Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00044-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00044-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2019-00044-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado : 18001-23-33-000-2019-00044-01
Interno : 3611-2023 (expediente digital)
Actora : Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley
control 1437 de 2011
Asunto : Reconocimiento pensión gracia – tiempos
nacionales
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia de 20 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1. Pretensiones
Luz Dary Agudelo Cardona, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para solicitar la nulidad de las Resoluciones RDP 27726 del
10 de julio de 2017 y RDP 35314 del 12 de septiembre de 2017 expedidas
por la UGPP, que le negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
demandada al reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 13 de
enero de 2014, en cuantía de $2.256.373, de conformidad con las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989; lo anterior, junto con la
1
Samai para los juzgados y tribunales administrativos, índice 45, archivo "5_ED_01CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf)",
folios 2 a 33.
2
Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
indexación de las sumas adeudadas, el cumplimiento al fallo en los términos
del artículo 192 del CPACA, el pago de los intereses moratorios y la condena
en costas.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
La demandante nació el 4 de septiembre de 1955, por lo que en 2005 cumplió
50 años de edad.
Por Decreto 0176-A del 24 de mayo de 1976, expedido por el intendente
nacional del Caquetá, fue nombrada docente en el municipio de Morelia, cargo
del orden nacionalizado, en el que permaneció durante 2 años, 6 meses y 3
días.
Posteriormente, por medio de Resolución 18165 de 5 de diciembre de 1978,
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, la actora fue designada
como profesora de educación básica.
Adquirió el estatus pensional el 13 de enero de 2014, fecha en la cual cumplió
el requisito de los 20 años de servicio. Además, durante el ejercicio de sus
labores se desempeñó con honradez, consagración y buena conducta.
Mediante petición de 16 de marzo de 2017 solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión de gracia, negada mediante los actos
administrativos demandados.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política los artículos 1°, 2°, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286,
287,288, 356 y 357.
Legales y reglamentarias: Artículos 3º, 4º y 13 de la Ley 39 de 1903; 1° al 4°
de la Ley 114 de 1913; 6° de la Ley 116 de 1928; 3° de la Ley 37 de 1933; 1°
de la Ley 24 de 1947; 4° de la Ley 4º de 1966; 5° del Decreto Reglamentario
1743 de 1966; 1° y 10° de la Ley 43 de 1975; 1°, 2°, 3°, 5⁰ y 6° del Decreto Ley
2277 de 1979; 10 y 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989; 2°, 3°, 4°,
6°, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 14 de la Ley 100 de 1993; 7º, 34, 37, 38 y 41
de la Ley 715 de 2001; y 42 y 80 de la Ley 1437 de 2011.
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Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
Como concepto de violación señaló que trabajó como docente del orden
nacional hasta el 15 de julio de 1996 y en dicho cargo quedó cobijada por la
descentralización educativa de que tratan las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001,
por lo que su nombramiento mutó a departamental y luego, a municipal, y sus
tiempos de servicio comprendidos entre el 16 de julio de 1996 y la presentación
de la demanda son válidos para el reconocimiento de la pensión de gracia.
2. Contestación de la demanda2
La UGPP actuando a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la
demanda.
Señaló que la demandante no cuenta con los veinte años a la docencia oficial
de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizada, toda vez que
para acceder a la prestación solicitada no es posible computar tiempos de
servicio del orden nacional, por lo tanto, no hay lugar a que se acceda a las
pretensiones de la demanda.
Propuso las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación
demandada, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado y
prescripción”.
3. Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo de Caquetá mediante sentencia de 20 de octubre de
2022, negó las pretensiones de la demanda, con condena en costas.
Refirió que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio certificó
que la vinculación como docente de la señora Luz Dary Agudelo Cardona
desde el 1 de septiembre de 1978 hasta el 13 de diciembre de 2016 -fecha en
la que se profirió la certificación- fue de carácter nacional y aunque la parte
actora refuta esa afirmación, no aportó medios de prueba para desvirtuarla,
para así establecer que desde la mencionada fecha la docente haya prestado
servicios de carácter territorial o nacionalizado.
4. Recurso de apelación4
2
Ibidem, archivo "6_ED_02CUADERNOPRINCIPAL2(.pdf)", folios 102 a 106.
3
Ib. archivo "14_ED_11SENTENCIA1INST(.pdf)"
4
Samai para los juzgados y tribunales administrativos, índice 45, archivo
"REMISIONMEMORIALES_10RECURSOAPELACIONP(.pdf)".
