Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2017-00067-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2017-00067-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 18001-23-33-000-2017-00067-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
Demandante: Departamento del Caquetá – Secretaría de Educación
Departamental
Demandado: Nación–Rama Judicial
Proceso: Medio de control de reparación directa
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-En eventos de error judicial se computa
desde el día siguiente de la ejecutoria de la sentencia contentiva del yerro. EJECUTORIA DE SENTENCIAS DE
TUTELA-Ocurre cuando la Corte Constitucional la excluye de la revisión eventual o, habiéndola seleccionado,
con la ejecutoria de la sentencia de revisión que emita. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR
JUDICIAL-Se exige que la providencia a la que se le acusa de contener el error esté en firme. DAÑOS
CAUSADOS POR PROVIDENCIAS NO EJECUTORIADAS-Se analiza bajo la óptica de la falla en el servicio.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – se transgrede al condenar por conceptos distintos a los pretendidos.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, Nación – Rama Judicial, en contra de la sentencia de 6 de agosto de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá – Sala Primera de
Decisión, mediante la cual se resolvió:
PRIMERO.DECLARAR que, en el proceso de referencia, la magistrada Ana María
Lozada Vásquez se encuentra incursa en la causal de impedimento establecida en
el numeral 3 del artículo 141 del Código General del Proceso. En consecuencia, se
ACEPTA el impedimento formulado.
SEGUNDO.SEPARAR a la magistrada Ana María Lozada Vásquez del
conocimiento del proceso correspondiente al presente medio de control cuyo
impedimento se acepta en los términos de esta providencia.
TERCERO.DECLARASE no probadas las excepciones de inexistencia de perjuicios
e inexistencia de nexo de causalidad propuestas por la demandada Nación-Rama
Judicial.
CUARTO.DECLARASE patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial
por los perjuicios ocasionados al Departamento del Caquetá – Secretaría de
Educación Departamental, como consecuencia del error judicial en que incurrió el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia al proferir la sentencia del 1 de
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Demandante: Departamento del Caquetá – Secretaría de
Educación Departamental
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
julio de 2014 dentro de la acción de tutela promovida por el señor Jhon Jairo Claros
Murcia y Otros en contra de la entidad hoy demandante.
QUINTO.CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial a pagar al Departamento del
Caquetá- Secretaría de Educación Departamental del Caquetá los perjuicios
materiales sufridos en la modalidad de daño emergente, el cual será liquidado de
conformidad con los parámetros expuestos en la parte motiva de esta sentencia. El
incidente de liquidación de perjuicios deberá ser incoado dentro de sesenta (60) días
siguientes a la ejecutoria de esta decisión.
SEXTO. Negar las pretensiones del llamamiento en garantía efectuado en contra
del doctor José William González Zuluaga.
SÉPTIMO. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demandada.
OCTAVO. Sin condena en costas en esta instancia.
NOVENO. En firme la presente decisión, archívese el expediente, previas las
anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI y en la base de datos
del despacho 01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno al alegado error judicial contenido en la
sentencia de tutela emitida el 1 de julio de 2014, por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Florencia, al ordenar al departamento del Caquetá que pagara la
suma de $1.442’489.316 por concepto de días compensatorios adeudados a los 63
trabajadores de la planta administrativa de la Secretaría de Educación
Departamental, sentencia que fue revocada en segunda instancia mediante fallo del
6 de noviembre de 2014, dictado por el Tribunal Superior del Distrito judicial de
Florencia, en el que consideró que la providencia impugnada fue contraria a
derecho.
Se afirma que el error judicial generó un daño antijurídico, dado que el ente territorial
procedió a pagar la condena allí dispuesta antes de que el fallo que le sirvió de
fundamento fuera revocado.
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 17 de marzo de 2017, el departamento del Caquetá – Secretaría de Educación
Departamental presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación–
Rama Judicial por los perjuicios derivados del error judicial en el que se incurrió por
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Asunto: Reparación directa
el Juzgado Segundo Laboral de Florencia, al proferir la sentencia de tutela del 1 de
julio de 2014, en los siguientes términos:
“1. Que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, sea declarada administrativa y
patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados al DEPARTAMENTO
DEL CAQUETÁ como consecuencia del error judicial cometido por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Florencia – Caquetá, tras ordenar mediante fallo de
tutela de fecha 1 de julio de 2014 el pago de compensatorios adeudados a 63
Administrativos de la Secretaría de Educación Departamental, pese al incumplimiento
de los requisitos de procedibilidad de la acción constitucional (inmediatez,
inexistencia de otros mecanismos judiciales de defensa o inminencia de perjuicio
irremediable) y sobre todo la prescripción de los derechos reclamados.
2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL a la indemnización de los perjuicios materiales causados al
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ mediante el pago de MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($1.442’489.316), correspondiente al
valor que el Departamento del Caquetá, en cumplimiento del fallo de tutela de fecha
1 de julio de 2014, canceló por concepto de compensatorios adeudados a los 63
administrativos de la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental
que ejercieron acción constitucional.
3.- Que se condena a la NACIÓN RAMA JUDICIAL al ajuste de la suma anterior,
tomando como base el Índice de Precios al Consumidor y aplicando para ello la
siguiente fórmula.
(…).
“4.- Las sumas aquí causadas devengará los intereses previstos en los artículos 192
inciso 3, 195 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011, se ejecutarán en los términos
establecidos en el artículo 192 inciso 1 y 2 y se tramitará su pago de acuerdo al
artículo 195 numeral 1, 2 y 3 ibidem”.
Como hechos de la demanda, se expuso que, en junio de 2014, Jhon Jairo Claros
Murcia y 62 personas que hacían parte de la planta administrativa de la Secretaría
de Educación Departamental del Caquetá instauraron acción de tutela contra ese
departamento para que se ampararan sus derechos a la igualdad, trabajo, debido
proceso, dignidad humana, mínimo vital y prestaciones sociales, en conexidad con
el derecho a la seguridad social y, en consecuencia, se procediera al pago de los
días compensatorios adeudados.
Mediante sentencia del 1 de julio de 2014, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Florencia – Caquetá, sin tener en cuenta los argumentos de defensa presentados
oportunamente por el ente territorial, amparó los derechos fundamentales invocados
y ordenó al Secretario de Educación Departamental del Caquetá que, en el término
de cuarenta y ocho horas, procediera a cancelar la totalidad de los compensatorios
adeudados a los accionantes.
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Asunto: Reparación directa
El 2 de julio de 2014 se notificó la anterior decisión al departamento del Caquetá,
entidad que el 7 de julio siguiente presentó impugnación en su contra,
argumentando que: i) la tutela era improcedente para solicitar el pago de
prestaciones sociales; ii) no se demostró la vulneración de derechos fundamentales;
iii) no se atendieron los argumentos de defensa; iv) se desconoció la cosa juzgada.
Señaló que, pese a lo anterior, el 14 de julio de 2014 se dejó constancia en el
expediente de que el fallo había cobrado ejecutoria, tras haberse guardado silencio
por la parte vencida en el término respectivo para impugnarlo que había vencido el
día 9 de ese mes y año.
En providencia del 26 de agosto siguiente, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Florencia abrió incidente de desacato en contra de la Secretaría de Educación
Departamental por haber desobedecido lo ordenado en la referida sentencia de
tutela, a lo que el oficiado contestó que no contaba con los recursos para su
cumplimiento.
El 3 de septiembre de esa misma anualidad, el departamento del Caquetá interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia por no
haber resuelto la impugnación presentada contra el fallo del 1 de julio de 2014,
omisión con la cual se vulneró el derecho al debido proceso, al derecho de defensa
y de contradicción.
La anterior acción de tutela correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Caquetá, instancia que en providencia del 18 de septiembre de 2014 ordenó al
juzgado resolver la concesión de la impugnación interpuesta contra la sentencia del
1 de julio de 2014.
