RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 18001-23-33-000-2019-00014-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 18001-23-33-000-2019-00014-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 18001-23-33-000-2019-00014-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar se dispone: 2. Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos acusados de acuerdo con la parte considerativa de esta providencia. 3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la demandada levantar la sanción por omisión impuesta de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 4. Sin condena en costas, en ambas instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 18001-23-33-000-2019-00014-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

26 de junio de 2025

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá, D. C. veintiséis (26) de junio dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo
Demandada: UGPP

Temas: Aportes 2014. Notificación. Trabajador independiente. IBC. Costos y
gastos. Sanción por omisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación 1 interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 26 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que determinó 2:

Primero: Denegar las pretensiones de la demanda presentada por Hernán de Jesús Álvarez
Toledo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.

Segundo: Condenar en costas a la parte demandante en favor de la demandada. Por
Secretaría liquídense y como agencias en derecho establézcase el 3% de las pretensiones
de la demanda. Respecto de las costas por concepto de expensas y honorarios, serán
reconocidas en la medida de su comprobación por parte de la Secretaría de este Tribunal.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP expidió la Resolución
RDO-2017-02692 del 31 de julio de 2017 3, en la que liquidó a cargo del demandante
los aportes en salud y pensión al Sistema de Seguridad Social junto con la sanción
por omisión por todos los periodos del año 2014. Contra esta resolución se
interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución
RDC-2018-00679 del 26 de julio de 2018 4, que modificó la liquidación oficial,
disminuyendo el valor de los aportes y la sanción.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones 5:

1
Ingresó al despacho el 19 de abril de 2023. Samai CE, índice 2. Previamente, con auto del 29 de agosto de 2023 la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Luego, mediante auto
del 20 de mayo de 2024 declaró la falta de competencia y remitió el expediente a la Secretaría de la Sección Cuarta de la
Corporación. Mediante auto del 11 de septiembre de 2024, la Sección Cuarta avocó conocimiento del proceso.
2
Samai CE índice 2, folios 1 a 44.
3
Samai CE índice 2, folios 44 a 51.
4
Samai CE índice 2, folios 52 a 69.
5
Samai CE índice 2, folios 3 a 36.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

Primera Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la liquidación
oficial No. RDO-2017-02692 proferida el día 31 de julio de 2017, mediante la cual se
profiere una sanción por valor de ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta
y seis mil seiscientos m/cte ($168.486.600).

Segunda: Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución
No. RDC-2018-00679 del 26 de julio 2018, notificada por edicto el día 17 de octubre de
2018, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto el día
07 de octubre de 2017, mediante la cual se profiere una sanción por valor de ciento
sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos m/cte
($168.486.600).

Tercera: En consecuencia y a título de Restablecimiento del Derecho que se declare,
que mi poderdante no adeuda suma alguna.

Invocó como normas vulneradas los artículos 107, 565 inciso 2, 638, 714, 730 literal
3, 732 y 734 del Estatuto Tributario; 19 de la Ley 100 de 1993; 135 de la Ley 1753
de 2015 y 1° del Decreto 510 de 2003.

La entidad vulneró los principios de legalidad y debido proceso al notificar por fuera
del término legal la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. El recurso
fue presentado el 07 de octubre de 2017 y, aunque la resolución fue emitida el 26
de julio de 2018, el envío del aviso para acudir a la notificación personal no se realizó
a la dirección registrada en el RUT, sino a la dirección de la Defensoría del Pueblo
Regional de Caquetá. Por ello, el demandante solo tuvo conocimiento del acto
administrativo el 1° de noviembre de 2018, por fuera del plazo de un año previsto
en el artículo 732 del ET, configurándose el silencio administrativo positivo y la
nulidad de los actos demandados. Consideró que si la citación para notificación
personal no se realizó en debida forma, no se habilitaba para la entidad la
notificación por edicto, porque no se cumplió con la finalidad de garantizar el debido
proceso en el acto de comunicación.

Señaló que la entidad desconoció la naturaleza jurídica del comerciante al aplicarle
reglas propias de los trabajadores independientes vinculados mediante contrato de
prestación de servicios. De acuerdo con el Código de Comercio, los comerciantes
obtienen utilidades y están sujetos a una actividad mercantil formal que implica
costos y gastos operacionales, administrativos y financieros. Por tanto, su base de
cotización no puede ser el ingreso bruto sino la utilidad líquida obtenida al cierre del
ejercicio económico.

