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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00064-01

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2017-00064-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 15 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá (sala tercera de decisión), que negó las 17 Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá) súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º. Revócase la condena en costas impuesta al demandante, que incluye las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2017-00064-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

20 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
Demandante : Joan Sebastián Cano Morera
Demandado : Municipio de Florencia (Caquetá)
Tema : Nivelación salarial y prestacional

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante
contra la sentencia de 15 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá (sala tercera de decisión), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 86 a 108). El señor Joan Sebastián Cano Morera,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de
Florencia, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de los oficios «S.A. ORH-699» de 20 de
junio y «S.A. ORH-794» de 10 de agosto, ambos de 2016, a través de los cuales
el municipio de Florencia le negó el pago de una nivelación salarial.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte demandada reconocer y sufragar, de manera actualizada, «[…]
la diferencia salarial y prestacional existente entre lo devengado por el [actor]
durante su vinculación con el Municipio de Florencia desde el 3 de octubre de
2013 hasta que se dicte sentencia definitiva y/o mientras dure el vínculo legal
y reglamentario y, los salarios y prestaciones sociales devengados por
funcionarios que se encuentran o se encontraban vinculados a la planta de
personal del Municipio [...] y que desempeñan o desempeñaban similares o
idénticas funciones o responsabilidades a las de [él], tales como profesionales
universitarios y asesores» (sic).

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que «[...] es empleado

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

público, vinculado al Municipio de Florencia, mediante Decreto No. 0533 de
30 de septiembre de 2013, en el nivel profesional, código 219, grado 03 [...]
posteriormente nombrado mediante Decreto No. 0635 del 8 de noviembre de
2013, [...] en el nivel profesional, código 219, grado 01, ambos en
provisionalidad, [...] ha laborado en cobro coactivo de secretaría de hacienda,
transporte y movilidad, oficina jurídica-contratación y defensa judicial [...]»
(sic).

Que el 15 de junio de 2016 «[...] solicitó ajuste y aumento de su salario, y
consecuente pago de acreencias laborales, desde el inicio de sus labores en el
Municipio [...]» (sic), y el 23 de los mismos mes y año «presentó un escrito
complementario, ampliando la solicitud de aumento salarial [...]», lo cual le fue
negado a través de los actos acusados.

Dice que «[...] tanto los asesores como los profesionales universitarios realizan
similares o idénticas funciones a las desarrolladas por [él] durante su
vinculación, tienen las mismas responsabilidades e igual jornada laboral, sin
embargo, son remunerados de una forma distinta, generando una diferencia
salarial y prestacional que se deriva de un trato discriminatorio en material
laboral [...]».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 1º., 2º., 13, 29 y 53 de la
Constitución Política; 143 del Código Sustantivo del Trabajo; 3º. y 42 de la Ley
1437 de 2011 y 34 de la Ley 734 de 2002.

Arguye que su petición se fundamenta en los principios de «trabajo en
condiciones justas», «a trabajo igual, salario igual» y «situación más favorable
al trabajador en caso de duda».

Que la motivación de los actos administrativos «[...] es falsa, pues se basa en
situaciones fácticas inexistentes, pues no se elaboró ningún tipo de estudio de
puesto de trabajo, o de responsabilidades a cargo, que permitieran al asesor
de recursos humanos afirmar que [el actor] percibe un salario acorde a las
funciones realizadas [...]».

1.5 Contestación de la demanda (ff. 129 a 150). El municipio de Florencia
(Caquetá), a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones
y se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos

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Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

son ciertos, otros no y los demás deben demostrarse. Opone las excepciones
que denominó cumplimento de un deber legal, inexistencia de la obligación y
falta de causa para pedir; y afirma que «[…] en la demanda, se hace referencia
a asesores y otros profesionales universitarios, y se hace una liquidación,
donde no se especifica en la misma, con relación a que cargo de la planta de
personal de la Alcaldía se realiza, como tampoco, se especifica con que otros
profesionales universitarios se está comparando, ya que simplemente afirma
que son otros, pero no se estipula si los mismos están en un nivel superior [...]»
(sic).