Al mes siguiente, la gobernadora del Caquetá, mediante Decreto 000908 de 17 de
octubre de 2014, en cumplimiento de la sentencia de tutela del 1 de julio de 2014,
ordenó el reconocimiento y pago de los días compensatorios adeudados a 63
miembros del personal administrativo, en cuantía de $1.442’489.316.
El 6 de noviembre de 2014, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Florencia
revocó la sentencia del 1 de julio de 2014, dictada por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito, por considerar que en este asunto la acción de tutela era improcedente,
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no se había cumplido el requisito de inmediatez, tampoco se había demostrado un
perjuicio irremediable, ni se habían vulnerado los derechos fundamentales
alegados.
El 26 de noviembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión
proferida el 18 de septiembre de 2014, por el que se había ordenado resolver la
concesión de la apelación omitida.
De acuerdo con la narración del actor, la sentencia del Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Florencia constituyó un error judicial, por la escasa argumentación
jurídica en que se fundó y por su manifiesta oposición a la ley y a la jurisprudencia,
toda vez que dejó de lado la improcedencia de ese instrumento constitucional ante
la existencia de otros mecanismos judiciales, tampoco se evidenciaba un perjuicio
irremediable y el amparo adolecía de inmediatez.
Contestación de la demanda
Por medio de apoderado judicial y de manera oportuna, la Nación – Rama Judicial
contestó la demanda aduciendo en su defensa que no era cierto que el
departamento del Caquetá hubiera allegado contestación a la acción de tutela, lo
que llevó a que su oposición no fuera tenida en cuenta en el fallo contentivo del
alegado error judicial.
Agregó que el escrito de impugnación presentado en contra de la sentencia de tutela
fue dirigido a otro despacho judicial, cuestión que llevó a que el recurso fuera
remitido al despacho de conocimiento dos días después de haberse proferido la
decisión.
Adujo que el departamento de Caquetá ordenó el pago dispuesto en el fallo de tutela
de manera apresurada, sin que esta decisión hubiera cobrado ejecutoria por no
haberse resuelto el recurso interpuesto en su contra.
Además, propuso las excepciones de inexistencia de perjuicios, inexistencia de
nexo causal, culpa exclusiva de la víctima y el hecho del tercero.
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Adicionalmente, formuló llamamiento en garantía al doctor José William González
Zuluaga, quien para la época de los hechos de la demanda fungía como Juez
Segundo Laboral del Circuito de Florencia y fue quien admitió la acción de tutela
que le dio origen a este litigio.
El citado llamamiento fue admitido mediante auto del 10 de noviembre de 2017 por
el tribunal a quo.
Llamado en garantía José William González Zuluaga
El doctor José William González Zuluaga allegó memorial dentro del término legal,
en el que se pronunció frente a los fundamentos del llamamiento, argumentando
que los días 18 y 19 junio de 2014, fecha en que se intentó la notificación de la
admisión de la acción de tutela, la atención al público de las dependencias estatales
fue irregular porque se estaban llevando a cabo fiestas sanpedrinas organizadas
por la gobernación del Caquetá y se trasmitió el partido de fútbol Colombia versus
Costa de Marfil en desarrollo del mundial Brasil 2014, por lo que solo hasta el 25 de
junio se pudo surtir esa diligencia. Precisó que, en todo caso, la contestación a la
tutela no se presentó dentro del plazo previsto por el legislador, sino con
posterioridad a haberse emitido el fallo.
Alegó que no era cierto que hubiera existido cosa juzgada, pues la otra acción se
fundaba en supuestos distintos. Añadió que funcionarios de la gobernación del
Caquetá alteraron los sellos de recibo de la impugnación, de suerte que en realidad
no se interpuso en la oportunidad consagrada por el ordenamiento.
Excepcionó caducidad de la acción, improcedencia de la acción y del llamamiento,
inexistencia del daño, inexistencia de imputación y causa extraña.
Sentencia de primera instancia
El 6 de agosto del 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Primera de
Decisión-, profirió sentencia en la que resolvió el litigio en la forma transcrita al inicio
de esta providencia.
Inició por referirse al marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del
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Estado por error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, luego de lo cual aludió a los hechos probados del proceso.
Visto lo anterior, consideró que el daño se concretaba en el menoscabo económico
sufrido por el departamento del Caquetá, materializado en el pago indebido de días
compensatorios a 63 funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación
Departamental en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 1 de julio de 2014 por
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia, aunando que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la interposición de la
impugnación en contra de la sentencia de tutela de primera instancia no impedía el
cumplimiento inmediato de la misma.
Respecto del presupuesto necesario para que procediera la declaración de
responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional —esto es, que el error
constara en una providencia judicial contra la cual se hubieran agotado los recursos
ordinarios legalmente establecidos—, observó que en el presente caso dicho
requisito había sido satisfecho.
Explicó que la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Florencia el 1 de julio de 2014 fue objeto de impugnación por parte de la entidad
que actualmente actúa como demandante, lo que dio lugar a la emisión de la
sentencia del 6 de noviembre de 2014 por parte del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia. Además, el proceso fue excluido de revisión por parte de la
Corte Constitucional, lo que reforzaba el cumplimiento del requisito procesal exigido.
Acerca de ese aspecto puntualizó que pesar de que la sentencia de tutela del 1 de
julio de 2014 –proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia–
perdió su firmeza por virtud de lo decidido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Florencia el 6 de noviembre del 2014 que la revocó, también era cierto que, al
haberse concedido la impugnación en el efecto devolutivo, tal como lo disponían las
normas pertinentes del Decreto 2591 de 1991, las consecuencias del
pronunciamiento judicial enervado por el juez de tutela en segundo grado,
sobrevivieron a la pérdida de firmeza de aquél y, en ese orden, también se entendía
satisfecho el requisito.
Acto seguido, destacó que la actuación del Juez Segundo Laboral del Circuito
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Judicial de Florencia, condensada en la sentencia de tutela del 1 de julio de 2014,
fue contraria a las normas que regían el trámite de las acciones de tutela, en tanto
fue errónea e irrazonablemente causó un daño.
Reprochó que el fallo de tutela concluyera que existía un perjuicio irremediable,
sustentado en que el pago del día compensatorio no implicaba un aspecto
económico, guardando relación en cambio “con la salud física y emocional y el
hecho de no compartir un domingo con la familia” y con un daño emocional y un
abuso por parte de la administración. Para el Tribunal, tales ideas resultaban
abiertamente equivocadas si se tenía en cuenta que, tal como se refirió en la
jurisprudencia traída a colación, la verificación del perjuicio irremediable, como
requisito de procedencia del amparo de tutela, exigía determinar en cada caso
particular si concurrían circunstancias que suprimieran por completo, o limitaran en
una intensidad inaceptable, el goce de los derechos fundamentales. Sumó que no
existía prueba de la afectación física y emocional de los demandantes por la falta
de pago de los compensatorios.
Enfatizó que los accionantes en tutela no lograron acreditar que se encontraban en
una situación que implicara un peligro inminente o un perjuicio irremediable
transgresor del goce efectivo de sus derechos fundamentales, y que, por su
gravedad y urgencia, no pudiera ser atendida a través de los mecanismos ordinarios
de defensa judicial. Si bien es cierto que la entidad empleadora les adeudaba sumas
de dinero por concepto de días compensatorios —los cuales integraban el salario,
tal como se reconoció en el fallo de tutela objeto de impugnación, la reclamación se
limitaba a un solo día, lo cual, por su mínima entidad, no configuraba un perjuicio
irremediable ni justificaba la intervención excepcional del juez constitucional,
máxime que estaban recibiendo su asignación mensual o por lo menos eso no fue
debatido.
