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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2016-00069-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2016-00069-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2016-00069-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 18001-23-33-000-2016-00069-01 (5591-2018)
Demandante: Carlos Andrés Suárez Guzmán
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio
disciplinario. Nulidad de los actos administrativos. Causales.
Nulidad por falsa motivación y violación al debido proceso.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Carlos Andrés Suárez Guzmán instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

i) Decisión de primera instancia del 22 de junio de 2015, por medio de la cual se
le declaró disciplinariamente responsable y se le impuso la sanción de
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

ii) Decisión disciplinaria de segunda instancia del 1 de julio de 2015, que confirmó
la sanción impuesta.

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Radicado: 18001-23-33-000-2016-00069-01 (5591-2018)

iii) Resolución Nro. 03769 del 24 de agosto de 2015 mediante la cual ejecutó la
sanción.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al servicio activo de la
entidad, con los ascensos respectivos, así como el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, debidamente actualizados, desde la
fecha en la que se produjo el retiro del servicio y hasta el momento en que se
reincorpore nuevamente al mismo, sin solución de continuidad; y el pago de
perjuicios morales en la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el subjefe de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Caquetá
informó que el 23 de octubre de 2013 encontró una motocicleta negra marca Suzuki
Best, sin placa, con número de chasis 9FSB44P36C116485 y número de motor
F453TH.61683 en la estación de Policía de El Doncello (Caquetá).

Que, al indagar por ella, se le informó que la misma se había inmovilizado el 7 de
abril de 2013, sin encontrar reporte de dicho procedimiento en la minuta de
población ni en la minuta de guardia y que las únicas anotaciones respecto del
vehículo daban cuenta de que el 13 de abril un policía la usó para movilizarse y el
14 del mismo mes y año el guardia en turno le preguntó al comandante de la
estación si esta se podía emplear para el transporte de los uniformados.

Que el anterior informe dio lugar a la apertura de una investigación disciplinaria el
20 de noviembre de 2014 y, posteriormente, se formuló pliego de cargos el 6 de
abril de 2015.

Que recibidos los descargos y practicadas las pruebas decretadas, el 22 de junio
de 2015 se expidió decisión disciplinaria de primera instancia, la cual, una vez
presentado el recurso de apelación, se confirmó el 1 de julio de 2015, siendo
finalmente retirado del servicio mediante Resolución 03769 del 24 de agosto de
2015.

Que tanto el pliego de cargos como la sanción impuesta tuvieron como fundamento
la incursión en una conducta sancionable a título de dolo, concretamente, que usó
y permitió que otro uniformado usara la motocicleta Suzuki Best que se inmovilizó
el 7 de abril de 2013, para lo cual el operador disciplinario no tuvo en cuenta que en
el expediente aparecía acreditado que el vehículo se puso a disposición del
inspector de policía del municipio y no valoró más pruebas que la declaración de
quien resultó afectado con el procedimiento de inmovilización y el testimonio del
patrullero que realizó las únicas anotaciones obrantes en la minuta de guardia.

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Radicado: 18001-23-33-000-2016-00069-01 (5591-2018)

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: preámbulo y artículos 2, 6, 15, 21, 29, 123 y 218; Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: artículos 44 y 138;
Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2009: artículo 62; Decreto 1800 del 14 de
septiembre de 2000: artículos 38 numeral 3, 42 numeral 5 y 37.

Que los actos demandados incurrieron en nulidad por violación del debido proceso
porque la autoridad disciplinaria se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, sin
analizar elementos como su hoja de vida o su trayectoria en la entidad y que,
contrario a la presunción de inocencia que debe gobernar la actuación
sancionatoria, fue retirado de la entidad sin una debida valoración de las pruebas
que obraron en el procedimiento.

Que la decisión sancionatoria se basó en pruebas testimoniales que no debieron
valorarse, como la declaración del patrullero Adrián Flórez Guerra, quien tenía
fundados motivos para faltar a la verdad; o como la declaración del señor Mauricio
Galeano, quien resultó afectado con la inmovilización de la motocicleta que
posteriormente dio lugar a la actuación disciplinaria.