Aduce que en el Decreto 574 de 26 de octubre de 2013, «“Por el cual se
establece el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para
los empleados de la Planta de Personal de la Alcaldía de Florencia”, es fácil
identificar que las funciones establecidas para el cargo de profesional código
219 grado 1, difieren ampliamente de las de otros cargos de profesional,
profesional especializado y asesor, incluso los requisitos en los otros cargos
son más exigentes, por lo que es posible que el demandante ni siquiera
cumpliera con los requisitos exigidos para el cargo [...]».

1.6 La providencia apelada (ff. 524 a 540). El Tribunal Administrativo del
Caquetá (sala tercera de decisión), mediante sentencia de 15 de mayo de 2018,
negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al estimar que «[…]
según los artículos 122 de la Constitución Política, 13 del Decreto 1042 de
1978 y el 3 de la Ley 4 de 1992, el contenido funcional del empleo, los
conocimientos y requisitos exigidos para su ejercicio determinan la
remuneración mensual correspondiente, por tanto, encontrándose acreditado
que, el hoy actor cumple las funciones del cargo de Profesional Universitario
Código 219 grado 01, pues no se logró probar lo contrario, es apenas natural
que su salario haya sido el correspondiente a dicho cargo [...]» (sic).

Sostiene que «[…] no es aceptable que, con base en simples afirmaciones sin
respaldo probatorio, el demandante pretenda devengar el salario de un empleo
que no le corresponde, como son los Profesionales Universitarios de mayor
grado, Profesionales Especializados y Asesores, cuyas funciones difieren de
las que [él] cumplía [...] y que además, exigen mayores requisitos de estudio o
experiencia que el cargo que ocupaba el demandante [...]» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 544 a 558). Inconforme con el anterior fallo,
el actor, en nombre propio, interpuso recurso de apelación, puesto que «[…]

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Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

con base en el material probatorio allegado al proceso puede determinarse la
existencia de una discriminación salarial en relación con las funciones
ejecutadas atendiendo el principio de la realidad sobre la formalidad [...]»
(sic).

Agrega que existen diferentes razones que configuran la discriminación laboral
y salarial, a saber: «[...] 1) realizar funciones distintas al empleo al que fui
nombrado, 2) ejecutar igual labores de cargos de profesional universitario
con códigos y grados con mayor asignación salarial, 3) tener un mayor
número de procesos que ellos, 4) recibir un trato desigual e inequitativo en la
asignación de labores, y 5) acoso y persecución laboral -todas están
debidamente probadas para que proceda la nulidad de los actos, por las
causales invocadas-» (sic).

Que «[…] inició labores en el área de cobros coactivos de la secretaría de
tránsito y movilidad el [...] (16) de julio de 2014 como profesional universitario
código 219 grado 1, y tenía alrededor de quince (15) meses de experiencia
profesional, y realizó en la realidad las funciones de profesional universitario
-igual categoría- código 219 y grado 03, cargo con el cual se compara, y en el
cual había estado nombrado [...]» (sic); y «[...] desde el inicio de las labores en
el grupo de trabajo de defensa jurídica desarrollé funciones distintas al cargo
nombrado y posesionado, puesto que me encontraba desarrollando funciones
establecidas para el empleo nivel profesional universitario código 219 grado
05, además, y como pasó en el empleo en tránsito tenía sobrecarga laboral,
como quiera que, tenía bajo responsabilidad setenta y tres (73) procesos,
cincuenta (50) más que los asesores, y veinte (20) más que otros profesionales
con mayor salario, situación conocida por la administración municipal en las
peticiones que dieron origen a los actos administrativos demandados [...]»
(sic).

Concluye que «[...] cumplía funciones diferentes al empleo al que fu[e]
posesionado, que exigían mayor responsabilidad, [...] configurándose la causal
de nulidad por falsa motivación, y la violación a las normas en que debería
fundarse en la creación de los actos administrativos objeto de control, al
desconocer la Alcaldía de Florencia las pruebas presentadas en la reclamación
administrativa, y las allegadas al medio de control y que no fueron valoradas,
por lo que, la sala tenía los elementos de juicio para despachar favorablemente
las pretensiones» (sic).

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Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 29 de junio de 2018
(ff. 560 y 561) y admitido por esta Corporación a través de auto de 6 de
noviembre de 2019 (f. 569), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 582), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por el
demandado para reiterar sus argumentos de contestación a la demanda1.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho al
reconocimiento de la nivelación salarial que pretende, pues pese a estar
nombrado en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 1, en su
criterio, desempeñó funciones como profesional universitario, código 219,
grado 3, y asesor.

