Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2018-00067-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2018-00067-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2018-00067-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Demandada: Procuraduría General de la Nación
Tema: Sanción de destitución e inhabilidad de 10 años del Subdirector
Técnico del Instituto Municipal de Obras Civiles de Florencia1
Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia del 28 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.
I.- Antecedentes
1.- La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, Óscar
Mauricio Ossa Vargas, presentó demanda en orden a que se declare la nulidad
de los actos administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia: (i) del 30
de septiembre de 2015 por medio del cual la Procuraduría Regional del Caquetá, lo
sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años, y (ii) del 6 de julio de 2017
emitido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, que
confirmó la decisión anterior.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a: (i) cancelar el registro de la sanción disciplinaria, (ii) reconocerle y
pagarle $818.258.218, por los perjuicios materiales causados, (iii) reconocerle y
pagarle el equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMLMV,
por los daños morales que le fueron generados con la sanción, (iv) pagarle de
manera actualizada las anteriores sumas, teniendo en cuenta el IPC más los
intereses legales a que hubiere lugar y (v) dar cumplimiento a la sentencia como lo
dispone el artículo 192 y 195 del CPACA.
1.1.- Fundamentos fácticos
• José Jairo Díaz Andrade, mediante denuncia radicada el 4 de abril de 2011 ante
la Procuraduría Regional del Caquetá, puso en conocimiento las presuntas
irregularidades en que incurrió el Director del IMOC, Alberto Pérez Cuervo, con
1 En adelante: IMOC
2 Señalado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
ocasión del contrato 126 de 2010, suscrito con la firma CHAMAT Ingenieros
Ltda., para el estudio, diseño y construcción parcial del sistema de alcantarillado
u optimización del Acueducto de Florencia3.
• El 13 de abril de 2011 la Procuraduría Regional del Caquetá emitió auto de
apertura de indagación preliminar de los hechos puestos en conocimiento por
José Jairo Díaz Andrade. Para el efecto, dispuso la práctica de las siguientes
diligencias: (i) ratificar y ampliar la queja: (ii) practicar visita especial al proceso
con el fin de revisar la carpeta contractual y allegar a la investigación las pruebas
que se consideren necesarias4. Luego, en auto del 28 de abril de 2011 se
dispuso vincular, mediante versión libre, a Oscar Mauricio Ossa Vargas, en su
condición de Subdirector Técnico del IMOC5.
• El 7 de febrero de 2013 la Procuraduría Regional del Caquetá ordenó la apertura
de la investigación disciplinaria contra Oscar Mauricio Ossa Vargas en su
condición de Subdirector Técnico del IMOC 6. Esta decisión se notificó por edicto
fijado el 1 de marzo de 20137
• El 12 de noviembre de 2013 la Procuraduría Regional del Caquetá emitió auto
de pliego de cargos en contra de Oscar Mauricio Ossa Vargas8. La autoridad
formuló un único cargo contra el demandante por la siguiente falta gravísima a
título de culpa, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 44 de la Ley
734 de 2002:
«El señor OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS, en su condición de SUBDIRECTOR
TECNICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES - IMOC- DE
FLORENCIA (CAQUETA)), al participar en la etapa precontractual, presuntamente
incumplió el mandato constitucional y legal relacionado con los deberes que como
servidor público adquirió frente a la función administrativa encomendada con
ocasión de su cargo, toda vez que realizó el 24 de septiembre de 2010 los estudios
previos y el 4 de octubre de 2010 el concepto técnico No.ST-096-2010, que dieron
origen al Contrato No.126 del 13 de Diciembre de 2010, el cual causó un perjuicio
económico al municipio, al estimar mayores cantidades de obra y un posible
sobrecosto a los materiales utilizados en la obra, por un valor de $390.500.000.00 y
$559.045.189.30., respectivamente; conducta con la cual pudo vulnerar la ley
disciplinaria al causarse detrimento al patrimonio público y desconocer los principios
de economia y responsabilidad.»
• El 13 de noviembre de 2013 mediante Oficio 005883, el cual tiene acuse de
recibido del día 15 de esos mismos mes y año9, la autoridad disciplinaria le
solicitó al disciplinado presentarse en sus oficinas con el fin de notificarle
personalmente del auto de cargos formulado en su contra. Así las cosas, el 19
de noviembre de 2013 se notificó personalmente al demandante10.
3 Págs. 30 a 32 de la contestación de la PGN
4 Págs. 47 y 48 de la contestación de la PGN
5 Págs. 212 y 213 de la contestación de la PGN
6 Págs. 242 a 248 de la contestación de la PGN
7 Págs. 261 y 262 de la contestación de la PGN
8 Págs.272 a 293 de la contestación de la PGN
9 Págs. 253 y 295 de la contestación de la PGN
10 Pág. 297 de la contestación de la PGN
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
• Oscar Mauricio Ossa Vargas a través de poder judicial designó como su
defensor a Luis Eduardo Pizo Enriquez11, quien fue reconocido en auto del 4 de
diciembre de 2013 por la Procuradora Regional12.
• En el trámite del proceso el disciplinado presentó descargos y solicitó y aportó
pruebas.13 En los descargos, el disciplinado indicó que la autoridad había
efectuado un indebido análisis probatorio. Explicó, que no es cierto que no
hubiera consultado los precios del mercado de los materiales que serían
utilizados, así como el valor de la mano de obra necesaria para ejecutar la obra
contratada, ya que ese estudio fue el que se utilizó como base para la
elaboración del presupuesto oficial. En ese orden, indicó que la lista de precios
en que se basó la Procuraduría para determinar el supuesto sobrecosto, no tuvo
en cuenta los costos indirectos generados por diversos impuestos, transporte,
desperdicios, almacenamiento y custodia. En conclusión, manifestó que obró
con «sobrada diligencia, sobrada capacidad para contribui trascendentalmente en el
cumplimiento estricto del objeto contractual y no bajo el ejercicio arbitrario que se
predica».
• Luego se desarrolló la etapa probatoria, se presentaron los alegatos de
conclusión y se emitió decisión sancionatoria de primera instancia.14
• En el acto administrativo sancionatorio de primera instancia del 30 de septiembre
de 2015, la Procuraduría Regional del Caquetá15 sancionó al demandante con
destitución e inhabilidad por 10 años, al hallar acreditada la comisión de la
conducta disciplinaria imputada. Al respecto, se indicó que los elementos
probatorios recaudados permitieron evidenciar que la participación del
disciplinado en la etapa precontractual del contrato 126 de 2010, derivó en la
vulneración del ordenamiento jurídico y de los deberes que debía cumplir en
virtud del cargo de Subdirector Técnico del IMOC. Ello, en la medida que con
sus actuaciones se generó un sobrecosto en el valor contrato, lo cual causó un
perjuicio económico al municipio.
