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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2015-00145-01

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2015-00145-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 5 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que declaró probada, de oficio, la excepción de «ineptitud sustantiva de la demanda» y se declaró inhibido para resolver de fondo las pretensiones. En su lugar se dispone: Declarar probada, de oficio, la excepción de prescripción del derecho a las cesantías definitivas, reclamadas por la señora Juana de Jesús Pulgarín de Moreno, según lo expuesto en las consideraciones que anteceden. Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia. Tercero. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2015-00145-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

6 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 18001-23-33-000-2015-00145-01 (4793-2017)
Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno
Demandado: Municipio de El Doncello (Caquetá)

Temas: Cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 5 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, mediante la cual declaró probada, de oficio, la excepción de «ineptitud
sustantiva de la demanda» y se declaró inhibido para resolver de fondo las
pretensiones.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Juana de Jesús Pulgarín de Moreno, por
conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001 23 33 000 2015 00145 01 (4793-2017)
Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

administrativo, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 083 del 25 de
marzo de 2014, expedida por el municipio de El Doncello, a través de la cual se
negó el reconocimiento y pago de las cesantías.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) reconocer y pagar las cesantías definitivas a que tiene derecho por la labor
prestada al municipio de El Doncello por el período comprendido entre el 1.º de
septiembre de 1979 y el 30 de septiembre de 2009, en los cargos de secretaria de
inspección de policía, escribiente comisión estadística, analista de presupuesto y
secretaría del Concejo; ii) condenar a la entidad territorial al pago de los intereses
moratorios por los valores que la administración omitió pagar, en forma arbitraria,
por concepto de cesantías; iii) ajustar las sumas debidas de acuerdo con lo previsto
en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; iv) imponer la sanción moratoria de que
trata «el artículo 65 del C.S. del T. y de la S.S.»; v) disponer el pago de costas y
agencias en derecho a cargo de la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

(i) La señora Juana de Jesús Pulgarín de Moreno se vinculó laboralmente con el
municipio de El Doncello (Caquetá) para desempeñar el cargo de secretaria y su
relación laboral se mantuvo entre el 1.º de septiembre de 1979 y el 30 de septiembre
de 2009, fecha en la cual empezó a disfrutar de su pensión de jubilación.

(ii) Una vez producido el retiro del servicio, el municipio de El Doncello reconoció
las cesantías a que tenía derecho por todo el tiempo laborado, teniendo en
consideración que esta prestación no fue depositada en un fondo privado de
cesantías, como lo ordena la Ley 50 de 1990; sin embargo, hasta la fecha de
presentación la demanda, el pago no se había hecho efectivo.

(iii) Dentro de las sumas reconocidas, por valor de $117.700.427 se giró, de manera
anticipada la suma de $40.000.000, así: a. orden de pago núm. 122 por

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

$10.000.000, cheque núm. 3949; b. orden de pago núm. 391 por $10.000.000; y c.
orden de pago núm. 386 por $20.000.000, cheque núm. 430; todas de la cuenta
corriente núm. 7520-000023-2.

(iv) Debido a lo anterior, se han realizado diferentes requerimientos a la autoridad
para que proceda al pago, pero esta ha sido renuente a ello e, incluso, en el acta
043 del 17 de mayo de 2012, del Concejo de El Doncello, se manifestó que aquel
solo se produciría si un juez así lo ordenaba.

(v) Como existe un remanente, sobre él se debe liquidar el interés moratorio, pues,
de no ser así, se lesionaría el patrimonio del empleado.

(vi) La administración tampoco reconoció los intereses a las cesantías a favor de la
demandante; en consecuencia, está en mora de pagar sus cesantías, los intereses
sobre ellas, la indexación y la sanción moratoria, pues ha incurrido en un grave
desconocimiento de la Constitución y la ley.

(vii) El 4 de marzo de 2014, presentó una nueva petición ante la administración,
solicitando el reconocimiento y pago de sus cesantías e intereses, que fue resuelto
en forma desfavorable y la entidad ratificó que solo concedería los derechos pedidos
producto de una orden judicial, como se expuso en la Resolución 083 del 25 de
marzo siguiente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 25, 53, 123 y 124; 20 y 23 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; 16 de la Ley 16 de 1972; 22 de la
Ley 74 de 1968; 12, 38, 65 y 353 de la Ley 50 de 1990. Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y Convenios 87 de 1948 y 98 de 1949.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

(i) Con el acto censurado, la administración quebranta los derechos fundamentales
a la vida, honra y bienes de la señora Pulgarín de Moreno toda vez que su
pretensión estaba orientada al pago de las cesantías definitivas que en derecho le
corresponden, producto de la relación laboral sostenida con el ente territorial desde
el 1.º de septiembre de 1979 hasta el 30 de octubre de 2009.

