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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2014-00199-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2014-00199-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO.- Revocar el ordinal primero de la sentencia del 20 de octubre de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las súplicas de la demanda interpuesta por la señora Leticia Ochoa Artunduaga en contra de la Unidad Administra tiva Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. www.consejodeestado.gov.co 18 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 18001233300020140019901 (206 -2018) Demandante: Leticia Ochoa Artunduaga En su lugar, declarar, de oficio, la excepción de cosa juzgada , de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO.- No c ondenar en costa s de segunda instancia a la parte demandante , según lo expuesto. TERCERO.- Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2014-00199-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

5 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 18001233300020140019901 (0206-2018)
Demandante: Leticia Ochoa Artunduaga
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia . Tipo de vin culación. Cosa juzgada. Ley
1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso d e apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de l Caquetá el 20 de octubre de 2017 ,
que negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

La señora Leticia Ochoa Artunduaga , por intermedio de apoderado
en ejercicio del me dio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, requirió
declarar la nulidad de la Resoluci ón 2194 del 22 de febrero de

1 En adelante UGPP.
2 Folios 38 a 46 y reforma de la demanda a folios 11 y 112.
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo .
En adelante CPACA.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001233300020140019901 (206 -2018)
Demandante: Leticia Ochoa Artunduaga

2002, por medio de la cual , la Caja Nacional de Previsión 4, negó la
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión graci a a
partir del 15 de diciembre de 1999 ; (ii) indexar la s mesadas
retroactivas ; (iii) reconocer y pagar los reajustes a que haya lugar ,
así como también intereses moratorios sobre cada una de las
mesadas pensionales; y (iv ) pagar las costas y agencias en
derecho.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda

La señora Leticia Ochoa Artunduaga expuso que (i) nació el 22 de
septiembre de 1940, y (ii) estuvo vinculad a como docente del 1.º de
febrero de 1965 al 30 de enero de 1966; del 1.º de septiembre de
1970 al 30 de diciembre de 1971; y desde el 21 de abril de 1982 al
19 de octubre de 2005, para un total de 23 años, 5 meses y 27 días.

Indicó que el 18 de diciembre de 2000 solicitó ante CAJANAL, el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, y le fue negada
mediante la Resolución 2194 del 22 de febrero de 2002 por
considerar que se trataba de un a docente de carácter nacional ,
decisión que recurrida y resuelta mediante las Resolucio nes 31503
del 7 de noviembre de 2002 y 4995 del 27 de agosto de 2003 que
confirmaron la decisión.

Señaló que, en consideración a lo ant erior, la actora formuló Acción
de Tutela con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales ,
y fue resuelta mediante providencia del 17 de septiembre de 2006
emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida , Tolima que
ordenó a CAJANAL emitir el acto administrativo de reconocimiento
de la pensión gracia.

4 En adelante CAJANAL.

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Demandante: Leticia Ochoa Artunduaga

Mediante Resolución 58757 del 11 de septiembre de 2006,
CAJANAL dio cumplimiento al fallo referido y, reconoc ió la pensión
gracia con una mesada inicial de $535.918,63, efectiva a partir del
15 de diciembre de 1999.

Por medio de la R esolución RDP11882 del 12 de marzo de 2013,
UGPP, declaró el decaimiento de la Resolución 58757 de 2006 , por
lo que la aquí accionant e, tuvo que formular una nueva A cción de
Tutela en contra de la UGPP, que le correspondió al Juzgado
Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, quien, en providencia
del 18 de febrero de 2013, ordenó a la UGPP proceder a incluir la
en nómina.

Que m ediante la Resolución RPD 033031 del 22 de julio de 2013 la
UGPP, dio cumplimiento al fallo mencionado .

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

La actora argumentó que los actos adm inistrativos demandados
negaron el derecho a la pensión gracia de la accionante por
considerar que su labor como docente fue de carácter nacional ,
situación que vulnera el derecho a la igualdad , así como lo
establecido en la Ley 114 de 1913, toda vez que en esta no se
señaló que existía discriminación se gún el tipo de vinc ulación –
nacional, territoria l o departamental –.

