Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2014-00144-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2014-00144-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 18001-23-33-000-2014-00144-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 18001233300020140014401
Demandante: HERNÁN DARÍO JACANAMEJOY JANSASOY Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRA
Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados a comunidades
indígenas. Perforación y exploración sísmica en territorios
ancestrales. Condición uniforme del grupo respecto de la causa
lesiva. Derecho fundamental a la consulta previa. Confesión por
apoderado judicial. Caducidad parcial de la pretensión
resarcitoria. Afectación a la cosmovisión étnica por imposibilidad
de llevar a cabo prácticas espirituales y culturales. No se acreditó
un hecho lesivo. Limitación al desplazamiento y locomoción por
militarización de la zona. La presencia de la fuerza pública no es
una fuente generadora de daños. Ausencia de daño antijurídico.
Condena en costas en el trámite de segunda instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por el extremo activo contra la
sentencia del 4 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante Resolución No. 008 del 28 de abril de 1992, el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria (en adelante el “INCORA”) constituyó como Resguardo Indígena
la “Comunidad INGA San Miguel”, asentada en el municipio de San José (Caquetá).
Posteriormente, según lo narrado en la demanda, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (en adelante la “ANH”) suscribió un contrato con la sociedad
Trayectoria Oil and Gas Sucursal Colombia, con el objeto de realizar actividades de
“explotación y producción de Hidrocarburos en el Bloque Topoyaco”. Así las cosas,
mediante Resolución No. 1035 del 4 de junio de 2009, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (en adelante el “Ministerio de Ambiente”) otorgó a
la referida sociedad una licencia ambiental “para el proyecto área de perforación
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
exploratoria Topoyaco”. Sin embargo, más adelante, la precitada sociedad cedió el
100% de su posición contractual a la sociedad Pacific Stratus Energy Colombia
Corp. Luego, de acuerdo con el grupo demandante, el 31 de agosto de 2011 la
empresa petrolera inició las actividades de perforación en la parte central del Bloque
Topoyaco, en zonas próximas al Resguardo Indígena “Comunidad INGA San
Miguel”, labores que se prolongaron hasta el mes de marzo de 2012.
El grupo de demandantes, conformado por integrantes del resguardo “Comunidad
INGA San Miguel”, sostiene que la Nación – Ministerio del Interior (en adelante el
“Ministerio del Interior”) y la sociedad Pacific Straus Energy Colombia Corp. (en
adelante la “sociedad” o la “empresa petrolera”) son patrimonialmente responsables
de los daños a ellos irrogados como consecuencia de la transgresión del derecho
fundamental a la consulta previa, pues afirman que la empresa petrolera inició los
trabajos de perforación sin que se hubiera surtido dicho procedimiento.
De otro lado, aduce que las accionadas son patrimonialmente responsables por la
afectación a su cosmovisión étnica y ancestral, debido a que la permanencia de
funcionarios de la empresa y la realización de actividades exploratorias en los pozos
contiguos al resguardo les impidieron llevar a cabo sus prácticas tradicionales,
espirituales y culturales.
Finalmente, afirma que la presencia de la fuerza pública en la zona vulneró su
derecho iusfundamental a la locomoción, pues no podían desplazarse libremente
por su territorio, por lo cual solicita la reparación integral de perjuicios.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 12 de mayo de 20141, Hernán Darío Jacanimoy Jansasoy2, en nombre propio y
en representación del Resguardo Indígena “Comunidad INGA San Miguel”,
1 Fl. 60 a 85, C.1.
2La demanda fue presentada por el señor Jacanamijoy Janasay en calidad de “Gobernador y
Representante Legal del Resguardo” (Fl. 11, C.3.)
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, presentó demanda en contra del Ministerio del
Interior y de la sociedad Pacific Stratus Energy Colombia Corp., con la pretensión
de que se les declare patrimonialmente responsables por los daños a ellos irrogados
como consecuencia de: i) la transgresión del derecho fundamental a la consulta
previa, ii) la afectación a su cosmovisión étnica y ancestral, y iii) la vulneración del
derecho iusfundamental a la locomoción.
Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes:
i) En primera medida, el extremo activo solicita condenar al Ministerio del
Interior y a la sociedad Pacific Stratus Energy Colombia Corp., a pagarle, por
concepto de “daño por afectación de garantías y derechos fundamentales
de la comunidad y contravención del bloque de constitucionalidad que
regula la consulta previa de los pueblos indígenas”, la suma de $1.000.000
al Resguardo Indígena “Comunidad INGA San Miguel”.
ii) En segundo lugar, el grupo demandante solicita condenar a la citada cartera
ministerial y a la referida empresa petrolera a pagarle, por perjuicios morales,
100 SMLMV a cada una de las personas que a continuación se relacionan:
1 Agustín Mutunbajoy Jansanoy
2 María Dolores Vermeo Banbague
3 Evirley Mutumbajoy Díaz
4 Sandra Milena Marín
5 Jhojan Estiven Mutumbajoy Marín
6 Javier Rodríguez Vargas
7 María Ermila Guaca Nopain
8 Maryi Lorena Rodríguez Guaca
9 Wilson Andrés Rodríguez Guaca
10 Andrea Rodríguez Guaca
11 Katherine Rodríguez Guaca
12 Carlos Julio Jacanamejoy
13 Isabel Jansanoy Bermeo
14 Hernán Dario Jacanamejoy Jansasoy
15 Juan Carlos Jacanamejoy Jansasoy
16 Maryi Yadira Jacanamejoy Jansasoy
17 Gustavo Obregón Hernández
18 Miriam Obando Núñez
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
19 Gustavo Adolfo Obregón Obando
20 Alexander Obregón Obando
21 Álvaro Mutumbajoy Jacanamejoy
22 Libia Díaz Rojas
23 Maria Beti Mutumbajoy Díaz
24 Yhoana Sirley Mutumbajoy Díaz
25 Yerly Lorena Díaz
26 Cristian Alexis Mora Mutumbajoy
27 Rodrigo Guaca Meneses
28 Ángel María Mavisoy Jacanamejoy
29 Ana Lucía Cuellar Becerra
30 Ángel Eduardo Mavisoy Cuellar
31 Wilmer Andrés Mavisoy Cuellar
32 Carlos Fernando Mavisoy Cuellar
33 Juan Diego Mavisoy Cuellar
34 Cristian Camilo Mavisoy Cuellar
35 Dari Andrea Mavisoy Cuellar
36 Luis Alberto Mavisoy Cuellar
37 Angela Yuliana Mavisoy Cuellar
38 Ascensión Burgos Mutumbajoy
39 Hernando Marín
40 Lina María Quintero Burgos
41 Valery Quintero Burgos
42 Katherine Quintero Burgos
43 Adán Becerra Inbanchin
44 María Ofelia Ceromeca Abinonga
45 Luis Adán Becerra Ceromeca
46 José Wilder Becerra Ceromeca
47 Fernanda Becerra Ceromeca
48 Hermison Becerra Ceromeca
49 Luz Eneida Becerra Ceromeca
50 Leider Alejandro López Becerra
51 Yhon Esneider Delgado
52 Sonia Rocío Burgos Mitinbajoy
53 Karen Yuliza Delgado Burgos
54 Ana Valentina Delgado Burgos
55 Johan Sebastián Delgado Burgos
56 José Ricardo Hoyos Castro
57 Filomena Mutumbajoy Jacanamejoy
58 María Lucila Hoyos Mutumbajoy
59 Miguel Ángel Hoyos
60 Edilmer Rodríguez Castro
61 María Zenaida Mutumbajoy Díaz
62 Einer Alejandro Rodríguez Mutumbajoy
63 Yilmer Andrés Rodríguez Mutumbajoy
64 Ever Acero Cuervo
65 Mery Mora Nieto
66 Yilmer Acero Nieto
67 Claudia Acero Mora
68 Yurleidy Acero Mora
69 Maycol Acero Mora
70 Reinero Guaca Lopan
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
71 Gloria Muñoz Llanos
72 Jhony Ferney Guaca Muñoz
73 Faver Guaca Muñoz
74 Jaime Andrés Guaca Muñoz
75 Jaqueline Guaca Muñoz
76 Luis Alfonso Burgos Obando
77 María Mutumbajoy Jacanamejoy
78 Yesica Lorena Burgos Mutumbajoy
79 Jhon Fredy Burgos Mutumbajoy
80 Yan Carlos Burgos Mutumbajoy
81 Carlos Díaz Cenon
82 Emma Cruz Burgos Mutumbajoy
83 Diego Alexander Díaz Burgos
84 Yoan Asley Díaz Burgos
85 William Ortiz Muchavisoy
86 Flor Enith Vaquiro Cabrera
87 Yuro Alejandra Ortiz Vaquiro
88 James Martus Rivera
89 María Víctoria Hoyos
90 Duvan Stiven Martus Chala
91 María Isabel Martus Hoyos
92 Freiner Mutumbajoy Guaca
93 Mayerly Mutumbajoy Guaca
94 Arnovis Ramos Mutumbajoy
En apoyo de las pretensiones, el grupo demandante afirma que mediante
Resolución No. 008 del 28 de abril de 1992, el INCORA constituyó como Resguardo
Indígena la “Comunidad Inga San Miguel”, asentada en el municipio de San José
(Caquetá).
Señala que, en fecha indeterminada, la ANH suscribió un contrato con la sociedad
Trayectoria Oil and Gas Sucursal Colombia, con el objeto de realizar actividades de
“explotación y producción de Hidrocarburos en el Bloque Topoyaco”.
Indica que, mediante Resolución No. 1035 del 4 de junio de 2009, el Ministerio de
Ambiente otorgó a la citada sociedad una licencia ambiental “para el proyecto área
de perforación exploratoria Topoyaco”.