(ii) Desde la desvinculación del servicio, la accionante ha realizado diversas
actuaciones encaminadas a lograr el pago de sus derechos prestacionales pero no
ha obtenido respuesta de fondo que satisfaga sus pretensiones, pues la
administración se ha negado a concederlos aludiendo falta de presupuesto, en
algunos casos, o guardando silencio al respecto.

(iii) En el actuar de la entidad se advierte mala fe, pues tiene conocimiento de la
obligación a su cargo y, aun así, omitió pronunciarse en torno a su cumplimiento,
situación que da lugar a la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo.

(iv) Aunque la administración ha realizado pagos parciales, se ha negado a cancelar
sus cesantías y los intereses sobre ellas sin razón válida, y argumentando que para
el pago debe preceder una orden judicial.

1.2. Contestación de la demanda

El ente territorial demandado, por intermedio de su apoderada, se opuso a las
pretensiones de la demanda,1 por las razones que se expresan a continuación:

Los derechos reclamados por la demandante están prescritos, pues transcurrió el
término previsto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del
Código Procesal del Trabajo, 41 del Decreto 3135 de 1968 y 151 del Decreto 1848
de 1969 para exigirlos, razón por la cual deben prosperar las «excepciones que

1 Folios 110 a 114.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

originan la ineptitud sustantiva de la demanda», así como la prescripción,
considerando que la reclamación de los derechos debatidos tan solo se formuló en
marzo de 2014.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 5 de octubre de
20172 declaró probada, de oficio, la excepción de «ineptitud sustantiva de la
demanda» y se declaró inhibido para resolver de fondo las pretensiones, con base
en los siguientes argumentos:

(i) El problema jurídico a resolver consiste en establecer si procede el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, reclamadas por la demandante,
sus intereses, indexación y la sanción moratoria por su inoportuno pago; sin
embargo, previo a ello, se advierte que el acto acusado no fue el que resolvió directa
o indirectamente el asunto, pues no creó una situación jurídica particular y concreta
en cabeza de la demandante que se pueda someter a control de legalidad a través
del medio judicial empleado.

(ii) A la anterior conclusión se llega si se tiene en cuenta que el acto objeto de
censura, por parte de la demandante, supeditó el pago de las cesantías e intereses
al comité de conciliación, debido a la existencia de otro proceso judicial que tenía
identidad de pretensiones; por lo tanto, ese acto administrativo no creó, modificó o
extinguió derechos de la señora Pulgarín, lo que impide efectuar un análisis de
legalidad en torno a él, en tanto que se considera como un acto de impulso o trámite
que no tuvo la virtualidad de definir la situación particular y concreta, lo que impone
dictar un fallo inhibitorio.
1.4. El recurso de apelación

2 Folios 163 a 170.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

La señora Juana de Jesús Pulgarín de Moreno, actuando por intermedio de su
apoderado, interpuso recurso de apelación3 que sustentó así:

(i) El acto administrativo que se cuestiona y respecto del cual el tribunal de instancia
se abstuvo de estudiar su legalidad, en su parte resolutiva, en particular, en el
artículo primero, dispuso «niéguese el reconocimiento administrativo de pago de
cesantías y sus intereses por las razones expuestas» de modo que al emplear el
verbo negar, se está diciendo que no frente a lo que se pidió.

(ii) Por lo expuesto, es forzoso concluir que cuando la administración negó lo
pretendido, se pronunció de fondo frente a las prestaciones reclamadas, de modo
que, pese a que en su artículo segundo señaló que se sometería la pretensión al
comité de conciliación, eso solo constituyó una gestión dilatoria por su parte, pues
si pretendía que el aludido comité —que, para esa época era inexistente— se
pronunciara en torno a la solicitud de la referencia, debió dejar en suspenso el
trámite, en lugar de negar el derecho deprecado, como quedó consignado en el
artículo primero del acto censurado. Por lo tanto, la sentencia recurrida no debió ser
inhibitoria, toda vez que ello desconoce los postulados de la actividad judicial, entre
ellos, la obligación de tomar decisiones de fondo en los asuntos que les conciernen.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

La señora Juana de Jesús Pulgarín de Moreno, por intermedio de su apoderado,
descorrió el término para alegar,4 ratificó los argumentos del recurso de alzada y
agregó que, en el sub lite, no operó el fenómeno prescriptivo.

1.5.2. El municipio de El Doncello

3 Folios 175 a 180.
4 Folios 199 a 201.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

El ente territorial demandado, por conducto de su apoderada, solicitó desestimar el
recurso.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el acto acusado es o no susceptible de control judicial
y, en caso afirmativo, definir si la demandante tiene derecho al reconocimiento de
las cesantías, intereses sobre ellas, indexación y sanción moratoria que reclama.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Actos susceptibles de ser enjuiciados

El Consejo de Estado7 ha precisado que el acto administrativo es toda
manifestación de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de
funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos. En consonancia con esta
definición, se han identificado las siguientes características:

(i) Constituye una declaración unilateral de voluntad.