Agregó que la pensión gracia tiene asidero en la falta de
equivalencia entre los trabajadores del orden territorial con los del
orden nacional, sin e mbargo, con posterioridad, se estableci ó un
trato equitativo, lo cual se concretó con la expedición del Decreto
2277 de 1979 que puso en igualdad de condiciones a los maestros,
ya fueran de primaria, secundaria, departamentales, nacionales
territoriales, etc.; denominándolos educadores oficiales .

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Demandante: Leticia Ochoa Artunduaga

Señaló que con posterioridad se definió que la educació n debía ser
asumida por la Nación, quien asimiló a docentes nacionalizados ,
docentes a quienes se les cancelaba con dineros cuyo origen era
la misma Nación, de modo que la distinción radicaba única mente en
el nominador, pues se encontraban en las mismas condiciones de
trabajo, jefe inmediato, labores, horarios, materias y pagos.

Indicó que con la Ley 60 de 1993, «se desprendieron a los docentes
del orden nacional y se consignaron en los municipios y distritos,
en las mismas condiciones que los te rrito riales o nacionalizados, y,
como es el caso de mi mandante, tuvo que compartir con sus
compañeros del orden territorial las mismas circunstancias
materiales reales de trabajo […], pues nótese que se en cuentra
laborando bajo las condiciones ya establecidas desde 1975.»

Por lo anterior, solicita que se dé aplicación a la excepción de
inconstitucionalidad toda vez que la situación frente a los docentes
nacionales como la actora, no puede ser distinta, pue s se trata de
una idéntica situación.

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 5

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por considerar que , de acuerdo con las documentales
allegadas en sede administrativa, no cumple con los requisitos
establecidos en la Ley 114 de 1913 y en ese orden, los actos
administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho.

Propuso las siguie ntes excepciones (i) inexistencia de la obligación
demandada; (ii) ausencia de vicios en el acto demandado; (iii)
prescripción; y (iv) falta de legitimación en la causa por activa.

3. AUDIENCIA INI CI AL 6

5 Folios 123 a 127.
6 Folios 177 a 181. CD allegado a folio 189.

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Demandante: Leticia Ochoa Artunduaga

El Tribunal Administrativo del Caquetá , en acatamiento al artículo
180 del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial el 20 de octubre
de 2017, oportunidad en la que fijó el problema jurídico en los
siguientes términos:

«Est ablecer si a la señor a LETI CI A O CHO A ARTUNDU AG A le asist e
el der echo al r econocim ient o y pago de la pensión gr acia, de
conf or m idad con l a Ley 114 de 1913, Le y 116 de 19 28 y Ley 37 de
1933. »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 7

El Tribunal Administrativo del Caquetá el 20 de octubre de 2017,
negó las súplicas de la demanda y condenó a la demandante al
pago de costas y agencias en derecho equivalente al 2% de las
pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la decisión, analizó las vinculaciones de la
accionante y concluyó que ésta prestó sus servicios en una entidad
de carácter territo rial por 2 años, 3 meses y 29 días, toda vez que,
de acuerdo con las certificaciones allegadas, para el periodo
comprendido entre el 21 de abril de 1982 en adelante, el carácter
de la vinculación fue nacional y por tanto no pueden computarse a
efectos de acreditar los 20 años de servicio requeridos para ser
acreedora de la pensión gracia.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 8

La señora Leticia Ochoa Artunduaga solicitó revocar la decisión ,
y en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, indicó que tratándose de la pensión gracia se exigen
tres requisitos indispensables para su materialización como son (i)
la edad; (ii) tiemp o de servicio docente, y (iii) que hubiera prestado

7 Folios 199 a 203 y Vto
8 Folios 206 a 208.

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sus servicios en planteles del orden «municipal, distrital o
departamental, por lo que, en este último de los casos se ha tomado
como distintivo básico para definir la actuación, si el docente era
llamado “nacional” o no.»

En ese orden, reiteró los mismos argumentos expuestos como
fundamentos de su demanda en cuanto a que solicita la aplicación
de la excepción de inconstitucionalidad toda vez que existió
igualdad de condiciones laborales y en materia sala rial de los
docentes sin importar si eran del ord en territorial, nacionalizado o
nacional.