Que las únicas anotaciones obrantes en el libro de guardia fueron realizadas por el
patrullero Flórez Guerra y que, si lo consignado allí resultase cierto, él debió ser
responsabilizado, pues para la fecha de las consignas (13 y 14 de abril de 2013) era
el comandante de guardia; no obstante, contrario a lo plasmado, el vehículo nunca
salió de las instalaciones de la estación y, en ese sentido, al operador disciplinario
debió causarle extrañeza que el único que vio salir a un uniformado en la motocicleta
fuera el señor Flórez Guerra.

Que los actos administrativos incurrieron en falsa motivación, porque se apoyaron
en elementos contrarios a la realidad, pues si se hubiesen examinado de manera
integral sus antecedentes y las circunstancias en que ocurrieron los hechos que
fueron objeto de investigación, se habría concluido que resultaba absurdo que luego
de más de 19 años de servicio hubiese usado o permitido que otro usara una
motocicleta inmovilizada que no estaba bajo su cargo o custodia.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida en providencia del 29 de julio de 20161, notificándosele a
la entidad, quien se opuso a las pretensiones indicando que, para la expedición de
los actos demandados, se valoraron de manera integral las pruebas recaudadas y
se actuó con sujeción al debido proceso, en ejercicio de la potestad disciplinaria
conferida por la Constitución y la ley.

1 Véanse folios 347-348 del cuaderno principal 2 del expediente.

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Que, durante la actuación disciplinaria, el demandante, por intermedio de su
apoderado, intervino en las diferentes etapas, solicitando la práctica de pruebas y
controvirtiendo las practicadas por la entidad y que la valoración en conjunto de los
elementos recaudados permitió concluir que había incurrido en una conducta que la
ley penal tipifica como delito, concretamente, en la consagrada en el artículo 398 de
la Ley 599 de 2000 -peculado por uso-, la cual se calificó como gravísima, ejecutada
a título de dolo, imponiéndose, en consecuencia, la sanción que la normativa prevé
para este tipo de conductas.

Que en el presente caso se configura cosa juzgada, porque la actuación disciplinaria
culminó con una decisión en segunda instancia en contra de la cual no proceden
recursos y que el control judicial de los actos administrativos no puede convertirse
en una tercera instancia disciplinaria, pues lo que se pretende es reabrir el debate
que corresponde agotar al operador disciplinario.

Se celebró audiencia inicial el 25 de julio de 20172, en la que se fijó el litigio y, tras
agotar el período probatorio y dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión3, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el
demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia del nueve (9) de agosto
de dos mil dieciocho (2018), negó las pretensiones al concluir que los operadores
disciplinarios de primera y segunda instancia valoraron de manera razonable las
pruebas testimoniales y documentales y que los actos demandados se ajustaron a
las disposiciones legales y constitucionales propias de la actuación disciplinaria.

Que no se configuró violación al debido proceso y al derecho de defensa por
indebida valoración probatoria de los testimonios del patrullero Adrián Flórez Guerra
y del señor Mauricio Galeano, porque no fueron las únicas pruebas de esta
naturaleza que se practicaron; por el contrario, la declaración del señor Flórez
Guerra se pudo corroborar con las de los señores Andrés Felipe Barragán Loaiza,
Danilo Mendoza Villanueva y Manuel del Cristo Mercado Díaz, quienes de manera
consistente dieron cuenta de lo sucedido con la inmovilización de la motocicleta
Suzuki Best y su posterior permanencia en las instalaciones de la estación de policía
de El Doncello (Caquetá).

Que el dicho de los declarantes se reforzó con las anotaciones en las respectivas
minutas y que todo ello fue analizado de manera integral por el operador
disciplinario, atendiendo las reglas de la sana crítica.

2 Véase folio 416 del cuaderno principal 2 del expediente.
3 La audiencia de pruebas se celebró el 12 de septiembre de 2017. Véanse folios 424 a 426 del cuaderno

principal 2 del expediente.

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Que por ello no resultaba procedente emitir pronunciamientos adicionales en
relación con los reparos del demandante, pues las mismas inconformidades
plasmadas en su demanda, relacionadas con los testimonios del señor Flórez
Guerra y Mauricio Galeano, fueron expuestos en la actuación disciplinaria y
resueltos por la misma autoridad demandada.