4
Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
La actora, a través de su apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia dictada por el Tribunal.
Alegó que es cierto que el tiempo de servicio entre el 14 de diciembre de 1978
y el 15 de julio de 1996, es nacional; pero no es cierto que el lapso desde el
16 de julio de 1996, también lo sea, puesto que mutó a departamental y luego
a municipal a partir del 31 de diciembre de 2003, dado que el municipio de
Florencia fue certificado y el departamento le entregó la educación según acta
del 31 de diciembre de 2003.
Además, solicita se revoque la condena en costas, toda vez que actuó de
buena fe y no dilató la controversia.
5. Alegatos de conclusión
En auto del 16 de noviembre de 20235, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y prescindió del decreto de pruebas en
segunda instancia; por tanto, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2.2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que negó
las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, se estudiará si la señora Luz Dary Agudelo Cardona, quien fue
vinculada por el Ministerio de Educación Nacional, tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión gracia, por presuntamente haber
5
Samai, índice 4.
5
Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
mutado su vínculo de nacional a territorial, en virtud de la descentralización.
Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Sobre la pensión gracia; 2.2.2. Hechos relevantes probados;
y 2.3. Caso concreto.
2.2.1. Sobre la pensión gracia
La pensión gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hubiesen servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.
Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia
a los empleados docentes, profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según el
artículo 6, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando
los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria
como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de
instrucción pública a la enseñanza primaria.
Por su parte, la Ley 37 de 1933, según el artículo 3, amplió el beneficio de la
pensión gracia a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Así mismo, el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que
reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la
norma que:
“(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación”.
6
Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
La disposición transcrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo
de Estado en la sentencia S-699 de 29 de agosto de 19976, en el cual se fijaron
algunos lineamientos sobre la pensión gracia, así:
“(…) La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados
de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con
el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del grupo de
beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley
91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia
(…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último,
que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A,
numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación
primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley”.
La tesis anterior fue reiterada por esta Corporación en la sentencia SUJ-11-S2
de 21 de junio de 20187 al señalar que “el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación
con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados”, concluyéndose,
además que:
“para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa
que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como
docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término
no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse
desempeñado con honradez, consagración y buena conducta”.
Conforme lo antes expuesto, se precisa que la pensión gracia de jubilación se
reconoce a aquellos docentes que hubiesen laborado de manera continua o
discontinua antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplan 20 años de servicios
en establecimientos educativos del orden departamental, distrital o municipal8,
cuya vinculación es de carácter territorial o nacionalizado, sin que sea posible
acumular tiempos del orden nacional.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997. M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio
de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys
Amanda Hernández Triana.
8
En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de
2014, radicado 25000-23-25-000-2012-00520-01(1914-13). M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
7
Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
Debido a la disparidad de criterios que se plantearon en esta Sección del
Consejo de Estado, con relación a si los docentes, en cuyo nombramiento
intervenía además del representante legal del ente territorial un delegado del
Ministerio de Educación Nacional del respectivo Fondo Educativo Regional,
ostentaban el carácter de nacionales o nacionalizados, se señala que el 21 de
junio de 20189, se dictó la sentencia SUJ-11-S2 en la que se unificó el asunto.
En dicha providencia, esta Sección explicó que no es viable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores
nacionales cuando en el acto de su vinculación intervienen el representante
legal de la entidad territorial y el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo
Fondo Educativo Regional.
Lo anterior, según se indicó, en tanto lo relevante frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que
concierne a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
Al respecto, se señaló en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018:
“3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys
Amanda Hernández Triana.
8
Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del
Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados10, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como
de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de
esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal11; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación
de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en
lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones. En los anteriores términos ha de entenderse rectificada
cualquier decisión que en sentido disímil haya adoptado alguna de las salas
de subsección en el pretérito12 (…)”.
En reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 202213 la Sección Segunda fijó como regla jurisprudencial la interpretación
del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, refiriendo que “Los docentes pueden
10
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102
de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
11
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys
Amanda Hernández Triana.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022, proceso con radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), Actor: Hirma Nubia Jiménez Lozano; M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9
Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento”.
A su vez, en la sentencia de unificación de la misma fecha, 11 de agosto de
202214, se reiteró que la pensión gracia se considera una prestación especial,
cuyo propósito fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados a la Nación. Y, se agregó
que constituye un privilegio gratuito porque la Nación hace el pago sin que el
docente haya prestado sus servicios a la Nación, pues es una pensión
destinada a los docentes departamentales o regionales y municipales que
quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización de la educación
dispuesto por la Ley 43 de 1975. Otra característica que se resaltó fue que, si
bien está a cargo del Tesoro Nacional, se encuentra sujeta a un régimen
especial que no requiere afiliación del beneficiario a la Caja Nacional de Previsión
Social (ahora UGPP).