Dicho lo anterior, estimó que estaban reunidos los presupuestos para predicar la
existencia de un error judicial en las determinaciones asumidas por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Florencia, contenidas en la sentencia del 1 de julio
de 2014; equivocación que se comprobaba en la medida en que las interpretaciones
allí consignadas se apartaban por completo de la doctrina constitucional relacionada
con la procedibilidad de la acción de tutela para el reclamo de prestaciones de
contenido meramente económico.
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Por contera, con arreglo a las reflexiones del tribunal, el fallo censurado constituyó
un pronunciamiento que sobrepasaba los límites de la razonabilidad lógica
generador de un daño antijurídico consistente en la orden de cancelar el monto total
de los compensatorios adeudados a 63 administrativos de la Secretaría de
Educación Departamental del Caquetá, suma que ascendió a $ 1.404.956.150, tal
como lo certificó el 22 de octubre de 2014, la tesorera departamental del Caquetá y
se observaba en la transferencia del Banco Popular.
Al cabo de lo anotado, consideró que en el caso no se debía analizar si existió un
defectuoso funcionamiento por haberse omitido pronunciamiento sobre la concesión
de la apelación contra el fallo de tutela, toda vez que ya se había determinado que
se configuró un error judicial siendo aquel un título de imputación de carácter
residual.
Acto seguido, abordó el examen del llamamiento en garantía, punto en torno al cual
coligió que era improcedente, dado que en la contestación de la demanda se había
excepcionado culpa de víctima, alegato que resultaba excluyente con la solicitud de
vinculación del llamado.
En cuanto al reconocimiento de los perjuicios precisó que estos no correspondían
al pago de la suma ordenada en el fallo de tutela sino lo constituían los gastos y
erogaciones en los que tuvo que incurrir la entidad para recuperar los dineros
desembolsados en cumplimiento de la orden judicial.
Señaló que no obraba prueba en el expediente que permitiera establecer con
exactitud el monto del perjuicio material padecido, lo que imponía acudir a la
condena en abstracto, para lo cual dispuso como criterios para su liquidación:
concepto indemnizable, prueba del perjuicio, criterios de actualización e Intereses
moratorios.
Recurso de apelación
La entidad demandada, Nación - Rama Judicial, reprochó la sentencia porque, en
su criterio, el título de imputación de error judicial no estaba debidamente
configurado, habida cuenta que se requería que la sentencia contentiva del mismo
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hubiera cobrado ejecutoria, supuesto que no acaecía en el sublite, en el que la
sentencia de tutela del 1 de julio de 2014 fue revocada por el Tribunal Superior del
Distrito de Florencia, lo que se oponía a su firmeza.
Aseveró que el departamento del Caquetá dio cumplimiento al fallo antes de que
este cobrara firmeza, situación que rompía el nexo causal entre la decisión y el daño
irrogado, aspecto en relación con el cual precisó que el efecto devolutivo en que se
concedió la impugnación contra la tutela, según la línea jurisprudencial del Consejo
de Estado, no implicaba que la obligación de cumplimiento fuera automática y
absoluta, existiendo al efecto la alternativa de alegar razones de derecho que
impidieran jurídicamente el acatamiento de la orden judicial o solicitar la suspensión
de la ejecución del fallo o su aclaración cuando existieran ambigüedades o
interponer una acción de tutela por violación al debido proceso.
Otro de los aspectos de inconformidad gravitó acerca de la ausencia de certeza del
daño, premisa que fundó en el hecho de que la condena en abstracto no se apoyaba
en los elementos probatorios del plenario, ni guardaba coherencia con las
pretensiones de la demanda.
Al punto, agregó que el solo pago no causaba un daño, pues no se acreditó que se
hubiera producido un impacto presupuestal o una afectación patrimonial al
departamento, ni la inexistencia de mecanismos para recuperar los recursos.
Esgrimió que el fallo no determinó los parámetros de la liquidación de los perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente, omisión que vulneraba la seguridad
jurídica y el derecho de defensa de la entidad por generar incertidumbre frente al
alcance económico de la condena, añadiendo que no existía claridad en cuanto a
los conceptos que constituían el daño, ni criterios de actualización y cálculo de las
sumas debidas, ni de las pruebas que serían consideradas para su liquidación. En
criterio de la demandada, lo anotado transgredís el principio de congruencia y de
contradicción.
De otra parte, sostuvo que la sentencia omitió dictar pronunciamiento de fondo
sobre el llamamiento en garantía, advirtiendo que el hecho de haberse
excepcionado culpa exclusiva de la víctima en la contestación de la demanda no
relevaba al juez de emitir un pronunciamiento de fondo frente al llamado, según lo
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había precisado la Corte Constitucional en la sentencia C-965 de 2003. Esta
omisión, en sentir del recurrente, era de la mayor gravedad, puesto que el
“llamamiento en garantía constituye un mecanismo previsto en la Ley 678 de 2001
(artículos 19 y 20) para que el estado cuando resulte condenado, pueda repetir
contra el funcionario o culpa grave haya causado el daño”, con lo que se desconoció
el derecho de la Nación a obtener un pronunciamiento que habilitara la acción de
repetición, a lo que adicionó que el fallo se apartó de los dictados del artículo 281
del CGP y 187 del CPACA que establecía el deber de resolver todas las
pretensiones.
Arguyó que el tribunal desconoció la configuración de la causal eximente de
responsabilidad consistente en culpa exclusiva de la víctima, en razón a que no tuvo
en cuenta que el departamento incurrió en conductas que perturbaron el curso
normal del proceso y fueron determinantes en la producción del daño, tales como:
i) presentación extemporánea de la impugnación contra la sentencia de tutela, lo
que hizo que el pago resultara exigible; ii) presunta alteración del sello de recibo del
documento, como lo evidenció el dictamen en grafología, la declaración de la
coordinadora de la oficina de apoyo y la falta de sello de validación; iii) omisión en
la solicitud de suspensión provisional; iv) pago voluntario de los días
compensatorios, sin esperar la resolución del recurso de apelación y que la
sentencia de tutela adquiriera firmeza.
Trámite en la segunda instancia
Mediante proveído de 12 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado admitió el
recurso de apelación interpuesto por la Nación - Rama Judicial contra el fallo de
primera instancia.
Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20211.
El Ministerio Público rindió concepto, de conformidad con el cual solicitó modificar
la sentencia apelada, para en su lugar: i) analizar el error judicial con fundamento
en el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela; ii) precisar que el
1 Que entró a regir a partir de su publicación el 5 de enero de 2021.
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llamamiento en garantía con fines de repetición fue modificado por la Ley 2195 de
2022, iii) disponer que no procedía la condena en abstracto porque el monto del
perjuicio deprecado se demostró en cuantía de $1.442’489.316 iv) no condenar en
costas, al no estar demostradas.
III. CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 17 de marzo de 2017, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
1.1. Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA, como ocurre en este caso en el que se atribuye
responsabilidad a la Nación – Rama Judicial.
3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de
la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6
del CPACA, esto es, $368’858.5002.
2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2017 ($737.717) por 500. La pretensión
mayor (artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $1.442’489.316, por concepto del daño
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Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
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Asunto: Reparación directa
1.2. Medio de control procedente
4. La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra
actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya
legalidad no se cuestiona3.
Como en este caso se reclama un daño causado por el error judicial endilgado a la
sentencia de tutela del 1 de julio de 2014 dictada por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Florencia, este es el medio de control procedente.
1.3. Demanda en tiempo
5.- De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la
demanda en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior (…)”.
La jurisprudencia ha explicado que, en eventos de error judicial, el término de
caducidad inicia su conteo a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la decisión
a la que se le endilga el yerro4.