• Esta decisión fue notificada personalmente a Oscar Mauricio Ossa Vargas el 2
de octubre de 201516 y por edicto del 4 de noviembre de 2015 al implicado,
Alberto Pérez Cuervo.17
• Contra la decisión el demandante interpuso el recurso de apelación18. Como
sustento del recurso, expuso que: (i) se le vulneró su derecho a la defensa
técnica ya qe se incurrió en la pretermisión de la técnica jurídica que exige la
falta en concreto, porque no se señaló con claridad el cargo ni la violación
específica del ordenamiento jurídico; (ii) se desconoció de la tipología
contractual, en tanto obvió que el contrato suscrito es de naturaleza mixta y, por
lo tanto, podía conllevar prestaciones conexas; (iii) no hubo un sobrecosto, pero
que en el caso hipotético que lo hubiera, no fue él quien lo causó, pues en la
11 Págs. 301 y 332 de la contestación de la PGN
12 Pág. 333 de la contestación de la PGN
13
Págs. 302 a 331 de la contestación de la PGN
14 Págs. 332 a 485 de la contestación de la PGN
15 Págs. 499 a 552 de la contestación de la PGN
16 Pág. 555 de la contestación de la PGN.
17 Pág. 609 de la contestación de la PGN.
18 Págs. 557 a 604 de la contestación de la PGN
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
etapa de planeación del contrato solo se generan aproximaciones de los
eventuales costos, que no tienen carácter definitivo; (iv) el no es responsable de
los perjuicios porque la entidad estaba obligada a revisar y ajustar las
cantidadades y los costos proyectados; (iv) la conducta desplegada por él fue
atípica; (v) existió un defecto de estructuración temporal del estudio del mercado
y en el objeto del dictamen usado como insumo para la imputación; (vi) ausencia
de culpabilidad e indebida valoración probatoria.
• Luego, el 24 de febrero de 201719 presentó una solicitud de extinción de la acción
disciplinaria y, en memorial del 5 de abril de 2017, pidió que se declarara la
terminación de la acción disciplinaria por prescripción20.
• Tanto el recurso de apelación como las solicitudes presentadas por el
disciplinado fueron resueltos en acto administrativo sancionatorio del 6 de julio
de 201721 proferido por el Procurador Primero Delegado para la Contratación
Estatal, en el que se confirmó la decisión de primera instancia y se ordenó a la
Procuraduría Regional del Caquetá informar sobre esta a la División de Registro
y Control y Correspondencia de la PGN para que efectuara el registro de la
sanción. Esta decisión fue notificada a Oscar Mauricio Ossa Vargas por edicto
del 24 de agosto de 2015.
1.2.- Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 29 de la Constitución; 6, 17, 29, 30, de la Ley
734 de 2002
En el concepto de violación, adujo que:
La autoridad disciplinaria incurrió en la vulneración del principio de congruencia
porque modificó el cargo imputado en el auto de formulación de cargos al fallar la
segunda instancia.
La violación de los derechos de defensa y al debido proceso se concretó en que, en
un principio, se le imputó y sancionó por la falta gravísima a titulo de culpa en virtud
de su participación en la etapa precontractual del Contrato 126 del 13 de diciembre
de 2010, puntualmente por haber suscrito los estudios previos del 24 de septiembre
de 2010 y rendido el concepto técnico ST-096-2010 del 4 de octubre de 2010. No
obstante, en el fallo de segunda instancia la autoridad modificó el alcance de la
participación del disciplinado en la etapa precontractual, al incluir actuaciones
posteriores a las señaladas, como la suscripción del Acta de Audiencia Pública de
Revisión y Asignación de Riesgos de la licitación pública, del Informe de Evaluación
de la Licitación Pública y del Acta de Audiencia Pública de Adjudicación.
La autoridad disciplinaria desconoció el término de prescripción de la acción
disciplinaria porque el fallo de primera instancia se notificó por edicto el 10 de
noviembre de 2015 y el término prescriptivo se cumplió el 4 de octubre de esa
anualidad. Lo anterior, porque al tratarse de una falta instantánea, se debió tomar
19 Memorial visible a págs. 771 a 779 de la contestación de la PGN
20 Memorial visible a págs. 782 a 802 de la contestación de la PGN
21 Pags. 868 a 954
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
como fecha de consumación la del concepto técnico ST-096-2010, esto es, el 4 de
octubre de 2010.
Destacó que la autoridad disciplinaria en el fallo de segunda instancia modificó el
cargo imputado incialmente al investigado, pues pasó de ser una falta instantánea
a una continuada, con el fin de alargar el término de prescripción de la acción.
2.- Contestación de la demanda
La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:
No se desconoció el principio de congruencia porque tanto en el auto de imputación
de cargos del 12 de noviembre de 2013, como en los fallos disciplinarios de primera
y segunda instancia, se señáló que la falta fue cometida con ocasión de la
participación del disciplinado en la etapa precontractual del contrato 126 de 2010,
al haber incumplido con los deberes constitucionales y legales adquiridos como
servidor público.
No hubo una modificación de la falta disciplinaria al señalar que el demandante
participó de las Audiencias Públicas de Revisión y Asignación de Riesgos y de
Adjudicación, así como del Informe de Evaluación, comoquiera que estas
actuaciones forman parte de la etapa precontractual. Se precisó que su mención fue
un elemento accidental o secundario, con el fin de precisar a partir cuando debía
contabilizarse el término de prescripción de la acción disciplinaria. En esa medida,
no se alteró en forma alguna la valoración jurídica del cargo imputado a Oscar
Mauricio Ossa Vargas.
En el proceso disciplinario no existió una nulidad procesal de las señaladas en el
artículo 143 de la Ley 734 de 2002. Esto se evidencia en el hecho que el
demandante no solicitó la anulación por esas causales.
En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria, al ser una conducta continuada
el término empezaba a contar desde que finalizó la etapa precontracual del contrato
126 de 2010. Es decir que la contabilización del término prescriptivo inició el 30 de
noviembre de 2010, con la adjudicación del contrato.
La notificación personal es el medio principal de notificación. Por lo tanto, como el
fallo de primera instancia se le notificó personalmente al disciplinado el 2 de octubre
de 2015, en esa fecha se interrumpió el término del prescripción. La PGN aclaró
que quien fue notificado mediante el edicto desfijado el 10 de noviembre de 2015
fue el otro sancionado, Alberto Pérez Cuervo.
3.- La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia de primera instancia del 28 de
abril de 202122, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
demandante, con base en los siguientes argumentos:
22 Visible a índice 2 de SAMAI
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
En lo atinente a la prescripción de la acción disciplinaria precisó que, inclusive si se
acogiera el argumento del demandante de que se trató de una falta de carácter
instantáneo y no continuado, no operó este fenómeno.
Se expuso que el Consejo de Estado ha definido que la notificación por edicto es
subsidiaria, ya que sólo procede cuando no es posible efectuar la notificación
personal. Por lo tanto, en el sub judice el término de 5 años previsto en el artículo
30 de la Ley 734 de 2002 se interrumpió el 2 de octubre de 2015 con la notificación
personal del fallo de primera instancia al disciplinado, Oscar Mauricio Ossa Vargas.
En ese orden, el tribunal aclaró que el edicto del 4 de noviembre de 2015, desfijado
el 10 de esos mismos mes y año, se orientaba claramente a notificar al otro
sancionado, Alberto Pérez Cuervo, quien no se pudo notificar personalmente.