Que, en punto a la nulidad por falsa motivación, el demandante no ofreció
argumentos que sustenten dicho cargo y que, en consecuencia, se adolece de
elementos fácticos y jurídicos para realizar el análisis que la causal de nulidad exige,
pues es claro que quien la invoca debe, como mínimo, indicar al juez el hecho o
hechos contrarios a la realidad, sin que pueda la autoridad judicial suplir dicha carga
argumentativa.

Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante4 interpuso recurso de apelación en el que reiteró los
reproches de nulidad que consignó en el acápite del concepto de violación de la
demanda, en relación con las pruebas que no valoró en debida forma el operador
disciplinario, deteniéndose en las calidades de los declarantes Mauricio Galeano y
Adrián Flórez Guerra.

Que el señor Galeano fue señalado como un reconocido infractor de la ley en el
municipio de El Doncello, sumado a que observó el hecho que dio lugar a la acción
disciplinaria como afectado, tanto así que en su testimonio se refirió a que fue objeto
de presión para el pago de una prebenda, situación que le resta credibilidad;
sumado a que, en su decir, adquirió la motocicleta sin que mediara un contrato de
compraventa siquiera, lo que resulta contrario a las prácticas comerciales.

Que, respecto del patrullero Adrián Flórez Guerra, su declaración contiene
contradicciones, pues no obstante exponer el supuesto uso indebido del vehículo
inmovilizado, no informó al comandante de la estación, del Distrito o al Jefe de la
SIPOL; resultando por demás extraño que fuera el único uniformado que advirtió el
uso de la motocicleta por su parte y la de otro patrullero.

Que, sumado a lo anterior, el señor Flórez Guerra se limitó a “confeccionar”
anotaciones en la minuta sin informar la situación a nadie más y que no es posible
dejar de lado que este testigo tenía serias diferencias con el demandante, asunto
del que dieron cuenta las declaraciones de los señores Andrés Barragán Loaiza y
Diego Palomino Contreras.

4 Véanse folios 468 a 473 y 476 a 486 del cuaderno principal 2 del expediente.

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Que, en todo caso, de haber existido un uso indebido de la motocicleta inmovilizada
era imputable a quien tuviera su custodia o guarda, sin que se lograse acreditar que
ello era su responsabilidad.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 15 de enero de 20195 fue admitido el recurso de apelación y el 20 de junio del
mismo año6 se dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que
emitiera concepto.

La parte demandante7 reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el
recurso de apelación, advirtiendo que los actos demandados se expidieron sobre
indicios de responsabilidad y que el análisis de las pruebas recaudadas lleva a
concluir que se configura la falsa motivación al dar valor probatorio a las
declaraciones de los señores Adrián Flórez Guerra y Mauricio Galeano, lo que lleva
a su vez a un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, porque se dejaron
de lado otros medios de prueba que pudieron llevar a una conclusión diferente.

La parte demandada8 reiteró que las pretensiones no están llamadas a prosperar,
pues la actuación disciplinaria se desarrolló con apego a las normas
constitucionales y legales correspondientes y los actos administrativos se
expidieron luego de surtir las etapas del procedimiento sancionatorio, por
funcionarios competentes y valorando integralmente las pruebas recaudadas y que,
en ese sentido, el juez de lo contencioso administrativo no puede convertirse en una
tercera instancia disciplinaria.

La Procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado9 rindió concepto en
el cual solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, pues el
demandante pretende reabrir un debate probatorio que fue agotado en sede
administrativa de manera integral y suficiente.

Que si bien se ha admitido el análisis de las pruebas recaudadas en el trámite
disciplinario, no se cumple con los presupuestos jurisprudenciales para ello, toda
vez que los motivos expuestos por el apelante únicamente consisten en argumentos
ad hominem de los que no aporta ningún respaldo probatorio que permitan al juez
establecer una parcialidad en el dicho de los declarantes o en la valoración del
operador disciplinario y que tampoco se ofrecieron los elementos necesarios para
concluir que los hechos a los que se refiere resultan contrarios a la realidad.