3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Según acta de grado 6305 de 21 de diciembre de 2012, el demandante es
abogado egresado de la Universidad de la Amazonía (f. 426 c. 2).

b) Decreto 533 de 30 de septiembre de 2013, por el cual el alcalde de Florencia
(Caquetá) nombró en provisionalidad al actor, del 27 de septiembre al 26 de

1
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

octubre de 2013, en el cargo de profesional universitario, código 219, grado 3,
en la secretaría de hacienda municipal (f. 4). Se posesionó el 3 de octubre
siguiente (f. 5).

c) Extractos del Decreto 574 de 26 de octubre de 2013 (ff. 156 a 158), en lo
relativo al propósito principal y las funciones de los cargos de profesional
universitario, código 219, grado 1, en las oficinas asesora jurídica (defensa y
contratación), secretarías de hacienda (fiscalización y cobro coactivo) y de
transporte y movilidad; además, en cuanto al asesor, código 115, grado 18, y
los profesionales especializado, código 222, grado 12, y universitario, código
219, grados 3 y 5.

d) Decreto 635 de 8 de noviembre de 2013 (ff. 6 a 7), por medio del que la
alcaldesa de Florencia nombró en provisionalidad al accionante como
profesional universitario, código 219, grado 1, de la planta de personal del
municipio.

e) Oficios S.A. ORH.1-14-0833 de 13 de agosto de 2014 y S.A ORH-
893 de 28 de los mismos mes y año (ff. 56 y 57), emitidos por la asesora de la
secretaría administrativa de la alcaldía de Florencia, en los que le informa al
demandante que la administración municipal se encuentra en proceso de ajuste
de planta de personal y, una vez finalizado, se asignará el personal autorizado
para cada dependencia.

f) El 10 de septiembre de 2014 el libelista solicitó de la secretaría administrativa
del aludido municipio «apoyo humano, adecuación, conservación y cuidado de
expedientes» (ff. 43 a 48) y el 22 de octubre siguiente insistió en tal petición (f.
49).

g) Oficio STM-C.C./030 de 16 de marzo de 2015 (f. 53), por conducto del cual
el actor, junto con otro empleado del mencionado ente territorial, reclamaron
del secretario de transporte y movilidad «el traslado del auxiliar administrativo,
profesional universitario, o contratista que apoyará el proceso administrativo
de cobro coactivo, como quiera que la cantidad de procesos conocidos por esta
oficina rebosa la capacidad laboral [...]». Dicha solicitud fue reiterada el 24 de
abril siguiente a través de correo electrónico (ff. 54 y vuelto ibidem).

h) Informes de procesos judiciales a cargo, elaborados por el accionante durante
el año 2016 (ff. 21 a 42).

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Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

i) Oficio S.A. ORH.96 de 1º. de febrero de 2016, en el que se le informa al
demandante que a partir de la fecha prestaría servicios en la oficina asesora
jurídica de Florencia (f. 66).

j) En escrito de 15 de junio de 2016 (f. 8), el actor pidió de la oficina de talento
humano de Florencia «[...] un ajuste de [su] salario actual conforme a la carga
en la oficina jurídica, defensa judicial, y pago de los demás salarios y
prestaciones sociales, de acuerdo a la labor desempeñada [...]». El 23 de junio
de 2016 (ff. 9 a 10 vuelto), presentó «ampliación y complementación» de esa
reclamación.

k) Oficio S.A. ORH-699 de 30 de junio de 2016 (f. 12), suscrito por el asesor
de la secretaría administrativa de la alcaldía de Florencia, a través del cual se
niegan las anteriores solicitudes, por cuanto «[...] hay una planta establecida
con sus asignaciones salariales, código y grado según escala y que para la
vigencia 2016 se fijó según decreto Nº 0308 del 3 de mayo de 2016. El salario
y la carga laboral están de acuerdo al código y grado que ostente el
funcionario, pues en el momento de posesionarse en el cargo, se dan a conocer
las condiciones y se firma un acta de posesión como aceptación del mismo [...]».