Afirmó que, para el año 2014, no existía norma legal que estableciera de forma clara
y precisa la base de cotización para los trabajadores independientes con calidad de
comerciantes. Si bien con la Ley 1753 de 2015 se introdujeron lineamientos
aplicables a los trabajadores independientes, ello no resolvía el vacío jurídico frente
a los comerciantes no vinculados por contrato de servicios. Sin embargo, manifestó
que el Decreto 510 de 2003 fijó la base de cotización sobre los ingresos
efectivamente percibidos, permitiendo la deducción de los costos y gastos para
obtener una utilidad neta.

Indicó que el Decreto 1070 de 2013, en su artículo 3, circunscribe la obligación de
exigir aportes a seguridad social únicamente a los pagos realizados a personas
naturales cuyos ingresos provienen de una relación contractual de servicios, sin que
dicha obligación se extienda a los comerciantes. Expuso que no pueden ser tratados
como contratistas en lo referente a la cotización al Sistema de Seguridad Social, ya
que sus márgenes de utilidad son menores. En el caso del demandante, cuya
actividad consistía en la comercialización de productos de la canasta familiar como
granos y enlatados, el margen de rentabilidad no superaba el 10%, lo que no justifica
la aplicación de una base presunta de cotización.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

En consecuencia, el ingreso gravable debía calcularse sobre la utilidad neta
mensualizada y aplicar el principio de favorabilidad contenido en el artículo 135 de
la Ley 1753 de 2015, que permite a los independientes cotizar sobre el 40% de sus
ingresos, deduciendo previamente las expensas soportadas.

Finalmente, señaló que su declaración de renta del año 2014 demuestra la realidad
económica para el periodo discutido, la cual quedó en firme al no haberse emitido
requerimiento alguno por parte de la DIAN dentro del término legal. Por lo tanto, la
UGPP no podía desconocer los costos y gastos allí reportados, lo que, a su juicio,
invalida la liquidación impugnada.

Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a las pretensiones del demandante con los siguientes
argumentos 6:

Señaló que el actor, en sus respuestas a los requerimientos administrativos,
confirmó como dirección de notificación la misma registrada en el RUT, ubicada en
la Calle 16 nro. 14 - 71 de Florencia, Caquetá, donde previamente recibió todas las
actuaciones, incluida la liquidación oficial. Afirmó que no se indicó una dirección
diferente y que, cumpliendo con el artículo 565 del ET, el 30 de julio de 2018 se
expidió la citación para notificación personal de la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración, remitida por correo el 1° de agosto y recibida el 6 de agosto de
2018, conforme se demuestra con la guía de entrega de la empresa 472. Por lo
anterior, la notificación de la citación para notificación personal se surtió válidamente
y ante la no comparecencia del contribuyente, se procedió a la fijación del edicto.

Indicó que no era aplicable el artículo 732 del ET dado que la Ley 1607 de 2012,
modificada por la Ley 1739 de 2014, estableció un procedimiento especial para la
determinación oficial de las contribuciones parafiscales por parte de la UGPP. En
ese sentido, no ocurrió el silencio administrativo positivo alegado porque no es una
institución aplicable en la determinación de las contribuciones parafiscales, siendo
la regla general el silencio administrativo negativo de acuerdo con el artículo 84 del
CPACA.

Expresó que los trabajadores independientes con capacidad de pago, incluidos los
comerciantes, tienen la obligación de afiliarse al Sistema de Seguridad Social,
según lo previsto en los artículos 15, 17, 19, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993, entre
otras disposiciones. La obligación de cotizar se encuentra debidamente regulada en
la ley, y determinada según la efectiva percepción de ingresos depurados según las
reglas del artículo 107 del ET, por ende al acreditarse los ingresos del demandante
con la declaración de renta del año 2014, este tenía la obligación de afiliarse y pagar
los aportes. Señaló que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no podía aplicarse
de forma retroactiva, por lo cual la determinación del IBC se realizó con base en las
reglas establecidas por la Ley 100 de 1993.

Afirmó que durante la actuación administrativa el demandante fue requerido para
aportar la relación de sus ingresos, costos y gastos, junto con los documentos
soporte, pero al no remitir la información se tomó el ingreso bruto de la declaración
de renta para la determinación de los aportes. Adujo que, en gracia de discusión, si
el contribuyente hubiese probado que el 100% de los costos y gastos cumplían con
los requisitos del artículo 107 del ET, el IBC seguiría superando los 25 smlmv, por
lo que los valores determinados en las resoluciones demandadas no cambiarían.

