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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2016-00248-01

Pensión de jubilación

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2016-00248-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Justino Lara Torres contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); en su lugar, niéguense tales pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2016-00248-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

26 de agosto de 2021

PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la siguiente: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”. […] La primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos: “(…) Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.(…)” La segunda subregla es “que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”. […] [E]l legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado. […] [P]ara efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron al sistema general de pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y (ii) del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; en cuyo artículo 6 se estableció el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: “asignación básica mensual, gastos de representación; prima técnica, cuando sea factor de salario; primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; remuneración por trabajo dominical o festivo; remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y bonificación por servicios prestados”. […] [E]l actor está amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1 de abril de 1994 tenía 41 años de edad (nació el 5 de junio de 1952) y superaba los 15 de servicios. […] [E]l accionante cumplía los requisitos fijados en la Ley 33 de 1985 y en el Decreto 758 de 1990, para ser beneficiario de las pensiones contenidas en tales normas, no obstante, la entidad accionada aplicó la que le era más favorable.

En efecto, con el aludido Decreto 758 de 1990 la tasa de reemplazo de la pensión reconocida arrojó el 90%, en tanto que, con la ley que pregona el actor le sea reconocida la prestación, es del 75%. […] [E]l señor Justino Lara Torres no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, porque: i) la liquidación y la reliquidación se hicieron bajo la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, por ser más favorable, y los factores que se tuvieron en cuenta para liquidar su pensión fueron los previstos en el Decreto 1158 de 1994; ii) su pensión de jubilación fue reconocida con fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto le aplica como fuente normativa la regla y subreglas fijadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 33 DE 1985 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1158 DE 1994 / DECRETO 758 DE 1990

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 18001-23-33-000-2016-00248-01(0007-19)

Actor: JUSTINO LARA TORRES

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

Referencia: APLICACIÓN DEL PRECEDENTE VINCULANTE - SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 28 DE AGOSTO DE 2018 – EL IBL DEL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 – SOLO SE INCLUYEN LOS FACTORES SALARIALES SOBRE LOS QUE SE HAYAN //EFECTUADO LOS APORTES O COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LEY 1437 DE 2011

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 16 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES
La demanda

Pretensiones

El señor Justino Lara Torres, mediante apoderado, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

“PRETENSIONES

PRIMERA: Que se declare la NULIDAD del acto administrativo contenido en la RESOLUCIÓN No. VPB 23269 DEL 26 DE MAYO DE 2016, proferida por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -, y con las cuales se negó el reconocimiento y pago de la Reliquidación de la Pensión de Vejez a favor del señor JUSTINO LARA TORRES conforme al marco jurídico aplicable a su situación prestacional.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaratoria de NULIDAD del acto acusado y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -, a conocer y pagar la Reliquidación de la Pensión de Vejez que percibe el señor JUSTINO LARA TORRES en los términos previstos en la Ley 33 de 1985, y de esa forma se calcule el Ingreso Base de Liquidación con la inclusión de la totalidad de los factores salariales efectivamente devengados en el último año de servicios y aplicando una tasa de reemplazo equivalente al 75% de la prestación.

TERCERA: Que se CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -, a reconocer y pagar a favor del señor JUSTINO LARA TORRES la Reliquidación de la Pensión de Vejez que percibe, conforme al marco jurídico prestacional que le es aplicable, teniendo en cuenta para ello el promedio de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, lapso comprendido entre el 01 de marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014.

CUARTA: Que se CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -, a reconocer y pagar a favor del demandante JUSTINO LARA TORRES de acuerdo a la normatividad y en los términos señalados en el numeral precedente, la diferencia pensional existente entre la prestación reconocida y la que a través de esta acción se solicita se señale, efectiva a partir del 01 de marzo de 2014 y hasta que se incluya en nómina el valor reliquidado de la prestación y las diferencias dejadas de percibir, conforme a la sentencia condenatoria que emita su Señoria.

QUINTA: Que se CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -, a cancelar y en forma actualizada junto con la correspondiente indexación, las sumas de dinero adeudadas, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, desde el momento en que el derecho se hizo exigible y hasta el momento en que se incluya en nómina el valor reliquidado y las diferencias dejadas de percibir, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

SEXTA: Que se CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE COLPENSIONES - COLPENSIONES, a pagar a favor del señor JUSTINO LARA TORRES los intereses moratorios aplicados a los valores adicionales dejados de percibir, de conformidad con lo previsto en el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

SÉPTIMA: Para el cumplimiento de la sentencia se ordena dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada”.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

“PRIMERO: El señor JUSTINO LARA TORRES nació el día 05 de junio de 1952, es decir que a la fecha de presentación de esta demanda cuenta con sesenta y cuatro (64) años de edad.