l) Acta de 13 de junio de 2016 (ff. 75 a 78), firmada entre la jefe de la oficina
jurídica de la alcaldía de Florencia y varios empleados de esa dependencia, en
la cual se definieron las funciones que cumplían los asesores de las áreas de
contratación y defensa judicial y la forma como se realizaría el reparto en lo
sucesivo; al actor se le asignaron las «cuentas de cobro» y a los otros
profesionales diferentes asuntos.

m) Decreto 345 de 29 de junio de 2016 (ff. 221 a 225), proferido por el alcalde
de Florencia, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 573 de 2013 y se
deroga el 359 de 2015, relativo a la planta de personal y sus funciones.

n) El 15 de julio de 2016, el accionante, junto con otra empleada, informaron
al alcalde inconformidades por mal ambiente laboral, carga excesiva, inequidad
y trabajo innecesario (ff. 71 a 73) y el 19 siguiente requirieron del mismo
funcionario respuesta frente a la queja por acoso laboral que habían presentado
el 20 de junio anterior (f. 74).

o) Oficio S.A. ORH-794 de 10 de agosto de 2016 (f. 20), emitido por el
asesor de la secretaría administrativa de la citada alcaldía, en el que resuelve el
recurso de reposición (ff. 3 a 19), interpuesto por el demandante contra el oficio
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Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

S.A. ORH-699 de 30 de junio de 2016 y lo confirma.

p) El referido asesor certificó el 30 de enero de 2017 (ff. 217 a 218) el propósito
principal y las funciones esenciales del profesional universitario, código 219,
grado 3, de la oficina jurídica, así:

PROPOSITO PRINCIPAL: Ejecutar y realizar el seguimiento a las
actividades relacionadas con la contratación pública del Municipio, de
conformidad con las normas legales vigentes.

FUNCIONES ESENCIALES:

1. Realizar las actividades asociadas al proceso de contratación de la
entidad, según el marco legal institucional.
2. Organizar y promover la organización de documentos inherente a los
inicio e impulso de procesos de contratación, licitaciones o concurso de
méritos, tendientes a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y
seguros que requiera la entidad, así como el manejo de la base de datos de
registro, seguimiento y control de la contratación estatal (Sistema
Electrónico de Contratación Pública) de conformidad con las necesidades
institucionales, el plan de contratación y la normatividad aplicable.
3. Desarrollar, recomendar y revisar las acciones, que deben adoptase
durante la elaboración, legalización, ejecución y liquidación de los
contratos del Municipio para su ajuste a la normatividad vigente.
4. Apoyar a las dependencias en la formulación de términos de referencia,
pliegos de Condiciones y estudios previos necesarios para la elaboración
de contratos según los parámetros normativos vigentes.
5. Participar en la realización de los trámites administrativos necesarios
para la celebración de contratos o convenios que debe firma el alcalde, de
conformidad con las necesidades de la dependencia.
6. Presentar los informes que le sean requeridos en términos de la ley o los
procedimientos lo indiquen u obliguen.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean
acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño [sic para toda
la cita].

q) En constancia de 18 de julio de 2017 (ff. 226 a 228), el aludido asesor da
cuenta de que el señor Cano Morera «presta sus servicios al municipio de
Florencia» de la siguiente manera:

En el cargo de profesional universitario código 219 grado 03 en
nombramiento provisional, en vacante temporal, en el periodo
comprendido entre el 3 octubre de 2013 al 26 de octubre de 2013 según
decreto N° 0533 del 30 de septiembre de 2013 mientras duró la licencia
no remunerada concedida al titular del cargo [...] desempeñando las
siguientes funciones:

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

PROPÓSITO PRINCIPAL: Ejecutar oportunamente las resoluciones en
firme expedidas por tesorería a través de los procesos de cobro coactivo
encaminados al recaudo eficiente de la cartera del Municipio de
Florencia, conforme al reglamento interno de cartera, y el estatuto
tributario nacional y el estatuto tributario Municipal.

