatorio allegado, que las declaraciones
testimoniales de los señores Iván Darío Ballesteros y Hoverto Muñoz Álbarez
fueron coincidentes en afirmar que la demandante dependía económicamente
del causante, quien convivía con ella, le giraba dinero para el sostenimiento.
Cabe advertir que la prueba testimonial no fue objeto de tacha, ni tampoco se
controvirtió su credibilidad por la parte contraria.

Esta Corporación en sentencia de 27 de julio de 20065, con ponencia del
consejero Jaime Moreno García, con relación a la dependencia económica,
precisó:

“(…) Ha dicho esta Sala que la dependencia económica, en el caso de la
sustitución pensional, significa haber necesitado de la protección del
causante de la pensión o asignación de retiro para la congrua
subsistencia y que tal condicionamiento debe estar presente al momento
del fallecimiento del pensionado; no obstante, puede desvirtuarse si se

5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 27 de julio de 2006, Demandante: Elvira Elizabeth Cantillo
Prado. Radicación 47001-23-31-000-2002-00089-01

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demuestra que el beneficiario cuando menos se encuentra en situación
tal que lo capacite para ser laboralmente activo.

Por tal virtud, en cada caso, deben analizarse mediante principios
razonados los supuestos de hecho en los que se sitúa el interesado y las
pruebas allegadas, con el fin de dilucidar dentro de la particular situación
si el peticionario tiene o no derecho a este beneficio especial consagrado
por el legislador. […]»

Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que las declaraciones
testimoniales resultan suficientes para acreditar que la señora Elsa Isabel
Navarro Tordecilla dependía de su hijo Edgar Enrique Asprilla Navarro, pues
si bien, no fueron controvertidas por la entidad demandada, ni tampoco
desvirtuadas la credibilidad del dicho de los testigos, les constaba las
condiciones en que el causante aportaba al sostenimiento de su madre, para
que viviera en condiciones dignas.

De la misma forma, uno de los declarantes hizo referencia al ingreso que la
demandante percibía proveniente de una pensión de sobrevivientes que
recibía con ocasión al fallecimiento de su esposo, hecho que tiene respaldo
probatorio de acuerdo a la documental aportada por Colpensiones, en la que
se certificó que la demandante, percibe pensión desde marzo de 2007, es
decir, con anterioridad al deceso del SI Asprilla Navarro. Sin embargo, se pudo
constatar que COLPENSIONES certificó que para la nómina de marzo de 2015
se giró la suma de $394.460 por cuanto le fueron deducidos los conceptos de
salud por valor de $101.500 y la suma de $253.408 por concepto de un
préstamo con “CENT. SER. CREDITIC” y otro por valor de $114.974
“PRESTAMO POPULAR”.

Corolario a lo anterior, la Sala encontró demostrado que, aunque la
demandante posee un ingreso proveniente de una pensión de sobrevivientes
como beneficiaria del cónyuge fallecido, este no le garantiza una subsistencia
congrua, en cuanto la suma neta que percibe, no le asegura el mínimo vital,
por lo cual tuvo que acudir a préstamos, los cuales son deducidos
mensualmente de la mesada pensional.

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De acuerdo a las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional, en la
sentencia C – 066 de 2016, la dependencia económica no puede asumirse
desde la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino en la falta de
condiciones mínimas para la subsistencia, y la imposibilidad de mantener el
mínimo existencia que le permita obtener los ingresos indispensables para
subsistir en forma digna.

Así las cosas, pese a que la demandante cuenta con un ingreso generado por
una pensión de sobrevivientes, quedó demostrado que de dicho ingreso se
deduce la suma de $350.382 por concepto de unos préstamos, quedando la
suma neta de $394.460, certificada para el mes de marzo de 2015, ingreso
que no le asegura las condiciones mínimas para la subsistencia, y sin que obre
en el plenario prueba que permita establecer que posee otra clase de ingresos,
ni que recibe alguna ayuda por parte de sus otros hijos, como efectivamente
lo realizaba el causante Edgar Enrique Asprilla Navarro (q.e.p.d.).

Además, dada la presunción de los deberes de atención, ayuda y socorro legal
y moralmente de los hijos para con sus padres, en la forma en que las
circunstancias sociales y económicas lo permitan, que, para este caso, se
concretan en el hecho de brindarle unas condiciones de vida digna, medios
necesarios para su congrua subsistencia y mínimo vital, en cuanto, se advirtió
la condición de supeditación a la cual se encontraba sujeta respecto del
causante.

Se advierte, que la demandante acreditó la dependencia económica que tenía
con su hijo a través de las declaraciones testimoniales y la declaración extra
proceso que realizó en la actuación administrativa, constituyéndose en
pruebas idóneas con relación a la subordinación económica a que se hallaba
sujeta propia dada la carencia de recursos necesarios para su subsistencia,
motivo por el cual, contrario de lo razonado por el a quo, es procedente el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en la medida en que se le
están garantizando de esta manera, los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la vida digna.