Destaca que, posteriormente, la sociedad Trayectoria Oil and Gas Sucursal
Colombia cedió el 100% de su posición contractual a Pacific Stratus Energy
Colombia Corp.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
Aduce que, desde el 31 de agosto de 2011, esta última empresa petrolera inició las
actividades de perforación en la parte central del Bloque Topoyaco, en zonas
próximas al Resguardo Indígena “Comunidad INGA San Miguel”, labores que se
prolongaron hasta el mes de marzo de 2012.
Concluye que la comunidad indígena nunca fue consultada para realizar las
actividades de exploración y, pese a ello, la empresa petrolera inició trabajos de
perforación en la zona. Además, que durante dichas labores se registró la presencia
de la fuerza pública en sus territorios.
Los demandantes sostienen que el Ministerio del Interior y la sociedad Pacific
Stratus Energy Colombia Corp. son patrimonialmente responsables por los daños
ocasionados, como consecuencia de la transgresión al derecho fundamental a la
consulta previa, toda vez que la empresa petrolera inició labores de perforación sin
que dicho procedimiento se hubiera surtido. Asimismo, aducen son responsables
por la afectación a su cosmovisión étnica y ancestral, en la medida en que la
presencia de funcionarios de la empresa y la ejecución de actividades exploratorias
en los pozos contiguos al resguardo les impidieron el desarrollo de sus prácticas
tradicionales, espirituales y culturales. Finalmente, afirman que la permanencia de
la fuerza pública en la zona vulneró su derecho fundamental a la locomoción, al
impedirles desplazarse libremente por su territorio.
Textualmente, se expuso en el escrito de la demanda: “[…] las actividades de
exploración sísmica se realizaron por parte de la petrolera sin la consulta previa
requerida y necesaria, vulnerando y afectando los derechos fundamentales de las
poblaciones indígenas […] la zona donde se realizó la exploración sísmica son
terrenos de la comunidad indígena donde se realizan actividades conforme a sus
prácticas ancestrales y espirituales, tales como la ‘Toma de Ambiwaska’ […] la
exploración trajo como consecuencia la militarización de la zona, que a la postre
impidió que los miembros de la comunidad se desplazaran y movilizaran libremente
por sus territorios”.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
2. Contestaciones
El 18 de julio de 20143, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda
y ordenó su notificación a las accionadas y al ministerio público.
2.1. El Ministerio del Interior4 argumentó que sus actuaciones se adelantaron en
cumplimiento de las prerrogativas constitucionales, legales y reglamentarias que le
han sido conferidas. Además, advirtió que los daños reclamados por los
demandantes no le eran imputables, en cuanto no se probó la falla del servicio que
le fue atribuida. Formuló como excepción la que denominó “falta de legitimación
material en la causa por pasiva”.
2.2. La sociedad Pacific Stratus Energy Colombia Corp.5, sostuvo que los
demandantes no probaron los daños reclamados. En sustento, enfatizó que el
extremo activo no acreditó que el pozo en el cual se realizaron las actividades de
perforación estuviera ubicado dentro del resguardo indígena. Finalmente, refirió que
la pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo no era el medio
procesal idóneo para la protección de los derechos fundamentales cuya vulneración
se alegó. Formuló como excepciones las que denominó “improcedencia de la
acción” e “inexistencia del derecho invocado para la presente acción”.
2.3. El ministerio público6 destacó que “de la lectura de la demanda se desprende
que la consulta previa fue omitida, requisito indispensable y necesario cuando
alguna situación afecte directa o indirectamente el hábitat de la comunidad o cuando
se pretenda realizar cualquier actividad dentro de los territorios indígenas”. Sobre
los demás hechos y pretensiones de la demanda guardó silencio.
3 Fl. 89 a 95, C.1.
4 Fl. 110 a 115, C.1.
5 Fl. 256 a 264, C.1.
6 Fl. 246 a 255, C.1. – El ministerio público actuó en esta procesal de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 de la Ley 472 de 1998.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 26 de mayo de 20157 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La parte demandante8, el Ministerio del Interior9 y la sociedad Pacific Stratus
Energy Colombia Corp.10, reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda y en la contestación de este, respectivamente.
3.2. El ministerio público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 4 de mayo de 201711, el Tribunal Administrativo del Caquetá
negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el extremo activo “no
acreditó técnicamente o por lo menos sumariamente la ubicación del pozo que
interesa a las resultas del proceso con respecto a los límites del resguardo
indígena”. De otra parte, consideró que “de haberse acreditado la cercanía del pozo
con el resguardo indígena”, lo cierto es que no se demostró “la vulneración y
afectación directa al territorio y a la comunidad indígena por lo que no nació la
obligación para las demandadas de haberse adelantado una consulta previa”. En
conclusión, el tribunal determinó que los daños reclamados por el grupo de
accionantes no eran imputables a las demandadas.
5. Recurso de apelación
El 11 de mayo de 201712, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 20 de mayo de esa anualidad13 y admitido el 19 de julio
7 Fl. 512, C.3.
8 Fl. 520 a 525, C.3.
9 Fl. 533 a 541, C.1.
10 Fl. 517 a 519, C.1.
11 Fl. 570 a 604, C.4.
12 Fl. 615 a 628, C.4.
13 Fl. 630, C.4.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
siguiente14.
5.1. El extremo activo15 afirmó, en primera medida, que el tribunal “impuso como
tarifa legal una prueba técnica para acreditar los perjuicios que hacen parte del fuero
intrínseco de la población indígena, lo que sea jurídicamente imposible”. Por otra
parte, argumentó que las pruebas del proceso permitieron establecer que la
comunidad indígena tenía “injerencia” sobre la zona en la que desarrollaron las
actividades sísmicas y que, a pesar de ello, las autoridades omitieron adelantar el
procedimiento de consulta previa que era requerido. Refirió, además, que el a quo
no valoró las declaraciones rendidas por Mario Jacanamejoy Mutumbajoy y Doris
Waira Jacanamejoy Mutumbajoy, las cuales daban cuenta de la intervención de la
empresa petrolera y la presencia de la fuerza pública en los territorios ancestrales,
y de la causación de daños a la comunidad indígena. Concluyó, finalmente, que los
medios de convicción decretados y practicados permitieron acreditar los daños
reclamados y su imputación a las demandadas, lo que daba lugar a su
responsabilidad patrimonial.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 30 de agosto de 201716 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La sociedad Pacific Stratus Energy Colombia Corp.17-18, reiteró los argumentos
expuestos en el trámite de primera instancia.
6.2. La parte demandante, el Ministerio de Ambiente y el ministerio público
guardaron silencio.
14 Fl. 637, C.4.
15 Fl. 1072 a 1080, C.5.
16 Fl. 640, C.4.
17 Fl. 642 a 652, C.4.
18 Mediante memorial del 18 de enero de 2018, se informó de la fusión entre las sociedades
extranjeras Meta Petroleum Corp. y Pacific Stratus Energy Colombia Corp. (Fl. 671 y ss., C.4.). En
tal virtud, mediante auto del 20 de febrero de 2019, proferido por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, se reconoció personería al apoderado de judicial de la sociedad
Meta Petroleum Corp. Sucursal Colombia.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
III. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa – normatividad aplicable
Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202019, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 201120, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6821 de la Ley 472 de 199822 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.
Al efecto, comoquiera que el 12 de mayo de 201423, los demandantes ejercieron el
derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica de
esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida disposición – Ley 472 de 1998
• en lo atinente a las normas que regulan la pretensión, caducidad y competencia24.
2. Jurisdicción y competencia
La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar justicia
en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los
jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ramas
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto
de 2020, Rad. 64778.
20 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
21 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente
título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
22 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
23 Fl. 60 a 85, C.1.
24 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) la contencioso
administrativo, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi) la
especial para la paz.
Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la
asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman.
Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio de
las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la
jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del
territorio.
Al efecto, esta Corporación ha definido que25 la competencia para conocer de los
diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o
materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones
especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la naturaleza
de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la definición y
resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe tramitarse y
desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia previamente
determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso asignado a un juez
absorba los otros asuntos que, con relación a un tema específico, puedan ser
promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción)26.
En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o entre
estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional para
vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al
momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad
pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le
atribuyen en el libelo introductorio27.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2015.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Rad.:
43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603.
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Precisamente la Sección Tercera de Esta Corporación, en sentencia del 29 de agosto
de 200728, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que desde
la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que existe
una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en conjunto
con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.
En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que
cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto
de derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser ventilado ante
la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, que adquiere la competencia para examinar la
responsabilidad de todos los accionados29.
De conformidad con lo anterior, el fuero de atracción implica, entonces, que el juez
administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en
conjunto con otras entidades o incluso sujetos de derecho privado frente a los cuales
la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De hecho, en
sentencia del 18 de junio de 201530 la Sección Tercera del Consejo de Estado
manifestó lo siguiente:
“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública
el competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso
con particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento
de los pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra
atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo
contencioso adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos
ellos.
[…] Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción
contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha
figura, a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo
conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya
competencia correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe
adelantarse ante la primera – Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual
tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos
demandadas”
28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.:
A.G.20050207601
30 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir
controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación
con las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido, es decir,
que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan
razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida31.
Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de
modo uniforme y reiterado, como se hizo en sentencia del 3 de agosto de 2020 32,
en la que se señaló que para la procedencia del fuero atracción es mandatorio que
“la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente
tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les
pretende enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y
fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.
Dicho de otra manera, el hecho de que algunos de los sujetos vinculados al proceso
sean juzgados naturalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de
esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir, basta que el
demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute acciones u
omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta
jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante si la
sentencia absuelve o no a la entidad pública.
Es así como en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto contra
una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de manera
concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un juez de la
jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, pues el
juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la
responsabilidad de todos los demandados33, siendo menester, para dichos efectos,
estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se
31 Ibídem.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 44428.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.:
51687.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
alega34.