FUNCIONES ESENCIALES:

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control
de planes y programas del área, conforme los lineamientos impartidos.
2. Realizar periódicamente depuración de la cartera, realizando los autos
de archivo y levantamiento de las medidas cautelares a que haya lugar,
de conformidad con la normatividad aplicable.
3. Expedir los mandamientos de pago y realizar las diferentes
notificaciones hasta que queden debidamente ejecutoriados, conforme
los procedimientos establecidos.
4. Estudiar, evaluar y contestar las excepciones y los recursos que
interpongan los contribuyentes contra los mandamientos de pago,
conforme los términos señalados por el estatuto tributario.
5. Realizar los embargos, secuestros, ordenar avalúos y demás
procedimientos hasta el remate en caso que sea necesario, de los bienes
muebles e inmuebles de propiedad o posesion del deudor, para garantizar
el pago de la obligación, conforme lo señalado por el estatuto Tributario.
6. Presentar los informes que le sean requeridos, de conformidad con los
términos que la Ley o la autoridad competente lo indiquen y obliguen.
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén
acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

En el cargo de Profesional Universitario, código 219 grado 01, del 8 de
noviembre de 2013 a la fecha, desempeñando las siguientes funciones:

En la Oficina Asesora Jurídica: Contratación: del 8 de noviembre
de 2013 al 1 de julio de 2014

PROPÓSITO PRINCIPAL: Ejecutar y realizar el seguimiento a las
actividades relacionadas con la contratación pública del Municipio, de
conformidad con las normas legales vigentes.

FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar las actividades asociadas al proceso de contratación de la
entidad, según el marco legal institucional.
2. Organizar y promover la organización de documentos inherentes a la
apertura de procesos de contratación, licitaciones o concurso de méritos,
tendientes a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y seguros que
requiera la entidad, de conformidad con las necesidades institucionales,
el plan de contratación y la normatividad aplicable.
3. Apoyar a las dependencias en la formulación de términos de
referencia, pliegos de condiciones, necesarios para la elaboración de
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Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
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Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

contratos según los parámetros normativos vigentes.
4. Participar en la realización de los trámites administrativos necesarios
para la celebración de contratos o convenios que debe firmar el alcalde,
de conformidad con las necesidades de la dependencia.
5. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean
acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

En la Secretaría de Transporte y Movilidad desde el 2 de julio de 2014 al
2 de febrero de 2016

PROPOSITO PRINCIPAL Adelantar procesos de cobro coactivo a
infractores de tránsito y transporte de conformidad con la normatividad
sustancial y procesal vigente.

FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar conceptos en el pronunciamiento de fallos de primera y única
instancia, a petición del superior inmediato y conforme a la normatividad
vigente.
2. Proyectar respuestas a recursos de reposición interpuestos dentro de
las audiencias públicas, así como proyectar acuerdos de pago, de
conformidad con los lineamientos y normatividad aplicable.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar en temas de tránsito y transporte,
circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas,
ciclistas, efectivos de tránsito, agentes de tránsito y vehículos por las vías
públicas y privadas abiertas al público.
4. Realizar el proceso de cobro coactivo de las sanciones económicas
impuestas a infractores de tránsito y transporte, de conformidad con los
lineamientos institucionales y normatividad aplicable.
5. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén
acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

En la Oficina Asesora Jurídica: Defensa Judicial: del 3 de febrero
de 2016 a la fecha.

PROPOSITO PRINCIPAL: Preparar y realizar el seguimiento a los
procesos judiciales y extrajudiciales en los que se ve involucrada la
Administración Municipal, dentro de los términos y el marco legal
vigente.

FUNCIONES ESENCIALES:

1. Apoyar a la oficina en los asuntos jurídicos en que interviene la
Alcaldía, según los requerimientos de estos, su competencia y la
normatividad aplicable, representando judicial y extrajudicialmente al
Municipio de conformidad con el poder otorgado.
2. Proyectar respuestas a consultas y conceptos de conformidad con la
normatividad y los procedimientos institucionales aplicables.
3. Mantener organizada y actualizada la información de los expedientes
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resultantes de las actuaciones administrativas o procesos judiciales a su
cargo, de conformidad con los procedimientos aplicables.
4. Brindar asesoría jurídica a las demás dependencias de la entidad según
los requerimientos que estas presenten, de conformidad con los
procedimientos aplicables.
5. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén
acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.