SEGUNDO: Que mediante Resolución No. GNR 361695 del 19 de diciembre de 2013, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -ordenó el reconocimiento y pago de una Pensión de Vejez a favor del señor JUSTINO LARA TORRES, en cuantía inicial de $1.490.990,00 para el año 2014.

TERCERO: Que la prestación económica inicialmente reconocida a favor del demandante se llevó a cabo bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, teniendo en cuenta para el cálculo del Ingreso Base de Liquidación el promedio de lo cotizado en los últimos diez (10) años de servicio aplicando una tasa de reemplazo equivalente al 90,00% e incluyendo los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

CUARTO: Mediante solicitud de fecha 29 de diciembre de 2015 con radicado No 2015 12463537, el señor JUSTINO LARA TORRES a través de los suscritos apoderados, requirió de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES -, la Reliquidación de la Pensión de Vejez que percibe, en los términos de la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta al momento de calcular el Ingreso Base de Liquidación la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

QUINTO: Que por medio de la Resolución No. GNR 40872 del 08 de febrero de 2016, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES - ordenó la Reliquidación de la Pensión de Vejez a favor del demandante, elevando la cuantía de la misma a la suma de $1.565.832,00.

SEXTO: Que contra la anterior decisión se interpuso Recurso de Apelación el día 10 de marzo de 2016 bajo radicado No. 2016 2471142, solicitando se modificara la misma y en consecuencia se llevara a cabo la Reliquidación de la prestación reconocida, conforme a lo previsto en la Ley 33 de 1985 y en ese sentido, se calculara el Ingreso Base de Liquidación con la inclusión de la totalidad de los factores salariales realmente devengados en el último año de servicios.

SÉPTIMO: Que a través de Resolución No. VPB 23269 del 26 de mayo de 2016 la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES -, resolvió modificar el acto administrativo atacado y, en consecuencia, ordenó reliquidar la prestación económica del accionante, estableciendo una cuantía de $1.571.845,00, efectiva a partir del 01 de marzo de 2014.

OCTAVO: Si bien es cierto la entidad demandada accedió a reajustar la Pensión de Vejez inicialmente reconocida y elevó su cuantía, la misma no se liquidó conforme a lo peticionado, es decir, insistió nuevamente en dar aplicación a las previsiones del Acuerdo O49 de 1990, desconociendo la aplicación del Régimen de los Servidores Públicos contenido en la Ley 33 de 1985.

NOVENO: Que el señor JUSTINO LARA TORRES es beneficiario del Régimen de Transición, como quiera que, a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, contaba con más de cuarenta (40) años de edad y de la misma forma acreditaba más de quince (15) años de servicios, circunstancias que fueron tenidas en cuenta por la Entidad al momento de reconocer la prestación económica.

DÉCIMO: Que el tiempo laborado por el señor JUSTINO LARA TORRES al servicio de entidades públicas, supera los veinte (20) años de servicios de la siguiente manera:

ENTIDAD
INGRESO
RETIRO
DÍAS
Instituto de Mercadeo Agropecuario- IDEMA.
29/05/1984
15/10/1997
4.816
Personería Municipal de Florencia.
01/02/2000
28/02/2014
5.013

TOTAL TIEMPO DE SERVICIOS EN ENTIDADES PÚBLICAS 27 AÑOS, 03 MESES Y 19 DÍAS, LO QUE EQUIVALE A 9.829 DÍAS - 1.404,14 SEMANAS.

DÉCIMO PRIMERO: Conforme al numeral precedente, por ostentar el demandante la dignidad de servidor público por más de veinte (20) años, contar con más de cincuenta y cinco (55) años de edad y estar inmerso en la Transición del Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, se tiene entonces que su situación prestacional se debe examinar a la luz del marco jurídico que se encontraba vigente antes del 01 de abril de 1994, data de entrada en vigencia de dicho sistema, cual es el Régimen Prestacional Ordinario aplicable a los servidores públicos y unificado por la Ley 33 de 1985, por resultar este más favorable.