(ii) Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad
estatal o de particulares.

5 Folios 202 a 204.
6 Folio 206.
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 7 de noviembre de 2012, radicación 25000 23

24 000 2007 00246 01, número interno: 18085. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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(iii) Se encamina a producir efectos jurídicos, es decir, que incide de manera
directa y vinculante en las situaciones jurídicas. Al respecto, resulta importante
distinguir dos conceptos ligados con la eficacia, a saber: ejecutividad y
ejecutoriedad. El primero hace referencia a que el acto, una vez perfeccionado,
produce todos sus efectos y, por ende, puede y debe ser ejecutado. El segundo
alude a la posibilidad que tiene la administración de ejecutar el acto por sí misma,
incluso de manera coercitiva, en caso de resistencia de los destinatarios.

(iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o
extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta los derechos u
obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito».

(v) Presunción de legalidad.

(vi) Irretroactividad, en el entendido de que el acto administrativo no tiene efectos
hacia el pasado, esencialmente, aunque la doctrina ha identificado algunas
situaciones en las cuales podría tenerlos, como cuando la ley lo autoriza.

(vii) Impugnabilidad, a excepción de los actos de ejecución.

Igualmente, esta corporación ha precisado que los actos administrativos pasibles
de control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos, esto es, «los que
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación».8

Bajo este marco conceptual, es válido sostener que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo únicamente se ocupa del estudio de los actos definitivos, expresos o
fictos, que culminen un proceso administrativo, en la medida en que se presumen
legales, gozan de los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad e impactan en las
relaciones de las personas naturales y jurídicas, sus derechos y obligaciones. En

8 Artículo 43 del CPACA.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

consecuencia, el control judicial de las decisiones administrativas definitivas se
torna obligatorio dentro de un Estado Social de Derecho, en aras de garantizar su
validez, así como los valores constitucionales, el imperio del principio de legalidad
y los derechos subjetivos de los asociados.

2.2.2. Las cesantías definitivas y la sanción moratoria

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.

Por otro lado, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro
de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»9, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;10
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social

9 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
10 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

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realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías11, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo12. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesantías.

En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas
tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado
a ampliar la cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para
la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo
siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

11 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
12 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

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a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la previamente citada, que estableció
el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, la Ley
244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de
cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente

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indicado.

Finalmente, en lo que respecta a la sanción moratoria que se reclama en el sub lite,
el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo señala lo siguiente:

Artículo 65. INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO.13 Si a la terminación del contrato, el
empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los
casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al
asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada
día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique
si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la
fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la
vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el
empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de
créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de
la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

En todo caso, se advierte que el artículo 3º del aludido estatuto prevé lo siguiente:

Artículo 3o. RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula las relaciones de
derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del
Trabajo, oficiales y particulares.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente,14 se puede establecer
lo siguiente:

(i) El 11 de septiembre de 2001,15 la demandante formuló solicitud ante el alcalde
de El Doncello, con el objeto de que se reconocieran, a su favor, las prestaciones
sociales que se debían, «por haber laborado en varios cargos de la Administración
el último de ellos como Secretaria del Honorable Concejo».

13 Modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, tal modificación estaba vigente al momento

de la terminación de la relación laboral de la demandante, comoquiera que ocurrió en el año 2009.
14 Se precisa que solo se hará mención a las pruebas que conciernen al derecho debatido en este

proceso.
15 Folio 39.

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Radicado: 18001 23 33 000 2015 00145 01 (4793-2017)
Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

(ii) El 1 de junio de 2009,16 la señora Pulgarín de Moreno le solicitó al Concejo de
El Doncello, reconocer a su favor la pensión de jubilación, como consecuencia de
su labor a ese ente territorial y «ordenar a quien corresponda hacer la liquidación,
que por prestaciones sociales e intereses a las mismas se me adeuda».

(iii) El 1 de noviembre de 2009,17 el Concejo de El Doncello (Caquetá) expidió la
Resolución 016, por la cual reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación
a favor de la accionante; adicional a ello, en su parte resolutiva aceptó la renuncia
presentada por la señora Pulgarín de Moreno a partir del 1.º de noviembre de 2009.
De las consideraciones del acto, se extraen las siguientes:

Que según se analiza del punto anterior, en efecto la señora JUANA DE JESÚS PULGARÍN
MORENO laboró al servicio del Estado en diferentes cargos, por espacio de más de 30
años, que se comprueba según certificaciones anexas, laborando al servicio del
Municipio de El Doncello desde el 01 de septiembre de 1979 hasta la fecha.

[…]
Que dicha pensión deberá ser pagada por las Entidades a las cuales la interesada
sirvió como empleada pública durante más de treinta años teniendo en cuenta la
proporción respectiva para el presente caso:

• Una cuota parte la Administración Municipal de El Doncello en un 66.7%, que
corresponde a $748.551,oo mensual.
• Una cuota parte El Concejo Municipal de El Doncello en un 33.3%, que corresponde
a $373.714,oo mensual.