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación
para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa
como judicial.
2.2.2. Hechos relevantes probados
• Edad
Para el reconocimiento pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. Para el caso concreto, Luz Dary Agudelo Cardona nació el 4 de
septiembre de 1955 como se lee en la copia de su cédula de ciudadanía15; por
tanto, para el 4 de septiembre de 2005 contaba con 50 años.
• Buena conducta
Esta exigencia hace referencia a que la docente se haya desempeñado con
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2-2022, proceso con radicado 23001-
23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017), M.P. César Palomino Cortés.
15
Samai para los juzgados y tribunales administrativos, índice 45, archivo "Expediente Digital 91_ed_cc40756130"",
folio 6.
10
Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
honradez y consagración, lo cual no fue desvirtuado en el trámite del proceso.
• Tiempo de servicios
a) Por medio de Decreto 176-A de 24 de mayo de 1976, el intendente nacional
del Caquetá nombró a la demandante en el ramo del magisterio para la escuela
"Agua Caliente" de Morelia, con retroactividad al 1º de febrero de 1976, y con
Decreto 384 de 1º de septiembre de 1978 se le aceptó la renuncia al cargo, a
partir del 4 de agosto de 197816.
b) Según acta suscrita el 31 de mayo de 197617, la actora se posesionó en el
empleo de directora de la Escuela Rural Agua Caliente en el distrito escolar de
Morelia, de acuerdo con designación efectuada en el Decreto 176-A del 24 de
mayo de ese año, emitido por la intendencia nacional, con efectos desde el 1º
de febrero de 1976.
c) En acta del 14 de diciembre de 1978, la accionante tomó posesión en el
cargo de maestra de práctica docente en el área anexa a la Normal Nacional
de Florencia (Caquetá), para el cual fue nombrada por Resolución 18165 del
5 de diciembre de 1978, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con
efectos fiscales desde el 1º. de septiembre de 197818.
d) La secretaría de educación de Florencia certificó el 7 de septiembre de
201019 que la señora Luz Dary Agudelo Cardona, prestó servicios como
docente con vinculación en propiedad, en el régimen nacional, en la institución
educativa Normal Superior de Florencia, nombrada por medio de Resolución
18165 del 5 de diciembre de 1978, desde el 1º de septiembre de ese año; fue
incorporada a esa secretaría el 8 de agosto de 2003 y se encontraba activa
para la fecha de expedición del documento.
e) En formatos únicos para la expedición de certificados de historia laboral,
emitidos por la secretaría de educación de Florencia el 13 de diciembre de
201620, consta que la accionante se desempeñó, en propiedad, (i) como
16
Ibidem, folios 95 a 102.
17
Ibid., folio 19.
18
Id. folio 51.
19
Samai para los juzgados y tribunales administrativos, índice 45, archivo "Expediente
Digital 78_ed_58certificadodein".
20
Samai para los juzgados y tribunales administrativos, índice 45, archivo "Expediente Digital 91_ed_cc40756130"",
folios 161 a 164.
11
Número interno: 3611-2023
Demandante: Luz Dary Agudelo Cardona
Demandada: UGPP
directiva docente de primaria con un tipo de vinculación nacionalizado,
nombrada mediante Decreto 176-A de 24 de mayo de 1976, desde el 1º. de
febrero de 1976 hasta el 4 de agosto de 1978 cuando se retiró del servicio por
renuncia, es decir, durante 2 años, 6 meses y 3 días; y (ii) en condición de
docente nacional, designada por medio de Resolución 18165 del 5 de
diciembre de 1978, a partir del 1º. de septiembre de ese año, incorporada con
Resolución 387 del 8 de agosto de 2003, luego, al municipio el 31 de diciembre
de 2003 y activa para la fecha de expedición del documento, para un tiempo
de servicios de 38 años, 3 meses y 12 días.
e) Por Resolución 6145 de 16 de diciembre de 1995, expedida por el Ministerio
de Educación, se certificó que el departamento del Caquetá cumplió los
requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993 a efectos de
asumir la administración directa de los recursos del situado fiscal y la
prestación de los servicios educativos. Así mismo, el 16 de julio de 1996 se
suscribió entre ambas entidades un acta de entrega de bienes, personal y
establecimientos, a fin de que la autoridad territorial cumpliera con las
funciones y obligaciones objeto del acto administrativo en mención21.