Por lo anterior, la apelante no entiende cómo , a pesar de la misma
expedición de la Constitución Política de 1991, se siga haciendo
una discriminación o trato desi gual entre aquellos que se
encuentran en condiciones de igualdad a partir de la década de
1970, máxime que la actora «ejecutó sus labores en los mismo s
horarios, en el mismo establecimiento educativo, dictó su cátedra a
los mismos estudiantes, recibiendo órdenes del mismo superior
jerárquico, siendo sus compañeros los docentes del orden
TERRITORIAL. SIE NDO LA ÚNICA DI FERENCIA EL NO MINADOR ».

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte demandante no se pronunció.

6.2 La entidad de mandada 9 solicitó confirmar la decisión y negar
las pretensiones d e la demanda , toda vez que la seño ra Leticia
Ochoa Artunduaga no cumplió con los requisitos exigid os para que
le sea reconocida la prestación que reclama, pues , los tiempos
laborados fueron del orden nacional y esa sola situación hace
imposible el recon ocimiento de conformidad con las normas que
regulan la materia y la jurisprudencia e manada del Consejo de
Estado.

9 Folios 256 a 259.

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El Ministe rio Público guardó silencio según el informe secretarial
obrante a folio 260.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa

La Sala advierte que obra memorial presentado por el apoderado
de la entidad demandada d el 20 de marzo de 2021 10 y del 8 de abril
de 2022 11, en el que «Pone en conocimiento fallo penal» emitido por
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia , en contra de l juez
que tuteló en 2004, de forma irregular y sin tener la competencia
para ello, los derechos a la igualdad, debido proceso, petición,
seguridad social y mínimo vital, invocados por múltiples docentes
en contra de CAJANAL y, en consecuencia , ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia , por el delito de
prevaricato por a cción. A efectos de contextualizar el mismo ,
realizó un recuento de los hechos relacionados con la accionante ,
que se resumen de la siguiente manera:

1. La accionant e, el 18 de diciem br e de 2000, solicit ó a la ext int a
CAJAN AL, el r econocim ient o y pago de la pensión gr acia, la cual f ue
negada m ediant e la Resoluci ón 02194 de 22 de f ebr er o 2002, t oda
vez que la solic it ant e no acr edit aba los r equisit os par a el
r econocim ient o de la pr est ación , decisión que f ue co nf ir m ada por las
Resoluc iones 31 503 de 7 de noviem br e de 2002 y 04995 d e 27 de
agost o de 2003 .
2. Post er ior m ent e, l a a ct or a , j unt o con 30 per sonas m ás, pr esent ar on
Acción de Tut ela en la que pr et endier on el r econocim ient o y pago de
la pensión gr acia , y que f ue conocida por el Juzgado Penal del
Cir cuit o de Lér ida, T olim a, qui en, m edia nt e f allo de l 17 de a gost o de
2006, or denó am par ar de m aner a t r ansit or ia los der echos
f undam ent ales a la i gualdad y a l debid o pr oceso, y en consecuencia,