Pues bien, en el sub examine el grupo de demandantes pretende la responsabilidad
de las accionadas por i) la transgresión al derecho fundamental a la consulta previa,
ii) la afectación a su cosmovisión étnica y cultural, y iii) la vulneración al derecho ius
fundamental a la locomoción, pues afirma que ello se debió a que “[…] las
actividades de exploración sísmica se realización por arte de la petrolera sin la
consulta previa requerida y necesaria, vulnerado y afectando los derechos
fundamentales de las poblaciones indígenas […] la zona donde se realizó la
exploración sísmica son terrenos de la comunidad indígena donde se realizan
actividades conforme a sus prácticas ancestrales y espirituales, tales como la ‘Toma
de Ambiwaska’ […] la exploración trajo como consecuencia la militarización de la
zona, que a la postre impidió que los miembros de la comunidad se desplazaran y
movilizaran libremente por sus territorios”.
Lo anterior permite inferir razonablemente que, en tanto la responsabilidad de la
entidad pública accionada – Ministerio del Interior – puede verse comprometida, al
igual ocurre con la sociedad de carácter privado - Pacific Stratus Energy Colombia
Corp. – también demandada por los mismos hechos y con igual propósito, pues los
supuestos fácticos y jurídicos que dan origen a la demanda son los mismos y el
petitum realizado en el libelo introductorio así lo permite establecer.
En consecuencia, en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicción está habilitada
para pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial de la sociedad Pacific
Stratus Energy Colombia Corp., pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 10435
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA -, se trata de un asunto litigioso que involucra la actividad de una entidad
pública que también fue demandada – Ministerio del Interior – y esto comprende la
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480.
35 Artículo 104: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y
litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucrados las entidades públicas, a los particulares cuando
ejerzan función administrativa. 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier
entidad pública, cualquiera que sea el régimen”.
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
competencia para decidir sobre la responsabilidad patrimonial predicada respecto
de la citada empresa petrolera, pues el fuero de atracción permite la vinculación de
esa persona jurídica de derecho privado. No está demás resaltar que respecto de
la sociedad Pacific Stratus Energy Colombia Corp., el fundamento del deber de
reparar corresponde a criterios propios del derecho privado y no al de la falla del
servicio, pues esta última solo puede reputarse frente a una entidad pública36.
Por demás, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 4 de mayo de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de
la demanda, en virtud de lo establecido en los artículos 5037 de la Ley 472 de 1998
y, 150 y 152.16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.1238
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.
2. Medio de control procedente - Condiciones uniformes del grupo respecto
de la causa lesiva cuya reparación se pretende.
Las acciones de grupo se encuentran consagradas en el inciso 2º del artículo 88 de
la Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por
parte del Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472 de
1998 reguló dichas acciones y en el artículo 3º las definió como aquellas que son
"interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad. 56489.
37 “Artículo 150. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se
susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
38 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de
Estado”.
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".
En consonancia con lo anterior, los artículos 339 y 4640 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de las acciones de grupo. Para el efecto,
prescriben que éstas deberán ser presentadas por un número plural de personas
que no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una
causa común que generó los perjuicios individuales.
A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados a
un grupo, en los siguientes términos:
“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia (...)”
Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional41 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.
Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la relación causal desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
39 "Articulo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
40 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
41 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
que pueden generar un daño común al interés del grupo42. Así, para el tribunal
constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista
fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".
En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción
de grupo - sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo 43. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.
Con todo, en reciente jurisprudencia de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman
la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para
todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a
favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles."44. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
misma providencia.
Pues bien, en el caso en concreto se plantea como causa común generadora del
daño, las actividades de perforación sísmica en la parte central del Bloque Topoyaco
42 Sentencia C-569 de 2004.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-
000-2002-00025-02.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:
66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
por parte de la sociedad Pacific Stratus Energy Colombia Corp, dentro del cual,
según lo narrado en la demanda, se ubica Resguardo Indígena “Comunidad INGA
San Miguel”, hecho que – se alega – ocasionó los siguientes daños al grupo
demandante: i) la transgresión del derecho fundamental a la consulta previa, ii) la
afectación a su cosmovisión étnica y ancestral, y iii) la vulneración del derecho
iusfundamental a la locomoción.
Asi las cosas, para acreditar el requisito de existencia de condiciones frente a la
causa común del daño, el extremo activo aportó los siguientes documentos:
• Copia de la Resolución No. 08 del 28 de abril de 1992, expedida por el
INCORA, por la cual “se constituye como Resguardo Indígena en favor de la
Comunidad Inga San Miguel, asentada a orillas del Río Fragua, un globo de
terreno baldío, ubicado en jurisdicción de la vereda San Miguel, inspección de
policía de la Fraguita, municipio de San José, departamento del Caquetá”45.
• Certificado de tradición expedido bajo el folio de matrícula No. 420 – 46587
por la Oficina de Registro de Florencia (Caquetá) en el que se registra la
anotación No. 1 del 5 de junio de 1992: “CONSTITUCIÓN DE REGUARDO
INDÍGENA – INCORA a COMUNIDAD INGA SAN MIGUEL”46.
• Peticiones del 31 de julio y del 1 de agosto de 2013, dirigidas al Ministerio del
Interior, al Ministerio de Ambiente, a la ANH y al INCODER, mediante las cuales
Derby Andrés Londoño Sarria – apoderado judicial del grupo demandante en el
presente proceso – refirió que “el día 31 de agosto de 2011, las empresas
petroleras Trayectoria Oil and Gas, Alange Energy y Pacific Rubiales,
comenzaron la perforación del pozo en la parte central del Bloque Topoyaco, en
predios de la comunidad indígena del pueblo Inga del Resguardo de San Miguel
de Fragua, adscrita al municipio de San José del Fragua”47.
• Las actas de posesión de los gobernadores del resguardo indígena INGA de
45 Fl. 11 a 18, C.1.
46 Fl. 7, C.1.
47 Fl. 26 a 41, C.1.
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
San Miguel correspondientes a los años 201048, 201149, 201250, 201351 y 201452,
suscritas por el alcalde del municipio de San José de la Fragua (Caquetá), la
secretaria ejecutiva y los posesionados53.
• Los Censos poblacionales de la “Comunidad y/o Resguardo Indígena San
Miguel municipio y departamento: San José de Fragua Caquetá” correspondiente
a los años 201054, 201155, 201256, 201357 y 201458, suscritas por los respectivos
gobernadores para cada uno de esos periodos.
Bajo el anterior contexto, y una vez valorados los documentos allegados al proceso,
se evidencia que las personas que a continuación se relacionan tienen vocación
para integrar el grupo demandante, en la medida en que se acreditó la existencia
de condiciones uniformes respecto de la causa común generadora del daño,
concretadas en las actividades de perforación sísmica desarrolladas en la parte
central del Bloque Topoyaco, dentro del cual, según lo expuesto en la demanda, se
encuentra ubicado el Resguardo Indígena “Comunidad INGA San Miguel”, cuyos
integrantes hacen parte, a saber:
1 Agustín Mutunbajoy Jansanoy
2 María Dolores Vermeo Banbague
3 Evirley Mutumbajoy Díaz
4 Sandra Milena Marín
5 Jhojan Estiven Mutumbajoy Marín
6 Javier Rodríguez Vargas
7 María Ermila Guaca Nopain
8 Maryi Lorena Rodríguez Guaca
9 Wilson Andrés Rodríguez Guaca
48 Fl. 32, C.3. – El 18 de febrero de 2010, tomó posesión al cargo de gobernadora Isabel Jansasoy
Bermeo
49 Fl. 28, C.3 – El 13 de enero de 2011, tomó posesión al cargo de gobernadora Isabel Jansasoy
Bermeo.
50 Fl. 20, C.3. - El 18 de enero de 2012, tomó posesión al cargo de gobernadora Sonia Rocio Burgos
Mutumbajoy
51 Fl. 17, C.3. – El 18 de enero de 2013, tomó posesión al cargo de gobernadora Sonia Rocio Burgos
Mutumbajoy.
52 Fl. 11, C.3. - El 14 de enero de 2014, tomó posesión al cargo de gobernador Hernán Darío
Jacanamijoy Jansasoy.