En cuanto al reproche al fallo disciplinario de segunda instancia, por incongruencia
entre el cargo estudiado en esa instancia procesal y aquél que le fue inicialmente
atribuido al disciplinado, el a quo sostuvo que la referencia que se hizo a su
participación en el acta de audiencia pública de revisión y asignación de riesgos
dentro de la licitación pública, en el informe de evaluación de la licitación pública y
en el acta de audiencia pública de adjudicación, tuvo relación estricta con las
solicitudes de extinción de la acción disciplinaria por prescripción elevadas por el
encartado el 24 de febrero y 5 de abril de 2017.
Expresó que no hubo violación del debido proceso del demandante, en la medida
en que en el fallo disciplinario de segunda instancia no se modificó el pliego de
cargos. En efecto, en ambas oportunidades se señaló que Oscar Mauricio Ossa
Vargas, al participar en la etapa precontractual del contrato 196 de 2010, incumplió
su deber legal de ejercer su cargo de Subdirector Técnico del IMOC con apego a la
Constitución, la ley y las directrices de carácter reglamentario, establecidas en el
manual de funciones del IMOC.
Finalmente, tras efectuar un control integral de la actuación disciplinaria, esto es, de
sus elementos de tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad, proporcionalidad de la
sanción y valoración probatoria, no advirtió irregularidades que dieran lugar a anular
los actos demandados.
3.1.- Salvamento de voto23
La magistrada Yanneth Reyes Villamizar se distanció de la decisión mayoritaria de
negar las pretensiones de la demanda, para lo cual argumentó que:
El pliego de cargos no fue claro, pues pese a que se afirmó que era un solo cargo
se le imputaron varias conductas.
El cargo endilgado al disciplinado no concuerda con los hechos probados en el
proceso disciplinario. Además que no se evidenció un daño fiscal y que el estudio
de los supuestos sobrecostos en que se fundamentó el pliego de cargos, se hizo a
partir de un estudio de los precios del mercado para el año 2011 y no del 2010.
23 Visible a índice 2 de Samai
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
La PGN en el fallo de segunda instancia, al negar el decreto de la prescripción con
fundamento en que la conducta fue de tracto sucesivo, modificó la imputación fáctica
del pliego de cargos y de la decisión de primera instancia, en las cuales se limitó la
falta disciplinaria a la elaboración de los estudios previos y la suscripción del
concepto técnico ST-096-2010.
Por último, expuso que bajo el entendido que la falta era de naturaleza instantánea,
el fallo no tuvo en cuenta que había operado el fenómeno de la prescripción, pues
el apoderado del disciplinado fue notificado el 7 de octubre de 2015 y el término
vencía el día 4 de ese mismo mes y año.
4-. El recurso de apelación24
El demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con base en los siguientes argumentos:
(i) El Tribunal desconoció que en la actuación disciplinaria adelantada en contra
de Oscar Mauricio Ossa Vargas, la PGN modificó el núcleo fáctico del cargo
en el fallo de segunda instancia, en esencia, señaló que:
El a quo erró al considerar que el hecho de haberse examinado actuaciones del
disciplinado en la etapa precontractual, distintas a las contenidas en la acusación
fáctica, tuvo como fin establecer el término prescriptivo sin que ello afectara el
derecho a la defensa.
Enfatizó que no se trató de un examen aislado que realizara la segunda instancia
disciplinaria de la participación del demandante en la licitacón pública LIC-IMOC-
004-2010, sino de la modificación del aspecto temporal de la acusación que incidió
directamente en la contabilización del término prescriptivo de la acción disciplinaria.
(ii) En cuanto a la notificación del fallo disciplinario de primera instancia indicó
que:
El tribunal ignoró que el apoderado del demandante se notificó el 10 de octubre de
2015, fecha para la cual ya había operado el fenómeno jurídico de la prescripción,
pues la última falta, esto es la suscripción del concepto técnico ST-096-2010, data
del 4 de octubre de 2010.
5.- Alegatos de segunda instancia25
La PGN reiteró que los actos disciplinarios demandados fueron expedidos con
respeto de las garantías fundamentales al debido proceso y defensa. Precisó que
estos se fundamentaron en un riguroso análisis probatorio.
Señaló que no acaeció la prescripción de la acción disciplinaria porque la conducta
endilgada correspondió a una de tracto sucesivo No obstante, manifestó que si en
gracia de discusión se aceptara que fue una falta de ejecución instantánea, consta
24 Visible a índice 2 de Samai
25 Visible a índice 9 de Samai
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
en el expediente que no transcurrieron más de 5 años entre la realización de la falta
y la notificación personal del fallo de primera instancia.
Señaló que el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos censurados.
6.- Concepto del Ministerio Público26
El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de
la demanda.
Señaló que adelantó un estudio integral del tramite del proceso disciplinarios y de
sus aspectos formales y sustanciales y encontró que los fallos disciplinarios
demandados estuvieron debidamente motivados. Es decir, que se logró demostrar
que la participación del demandante en la etapa precontractual como subdirector
técnico del proceso licitatorio que conllevó a la celebración del contrato 126 de 13
de diciembre de 2010, del cual hacen partes los estudios previos, pliegos de
condiciones y demás documentos que evidencian los sobrecostos, desconoció las
normas disciplinarias y los principios que rigen la administración pública.
En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria, precisó que la facultad
sancionadora de la PGN se ejerció dentro del término de 5 años previsto en el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, bajo el entendido de que la participación en la
fase precontractual imputada al disciplinado era de carácter continuado y concluyó
con la suscripción del contrato, es decir, el 13 de diciembre de 2010.
II.- Consideraciones
7.- Problemas jurídicos
Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes: (i) ¿la falta en que incurrió
el disciplinado es de carácter instantáneo o permanente? (ii) ¿hubo prescripción de
la acción disciplinaria? y (iii) ¿se vulneró el principio de congruencia en la
investigación disciplinaria?
8.- Estudio y resolución del primer problema jurídico
8.1.- Faltas relacionadas con la contratación pública
Debido a la especial relevancia que tiene el contrato estatal como instrumento de
gestión pública, el legislador tipificó en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de
2002 como conducta que puede ser constitutiva de falta gravísima el participar en
la etapa precontractual o en la actividad contractual. Así las cosas, para efectos de
configurar la falta, el tipo objeto de análisis exige la concurrencia de la participación
en alguna de las etapas señaladas, bien sea con el detrimento del patrimonio
público, con el desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal y
la función administrativa o con ambas.
26 Visible a índice 10 de Samai
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
Al respecto, el Consejo de Estado ha precisado que la expresión «etapa
precontractual» contenida en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 «quiso recoger todas
las irregularidades que eventualmente se presenten antes de la firma del contrato, siempre
y cuando se concrete la regla que desconozca alguno de los principios de la contratación
estatal»27. Es decir, que la aludida norma no hizo ninguna excepción, clasificación o
precisión que permitiera excluir algunas actividades o deberes que deben cumplirse
antes de la apertura formal del proceso contractual.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que una cosa es la
infracción como tal, la cual puede consistir en un acto de ejecución instantánea o
continuada, y otra los efectos que ella produce. En ese sentido, se observa que la
norma disciplinaria no distingue entre las actuaciones que se adelanten durante la
etapa precontractual, sino que alude a esta de forma general28. Así las cosas, se
tiene que cuando la falta se haya consumado antes de la celebración del contrato,
esta es la fecha que se debe tomar como referencia, por cuanto es a partir de ese
momento que se entiende agotada la etapa precontractual.