DÉCIMO SEGUNDO: En armonía con la normatividad aplicable a la situación prestacional del señor JUSTINO LARA TORRES, se tiene entonces que a efectos de calcular el Ingreso Base de Liquidación y por ende el monto de la Pensión que realmente le corresponde, se debe promediar la totalidad de los factores salariales efectivamente devengados en el último año de servicios, lapso comprendido entre el 01 de marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014 y que se concretan además de su Salario Básico Mensual, en Prima de Servicios, Bonificación por Recreación, Reajuste Salarial, Prima de Νavidad, Prima de Vacaciones, Vacaciones, Prima de Servicios Proporcional y Prima de Navidad Proporcional, que está certificado devengaba en el año inmediatamente anterior a su retiro.

(…)”.

Normas violadas y concepto de violación

Se precisan las siguientes:
Los artículos 13, 48, 53 y 83 de la Constitución Política; Ley 33 de 1985, artículo 1; Ley 100 de 1993 artículo 36 inciso segundo, y demás normas concordantes.

Como concepto de violación precisó que, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, ha sido enjundiosa la creación jurisprudencial encaminada en darle aplicación efectiva, “con una visión protectora del trabajo y la seguridad social constitucionales, desarrollando sub-reglas integradoras del artículo 36 que permitan darle aplicación a los principios de justicia material”; es así como se ha determinado que los requisitos contemplados en el citado artículo para acceder al régimen de transición son disyuntivos, es decir, solo basta con que uno de ellos se cumpla - edad o tiempo de servicios - para que el trabajador tenga derecho al régimen anterior que lo cobijaba.

Preció que, es conducente afirmar que el demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ende, titular de un derecho adquirido; comoquiera que, a la entrada en vigencia de dicha ley, contaba con más de cuarenta (40) años de edad y acreditaba más de quince (15) de servicios cotizados. Luego, su intención prestacional debe examinarse a la Luz de la Ley 33 de 1985, régimen prestacional anterior aplicable a todos los servidores públicos.

Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones -; se opuso a las pretensiones de la demanda.

Indicó que, es importante recordar que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fue crear un régimen de transición que beneficiara a las personas que tenían una expectativa legítima de pensionarse bajo la normativa que sería derogada con la entrada en vigor de tal ley. En concreto, en la Sentencia C-258 de 20131 se señaló que, el beneficio derivado de pertenecer al régimen de transición se traduce en la aplicación posterior de las reglas derogadas en cuanto a los requisitos de (i) edad, tiempo de servicios o cotizaciones y (ii) tasa de reemplazo. Sin embargo, frente al ingreso base de liquidación (IBL) la Corte sostuvo que no era un aspecto para tener en cuenta en dicho régimen.

Así también que, Colpensiones se abstiene de reconocer el retroactivo de las mesadas pensionales de vejez cuando el empleador no reporta oportunamente el retiro del sistema, aun habiéndose adquirido el derecho a la pensión. De esta manera, pese a que una pensión se adquirió con el cumplimiento de la edad y las semanas cotizadas, y a que, el afiliado dejó de cotizar; si no aparece reportado el retiro por parte del empleador, la prestación se reconoce a corte de nómina y se niega el retroactivo pensional hasta tanto el afiliado no aporte prueba idónea de la desafiliación al sistema o novedad de retiro.

Respecto a los intereses de mora adujo que, en el presente caso no se presentó mora en el pago de las respectivas mesadas pensionales una vez se expidió el acto administrativo que reconoció la pensión. Por consiguiente, no es procedente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por cuanto como lo expresa la ley; ya que estos comienzan a causarse por la demora en el pago de las mesadas pensionales una vez se ha expedido el acto administrativo que reconoce la prestación, “situación que no se evidencio en este caso, puesto que el pago de las respectivas mesadas pensionales del peticionario se hizo en tiempo, no generándose así ningún interés moratorio”.

Propuso las excepciones que denominó “cobro de lo no debido”, “inexistencia de la obligación, y “prescripción”.

La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Caquetá en audiencia inicial llevada a cabo el 16 de marzo de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda.

Declaró la nulidad de la Resolución VPB 23269 de 26 de mayo de 2016, y condenó a la entidad demandada a reliquidar y pagar al accionante el valor de la pensión reconocida, en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, esto es, entre el 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014, incluyendo como factores para la base de liquidación: asignación básica, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, con efectos fiscales a partir del 1 de marzo de 2014.

Así también, declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y la condenó en costas.

Ello en consideración a que, el monto determinado por la entidad de previsión social no se compadece con lo que jurisprudencialmente el Consejo de Estado ha decantado a través de su jurisprudencia, al decir que, no puede verse como el porcentaje aislado o tasa de remplazo de un 90% o 75%; sino que, el monto comprende la conjugación del resultado de la operación aritmética entre el porcentaje establecido en la ley sobre la base temporal respectiva, y que, no se puede inescindir la norma para efectos de establecer la tasa de remplazo de esa manera.