53 En dicha oportunidad, tomaron posesión los gobernadores, alcaldes y alguaciles.
54 Suscrito por la gobernadora Isabel Jansasoy Bermeo.
55 Suscrito por la gobernadora Isabel Jansasoy Bermeo.
56 Suscrito por la gobernadora Sonia Rocío Burgos Mutumbajoy.
57 Suscrito por la gobernadora Sonia Rocío Burgos Mutumbajoy.
58 Suscrito por el gobernador Hernán Darío Jacanamijoy Jansasoy.
20
Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
10 Andrea Rodríguez Guaca
11 Katherine Rodríguez Guaca
12 Carlos Julio Jacanamejoy
13 Isabel Jansanoy Bermeo
14 Hernán Dario Jacanamejoy Jansasoy
15 Juan Carlos Jacanamejoy Jansasoy
16 Maryi Yadira Jacanamejoy Jansasoy
17 Gustavo Obregón Hernández
18 Miriam Obando Núñez
19 Gustavo Adolfo Obregón Obando
20 Alexander Obregón Obando
21 Álvaro Mutumbajoy Jacanamejoy
22 Libia Díaz Rojas
23 Maria Beti Mutumbajoy Díaz
24 Yhoana Sirley Mutumbajoy Díaz
25 Yerly Lorena Díaz
26 Cristian Alexis Mora Mutumbajoy
27 Rodrigo Guaca Meneses
28 Ángel María Mavisoy Jacanamejoy
29 Ana Lucía Cuellar Becerra
30 Ángel Eduardo Mavisoy Cuellar
31 Wilmer Andrés Mavisoy Cuellar
32 Carlos Fernando Mavisoy Cuellar
33 Juan Diego Mavisoy Cuellar
34 Cristian Camilo Mavisoy Cuellar
35 Dari Andrea Mavisoy Cuellar
36 Luis Alberto Mavisoy Cuellar
37 Angela Yuliana Mavisoy Cuellar
38 Ascensión Burgos Mutumbajoy
39 Hernando Marín
40 Lina María Quintero Burgos
41 Valery Quintero Burgos
42 Katherine Quintero Burgos
43 Adán Becerra Inbanchin
44 María Ofelia Ceromeca Abinonga
45 Luis Adán Becerra Ceromeca
46 José Wilder Becerra Ceromeca
47 Fernanda Becerra Ceromeca
48 Hermison Becerra Ceromeca
49 Luz Eneida Becerra Ceromeca
50 Leider Alejandro López Becerra
51 Yhon Esneider Delgado
52 Sonia Rocío Burgos Mitinbajoy
53 Karen Yuliza Delgado Burgos
54 Ana Valentina Delgado Burgos
55 Johan Sebastián Delgado Burgos
56 José Ricardo Hoyos Castro
57 Filomena Mutumbajoy Jacanamejoy
58 María Lucila Hoyos Mutumbajoy
59 Miguel Ángel Hoyos
60 Edilmer Rodríguez Castro
61 María Zenaida Mutumbajoy Díaz
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
62 Einer Alejandro Rodríguez Mutumbajoy
63 Yilmer Andrés Rodríguez Mutumbajoy
64 Ever Acero Cuervo
65 Mery Mora Nieto
66 Yilmer Acero Nieto
67 Claudia Acero Mora
68 Yurleidy Acero Mora
69 Maycol Acero Mora
70 Reinero Guaca Lopan
71 Gloria Muñoz Llanos
72 Jhony Ferney Guaca Muñoz
73 Faver Guaca Muñoz
74 Jaime Andrés Guaca Muñoz
75 Jaqueline Guaca Muñoz
76 Luis Alfonso Burgos Obando
77 María Mutumbajoy Jacanamejoy
78 Yesica Lorena Burgos Mutumbajoy
79 Jhon Fredy Burgos Mutumbajoy
80 Yan Carlos Burgos Mutumbajoy
81 Carlos Díaz Cenon
82 Emma Cruz Burgos Mutumbajoy
83 Diego Alexander Díaz Burgos
84 Yoan Asley Díaz Burgos
85 William Ortiz Muchavisoy
86 Flor Enith Vaquiro Cabrera
87 Yuro Alejandra Ortiz Vaquiro
88 James Martus Rivera
89 María Víctoria Hoyos
90 Duvan Stiven Martus Chala
91 María Isabel Martus Hoyos
92 Freiner Mutumbajoy Guaca
93 Mayerly Mutumbajoy Guaca
94 Arnovis Ramos Mutumbajoy
Según lo expuesto, la conformación del grupo constituido por las 94 personas atrás
enunciadas que aducen haber sufrido daños por las actividades de perforación
sísmica desarrolladas en la parte central del Bloque Topoyaco, satisface los
requisitos legales exigidos para la procedencia del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo, en la medida en que se demostró que forman
parte de la “Comunidad INGA San Miguel”, asentada en el municipio de San José
(Caquetá), respecto de la cual, sus integrantes de manera uniforme, afirman haber
sufrido: i) la transgresión del derecho fundamental a la consulta previa, ii) la
afectación a su cosmovisión étnica y ancestral, y iii) la vulneración del derecho
iusfundamental a la locomoción.
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal59.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general60, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción61, ofrecer estabilidad del
59 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
60 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
61 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure62 que opera por
la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer
algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 63, cuya
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
62 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
63 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
El literal h) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que, el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir de “la fecha en que se causó el daño”.
A su vez, en punto de establecer el inicio del cómputo de la caducidad del medio de
control, debe reiterarse64 que la manifestación realizada por el apoderado de la parte
actora en la demanda constituye una confesión por apoderado judicial, capacidad
que se entiende siempre conferida con el poder otorgado para demandar, de
conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código General del Proceso65.
Precisamente la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2016, al analizar la
exequibilidad de dicha norma estableció:
“(…) En síntesis: la confesión es un tradicional medio de prueba que
actualmente existe en nuestro ordenamiento procesal, sujeto a formalidades
para su validez. Igualmente prevé algunos tipos especiales, como aquella que
se surte a través de apoderado. Esta también ha estado presente en nuestra
historia jurídica, pero recientemente fue modificada por el legislador mediante la Ley
1564 de 2012, en su artículo 193. La novedad, en relación con las regulaciones
anteriores, consiste en que se presume “iuris et de iure” que exige
autorización del poderdante. Esta regla tiene una excepción en lo que
concierne a la demanda, la contestación, las excepciones, las contestaciones, la
audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, para las cuales se
entenderá conferida siempre la capacidad del apoderado de confesar. Esto se
explica dada la importancia que para el proceso tienen tales actuaciones y tiene por
finalidad la garantía de una eficiente administración de justicia prevista en el artículo
229 de la Carta” (Se resalta)
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 1º de noviembre de 2023, Rad. 66873.
65 “Artículo 193. Confesión por apoderado judicial. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando
para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia
del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
En efecto, el artículo 191 del Código General del Proceso66 y la jurisprudencia de
esta Corporación67, han definido las formalidades que la confesión requiere para
predicar su validez. Dichos requisitos concurren en el presente asunto, ya que (i) el
hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al confesante, a su vez que,
favorece a la parte contraria, pues permite determinar el momento a partir del cual
se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción
que en el presente asunto habría caducado; (ii) la ley no exige un medio de prueba
específico para acreditarlo, de manera que se debe dar mérito probatorio a la
afirmación enunciada; (iii) la confesión fue expresa, consciente y libre, toda vez que
la misma se produjo de forma espontánea en el líbelo introductorio y no se acreditó
que se produjera con algún tipo de coacción física, sicológica o moral; (iv) versa
sobre hechos de los que tenía conocimiento el confesante; y, finalmente (v) la
confesión se encuentra probada con la manifestación que se hace en la demanda68.
Pues bien, en primer lugar, respecto al daño consistente en la transgresión al
derecho fundamental a la consulta previa, porque la empresa petrolera inició los
trabajos de perforación sin que se hubiera surtido dicho procedimiento, debe
advertirse que atendiendo la manifestación del apoderado contenida en el escrito
de la demanda69, se concluye que desde el 31 de agosto de 2011 el grupo de
66 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga
capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2. Que
verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan
a la parte contraria. 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio
de prueba. 4. Que sea expresa, consciente y libre. 5. Que verse sobre hechos personales del
confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. 6. Que se encuentre debidamente
probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. La simple declaración de parte se valorará por el
juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 8 de mayo
de 2020, radicado 65209 y auto del 31 de julio de 2020, radicado 59161, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico; auto del 5 de mayo de 2020, radicado 48825, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 3 de
octubre de 2019, radicado 49865, C.P. María Adriana Marín.
68 Fl. 1 a 31, C. 1.
69 “[…] me permito manifestar que el día 31 de agosto de 2011, las empresas petroleras
comenzaron la perforación del pozo en la parte central del Bloque Topoyaco, muy cerca del
predio Resguardo Indígena de San Miguel, aproximadamente a 300 metros de la comunidad,
territorios que han sido de influencia ancestral de los miembros del Resguardo […] Hasta el mes de
marzo del año 2012, la empresa realizó actividades de exploración sísmica en zonas próximas del
Resguardo […] Las actividades de exploración sísmica se realizaron por parte de la petrolera
sin la consulta previa requerida y necesaria, vulnerando y afectando gravemente los derechos
fundamentales de las poblaciones indígenas”. (Se resalta)
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
demandantes conoció del daño reclamado y que, en virtud de ello, podía pretender
la reclamación de perjuicios por su causación. La anterior fecha, igualmente, se
acompasa con lo manifestado por Derbey Andrés Londoño Sierra – abogado de la
parte demandante – en la peticiones radicadas el 31 de julio y 1º de agosto de 2013
ante el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, la ANH y el INCODER en
las que textualmente se señaló: “[…] el día 31 de agosto de 2011, las empresas
petroleras Trayectoria Oil and Gas, Alange Energy y Pacific Rubiales, comenzaron
la perforación del pozo en la parte central del Bloque Topoyaco”. (Se resalta).
Con todo, debe resaltarse que el conocimiento del daño, por regla general, comporta
el inició del término de caducidad y, como ocurrió en el presente caso, los
demandantes no probaron encontrarse en imposibilidad material para ejercer el
medio de control de reparación directa dentro del término establecido en la ley.
Asi las cosas, el término de caducidad empezó a correr a partir del 1º de septiembre
de 2011, toda vez que esa fecha corresponde al día siguiente a aquel en que, según
lo narrado en el escrito de la demanda, la sociedad Pacific Stratus Energy Colombia
Corp., inició las actividades de perforación en la parte central del Bloque Topoyaco,
en zonas próximas al Resguardo Indígena “Comunidad INGA San Miguel”.
En este orden de ideas, se tiene que el término para ejercer el derecho de acción
empezó a correr el 1º de septiembre de 2011 – día siguiente a la fecha en que
presuntamente ocurrió el daño consistente en la presunta transgresión al derecho
fundamental a la consulta previa – y expiraba el 1º de septiembre de 201370.
Según lo expuesto, como la demanda se presentó el 12 de mayo de 201471, se
evidencia que, para ese entonces, el término preclusivo había vencido y, por lo
70 Aunque lo probado en el proceso permitió constatar que el 23 de febrero de 2014, el grupo de
demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la
Nación, lo cierto es que para esa fecha no había lugar a la suspensión de términos porque, como se
dijo, ya había operado el fenómeno preclusivo de la caducidad del medio de control. Sobre la
posibilidad de suspender términos por la radicación de la solicitud de conciliación en la reparación
de perjuicios causados a un grupo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de julio de 2018, Rad.: 27001233100020170002101
(AG)
71 Fl. 60 a 85, C.1.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
tanto, la pretensión resarcitoria por la presunta transgresión al derecho fundamental
a la consulta de previa del grupo demandante se encontraba caducada porque,
como se advirtió precedentemente, transcurrieron más de dos (2) años desde el
acaecimiento del daño reclamado y la fecha en que se ejerció materialmente el
derecho de acción. Con todo, debe señalarse que al plenario no fue aportado ningún
medio probatorio que justificara la dilación del término para demandar bien porque
le resultó imposible al demandante conocer del daño a la fecha de su ocurrencia o
porque hubiera ocurrido una situación anómala que justificara una variación en el
cómputo previsto por el legislador.