8.2.- Clasificación de las faltas disciplinarias
Es oportuno señalar que el legislador, en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, para
efectos de determinar cuando se desencadena la prescripción de la acción
disciplinaria, clasificó las faltas disciplinarias en continuadas e instantáneas.
Así las cosas, por faltas de ejecución instantánea, se entiende que son aquellas que
se agotan en un sólo momento o, en otras palabras, cuando la conducta acabe con
una única actividad que el disciplinado despliegue u omita desplegar29.
Por su parte, se tiene que las faltas disciplinarias de naturaleza continuada,
permanente o sucesiva, son las que se presentan cuando la lesión del bien jurídico
protegido se prolonga en el tiempo. Es decir, que las faltas tendrán esta naturaleza
cuando se trate de «una verdadera situación delictual, que en tanto se prolonga en el
tiempo, mientras sigue lesionando los bienes jurídicos que la norma protege, hasta tanto no
se altere la situación que abrió el camino a ese estado de cosas trasgresor de la legalidad
y ofensivo de importantes bienes jurídicos»30.
En consecuencia, en aquellas faltas en las que existe una separación temporal o
espacial entre el momento de la manifestación de la voluntad del autor y la
consumación del resultado, se torna complejo determinar si la falta fue de naturaleza
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019.
Radicación número: 11001-03-25-000-2010-00264-00(2217-10). Consejero Ponente: William
Hernandez Gómez.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2012.
Radicación número: 25000-23-25-000-2003-05420-02(0479-09) Consejero Ponente: Luis Rafael
Vergara Quintero.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2019.
Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00283-01(3966-14). Consejero Ponente: William
Hernandez Gómez.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2010.
Radicación número: 25000-23-25-000-2004-05678-02(2137-09). Consejero Ponente: Víctor
Hernando Alvarado Ardila
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
instantánea o continuada31. Por lo tanto, para ello es necesario definir si la lesión
al bien jurídico protegido se mantuvo o no en el tiempo.
8.3.- Estudio y resolución del primer problema jurídico
El primer problema jurídico se estructuró en torno a establecer si la falta que originó
la sanción disciplinaria impuesta en que incurrió el disciplinado es de carácter
instantáneo o permanente; esto bajo el entendido que el debate sobre la
prescripción, que será abordado en la resolución del segundo problema jurídico,
depende de ello.
Entonces, el Contrato 126 del 13 de diciembre de 2010 se adjudicó por un valor
mayor al que correspondía, en atención a los estudios previos del 24 de septiembre
de 2010 y del concepto técnico ST-096-2010 del 4 de octubre de 2010 que fueron
suscritos por Oscar Mauricio Ossa Vargas en su calidad de Subdirector Técnico del
IMOC. Estas actuaciones, adelantadas en el marco de la etapa precontractual,
conllevaron el detrimento del erario por la sobrestimación de cantidades de obra a
ejecutar y el sobrecosto de los materiales y dieron lugar a la investigación
disciplinaria cuestionada.
Al revisar el pliego de cargos del 12 de noviembre de 2013 se observa que la
Procuraduría Regional del Caquetá formuló un único cargo en contra del
demandante:
«El señor OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS, en su condición de SUBDIRECTOR
TECNICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES - IMOC- DE FLORENCIA
(CAQUETA)), al participar en la etapa precontractual, presuntamente incumplió el
mandato constitucional y legal relacionado con los deberes que como servidor público
adquirió frente a la función administrativa encomendada con ocasión de su cargo, toda
vez que realizó el 24 de septiembre de 2010 los estudios previos y el 4 de octubre de
2010 el concepto técnico No.ST-096-2010, que dieron origen al Contrato No.126 del 13
de Diciembre de 2010, el cual causó un perjuicio económico al municipio, al estimar
mayores cantidades de obra y un posible sobrecosto a los materiales utilizados en la
obra, por un valor de $390.500.000.00 y $559.045.189.30., respectivamente; conducta
con la cual pudo vulnerar la ley disciplinaria al causarse detrimento al patrimonio público
y desconocer los principios de economia y responsabilidad.»
Luego, al examinar el fallo disciplinario de primera instancia del 30 de septiembre
de 2015 de la Procuraduría Regional del Caquetá32, se evidencia que en este el
estudio se enfocó en determinar si el demandante, en el marco de la actuación
«precontractual» del contrato 126 de 2010, había incurrido en la conducta imputada.
Sobre el particular, se encontró:
«[A]demás de estar tipificada la conducta atribuida al investigado; obran en el plenario
suficientes elementos probatorios que muestran su falta de diligencia y cuidado durante
la actuación surtida en la etapa precontractual del bilateral No. 126 de 2010, toda vez
que al elaborar los estudios previos e informe técnico, sobreestimó cantidades de obra
a contratar y con sobrecostos en algunos ítems de materiales; tal desempeño
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2019.
Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00283-01(3966-14). Consejero Ponente: William
Hernandez Gómez.
32 Págs. 499 a 552 de la contestación de la PGN
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
inadecuado constituye una violación sustancial de los principios de responsabilidad,
economia, transparencia y probidad de la función pública; el desconocimiento del
principio de economía que reina en la actividad contractual de las entidades estatales; y
aunado a ello, el quebrantamiento de deberes funcionales que como Subdirector Técnico
del IMOC debía atender con eficiencia y eficacia. Por esta razón estima el Despacho que
debe el Ingeniero Ossa Vargas responder por sus actos y omisiones antijurídicas.»33
Por último, en el fallo de segunda instancia al determinar la tipicidad de la conducta
se indicó:
«3.3 Tipicidad de la conducta:
[…] En el presente caso, para esta Delegada, se encuentra objetivamente demostrado
que el señor OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS, en calidad de Subdirector del IMOC
de la ciudad de Florencia, participó en la etapa precontractual, realizando estudios
previos e informe técnico de la Licitación Pública No. LIC-IMOC-004-2010, soporte estos
para la celebración del contrato 126 de 2010, sin una justificación precisa y concreta del
análisis técnico y económico que soportó el valor estimado del contrato, resultando con
mayores cantidades de obra y sobrecostos en el valor de los materiales.
En punto a lo anterior, el Subdirector investigado, en calidad de tal del IMOC, realizó los
estudios y estudio técnico que determinarían la existencia de las mayores cantidades de
obra y los sobrecostos, siendo que el proceso licitatorio como actividad reglada en el
Estatuto de Contratación de la Administración Pública, debía culminar con la no inclusión
de las señaladas circunstancias que iban en desmedro del buen funcionamiento de la
administración.»
Así las cosas, se evidencia que en los 3 momentos procesales previamente
indicados hubo coherencia tanto entre el cargo imputado y estudiado, como en los
argumentos expuestos con el juzgador disciplinario. En efecto, todas las decisiones
son claras en precisar, de un lado, que la conducta del encartado se presentó a lo
largo de la etapa precontractual; y del otro, que la comisión de la falta culminó con
la suscripción del Contrato No.126 del 13 de Diciembre de 2010, cuyo sobrecosto
causó un perjuicio económico al municipio.