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Destaca la Sala, que en similar sentido, la Corte Constitucional a través de las
sentencias T - 136 de 2011 y T - 125 de 2016, precisó algunos parámetros a
la hora de determinar si una persona depende económicamente de otra, entre
estos, que “el salario mínimo no es determinante de la independencia económica” y
que “poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia
económica” puesto que la finalidad de la pensión de sobrevivientes, es
garantizar que los familiares de un pensionado o afiliado muerto no vean
afectado su mínimo vital en virtud del deceso y puedan reemplazar el sustento
económico que éste les proporcionaba.

Reitera la Sala, que, aunque la demandante percibe una pensión de
sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge y es propietaria de un bien
inmueble, conforme se encontró probado en el expediente, ello no es suficiente
para afirmar que se provee de manera autónoma, para su congrua
subsistencia.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se concluye que el régimen
aplicable al presente caso para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, es el previsto en el Decreto 4433 de 2004, régimen especial
para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, vigente para la fecha en que
ocurrió el deceso del patrullero Edgar Enrique Asprilla Navarro. De igual forma,
se encontró acreditado que la demandante es beneficiaria del causante, en su
calidad de madre, y que dependía económicamente de su hijo para vivir en
condiciones dignas, aun cuando posee un ingreso, del material probatorio se
pudo establecer que los ingresos que percibía por la pensión de sobrevivientes
de su cónyuge, son insuficientes para subvenir las necesidades y garantizarle
el mínimo vital.

Teniendo en cuenta que se dan los presupuestos para declarar la nulidad de
los actos administrativos demandados, toda vez que se logró acreditar la
dependencia económica de la demandante con relación al causante,
presupuesto que exige el Decreto 4433 de 2004, se revocará la sentencia
apelada, en cuanto se negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, se

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ordenará a reconocer la pensión de sobrevivientes pretendida por la
demandante.

Corolario con lo expuesto, y teniendo en cuenta que la muerte del patrullero
Edgar Enrique Asprilla Navarro se produjo en actos especiales del servicio,
conforme se dispuso en el Informe Prestacional 020/2011, y que mediante la
Resolución 01039 del 2 de abril de 2012 (f. 13) fue ascendido en forma
póstuma al grado de Subintendente, con efectos a partir del 2 de noviembre
de 2011, la pensión de sobrevivientes deberá ser reconocidos en los términos
del artículo 27 del Decreto 4433 de 2004, que establece:

“ARTÍCULO 27. Muerte en actos especiales del servicio. A la muerte de
un Oficial, Suboficial, o Agente de la Policía Nacional en servicio activo,
o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo a partir de la entrada en
vigencia del presente decreto, en actos meritorios del servicio, en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en
conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden
público, sus beneficiarios en el orden y proporción establecida en el
artículo 11 del presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha del
fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión
mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional, la
cual será liquidada así:

27.1 El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro, en el grado conferido póstumamente, cuando el
causante tuviere quince (15) años o menos de servicio.

27.2 El cincuenta por ciento (50%) se incrementará en un cuatro por
ciento (4%) adicional, por cada año que exceda los quince (15), sin
sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%) por los primeros
veinticuatro (24) años.

27.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral
anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año
adicional, sin que en ningún caso el total pueda exceder el noventa y
cinco por ciento (95%) de las partidas computables.

PARÁGRAFO. A la muerte de un miembro del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público,
sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11
del presente decreto, tendrán derecho a partir de la fecha del
fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión
mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional,

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liquidada de acuerdo con el grado conferido póstumamente y equivalente
al ciento por ciento (100%) de las partidas establecidas en el artículo 23
del presente decreto.”

Asimismo, como el patrullero Edgar Enrique Asprilla Navarro ingresó como
alumno (nivel ejecutivo) el 14 de enero de 2008 (f. 14), y al nivel ejecutivo, el
1 de julio de 2008, y dado que su muerte en actos especiales del servicio
ocurrió el 2 de noviembre de 2011, la pensión de sobreviviente deberá
liquidarse con el grado conferido póstumamente, esto es, Subintendente, y
será equivalente al 100% de las partidas establecidas en el artículo 23 del
Decreto 4433 de 2004, devengadas por el causante.

Resalta la Sala, que como a la demandante le fue reconocida la compensación
por muerte en actos especial del servicio, prevista en el artículo 706 del decreto
1091 de 1995 (ff. 10 – 12), y que la misma no es incompatible con el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no se descontará concepto
alguno pagado en este sentido, teniendo en cuenta, que el Decreto 4433 de
2004, tiene por objeto fijar el régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública7, lo que implica que no se modificó el
régimen prestacional, incluyendo los demás beneficios que se causan con la
muerte a favor de los beneficiarios.