En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se declarará de
ofició la excepción de caducidad del medio de control frente a las pretensiones
solicitadas por el grupo accionante por la transgresión al derecho fundamental a la
consulta previa, por las razones expuestas en precedencia.
Por otra parte, frente a los daños por la afectación a la cosmovisión étnica y
ancestral de la comunidad indígena, y la vulneración a su derecho
iusfundamental a la locomoción, se evidencia que en el sub-lite no obra prueba
que dé cuenta de la fecha exacta en que estos se ocasionaron ni alguna otra de las
circunstancias que den cuenta de la fecha desde la que se debe contar el término
para establecer si el derecho de acción se ejerció de forma oportuna o no.
Sin embargo, en aplicación de los principios pro actione y pro damnato72, y para
garantizar el acceso a la administración de justicia del grupo de demandantes, la
Sala estudiará el fondo del asunto frente a dichas pretensiones.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis73.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016. Rad.: 39133.
73 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa por activa en aquellos
asuntos tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo – antes acción de grupo -, es pertinente señalar que la Sección Tercera
de esta Corporación ha señalado que “la concepción de la legitimación en la causa
en el marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la interpretación del
contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998 y al respecto
concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que existan
condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño […]”74.
4.1. Los integrantes del Resguardo Indígena “Comunidad INGA San Miguel”,
representado legalmente por Hernán Darío Jacanimoy Jansasoy, son las personas
sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están
legitimados en la causa por activa, en la medida en que, según lo expuesto en el
escrito de la demanda, fueron quienes sufrieron i) la afectación a su cosmovisión
étnica y ancestral, debido a la permanencia de funcionarios de la empresa petrolera
y a la realización de actividad exploratorias en los pozos contiguos al resguardo, lo
cual les impidió desarrollar sus prácticas tradicionales, espirituales y culturales; y ii)
la vulneración de su derecho fundamental a la locomoción, en tanto no podían
desplazarse libremente por su territorio ante la presencia de la fuerza pública.
4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio del Interior y la sociedad Pacific Straus Energy
Colombia Corp. están legitimados en la causa por pasiva, en la medida en que son
a quienes se atribuye el hecho generador del daño cuyo resarcimiento se reclama.
En otras palabras, respecto de la Nación representada por la cartera ministerial y
de la empresa petrolera se satisface este presupuesto procesal, toda vez que de los
hechos expuestos en la demanda se desprende que habrían sido quienes afectaron
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 2 de
febrero de 2001, Rad. AG 071 y del 31 de julio de 2020, Exp. 2013 – 00488. Esta posición fue reciente
acogida por la Subsección C de la Sección, en la sentencia del 16 de febrero de 2026, Rad. 69982.
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la cosmovisión étnica y ancestral de la comunidad indígena y vulneraron su derecho
a la locomoción, con ocasión de las actividades exploratorias y la presencia de la
fuerza pública durante el desarrollo de las perforaciones en su territorio.
5. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar si en el caso en concreto y acorde con los cargos
formulados en el recurso de apelación, se acreditaron los daños reclamados por el
Resguardo Indígena “Comunidad INGA San Miguel”, consistentes en:
i) La afectación a su cosmovisión étnica y ancestral, debido a la
permanencia de funcionarios de la empresa petrolera y a la realización de
actividad exploratorias en los pozos contiguos al resguardo, lo cual les impidió
desarrollar sus prácticas tradicionales, espirituales y culturales; y,
ii) La vulneración de su derecho fundamental a la locomoción, en
tanto no podían desplazarse libremente por su territorio ante la presencia de
la fuerza pública.
6. Solución de los problemas jurídicos
Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado; y ii) aquella que le corresponde
por daños causados a las comunidades indígenas.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199175 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado
75 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
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Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad extracontractual a quien cause la lesión
patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento
estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para
establecer el deber de responder por los daños que cause la Administración con su
acción u omisión y es el referido a su asignación a quien deba responder por aquel,
lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y
jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo
anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función
pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los títulos de
imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que
han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del
servicio, el riesgo excepcional y el daño especial.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Responsabilidad del Estado por daños ocasionados a comunidades
indígenas.
El reconocimiento y la garantía efectiva de las libertades y derechos inherentes a la
diversidad étnica y cultural en el territorio nacional constituyen, según lo dispuesto
en los artículos 7º76 y 9º77 de la Constitución Política, un rasgo esencial y un pilar
fundamental del Estado social, constitucional y democrático de Derecho. En efecto,
el ordenamiento jurídico colombiano prevé la promoción y efectividad de los
derechos de los grupos étnicos, y el respeto a la dignidad humana,
76 Artículo 7º: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.
77 Artículo 9: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia”.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
autodeterminación, tradiciones y prácticas culturales, como uno de los fines del
Estado.
Este mando fue reafirmado por el Constituyente al consagrar que las tierras de los
grupos étnicos y los resguardos indígenas ostentan la naturaleza jurídica de bienes
inalienables, imprescriptibles e inembargables78, garantía que materializa su
reforzada protección constitucional y asegura la pervivencia física y cultural de
dichas comunidades.
En desarrollo de tales postulados, el legislador expidió la Ley 21 del 4 de marzo de
1991, mediante la cual se aprobó el Convenio No. 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (en adelante la “OIT”), que integra el bloque de
constitucionalidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Dicha compilación,
establece, entre otras, que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, acciones coordinadas y
sistemáticas encaminadas a proteger sus derechos y garantizar el respeto de su
integridad y diversidad. A la par, prevé el reconocimiento y protección de sus valores
y practicas sociales, culturales, religiosas y espirituales.
Es así que, en garantía del derecho fundamental a la participación, el Convenio
instituyó como deber estatal la consulta previa, mediante procedimientos
apropiados y por conducto de sus autoridades, cada vez que se dispongan medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. De igual
manera, establece que la Administración deberá, al momento de adoptar cualquier
consideración, examinar las costumbres de los pueblos interesados y su derecho
consuetudinario. En la misma línea, se impone a los Estados la obligación de
respetar la relación espiritual y cultural que los pueblos indígenas mantienen con las
tierras y territorios que ocupan o utilizan, particularmente en su dimensión colectiva.
78 Artículo 63 de la Constitución Política: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación
y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
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En consonancia con lo anterior, el Decreto – Ley 4633 del 9 de diciembre de 2011,
reconoce que las medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución
de derechos territoriales en favor de las víctimas de comunidades indígenas, deben
ser compatibles con los valores culturales de cada pueblo, garantizando, así, el
derecho a la identidad cultural, la autonomía y el respeto por sus instituciones
propias; además, incorpora una concepción diferencial del territorio al establecer
que, conforme a la cosmovisión indígena, el territorio mismo es considerado víctima,
en atención al vínculo espiritual y colectivo que une los pueblos indígenas con la
“madre tierra”.
Por otra parte, la citada disposición define la reparación integral79 como el
restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos y que esta comprende,
entre otros aspectos, los fundamentos espirituales, culturales, ancestrales y
cosmogónicos. Asimismo, diferencia los conceptos de “daño individual y daño
colectivo”, en tanto el primero debe analizarse a la luz de la cosmovisión de cada
pueblo indígena e incluye afectaciones físicas, materiales y culturales, así como la
ruptura del vínculo de la víctima con su comunidad, con su pueblo y su comunidad;
y el segundo se configura cuando la conducta vulnera la dimensión material o
inmaterial, los derechos o los bienes jurídicos de los pueblos y comunidades
indígenas, particularmente cuando se atenta contra sus prácticas culturales o su
integridad como sujeto colectivo de especial protección convencional y
constitucional80.
Bajo el anterior contexto, se evidencia que, tratándose de la reparación de daños
antijurídicos ocasionados a las comunidades indígenas, el análisis correspondiente
debe efectuarse a la luz de la cosmovisión propia del pueblo afectado. En tal sentido,
el alcance del daño y de las medidas resarcitorias por su causación exige ponderar
79 Sobre el concepto de “etno – reparación” ver, entre otras más, las siguientes sentencias proferidas
por la Corte Constitucional: Sentencias T 693 del 23 de septiembre de 2011 y T 080 del 7 de febrero
de 2017.
80 Como antecedentes relevantes del Consejo de Estado sobre la materia ver: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencias del 24 de marzo
de 2011, Rad.: 18956 y del 14 de julio de 2016, Rad.: 37386; Subsección B, sentencia del 29 de
agosto de 2012, Rad.: 24335; y Subsección C, sentencias del 13 de agosto de 2018, Rad.: 52566 y
del 9 de diciembre de 2025, Rad.: 67211.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
el significado que la afrenta comporta a su cultura, costumbres y tradiciones, así
como la dimensión que, desde su perspectiva, reviste el bien jurídico vulnerado, ya
sea en su esfera individual o colectiva81.
Sobre este punto, es pertinente destacar que, respecto a las medidas de reparación
o compensación por afectaciones a las comunidades indígenas, la Corte
Constitucional ha determinado que “pueden tener una amplia gama de posibilidades
que pueden (sic) ir desde la implementación de medidas tanto simbólicas (obras de
valor pedagógico y cultual, publicaciones, investigaciones) como pecuniarias (pago
de indemnización, compensaciones, creación de fondos especiales de desarrollo)
con el objeto de proteger los derechos fundamentales de los pueblos étnicos, en
particular, sus derechos a la supervivencia física, cultural y espiritual, que los jueces
deben estimar de acuerdo a las características de cada caso”82.