6
Samai CE índice 2, folios 2 a 40.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

Finalmente, solicitó no condenar en costas en cuanto en el expediente no obra
prueba de su causación y el proceso tiene carácter de interés público.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caquetá, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas 7, por las siguientes razones:

Sostuvo que la notificación de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración se realizó en debida forma dentro del término legal. Para ello, tuvo
en cuenta como pruebas los documentos administrativos que demostraban que
todas las actuaciones anteriores, incluyendo la liquidación oficial y la misma
resolución que resolvió el recurso, fueron enviadas y recibidas en la dirección Calle
16 nro. 14-71, reportada en el RUT. Además, verificó la guía de entrega del correo
certificado, con sello de recepción, que evidenció que la citación se introdujo
correctamente al correo el 1° de agosto de 2018 y fue recibida el 6 de agosto del
mismo año. Esto permitió establecer el cumplimiento de lo previsto en el artículo
565 del ET, y la habilitación de la notificación por edicto.

Señaló que la obligación de cotizar al Sistema de Seguridad Social conforme a la
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios estaba determinada para el año
2014 y recaía también sobre los comerciantes con capacidad de pago, condición
que se acreditó con el certificado de matrícula mercantil aportado al expediente, en
el cual se detallaba que el demandante ejercía actividades comerciales de manera
formal y continua durante el año 2014. Adicionalmente, la declaración de renta de
ese mismo año evidenció ingresos que superaban los mínimos exigidos para la
obligación de aportar, por lo que tenía el deber legal de afiliarse y cotizar.

En cuanto a la base de cotización, consideró que aunque la normativa permite
deducir costos y gastos asociados a la actividad económica, esta posibilidad
depende de que dichos valores estén debidamente soportados. Así, como el
demandante no aportó las pruebas que soportaran la relación detallada de sus
ingresos, costos y gastos, en cumplimiento del artículo 107 del ET, validó que la
UGPP tomara como referencia los ingresos brutos mensualizados declarados en el
impuesto sobre la renta. Asimismo, concluyó que el artículo 135 de la Ley 1753 de
2015 no podía ser aplicable al caso porque se vulnera el principio de irretroactividad.

En consecuencia, la UGPP actuó conforme a derecho y expidió los actos
administrativos con base en las pruebas obrantes en el expediente.

Recurso de apelación

La parte demandante apeló el fallo 8, reiterando que la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración es nula porque fue notificada de manera extemporánea,
pues si bien fue expedida el 26 de julio de 2018, solo fue conocida por el
contribuyente el 1° de noviembre del mismo año, cuando ya había transcurrido más
del año establecido por los artículos 732 y 734 del ET para resolver y notificar
válidamente el acto administrativo.

Señaló que la citación para la notificación personal fue enviada a la dirección
Carrera 15 nro. 14-27 que correspondía a la Defensoría del Pueblo Regional de
Caquetá según se acreditó con el sello y firma de la entidad sobre la citación para
notificación personal, y no a la dirección reportada en el RUT del contribuyente en
la Calle 16 nro. 14 – 71. Esta circunstancia fue considerada como una vulneración
a los artículos 565 y 566 del ET, que establecen la notificación personal como regla
7
Samai CE índice 2, folios 1 a 42.
8
Samai CE índice 2, folios 1 a 50.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

general y el edicto solo como medida subsidiaria cuando se haya agotado
correctamente aquella.

Con base en lo anterior, solicitó que se reconociera la ocurrencia del silencio
administrativo positivo, ya que la UGPP tenía plazo para notificar la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración hasta el 07 de octubre de 2018, sin que se
haya cumplido con este término legal, y se declare la nulidad del acto administrativo
de conformidad con el numeral 3 del artículo 730 del ET.

Alegó que fue indebidamente calificado como trabajador independiente con contrato
de prestación de servicios, cuando en realidad es comerciante inscrito ante la
Cámara de Comercio. Señaló que los comerciantes no perciben honorarios por
servicios personales, sino utilidades, por lo cual no pueden ser aplicadas las normas
previstas para trabajadores independientes. Además, insistió en que para el año
2014 la base gravable de los aportes para los independientes – comerciantes no
estaba regulada.

La UGPP calculó indebidamente el IBC sobre los ingresos brutos reportados en la
declaración de renta, sin considerar los costos y gastos necesarios para la actividad
económica. Señaló que esa práctica vulneró el artículo 107 del ET y el Decreto 510
de 2003, que permiten deducir expensas necesarias para determinar el ingreso
efectivamente percibido. Solicitó que se aplicara el artículo 135 de la Ley 1753 de
2015, que permite a los independientes cotizar sobre el 40% de sus ingresos, por
ser una norma favorable para actividades comerciales con márgenes reducidos de
utilidad.

