Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00036-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00036-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2017-00036-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
Radicado: 18001-23-33-000-2017-00036-02
Demandante: Fanny Motta Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001 23 33 000 2017 00036 02 (5154-2022)
Demandante: Fanny Motta Sánchez
Demandado: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 10 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá- Sala de Conjueces, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución DESAJN14-4614 del
18 de noviembre de 20141, mediante la cual negó el reconocimiento y pago del
reajuste de la prima especial de servicios a la actora, y la Resolución 5107 del 22
de agosto de 20152 que resolvió el recurso de apelación.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó3:1) «[…] reconocer y pagar
[…] el 30% del salario básico, para efectos de cuantificar la prima especial que debía ser
adicionada al salario básico, a partir del 1 de enero de 1993 hasta el 31 de julio de 2003,
fecha de retiro en que laboró en la Rama Judicial del Poder Público […]. 2. reconocer y
pagar […] la liquidación de lo adeudado que es el 30% de las prestaciones sociales,
desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de julio de 2003, esto por cuanto a mi
poderdante, se le liquidó todas sus prestaciones sociales, primas, bonificaciones,
cesantías, etc, teniendo como base el 70% de la remuneración mensual, debido a que
el gobierno con la expedición de los decretos desde el año de 1993 en virtud de la
potestad otorgada por la Ley 4 de 1992, le esquilmó el 30% de sus prestaciones
1
Índice 2 expediente digital, ED_18001233300020170003(.zip), Cuaderno Principal págs. 11-21 de SAMAI.
2
Índice 2 expediente digital, ED_18001233300020170003(.zip), Cuaderno Principal págs. 30-48 de SAMAI.
3 Se hace transcripción textual de la pretensión de la demanda de los numerales 3 y 4
1
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Radicado: 18001-23-33-000-2017-00036-02
Demandante: Fanny Motta Sánchez
sociales», 3) entre otras condenas.
Hechos que fundamentan la demanda.
4. La señora Fanny Motta Sánchez prestó sus servicios a la Rama Judicial, y su
último cargo fue el de magistrada de la Sala Civil- Familia- Laboral del Tribunal
Superior de Florencia.
5. El día 6 de noviembre de 2014, la demandante solicitó el reajuste de la prima
especial de servicios, la cual fue negada mediante las Resoluciones DESAJN14-
4614 del 18 de noviembre de 2014, y 5107 del 22 de agosto de 2015.
Fundamentos de derecho.
6. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 55, 58, 136,
150.19 y 280, de la Constitución Política; 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4 de 1992, y
artículos 127, 128, 132 y 143 del C.S. del T.
7. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que el 30% de la prima especial,
es «un verdadero incremento del salario básico y no un mecanismo de reducción
o afectación de la integridad». Según el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la orden
legal es la de incrementar las remuneraciones de los servidores públicos entre
un 30% y un 60% del salario básico. Estos decretos no solo soslayaron el
aumento, sino que disminuyen el salario y las prestaciones sociales.
Contestación de la demanda.
8. Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda 4,
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales
fines, hizo un recuento normativo y refirió que por mandato expreso de la Ley 4
de 1992, la prima especial servicios no tiene carácter salarial, situación reiterada
en los distintos Decretos salariales aplicables a los servidores de la Rama judicial,
lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para la
liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de
cesantías y bonificación por servicios prestados.
9. Finalmente, formuló como excepciones ausencia de causa petendi y cobro de
lo no debido.
Sentencia de primera instancia.
4Índice 2 expediente digital, ED_18001233300020170003(.zip), Cuaderno Principal págs. 130-139 de
SAMAI.
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Demandante: Fanny Motta Sánchez
10. Mediante sentencia proferida el 10 de marzo de 20225, se accedieron
parcialmente las súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, el a quo,
luego de referenciar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
concreto, concluyó que el derecho a la prima especial se reconoce a los
funcionarios judiciales, como un incremento, agregado y/o plus a la asignación
mensual que perciben, y que por lo tanto, en ninguna circunstancia la misma
puede comportar una aplicación distinta a la referida, y muchas menos, una
contraria a su naturaleza de incremento.