Entonces, los criterios indemnizatorios o restaurativos aplicables en cada caso
deberán sustentarse en el acervo probatorio obrantes en el proceso, de manera que
se acredite la existencia del daño reclamado, su imputación y la idoneidad de las
medidas solicitadas para cumplir una función resarcitoria o restaurativa efectiva, y
resolverse, además, con estricta sujeción al principio de congruencia que rige las
decisiones judiciales, en virtud del cual el fallador no puede apartarse de los hechos,
pretensiones y fundamentos jurídicos sometidos a su consideración.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 4 de mayo de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de
la demanda, el grupo demandante afirmó, en primera medida, que el tribunal
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 9 de diciembre de 2025, Rad.: 67211.
82 Corte Constitucional, sentencia T 080 del 7 de febrero de 2017. En otra oportunidad, la Corte
también precisó lo siguiente: “[…] ante la imposibilidad de asignar al daño inmaterial causado un
equivalente monetario preciso, y teniendo en cuenta el tipo de valores afectados – de orden cultural
y religioso -, la Sala estima que es necesario acudir a la modalidad de reparación que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha descrito como ‘la realización de actos u obras de alcance
o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la
víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos”. Corte Constitucional,
sentencia T 693 del 23 de septiembre de 2011.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
“impuso como tarifa legal una prueba técnica para acreditar los perjuicios que hacen
parte del fuero intrínseco de la población indígena, lo que sea jurídicamente
imposible”. Por otra parte, indicó que las pruebas del proceso permitieron establecer
que la comunidad indígena tenía “injerencia” sobre la zona en la que desarrollaron
las actividades sísmicas y que, a pesar de ello, las autoridades omitieron adelantar
el procedimiento de consulta previa que era requerido. Refirió, además, que el a
quo no valoró las declaraciones rendidas por Mario Jacanamejoy Mutumbajoy y
Doris Waira Jacanamejoy Mutumbajoy, las cuales daban cuenta de la intervención
de la empresa petrolera y la presencia de la fuerza pública en los territorios
ancestrales, y de la causación de daños a la comunidad indígena. Concluyó,
finalmente, que los medios de convicción decretados y practicados permitieron
acreditar los daños reclamados y su imputación a las demandadas, lo que daba
lugar a su responsabilidad patrimonial.
En este sentido, y comoquiera que únicamente la parte demandante presentó
recurso de apelación contra el fallo del proferido el 4 de mayo de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32883 del
Código General del Proceso, únicamente habrá lugar a resolverse los cargos
formulados contra la decisión recurrida.
Según lo expuesto, se analizará exclusivamente si las demandadas son
patrimonialmente responsables por: i) la afectación a la cosmovisión étnica y
ancestral del Resguardo Indígena “Comunidad INGA San Miguel, debido a la
permanencia de funcionarios de la empresa petrolera y a la realización de actividad
exploratorias en los pozos contiguos al resguardo, lo cual les impidió desarrollar sus
prácticas tradicionales, espirituales y culturales; y, ii) por la vulneración de su
derecho fundamental a la locomoción, en tanto no podían desplazarse libremente
por su territorio ante la presencia de la fuerza pública.
83 Artículo 328. “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
No analizará la eventual responsabilidad que pudo asistirle a las accionadas por la
transgresión al derecho fundamental a la consulta previa porque, conforme se indicó
anteriormente, respecto a dicha pretensión resarcitoria se declaró probada de oficio
la excepción del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo,
toda vez que transcurrieron más de dos (2) años desde el acaecimiento del daño
reclamado y la fecha en que se ejerció materialmente el derecho de acción.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que a las fotografías aportadas por la
parte demandante84 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de
esta Sala85, conforme al artículo 244 del Código General del Proceso, esto es,
teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron
tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden
acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que el material fotográfico fue
arrimado al plenario, no ofrece certeza de la persona que los realizó ni tampoco de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron, pues carecen
de georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en
que se realizaron y si corresponden al día y lugar que se expone en la demanda.
Así las cosas, debe precisarse que las fotografías que fueron allegadas al proceso
por la parte demandante sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las
cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en fueron tomadas,
84 Fl. 56 a 59, C.1.
85 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto
de 2014, Rad. 28.832
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
y al carecer de reconocimiento o ratificación86, no pueden ser cotejadas con otros
medios probatorios allegados y valorados en el presente proceso 87, por lo que no
podrán ser valoradas para resolver el presente asunto litigioso.
Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Está probado que, mediante Resolución No. 008 del 28 de abril de 1992, el
INCORA constituyó como Resguardo Indígena la “Comunidad San Miguel”,
asentada en el municipio de San José (Caquetá). De esta información da cuenta
copia auténtica de dicho acto administrativo88. En este documento se lee lo
siguiente:
“[…] Ubicación, área y población:
La comunidad indígena Inga de San Miguel, se encuentra ubicada a orillas del Rio
Fragua, en jurisdicción de la vereda San Miguel, inspección de policía La Fraguita,
municipio de San José, departamento del Caquetá.
Según el plano elaborado por el INCORA en octubre de 1989, el área a constituirse
como Resguardo Indígena es de 924 – 85 52 hectáreas aproximadamente y beneficia
a 94 personas agrupadas en 19 familias.
[…]
Aspectos socioeconómicos:
La familia es de tipo patriarcal, esta es el núcleo de la sociedad, la unidad mas
importante; el sistema de gobierno es de cabildo. A pesar de que han sufrido un
proceso de aculturación, conservan su lengua Inga y gran parte de sus costumbres y
creencias tradicionales. La economía es de subsistencia, se fundamenta en la
recolección, la casa y la pesca. Además, cultivan chontaduro, maíz, yuca, plátano,
café y cacao silvestre.
[…]
Consideraciones jurídicas:
86 Al respecto, la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 27353”, señala que la fotografía puede ser
reconocida por el testigo y su autenticidad se puede lograr a través de la confesión de la parte
contraria o de testigos al instante en que ocurrieron los hechos que se pretenden acreditar.
87Ibídem.
88 Fl. 11 a 18, C.1.
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
Los artículos 2º y 14º del Convenio 169 de 1989 sobre los pueblos indígenas y tribales
en los países independientes, ratificado mediante la Ley 21 del 4 de marzo de 1991,
establecen el deber que tienen los gobiernos de desarrollar acciones tendientes a
proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto a su integridad.
Asimismo, reconocerles el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan.
La legislación colombiana reconoce a los indígenas el derecho que tienen sobre la
tierra y determina que debe titulársele en calidad de resguardo, por cuanto esta formal
legal se acomoda a las condiciones sociales de estas comunidades, es así como el
inciso final del artículo 29 de la Ley 135 de 1961 establece ‘Asimismo, no podrán
hacerse adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por comunidades indígenas
o que constituyen su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de
resguardos indígenas’.
El capítulo II del Decreto 2001 seña el procedimiento administrativo que debe
adelantarse para constituir los resguardos indígenas y los artículos 94 inciso 3º de la
Ley 135 de 1961 y 8º del decreto reglamentario, facultan al INCORA, para constituir
resguardos de tierras en beneficios de las parcialidades que no los posean, previa
consulta a la División de Asuntos del Ministerio de Gobierno.
[…]
Artículo Primero: Constituir como resguardo indígena, en favor de la Comunidad
Indígena INGA de San Miguel, asentada a orillas del Río Fragua, un globo de terreno
baldío, ubicado en jurisdicción de la vereda San Miguel, inspección de policía La
Fraguita, municipio de San José, departamento del Caquetá, con un área de 924-
85552 hectáreas aproximadamente […]”
7.1.2. Se acreditó que el 5 de junio de 1992, el INCORA registró la “Constitución de
Resguardo Indígena” en favor de la Comunidad Inga San Miguel y “la prohibición de
enajenación sin autorización” del predio identificado con el folio de matrícula No.
420-46587. De esta información da cuenta el respectivo certificado de tradición
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Florencia (Caquetá)89.
7.1.3. Se demostró que, mediante Resolución No. 1035 del 4 de junio de 2009, el
Ministerio de Ambiente otorgó a la sociedad Trayectoria Oil and Gas Sucursal
Colombia una licencia ambiental “para el proyecto área de perforación exploratoria
Topoyaco”. De esta información da cuenta copia auténtica del referido acto
administrativo90.
89 Fl. 24, C.1.
90 Fl. 10 a 56, C.3.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
7.1.4. Está probado que el 31 de julio de y el 1 de agosto de 2012, Derby Andrés
Londoño Sierra – apoderado judicial de los demandantes – presentó varias
peticiones ante el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, la ANH y el
INCODER mediante las cuales refirió que “[…] el día 31 de agosto de 2011, las
empresas petroleras Trayectoria Oil and Gas, Alange Energy y Pacific Rubiales,
comenzaron la perforación del pozo en la parte central del Bloque Topoyaco, en
predios de la comunidad indígena del pueblo Inga del Resguardo de San Miguel de
Fragua, adscrita al municipio de San José del Fragua […] y estas actividades
culminaron a finales de 2011”. De esta información dan cuenta copia auténtica de
los referidos documentos91.
7.1.5. Consta que, mediante Resolución No. 1363 del 16 de septiembre de 2013, la
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificó que “en el área del
proyecto ‘Exploración de hidrocarburos en el Bloque Palmera Topoyaco 2X’ se
registra la presencia del Resguardo Indígena San Miguel, de la etnia Inga
legalmente constituido mediante la Resolución No. 08 del 28 de abril de 1992,
localizado en jurisdicción de los municipios de San José del Fragua (Caquetá) y
Piamonte (Cauca)” (Se resalta). De esta información da cuenta copia auténtica del
referido acto administrativo92.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
91 Fl. 26 a 41, C.1.
92 Fl. 7 a 11, C.4.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración93-94.
7.2.1. Los daños reclamados
En atención a los cargos formulados por el extremo activo en el recurso de
apelación, es necesario establecer, en primera medida, si el Resguardo Indígena
“Comunidad Inga San Miguel” sufrió i) una afectación a su cosmovisión étnica y
ancestral debido a la permanencia de funcionarios de la empresa petrolera y a la
realización de actividad exploratorias en los pozos contiguos al resguardo, lo cual
les impidió desarrollar sus prácticas tradicionales, espirituales y culturales; y, ii) una
vulneración de su derecho fundamental a la locomoción, en tanto no podían
desplazarse libremente por su territorio ante la presencia de la fuerza pública.