Insistió en que su declaración de renta del año 2014 quedó en firme por lo que la
UGPP no podía desconocer los costos y gastos allí reportados, so pena de
desatender la realidad de sus operaciones en dicho año.

Por todo lo anterior, solicitó la nulidad de los actos administrativos y el levantamiento
de la sanción impuesta, ya que para el año 2014 la base de cotización para el caso
de los trabajadores independientes en calidad de comerciantes no se encontraba
señalada taxativamente.

Pronunciamientos finales

La UGPP consideró que el recurso de apelación debe ser resuelto por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado por virtud del carácter tributario de las contribuciones
parafiscales 9. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problemas jurídicos

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo a los cargos de
apelación planteados por la parte demandante, en calidad de apelante único, contra
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas. En concreto corresponde determinar (i) si la UGPP notificó de
forma indebida la resolución que resolvió el recurso de reconsideración; (ii) si existía
para el año 2014 la obligación de efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social
por parte de los trabajadores independientes en calidad de comerciantes; (iii) si
procede el reconocimiento de costos y gastos declarados en el impuesto sobre la
renta; (iv) si se debe aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 en la
determinación de los aportes a cargo del demandante en los periodos discutidos; y
(iii) si procede la imposición de la sanción por omisión.
9
Samai CE índice 10, folios 1 a 5.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

Análisis del caso concreto

2- El demandante adujo como argumento de apelación que los actos demandados
son nulos porque la notificación de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración fue extemporánea e invalida, pues no se surtió dentro del término
de un año previsto en el artículo 732 del ET. Sostiene que la citación para
notificación personal fue recibida por la Defensoría del Pueblo Regional de Caquetá
y no directamente en la dirección informada en el RUT, lo que impidió tener
conocimiento efectivo del contenido de la resolución.

Las reglas de notificación de las actuaciones proferidas por la UGPP son las
contenidas en el ET por virtud de la remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de
2007. Así las cosas, se tiene que, el artículo 565 del ET prevé que ciertos actos
administrativos y actuaciones de la administración deben notificarse de manera
electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier
servicio de mensajería especializada autorizada. Y, establece con relación a las
providencias que deciden los recursos que «se notificarán personalmente, o por edicto si el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de
los diez (10) días siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo
del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica».

En el caso bajo análisis, consta en los documentos obrantes en el proceso que la
UGPP remitió la citación para notificación personal de la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración a la dirección Calle 16 nro. 14-71 de Florencia, Caquetá,
la cual corresponde a la registrada en el RUT por el demandante, según guía de
mensajería nro. 10236799, en donde costa que se remitió el documento RDC-2018-
00679 y fue recibido en la fecha 6 de agosto de 2018 por Wilson Diaz 10. Además,
según indicó la UGPP y se comprueba en los antecedentes administrativos 11 fue la
dirección en donde todas las actuaciones previas a la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración fueron notificadas y recibidas por el contribuyente, sin
cuestionamiento sobre su validez.

Por otro lado, mediante este mismo documento la entidad demostró que la citación
para notificación personal fue enviada el 1° de agosto de 2018 mediante la empresa
certificada de correo 472 y que fue recibida el 6 de agosto del mismo año 12. En ese
sentido, el hecho de que obre en el expediente un documento que contiene la
citación con un sello de recibido de la Defensoría del Pueblo Regional de Caquetá
no desvirtúa las pruebas aportadas por la entidad en relación con la debida entrega
de dicha citación por medio de la empresa de correo habilitada legalmente a la
dirección informada en el RUT, ni constituye prueba suficiente para soportar el envío
a una dirección errada. La manifestación de que la notificación fue recibida por la
Defensoría del Pueblo, carece de la entidad probatoria necesaria para desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara los actos administrativos.

Por el contrario, la existencia de la guía de entrega de la empresa 472, en la que
consta que la citación fue remitida y entregada con firma de recibido a la dirección
registrada en el RUT, Calle 16 nro. 14 – 71, es prueba suficiente de que fue remitida
a la dirección autorizada por el propio contribuyente, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 565 del ET. Por ello, al no comparecer el interesado en el
término legal para surtirse la notificación personal, la entidad procedió a notificar por
edicto la resolución en debida forma. No prospera el cargo de apelación.