En ese orden, destaca la Sala que si bien el artículo 163 de la Ley 734 de 2002
señala que la decisión de cargos deberá contener «[l]a descripcion y determinacion de
la conducta investigada, con indicacion de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se realizó», esto es, las condiciones generales que permitan concretar la
conducta; ello no equivale a indicar un día y una hora, ni el lugar específico en que
esta se materializó.
El hecho de que en la actuación administrativa disciplinaria se haya precisado que
la conducta se dio con ocasión de la suscripción de los aludidos documentos, no
implica que inmediatamente se haya concretado la conducta. Por lo tanto, es claro
para la Sala que se trató de una falta continuada, en tanto el daño al bien jurídico
protegido se presentó o materializó con la suscripción del contrato 126, es decir, el
13 de diciembre de 2010.
33 Pag. 548
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
En virtud de lo expuesto, encuentra la Sala que no es cierto que en el marco del
proceso disciplinario se haya desconocido el derecho al debido proceso del
demandante. Sobre el particular, se tiene que, si bien en la segunda instancia se
precisó que el demandante también participó en otras actuaciones de la etapa
precontractual, sólo se le sancionó por la suscripción de los documentos
previamente indicados, debido a la incidencia que ello tuvo respecto del valor final
del contrato suscrito.
9.- Estudio y resolución del segundo problema jurídico
9.1. La prescripción de la acción disciplinaria
La Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado en sentencia del
29 de septiembre de 200934, señaló que el acto administrativo que impone la
sanción y en consecuencia interrumpe el término de la prescripción era el principal
-es decir, el de primera o única instancia según el caso-, pues es este el que define
la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria y concreta la
expresión de la voluntad de la administración, mientras que los actos que resuelven
los recursos corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es emitir el
pronunciamiento sino permitir a la administración revisar su decisión. Así señaló la
providencia en mención:
«Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las Secciones
sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el presente
proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a continuación se
explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que la tesis de recibo
que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando
concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que
define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se
concreta la expresión de la voluntad de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa
contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que
imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no
es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la
administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia
de esta segunda etapa denominada “vía gubernativa” queda al arbitrio del
administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente
procedan contra el acto.
(...)
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar
dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación
administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver
los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último
recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad
sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente,
dejar en manos del Investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se
"impone" la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
(...)
Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años
contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo,
dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto
34 Sentencia de 29 de septiembre de 2009, con ponencia de la conejera Susana Buitrago Valencia,
expediente 2003-00442-01.
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la
actuación administrativa disciplinaria.
(...)
En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual
entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se
expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria,
que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa.» (Subrayado fuera de texto).
De acuerdo con lo expuesto, en materia de prescripción de la acción disciplinaria la
sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 proferida por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, definió que dentro del
término de los 5 años establecido por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la
autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el acto administrativo
sancionatorio principal, esto es el de primera o única instancia con el cual interrumpe
el término de prescripción.
9.2.- Caso concreto
Una vez definido que la falta imputada al disciplinado es de naturaleza permanente
o continuada, procede la Sala a estudiar el segundo problema jurídico, el cual tiene
que ver con determinar si hubo o no prescripción de la acción disciplinaria.
En ese orden, se recuerda que de conformidad con el artículo 30 de la Ley 734 de
2002, para las faltas de carácter permanente o continuado, el término de
prescripción de la acción disciplinaria de 5 años contará desde a realización del
último acto.
Por lo tanto, como la etapa precontractual culminó el 13 de diciembre de 2010 con
la suscripción del contrato 126 de 2010, esta es la fecha que se debe tomar como
referencia para efecto de contabilizar el aludido término.
Al revisar el expediente administrativo, se observa que el fallo sancionatorio de
primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional del Caquetá, data del 30
de septiembre de 2015 y que la decisión sancionatoria fue notificada de la siguiente
manera: (i) personalmente, a Oscar Mauricio Ossa Vargas el 2 de octubre de 201535
y a su apoderado, Luis Eduardo Pizo Enriquez, el 7 de octubre de 2015 36, y (ii) por
edicto del 4 de noviembre de 2015 al otro implicado, Alberto Pérez Cuervo37.
Se concluye de lo expuesto que en el sub lite, no hubo prescripción de la acción
disciplinaria, toda vez que, como se indicó en precedencia, el término de 5 años
establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, empezaba a contar el 13 de
diciembre de 2010 por lo que finalizaba el 13 de diciembre de 2015, y el fallo fue
notificado personalmente al sancionado y a su apoderado en el mes de octubre de
ese mismo año.
10.- Estudio y resolución del tercer problema jurídico
35 Pág. 555 de la contestación de la PGN.
36 Pág. 556 de la contestación de la PGN.
37 Pág. 609 de la contestación de la PGN.
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
Desde un inicio, la Sala señala que se garantizó el principio de congruencia entre el
pliego de cargos formulado al disciplinado y los actos administrativos
sancionatorios.
En efecto, como viene expuesto, revisado el acto de formulación de pliego de cargos
del 12 de noviembre de 2013, observa la Sala que, a través de este, la Procuraduría
Regional del Caquetá, le imputó como cargo único al demandante, lo siguiente: «El
señor OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS, en su condición de SUBDIRECTOR TÉCNICO
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES –IMOC- DE FLORENCIA (CAQUETÁ),
al participar en la etapa precontractual, presuntamente incumplió el mandato constitucional
y legal relacionado con los deberes que como servidor público adquirió frente a la función
administrativa encomendada con ocasión de su cargo, toda vez que realizó el 24 de
septiembre de 2010 los estudios previos y el 4 de octubre de 2010 el concepto técnico no.
ST-096-2010, que dieron origen al contrato No. 126 del 13 de diciembre de 2010, el cual
causó un perjuicio económico al municipio, al estimar mayores cantidades de obra y un
posible sobrecosto a los materiales utilizados en la obra, por un valor de $ 390.500.000.oo
y $559.045.189.30,. respectivamente; conducta con la cual pudo vulnerar la ley disciplinaria
al causarse detrimento al patrimonio público y desconocer los principios de economía y
responsabilidad».
Es importante precisar, que el detrimento patrimonial causado al municipio, según
la PGN se originó al estimarse mayores cantidades de obra proyectadas por parte
del disciplinable al suscribir los estudios previos el 24 de septiembre de 2010 y por
el sobrecosto en los materiales utilizados en la obra, vertido el concepto técnico el
4 de octubre siguiente, que dieron origen al citado contrato.
Se indicó además que con fundamento en las pruebas recaudadas, se infería que
«el Sub director del Instituto Municipal de Obra Civiles de Florencia, señor OSCAR
MAURICIO OSSA VARGAS, al avalar la propuesta presentada por CHAMAT INGENIEROS
LTDA., teniendo en cuenta que hacía parte del comité evaluador y elaborar el concepto
técnico ST-096-2010, permitió que se celebrara el contrato No. 126 de 2010, con presuntos
sobrecostos en detrimento del erario público (…)».