Ahora bien, en lo que atañe a las sentencias de tutela, concierne advertir que,
conforme al artículo 86 de la Constitución Política, los fallos que decidan esa acción
deben ser enviados a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al margen
de si fueron impugnados o no, lo que supone que, de ser seleccionados, pueden
emergente por la condena que se impuso a la demandante en las sentencias de tutela acusada de
error jurisdiccional.
3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa, en casos de responsabilidad por
daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421.
4 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia
del 23 de junio de 2010. Exp: 17493; auto del 9 de mayo de 2011. Exp: 40.196; sentencia del 27 de
enero de 2012. Exp: 22.205; sentencia del 28 de febrero de 2020. Exp: 44809; sentencia del 28 de
febrero de 2022. Exp: 57011.
13
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ser incluso revocados o modificados por la alta Corporación5.
De esta manera, la jurisprudencia ha admitido que la ejecutoria de estas sentencias
únicamente se adquiere cuando la Corte Constitucional las excluye de la revisión, o
cuando, habiéndolas seleccionado, cobra firmeza la providencia dictada por esa
colegiatura6, siendo a partir de esos momentos en los que las sentencias se tornan
inmutables y definitivamente vinculantes, revistiéndose así de los efectos de cosa
juzgada constitucional7:
“(…) la decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para
revisión una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal
y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte
de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la
sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa
juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la
seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano
de cierre del sistema jurídico. (…).
Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección
para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un
proceso de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional), opera el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). (…).
Una vez terminados definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la
sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.), y se
torna, entonces, inmutable y definitivamente vinculante.”8.
(Negrillas fuera del texto original).
Así las cosas, la ejecutoriedad de las sentencias de tutela, en realidad, se difiere
hasta que la Corte Constitucional adopta la decisión de excluirlas de su revisión o,
si las selecciona, hasta la ejecutoria de la sentencia que profiera como resultado de
ese trámite.
En consecuencia, la caducidad en los eventos de error judicial inicia desde la
5 Artículo 35 del Decreto 2591 de 1991: “Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el
fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas
constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas.”
6 “En esas ocasiones, el efecto jurídico de la no selección es concretamente el de la firmeza del fallo
correspondiente, bien que haya sido de primera instancia, no impugnado, o de segundo grado”. Corte
Constitucional. Auto 027 de 1998. En este mismo sentido: Corte Constitucional. Sentencias T-424
de 1995 y C-1716 de 2000; y Auto 034 de 1996.
7 “Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura de la cosa juzgada
constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o,
si el mismo es seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que expida
este Tribunal.” Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
8 Corte Constitucional. Sentencia SU-1219 de 2001.
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ejecutoria de la decisión contentiva del yerro, que, en los fallos de tutela, ocurre
cuando la Corte Constitucional no selecciona la sentencia para su revisión o, en
caso contrario, con la ejecutoria de la providencia de dicha Corporación.
En el asunto que convoca a la Sala, se advierte que, en primera instancia, en el
curso de la audiencia inicial llevada a cabo el 9 de abril de 2018, se declaró no
probada la excepción de caducidad del medio de control propuesta por el llamado
en garantía, José William González Zuluaga, decisión que fue apelada por ese
extremo procesal.
Al resolver la impugnación contra ese proveído, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mantuvo la postura jurisprudencial trazada en líneas
anteriores y en auto del 26 de mayo de 2020, consideró:
En los eventos de error jurisdiccional por sentencia de tutela, la Sala ha entendido
que el plazo para formular la demanda debe iniciar el día siguiente desde que la
Corte Constitucional notificó el auto que excluyó de revisión el fallo de tutela2, pues
solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuridicidad del
daño.
Como el 6 de noviembre de 2014 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Caquetá
revocó la providencia expedida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Florencia del 1 de julio de 2014 (f. 85-93, c. 1) fecha en la quedó ejecutoriada la
sentencia de segunda instancia de la acción de tutela promovida por Jhon Jairo
Claros Murcia, con la que se materializó el error jurisdiccional y el 10 de septiembre
de 2015 la Corte Constitucional notificó por estado el auto que excluyó de revisión
el fallo de tutela, la demanda se interpuso en tiempo, porque el término de dos años
empezó a correr desde el 11 de septiembre de 2015 y venció el 11 de septiembre
de 2017. De manera que, como la demanda se presentó el 17 de marzo de 2017 (f.
196, c. 1), no operó la caducidad del término para demandar y se confirmará la
decisión apelada9.
Así las cosas: i) habiéndose definido ya el asunto por esta Corporación en la referida
providencia; ii) tras corroborar que el auto que excluyó de revisión la sentencia de
tutela del 1 de julio de 2014, revocada en decisión del 6 de noviembre de 2014, se
notificó el 10 de septiembre de 201510, por lo que la demanda interpuesta el 17 de
9 Auto del 26 de mayo de 2020. Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, exp.
18001-
23-33-000-2017-00067-01(61414), índice 9 del aplicativo SAMAI de la actuación que surtió la
apelación ante el Consejo de Estado.
10 La Corte Constitucional le asignó a la acción de tutela el radicado interno nº. T5071151. Cfr.
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCI%C3%
93N%20DEL%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%202015%20NOTIFICADO%20EL%2010%20DE
%20SEPTIEMBRE%20DE%202015.pdf .
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marzo de 2017 se impetró dentro del plazo de dos años11; iii) al no existir cambios
o circunstancias adicionales en este estado del proceso que ameriten recoger la
referida posición, la Sala mantendrá la postura ya prefijada en cuanto no ha operado
el fenómeno de la caducidad.
1.4. Legitimación en la causa
El Departamento del Caquetá – Secretaría de Educación Departamental acreditó
haber sido condenado mediante la sentencia de tutela objeto de este proceso 12, de
modo que está legitimado en la causa por activa.
Por su parte, la Nación está legitimada en la causa por pasiva y concurre al proceso
debidamente representada por la Rama Judicial, pues el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Florencia emitió la sentencia objeto del reproche.
II. Problema Jurídico
Corresponde a esta Sala definir, en línea con la causa petendi y el recurso de
apelación, si se acreditó la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por el fallo
de tutela dictado el 1 de julio de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Florencia.
III. Análisis de la Sala
2.1. Responsabilidad del Estado por error judicial
Se recuerda que, en el presente asunto, el extremo apelante alegó que el título de
imputación de error judicial, desde cuya óptica se abordó el estudio del caso por el
Tribunal de origen, no estaba debidamente configurado en razón a que se requería
que la sentencia contentiva del mismo hubiera cobrado ejecutoria, evento que no
tenía lugar en el sublite, en el que la sentencia de tutela del 1 de julio de 2014 fue
11 Lo anterior, sin perjuicio de la suspensión del término de caducidad por cuenta de la solicitud de
conciliación extrajudicial radicada el 20 de diciembre de 2016, ante la Procuraduría 25 Judicial II
Administrativa de Florencia, trámite que se declaró fallido el 16 de marzo de 2017. Folios 12 y 13 del
cuaderno principal 01 PDF del archivo 102 del expediente digital, link del documento citación
audiencia.
12 En el expediente obra la sentencia del proceso de tutela (Archivo: 2026934121 PDF del expediente
digital) que dan cuenta de la condena impuesta.
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revocada por el Tribunal Superior del Distrito de Florencia, lo que se oponía a su
firmeza.
Para resolver el punto en discrepancia, hay que empezar por recordar que, en
concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política, la Ley 270 de 1996
estableció, expresamente, la responsabilidad del Estado por las acciones u
omisiones de los agentes judiciales, de la siguiente manera:
“Artículo 65: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que
le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la
privación injusta de la libertad.”
(Negrillas fuera del texto original).
De acuerdo con el artículo 66 del mismo compendio normativo, el error judicial o
jurisdiccional “[e]s aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a
través de una providencia contraria a la ley”.