Que la jornada laboral es la siguiente: de lunes a jueves de 7:00 am a 12
m y de 2:00 pm a 6 pm y el viernes de 7 am a 12 m y de 2:00 pm a 5 pm
[sic para toda la cita].

r) De acuerdo con acta de grado 10312 (f. 425 c. 2), el accionante obtuvo el 24
de febrero de 2017 el título de especialista en derecho contencioso-
administrativo de la Universidad de la Amazonía.

s) Oficio S.A. ORH-0648 de 11 de julio de 2017 (ff. 232 a 233), por el cual la
oficina de recursos humanos de la alcaldía de Florencia le comunicó al
demandante que «[...] a partir de la fecha y por necesidad del buen servicio,
debe continuar prestando sus servicios de Profesional Universitario código
219 grado 01 en la secretaría de EDUCACIÓN MUNICIPAL [...]» (sic).

t) El 5 de octubre de 2017 la secretaría administrativa de la mencionada entidad
territorial informó (f. 7 c. 4) que en el cargo de profesional universitario, código
219, grado 1, el accionante se desempeñó en las siguientes dependencias:

En la Oficina Asesora Jurídica: Contratación: del 8 de noviembre
de 2013 al 1 de julio de 2014.

En la Secretaría de Transporte y Movilidad desde el 2 de julio de 2014 al
2 de febrero de 2016.

En la Oficina Asesora Jurídica: Defensa Judicial: del 3 de febrero
de 2016 al 31 de julio de 2017.

En la Secretaría de Educación: Área Jurídica: del 11 de julio de 2017 al 1
de agosto de 2017.

En la Secretaría de Hacienda: Oficina de Tributos: del 2 de agosto
de 2017 a la fecha [sic para toda la cita].

u) En el curso del proceso se recibieron el interrogatorio del accionante y los
testimonios de las señoras Luisa Yaneth Hincapié Vargas, Lina Constanza
Pérez Penagos y Ángela Patricia Marín Rojas (ff. 478 a 486 y CD en f. 487),
quienes fueron compañeros de trabajo y dan fe de que la carga laboral y los
11

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

procesos al interior de la entidad territorial se asignaban por reparto en igualdad
de condiciones a todos los profesionales, independientemente del grado en el
que estuvieran nombrados; que se presentaron diferentes escritos en los que se
exponía el exceso de trabajo y la inequidad en el reparto de cargas laborales
frente a los contratistas y los asesores. El primer deponente expresó que trabajó
para el municipio hasta el 31 de octubre de 2017.

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante (i)
fue inicialmente nombrado en provisionalidad en el municipio de Florencia, del
3 al 26 de octubre de 2013, como profesional universitario, código 219, grado
3, en la secretaría de hacienda; luego, se desempeñó como profesional
universitario, con el mismo código, grado 1, y prestó servicios en las oficinas
asesora jurídica y de contratación (8 de noviembre de 2013 a 1º. de julio de
2014), la secretaría de transporte y movilidad (2 de julio de 2014 a 2 de febrero
de 2016), la oficina jurídica - defensa judicial (3 de febrero de 2016 a 10 de julio
de 2017), la secretaría de educación (11 de julio a 1º. de agosto de 2017) y la
secretaría de hacienda - tributos (2 de agosto a 31 de octubre de 2017); (ii) que
es abogado desde el 21 de diciembre de 2012 y se graduó como especialista en
derecho administrativo el 24 de febrero de 2017; (iii) presentó en varias
oportunidades solicitudes de mejoramiento en las condiciones laborales y de
remuneración de su empleo; y (iv) a través de los oficios S.A. ORH-699 de 30
de junio y S.A. ORH-794 de 10 de agosto, ambos de 2016, la alcaldía de la
citada entidad territorial le negó el ajuste de su salario y las prestaciones
sociales, que solicitó para que fueran correspondientes al cargo de profesional
universitario, código 219, grado 3, y al empleo de asesor de las distintas
dependencias en las que trabajó.

Principio de remuneración proporcional a la cantidad y calidad de trabajo:
derecho a la igualdad por discriminación salarial. Frente a este principio,
alegado como vulnerado por el demandante, la Corte Constitucional es del
criterio que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde
con los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo entre
quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la diversidad
de reglas cuando se trata de hipótesis distintas; así discurrió:

El artículo 53 de la Constitución señala perentoriamente principios
mínimos que el legislador debe tener en cuenta cuando dicte las normas
integrantes del Estatuto del Trabajo y uno de ellos es justamente aquel
según el cual todo trabajador tiene derecho a una remuneración mínima,
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, aspecto
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Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

éste último que se expresa, como lo ha venido sosteniendo la Corte, en
términos de igualdad: “a trabajo igual, salario igual”.