10 V i s i b l e a índice 31 del aplicativo SAMAI.

11 V i s i b l e a índice 35 del aplicativo SAMAI.

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or denó el r econoc i m ient o y pago de l a pensión gr ac ia a t odos los
pet icionar ios, hacie ndo la pr evención de que debí an acudir ant e la
j ur isdicción de lo co nt encioso adm inist r at ivo a m ás t ar dar dent r o del
t ér m ino de 4 m eses cont a dos a par t ir de la not if icac ión de l f allo de
t ut ela, en at ención a que e l am par o de sus der echos vu lner ados se
habí a ef ect uado dent r o del m ar co del m ecanism o t r ansit or io.
3. CAJAN AL a t r avés de la Resol ución 58 757 del 1 de nov ie m br e de
2006, dio cum plim ie nt o al f allo pr of er ido por el Juzgado Penal del
Cir cuit o de Lér ida, y r econoció la pensió n gr acia a la señor a Let icia
O choa Ar t unduaga en cuant í a de $538. 918, ef ect iva a par t ir del 15
de diciem br e de 1999 y «dur ant e 4 m eses m ás, cont ados a par t ir de
la not if i cac ión d el act o y con post er io r idad, siem pr e y cu ando se
acr edit e el ini cio d e la acción de nul i dad y r est ablecim ie nt o del
der echo ant e la j ur isdicció n de lo cont en cioso adm in ist r at ivo. »
4. La señor a Let icia O choa Art unduaga, solicit o nuevam ent e el
r econocim i ent o de l a pensión gr acia el dí a 29 de agost o de 2011, la
cual f ue neg ada m ediant e Reso luci ó n UG M 055480 d el 5 de
sept iem br e de 2012.
5. La UG PP, a tr avés de Resoluci ón RDP 011882 de 12 de mar zo de
2013, declar ó el d ecaim ient o de la R esoluc ión 58757 d el 1 de
noviem br e de 2006, en r azón a que ésta no inic ió la acci ón j udicial
r espect iva dent r o del t ér m ino or denado, por lo que se or denó
excluir la de la nóm i na de pensionad os.
6. La ent idad, en cum plim ie nt o de un f al l o de t ut ela pr of er id o por el
Juzgado 41 Civi l de l Cir cuit o de Bogot á, expidió la Resol uci ón RDP
033031 de 22 de j ulio de 20 13 a t r avés de la cu al r e vocó la
Resoluc ión R DP 118 82 de 12 de m ar zo de 2013 y, en su lugar , or denó
inclu ir la en l a nóm in a de pensionado s.
7. La aquí accionant e, int er puso dem anda de nulidad y r est ablec im ient o
del der echo en cont r a de la s Resoluc i on es 021104 del 22 de f ebr er o
de 2002, 31503 del 7 de noviembre de 2002 y 4995 del 27 de
agosto de 2003 , por m edio de la s cuales, CAJAN AL negó el
r econocim ient o y pago de la pensión gr acia, y cuyo conocim ient o
cor r espondió al Tr ibuna l Adm inist r at i vo del Caquet á ( radicado
180012333 0002014 0 0199) .
8. El Tr ibu nal Adm inist r at ivo del Caqu et á, m ediant e sent encia del 20 de
oct ubr e de 2017, ne gó las pr et ens iones de la dem and a, deci sión que
f ue r ecur r ida po r la accionant e y cor r esponde a la pr esent e causa.

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9. De ot r o lado, la UG PP, int er puso dem anda de nulida d y
r est ablecim ient o de l der echo en m odalida d de lesiv idad, en cont r a de
la Reso luci ón 5875 7 del 1 de nov iem b r e de 2006, por m edio de l a
cual, la ent i dad r e conoció la pens ión gr acia a la acc io nant e en
cum plim ient o a un f allo de t ut ela, así com o de la Resoluci ón RDP
033031 del 22 de j ulio de 2013, por m edio de la cual se incluyó en
nóm ina de pensi onados a la de m andant e y a t ít ulo de
r est ablecim ient o de l der e cho, el r eint egr o de los va lor es can celados
por concept o de mesadas pensio nales , r etr oact ivo, incr em ent os y
dem ás concept os der ivados del r econocim ient o pensional
debidam ent e act ual i zados.
10. El Tr ibu nal A dm inist r at ivo del Caq uet á, m ediant e sent encia del 24
de ener o de 2019 ( r adicado 18001 2 333000201 500011) , accedió
par cialm ent e a las pr et ensiones de la dem anda, decisi ón que f ue
r ecur r ida por la señor a Let icia O choa Ar t unduaga .
11. El Consej o de Est a do en sent encia del 4 de f ebr er o de 2021 12,
m odif icó la s ent enci a r ecur r ida en el s e nt ido de or denar , a f avor de
la UG PP, el r eint eg r o de los diner os devengados por conc ept o de
pensión gr ac ia ent r e el 1. º de sept ie m br e de 2013 y el 30 de
diciem br e de 2 013, debidam ent e index adas, en r azón a q ue a la
señor a Let ic ia O cho a, no le asist e el d er echo al r econoc i m ient o y
pago de la p ensió n gr acia t oda vez que no cum ple con los r equis it os
par a est a y, conf irmó en t odo lo dem ás.