(iv) El 17 de mayo de 2012,18 se llevó a cabo la reunión del Concejo de El Doncello,
cuya constancia quedó en el Acta 043, de la cual se extraen las siguientes
consideraciones, expuestas por el alcalde, en torno a unas reclamaciones de
cesantías por parte de pensionados del ente territorial:

[…] el presupuesto debe contener la totalidad de lo que se valla (sic) a realizar en la
vigencia respectiva y este es uno de los motivos por lo cual esta administración no
puede pagarle a los pensionados las cesantías y sin respaldo presupuestal yo no me
voy a arriesgar y esta fue una falla disciplinaria que le encontraron y una de esas
partes que encontraron a todo servidor público esta (sic) prohibido sumir (sic)
obligaciones o compromisos de pagos que supere la cuantía de montos aprobados
en el plan anualizado […] según la normativa vigente ustedes pueden decir nosotros

16 Folio 50.
17 Folios 40 a 44.
18 Folios 30 a 34.

13

Radicado: 18001 23 33 000 2015 00145 01 (4793-2017)
Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

tenemos la convención colectiva, se acabaron los regímenes de apoyo de pensiones
y cesantías que no se pueden seguir pagando las cesantías del (100%) del ultimo
(sic) sueldo, se pagaron interés de cesantías a empleados con cesantías del ultimo
(sic) sueldo, a quienes se les paga los intereses a los que se les liquida año por año
[…] no puede a ver (sic) funcionarios por fuera de los fondos de pensiones aquí
reconocieron los interés (sic) a todos y no tuvieron en cuenta la retroactividad que no
se pueden pagar intereses a las cesantías a los funcionarios que se pensionaron con
el ultimo (sic) sueldo, que tienen derecho a la convención colectiva […] no es que yo
no quiera pagar y quiero que quede en el acta que solamente con la autorización de
un juez de la Republica (sic) yo lo hare (sic) […] yo necesito conocer cuanto (sic) se
le debe a cada uno por que (sic) esto nos toca en conciliación no es que yo no quiera
pagar pero hasta que no tenga la certeza de cuanto (sic) se le debe no procedo ni a
pagos ni a adelantos […]

(v) En el expediente obra una liquidación definitiva de prestaciones sociales de la
demandante,19 suscrita por el alcalde y secretario general del municipio de El
Doncello, en la que consta lo siguiente:

IMPUTACIÓN:
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA SEMESTRAL
PRIMA DE NAVIDAD
CESANTÍAS 1.320.312/360 x 6961 25,529,700.00
INTERESES 25.529.700 x 12% -:- 360 x 10831 92,170,720.00

TOTAL LIQUIDACIÓN 117.700,427.00

(vi) Se adjuntaron, con la demanda, los siguientes comprobantes de consignación
de valores abonados por el municipio de El Doncello, por concepto de las
prestaciones adeudadas a la demandante:

a. El 4 de marzo de 2011, por $10.000.000, cheque 0003949 de la cuenta
corriente 7520-002746-6.
b. En junio de «2010», por $10.000.000, cheque 27 de la cuenta corriente 7520-
000023-2.

19 No tiene fecha de expedición.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

c. En mayo de 2011, por $20.000.000, cheque 430 de la cuenta corriente 7520-
000023-2.

(vii) El 25 de marzo de 2014,20 el alcalde de El Doncello expidió la Resolución 083,
—que constituye el acto acusado21— por la cual resolvió una petición formulada por
la demandante, de la cual se extrae lo siguiente:

a) Que el Doctor José Hernán Cuellar Ángel, actuando en calidad de apoderado de la
exfuncionaria Juana de Jesús Pulgarín de Moreno, deprecó mediante derecho de
petición que se pagara cesantías e intereses de cesantías a favor de su cliente.

b) Que fundó su petición en el hecho de la relación laboral que su cliente tuvo para
con el Municipio entre el 1º de septiembre de 1979 y el 31 de diciembre de 2009.

c) Que para resolver se tiene en cuenta lo siguiente:

• Dentro del informe de procesos judiciales que rindió el apoderado judicial del
Municipio se encuentra el proceso con radicado No. 2012-00222, el cual fue remitido
por el juzgado Promiscuo del Circuito de Belén a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
• Las pretensiones de la demanda son las mismas que contiene el Derecho de
Petición, siendo la misma actora y el apoderado.

d) Que en el presente caso las pretensiones del peticionario hacen parte de
controversias judiciales, razón por la cual no se podrá despachar
favorablemente lo solicitado, teniendo en cuenta las excepciones propuestas en la
contestación de la demanda.

e) Que no obstante a las consideraciones anteriores, se hace necesario convocar al
Comité de Conciliación para efectos que se someta a su consideración esta
solicitud en concordancia con las pretensiones de la demanda que engendra el
proceso No. 2012-00222, atendiendo sentencias en casos similares.