[…]

Debe observarse que la indicada norma constitucional, además de estar
encaminada a la protección especial del trabajo en condiciones dignas
y justas, es un desarrollo específico del principio general de la igualdad
(artículo 13 C.P.), inherente al reconocimiento de la dignidad humana,
que impone dar el mismo trato a las personas que se encuentran en
idéntica situación aunque admite la diversidad de reglas cuando se trata
de hipótesis distintas.

Como la Corte lo ha manifestado, no se trata de instituir una
equiparación o igualación matemática y ciega, que disponga
exactamente lo mismo para todos, sin importar las diferencias fácticas
entre las situaciones jurídicas objeto de consideración. Estas, por el
contrario, según su magnitud y características, ameritan distinciones y
grados en el trato, así como disposiciones variables y adaptadas a las
circunstancias específicas, sin que por el sólo hecho de tal diversidad se
vulnere el postulado de la igualdad ni se desconozcan los mandatos
constitucionales.

Pero -claro está- toda distinción entre las personas, para no afectar la
igualdad, debe estar clara y ciertamente fundada en razones que
justifiquen el trato distinto. Ellas no procederán de la voluntad, el
capricho o el deseo del sujeto llamado a impartir las reglas o a
aplicarlas, sino de elementos objetivos emanados cabalmente de las
circunstancias distintas, que de suyo reclaman también trato adecuado
a cada una.

Así ocurre en materia salarial, pues si dos trabajadores ejecutan la
misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos
horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la
misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del
patrono hacia uno de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al
equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con
la cantidad y calidad de trabajo3.

En ese orden de ideas, para que se configure la igualdad en materia salarial entre
trabajadores, se requiere que concurran los siguientes supuestos fácticos: (i) que
ejecuten la misma labor, (ii) tengan igual categoría, (iii) cuenten con idéntica
preparación, (iv) coincidan en el horario y (v) sus responsabilidades sean

3
Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
13

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
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iguales4.

En similar sentido, lo ha reiterado también esta Corporación, con la aclaración
de que corresponde al interesado en la nivelación salarial acreditar los requisitos
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional, así:

En este orden de ideas, para obtener el reconocimiento del salario de
Médico Especialista Grado 40, le correspondía al demandante acreditar
fehacientemente que ejecutaba la misma labor, tenía la misma
categoría, contaba con la misma preparación y tenía las mismas
responsabilidades de un empleado vinculado a dicho cargo, lo cual no
aparece acreditado dentro del proceso […]

[…]

No resulta viable acceder a la pretensión de nivelación salarial del actor,
toda vez que el cargo por él desempeñado era el de Médico Especialista
Grado 38 y no Grado 40. Recalca la Sala que las exigencias para ocupar
ambos cargos varían en cuanto la experiencia profesional requerida,
siendo que es la misma norma[…] la que trae una distinción particular
dentro de estos perfiles, siendo esta razón más que suficiente para
justificar un trato desigual en las asignaciones salariales para uno y otro,
puesto que no se trata de dos cargos que están en igualdad de
características, puesto que uno tiene exigencias más gravosas que el
otro, por lo tanto, la escala salarial de uno no será igual al de otro.5

De los referidos derroteros jurisprudenciales, aterrizados al caso concreto, se
infiere que el principio constitucional a la igualdad en materia de nivelación
salarial, se predica desde la perspectiva de criterios objetivos que cobran
distancia de los meramente formales, pues de la abstracción generalizada frente
a un cargo que pertenece a un mismo nivel, pero que no corresponda al mismo
código o grado del que se procura su homologación, no resulta dable la
homogeneidad entre iguales, toda vez que ello conduce a situaciones desiguales.