Con base en lo anterior, e sta Sala de Subsección considera que el
estudio y posterior decisió n debe centrarse en establecer si en el
presente caso operó el fenómeno de la cosa juzgada .

2.2. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. El fenómeno jurídico de la cosa juzgada 13

La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener
certeza sobre lo decidido judicialmente en un pleito, en el sentido

12 R a d i c a d o
18001233300020150001101 (1886 -2019), C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
13Análisis realizado en sentencia de 2 de abril de 2020, proferida por esta
Subsección dentro del proceso radicado 15001-23-33-000-2013-00372-
01(2043-2015).

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de que no puede ser debatido el mismo asunto, reabriendo un nuevo
proceso, cuando lo pretendido ya fue estudiado, se surti eron los
actos procesales del caso y se dio solución al mismo.

En este sentido, su fin está dirigido a brindar seguridad jurídica y
estabilidad en las sentencias, para que una vez estén
ejecutoriadas, adquieran el carácter de inmutables, vinculantes,
definitivas y coercitivas , siempre y cuando guarden protección y
garantía de los derechos fundamentales.

Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada
materia ya juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el
proceso, termi nando así, la disputa de manera definitiva, para que
no se extienda en el tiempo de forma indefinida, razón por la cual,
los efectos que imprime la cosa juzg ada no habilitan al juez ni a las
partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la
controversia lit igio sa que ya ha sido objeto de decisión.

En esta medida se han distinguido dos modalidades que son:

• Cosa j uzgada f ormal : O per a cuando el f allo q uedó ej ecut or iado,
bien sea por que no se hizo uso de los r ecur sos dent r o del tér m ino
est ipulad o en la ley o habiéndose ej er cido est os f uer on r esuelt os
por la aut or id ad cor r espondient e, si n pe r j uicio de la pos ibi l i dad de
int er poner lo s r ecu r sos ext r aor dinar ios que pr oceden co n t r a las
pr ovidenc ias ya ej ecut or iadas.

• Cosa j uzgada mat eri al : Hay lugar a ella cuando cont r a la sen t encia
f eneció la f acult ad d e usar algún r ecur so, en otr as palabr as, por que
pr ecluyó el t ér m ino par a int er poner los r ecur sos ext r aor dinar ios o
por que f uer on r esuelt os de f or m a desf avor able.

Por su parte, el tratadista Hernán Fabio López Blanco, refirió:

«Cuando una sent e ncia queda ej ecut or iada, est o es, vencen
los t ér m inos de not ificació n sin que se int er ponga e n su contra
r ecur so alguno, o c uando hab iéndose i nt er puest o es r esuel t o,
la sent enc ia hace t r ánsit o a cosa j uzg ada f or m al, es deci r ,
dent r o del m ism o pr oceso no pued e ser desconocid o lo
decid ido en e lla y debe ser cum plida la det er m inació n; no
obst ant e, m e diant e el em pleo del r ecur so ext r aor dinar io de
r evisión o de l de an ulaci ón si se t r at a de laudos ar b it r ales, es
posib le im pugnar lo decid ido, si se da alguna de las causale s
que lo per m it en. [ …]

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Demandante: Leticia Ochoa Artunduaga

Em per o, cuando no exist e posib i lida d de im pugnac ión, bi en
por que los t ér m inos par a int er poner el r ecur so ext r aor dinari o
pr ecluyer on, por que ést e no es pr ocedente, o por que se em pleó
y f ue denegado, la sent encia hace t r ánsit o a cosa j uzgada
m at er ial, donde e l f allo s e t or na inex pu gnable que, en est r i ct o
r igor , es la ver dadera cosa j uzgada por que la decisión se t or na
inat acabl e y f at alm ent e ser án inm ut ables». 14

Ahora bien, el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 15 preceptúa los
efectos de la cosa juzgada en el ámbito contencioso administrativo.
Se resalta que teniendo en cuenta lo indicado en la norma ut supra
referenciada, en controversias en las cuales se discute la legalidad
de un acto administrativo, la decisió n que no accede a la nulidad
solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo
atinente a la causa petendi.