En consideración a lo expuesto, en su parte resolutiva dispuso:

ARTÍCULO PRIMERO: Niéguese el reconomiento (sic) administrativo del pago de
cesantías y sus intreses (sic) por las razones expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Convóquese al Comité de Conciliación para que estudie las
pretensiones del proceso laboral No. 2012-00222 y se manifieste si procede presentar
fórmula conciliatoria. [se destaca]

(viii) El 18 de febrero de 2016, la secretaria general y de gobierno del municipio de

20 Folios 56 y 57.
21 En todo caso, se precisa que en el referido acto no se informa la fecha de la petición que le dio

origen.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

El Doncello expidió certificación de las diferentes vinculaciones que sostuvo la
demandante con ese ente territorial, en los siguientes términos:

Que la señora JUANA DE JESÚS PULGARÍN MORENO […] laboró al servicio del municipio
de El Doncello, desde el 01 de septiembre de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1998
(6961 días) desempeñando los siguientes cargos:

AÑO DE NO. NO. ACTO ADTIVO CARGO
INGRESO ACTA
31/08/1979 357 33 – Decreto SECRETARIA
INSPECCIÓN DE POLICÍA
20/09/1979 369 35 – Decreto ESCRIBIENTE COMISIÓN
ESTADÍSTICA – ALCALDÍA
10/12/1985 30 38 – Decreto SECRETARIA
30/09/1986 82 47 – Decreto AUXILIAR
ADMINISTRATIVA DE LA
ALCALDÍA MPAL
07/10/1987 162 29 – Decreto AUXILIAR
ADMINISTRATIVA MPAL
INTERIORIDAD
01/11/1987 170 46 – Decreto AUXILIAR
ADMINISTRATIVA MPAL
EN PROPIEDAD
31/12/1987 174 48 – Decreto ANALISTA DEL
PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO
27/12/1988 259 Nombrada Mediante sesión SECRETARIA CONCEJO
ordinaria, realizada el día MPAL
02 de diciembre de 1988,
comunicado OFICIO No.
064, del 6 de diciembre de
1988.
01/08/1992 107 ACTA No. 01, del 01 de SECRETARIA DEL
al agosto de 1992 – Concejo CONCEJO MPAL
31/12/1998 Municipal

(ix) El 29 de octubre de 2020,22 como prueba de oficio, en segunda instancia, se
ordenó a las partes informar el número del radicado del proceso «en el cual se
habría tramitado una actuación judicial anterior con iguales pretensiones a las
analizadas en sub lite» informar en qué estado se encuentra y aportar copia de a.
la demanda, subsanación y adición o reformas que se hubieran realizado al libelo,
en el aludido proceso; b. el acto administrativo allí cuestionado; y c. la contestación
de la demanda que se hubiera presentado en él.

22 Folio 207.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

En atención al anterior requerimiento, el apoderado de la demandante 23 informó lo
siguiente:24

a. El 15 de junio de 2012, radicó demanda ordinaria laboral ante el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá), con el objeto de reclamar
el pago de los valores por concepto de cesantías definitivas, intereses
sanción moratoria y demás, por el tiempo de servicio prestado al municipio
de El Doncello, entre el 1 de diciembre de 1979 y el 31 de diciembre de 1998,
las cuales fueron liquidadas pero no pagadas en su totalidad.
b. Que al proceso le correspondió el radicado 18592318900120120022200, y
la demanda se admitió el 22 de junio de 2012.
c. El 16 de noviembre de 2012, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto
Rico (Caquetá) declaró la nulidad de todo lo actuado, al considerar que la
jurisdicción competente es la de lo contencioso administrativo, lo que llevó a
remitirlo a los Juzgados Administrativos del Circuito de Florencia (reparto).
d. El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Florencia (Caquetá), cuyo radicado es el 18001 33 33 001 2012 00456 00,
sin embargo, este volvió a remitir el expediente a los juzgados laborales del
circuito (reparto).
e. En esta nueva ocasión, el conocimiento lo tuvo el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Florencia (Caquetá) bajo el radicado
18001333170320130000100, el cual, a través del auto del 6 de febrero de
2013 inadmitió la demanda, la cual fue rechazada por providencia del 16 de
abril de 2013 y el proceso fue archivado el 26 de abril de 2013.
f. El 6 de marzo de 2014, radicó petición ante el municipio, con el objeto de
obtener las cesantías definitivas, sus intereses y la sanción moratoria,
conforme lo ordena el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo
anterior dio origen al acto que se cuestiona en el sub lite y al trámite judicial

23 Índice 26 de la plataforma Samai.
24Adicional a lo anterior, aportó las piezas procesales que constatan lo que se menciona a
continuación.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

de la referencia.

La parte demandada, a través de memorial que obra en el índice 322 del aplicativo
Samai informó no tener conocimiento sobre la aludida actuación judicial.