Consideró que, en la providencia de 4 de agosto de 2010 de la sección segunda, se decantó que la lista de factores salariales reseñada en la Ley 33 de 1985 artículo 3, (no es taxativa, sino meramente enunciativa); de modo que, pueda interpretarse la exclusión de otros factores que el demandante demuestre haber devengado en el último año se servicios.

Recurso de apelación

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones -, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal.

Sostuvo que, el fallo proferido no se ajusta al ordenamiento jurídico aplicable, comoquiera que ordena la reliquidación de la pensión del actor desconociendo que Colpensiones no está llamada a reliquidar la pensión de vejez del señor Justino Lara Torres; en primera medida porque, reconoció un derecho prestacional adquirido (pensión), pagado al demandante por cumplir con los requisitos de ley. Sumado a que, para definir objetivamente la favorabilidad en cada caso, es menester preestablecer los factores que se implican en cada método de liquidación inherentes a los dos sistemas generales; es decir, tanto los que se aplican de conformidad con la Ley 33 de 1985, como los que deben observarse frente a las dos reglas de liquidación contenidas en el inciso 3 de la Ley 100 de 1993

Alegatos de conclusión

La parte demandada, insistió en la contestación de la demanda y en el recurso de alzada.

La parte demandante y el Ministerio público; guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que accedió a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se establecerá si el señor Justino Lara Torres tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, con la totalidad de los factores salariales sobre los que cotizó durante el último año de servicios, de conformidad con el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, o por el contrario, le resulta más beneficioso el contenido en el Decreto 758 de 1990 y para efectos de la liquidación pensional le es aplicable el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 1994, como se efectuó en sede administrativa.

Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. El régimen pensional aplicable en el acto de reconocimiento; 2.2. Hechos relevantes probados; y 2.3. Caso concreto.

2.1. El régimen pensional aplicable en el acto de reconocimiento

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes.

Sin embargo, y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1 de abril de 1994 para servidores públicos nacionales y 30 de junio de 1995 del nivel departamental, municipal y distrital) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.

En lo atañedero al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición “(…) que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (subrayado fuera de texto).

Respecto de esta norma, la Corte Constitucional precisó:

(…) En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… (…)

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”

El precedente jurisprudencial citado fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, y la Subsección aplicará la regla y subreglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. La misma Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos “[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la siguiente:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es la siguiente:

“(…)85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)”

La primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

“(…)

Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.(…)”

La segunda subregla es “que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.

Esta subregla se sustenta, así:

“(…) 99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)”

Visto lo anterior, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1 de abril de 1994 o 30 de junio de 1995, según el caso) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.

Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron al sistema general de pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y (ii) del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; en cuyo artículo 6 se estableció el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: “asignación básica mensual, gastos de representación; prima técnica, cuando sea factor de salario; primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; remuneración por trabajo dominical o festivo; remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y bonificación por servicios prestados”.

Por otro lado, en lo pertinente a la normativa cuya aplicación se solicita en la demanda, la Sala se remite a lo preceptuado en la Ley 33 de 1985, que en relación con el asunto objeto de examen, en su artículo 1, dispone:

“ARTÍCULO  1.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

Puestas así las cosas adviértase que, tendrán derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación, los empleados oficiales que hayan servido veinte (20) años continuos o discontinuos y cumplan la edad de cincuenta y cinco (55) años. En lo que se refiere al monto de la pensión de jubilación, el precitado artículo 1 de la Ley 33 de 1985 lo establece en un 75% del salario base de liquidación.

Por otra parte, resulta menester examinar el régimen contenido en el Decreto 758 de 1990, “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 (…)”, que sirvió de fundamento a la reliquidación de la pensión del actor, que en su artículo 12 prevé:

“Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.

Respecto al campo de aplicación de esta normativa, advierte que cobijaba en forma forzosa u obligatoria a (i) los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a empleadores particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, (ii) los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y (iii) “Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él”; y de manera facultativa, a los trabajadores independientes (…) y a los servidores de entidades oficiales que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como empleadores ante el ISS.