Así, con arreglo a varios pronunciamiento de esta Sección, la responsabilidad nace
de las providencias judiciales contrarias a derecho que causan un daño antijurídico
al destinatario de la decisión:
“(…) esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros emanados de una
autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de
impartir justicia en un proceso determinado, que se materializan en una
providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se interpreta, se
declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo y que causa un daño
antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme al
ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la
afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.”13.
(Negrillas fuera del texto original).
El artículo 67 de la Ley 270 ya referida, señala que para que proceda el
reconocimiento del error judicial:
“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado
cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
febrero de 2022. Exp: 57011.
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2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”
(Negrillas fuera del texto original).
Así las cosas, la providencia que reúna estos presupuestos y que, además, sea
contraria a derecho, adolecerá de error judicial, lo que supone la obligación
indemnizatoria de los daños que se hubieren causado.
Resulta especialmente relevante señalar que la exigencia legal de que la
providencia acusada de error judicial se encuentre en firme se sustenta en que, de
lo contrario, ni el daño que se produce ni el yerro que se endilga son ciertos ni
definitivos, en cuanto el fallo aún será susceptible de ser modificado o revocado por
las instancias correspondientes.
Por lo expuesto, le asiste la razón al recurrente cuanto sostuvo que el título de error
judicial no estaba llamado a configurarse en el presente asunto, habida cuenta de
que la sentencia objeto de reproche fue revocada por la segunda instancia y al cabo
de ello, esta última fue excluida de revisión por la Corte Constitucional, situación
que impedía predicar de aquella la condición de firmeza requerida para la
estructuración del referido fundamento de la responsabilidad.
Sin embargo, propio es aclarar que en eventos en los que se demanda la
responsabilidad originada en decisiones que fueron revocadas por otras instancias,
pero que, durante su vigencia, causaron daños, -supuesto que tiene cabida en el
sublite- la jurisprudencia de esta Sección ha admitido que se analice la
responsabilidad, no bajo el título de error judicial, sino desde la perspectiva de la
falla en el servicio:
“(…) cabe destacar que, en los casos en los que la providencia de la que se
predica el error jurisdiccional es dejada sin efectos por un fallo de tutela, como
ocurre en el presente asunto, esta Subsección14 ha establecido que no sería
14 Original de la cita: “En sentencia del 12 de octubre de 2017 (exp. 35.337), el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, indicó: ‘(…) se tiene que así como la Corte Constitucional declaró
la nulidad de la providencia, supuestamente constitutiva de error, también ordenó que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura profiriera la que habría de
reemplazarla, por lo que así se hizo el 21 de febrero de 2002. // ‘De lo anterior se colige que la
providencia que supuestamente contenía un error judicial dejó de producir sus efectos, por haber
sido retirada del mundo jurídico por la Corte Constitucional mediante la declaratoria de nulidad, razón
por la cual no se cumple con el segundo requisito de procedibilidad exigido por el artículo 67 de la
Ley 270 de 1996 para analizar la existencia de un error jurisdiccional. // Debe decirse que durante el
término que estuvo vigente la providencia proferida el 18 de agosto de 1999 por la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura generó unos efectos, que la parte demandante catalogó como
constitutivos de un daño antijurídico, los que para el presente caso se reflejan en la privación de la
libertad sufrida por Hernán Orozco Castro, durante el término comprendido entre el 28 de julio de
18
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procedente su estudio bajo el título de imputación del error jurisdiccional, porque no
se cumple con el segundo presupuesto de procedibilidad establecido en el artículo
67 de la Ley 270 de 1996 para analizar la existencia del mismo –que la providencia
atacada se encuentre en firme–, sin embargo, es viable examinar la
responsabilidad del Estado por una falla en el servicio siempre y cuando se
encuentre acreditado que durante el tiempo en que estuvo vigente la decisión
en la que se habría configurado el error, se causó un daño que la víctima no
se encontraba en el deber jurídico de soportar”.15.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
Una situación similar acontece con las sentencias de tutela en las que, pese a no
haber adquirido firmeza formal y material —según lo ya analizado—, son de
inmediato cumplimiento por virtud del artículo 86 de la Constitución Política, por lo
que su ejecución puede entrañar daños, aun cuando los fallos contentivos de error
sean posteriormente revocados o modificados por la Corte Constitucional16.
Es menester resaltar que, en esos casos, el régimen no corresponde al del error
judicial, en cuanto la providencia a la que se le atribuye el yerro no ha cobrado
ejecutoria—por cuanto fue revocada o modificada por el alto Tribunal—, sino al de
la falla en el servicio, en el que le compete al extremo activo demostrar que el
cumplimiento de la orden de tutela le causó un daño.
Ese es el supuesto que se presenta en el litigio en el que la sentencia del 1 de julio
de 2014 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia, por la
cual se ampararon los derechos fundamentales invocados por el personal
administrativo de la Secretaría de Educación Departamental, fue revocada en
providencia del 6 de noviembre de 201417, por la Sala de Decisión Familia, Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, para, en su lugar, negar el
amparo constitucional pretendido, decisión que posteriormente fue excluida de
revisión por la Corte Constitucional en auto del 10 de septiembre de 201518.
2000 y el 31 de octubre de 2001, por lo que resulta viable analizar la responsabilidad desde la óptica
de la falla en el servicio, por haberse incurrido en una vía de hecho. // Teniendo en cuenta que se
configuró una falla en el servicio, la Sala pasará a estudiar lo concerniente al daño, que en este caso
corresponde a la privación injusta de la libertad sufrida por Hernán Orozco Castro, durante el término
comprendido entre el 28 de julio de 2000, en cumplimiento de la medida de aseguramiento proferida
por el Juez Especial de primera instancia, y el 31 de octubre de 2001, fecha en la cual el Tribunal
Superior Militar le otorgó el beneficio de la libertad provisional’. Ver también sentencia del 26 de abril
de 2018 (exp. 44.685)”.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de
mayo de 2019. Exp: 46.753. Reiterado en sentencia del 7 de diciembre del 2021. Exp: 65.415.
16 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 4 de septiembre de 2023. Exp: 67.752.
17
folios 105 a 126 del cuaderno 01 del expediente digital
18 La Corte Constitucional le asignó a la acción de tutela el radicado interno nº. T5071151. Cfr.
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCI%C3%
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Por contera, el examen del caso concierne dilucidarse con fundamento en el título
de imputación de falla del servicio como a continuación procede la Sala, previo
análisis sobre la configuración del daño que se aduce haber sufrido.
2.2. El daño – Falta de congruencia con la pretensión invocada para el
reconocimiento de los perjuicios derivados del mismo
La parte apelante centró su desacuerdo con la sentencia impugnada en que se
había presentado una ausencia de certeza del daño, en tanto la condena en
abstracto no se apoyaba en los elementos probatorios del plenario, ni guardaba
coherencia con las pretensiones de la demanda.
Esgrimió que el fallo no determinó los parámetros de la liquidación de los perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente, omisión que vulneraba la seguridad
jurídica y el derecho de defensa de la entidad por generar incertidumbre frente al
alcance económico de la condena, añadiendo que no existía claridad en cuanto a
los conceptos que constituían el daño, ni criterios de actualización y cálculo de las
sumas debidas, ni de las pruebas que serían consideradas para su liquidación.
Para decidir este aspecto de la impugnación, la Sala parte de precisar lo siguiente:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por
la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de este postulado
constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado
corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando debidamente
demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos de imponer la
eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial
de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño
sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.
93N%20DEL%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%202015%20NOTIFICADO%20EL%2010%20DE
%20SEPTIEMBRE%20DE%202015.pdf .
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De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito19 20 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la
doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede
determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo
adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor
resultará necio e inútil”21.
El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto22, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación23. Y también debe
ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente
61.340.
20 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses
lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales
o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce
pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros
requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran
reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de
l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: “Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de
Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual
del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de
Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
21 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao,
Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.