2.4. Caso concreto

De acuerdo con lo resuelto en primera instancia en concordancia con el recurso de
alzada, lo primero que se ha de analizar, por parte de esta Sala, es si el acto
administrativo enjuiciado —Resolución 083 del 25 de marzo de 2014— es o no
susceptible de control judicial, a fin de determinar si la decisión adoptada por el a
quo consistente en declarar de oficio la excepción de «ineptitud de la demanda»25
se debe confirmar o revocar.

Previo a realizar tal análisis, es necesario indicar que esta Subsección26 ha
considerado que la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda tan solo
prospera «por falta de cualquiera de los requisitos formales o por la indebida
acumulación de pretensiones» y no porque el acto no es enjuiciable, como se
planteó, en el sub lite, en la providencia recurrida, de manera que no resulta
acertada la utilización de esa excepción por parte del juzgador de primera instancia.

Hecha la anterior precisión, se debe señalar que la razón por la cual el Tribunal
Administrativo del Caquetá consideró que la resolución acusada no es enjuiciable
fue porque, en su sentir, no se trata de un acto administrativo definitivo, sino uno de
trámite, en tanto que «no negó definitivamente el pago de las cesantías reclamadas
y sus intereses, como quiera, (sic) que esta decisión la condicionó a la manifestación
de la procedencia o no de fórmula conciliatoria por parte del comité de conciliación
dentro del proceso laboral No. 212-00222, el cual funda sus pretensiones en los

25 Se precisa que esta Subsección, en providencia del 21 de abril de 2016, dictada dentro del
radicado 47001 23 33 000 2013 00171 00, número interno 1416-2014, precisó que la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda tan solo prospera «por falta de cualquiera de los requisitos
formales o por la indebida acumulación de pretensiones» y no porque el acto no es enjuiciable, como
se planteó, en el sub lite, en la providencia recurrida.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 21 de abril de 2016, radicado

47001 23 33 000 2013 00171 00, número interno 1416-2014, M.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 18001 23 33 000 2015 00145 01 (4793-2017)
Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

mismos términos del derecho de petición desatado con la multicitada Resolución»,
razón por la cual se impone analizar el contenido de la resolución censurada.

Así las cosas, de la lectura del acto que se cuestiona en esta litis, cuya transcripción
aparece en el acápite 2.3., numeral (vii), de esta providencia, la Sala observa que,
en forma clara y expresa, en su artículo primero, la administración decidió
expresamente que «[negaba] el recono[ci]miento administrativo del pago de
cesantías y sus int[e]reses» y la razón para ello consistió en que «en el presente
caso las pretensiones del peticionario hacen parte de controversias judiciales, razón
por la cual no se podrá despachar favorablemente lo solicitado», lo que permite
concluir que la resolución acusada sí contiene una manifestación expresa de la
voluntad de la administración, de carácter definitivo, que estuvo orientada a negar
los derechos pretendidos por la peticionaria, por lo que, contrario a lo resuelto por
el a quo, la Sala considera que sí es enjuiciable en el medio de control de la
referencia.

Lo antes señalado no quiere decir que se desconozca que, en el artículo segundo
de la parte resolutiva del acto demandado, la administración indicó que convocaría
a Comité de Conciliación; sin embargo, según se expuso en su parte motiva, lo que
se llevaría al análisis de tal comité era el objeto de la petición a la luz de lo pretendido
por la solicitante en el proceso No. 2012-00222,27 de manera que el efecto que
pudiera derivar de lo resuelto por aquel no tendría la virtualidad de deslegitimar la
decisión negativa adoptada en el artículo primero del acto que aquí se examina,
sino de incidir en el trámite judicial mencionado.

En tales condiciones, la Sala considera que tal determinación —la de convocar a
comité de conciliación— no se tomó, como lo entendió el tribunal, con el propósito
de condicionar el reconocimiento de los derechos que se negaron en su artículo

27 En todo caso, es preciso aclarar que el número de proceso allí indicado cambió en diversas

oportunidades teniendo en consideración la declaratoria de falta de competencia de los distintos
despachos judiciales que tuvieron a su cargo el conocimiento del asunto, según lo precisado por el
apoderado de la demandante y que se relacionó en el numeral (ix) del acápite 2.3. de esta
providencia.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

primero, pues en momento alguno se sujetó tal negativa a lo que resolviera dicho
comité. Además, lo decidido en el artículo segundo de la resolución acusada
tampoco le da la connotación de acto de trámite, en tanto que, se insiste, su artículo
primero reflejó, en forma expresa, la voluntad de la administración de negar el
derecho pretendido.