Aunque el artículo indicado en el pá rrafo anterior hace alusión a
uno de los aspectos de la cosa juzgada, es necesario revisar el
artículo 303 de la Ley 1564 de 2012, en virtud de la remisión que
hace el artículo 306 del CPACA 16.

Dicha disposición precisó que existen tres requisitos qu e deben ser
confrontados para analizar su existencia en el caso concreto, es
decir, para que se configure la cosa juzgada, incumbe corroborar
que en el nuevo proceso iniciado con posterioridad a una litis ya
decidida se estructuren los siguientes presupuestos:

I ) I dent i dad de part es: En el sum ar io concur r en las m ism as par t es
que r esult ar on vincu ladas y obl igadas po r la sent encia que hi zo
t r ánsit o a cosa j uzgada.

14López Blanco Hernán Fabio, Código General del Proceso, parte general.
Páginas 674-675.Dupre Editores Ltda., 2017.
15 «Competencia del superior . El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos ex puestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».
16 « A s p e c t o s
no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código
se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo».

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I I ) I dent i dad de obj et o: Las pr et ensiones depr ecadas en el nue vo
pr oceso son idént ic as a las que f uer on r eclam adas en el pr i m e r o
en donde se pr of ir ió la decisi ón 17.

I I I ) I dent i dad de causa: Las r azones, m ot ivos y hechos que f uer on
f undam ent o de la pr im er a acción son invocados nuevam ent e en
una segunda dem an da.

Teniendo en cuenta lo anterior, los e lementos para la determinación
de la eficacia de la cosa juzgada se contraen a los sujetos que
intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el cual recaen las
pretensiones de la demanda y la causa invocada para sustentar
dichas pretensiones 18.

2.3. Análisis de la Sala.

A efectos de determinar si en este caso se produjo el fenómeno de
la cosa juzgada , se verificarán los su puestos fácticos del caso que
se encuentran acreditados conforme con el acervo probatorio, así:

La señora Leticia Ochoa Artundua ga nació el 22 de septiembre de
1940 19, por tanto, el mismo día y mes de 1990 cumplió 50 años de
edad.

Con el objeto de demostrar la pre stación del servicio docente,
allegó a este proceso los siguientes documentos:

• Certificación emitida por la Gobernación del Caquetá del 30
de octubre de 1987 20, en la que asevera que la accionante
prestó sus servicio s como maestra a la entonces Intendencia
Nacional del Caquetá así:

17En la sentencia C-774-2001 con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar
Gil se explicó que «igualmente se predica identidad so bre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente».
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 3 de marzo de 2016,
expediente: 05001-23-33-000-2013-00323-01 (0578-2014) y auto del 15 de
febrero de 2018 expediente: 25000-23-42-000-2013-01520-01 (3199-2015).
19 C o p i a de la cédula de ciudadanía visible en el folio 30.
20 F o l i o 23.

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• En la Escuela San Antonio del 1.º de febrero de 1965 al
30 de enero de 1966 .
• En la Escuela Costa Rica del 1 de septiembre de 1970
al 30 de diciembre de 1971.

• Acta 086 del 23 de marzo de 1965 21, mediante la cual, la
actora tomó posesión ante el Intendente Nacional del
Caquetá, del cargo de «Maestra en la Escuela de San Antonio
de Getuchá para el que ha sido nombrada por Decreto No. 040
de Febrero 19/65 […] con retroactividad al primero (1º) de
Febrero de 1.965.» (sic)

• Constancia emitida por la Secretaría de Educación de Florencia
el 11 de marzo de 2014 , señala que la accionante pre stó sus
servicios como docente de primaria en Educación Contratada
como nacional en forma continua

Por su parte, la entidad accionada allegó al proceso el expediente
administrativo digital visible a folio 129 , que contiene sendas

21 F o l i o 24.

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certificaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional,
así como por la Secretaría de Educación de Florencia , de diferentes
fechas y que resultan coincidentes en afirmar que la naturaleza
jurídica del vínculo correspondiente a los tiempos laborad os a partir
de abril de 1982 fue nacional, pues fue nombrada mediante la
Resolución 24605 del 6 de diciem bre de 1982, emitida por el
Ministerio de Educación Nacional.