3- El demandante alegó que su calidad de comerciante fue indebidamente asimilada
a la de un trabajador independiente con contrato de prestación de servicios,
10
La guía de entrega se encuentra en Samai CE índice 2, folio 1.
11
Samai CE índice 2, CD 2.
12
Samai CE índice 2, folio 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

situación que desconoce su actividad mercantil y le impone cargas parafiscales
indebidas. Y que para el año 2014 no se encontraba regulada la base gravable para
la determinación de los aportes a su cargo.

Al respecto en el año 2014 el demandante registró en su declaración de renta y en
el RUT, la actividad económica 4711 «Comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco». Por ello,
se concluye que sí realizó actividades como trabajador independiente, puesto que
según la interpretación realizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-578
de 2009 13, la expresión trabajadores independientes incluye a todas las personas
económicamente activas dentro de los cuales se encuentran los trabajadores
independientes por cuenta propia no vinculados mediante contrato de prestación de
servicios y los rentistas de capital.

Ahora, en relación con la base de cotización para calcular los aportes a los
subsistemas de salud y pensión de los trabajadores independientes por cuenta
propia que no están vinculados mediante contrato de prestación de servicios, como
el demandante, la Sección 14 indicó que en el año 2014 existía normativa que
establecía la obligación de cotizar para este tipo de trabajadores, así como la
determinación de su base gravable 15.

3.1- Con relación al subsistema de pensión, el artículo 15 de la Ley 100 de 1993
modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, establece que serán afiliados en
forma obligatoria al Sistema General de Pensiones, entre otros, los trabajadores
independientes 16 y su IBC deberá corresponder a los ingresos efectivamente
percibidos y no inferior al salario mínimo 17, de tal manera que aquellos que posean
capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de solidaridad previstos en
esta ley. Asimismo, prevé que para verificar los aportes de estos trabajadores,
podrán efectuarse cruces con la información de las autoridades tributarias. En
similar sentido, el artículo 19 ibidem, modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de
2003, regula la base de cotización de los trabajadores independientes no vinculados
mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o servidores
públicos, al señalar que cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a
la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos.

El ejecutivo reglamentó el artículo 3 de la Ley 797 de 2003 18, y mediante el parágrafo
del artículo 1.° del Decreto 510 de 2003, dispuso que «se entienden por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal.
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario». Al respecto se ha tenido el criterio 19 que si bien la citada norma hace
referencia inicialmente a «las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado
o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten», no se puede desconocer que
el propósito del mismo fue reglamentar el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, el cual
refiere a todos los trabajadores independientes, incluidos los rentistas de capital y
por cuenta propia según la interpretación constitucional.

13
Sentencia C-578 de 2009, MP. Juan Carlos Henao Pérez.
14
Sentencias del 14 de septiembre de 2023 (exp. 26001, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), del 28 de septiembre de
2023 (exp. 26706, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 09 de mayo de 2024 (exp. 26207, MP. Wilson Ramos Girón).
15
Sentencia del 11 de noviembre de 2021 (exp, 24719, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
16
Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-259 de 2009, MP. Mauricio González Cuervo.
17
Declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1089 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, «en el entendido
que las expresiones «El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia
con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado contenidas en el literal a) del referido parágrafo presuponen la
existencia de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización».
18
La Sección ha precisado que el ejercicio de esa facultad por parte del ejecutivo no implica que haya asumido competencias
que no le corresponden, lo anterior en pronunciamientos como la sentencia del 14 de septiembre de 2023 (exp. 26001, MP.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
19
Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

Por tanto, se ha concluido que el hecho de que la definición de ingresos
efectivamente percibidos que estableció el Decreto 510 de 2003 esté delimitada en
una norma que no alude a sujetos pasivos como la aquí demandante, no impide que
se tenga en cuenta para establecer lo que en materia de contribuciones de
trabajadores independientes se entiende por dichos ingresos, comoquiera que se
trata de la fijación de la base gravable para cumplir con las obligaciones del mismo
sistema 20.

3.2- En cuando al IBC para las cotizaciones al subsistema de salud, se ha precisado
que la base gravable es la misma que para el subsistema de pensión, en cuanto el
parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, dispone que para los
trabajadores independientes se calcula el IBC sobre la presunción de ingresos de
acuerdo con su nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades
económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos, y su cotización
varía dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos. En este sentido
y en virtud de la reglamentación, en el inciso segundo del artículo 4 del Decreto
1070 de 1995 se ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud fijar el sistema de
presunción de ingresos para los trabajadores independientes y así fue fijado en la
Resolución 9 de 1996 21.