Bajo esa línea argumentativa, la Sala concluye que la Resolución 083 del 25 de
marzo de 2014 sí es un acto enjuiciable, lo que conlleva revocar la decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá, por la cual se inhibió para hacer un
pronunciamiento de fondo en torno a la controversia.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala procederá a estudiar el fondo del asunto,
no sin antes advertir que el proceso judicial que, en principio, había iniciado la
demandante, con miras a obtener similares pretensiones que las que se debaten en
el sub examine, no fue llevado hasta su culminación pues ni siquiera llegó a trabarse
la litis toda vez que se dispuso el rechazo de la demanda, a través de la providencia
del 16 de abril de 2013, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Florencia (Caquetá) bajo el radicado 18001 33 31 703 2013 00001 00.28

Ahora bien, con el propósito de resolver la controversia, es oportuno advertir que en
el expediente no obra prueba de la petición que dio origen a la Resolución 083 del
25 de marzo de 2014, a fin de verificar los precisos términos de esta, de cara a los
derechos que fueron negados a través de dicho acto y lo reclamado en este proceso,
pues aunque se allegó la petición del 1 de junio de 200929 a través de la cual la
accionante reclamó el reconocimiento de sus prestaciones y los intereses sobre
estas, según lo afirmado por el apoderado de la señora Pulgarín de Moreno en el
hecho noveno de la demanda,30 la petición que dio origen al acto acusado fue la

28 Información que se corroboró en el aplicativo de consulta de procesos de la Rama Judicial
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=xCv757c9a84%
2fHBQrecxZ7OOOAOU%3d
29 A que se hizo referencia en el numeral (ii) del acápite 2.3. de esta providencia.
30 En el mencionado numeral se señala: «El día cuatro (04) de marzo del 2014, se presentó

nuevamente ante la entidad convocada in derecho de petición solicitando el reconocimiento y
pago de las cesantías y sus intereses, el cual fue resuelto por la administración, negándose a
reconocer y pagar dichas sumas de dinero, ratificando con ello sus dichos en forma personal a los

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

radicada el 4 de marzo de 2014 y ella no aparece en el plenario.

En ese orden de ideas, la Sala únicamente analizará si es viable acceder a las
pretensiones encaminadas a lograr, a favor de la demandante, el reconocimiento de
sus cesantías definitivas, comoquiera que según lo informado por su apoderado
en el hecho noveno de la demanda31 en concordancia con las consideraciones de
la Resolución 083 del 25 de marzo de 2014, la petición en sede administrativa se
contraía a que «se pagara[n] cesantías e intereses a las cesantías» y fueron estos
los derechos que se negaron en el artículo primero de la parte resolutiva de dicho
acto.

La precisión que antecede es necesaria debido a que las pretensiones tercera y
quinta de la demanda buscan obtener, por un lado, los intereses moratorios sobre
las sumas reconocidas por concepto de cesantías definitivas32 y, por otro lado, la
sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
pero sobre ellas no hubo reclamación en sede administrativa y por ende, al respecto,
no hay pronunciamiento por parte de la entidad demandada, que sea susceptible de
control en este trámite judicial.

En este punto es oportuno señalar que aunque en la petición que la demandante
hizo ante la administración —según se deriva del acto acusado— se reclamó el
reconocimiento de los intereses sobre las cesantías y en torno a ellos obtuvo una
respuesta negativa en el acto censurado, tal pretensión no hizo parte del libelo, en
el cual y tal como se señaló en el párrafo que antecede, además de las cesantías,
se deprecó el reconocimiento de «los intereses moratorios aplicados a los valores
a que ascienden las cesantías definitivas» lo que quiere decir que comprenden

trabajadores y a lo manifestado en el salón de sesiones de H. Concejo Municipal en cuanto a que
solo procede a pagar si un juez así lo ordena». [Se resalta]
31 Transcrito en el pie de página anterior.
32 Lo cual es diferente a los intereses sobre las cesantías que se habrían reclamado en sede

administrativa y sobre los cuales se obtuvo una respuesta adversa, pues los moratorios que se
deprecaron en la demanda surgen de una tardanza que se pretende atribuir a la entidad, mientras
que los intereses sobre las cesantías son aquellos que el legislador ha previsto como accesorios a
dicha prestación.

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

pretensiones distintas;33 por lo tanto, para desatar el asunto sometido a estudio, el
marco base para ello lo constituyen las pretensiones de la demanda, dentro de las
cuales no se deprecaron los intereses sobre la aludida prestación.