Establecido lo anterior se examinará cada uno de los elementos que
configuran la cosa j uzgada, con el propósito de determinar si existe
identidad en lo relativo a las part es, objeto y causa según lo
preceptúa el artículo 303 de la Ley 1564 de 2012.

De acuerdo con los hechos relacionados ut supra , puestos en
consideración por parte de la entidad demandada, resulta evidente
que la UGPP promovió un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en lesividad , en contra de la señora Leticia Ochoa
Artunduaga , el cual se procede a estudiar .

En efecto, consultada la sentencia proferida por esta S ala el 4 de
febrero de 2021, se observa que, en dicha oportunidad, la entidad
solicitó decla rar la nulidad de las Resoluciones 58757 del 1.º de
noviembre de 2006, emitida por CA JANAL, por medio de la cual
ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia, en
cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Penal
del Circuito de Lérida (Tolima); y la RDP 033031 del 22 de julio de
2013, por el cual , la UGPP orden ó la inclusión en nómina de
pensionados a la demandante.

Los anteriores hechos resultan coincidentes con los relatados por
la parte actora en su escrito de demanda.

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Ahora bien, e l Tribunal Administrativo del Caquetá 22, mediante
sentencia proferida el 24 de enero de 2019 , accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

En torno a la relación laboral de la señora Leticia Ochoa
Artunduag a, señaló que de acuerdo con los tiempos de servicio
aportados y teniendo en cuenta que l a pensión graci a fue concedida
como una dádiva especial para los docentes del orden
departamental, distrital y municipal, reglada por las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, y 37 de 1933 , en ninguna de ellas se establece
que puedan computarse tiempos laborados en el orden nacional
para efectos de su reconocimiento , como lo pretende hacer valer la
parte demandada en lesividad , señora Leticia Ochoa Artunduaga,
con el periodo que desempeñó entre el 15 de abril de 1982 y el 18
de octubre de 2005, a l servicio de planteles del Ministerio de
Educación Nacional.

En el mencionado fallo se indicó que, si bien laboró como docente
territorial entre el 1.º de febrero de 1965 y el 30 de enero de 1966,
y del 1.º de septiembre de 1970 al 30 de diciembre de 1971, la
mayor parte del t iempo, es decir, de 1982 a 2005, fue reportado con
vinculación nacio nal, tal y como lo soporta la documentación
allegada al plenario , por lo que no le asiste el derecho a devengar
la prestación que reclama .

Así, en cuanto al reintegro de los dineros percibidos con ocasión
del reconocimiento pensional ordenado por vía de tutela , indicó que
debía denegarse la pretensión al no haber desvirtuado la
presunción de la buena fe .

Finalmente ordenó compulsar copias al Consejo Seccional de la
Judicatura , Sala Disciplinaria del Tolima y a la Fiscalía General de

22 Expediente digital allegado por el Tribunal Administrativo del Caquetá
(archivo 2015-00011-01.pdf, folios 136 a 157) , conforme a lo ordenado en el
auto de fecha 29 de junio de 2023, visible en la plataforma SAMAI a índice 52.

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la Nación, para que inicie las investigaciones disciplinarias y
penales respectivas frente al funcionario judicial que ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia a favor de la señora Ochoa
Artunduaga.

La UGPP recurrió la decisión en lo que tiene que ver con el reintegro
de los dineros.
Ahora bien, m ediante sentencia del 4 de febrero de 2021, proferida
por esta Corporación dentro del radicado
18001233300020150001101 (1886 -19) esta Sala realizó e l análisis
pertinente, lo cual denota que se trata de los mismos tiempos de
servicios y se trae a colación el acto administrativo ahora
demandado como parte de los an tecedentes que llevan a la
demanda de lesividad.