Asimismo, el artículo 66 del Decreto 806 de 1998 22 dispuso que la base de los
aportes para los trabajadores independientes sería la calculada por las EPS de
acuerdo con el sistema de presunción de ingresos, y el artículo 25 del Decreto 1406
de 1999 23 precisó que si los ingresos reales resultan mayores a los presuntos
calculados sobres la bases mínimas deberán presentar una declaración anual, en
la que informen anticipadamente a la EPS el IBC para liquidar a partir de febrero y
hasta el mes de enero del año siguiente.

Posteriormente, el legislador en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 24 determinó
que se presumen con capacidad de pago y por consiguiente están obligados a
afiliarse al régimen contributivo: (i) los declarantes del impuesto de renta y
complementarios, impuesto a las ventas e impuesto de industria y comercio, (ii)
quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al régimen contributivo y (iii) quienes cumplan con otros
indicadores que establezca el gobierno nacional. Y, con respecto al sistema de
presunción de ingresos, previó que el gobierno lo reglamentará con base en la
información sobre las actividades económicas, caso en el cual de existir diferencias
entre los valores declarados ante la DIAN y los aportes al sistema, estos últimos
deben ajustarse.

Al margen del sistema de presunción de ingresos, las declaraciones tributarias como
la de renta, son un indicador de capacidad de pago y de la obligación del
administrado de aportar. Por ello, sin perjuicio de que los ingresos gravados con los
aportes a salud se determinen según el sistema de presunción adoptado por la
Superintendencia de Salud, el IBC debe atender a los ingresos reales recibidos por
la demandante.

De lo anterior se concluye que la base de cotización de los trabajadores
independientes, tanto para salud como para pensión se compone de los ingresos
20
Sentencias del 28 de septiembre de 2023 (exp. 26706, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 20 de septiembre de
2024 (exp. 28709, MP. Wilson Ramos Girón).
21
«Por medio de la cual se establece el Sistema de Presunción de Ingresos para los trabajadores independientes».
22
«Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del
servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional».
23
«Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo
91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de
Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho
sistema y se dictan otras disposiciones».
24
«Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

percibidos, teniendo límites de cotización inferior y superior (entre 1 y 25 smlmv),
que en todo caso, deben corresponder a los ingresos reales. De ahí que, aun
cuando se haya cotizado bajo ingresos presuntos o se omitiera la obligación, estos
deben ajustarse a los declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) 25.

Para la vigencia cuestionada sí se encontraban regulados los elementos esenciales
de las contribuciones parafiscales a los subsistemas de salud y pensión para los
trabajadores independientes, dentro de los cuales están los comerciantes. No
prospera el cargo de apelación.

4- En relación con la determinación del IBC, se advierte que la UGPP en la
liquidación oficial, al momento de expedir los actos demandados, tomó como
referencia los ingresos brutos reportados por el demandante en su declaración de
renta del año gravable 2014, por un valor de $6.173.441.000 y efectuó la
mensualización, no obstante, determinó los aportes con el máximo legal de 25
smlmv 26.

El demandante reprochó que la declaración de renta del año 2014 se valorara de
forma parcializada sin tener en cuenta los costos y gastos allí reportados, ya que a
su juicio estaba en firme y no fue objeto de requerimiento especial por parte de la
DIAN.

Al efecto, es relevante indicar que la Sección 27 ha señalado en diferentes ocasiones
que, la remisión a este denuncio privado y la valoración de las autoliquidaciones «no
puede ser parcializada», sino que exige «tener en cuenta las erogaciones en las que se incurrió
en la actividad generadora de renta, esto es los gastos y deducciones, puesto que la presunción de
veracidad consagrada por el legislador en el artículo 746 del ET cobija toda la
declaración». Respecto a la posibilidad de considerar tanto los ingresos como los
costos reportados en la declaración de renta del contribuyente, esta Sala 28 ha
precisado que «si la UGPP tiene como sustento probatorio la declaración del impuesto sobre la
renta presentada por el demandante por el año gravable (…) también debe tener en cuenta aquellos
rubros que debe erogar para desarrollar su actividad (…)»

Si bien la UGPP tiene la potestad de solicitar comprobaciones especiales de las
aminoraciones del IBC de los aportes, en este caso dichos costos y gastos están
comprobados con la misma evidencia que la entidad utilizó para demostrar los
ingresos reales del demandante, esto es la declaración de renta del año 2014. Por
ende, lleva la razón el contribuyente al señalar que también debe reconocerse el
valor probatorio de la declaración de renta en lo que respecta a las erogaciones de
costos y gastos, pues la valoración de ese medio de prueba no puede ser
parcializada. Con lo cual, se reitera, la base gravable corresponde a los ingresos
efectivamente percibidos que, por definición normativa «son los ingresos menos los
costos y gastos que les sean imputables según se cumplan los requisitos del artículo 107 del ET,
teniendo como base mínima un SMLMV y máxima 25 SMLMV».