Como concepto de violación se relacionó que «Conforme al Manual de Funciones
aprobado mediante Acuerdo No. 009 del 9 de noviembre de 2009, al investigado, como
Subdirector Técnico del Instituto Municipal de Obras Civiles –IMOC- le correspondía la
función de elaborar el Concepto Técnico, los estudios previos donde se concluyó el
presupuesto para contratar y aprobar las propuestas para seleccionar al proponente (…).
Esa era su responsabilidad, la misma que hasta este momento procesal aparece incumplida
en lo que respecta al proceso precontractual. (…)Revisado el concepto técnico No. ST-096-
2010, elaborado por el disciplinado en su condición de Subdirector Técnico, se observa que
el valor estimado a los materiales de tubería para alcantarillado y acueducto, superan los
valores consultados por el perito en la lista oficial de precios de PAVCO; por lo que se
desconoce el mecanismo utilizado por el disciplinado, que permite inferir que en efecto se
realizó un estudio serio de precios del mercado para haber escogido la oferta más
favorable».
En lo relacionado con la naturaleza de la falta, se arguyó que se calificaba como
gravísima al incurrir en aquella señalada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, adecuando además su conducta en el numeral 1 del artículo 34 de la
misma ley, efectuándose la imputación a título de culpa gravísima, por no consultar
los precios en el mercado de la tubería a utilizar para el acueducto y alcantarillado
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
del Municipio de Florencia, y que fueron plasmados al arbitrio en el concepto técnico
y estudios previos que dieron fundamento a una contratación.
Al estudiar la totalidad del expediente disciplinario se constata que el pliego de
cargos del 12 de noviembre de 2013, no fue variado, por lo que el 30 de septiembre
de 2015, la Procuraduría Regional del Caquetá, emitió fallo de primera instancia, en
el que se sostuvo frente a la ilicitud de la conducta que «Dada su condición de
Subdirector Técnico del IMOC, para la época de los hechos, al Ingeniero Ossa Vargas le
correspondía de acuerdo con el Manual de Funciones, planear levantamientos, diseños,
planos y presupuestos oficiales de las diferentes obras a ser contratadas y/o ejecutadas por
el Instituto, así como revisar y evaluar los términos de referencia y las propuestas para
seleccionar al proponente. Según ha quedado evidenciado en la presente causa, el
investigado participó en la etapa precontractual elaborando y suscribiendo los estudios
previos y el concepto técnico que dieron origen a la celebración del contrato No. 126 de
2010; documentos en los cuales sobrestimó cantidades de obra a ejecutar con sobrecostos
en algunos materiales, que llevaron a un pago indebido en la ejecución del bilateral;
causándose detrimento patrimonial para el Municipio de Florencia».
Como puede observarse, en el fallo disciplinario de primera instancia se mantuvo
incólume tanto la imputación fáctica, como la jurídica, insistiendo en el
incumplimiento de los deberes funcionales del disciplinado, al haber dado lugar a
detrimento patrimonial de la entidad municipal, al sobreestimar cantidades de obra
proyectadas a ejecutar y sobrecostos en algunos materiales, al participar en la etapa
precontractual al firmar, en su orden, los estudios previos y el concepto técnico que
convergió en la celebración del contrato respectivo, lo que tuvo como consecuencia
un pago indebido en detrimento del presupuesto del municipio mencionado. Desde
luego que la estimación excesiva de las cantidades de obra a ejecutar se plasmó en
los estudios previos, que llevó, según la Procuraduría Regional del Caquetá, al pago
de sumas de dinero que no correspondían, en razón a que no es lo mismo efectuar
un estudio y diseño por 19.9 kilómetros de la red de acueducto y alcantarillado para
la ciudad de Florencia que debía realizarse o a lo sumo 24.6 como se probó, que
220 kilómetros que efectivamente fueron objeto de los estudios previos. Eso en
manera alguna significa que se hayan tendido 220 kilómetros de red, sino 19.9
kilómetros, o a lo sumo 24,6 kilómetros, pero en la práctica la entidad pagó en
exceso más de 200 kilómetros de diseño, así como por el sobrecosto de algunos
materiales contenido en el concepto técnico.
En virtud de lo anterior, se resolvió declarar disciplinariamente responsable a Oscar
Mauricio Ossa Vargas, en su condición de subdirector técnico del IMOC, como autor
responsable de la falta disciplinaria calificada como gravísima e imputada a título de
culpa gravísima, de conformidad con las circunstancias de tiempo, modo y lugar
referidas en el fallo disciplinario. La anterior decisión fue recurrida por el apoderado
del demandante, alegando como motivos de inconformidad «2.1 Yerros jurídicos de la
decisión, (i) pretermisión de la técnica jurídica que exige la falta en concreto, (ii)
Desconocimiento de la tipología contractual, (ii) Ausencia de tipicidad, a) defecto de
estructuración temporal del estudio de mercado y del dictamen, b) defecto de identidad en
el objeto del dictamen (iv) ausencia de culpabilidad, (v) Ausencia de ilicitud sustancial, 2.2
Indebida valoración probatoria (i) falta de prueba del sobrecosto acusado e (ii) insuficiencia
probatoria».
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
Por auto del 11 de noviembre de 2015, la Procuraduría Regional del Caquetá,
concedió el recurso de apelación presentado por el demandante. Con fecha 24 de
febrero de 2016, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal,
resolvió de oficio, decretar una pruebas documentales (informe técnico) y
testimoniales en segunda instancia, ordenando comunicar de dicha decisión a los
sujetos procesales y/o a sus apoderados. El 17 de enero de 2017, se ordenó
comunicar a los implicados acerca de la aclaración presentada al informe técnico
que fuere decretado como prueba en segunda instancia, siendo aclarado ese auto
el 14 de marzo de 2017, en el sentido de señalar que sobre el mismo podía
solicitarse aclaración, ampliación o adición.
El 24 de febrero de 2017, Oscar Mauricio Ossa Vargas, presentó una solicitud de
extinción de la acción disciplinaria y el 5 de abril de 2017, radicó un nuevo memorial,
peticionando que se declarara la terminación de la acción disciplinaria por
prescripción.
El 6 de julio de 2017, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal,
emitió fallo de segunda instancia, desarrollándolo en varios capítulos y en lo
relacionado con la imputación fáctica y jurídica del cargo, sostuvo lo que sigue:
«Ahora bien, continuaremos el presente pronunciamiento de instancia, respecto del
señor OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS, (…) a quién se le formuló un cargo
único, hallándosele responsable del mismo, el cual se cita a continuación: “El señor
OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS, en su condición de SUBDIRECTOR TÉCNICO
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRAS CIVILES –IMOC- DE FLORENCIA
(CAQUETÁ), al participar en la etapa precontractual, presuntamente incumplió el
mandato constitucional y legal relacionado con los deberes que como servidor
público adquirió frente a la función administrativa encomendada con ocasión de su
cargo, toda vez que realizó el 24 de septiembre de 2010 los estudios previos y el 4
de octubre de 2010 el concepto técnico no. ST-096-2010, que dieron origen al
contrato No. 126 del 13 de diciembre de 2010, el cual causó un perjuicio económico
al municipio, al estimar mayores cantidades de obra y un posible sobrecosto a los
materiales utilizados en la obra, por un valor de $ 390.500.000.oo y
$559.045.189.30,. respectivamente; conducta con la cual pudo vulnerar la ley
disciplinaria al causarse detrimento al patrimonio público y desconocer los principios
de economía y responsabilidad».