13.186 ““…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo,
eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
23 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio
1998, P. 88 y 104
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Ahora bien, en casos en los que se demanda la responsabilidad del Estado con
ocasión de los perjuicios padecidos por cuenta de decisiones judiciales contrarias a
derecho que, a la postre, han sido revocadas, pero que durante su vigor surtieron
efectos desencadenantes de un detrimento económico para la demandante, se ha
estimado que, en consonancia con lo pretendido en esos escenarios, el daño se
concreta en el menoscabo patrimonial soportado al dar cumplimiento a la sentencia
infirmada y realizar las erogaciones requeridas para su acatamiento.
Así en providencia24 de 2022, esta Subsección, al decidir un litigio similar al que
ocupa la atención de la Sala, enfatizó que el daño consistía en la aminoración
patrimonial acaecida para la actora luego de pagar la condena impuesta por el
Juzgado 7 Penal Municipal de Barranquilla por valor de $1.792’.613.310, mediante
sentencia de tutela del 4 de mayo de 2009, -posteriormente revocada- el cual se
hallaba acreditado en función de la demostración del respectivo desembolso. En
esa virtud condenó a la Rama Judicial a reconocer, a título de daño emergente, la
suma de $1.792’613.310, por ser ese valor el que el accionante asumió en
cumplimiento del citado fallo de tutela.
En la pasada anualidad, esta Subsección en un caso análogo al examinado al punto
en discordia, mantuvo esa postura al discurrir:
En criterio de esta Sala, se acreditó el daño reclamado, consistente en los
desembolsos efectuados por el PAR de Telecom por $2.102’864.128, para el
reconocimiento de las mesadas desde la fecha de desvinculación de los
trabajadores tutelantes hasta el reconocimiento de la pensión definitiva, y por
$385’270.338,62, correspondientes a la inclusión de los mismos en el PPA y el
respectivo pago periódico de las mesadas desde noviembre de 2009 hasta mayo de
2010.
(…).
Igualmente, se demostró que el daño era atribuible a la Nación-Rama Judicial, en la
medida en la que los antedichos pagos se hicieron en orden a cumplir con la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica y
confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica.
En atención a que las decisiones de instancia de tutela no gozan de firmeza, pues
fueron revocadas en su integridad por la Corte Constitucional mediante sentencia
SU-377 de 2014, el fundamento del deber de reparar no es el error judicial, sino la
falla en el servicio25.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2022, exp.
57011, C.P Nicolás Yepes Corrales.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, exp.
70495.
22
Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
Demandante: Departamento del Caquetá – Secretaría de
Educación Departamental
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
Con apoyo en esas reflexiones, la condena dispuesta en esa ocasión consistió en:
Se recuerda que el daño acreditado ascendió a $2.102’864.128, originado en el
reconocimiento de las mesadas desde la fecha de desvinculación de los
trabajadores hasta el reconocimiento de la pensión definitiva, y a $385’270.338,62
por la inclusión de los tutelantes en el PPA y el respectivo pago periódico de las
mesadas desde noviembre de 2009 hasta mayo de 2010.
Dentro de esos valores están comprendidos aquellos pagados a favor de Albeiro
Cruz Agudelo, a pesar de que ya se ha explicado que ese daño en particular no es
antijurídico, de modo que, a estas sumas totales deberán restárseles los montos
pagados a favor del referido accionante.
5. Según el comprobante de depósito judicial 98458, el PAR de Telecom giró
$91’867.230, con destinación a José Albeiro Cruz Agudelo, por las mesadas desde
la fecha de desvinculación hasta el reconocimiento de la pensión definitiva, por lo
cual a la suma de $2.102’864.128 habrá que restarle dicho valor, de modo que, por
este concepto, el daño que se reconocerá asciende a $2.010’996.898.
La anterior suma será actualizada, con el fin de evitar la pérdida del valor adquisitivo
del dinero por el paso del tiempo, desde la fecha en la cual se efectuó el desembolso
—25 de septiembre de 2009—, hasta la fecha de la presente sentencia26.
Siguiendo esos derroteros, la parte actora de la presente causa, departamento del
Caquetá, en el escrito introductorio dirigió su pretensión principal a que se declarara
“administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados al
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ como consecuencia del error judicial cometido
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia – Caquetá, tras ordenar
mediante fallo de tutela de fecha 1 de julio de 2014 el pago de compensatorios
adeudados a 63 Administrativos de la Secretaría de Educación Departamental”.
Cobrando más relevancia aun el hecho de que consecuencialmente aspiró a que
“se condene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a la indemnización de los perjuicios
materiales causados al DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ mediante el pago de MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE
($1.442’489.316), correspondiente al valor que el Departamento del Caquetá, en
cumplimiento del fallo de tutela de fecha 1 de julio de 2014, canceló por concepto
de compensatorios adeudados a los 63 administrativos de la planta de personal de
la Secretaría de Educación Departamental que ejercieron acción constitucional”.
26 Ibidem.
23
Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
Demandante: Departamento del Caquetá – Secretaría de
Educación Departamental
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
En la sentencia que resolvió en primera instancia este asunto, el Tribunal, al
desarrollar el análisis de los elementos estructurantes de la responsabilidad, indicó
que el error judicial alegado generó “un daño antijurídico consistente en la orden de
cancelar el monto total de los compensatorios adeudados a 63 administrativos de la
Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, suma que ascendió a $
1.404’956.15027, tal como lo certificó el 22 de octubre de 2014, la tesorera
departamental del Caquetá y se observa en la transferencia del banco popular”.
Sobre la base de este postulado, despachó desfavorablemente la excepción de
inexistencia de perjuicios propuesta por la Nación – Rama Judicial.
Con todo, al liquidar la condena pretendida, el fallador de primera instancia afirmó
que “el perjuicio no se configura por el pago de la suma de $1.404.956.15028,
sino por los gastos y erogaciones en los que tuvo que incurrir la entidad para
recuperar los dineros pagados a título de compensatorios a los administrativos
considerando que: (…) al quedar sin sustento jurídico la obligación de pagar esa
suma, surgió para la entidad la obligación de adelantar las gestiones necesarias
para su recobro, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 1647 de 1967”.
Y seguidamente ordenó condenar en abstracto:
Colofón de lo expuesto y en atención a que no obra en el expediente prueba
suficiente que permita establecer con exactitud el monto del perjuicio material
reconocido, se impone la necesidad de condenar en abstracto, de conformidad con
lo previsto en el artículo 193 del CPACA. En consecuencia, la liquidación del monto
indemnizatorio deberá realizarse en la etapa de ejecución de la sentencia, con
sujeción a los siguientes parámetros:
1. Concepto indemnizable: Se reconocerán exclusivamente los gastos y
erogaciones efectivamente asumidos por la entidad para adelantar el recobro de
los valores pagados a título de compensatorios, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
1. Prueba del perjuicio: En la etapa de ejecución, la parte actora deberá acreditar
de manera clara, precisa y suficiente los pagos efectuados, mediante
documentos idóneos tales como facturas, órdenes de pago, contratos de
prestación de servicios, comprobantes contables u otros medios probatorios
legalmente admisibles que demuestren la relación directa y necesaria con el
proceso de recobro.
1. Criterios de actualización: Las sumas que se determinen deberán ser
actualizadas conforme al índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el
27 Esa fue la suma textualmente consignada en el fallo de primera instancia.
28 Ibidem.
24
Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
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Asunto: Reparación directa
DANE, desde la fecha en que se efectuó cada erogación hasta la fecha en que
se realice la liquidación definitiva.
1. Intereses moratorios: Una vez determinada la suma definitiva a pagar, esta
devengará intereses moratorios a la tasa legal prevista en el artículo 192 del
Código Contencioso Administrativo, a partir del vencimiento del plazo fijado para
el cumplimiento de la obligación en la sentencia de ejecución.