Valga aclarar, además, que la pretensión que se contrae a lograr el reconocimiento
de las cesantías definitivas, no hizo parte de la fijación en litigio, el cual se
demarcó así: ¿es procedente el reconocimiento de la sanción moratoria por el no
pago parcial de las cesantías e intereses de las cesantías en los términos de la Ley
50 de 1990?; sin embargo, ello, en sentir de la Sala, no impide resolver el pedimento
que se hizo al respecto en el libelo, particularmente en su pretensión segunda,34
pues la fijación del litigio no se puede convertir en una talanquera para el juez al
analizar la controversia y las pretensiones, en tanto que, al momento de emitir la
sentencia, no le es dable abstenerse de atender el mandato de los artículos 28135
del Código General del Proceso y 187 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo,36 que le exigen resolver todos los asuntos
sometidos a su conocimiento.37

En orden a lo anterior, y con el propósito de resolver si la señora Juana de Jesús
Pulgarín de Moreno tiene o no derecho al reconocimiento y pago de sus cesantías
definitivas, la Sala considera necesario señalar que es aplicable, en este caso, el
precedente fijado por la Sección Segunda de esta Corporación en la Sentencia CE-

33 Ver aclaración en el pie de página anterior.
34 El texto de la pretensión es el siguiente: Que como consecuencia de la declaración anterior, y a

título de restablecimiento del Derecho que le asiste a mi poderdante, se condene al MUNICIPIO DE EL
DONCELLO CAQUETÁ, a reconocer y pagar a la señora JUANA DE JESÚS PULGARÍN DE MORENO, o a quien
sus derechos represente, las CESANTÍAS DEFINITIVAS a las que tiene derecho por haber laborado al
servicio del Municipio de el Doncello Caquetá durante el periodo arriba señalado en los cargos de
Secretaria de Inspección de Policía, Escribiente Comisión Estadística, Analista de Presupuesto y
Secretaria del Concejo Municipal de esa localidad.
35 Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda […].
36 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un

breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
[…].
37 Tal consideración fue acogida por la Subsección en sentencia del 9 de septiembre de 2021,

radicación: 08001 23 33 000 2015 90080 01, número interno: 3695-19, M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.

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Radicado: 18001 23 33 000 2015 00145 01 (4793-2017)
Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

SUJ2-004-16, en la cual se estableció la siguiente regla:

1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible.
Las cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

De la anterior regla de unificación jurisprudencial surge la necesidad de verificar si
la reclamación de las cesantías definitivas, por parte de la demandante, fue
oportuna o si, por el contrario, está afectada por el fenómeno de prescripción
extintiva y, para ello, se debe identificar la fecha de su desvinculación y aquella en
que se hizo la reclamación de la prestación, como se procederá a continuación.

Según se decidió en el artículo primero de la Resolución 016 del 1 de noviembre de
2009,38 el presidente del Concejo de El Doncello aceptó la renuncia de la
demandante a partir del 1 de noviembre de 2009 y, de acuerdo con lo afirmado por
el apoderado de la señora Pulgarín de Moreno, en el hecho noveno de la
demanda,39 la petición con miras a obtener las cesantías que aquí se debaten y que
dio origen a la Resolución 083 del 25 de marzo de 2014, que se cuestiona en el sub
lite, se radicó el 4 de marzo de 2014.

Lo anterior quiere decir que entre la fecha de desvinculación —momento a partir del
cual se hicieron exigibles las cesantías— y la radicación de la petición que dio origen
a la resolución materia de control en este proceso, transcurrieron más de 4 años, es
decir, se excedieron los 3 años40 que el legislador ha previsto para reclamar
derechos laborales como las cesantías, lo que impone declarar probada, de oficio,41
la excepción de prescripción extintiva del derecho a las cesantías definitivas
pretendidas por la señora Juana de Jesús Pulgarín de Moreno.

38 Folios 40 a 44.
39 Transcrito en el pie de página 30 de esta providencia.
40 Al respecto, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral señala: «Prescripción. - Las
acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible».
41 Para lo cual está habilitado por el inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Radicado: 18001 23 33 000 2015 00145 01 (4793-2017)
Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,42 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio objetivo
valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise si ellas se
causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional realizada
dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la temeridad de las
partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en los numerales 1 y
8 del artículo 365 del Código General del Proceso,43 la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia pues, aunque las pretensiones de la
demanda resultaron adversas, producto del recurso de apelación interpuesto por la
señora Pulgarín de Moreno se revocó el fallo inhibitorio dictado por el Tribunal y, en
su lugar, se estudió el fondo de la controversia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe revocar la sentencia de primera instancia
que declaró probada, de oficio, la excepción de «ineptitud sustantiva de la
demanda» y se declaró inhibido para resolver de fondo las pretensiones y, en su
lugar, declarar probada, de oficio, la excepción de prescripción del derecho a las
cesantías definitivas, reclamadas por la señora Juana de Jesús Pulgarín de Moreno
y no se impondrá condena en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
43 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Demandante: Juana de Jesús Pulgarín de Moreno

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 5 de octubre de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, que declaró probada, de oficio, la excepción de
«ineptitud sustantiva de la demanda» y se declaró inhibido para resolver de fondo
las pretensiones. En su lugar se dispone:

Declarar probada, de oficio, la excepción de prescripción del derecho a las cesantías
definitivas, reclamadas por la señora Juana de Jesús Pulgarín de Moreno, según lo
expuesto en las consideraciones que anteceden.

Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.

Tercero. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

25

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