Ahora bien, se observa que además de los medios de prueba obrantes en el
proceso, de los cuales ya se hizo un recuento en el capítulo de hechos probados,
obra en el expediente las declaraciones rendidas por Doris Waira y Mario
Jacanamijoy Mutumbajoy, integrantes del grupo demandante, quienes, en su orden,
relataron lo siguiente:
93 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
94 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
La señora Jacanamijoy Mutumbajoy declaró que la empresa petrolera realizó
actividades de perforación en un pozo ubicado a 300 metros del Resguardo. Indicó,
además, que la zona donde se llevaron a cabo los trabajos no formaba parte de este
y que el pozo perforado fue el “Topoyaco” situado en el predio de un campesino de
la región, aunque manifestó desconocer la fecha exacta en que dichas actividades
se realizaron. Asimismo, señaló que, durante el desarrollo de los trabajos, se extrajo
una gran cantidad de arena el río para cubrir las carreteras y que las actividades de
exploración sísmica generaron malos olores y ruidos, y que afectaron sus fiestas
tradicionales. Finalmente, manifestó que durante ese periodo se presentaron varios
problemas sociales entre campesinos e indígenas y que en la zona había presencia
de la fuerza pública95.
Por su parte, Mario Jacanamijoy Mutumbajoy manifestó que los trabajos de
exploración sísmica iniciaron a comienzos del año 2011 y finalizaron en el 2012, con
una duración aproximada de un año. Señaló que la empresa petrolera ingresó al
territorio indígena, el cual, según afirmó, formaba parte del Resguardo y que era un
espacio donde se practicaba la medicina tradicional. Sin embargo, indicó que la
perforación se realizó a 300 metros del Resguardo y que las labores generaron ruido
por la maquinaria, lo que afectó sus actividades. Concluyó que dichas
intervenciones trajeron consigo la presencia de la fuerza pública y de grupos
armados al margen de la ley.
Al respecto, es necesario advertir que lo narrado por Doris Waira y Mario Jacamajoy
Mutumbajoy será valorado en conjunto con los demás elementos de convicción y
de acuerdo con el principio de la sana crítica, pues el artículo 165 96 del Código
95 Fl. 508 a 509-A, C.3.
96 Artículo 165. “Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión,
el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos,
los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con
las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los
principios y garantías constitucionales.” (Se resalta)
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General del Proceso cataloga la declaración de parte como un medio de prueba 97,
el artículo 191 del mismo cuerpo normativo dispone que la declaración de parte será
valorada por el juez de conformidad “con las reglas generales de apreciación de las
pruebas” y el artículo 198 ibídem no da tratamiento de sospechoso98 a la declaración
que rinda una de las partes del proceso.
Bajo el anterior contexto, se advierte que los declarantes coincidieron en señalar
que la empresa petrolera realizó actividades de exploración a una distancia
aproximada de 300 metros del Resguardo y que dichas labores generaron impactos
negativos en la comunidad. Asimismo, manifestaron que las actividades produjeron
ruido, afectaron sus dinámicas y prácticas tradicionales, y trajeron consigo la
presencia de la fuerza pública en la zona. No obstante, divergieron en cuanto a la
ubicación del territorio intervenido, así como en el contexto temporal, toda vez que,
mientras la señora Doris Waira sostuvo que la zona donde se realizaron los trabajos
no formaba parte del Resguardo y que el pozo “Topoyaco” estaba ubicado en el
97 Sobre el particular, la Subsección C, en auto del 4 de abril de 2022, Rad. 67820, dijo: “A diferencia
de lo previsto en el artículo 203 CPC, que prescribe que cualquiera de las partes puede pedir la
citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso, el artículo
198 CGP prevé la posibilidad de que el juez, de oficio o a solicitud de parte, pueda ordenar la citación
de las partes a fin de interrogarlas sobre estos hechos. Esta norma no faculta a las partes a solicitar
su propia declaración. El precepto hace referencia a que el juez cite a las partes, bien sea porque de
oficio considera necesaria su declaración o porque la parte contraria lo solicita. Son dos puntos de
partida distintos. Mientras el artículo 203 CPC dispone que las partes pueden solicitar la citación de
la parte contraria, el artículo 198 CGP prevé que el juez puede ordenar la citación de las partes. Esta
norma no se refiere a la parte contraria, pues regula el interrogatorio de las partes ordenado por el
juez -de oficio o a solicitud de estas- que, como árbitro de la contienda, no tiene una contraparte en
el proceso. Además, es preciso insistir en que quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia
para que produzca el efecto pretendido, pues la sola afirmación de una parte no es suficiente para
acreditarlo. De ahí que, permitir que la misma parte solicite su declaración, no tiene en cuenta lo
previsto en el artículo 167 CGP, ni corresponde a una interpretación armónica de esta norma (artículo
30 CC). Más allá de las discusiones sobre el valor probatorio de la declaración de parte, la posibilidad
de que esta prueba sea solicitada por la misma parte y la valoración de la misma es claro que la
demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes. De ser así,
la demanda y la contestación servirían para acreditar los supuestos de hecho que estas aducen y no
sería necesaria la práctica de pruebas. Por ello, el Despacho debe determinar, además, si la prueba
es útil, pertinente, conducente y no resulta superflua. 4. El artículo 168 CGP, aplicable por remisión
expresa del artículo 306 CPACA, dispone que se deben rechazar, mediante providencia motivada,
las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente
superfluas o inútiles. Las pruebas deben ser conducentes y eficaces para demostrar el hecho o el
acto jurídico objeto del litigio, del que se deriva el derecho o la obligación reclamada, y deben estar
orientadas a demostrar los supuestos de hecho de la demanda o contestación. El juez debe rechazar
las pruebas que no sean conducentes, ni pertinentes y que no lleven a probar un hecho aducido en
el proceso.”
98 Sobre este aspecto: NAIZIR SISTAC, Juan Carlos. Derecho Probatorio: desafíos y perspectivas.
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2020. Segundo Capitulo: La declaración de parte en el
Código General del Proceso. Páginas 180 y 181.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
predio de un campesino, Mario afirmó que la empresa ingresó a territorio indígena
que sí hacia parte del Resguardo y precisó que los trabajos se desarrollaron entre
comienzos del 2011 y finalizaron en 2012.
Según lo expuesto, debe reiterarse que las citadas declaraciones de parte se
valoraran integralmente con los demás medios de prueba decretados y practicados
en el proceso, conforme a la sana crítica, y de acuerdo con lo previsto en los
artículos 165 y 191 del Código General del Proceso.
Pues bien, una vez valorados íntegramente los medios de prueba decretados y
practicados en el proceso, se observa que: i) mediante Resolución No. 008 del 28
de abril de 1992, el INCORA constituyó el Resguardo Indígena “Comunidad San
Miguel” en el municipio de San José (Caquetá); ii) el 5 de junio de 1992 se registró
la constitución del referido Resguardo junto con la prohibición de enajenarlo sin la
autorización del INCORA; iii) el 4 de junio de 2009, el Ministerio de Ambiente otorgó
a la empresa petrolera una licencia ambiental para el proyecto de perforación
denominado “Topoyaco”; iv) en julio y agosto de 2012, el apoderado de los
demandantes presentó peticiones ante varias autoridades estatales, informando
que en agosto de 2011 se inició la perforación del pozo, actividades que habrían
culminado a finales de ese año; y v) mediante Resolución No. 1363 del 16 de
septiembre de 2013, el Ministerio del Interior certificó la presencia del Resguardo
Indígena “Comunidad San Miguel” en el área del proyecto “Exploración de
hidrocarburos Palmera Topoyaco 2X”, reconociendo su constitución legal desde
1992.
Bajo el anterior contexto, se advierte que en los reparos formulados en el recurso
de apelación se atribuye la responsabilidad al Estado por dos (2) daños divergentes,
por lo cual, para mayor claridad del proyecto, se analizará cada uno de ellos de
forma independiente.
7.2.1.1. Respecto a la afectación a la cosmovisión étnica y ancestral de la
comunidad indígena, debido a que la permanencia de funcionarios de la empresa y
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
la realización de actividades exploratorias en los pozos contiguos al resguardo, les
impidieron llevar a cabos sus prácticas tradicionales, espirituales y culturales.
Pues bien, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 4 de mayo
de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la parte demandante
sostuvo que el a quo impuso “como tarifa legal una prueba técnica para acreditar
los perjuicios que hacen parte del fuero intrínseco de la población indígena”.
Además, afirmó que las pruebas del proceso demostraban que la comunidad
indígena tenía “injerencia” sobre la zona donde se desarrollaron las actividades de
exploración sísmica, lo que permitía, según el grupo actor, tener por acreditada la
afectación a su cosmovisión étnica y ancestral.
Según lo expuesto, se advierte que, a diferencia de lo considerado por el extremo
activo, ninguna de las pruebas obrantes en el plenario permitió acreditar, con grado
de certeza, la afectación alegada por el grupo demandante, en tanto no se
demostró, en primer lugar, que las actividades de perforación adelantadas por la
empresa petrolera se hubiesen llevado a cabo al interior del Resguardo o que estas
hubieran comportado el menoscabo alegado.
En efecto, aunque las declaraciones vertidas por los señores Jacanamijoy
Mutumbajoy señalaron la proximidad de los trabajos respecto del territorio indígena,
tales afirmaciones, valoradas en conjunto con los demás medios de convicción, no
resultan suficientes para tener por acreditado el daño reclamado pues, debe
recordarse que, mientras Doris Waira señaló que el pozo “Topoyaco” estaba
ubicado en el predio de un campesino, en contraste Mario indició que se trataba de
un territorio indígena que sí hacia parte del Resguardo; no obstante, ninguna de las
demás pruebas permitió corroborar esta última afirmación.