Se resolverá previas las siguientes,

5 Véase folio 491 del cuaderno principal 2 del expediente.
6 Véase folio 497 del cuaderno principal 2 del expediente.
7 Véanse folios 502 a 505 del cuaderno principal 2 del expediente.
8 Véanse folios 510 a 516 del cuaderno principal 2 del expediente.
9 Véanse folios 517 a 521 del cuaderno principal 2 del expediente.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Encontrándose el proceso a despacho para proferir decisión en segunda instancia,
el 17 de noviembre de 2021 el demandante, obrando por intermedio de apoderado,
remitió a esta Corporación un memorial en el cual solicitó tener en consideración la
sentencia proferida el 13 de julio de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia del
Departamento Policial del Tolima, mediante la cual fue absuelto de los punibles de
prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con peculado por uso.

Al respecto, la Sala no tendrá en cuenta dicho documento, toda vez que no fue
aportado dentro de las oportunidades probatorias en segunda instancia, en términos
del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 ni cumpliendo con alguno de los
presupuestos para la petición y el decreto de pruebas en esta instancia, conforme
al artículo 213 de la misma normativa; sumado a que no cabe su decreto de oficio,
pues está decantado legal y jurisprudencialmente que la acción disciplinaria es
independiente de los demás mecanismos de enjuiciamiento y, bajo esa óptica, se
estudiará la legalidad de los actos demandados.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos
demandados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación y por violación
al debido proceso. Lo primero, por contener argumentos contrarios a la realidad; lo
segundo, por fundarse en pruebas que el operador disciplinario no debió valorar.

Con este fin, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del
control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a las
causales de nulidad invocadas y abordará el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez
de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el

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demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias10.

Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»11.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»12, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego

Younes Moreno.
11 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011.

Exp. 2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y CONSEJO DE ESTADO. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia
Ramírez de Páez.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de

2016. Exp. 1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

Causales de nulidad de los actos administrativos

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde luego, parte
del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13713 y 13814 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

De las anteriores, se analizarán las causales de nulidad invocadas por el actor, a
saber, la falsa motivación, la desviación de poder y el derecho al debido proceso;
luego de lo cual, se abordará el contenido de los actos demandados.

• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación
de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la
cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha
relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa15.

En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad,
cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente

13 Del medio de control de nulidad.
14 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
15 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.

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motivado»16.

El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente17.

• Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver,
entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación
se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas18.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201819 determinó que, tanto de
las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos

16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-

23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
18 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
19 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’20»21.

Análisis del caso concreto

La parte demandante señaló que los actos administrativos mediante los cuales fue
sancionado disciplinariamente fueron expedidos incurriendo en falsa motivación y
violación al debido proceso.

Al respecto, del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, se destaca:

• Que el 24 de octubre de 2013 el Subjefe Seccional de Investigación Criminal
elaboró un informe mediante el cual relató que se dirigió a la estación de policía
de El Doncello (Caquetá) con el propósito de verificar una información
suministrada por la Seccional de Inteligencia (SIPOL), según la cual en dicho
establecimiento se encontraba una motocicleta inmovilizada que no se había
puesto a disposición de la autoridad competente.

Que en la estación de policía de El Doncello encontró efectivamente el vehículo
marca Suzuki Best de color negro, sin placa y que, al indagar sobre el
procedimiento para su inmovilización, el demandante le informó que se llevó a
cabo el 7 de abril de 2013, pues en la patrulla habían visto a una persona
sospechosa conduciéndola.

20 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Agregó que el intendente Suárez Guzmán -hoy parte demandante- le hizo
entrega de una placa de motocicleta suelta (FXA48A), indicando que era la que
portaba el vehículo inmovilizado y que, al revisar la minuta de población y la
minuta de guardia no encontró información en relación con el procedimiento de
inmovilización y que únicamente el día 13 de abril de 2013 el patrullero Adrián
Flórez Guerra había consignado que el patrullero Jhon Edinson Golu Messu salió
de las instalaciones de la estación en la motocicleta y, luego, el 14 del mismo
mes y año, el señor Flórez Guerra preguntó al comandante de Estación sobre si
dicho bien podía emplearse como medio de transporte de los uniformados22.