En esa oportunidad esta Sala indicó lo siguiente :

«[ …] es pr eciso dest acar que le asist e r azón a la ent idad cuando
af ir m a que la docent e act uó de m ala f e, siendo im pr ocedent e la
aplic ación de l a dis posici ón pr evist a e n el ar t í culo 164 del Códig o
de Pr ocedim ient o Ad m inist r at ivo y de lo Cont encioso Adm in ist r at ivo,
com o quier a que, adem ás de lo ant er ior , est á acr edit ado que la
dem andada aunque ya habí a obt enido u n pr onunciam ient o e n sede
adm inist r at iva cont e nido en la Res oluc i ón 02194 de 22 de f ebr er o
de 2002 , que deneg ó el r econocim i ent o de la pens ión gr acia , f r ent e
a la cual se abst uvo de inici ar cualq uier acción or din ar i a par a
cont r over t ir su legalid a d, de f or m a int encion al y cons cient e
pr esent ó acción de t ut ela en un l ugar dif er ent e al de su dom i cil io y
sin el ll eno de los r equis it os que pr evé la ley, est o es, 20 a ños de
ser vicio com o docen t e depar t am ent al o naciona liz ada .

[ …]

En r azón de lo expuest o, se encuent r a que se desconoció la lí nea
j ur ispr udencia l de est a Cor por ación s obr e los r equ isit os par a
obt ener el benef icio de la pens ión gr acia ; [ …] » ( subr ayas f uer a del
t ext o or iginal)

De conformidad con lo descrito previamente, la Sala advierte lo
siguiente:

• Tanto en el proceso de lesividad como en el presente proceso,

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las partes que concurren son, la señora Leticia Ochoa
Artunduaga y la UGPP, razón por la cual, es claro que existe
identidad de las partes en ambos procesos contenciosos.

• En cuanto a las pretensiones de las demandas, se observa
que en ambas , aunque por diferente vía, lo que se pro cura,
es definir si a la se ñora Leticia Ochoa Artunduaga , le asiste o
no el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia ,
de este modo, se estructura otro elemento de la cosa juzgada,
esto es, la identidad de objeto .

• Vale la pena resaltar que en ambos procesos fueron
acreditados los siguientes tiempos de servicio : como
docente territoria l , entre el 1.º de febrero de 1965 y el 30 de
enero de 1966, y del 1.º de septiembre de 1970 al 30 de
diciembre de 1971; y bajo una vinculación de carácter
nacional, entre el 21 de abril de 1982 hasta la fecha de retiro
forzoso, el 19 de octubre de 2005.

Por lo expuesto, resulta evident e que, si bien los actos
administrativos demandados no resultan coincidentes, ello no es
óbice para afirmar que no hay lugar a la cosa juzgada, toda vez que
resulta palmario para esta Sala que , en sede judicial se realizó un
estudio a fondo de los requisitos para acceder a la pensión gracia
y los tiempos acreditados en ambos casos fueron los mismos .

En ese orden, es claro que en dicha oportunidad la UGPP, luego de
cumplir con la orde n de acceder al reconocimiento de la prestación
por vía de Acción de Tutela, e inconforme con la exigencia, solicitó
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, declarar si había
lugar o no a dicho reconocimiento prestacional, lo que, a la postre,
se resolvió de forma negativa , en el sentido de declarar que la
señora Leticia Ochoa Artunduaga no tenía derecho a la pensión
gracia en tanto que no acreditó 20 años de servicio t erritorial o
nacionalizado y , en consecuencia, ordenó reintegrar los dineros que

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habían sido recibidos producto de la orden proferida en sede
constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, e n esta oportunidad, se cumplen los
presupuestos normativos y jurisp rudenciales para declarar la
excepción de cosa juzgada .

3. Condena en costa s

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas, comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta
Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para
determinar si había, o no, lugar a condenar en co stas, lo cierto es
que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de
las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica,
por lo que en esos términos al hacer exte nsiva esa interpretación
al caso bajo análisis, de la revisión del recurso de apelación, no
puede observarse dicha situación, co ntrario a ello, en el recurso se
sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intere ses y, por
ende, no se condenará en co stas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO.- Revocar el ordinal primero de la sentencia del 20 de
octubre de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del
Caquetá negó las súplicas de la demanda interpuesta por la señora
Leticia Ochoa Artunduaga en contra de la Unidad Administra tiva
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.

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En su lugar, declarar, de oficio, la excepción de cosa juzgada ,
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO.- No c ondenar en costa s de segunda instancia a la
parte demandante , según lo expuesto.

TERCERO.- Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023) .

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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