Planteado el contexto que antecede, la Sala evidencia que le asiste la razón al
recurrente al aducir que el a quo vulneró el principio de congruencia por no haber
fallado en coherencia con las pretensiones de la demanda, ni las pruebas aportadas
al proceso.
En orden a vigorizar esa conclusión, resulta imperativo hacer las siguientes
puntualizaciones:
El principio de congruencia es considerado por la doctrina como aquel “que delimita
el contenido de las resoluciones judiciales que deben preferirse, de acuerdo con el
sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, en lo civil, laboral y
contencioso administrativo, o de los cargos o imputaciones penales formulados
contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o
del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones
o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades
especiales para separarse de ellas”29.
Supone lo anotado que el operador judicial está desprovisto de facultades para
alterar tanto la causa petendi como el petitum formulado en la demanda, aserto que
encuentra su justificación en que su modificación oficiosa entrañaría una abierta
vulneración al debido proceso en detrimento de los derechos de la contraparte, al
resultar sorprendida con argumentos o disquisiciones respecto de los cuales no tuvo
la oportunidad de contradecir o desvirtuar30.
29 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso, Cuarta Reimpresión. Editorial Temis,
Bogotá 2019. Pág. 427.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente No. 34.357, M.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada
por la misma Subsección, entre otras, en sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente No.
54.407, M.P. María Adriana Marín, en fallo del 13 de agosto de 2020, expediente No. 59.791 y en
sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente No. 64.865.
25
Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
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Asunto: Reparación directa
Esta premisa se extiende no solo al contenido de la demanda, como también a las
pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso y a los argumentos
esbozados en el recurso de apelación. Frente a esto último cabe acotar que: “…el
ad quem, al momento de resolver el recurso de apelación, debe circunscribirse a lo
estrictamente cuestionado en la alzada, sin que le esté permitido, por regla general,
resolver aspectos no ventilados en la impugnación”31.
Ha de agregarse que este principio cuenta con dos dimensiones32. Será interna de
cara a la coherencia que debe estar presente entre la parte resolutiva de la
sentencia y las consideraciones en que aquella se basa. La externa, en cambio, se
asocia a la consonancia que debe mediar entre lo pedido, lo excepcionado y lo
decidido en el fallo.
Sin perjuicio de lo antedicho, la amplitud de este postulado ha sido modulada por la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, instancia que en fallo del
9 de febrero de 2012 precisó la necesidad de que el principio de congruencia
cediera, entre otros aspectos, ante una evidencia que riña con la configuración de
los presupuestos procesales de la demanda, caso en el cual, de no resultar
acreditados en el plenario, ameritaran un pronunciamiento oficioso, al margen de
que no hubieran sido alegados en la apelación:
“Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos
temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del
conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no
es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las
excepciones que se derivan, por ejemplo, (…) iii) de las normas legales de
carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente
ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa
debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos
por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la
decisión censurada.
En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha
determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la
acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la
falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud
sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones
de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de
si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de febrero de 2025, exp.
66572, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
32 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 27, sentencia del 1 de junio de 2022, exp. 2021-
05767, C.P, Rocío Araújo Oñate.
26
Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
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primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está,
aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”33.
Descendiendo el marco dogmático delineado al caso concreto, surge a la vista que
aun cuando en un primer momento, en la sentencia impugnada el tribunal de
primera instancia admitió que el daño consistía en la mengua padecida por el ente
territorial al acatar la sentencia del 1 de julio de 2014, dictada por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Florencia y haber desembolsado la suma de
$1.404.956.150 correspondiente a los días compensatorios adeudados a 63
administrativos de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá,
ciertamente al ordenar su reparación, el a quo atendió a un concepto
completamente distinto a aquel objeto de reclamación y al que sirvió de base para
estimar configurada la responsabilidad por el error judicial invocado.
De ahí que lo que hizo el fallador de primer grado fue transmutar la noción del daño
alegado, para en su lugar -so pretexto de considerarlo el perjuicio derivado del
mismo- reconocer un concepto que no fue pretendido, que ni siquiera fue introducido
como fundamento de la causa petendi para la pretendida declaratoria de
responsabilidad y que, además, carecía de todo respaldo probatorio respecto de su
causación.
En efecto, de la lectura de la demanda se evidencia que, en todo momento, la
discusión giró en torno al indebido desembolso que debió hacer el departamento
del Caquetá como consecuencia de la orden de tutela, que, al cabo, fue revocada
por no ajustarse al ordenamiento jurídico, identificando ese detrimento como el daño
irrogado, situación que precisamente era la que justificaba que en la pretensión
consecuencial de condena se pidiera la restitución de ese dinero, pero en momento
alguno se hizo referencia a las gestiones desplegadas por el ente territorial para el
recobro de esas sumas por las vías ordinarias, ni a los esfuerzos financieros o
administrativos surtidos para conseguir su devolución.
Esto revela de manera nítida que el a quo no solo alteró el petitum, sino también la
causa petendi al no existir fundamento que viabilizara una interpretación extensiva
de la demanda de la cual pudiera extraerse la existencia del referido perjuicio
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
Sentencia de 9 de febrero de 2012. Exp: 21.060. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
27
Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
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Asunto: Reparación directa
advertido por el tribunal de primera instancia.
Mas cuestionable aún se torna la circunstancia de que el tribunal de origen hubiera
resuelto desfavorablemente la excepción de inexistencia de perjuicios formulada por
la Rama Judicial con apoyo en que el daño alegado sí se materializó y que este
consistió en el desembolso de la suma ordenada en la sentencia de tutela, para al
final modificar su razonamiento y terminar condenado a la entidad demandada a
reconocer perjuicios con sustento en un rubro distinto a aquel conforme al cual
resolvió negativamente el mecanismo exceptivo formulado, situación que sin duda
transgredió su derecho de defensa y contradicción.
Ahora bien, no se desconoce que en múltiples sentencias de esta Corporación34 ,
con miras a evitar una doble reparación, se ha sujetado el pago de la condena
impuesta a la posibilidad de realizar descuentos por parte de la demandada, en caso
de que se demuestre que el extremo activo ha recuperado, a través de los
mecanismos ordinarios, las sumas desembolsadas.
Sin embargo, tal proceder no puede y no debe confundirse con una alteración de la
base del daño que se procura reparar, el que, distinto a lo consignado por el tribunal
de origen, no guarda correspondencia con el menoscabo sufrido por el demandante
amen de los esfuerzos emprendidos para recuperar el dinero efectivamente pagado.
Habiendo esclarecido lo acontecido en el sublite, la Sala reafirma que el tribunal de
origen se apartó del principio de congruencia, sin que hubiese existido alguna de
las situaciones que, con apego a la jurisprudencia referida, ameritara esquivar su
plena observancia.
Lo sucedido en torno a la ausencia de concordancia entre lo pedido y lo accedido,
sin duda constituyó una circunstancia llamada a afectar a la parte demandante, en
razón a que se dispuso el reconocimiento de una condena en abstracto, sin ordenar
el reembolso de lo pagado en cumplimiento de la orden de tutela, que fue
precisamente el concepto en el que en la demanda fue fincado el daño, disponiendo
en su lugar el pago de unos rubros cuya existencia era a todas luces incierta, debido
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 66898,
C.P. Nicolás Yepes Corrales. Postura reiterada en sentencia de la Subsección C, del 8 de noviembre
de 2024, exp. 64507, C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
28
Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
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Asunto: Reparación directa
a que ni siquiera se alegó por el departamento del Caquetá que se hubiera incurrido
en esas erogaciones.
Pese a ello, siendo al extremo procesal al que correspondía hacerlo, la parte actora
no presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, omisión
que imposibilita a esta instancia proceder a enderezar la advertida anomalía. No
solo porque obrar en esa dirección, de nuevo, aparejaría una clara transgresión al
principio de congruencia que impone informar las providencias judiciales en
segunda instancia, sino porque, además, iría en contravía del principio de la no
reforma en peor.