• Que, por esos hechos, el 6 de abril de 2015 se formuló al señor Suárez Guzmán
el cargo consistente en «realizar una conducta descrita en la ley como delito a
título de dolo, cuando se cometa (…) con ocasión (…) de la función (…)»,
remitiéndose para el efecto al artículo 398 de la Ley 599 de 2000, que consagra
el tipo penal de peculado por uso, según el cual «[e]l servidor público que
indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o
instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya
administración, tenencia o custodia se le haya confiado con ocasión de sus
funciones (…)»23 (subrayado en el pliego de cargos).

El operador disciplinario concluyó que la conducta correspondía a la falta
gravísima consagrada en el (artículo 34) numeral 10 de la Ley 1015 de 2006 y
que se había ejecutado en la modalidad de acción y de forma dolosa.

• Que en el transcurso de la actuación se decretaron y practicaron pruebas
documentales y testimoniales que se valoraron al formular los cargos y que,
llegada la fecha de definición de la situación disciplinaria, llevaron a la autoridad
a la certeza, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad del
demandante en relación con el cargo formulado y, en esos términos, se justificó
la imposición de la sanción consistente en destitución e inhabilidad general por
diez (10) años24.

El demandante alega que los actos administrativos sancionatorios incurrieron en
una indebida valoración probatoria, reproche que debe analizarse desde la posible
concreción de un defecto fáctico como cargo de violación al debido proceso, para lo
cual es necesario precisar que este se estructura «[…] siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del

22 Véase folio 5 del cuaderno principal 1 del expediente.
23 Véanse folios 126-127 del cuaderno principal 1 del expediente.
24 Cabe destacar que al demandante se le formuló un cargo adicional, consistente en haber ejecutado una

conducta sancionable como delito, remitida al tipo penal de prevaricato, inicialmente, bajo la premisa de no
haber dejado a disposición de la autoridad competente la motocicleta inmovilizada. No obstante, agotada la
etapa probatoria, se acreditó que el 11 de abril de 2013 puso el vehículo a disposición del inspector de policía
de El Doncello (véase folio 212 del cuaderno principal 1 del expediente). No obstante, como se verá, esto no
desvirtuó el cargo por el cual fue sancionado, en la medida en que el bien inmovilizado permaneció en las
instalaciones de la estación de policía de El Doncello porque la inspección de policía no contaba con espacios
para su guarda y custodia.

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proceso»25 (subrayas de la Sala), que pueden generarse como consecuencia:

i) De una omisión, que ocurre cuando se niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de práctica y decreto
de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia
probatoria;

ii) De una acción positiva, que se presenta cuando se aprecian pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que
no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución, o por la valoración de
pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes
al caso concreto26.

iii) Del desconocimiento de las reglas de la sana crítica27.

En el caso que nos ocupa, es de interés la subcategoría ii), que se refiere a una
acción positiva que tiene lugar cuando se aprecian pruebas esenciales y
determinantes que no se han debido admitir ni valorar, pues el señor Carlos Andrés
Suárez Guzmán manifestó que no se debieron tener en cuenta los testimonios de
los señores Adrián Flórez Guerra y Mauricio Galeano; el primero porque tenía serias
diferencias con él y el segundo porque fue el ciudadano afectado con la
inmovilización de la motocicleta, además de ser un reconocido delincuente de El
Doncello. Que no se debió valorar la minuta de guardia, porque las anotaciones
sobre el supuesto uso indebido del vehículo fueron realizadas únicamente por el
señor Flórez Guerra y que resultaba sospechoso que solo él viera a un uniformado
transportarse en la motocicleta.

Lo primero que destaca la Sala es que, como quedó plasmado en la sentencia
apelada, los reproches del demandante en relación con las pruebas valoradas
fueron también formulados al presentar los descargos disciplinarios y el recurso de
apelación en contra de la decisión disciplinaria de primera instancia y que fueron
debidamente abordados por ambos operadores disciplinarios, concluyendo, de
manera motivada, que no había lugar a descartar las declaraciones de los señores
Adrián Flórez Guerra y Mauricio Galeano y que no era procedente excluir la prueba
documental en la que constaban las anotaciones realizadas por el patrullero Flórez
Guerra.