11. Por otro lado, señaló que se debe declarar la prescripción de todas aquellas
partidas salariales y prestacionales causadas antes del 6 de noviembre de 2011.
No obstante, afirmó que no ocurre lo mismo con los aportes a pensión, respecto
de los cuales no opera tal fenómeno y por ende se puede demandar y reclamar
en cualquier momento.
12. Finalmente, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, y a
título de restablecimiento del derecho ordenó6: i) RELIQUIDAR Los
correspondientes aportes a pensión teniendo como base el salario fijado por el Gobierno
Nacional (incluida la prima especial de servicios) durante el periodo comprendido entre
la fecha en la que […] empezó a devengar la prima especial de servicios de que trata la
Ley 4 de 1992 hasta el 31 de julio de 2003, fecha de su retiro de la Rama Judicial. La
anterior reliquidación, deberá efectuarse únicamente en los periodos donde la actora
tuvo derecho a ser beneficiaria de la prima especial de servicios […], ii) ABONAR a favor
del correspondiente Fondo de Pensiones donde esté vinculada la señora FANNY MOTTA
SÁNCHEZ […], luego de efectuar la reliquidación anterior, las diferencias que resulten
entre lo que se le abonó por aportes a pensión, y lo que debió abonarse, teniendo como
base el salario fijado por el Gobierno Nacional (incluida la prima especial de servicios),
durante los periodos señalados expresamente y se pagarán de acuerdo a lo establecido
en los artículos 23 y 161 de la Ley 100 de 1993. Finalmente, negó las demás
pretensiones de la demanda.
Recurso de apelación.
13. La entidad demandada presentó recurso de apelación7, en el cual sostuvo
que los efectos de la sentencia de nulidad de 2014 expedida por el Consejo de
Estado rigen hacia el futuro o ex - nunc, pues no es posible producir efectos
retroactivos ya que no es de carácter particular y así dar estricto cumplimiento a
las disposiciones vigentes que regulan la materia objeto de controversia.
14. En ese orden de ideas, no es viable efectuar la reliquidación y pago de las
diferencias surgidas de la aplicación de la Ley 4ª de 1992 y los decretos salariales
anuales, pues de hacerlo, implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente,
5 Índice 2 expediente digital, ED_18001233300020170003(.zip), 11Sentencia1Inst.2 pdf., de SAMAI.
6 Se hace la observación que en la parte resolutiva el a quo no decretó la prescripción que señaló en la parte
motiva.
7 Índice 2 expediente digital, ED_18001233300020170003(.zip), 14ApelacionRama., de SAMAI.
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Demandante: Fanny Motta Sánchez
toda vez que mediante las facultades conferidas por la mencionada ley, el
Gobierno Nacional está expresamente facultado para expedir los decretos
salariales teniendo la potestad de determinar que el 30% de la remuneración
mensual sea considerada prima especial sin carácter salarial.
15. En consecuencia, concluyó que no existe ningún sustento normativo que
consagre que el 30% de la suma percibida mensualmente como prima especial,
sea con carácter salarial.
16. En ese sentido, la señora Fanny Motta desde el momento en que entró en
vigor la Ley 4 de 1992 tuvo la oportunidad de haber interrumpido el término de la
prescripción trienal, por lo tanto, no puede pretender que mediante una
reclamación efectuada el 6 de noviembre de 2014 se le reconozcan derechos
que se encuentran prescritos, por lo que la decisión del a quo va en contra de la
sentencia del 2 de septiembre de 2019 y desconoce totalmente dicho fenómeno
jurídico.
17. Igualmente, resaltó que si bien el derecho a la pensión no prescribe, no corre
la misma suerte su reliquidación y su consecuente aporte, pues respecto de estos
si hay lugar a decretar la prescripción.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
18. Por auto del 7 de noviembre de 20258 se ordenó correr traslado a las partes
y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
19. Las partes guardaron silencio.
20. El Ministerio Público rindió concepto9, señalando que la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 25 de septiembre de 2025 10, reiteró
expresamente que la prescripción extintiva no puede aplicarse frente a los
aportes de pensión y salud, dado que estos se generan de manera diaria y son
reclamables en cualquier época, mientras que las prestaciones salariales o
sociales de pago único sí son susceptibles de prescripción. Lo anterior reafirma
que la prescripción no puede afectar el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en salud y pensiones, dada la naturaleza irrenunciable e
imprescriptible de estos derechos. De igual modo, desconocer el derecho salarial
previsto en la norma citada impacta directamente los aportes que, por mandato
legal, deben efectuarse al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por lo que
solicita se confirme el fallo impugnado.