Acorde con lo anterior, para estimar el IBC aplicable a los aportes a cargo del
demandante en año 2014, debe tomarse el valor de los ingresos consignados en la
declaración de renta del mencionado año ($6.041.529.000) 29, y restársele los costos

25
Sentencias del 07 de marzo de 2024 y del 14 de septiembre de 2023 (exps. 26882 y 26001, MP. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello).
26
Samai CE índice 2, Folios 15 a 16. La modificación que introdujo la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
fue respecto del recalculo del IBC en el mes de enero de 2014, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente
del año 2013, aplicando el límite legal de los 25 smlmv. Asimismo, se redujo la sanción por omisión impuesta.
27
Expuesto, entre otras, en las sentencias del 24 de noviembre de 2022, 15 de junio y 14 de septiembre de 2023, (exps.
26206, 26698 y 26001, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello) y 18 de mayo de 2023, (exp. 26808). Reiterada en sentencia
del 07 de marzo de 2024 (exp. 27070, MP. Wilson Ramos Girón).
28
Sentencias del 18 de mayo y 9 de noviembre de 2023 (exps. 26808 y 2760, MP. Milton Chaves García).
29
Según copia de la declaración de renta visible en SAMAI, índice 2. Aarchivo 01 Cuaderno principal folio 43. Este valor
corresponde a los ingresos brutos registrados por la suma de $6.173.441.000 menos las devoluciones, rebajas y descuentos
por la suma de $131.912.000, para un valor de ingreso total de $6.041.529.000.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

y gastos declarados por $5.812.604.004 30. Del resultado de esta operación
($228.924.996), se determina el IBC mensual en la suma de $19.007.083 31, y se
aplica el límite legal de 25 smlmv, como se expone a continuación:

IBC inicial
Ingreso Total costos y IBC con límite 25
Mes Consejo de
mensualizado gastos SMLMV
Estado
Enero $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 14.738.000 32
Febrero $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Marzo $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Abril $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Mayo $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Junio $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Julio $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Agosto $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Septiembre $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Octubre $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Noviembre $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Diciembre $ 503.460.750 $ 484.383.667 $ 19.077.000 $ 15.400.000
Total $ 6.041.529.000 $ 5.812.604.004 $ 228.924.000 $ 184.800.000

Se precisa que este IBC parte de la presunción de capacidad de pago que se
demuestra con la declaración del impuesto sobre la renta, por ello, se liquida con
base en los ingresos, costos y gastos reportados por el contribuyente en el año
2014. De acuerdo con el cálculo efectuado, se evidencia que aun deduciendo del
ingreso mensualizado la totalidad de los costos y gastos declarados, el IBC supera
el límite de 25 salarios mínimos legales mensuales establecido para el año 2014 33.

En consecuencia, la Sala determina como valor del IBC mensual para el mes de
enero $14.738.000 34 (mismo determinado en la resolución que resolvió el recurso)
y para los demás meses del año 2014 la suma de $15.400.000. En consecuencia,
no se modificarán los aportes liquidados por la entidad en sede administrativa.

4- El actor señaló que en virtud del principio de favorabilidad, debe acudirse a la
aplicación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, el cual establece «un mecanismo
de depuración del ingreso neto y la aplicación del 40% soliviantando la carga impositiva al trabajador
cuenta propia, núcleo en cual se encuentran los Comerciantes.».

La Sala considera relevante aclarar que la norma invocada fue expedida y entró en
vigencia el 9 de junio del año 2015; no obstante, en el presente caso se analizan los
aportes al Sistema de Seguridad Social correspondientes al año 2014. Por lo tanto,
dicha disposición no resulta aplicable en la determinación de los aportes del
demandante porque se vulneraría el principio de irretroactividad establecido en el
artículo 363 de la Constitución Política. No prospera el cargo de apelación.