En efecto, al analizar el contenido de las decisiones disciplinarias se advierte que,
tanto en la valoración de los descargos realizada en primera instancia como en el
análisis del recurso de apelación en segunda instancia, el operador disciplinario, de
manera motivada, expuso al demandante las razones por las cuales sus reparos

25 Corte Constitucional. Sentencia T-419 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-803 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.

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sobre estos puntos no estaban llamados a prosperar:

• En la decisión disciplinaria de primera instancia, expedida el 22 de junio de 2015,
la demandada desestimó los argumentos del investigado señalando que era el
conjunto de pruebas de la actuación el que reforzaba la declaración del patrullero
Flórez Guerra, pues no solo él se refirió al uso de la motocicleta inmovilizada;
también lo hizo el señor Mauricio Galeano; sumado a que la totalidad de los
testimonios dieron cuenta de que i) en efecto el vehículo fue inmovilizado el 7 de
abril de 2013 y ii) permaneció en la estación de policía de El Doncello hasta el
mes de noviembre del mismo año.

También se refirió a las calidades del señor Galeano, para advertir, primero, la
carencia de respaldo probatorio al afirmar que se trataba de un «reconocido
delincuente del municipio» y, segundo, que la importancia de su testimonio
residía justamente en las diferentes circunstancias que rodearon el operativo
que concluyó con la inmovilización de su vehículo28.

• En la decisión disciplinaria de segunda instancia, expedida el 1 de julio de 2015,
la entidad demandada reitera que no es procedente desestimar el testimonio del
señor Mauricio Galeano, pues de tener el declarante alguna intención de
retaliación, se habría referido a la totalidad de los uniformados que adelantaron
el operativo del del 7 de abril de 2013, sin dejar de lado que no obraba prueba
que pusiera en entredicho las calidades del declarante y que, en todo caso, tal
asunto no resultaba relevante para la actuación disciplinaria.

También se despachó de manera desfavorable el reproche en relación con la
declaración del patrullero Flórez Guerra, precisando que de las bitácoras
incorporadas como prueba era posible concluir que no fue el único uniformado
que advirtió la permanencia de la motocicleta en la estación de policía y que si
bien algunos declarantes se refirieron a presuntas diferencias del señor Flórez
Guerra con el demandante, «(…) no logran demostrar elementos reales y
suficiente que puedan ser tenidos como inconformismos o desazón por parte del
señor Patrullero (sic) hacia su representado, pues no señalan hechos puntuales,
ni la forma como se presentaban esas diferencias o discrepancias»29.

Analizado lo anterior, la Sala no evidencia en la motivación de los actos ningún
elemento que lleve a concluir que se lesionó el debido proceso, en la configuración
de un defecto fáctico, ni que se incurriera en falsa motivación, pues lo cierto es que
en el decreto, práctica y valoración probatoria de la actuación disciplinaria se
satisfizo el estándar probatorio exigido para la imposición de la sanción, en la
medida en que el informe del 24 de octubre de 2013 permitió evidenciar posibles
irregularidades en el procedimiento de inmovilización de una motocicleta, las cuales,

28 Véanse páginas 241 a 245 del cuaderno principal 1 del expediente, contentivas del análisis de los descargos.
29 Véase folio 306 del cuaderno principal 1 del expediente. El recurso de apelación del señor Carlos Andrés

Suárez Guzmán fue analizado por el operador disciplinario de segunda instancia en folios 302 a 310 del
cuaderno principal 1 del expediente.

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al cabo de las diferentes etapas del procedimiento, se concretaron, para el
demandante, en el uso indebido de dicho bien y en su consentimiento para que otro
uniformado también lo empleara.

De allí que la autoridad disciplinaria llamara a declarar al patrullero Adrián Flórez
Guerra y al señor Mauricio Galeano. El primero se ratificó en lo consignado en las
minutas de guardia30 respecto de que al ver salir al patrullero Jhon Edinson Golu
Messu en el vehículo, le preguntó por ello al demandante quien entonces se
desempeñaba como comandante encargado de la estación, obteniendo como
respuesta que «(…) él podía hacer con esa moto lo que quisiera y que no me metiera
en eso. (…)»31.