En ese orden de ideas, de los antecedentes y pruebas que estructuran este
pronunciamiento, se tiene que el demandante, a partir del 8 de noviembre de
2013, ejerció el cargo de profesional universitario código 219, grado 1, adscrito
a las oficina asesora jurídica (áreas de contratación y defensa judicial) y a las

4
Estas reglas jurisprudenciales fueron reiteradas por la Corte Constitucional en la sentencia T-067 de 2001, M.
P. Alejandro Martínez Caballero.
5
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 13 de
febrero de 2014, radicación 05001-23-31-000-2006-02895-01(0042-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
También se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda,
subsección A, sentencia de 9 de diciembre de 2019, expediente 76001-23-31-000-2011-00572-01(4858-18).
14

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
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Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

secretarías de transporte y movilidad, educación y hacienda, y en esa condición,
deduce la Sala, pretende ser nivelado salarialmente a los empleos de profesional
universitario, código 219, grado 3, y a los asesores que ejercían la coordinación
de esas dependencias, sin que haya acreditado de manera específica que ejecutó
a cabalidad las mismas funciones que se asignaron por decreto a alguno de esos
dos cargos, en qué época exacta lo hizo en cada uno de esos empleos (pues era
improbable que los desempeñara en forma simultánea), que contaba con igual
preparación y experiencia que los servidores que se encontraban allí nombrados,
y que las cargas a él impuestas fueron idénticas frente a sus presuntos pares.

En efecto, de las certificaciones suscritas por el asesor de la secretaría
administrativa de la alcaldía de Florencia, concernientes al propósito principal
y las funciones esenciales asignadas al accionante en cada una de las
dependencias de la planta global del ente territorial en las que se desempeñó,
comparadas con las del profesional universitario, código 219, grado 3, no es
dable concluir objetivamente que él haya ejercido idénticas actividades o que le
fueran asignadas todas las responsabilidades de ese cargo. Es cierto que se
podían cumplir tareas similares, habida cuenta de que los dos empleos son del
nivel profesional y la diferencia radica en el grado, pero es claro que, en virtud
de lo establecido en el Decreto 574 de 20136, existían aspectos disímiles en
cuanto a las labores y requisitos que se exigían para cada empleo y la semejanza
funcional no habilita el desconocimiento de los grados existentes en la
estructura administrativa de las entidades del Estado, ni permite que por ello
todos los servidores de un mismo nivel reciban igual remuneración.

De los medios de prueba que obran en el plenario resulta innegable que el actor
se encontraba inconforme con varias de sus condiciones laborales, en especial
con la cantidad de tareas que le eran designadas, las cuales consideraba
excesivas, no obstante, aunque él adelantó las quejas pertinentes por acoso
laboral, tal asunto per se no acredita los requisitos que se deben satisfacer para
que se configure el derecho a la nivelación salarial.

Por otro lado, tampoco se puede desconocer que el accionante entre el 8 de
noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2017 se desempeñó en diferentes
dependencias de la planta global del municipio, lo cual genera más dudas en el
sentido de que en esas vinculaciones, a pesar de estar nombrado como
profesional universitario, código 219, grado 1, sus superiores de manera retirada

6
«Por el cual se establece el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la alcaldía de Florencia».
15

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
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le hayan asignado irregularmente idénticas funciones y cargas laborales de un
grado 3 o superior, e incluso de un asesor, como lo aduce en la demanda.

Así las cosas, la Sala, contrario a lo afirmado por el apelante, no encuentra
demostrada la falsa motivación de la Administración, la violación de la primacía
de la realidad o la existencia de discriminación salarial frente al demandante,
pues él estaba nombrado como profesional universitario, código 219, grado 1,
y no se advierte que el trato diferenciado en torno a la remuneración de quienes
desempeñaban el mismo cargo y código, pero en el grado 3, quebrante el
derecho a la igualdad en materia salarial.

Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 20167, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma.

7
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16

Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
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Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en
el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al
no predicarse tal proceder del accionante, se revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, que negó las súplicas de la demanda, y revocará la condena en costas,
que incluye las agencias en derecho, impuesta al demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 15 de mayo de 2018 proferida por
el Tribunal Administrativo del Caquetá (sala tercera de decisión), que negó las

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Expediente: 18001-23-33-000-2017-00064-01 (3889-2018)
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Joan Sebastián Cano Morera contra el municipio de Florencia (Caquetá)

súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Joan Sebastián
Cano Morera contra el municipio de Florencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2º. Revócase la condena en costas impuesta al demandante, que incluye las
agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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