Como consecuencia de lo anteriormente analizado, se tiene que la señora Luz
Dary Agudelo Cardona prestó sus servicios como docente nacionalizada y
nacional, así:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACTO TIEMPO TOTAL
Escuela "Agua Caliente" de Decreto 176-A de 1º de febrero de
2 años, 6 meses y
Morelia. 24 de mayo de 1976 al 4 de
3 días.
(Nacionalizada) 1976 agosto de 1978
1º de septiembre
Institución educativa Normal Resolución 18165
de 1978 al 13 de 38 años, 3 meses
Superior de Florencia. de 5 de diciembre
diciembre de y 12 días.
(Nacional) de 1978
201822
• Actos administrativos acusados
El 16 de marzo de 201723 la demandante solicitó a la UGPP el reconocimiento
y pago de la pensión gracia “por acreditar vinculación como docente no
21
Ibidem, folios 10 a 12 y 174 a 184.
22
Fecha para la que continuaba activa en el servicio.
23
Samai para los juzgados y tribunales administrativos, índice 45, archivo "Expediente Digital 91_ed_cc40756130",
folios 302 a 303.
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nacional, desde antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplir con posterioridad
los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933”.
Mediante Resolución RDP 27726 del 10 de julio de 201724, la entidad
pensional negó tal pedimento, por cuanto “conforme a los tiempos de servicio
aportados se puede observar que estos fueron prestados con nombramiento
del orden nacional (…)”.
Por conducto de la Resolución RDP 35314 del 12 de septiembre de 201725, la
entidad resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante 26, en el
sentido de confirmar la decisión impugnada.
2.3. Caso Concreto
La actora solicitó la nulidad de los actos administrativos acusados, por medio
de los cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
El A quo negó el reconocimiento de la prestación rogada, al considerar que la
vinculación como docente de la señora Luz Dary Agudelo Cardona desde el
01 de septiembre de 1978 hasta el 13 de diciembre de 2016 fue de carácter
nacional, por lo que no se pueden tener en cuenta para los efectos
peticionados.
Inconforme con esta decisión, la actora presentó recurso de apelación
afirmando que, como consecuencia del proceso de descentralización de la
educación, sus tiempos de servicio desde el 16 de julio de 1996 son aptos para
obtener el derecho pensional por ser del orden departamental y municipal.
De acuerdo con los antecedentes normativos previamente expuestos, se
observa que la pensión gracia cobija a aquellos docentes que hubiesen
prestado sus servicios como profesores de establecimientos públicos, que
cumplan 20 años de servicios con nombramientos del orden departamental,
distrital, municipal o nacionalizado, sin que les sea dable acumular tiempos en
el orden nacional.
Con todo, la Sala manifiesta que, una vez analizadas las pruebas allegadas al
expediente, se pudo establecer que el tiempo de servicio prestado por la
24
Ibidem, folios 250 a 254.
25
Ibid., folios 275 a 278.
26
Id., folios 244 a 249.
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señora Agudelo Cardona como docente en el departamento del Caquetá,
municipio de Morelia, del 1º. de febrero de 1976 al 4 de agosto de 1978 (2
años, 6 meses y 3 días), fue del orden nacionalizado y anterior al 31 de
diciembre de 1980; lapso que, no ha sido controvertido ni tachado como falso
por ninguna de las partes; sin embargo, con dicho período no acredita los 20
años de servicio exigidos para ser beneficiaria de la pensión graciosa.
También se advierte que la demandante laboró mediante vinculación de
carácter nacional como educadora en la Institución educativa Normal Superior
de Florencia, 1º. de septiembre de 1978 al 13 de diciembre de 2018, conforme
lo acreditan las certificaciones relacionadas en el acápite de hechos probados.
Ahora bien, frente a los argumentos expuestos en el recurso de alzada, esta
Colegiatura precisa que el proceso de descentralización de la educación no
conllevó que las distintas categorías de nombramientos docentes hayan
desaparecido y que, en consecuencia, todos adquirieran el carácter de
territoriales27.
En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en diferentes oportunidades que
los docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las
plantas territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación
continúan con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional son personal nacional. Además, la nominación es una
sola y es diferente a la incorporación28.