2.1.1. Hechos relevantes probados

El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

Colpensiones por Resolución GNR 361695 de 19 de diciembre de 2013, le reconoció una pensión de vejez al señor Justino Lara Torres, a partir de marzo de 2014, en cuantía de 1.490.990.oo, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Para el reconocimiento de la pensión se tuvo en cuenta lo siguiente:

El señor Lara Torres nació el 5 de junio de 1952.
Laboró un total de 1.708 semanas.
Adquirió el estatus jurídico el 5 de junio de 2012.
La liquidación del monto de la pensión se hizo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, 33 y 36 de la Ley 100 de 1993; “con el promedio de lo devengado o cotizado durante los 10 últimos años actualizado anualmente con el IPC”.
“para el ingreso base de cotización de la presente prestación se tomaron los factores salariales establecidos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994”.
El porcentaje que se aplicó para la liquidación de su pensión fue de 90%, con la inclusión de los factores salariales normados en el Decreto 1158 de 1994; condicionada al retiro del servicio.

Mediante escrito de 29 de diciembre de 2015, la actora solicitó la reliquidación de la mesada pensional, de conformidad con la Ley 33 de 1985, “teniendo en cuenta al momento del calcular el ingreso base de liquidación, la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios”.

Por Resolución GNR 40872 de 8 de febrero de 2016, la entidad de previsión social reliquidó la pensión del actor, en la suma de $1.565.832.oo y un retroactivo de $1.834.673.oo a partir del 1 de enero de 2014, con un IBL $1.706.703.oo y una tasa de remplazo del 90%, de conformidad con el Decreto 758 de 1990 y con base en 1.741 semanas.

Frente a la reliquidación efectuada, la accionante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por Resolución VPB 23269 de 26 de mayo de 2016 ordenando la modificación del acto administrativo anterior, al considerar que:

“(…)

la forma correcta de haber efectuado la reliquidación debió hacerse ordenando las diferencias del valor correspondiente a la mesada a partir del mes de marzo del año 2014 en adelante, pero se evidencia que se efectuó igualmente reliquidación para los meses de enero y febrero del año 2014 sin que fuera procedente, teniendo en cuenta la fecha de retiro del servicio público, y, como consecuencia de ello, el caso deberá ser remitido al Grupo de Determinación de Deuda para el recobro de las diferencias existentes que se liquidaron específicamente para los meses de enero y febrero de 2014. (…) ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución GNR 40872 de 8 de febrero de 2016 (…) ARTÍCULO SEGUNDO: Reliquidar la pensión de VEJEZ reconocida a favor del señor (a) LARA TORRES JUSTINO, ya identificado (a) en los siguientes términos y cuantías. El disfrute de la presente pensión será a partir del 1 de marzo de 2014 (2015=1.629. 375.oo) (2016=1.739.684.oo)”.

Conforme al certificado laboral y la Resolución GNR 23269 de 26 de mayo de 2016, el demandante aportó para el sistema general de seguridad social en pensiones los siguientes lapsos:

SHAPE \* MERGEFORMAT

Según constancia laboral de 3 de octubre de 2016, expedida por el Personero municipal de Florencia (Caquetá), el accionante en el último año de servicios, devengó los siguientes emolumentos “sueldo, prima de vacaciones, vacaciones, prima de servicios proporcional, y prima de navidad proporcional”.

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que el actor está amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1 de abril de 1994 tenía 41 años de edad (nació el 5 de junio de 1952) y superaba los 15 de servicios.

Asimismo, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el accionante cumplió 60 años de edad el 5 de junio de 2012, laboró en el Instituto de Mercadeo Agropecuario -IDEMA-; (29 de mayo de 1984 al 15 de octubre de 1997); y en la Personería Municipal de Florencia (1 de febrero de 2000 al 28 de febrero de 2014); para un total de 27 años, 3 meses y 19 días.

En consecuencia, (i) la entidad de previsión social reconoció al demandante pensión de vejez por Resolución GNR 361695 de 19 de diciembre de 2013, a partir de marzo de 2014. La liquidación de la pensión se realizó con base en 1.708 semanas, sobre un IBL $1.706.703.oo y una tasa de remplazo del 90%, de conformidad con artículo 21 de la Ley 100 de 1993 “sobre lo cotizado o devengado dentro de los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación”; y en atención al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. La prestación reconocida se dejó en suspenso hasta que el demandante acreditara el retiro del servicio; (ii) por Resolución GNR 40872 de 8 de febrero de 2016, la entidad de previsión social reliquidó la pensión del actor, en la suma de $1.565.832.oo y un retroactivo de $1.834.673.oo a partir del 1 de enero de 2014.; (iii) el 9 de marzo de 2016, el interesado interpuso recurso de apelación, y pidió a Colpensiones que se revoque el acto administrativo anterior, y se ordene el pago de la pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985 con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicios y con una tasa de remplazo del 75%; y, (iv) mediante Resolución VPB 23269 de 26 de mayo de 2016, Colpensiones negó tal pedimento al considerar que, “(…) se puede concluir que no es posible reliquidar la prestación con factores del último año, ya que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas cotizadas y excluye el promedio de liquidación. Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el peticionario cumple con los requisitos para los siguientes tipos de pensión siendo aplicada por favorabilidad el indicado en la columna “Aceptada sistema”:

Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que el accionante cumplía los requisitos fijados en la Ley 33 de 1985 y en el Decreto 758 de 1990, para ser beneficiario de las pensiones contenidas en tales normas, no obstante, la entidad accionada aplicó la que le era más favorable. En efecto, con el aludido Decreto 758 de 1990 la tasa de reemplazo de la pensión reconocida arrojó el 90%, en tanto que, con la ley que pregona el actor le sea reconocida la prestación, es del 75%.

Ahora bien, se observa que al demandante le fue calculada su pensión de vejez con los factores salariales sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicios, en atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de que en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ib., según corresponda, lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)”, motivo por el cual el fallo de primera instancia no se ajusta a tal derrotero jurisprudencial hoy vigente.

Al respecto, la Subsección resalta que los aludidos parámetros rigen el cálculo del IBL de la pensión de jubilación (Ley 33 de 1985) y el correspondiente al de la de vejez del Decreto 758 de 1990, y no es dable, como lo reclama el demandante, tener en cuenta los factores salariales recibidos durante el último año de servicios, por lo que, se insiste, como en el sub lite la tasa de reemplazo del 90% arroja un mayor valor por concepto de mesada pensional, no hay lugar a aplicar la norma que se pretende, porque le resultaría desfavorable.

Cabe destacar que en los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en los cuales se precisó la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en relación con el ingreso base de liquidación pensional, la sala plena de esta Corporación advirtió que “(…) por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.

En conclusión, el señor Justino Lara Torres no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, porque: i) la liquidación y la reliquidación se hicieron bajo la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, por ser más favorable, y los factores que se tuvieron en cuenta para liquidar su pensión fueron los previstos en el Decreto 1158 de 1994; ii) su pensión de jubilación fue reconocida con fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto le aplica como fuente normativa la regla y subreglas fijadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018; y siendo ello así, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas.

Respecto a la indexación

Frente a la referida pretensión, la Subsección precisa que la misma no tiene vocación de prosperidad, toda vez que la entidad de previsión social por Resolución GNR 361695 de 19 de diciembre de 2013, efectuó la liquidación de la mesada pensional con aplicación del IPC de la fecha de retiro a la fecha del estatus, por lo tanto, la depreciación monetaria no afectó el valor de la pensión reconocida; contrario sensu, esta fue ajustada de acuerdo al IPC; razón por la cual no se accederá a esta pretensión.

En cuanto a los intereses moratorios

Con relación a los intereses moratorios solicitados por el demandante, debe decirse que la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, establece que “A partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”; es decir, que su pago procede cuando se presente demora en la cancelación de la mesada pensional (luego de su reconocimiento).

Como se dejó anotado, estos se causan cuando con posterioridad al reconocimiento pensional la entidad de previsión social incurre en mora en el pago de las mesadas pensionales, lo que no ocurre en el presente caso. Además, se precisa que el pago de los intereses moratorios no es compatible con el pago simultáneo de la indexación de las mesadas adeudadas, en consideración a que estas obedecen a la misma causa “cuál es la devaluación del dinero”, sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso 3 del artículo 192 del CPACA.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite de esta instancia no se observa de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida en esta instancia.

DECISIÓN

Bajo estas consideraciones se revocará la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de 16 de marzo de 2018 que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el señor Justino Lara Torres contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); en su lugar, niéguense tales pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Justino Lara Torres contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); en su lugar, niéguense tales pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER Firmada electrónicamente) (Firmada electrónicamente)
Folio 148 a 151
Folio 101 a 114
Record: 10:45:56
Folio 153 a 156
Folio 178 a 191
Folio 192
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
El artículo 36 indica: «ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (negrilla fuera del texto).
Folio 5 a 13
Folio 13
Folio 35 a 40
Folio 22 a 32
Folio 15 a 18
Folio 42 a 52 y 75 a 76
Folio 75 y 76
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de noviembre de 2020. Rad. 05001-23-33-000-2016-00460-01(4412-18). Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER.
“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (…) Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código”.

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