5- Por último, se discutió la imposición de la sanción por omisión, porque en el 2014
existía una indebida regulación de los elementos de las contribuciones parafiscales
a cargo de los trabajadores independientes en calidad de comerciantes sin contrato
de prestación de servicios, sin que la ley los mencionara expresamente como
sujetos pasivos.

30
Ibidem.
31
Este valor se aproxima al múltiplo de mil más cercano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1406
de 1999.
32
El salario mínimo para el año 2013 era de $589.500. Se aplica el límite de los 25 smlmv teniendo como referencia el salario
mínimo del año 2013, toda vez que en los actos administrativos la UGPP lo determinó de esta forma, siendo un valor del IBC
más favorable al contribuyente.
33
El salario mínimo para el año 2014 era de $616.000.
34
Valor ajustado al múltiplo de mil más cercano según el artículo 10 del Decreto 1406 de 1999.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

Frente al reconocimiento del error sobre el derecho como causal de exoneración de
responsabilidad, se ha expresado que 35 «es connatural a todo el andamiaje sancionador
tributario, ya sea que la legislación lo reconozca explícitamente o que omita mencionarlo en el texto
de las normas sancionadoras. Si no fuera así, se estarían habilitando de manera inconstitucional
formas de responsabilidad objetiva en las que la sanción surgiría como la simple consecuencia de la
adecuación de la conducta ocurrida con la descrita en el tipo infractor».

Para aplicar esta causal de exoneración no es suficiente que se advierta en el caso
la presencia de una simple «diferencia de criterios» pues para el sistema sancionador
no tiene importancia que las posturas legales de las partes sean divergentes, ya
que ello se manifiesta desde el interés jurídico que les asiste al acreedor y al deudor
del tributo. Lo crucial para exonerar de la multa es determinar si el criterio aplicado
por el administrado se originó en una indebida interpretación del tipo infractor y sus
correspondientes elementos normativos, lo que fomentó en él la incorrecta
convicción de no cometer un acto antijurídico.

En el caso concreto, el demandante tiene la posición de que el sistema jurídico
podía dar lugar a la errónea convicción de no estar obligado al pago de los aportes
al Sistema de Seguridad Social a cargo de los comerciantes por la falta de
regulación clara sobre los elementos de las contribuciones. Se observa que, de una
interpretación estrictamente literal de la ley, pueda llegarse a entender la conclusión
a la que llegó el contribuyente, por lo que dicha interpretación es razonable y
constituye el error advertido como causal de exoneración de la sanción, pues en
efecto, la norma podía dar lugar a confusiones al momento de establecer los sujetos
obligados y la forma de determinar la base gravable de los aportes. Prospera el
cargo de apelación.

De acuerdo con lo anterior, se revocará parcialmente la sentencia apelada y, en su
lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados. A
título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la UGPP levantar la sanción
por omisión impuesta.

Conclusión

6- Por lo razonado en precedencia se establece que para el año 2014 sí se
encontraban establecidos en la ley los elementos de la obligación de los
trabajadores independientes por cuenta propia distintos a los contratistas por
prestación de servicios y los rentistas de capital de aportar al Sistema de Seguridad
Social. Sin embargo, se exonera al demandante de la sanción por omisión por error
en el derecho aplicable.

A su vez, la Sala concluye que la UGPP, para efectos de determinar el IBC de los
aportes al Sistema de Seguridad Social debió considerar integralmente la
información contenida en la declaración de renta, esto es, debió tener en cuenta
tanto los ingresos como los costos y gastos reportados. No obstante, se advierte
que en el presente caso incluso deduciendo del ingreso mensualizado la totalidad
de los costos y gastos, el IBC supera el límite de 25 smlmv por lo cual no se modifica
la determinación de los aportes efectuada por la UGPP.

Costas

7- La prosperidad parcial del recurso de apelación de la parte demandante da lugar
a que esta no resulte vencida en el proceso, por lo que no cabe condena en costas
en su contra. Además, acorde con el criterio de la Sección por no estar probadas en
el expediente, no procede la condena en costas en esta instancia, conforme con el

35
Sentencia del 11 de junio de 2020 (exp.21640, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez) y sentencia del 04 de abril de 2024
(exp.28342, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 18001-23-33-000-2019-00014-01 (29130)
Demandante: Hernán de Jesús Álvarez Toledo

artículo 365.8 del CGP. Por tal razón, se revocarán las impuestas en primera
instancia y no se condenará en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA

1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

2. Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos acusados de acuerdo
con la parte considerativa de esta providencia.

3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la demandada levantar la
sanción por omisión impuesta de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

4. Sin condena en costas, en ambas instancias.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.