Así las cosas, en el presente asunto hay lugar al reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes en favor de la demandante, en su condición de progenitora
del Patrullero (F) Edgar Enrique Asprilla Navarro, fallecido en “actos especiales
del servicio” el 2 de noviembre de 2011, con base en el régimen vigente

6
Artículo 70.Muerte en actos especiales del servicio. El miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que muera
en servicio activo, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien
sea en conflicto internacional o en mantenimiento o restablecimiento del orden público, será ascendido en forma
póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus
beneficiarios en el orden establecido en el artículo 76 de este Decreto tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a) A que por el Tesoro Público se les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de la
remuneración correspondiente al grado conferido en forma póstuma al causante, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 49 de este Decreto;
b) A que el Tesoro Público les pague un valor equivalente a la cesantía causada en el año en que ocurrió la muerte,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de este Decreto;
c) A que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual equivalente al ciento por ciento (100%) de las
partidas señaladas en el artículo 49 de este Decreto, cualquiera que sea el tiempo de servicio.
Parágrafo. Se entiende por actos meritorios del servicio para todo efecto, aquellos en que el uniformado cumple la
misión encomendada con grave e inminente riesgo para su vida o integridad personal. (destaca la Sala).
7
Artículo 4

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aplicable para el momento, contenido en el Decreto 4433 de 2004, al haberse
acreditado los requisitos establecidos en la norma.

Para tales efectos, se reconocerá la pensión de sobrevivientes, a partir del día
siguiente al que ocurrió el fallecimiento del causante, esto es, 3 de noviembre
de 2011, teniendo en cuenta que en este caso no operó el fenómeno de la
prescripción de que trata el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 8, toda vez
que la solicitud elevada por la demandante, se realizó dentro de los 3 años
siguientes al momento en que ocurrió el deceso (10 de septiembre de 2013).

Aclara la Sala que, en el presente caso, el contenido del Oficio 302410 /
ARPRE – GRUPE 1. 10 del 16 de octubre de 2013, se constituye como un
verdadero acto administrativo, contrario a lo considerado por el a quo, en
cuanto da respuesta a la solicitud elevada por la demandante, en procura de
obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Finalmente, con relación a la condena en costas, es importante destacar que
no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8
del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala
no condenará en costas a la parte vencida.

III. DECISIÓN

La Sala revocará la sentencia proferida el proferida el dos (2) de agosto de dos
mil dieciocho (2018), por medio de la cual el Tribunal Administrativo del

8
ARTÍCULO 43. Prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las pensiones previstas en el presente
decreto prescriben en tres (3) años contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles.
El reclamo escrito recibido por la autoridad competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, por un lapso
igual.
Los recursos dejados de pagar como consecuencia de la prescripción de que trata el presente artículo, permanecerán
en la correspondiente entidad pagadora y se destinarán específicamente al pago de asignaciones de retiro en las
Cajas o de pensiones en el Ministerio de Defensa Nacional o en la Dirección General de la Policía Nacional, según el
caso.

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Caquetá, negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, declarará la
nulidad de los actos administrativos demandados, ordenará a la entidad
demandada, a reconocer y pagar en favor de la demandante, una pensión de
sobrevivientes en su condición de beneficiaria del extinto Subintendente Edgar
Enrique Asprilla Navarro (q.e.p.d.), conforme a lo establecido en el artículo 27
del Decreto 4433 de 2004, efectiva a partir del día siguiente en el que ocurrió
el deceso, 3 de noviembre de 2011, sin que haya lugar a aplicar la prescripción,
al haberse logrado desvirtuar la presunción de legalidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia proferida el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho
(2018) por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de la cual negó
las pretensiones de la demanda.

En su lugar, se dispone:

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del Oficio 302410 / ARPRE – GRUPE
1.10 del 16 de octubre de 2013, expedido por el Jefe Grupo Pensionados
adscrito a la Secretaría General de la Policía Nacional, a través del cual se le
negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora
Elsa Isabel Navarro Tordecilla, en su condición de beneficiaria del extinto
Patrullero Edgar Enrique Asprilla Navarro (q.e.p.d.).

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN, MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL a reconocer y pagar a la señora
ELSA ISABEL NAVARRO TORDECILLA, la pensión de sobrevivientes
causada por el fallecimiento del Patrullero de la Policía Nacional EDGAR

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ENRIQUE ASPRILLA NAVARRO, efectiva a partir del 3 de noviembre de
2011, día siguiente al deceso, prevista en el artículo 27 del Decreto 4433 de
2004.

La pensión de sobreviviente deberá liquidarse con el grado conferido
póstumamente, esto es, Subintendente, y será equivalente al 100% de las
partidas establecidas en el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, devengadas
por el causante.

Asimismo, las sumas que resulten a favor de los demandantes se actualizarán
en la forma como se indica en esta providencia y se aplicará para ello la
siguiente fórmula:

Índice final
R= Rh x ------------------------
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de
mesada pensional con inclusión de los reajustes de ley, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice
vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se pagará
separadamente, mes por mes para cada mesada pensional, teniendo en
cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada
uno de ellos.

TERCERO.- A la presente sentencia se le dará cumplimiento en los términos
del artículo 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO.- Sin condena en costas en ninguna de las instancias

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QUINTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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