8 Índice 15 de SAMAI.
9
Índice 21 de SAMAI.
10
Consejo de Estado, Magistrado Ponente: Juan Camilo Morales Trujillo. Radicación: 2011-05001-23-33-
000-2015-00024-02 (1263-2021).
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Demandante: Fanny Motta Sánchez
21. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
22. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación presentado.
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado
por la demandada quien acude como recurrente.
Problema jurídico.
24. Le corresponde a la Sala establecer ¿si la señora Fanny Motta Sánchez tiene
derecho a que se reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su
asignación o si por el contrario el 30% de la remuneración mensual debe ser
considerada prima especial sin carácter salarial?, y si a pesar de que las
sentencias de nulidad no restablecen derechos particulares, hay lugar o no a la
reliquidación ordenada por el a quo.
25. Así mismo, si en el presente caso operó la prescripción extintiva del derecho
del reajuste de los aportes a pensión.
26. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial, 2. Hechos probados y 3. Caso
concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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27. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «El Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial12 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados
ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y
Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal
Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán
derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
28. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno Nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201413 bajo el argumento de que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos
en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino
los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues
como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que
de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin
embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
29. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201914, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia,
al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten
a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión
de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
12 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24
de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez)
6
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Demandante: Fanny Motta Sánchez
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969».
30. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
11 de julio de 202315, 5 de septiembre de 202316, 5 de diciembre de 202317, 6 de
agosto de 202418 y 18 de diciembre de 202419.
31. Igualmente, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 202420,
declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos
entre los años 2008 y 2018. Pues bajo el mismo criterio se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Hechos probados.
32. Acreditado está en el expediente, que la actora prestó sus servicios a la Rama
Judicial21 como: juez laboral del circuito de Garzón del 10 de abril de 199222 al 30
de junio de 1996, magistrada de la Sala Civil – Familia- Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva del 01 de julio de 1996 al 31 de julio de
1996, juez laboral del circuito de Garzón del 1 de agosto de 1996 al 10 de enero
de 1997, juez civil del circuito de Neiva del 11 de enero de 1997 al 30 de
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.
Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.
Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
21
Índice 2 expediente digital, ED_18001233300020170003(.zip), Cuaderno Principal págs. 32; 02.
CuadernoPruebas (pdf), págs. 9, 16-17 de SAMAI.
22
Acredita tiempos de servicio desde el año 1982; no obstante, se relacionan los tiempos de servicio desde
1992.
7
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noviembre de 2002, y magistrada de la Sala Civil – Familia- Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva del 1 de diciembre de 2002 al 31 de julio
de 2003.
33. Que ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo
que arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario
como las prestaciones sociales23.
34. Que el día 6 de noviembre de 201424 realizó la petición a la entidad
demandada, solicitando el reajuste de su remuneración, porque se vio reducida
en cuanto el 30% de la asignación básica se tuvo como prima especial de la cual
obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos demandados.
Caso concreto
35. La Sala advierte que la entidad demandada ha restado la prima especial de
servicios del 100% del salario, en aplicación de una interpretación equivocada de
los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, a través de los cuales se
desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por lo que el salario y las
prestaciones devengados por el actor se liquidaron sobre un 70% de aquel.
36. En consecuencia, la demandante tendría derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, y de sus prestaciones sociales,
liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto
no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales, salvo para efectos
de pensión. Distinto es que el 30% que fue erradamente descontado de la
remuneración mensual de la actora para tenerlo a título de prima especial, sí tiene
carácter salarial e incidencia prestacional, ya que constituye un porcentaje de la
asignación básica que fue descontado por una exégesis errada por parte de la
entidad demandada, por lo que no le asiste razón al recurrente.