En el presente asunto, se echa de menos, sin que ello signifique y/o suponga una
exigencia probatoria de tarifa legal, que el grupo demandante hubiere acreditado la
afectación alegada a través de los distintos medios de prueba con los que se cuenta
en un estadio procesal, por ejemplo – pero sin limitarse a ellos -, mediante
testimonios, otros documentos, dictámenes periciales o inspecciones judiciales. Sin
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
embargo, las pruebas obrantes no la tuvieron por demostrada y, se insiste, la sola
referencia de estos hechos por el extremo activo no resulta suficiente para tener por
probado el menoscabo alegado, en tanto no puede la propia parte que afirma un
hecho acreditarlo con su simple dicho99.
Así las cosas, ante la ausencia de prueba que ubique las actividades de perforación
sísmica dentro de los límites del resguardo, tampoco es posible concluir, con el
grado de certeza exigido, que dichas labores hubiesen generado una afectación a
la cosmovisión étnica y ancestral de la comunidad indígena. De este modo, ante la
falta de acreditación del daño reclamado en la demanda, como elemento esencial
del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya
que aún ante su existencia, no sería posible declarar la responsabilidad patrimonial
de la Administración100-101.
Con todo, es pertinente señalar que, si bien lo probado en el proceso permitió
constatar que el 16 de septiembre de 2012 la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior certificó que en el área de explotación “Bloque Palmera
Topoyaco 2X” se registraba la presencia del Resguardo Indígena “Comunidad San
Miguel”, lo cierto es que ello tampoco es suficiente para tener por acreditada la
afectación reclamada, pues, al parecer se trataba de un pozo distinto y, además, de
99 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 18 de junio de 2025, Rad.: 64133.
100 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
101 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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lo expuesto en el escrito de la demanda, de las pruebas documentales y de lo
narrado por señores Jacanamejoy Mutumbajoy, se advierte que los hechos objetos
de controversia corresponden a un periodo diferente al certificado en dicho acto
administrativo.
Debe recordarse, pues, que los daños alegados se formularon en relación con las
actuaciones desplegadas por la empresa petrolera durante los años 2011 y 2012,
periodo que ya había transcurrido al momento de la expedición del certificado por la
citada Dirección, lo cual impide establecer una relación directa y cierta entre lo
ocurrido en el año 2013 y la afectación invocada por el grupo demandante.
En conclusión, del escaso material probatorio allegado al proceso, no es posible
establecer con certeza la ubicación real del lugar donde, presuntamente, la empresa
petrolera habría realizado las perforaciones sísmicas, así como tampoco determinar
la supuesta afectación a la cosmovisión étnica y ancestral invocada por el grupo
actor, de manera que, ante la ausencia de prueba de este menoscabo, en cuanto
elemento estructurante de la obligación resarcitoria, no queda alternativa que negar
lo solicitado en la demanda.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso,
la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que alega
requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus,
impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la
responsabilidad, sin el cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política, no es posible su declaración.
Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del daño,
junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad, genera la
obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de
contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de responsabilidad, su
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende de los
artículos 1494102 y 1757103 del Código Civil. Por lo tanto, tratándose de la prueba
del nacimiento y existencia de una obligación indemnizatoria, es un deber
insoslayable del acreedor, que solo puede excepcionalmente suplirse por orden del
juez o en virtud de la ley, pues ello rompe el equilibrio de la relación subyacente a
la discusión de la obligación misma pues, debe subrayarse que la responsabilidad
estatal plantea en esencia una cuestión obligacional entre acreedor (damnificado) -
y deudor (Estado); una obligación de reparar el daño. Es que la obligación
indemnizatoria derivada de la declaratoria de responsabilidad extracontractual para
que se halle configurada exige prueba de todos los elementos de la responsabilidad
necesarios para hallar configurada la obligación resarcitoria, lo cual, por supuesto,
entre otros implica probar el daño, que en el caso de marras se extraña.
En conclusión, lo probado en el proceso no permitió acreditar el primer daño
reclamado por el grupo demandante, consistente en la afectación a su cosmovisión
étnica y ancestral, de manera que frente a este punto se confirmará lo decidido en
la sentencia de primera instancia.
7.2.2. Frente a la vulneración del derecho iusfundamental a la locomoción de los
integrantes del Resguardo, porque la presencia de la fuerza pública en la zona les
impidió desplazarse libremente por su territorio.
El extremo activo afirmó en el recurso de apelación que lo probado en el proceso
permitió constatar que la presencia de la fuerza pública en los territorios ancestrales
de la comunidad indígena les causó un daño antijurídico, consistente en la
vulneración de su derecho fundamental a la locomoción, en tanto no podían
desplazarse libremente por su territorio debido a su permanencia.
En virtud de lo expuesto, se advierte que, contrario a lo afirmado por el extremo
102 Artículo 1494: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por
disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”.
103 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
activo en el recurso de apelación, no obra en el proceso prueba alguna que permita
acreditar que los integrantes de la comunidad indígena hubiesen sufrido la
afectación alegada y, menos aún, que esta se hubiera originado en la supuesta
presencia de la fuerza pública. En efecto, si bien se formularon afirmaciones en tal
sentido, estas no fueron respaldadas por otros medios de convicción que
demostraran la existencia de restricciones reales a la locomoción de los
demandantes o de situaciones concretas que evidenciaran la vulneración alegada.
Al efecto, debe resaltarse que, si bien Doris Waira y Mario Jacanamejoy
Mutumbajoy señalaron que en la zona había presencia de la fuerza pública, en
ningún caso pudo establecerse que por la permanencia de los uniformados o por
órdenes de estos, los integrantes de la comunidad indígena se hubiesen visto
condicionados o limitados para desplazarse al interior de su territorio. En todo caso,
como se expondrá a continuación, la sola presencia de la fuerza pública no puede
constituirse per se en una fuente generadora de daños, en la medida en que dicha
prerrogativa constituye un presupuesto material de la Constitución Política y un
rasgo esencial del poder público104.
Sobre este aspecto, resulta pertinente destacar que, en virtud del artículo 2º de la
Constitución Política, las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes y, por lo
tanto, la presencia legítima y constitucional de la fuerza pública, orientada a la
consecución de los fines propios del Estado Social, Constitucional y Democrático
de Derecho, no puede concebirse como un hecho dañoso105.
Dicho de otra manera, la permanencia legítima de la fuerza pública en un territorio,
con el propósito de garantizar el orden constitucional y preservar el orden público
mediante operaciones de control territorial, seguridad y defensa, no puede
considerarse, como lo afirmó la parte recurrente, un hecho que suponga la
afectación del derecho fundamental de locomoción. Por el contrario, se trata de un
postulado que encuentra sustento directo en la propia Carta Política, la cual no solo
104 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 19 de abril de 2023, exp. 65546.
105 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 21 de octubre de 2025, Rad.: 68205.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
habilita, sino que impone al Estado el deber de preservar el orden público y
garantizar la efectividad de los derechos y libertades de todos los habitantes del
territorio nacional, de manera que la actuación de la fuerza pública, cuando se
desarrolla dentro del marco de la legalidad y en cumplimiento de sus fines
constitucionales, no constituye una injerencia arbitraria, sino la materialización
misma de los cometidos del Estado.
Así las cosas, la presencia institucional de la fuerza pública en determinadas zonas
del país no puede asimilarse a una fuente de afectación o a una restricción ilegítima
de derechos fundamentales, pues representa el ejercicio de una competencia
constitucionalmente atribuida, pues, admitir lo contrario, implicaría desconocer que
el mantenimiento del orden público, la protección a la ciudadanía y la defensa de la
soberanía son funciones estructurales del poder público, sin las cuales no sería
posible la efectividad y estabilidad del Estado.
En definitiva, se evidencia que lo probado en el proceso tampoco permitió acreditar
el segundo daño reclamado en la demanda, por lo que, frente a este punto,
igualmente se confirmará lo resuelto por el tribunal a quo.
En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la
sentencia del 4 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda, no sin antes adicionar un
numeral que disponga declarar la caducidad del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo frente las pretensiones resarcitorias solicitadas por
la transgresión al derecho fundamental a la consulta previa, habida cuenta las
consideraciones atrás expuestas.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
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Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación
que interpuso no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho106 en segunda instancia, se entienden
causadas debido a la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora107.
A su turno, el Acuerdo 1887 de 2003108 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con
cuantía en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
106 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
107 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
108 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
En este sentido, comoquiera que la actuación de la parte demandada en segunda
instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión109, lo cual denota
un comportamiento activo en el trámite procesal, habrá lugar al pago de las agencias
en derecho a cargo del extremo activo y a favor de las demandadas, las cuales se
fijan en la suma equivalente al cero punto uno (0.1%) de las pretensiones solicitadas
en la demanda, en proporción equivalente al 50% de dicho rubro para cada de una
ellas, que deberán ser liquidadas por Secretaría.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 4 de mayo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda, la
cual quedará así:
“[…] PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la caducidad del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo frente las pretensiones resarcitorias
solicitadas por el grupo demandante por la transgresión al derecho fundamental a la
consulta previa, habida cuenta las razones expuestas en la parte considerativa de
este proveído.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
CUARTO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda
instancia, el cero punto uno (0.1%) de las pretensiones solicitadas en la demanda, a
cargo de la parte demandante y a favor de la Nación – Ministerio de Ambiente y la
sociedad Pacific Straus Energy Colombia Corp., en proporción equivalente al 50% de
dicho rubro para cada de una ellas”.
109 Fl. 642 a 652, C.4.
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Radicado: 18001233300020140014401
Demandante: Hernán Darío Jacanamejoy Janasoy y otros
SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
Aclaración de voto
VF/EX1
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