Como puede observarse, el Operador Disciplinario de segunda instancia reprodujo
literalmente el cargo formulado en el trámite del proceso en la primera instancia,
manteniéndose de esa manera inalterada la imputación fáctica y jurídica.
Seguidamente, desarrolló uno a unos los reparos formulados por el actor contra el
fallo de primera instancia, de la siguiente manera:
«(…) De lo anterior, se infiere que, la primera instancia, contrario a lo apreciado por
el recurrente, sí concretó el cargo, endilgando la violación de principios que rigen la
contratación pública, estructurando el mismo con disposiciones de rango
constitucional, legal y reglamentaria (…). Así mismo aduce el apelante, un supuesto
(ii) Desconocimiento de la tipología contractual y su impacto en la decisión (…).
Frente a este punto, no se observa descontextualización alguna por parte de la
primera instancia, pues su argumentación partió del concepto técnico proferido por
un funcionario experto en el tema adscrito a la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales, sin que la modalidad o tipología del contrato, como lo quiere hacer ver
el apelante, permita la existencia de mayores cantidades de obra y sobrecostos de
los materiales. La conducta constitutiva de falta disciplinaria, endilgada en el cargo
formulado al investigado, le reprocha participar, en la etapa precontractual, en
calidad de subdirector del IMOC, en detrimento y con desconocimiento, esto es,
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
detrimento porque por las mayores cantidades de obra y sobrecostos de los
materiales, se celebró un contrato por mayor valor del que debía celebrarse (…).
Continuando con el análisis de la apelación del señor OSCAR MAURICIO OSSA,
en otro punto solicita revocar el cargo formulado a su poderdante, por ser la
conducta atípica.
(…) Ahora bien, frente al caso concreto que nos ocupa, una vez analizado el
contexto el fallo de primera instancia, hoy recurrido, el planteamiento de la defensa
del investigado quien depreca la atipicidad, no es, entonces, aceptable, porque con
el conjunto normativo precisado en la formulación del cargo, se satisfizo las
exigencias de indicarle, de manera unívoca y precisa, en qué consistió el yerro
funcional como servidor público, porqué éste atentó en contra de los postulados de
la función administrativa y cuáles fueron las consecuencias de tal actuar.(…)».
Frente a los reparos propuestos en el recurso de apelación, referidos «a) defecto de
estructuración temporal del estudio de mercado y del dictamen, y b) defecto de identidad
en el objeto del dictamen», se adujo que «En otras palabras, los costos de los materiales
referenciados, técnicamente, siendo idénticos en sus especificaciones, no podían ser
superiores para el año de 2014 respecto del año 2011, menos aun cuando la base para
determinar los valores del mercado, provino de una lista de precios de PAVCO, que sirvieron
de base para recalcular los APU del contratista, siendo ellos un punto de referencia
representativo para el año 2014. En relación con el informe de aclaración del dictamen,
debe acreditarse que una vez transcurrido su traslado a los sujetos procesales, se venció
el término sin que estos solicitaran su aclaración, ampliación o adición del mismo, esto es,
su contenido tiene alcance de pleno valor probatorio».
Otro de los temas que hizo parte del recurso de apelación del demandante al interior
del proceso disciplinario, se relacionó con haber sido sancionado sin graduar su
culpabilidad; a este respecto, en el fallo cuestionado se optó por transcribir apartes
de la decisión de primera instancia, referidos con la calificación definitiva de la falta,
la culpabilidad y la dosificación de la sanción, para concluir que «Mayor claridad al
respecto no se puede generar para despejar al punto en asunto debatido, por lo cual
pasaremos al siguiente, objeto de apelación».
Se alegó también en el recurso de apelación, ausencia de ilicitud sustancial. Para
hacer frente a este reproche, el fallo en comento adujo: «Es claro para esta segunda
instancia, que en el cargo endilgado, claramente se le señala al investigado, (i) participar
en la etapa precontractual, incumplimiento con los deberes que como servidor público
adquirió frente a la función administrativa, encomendada con ocasión de su cargo, (ii)
señalándole que con su conducta causó un perjuicio económico al municipio, al estimar
mayores cantidades de obra y un posible sobrecosto a los materiales utilizados en la obra,
por un valor de $390.500.000.oo y $559.045.189.30., respectivamente; (iii) conducta con la
cual pudo vulnerar la ley disciplinaria al causarse detrimento al patrimonio público y
desconocer los principios de economía y responsabilidad. En ningún aparte del cargo
endilgado, se le reprocha el haber “pagado”, con lo cual se requería la prueba del pago
indebido (…). En los anteriores términos, se desestima este punto de la solicitud, sobre el
tema de inexistencia de ilicitud sustancial de la conducta».
En lo atinente a la indebida valoración probatoria, otro de los temas por los cuales
se dolió el actor en la apelación que presentó en curso del proceso disciplinario, se
mencionó en el fallo de segundo grado que al tener como sustento el informe
rendido por el perito adscrito a la Dirección Nacional del Investigaciones Especiales,
el cual ya había sido abordado, se atenía a lo que sobre ese aspecto se había
planteado. En cuanto a «la falta de prueba del sobrecosto acusado» se otorgó plena
validez al dictamen del funcionario comisionado adscrito a la Dirección Nacional de
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
Investigaciones Especiales, en el cual, se afirmó que el componente que alteró el
precio unitario correspondió al material, tomando como referencia la lista oficial de
PAVCO.
Se ocupó seguidamente la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación
Estatal de estudiar la imputación efectuada contra el demandante para determinar
si efectivamente estaba probada o por el contrario carecía de sustento jurídico.
Veamos:
«Pues bien, al igual que en el análisis realizado en precedencia, observamos en
este caso, que de la revisión del contenido del numeral 31 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, se logra establecer que el verbo rector de dicha norma es el de
participar en la actividad precontractual o contractual, en detrimento del patrimonio
público, o con desconocimiento de principios que regulan la contratación estatal. Si
nos detenemos en una revisión clara de la norma, y de acuerdo con los hechos
ampliamente descritos en esta decisión, encontramos que, precisamente el
encartado, participó de la actividad precontractual cuando, en calidad de Subdirector
Técnico del IMOC y conforme al Manual de Funciones, le correspondía elaborar el
concepto técnico y los estudios previos en la etapa precontractual, es decir, participó
y tuvo bajo su responsabilidad, en cuanto a su deber funcional, el proceso
contractual por el cual se adjudicó la Licitación Pública No. LIC-IMOC-004-2010, y
celebró el contrato no. 126 del 2010 por un valor de $ 9.538.521.883, motivo por el
cual se le calificó la conducta en este sentido.
Con esa participación, actuó en detrimento del patrimonio de la administración
municipal de Florencia-Caquetá, cuando confeccionó los documentos que contienen
los estudios previos y el concepto técnico, cuando calculó cantidades de obra para
hacer levantamientos topográficos (…). Es preciso recordar, que el señor OSCAR
MAURICIO OSSA VARGAS, fundió como Subdirector Técnico del Instituto Municipal
de Obras Civiles de Florencia-IMOC- (…) le era exigible (…) llevar a cabo, en apego
de los principios de economía y responsabilidad, la elaboración y suscripción de los
estudios previos y el concepto técnico, sin estimar mayores cantidades de obra (…)
en otras palabras, le era exigible realizar unos estudios e informe técnico, que no
representada mayores cantidades de obra de las que en realidad se iba a ejecutar
(…).