Por su parte, el señor Mauricio Galeano relató que el 7 de abril de 2013 unos
uniformados lo condujeron, junto con su motocicleta, a la estación de policía y que
uno de ellos, a quien identificó como el patrullero Golu Messu, le solicitó una
prebenda a cambio de dejar que se fuera -lo cual dio lugar a que en contra de dicho
uniformado también se adelantara una actuación disciplinaria 32- y agregó que
posterior a la fecha de inmovilización vio tanto al señor Golu Messu como al
demandante movilizándose por el municipio en el vehículo que se le inmovilizó33.

En ese orden, los argumentos que expuso el demandante dejan de lado que en la
actuación disciplinaria se acreditó que, no obstante la puesta a disposición del
inspector de policía del bien inmovilizado, este permaneció en la estación de policía,
pues el mismo inspector en su declaración indicó que para el año 2013 no existía
secretaría de movilidad en el municipio y que eventualmente la policía dejaba a su
disposición los vehículos que inmovilizaba mientras se verificaba quién era su
propietario o de dónde procedían34.

Que respecto de las circunstancias que pudieron incidir en el testimonio del señor
Flórez Guerra, no se aportaron más pruebas que los dichos de otros uniformados,
sin que ello se acompañara, por ejemplo, de constancias de llamados de atención,
amonestaciones o anotaciones en los libros de guardia que dieran cuenta de las
referidas confrontaciones entre el referido patrullero y el demandante 35.

30 En las anotaciones del 13 de abril de 2013 a las 07:00, a las 13:00 y a las 15:20 y el 14 de abril de 2013 a las

13:20 el patrullero Adrián Flórez Guerra dejó las anotaciones en relación con el uso de la motocicleta
inmovilizada (véanse folios 28, 30, 31 y 37 del cuaderno principal 1 del expediente).
31 Véanse folios 49 a 52 del cuaderno principal 1 del expediente.
32 Que se tramitó bajo el mismo radicado que la adelantada en contra del demandante, culminando, en su caso,

con destitución e inhabilidad general por el término de veinte (20) años (véanse folios 272-273 del cuaderno
principal 1 del expediente).
33 Véanse folios 81 a 83 del cuaderno principal 1 del expediente.
34 Véase la declaración del señor José Duvan Gutiérrez Osorio, en folios 173 a 176 del expediente.
35 En efecto, los señores Mario Alexander Cárdenas Orozco (folios 161 a 165 del cuaderno principal 1 del

expediente), Andrés Felipe Barragán Loaiza (folios 166 a 172 del cuaderno principal 1 del expediente) y Diego
Palomino Contreras (folios 182 a 185 del expediente) indicaron, en términos generales, que entre el patrullero
Adrián Flórez Guerra y el intendente Carlos Andrés Suárez Guzmán hubo discrepancias porque el primero
pertenecía al grupo de Infancia y Adolescencia y, por necesidad del servicio, era requerido por el segundo para
asumir la guardia de la estación de policía; pero más allá, no se especificó si tales discrepancias se concretaron
en confrontaciones, amonestaciones o llamados de atención, por ejemplo.

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De manera que, más allá de referirse a las calidades personales del señor Mauricio
Galeano, o a las inconformidades del patrullero Adrián Flórez Guerra, el
demandante no ofrece a la Sala ningún elemento que le permita concluir que las
pruebas referidas se valoraron de forma contraria a los postulados de la sana crítica,
ni que el análisis efectuado por el operador disciplinario resultara contrario a la
realidad, lo que permite, a su vez, desvirtuar el cargo de nulidad por falsa
motivación.

En consecuencia, la Sala encuentra que el estudio de la legalidad de los actos
demandados realizado por el Tribunal Administrativo de Caquetá estuvo conforme
a derecho y, por ello, confirmará la sentencia apelada.

De la condena en costas en segunda instancia

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.

No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que ha venido adoptando una nueva postura, en la que en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se debe analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los
argumentos de la parte vencida, no se presenta una carencia de fundamentación
que dé lugar a la condena en costas en esta instancia. Contrario a ello, en sus
escritos, la parte manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de agosto de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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