El principio de la no reformatio in pejus ha sido reconocido por la Corte
Constitucional como un derecho fundamental que impide desmejorar o
desencadenar efectos desfavorables a la situación de quien concurre en el legítimo
ejercicio del recurso de apelación como impugnante único, en tanto “la proscripción
de la reforma en perjuicio del condenado constituye un límite tanto a la competencia
del superior que decide la apelación, como al poder punitivo del Estado”35.
Su regulación se encuentra en el artículo 31 de la Carta Política, al consagrar que:
“…El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único”.
Este principio de estirpe constitucional está igualmente incorporado de manera
expresa en el CPACA, norma que en el segundo inciso de su artículo 187 estableció:
“En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus”.
Para algunos tratadistas, la noción de la no reformatio in pejus, no solo atiende al
concepto de la cantidad de la condena reconocida en una providencia judicial;
también comprende la acepción de calidad del fallo, cuestión que a título ilustrativo
se explica en que:
35Corte Constitucional, sentencia T-1183 de 2003.
29
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Si se condena a pagar un millón de pesos y el juez de segunda instancia eleva
la condena a millón y medio, hay una modificación cuantitativa; si se absuelve
al demandado en primera instancia sobre la base de una excepción perentoria
temporal (petición antes de tiempo) y el juez de segunda instancia confirma la
sentencia sobre la base de una excepción de pago, se agrava cualitativamente
la posición del apelante único, por cuanto con la sentencia original, de ser
confirmada, le queda el camino de un nuevo proceso; con la reforma del
ejemplo, no36.
A su turno, el Código General del Proceso se ha ocupado de contemplar esta
restricción, al disponer en su artículo 328 que el juez no podrá hacer más nociva la
situación del apelante único, premisa que está llamada a acatarse en todas las
decisiones de segunda instancia, salvo que en virtud de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
Con todo, su aplicación no tiene un alcance absoluto en razón a que pueden
converger situaciones que llevan a morigerar su operancia, tales como:
i) La imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio del apelante
sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo
interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis
fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor,
se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas
por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo
interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis
(demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como
impugnaciones únicas.
ii) En aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de
primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay
lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “… aun cuando fuere
desfavorable al apelante”.37
Ninguna de estas hipótesis, en cuya virtud pudiera restringirse la aplicación del
principio de la no reformatio in pejus, tiene cabida en el asunto bajo estudio, toda
vez que no convergen más recursos de apelación interpuestos por el mismo
extremo en litigio, como tampoco se trata de surtir la alzada en relación con una
providencia inhibitoria, sino de una que emitió condena fundada en conceptos que
no fueron pedidos y cuya ocurrencia no fue acreditada.
Es precisamente la ambigüedad e incertidumbre sobre la existencia de los rubros
36 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Dupre Editores.
Bogotá, 2016. Pág. 825.
37 Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 9 de febrero de 2012,
expediente: 21060.
30
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sobre los cuales recayó la condena en abstracto, lo que conduciría a que su eventual
liquidación no arrojara un resultado verificable alguno y es por lo mismo, que, -al
margen de que por las razones explicadas, le esté vedado a esta instancia- de entrar
a enmendar el yerro de la primera instancia, en el sentido de ordenar una condena
en concreto en reemplazo de la dispuesta, en la que se atendiera a la base de lo
pretendido, que no es otra que ordenar el reembolso de los $1.442’489.316,
correspondientes al valor que pagó el departamento del Caquetá, en cumplimiento
del fallo de tutela del 1 de julio de 2014, constituiría una situación que iría en
desmedro de la condición del apelante único y que por tanto no puede ser prohijada
por esta jurisdicción.
Las consideraciones esbozadas se tornan suficientes para declarar fundado el
cargo de censura, habida constatación de que el fallo apelado incurrió en una
vulneración del principio de congruencia, al ordenar el reconocimiento del perjuicio
sobre la base de la ocurrencia de un daño que no fue alegado ni probado en el
proceso.
2.3. Conclusión
La Sala revocará la sentencia proferida el 6 de agosto de 2025, por el Tribunal
Administrativo del Caquetá – Sala Primera de Decisión, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda.
3.- Costas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por el
CGP, que, a su turno, en el numeral 4 de su artículo 365, establece que “cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias”, y en su numeral 8 que
sólo se reconocerán “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.
De acuerdo con el artículo 361 ibídem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
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instancia por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Las expensas y agencias se liquidan de manera concentrada por el juez
de primera instancia, según el artículo 366.
Como en el presente asunto se revocará la totalidad de la sentencia de primera
instancia, y se negarán las pretensiones, en los términos de la ley, se condenará en
costas a la parte vencida, que es el extremo activo.
En la fijación de las agencias, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere, con apego a lo dispuesto en el Acuerdo 10554 de 201638,
que dispone:
“(…) Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se
establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos
al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.
(…) Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS
EN GENERAL. (…).
En primera Instancia
a. Por la cuantía39. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido
pecuniario:
(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.
(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
(Negrillas fuera del texto original).
Se observa que, en primera instancia, el demandado actuó diligentemente,
contestando la demanda, presentando llamamiento en garantía, acudiendo a la
audiencia inicial y de práctica de pruebas, con lo cual se estima que ejerció una
gestión diligente en el proceso. En segunda instancia, se destaca que fue quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la providencia del Tribunal
Administrativo del Caquetá.
38 La demanda se presentó el 17 de marzo de 2017. El Acuerdo 10554 fue expedido y publicado el
5 de agosto de 2016 y entró a regir para los procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.
39 Sobre el particular cabe precisar que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los
asuntos no atienden a la clasificación en términos de mínima, menor o mayor cuantía, por lo que,
para efectos de calcular las agencias en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
10554, resulta pertinente acudir a los rangos que sobre la cuantía de los asuntos contempla el CGP.
32
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del CGP, los asuntos son de
mayor de cuantía cuando “versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el
equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150
smlmv)”. En la medida en la que la cuantía estimada por el demandante asciende a
$1.442’489.316, que, para la época de la presentación de la demanda, equivalía a
1.955 SMLMV40, se tiene que el asunto, para estos efectos, es de mayor cuantía.
A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias
de acuerdo con las tarifas establecidas por el Acuerdo del Consejo Superior de la
Judicatura, que estarán a cargo de las entidades demandadas, teniendo en
consideración la suma de las pretensiones económicas, las conductas desplegadas
por las partes y que las pretensiones prosperaron sólo parcialmente.
En relación con la primera instancia, se fija en el 2% del valor total de las
pretensiones solicitadas, $1.442’489.316, lo que arroja una suma de $28’849.786,
en favor de la parte demandada – Nación – Rama Judicial. Lo anterior, en cuanto
está demostrada su diligente y oportuna actuación en el proceso.
Asimismo, en la segunda instancia se fija en 1 SMLMV a favor de la demandada
Nación – Rama Judicial, en la medida en la que presentó el recurso de apelación,
que tuvo vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de agosto de 2025, por el Tribunal
Administrativo del Caquetá – Sala Primera de Decisión y, en su lugar, disponer:
NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al demandante, departamento del Caquetá y
en favor de la demandada, Nación – Rama Judicial, para lo cual se fijan las agencias
40 El resultado de dividir $1.442’489.316 por el valor del salario mínimo del 2017, $737.717.
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Radicación: 180012333000201700067 02 (73669)
Demandante: Departamento del Caquetá – Secretaría de
Educación Departamental
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
en derecho correspondientes a la primera instancia en cuantía $28’849.786 y
segunda instancia en la suma equivalente a 1 SMLMV.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE41
NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaración de voto
VF
41 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en
el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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