3.3 Tipicidad de la conducta:
(…) En el presente caso, para esta Delegada, se encuentra objetivamente
demostrado que el señor OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS, en calidad de
Subdirector del IMOC de la ciudad de Florencia, participó en la etapa precontractual,
realizando estudios previos e informe técnico de la Licitación Pública No. LIC-IMOC-
004-2010 (…) sin una justificación precisa y concreta del análisis técnico (….).
En punto de lo anterior, el Subdirector investigado, en calidad de tal del IMOC,
realizó los estudios y estudio (sic) técnico que determinaría la existencia de las
mayores cantidades de obra y los sobrecostos (…)”.
3.4 La ilicitud sustancial:
(…)
Su conducta, participando en la etapa precontractual, elaborando y suscribiendo los
estudios previos y el concepto técnico que dieron origen a la celebración del contrato
No. 126 de 2010, se ve objeto del reproche funcional de la misma, porque, estos
documentos, en los cuales sobrestimó cantidades de obra a ejecutar con sobrecosto
en algunos materiales, hicieron parte de su actividad funcional (…).
Tipificada la conducta, como se demostró con el caudal probatorio obrante en la
actuación, quedó en evidencia la falta de diligencia y cuidado durante la actuación
surtida en la etapa precontractual, toda vez que al elaborar los estudios previos e
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
informe técnico, sobreestimó cantidades de obra a contratar y con sobrecosto en
algunos ítems de materiales (…).
3.5 Forma de culpabilidad
(…) Para el presente caso, la forma de culpabilidad del señor OSSA VARGAS,
corresponde al criterio de violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento,
por no ejercer el cuidado necesario en la actividad precontractual a su cargo y no
acatar estrictamente los principios y normas que gobiernan esa actividad. En su
condición de Subdirector Técnico del Instituto Municipal de Obras Civiles IMOC, no
realizó o hizo defectuosamente, la consulta de los precios en el mercado de la
tubería a utilizar para el acueducto y alcantarillado del Municipio de Florencia y
sobreestimó cantidades de obra a contratar, que conllevaron a pagos indebidos y
causaron detrimento al erario público del ente territorial (…)».
De lo transcrito literalmente en lo relacionado con los elementos de tipicidad de la
conducta, ilicitud sustancial y culpabilidad aparece con meridiana claridad, la
invariabilidad en segunda instancia de la conducta reprochada al disciplinado desde
el pliego de cargos, consistente en su participación en la etapa precontractual, al
suscribir, de un lado, los estudios previos con sobreestimación o cálculo de mayores
cantidades de obra proyectadas para hacer levantamiento topográfico, de lo que
realmente se iba a llevar a ejecución y, del otro, el concepto técnico con sobrecosto
de algunos materiales, lo que desencadenó detrimento patrimonial para la entidad
contratante, por el exceso en el pago de la mayor cantidad de obra proyectada y por
exceso en el precio de algunos de los materiales, se itera, más no por la cancelación
o pago de la ejecución consistente en la extensión de 222 kilómetros de tubería para
acueducto y alcantarillado, pues únicamente se necesitaron 19.9 kilómetros o a lo
máximo 24.6 como se probó.
Continuando con el fallo disciplinario de segunda instancia, se aludió a:
«3.6 Dosificación de la sanción.
(…) la conducta o comportamiento aquí enjuiciado al señor OSCAR MAURICIO
OSSA VARGAS, en calidad de Subdirector del IMOC de la ciudad de Florencia, es
trasgresora de los principios de transparencia y responsabilidad (…) pues el
disciplinado, en pleno ejercicio de sus atribuciones como Subdirector del IMOC (…)
participó de la etapa precontractual, sin la debida realización y control de los estudios
previos (…) incumpliendo con los fines y principios (…).
(…) lo procedente era que las cantidades de obra, como lo valores de los materiales,
se ajustaran a la realidad de los materiales que fueron objeto del contrato, aspecto
este que no se garantizó en calidad de servidor público (…)».
De acuerdo con lo expuesto, el fallo proferido en segunda instancia por la
Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, analizó el mismo cargo
único que fue endilgado por la primera instancia y al desatar el recurso de apelación,
expuso grosso modo que el cargo por el cual fue investigado el demandante había
sido concretado, habiéndosele reprochado su participación en la etapa
precontractual, en donde se avizoró mayores cantidades de obra y sobrecosto en
los materiales, situaciones que tuvieron asidero tanto en los estudios previos, como
en el concepto técnico, ambos documentos firmados por el actor, lo que generó que
se suscribiera un contrato por un mayor valor del que debía celebrarse, situación
que se le puso ab initio de la actuación disciplinaria y que fue acreditada con el
informe rendido por el perito adscrito a la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales.
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
Entonces, encuentra esta Sala que al estudiar tanto la imputación efectuada contra
el demandante, como la tipicidad de la conducta, la ilicitud sustancial, la forma de
culpabilidad y la dosificación de la sanción, se afirmó de manera constante que el
encartado, participó de la actividad precontractual cuando, en calidad de subdirector
técnico del IMOC y conforme al Manual de Funciones, le correspondía, siguiendo
sus deberes funcionales, elaborar el concepto técnico y los estudios previos en la
etapa precontractual que dieron origen a la celebración del contrato No. 126 de
2010, sin sobrestimación de cantidades de obra a ejecutar, ni con sobrecosto en
algunos materiales. Nótese entonces que, en todo momento, los argumentos por
medio de los cuales se desató el recurso de apelación como aquellos que analizaron
la imputación y sus elementos, guardaron relación.
En suma, de lo expuesto, colige la Sala que en el presente asunto la PGN no
desconoció el principio de congruencia entre el acto de formulación de cargos y el
fallo disciplinario de segunda instancia, conforme lo afirma el demandante, pues
dicha decisión no cambió los elementos esenciales de la imputación realizada,
previamente conocida por el actor y hacia la cual dirigió sus argumentos defensivos,
en consecuencia, no se avizora violación del derecho al debido proceso.
Finalmente, destaca la Sala que en el caso concreto no es necesario adelantar un
estudio integral de la actuación administrativa disciplinaria. Esto, en la medida en
que los argumentos de la demanda y del recurso de apelación no están dirigidos a
contrariar la declaratoria de la responsabilidad del demandante, sino a atacar la
clasificación de la falta imputada y su efecto respecto del término de prescripción de
la acción disciplinaria.
11.- Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
Demandante: Óscar Mauricio Ossa Vargas
Radicado: 18-001-23-33-000-2018-00067-01 (1082-2022)
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandante y revocará la decisión de primera instancia en tanto condenó en costas
a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia del 28 de abril
del 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
Segundo: Revocar la condena en costas impuesta a la parte demandante, en el
numeral segundo de la referida sentencia de primera instancia del 28 de abril del
2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
Tercero: Notificar y devolver el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
EdelaOssa
38En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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