37. Por otro lado, la Sala advierte que si bien en la sentencia de nulidad del 29
de abril de 201425, proferida por esta Corporación con relación a la prima no
restablece derechos particulares, lo cierto es que al declarar la nulidad de los
apartes de los decretos salariales emitidos entre 1993 a 2007, por haber
establecido la prima especial como una reducción del salario y no como un pago
adicional equivalente al 30% de aquel, desaparecieron los fundamentos de
23 Índice 2 expediente digital, ED_18001233300020170003(.zip), 02. CuadernoPruebas (pdf), págs. 18-29
de SAMAI.
24 Índice 2 expediente digital, ED_18001233300020170003(.zip), Cuaderno Principal págs. 6-11 de SAMAI.
25
Proceso 11001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07).
8
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derecho que les sirvieron de soporte al acto administrativo que aquí se demanda
por la indebida interpretación que realizó la demandada. En consecuencia, no le
asiste razón a la entidad apelante, y en ese sentido se estará a lo resuelto en la
mencionada providencia.
38. Por otro lado, en cuanto a la prescripción se advierte que esta corporación
ha sostenido, de forma pacífica26, que el hecho constitutivo del derecho a la prima
especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que
reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero
de 1993, fecha en que empezó a regir el Decreto 57 de 1993. En consecuencia,
en el presente caso desde que fue vinculada al cargo de juez y magistrada la
interesada podía haber interrumpido la prescripción trienal.
39. Conforme a lo expuesto, si bien en principio, la parte demandante tiene
derecho a que se le pague las diferencias salariales y prestacionales dentro del
periodo comprendido entre 1 de enero de 1993 al 31 de julio de 2003, se advierte
que presentó la petición ante la entidad demandada el día 6 de noviembre de
2014, de manera que el derecho causado antes del 6 de noviembre de 2011 se
vio afectado por el fenómeno jurídico de la prescripción, tal como lo precisó el a
quo en la parte motiva del fallo impugnado. No obstante, se adicionará la
sentencia en dicho sentido, ya que en la parte resolutiva no se declaró probado
dicho fenómeno.
40. Lo anterior, por cuanto el propio legislador contempló frente a la prima
especial de servicios su incidencia como factor de liquidación pensional y
conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 199327 es obligatorio realizar
las respectivas cotizaciones al fondo de pensiones en el que hubiere estado
afiliado la actora, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino por la
sostenibilidad del sistema, utilizando como ingreso base de cotización el 100%
de la asignación básica, por lo que se aclarará la sentencia impugnada para
precisar que dicho reconocimiento corresponde a la entidad demandada
conforme lo indica la ley, tal como se ordenó en la sentencia de primera instancia.
41. De conformidad con lo anterior, se adicionará la sentencia para precisar que
operó la prescripción trienal de los derechos reclamados con excepción de lo ya
indicado, estarse a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2014, y se
aclarará frente a los aportes a pensión.
26 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024.
Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
27 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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Radicado: 18001-23-33-000-2017-00036-02
Demandante: Fanny Motta Sánchez
Condena en costas.
42. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
43. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
44. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
45. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que con ocasión del recurso interpuesto se da la modificación contenida en
esta sentencia, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes
haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas en esta instancia.
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 29 de abril de 2014, bajo el
radicado: dentro del radicado 1001 03 25 000 2007 00087 00 (1686-07), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia impugnada en el sentido de declarar
probada la excepción de prescripción en los siguientes términos:
«DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la parte
demandada respecto de las sumas reclamadas, con excepción de las
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Radicado: 18001-23-33-000-2017-00036-02
Demandante: Fanny Motta Sánchez
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su
remuneración, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de julio de 2003»
TERCERO. ACLARAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, en el
siguiente sentido:
«ORDENAR reajustar los aportes de ley para seguridad social en pensiones,
utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, conforme
lo dispuesto en la ley, respecto de las diferencias no cotizadas, los cuales deberán
consignarse en el fondo de pensiones donde hubiere estado afiliada (desde 1 de
enero de 1993 hasta el 31 de julio de 2003), por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.»
CUARTO. CONFIRMAR en sus demás apartados la sentencia del 10 de marzo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá- Sala de Conjueces,
por las razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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