Al respecto, esta subsección en sentencia de 16 de mayo de 201929, sostuvo:
“Ahora, frente a la incorporación de la panta de personal docente del Instituto
Docente Núcleo Escolar del Municipio de Quinchía al Departamento de
Risaralda, efectuada el 2 de enero de 1996 por el Gobernador de Risaralda
con el Decreto 08, efectivamente se observa que la demandante era docente
nacional, y tal como se concluyó en las consideraciones de esta providencia,
los docentes, directivos docentes nacionales, que se incorporaron sin
solución de continuidad -tal como ocurre en este caso- a la planta
departamental en virtud de la Ley 60 de 1993, tendrán como régimen
prestacional, el establecido en la Ley 91 de 1989, este es, el previsto para
los empleados públicos nacionales, razón por la que le podría corresponder
27
Ver en el mismo sentido las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del
magistrado César Palomino Cortés con radicados 68001-23-33-000-2019-00273-01; 73001-23-33-000-2019-00122-
01; 25000-23-42-000-2018-02378-01; 25000-23-42-000-2018-02547-01; 15001-23-33-000-2018-00683-01.
28
Sentencia del 25 de agosto en el expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), M. P. César Palomino
Cortés; y del 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022), citadas en la
sentencia del 23 de febrero de 2023 con radicado 41001-23-33-000-2019-00236-01 (1249-2022) con ponencia del
magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
29
Consejo de Estado, sección segunda, expediente: 66001-23-33-000-2016-00086-01(2163-18).
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una pensión ordinaria de jubilación y no la pensión gracia creada para los
maestros territoriales”.
En línea con lo anterior, en fallos del 23 de febrero y 16 de marzo de 2023, la
Subsección B de la Corporación enfatizó en el mismo criterio, así30:
“(…)se precisa que recientemente la sala mayoritaria de esta subsección, al
desatar medios de control instaurados por docentes estatales con el ánimo
de obtener la precitada prestación, como el que aquí nos convoca, ha dicho
que «[…] si bien es cierto que el Departamento […] para asumir la
administración del sector de la educación dentro del modelo de
descentralización administrativa, incorporó a su planta de personal a
algunos docentes, directivos docentes y administrativos, […] también lo es
que esto no conllevó a que la calidad de la vinculación de estos mutara de
nacional a territorial, pues […] el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció
que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional […]
son personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a
la incorporación»31 (sic)”.
Así las cosas, a la luz de lo establecido en el inciso primero del artículo 1 de la
Ley 91 de 1989, es improcedente acceder al reconocimiento de la pensión
gracia reclamada, teniendo en cuenta el carácter excepcional de esta
prestación, en la medida en que es indispensable que la peticionaria acredite
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 114 de
1913 y demás normas concordantes; en especial, el referente a que haya
prestado los servicios docentes en planteles educativos del orden
departamental o municipal, durante mínimo 20 años.
Lo anterior toda vez que, si bien la señora Luz Dary Agudelo Cardona acreditó
una vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 como docente
nacionalizada, se encontró probado que durante la mayor parte de su
desempeño laboral fue profesora del orden nacional (38 años, 3 meses y 12
días), lo cual se torna incompatible con la naturaleza de la pensión gracia y
hace que esos tiempos de servicios no resulten aptos para acceder al
reconocimiento pretendido.
Así las cosas, se concluye que la accionante no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, razón por la cual se confirmará la decisión
de primera instancia.
Sobre la condena en costas
30
Sentencias con radicados 73001-23-33-000-2019-00118-01 (3709-2022) y 41001-23-33-000-2019-00236-01 (1249-
2022), ponencias del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
31
Ver, por ejemplo, fallos de 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), M. P. César
Palomino Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022).
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Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
(…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se
hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala revocará la
condena en costas impuesta a la parte vencida en primera instancia.
III. DECISIÓN
Bajo estas consideraciones se debe confirmar la sentencia apelada proferida
por el Tribunal Administrativo de Caquetá que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por la señora Luz Dary Agudelo Cardona, por las
razones expuestas en la parte considerativa, con excepción de la condena en
costas que será revocada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de octubre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Caquetá que negó las súplicas de la demanda,
por las razones explicadas en la parte motiva de esta sentencia, excepto el
ordinal segundo, que se revoca, en cuanto condenó en costas a la parte actora.
SEGUNDO: Sin costas en las dos instancias.
TERCERO: Reconocer personería a la abogada Ana María Londoño como
apoderada de la UGPP, conforme al poder allegado mediante memorial
electrónico el 29 de enero de 2024 en la plataforma Samai, índices 12 y 13.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
QUINTO: Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma
electrónica mediante el aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que
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arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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