RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 18001-23-33-000-2019-00090-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00090-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00090-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 28 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que condenó en costas a la demandante, por lo dicho en la motivación. Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022) Demandante: Teófila González Cárdenas SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 28 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. RECONOCER a los abogados Omar Andrés Viteri Duarte y Edgar José Polanco Pereira como apoderados de la UGPP, en los términos de los poderes conferidos y allegados vía correo electrónico y que se encuentra visible en el expediente digital disponible en SAMAI. Igualmente, se acepta la renuncia al poder presentada por dichos togados. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2019-00090-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Carga de la prueba y prueba
extemporánea. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 28 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron las súplicas
de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

Teófila González Cárdenas, por conducto de su apoderado judicial, solicitó declarar
la nulidad de las Resoluciones RDP 042187 del 9 de noviembre de 2017 y RDP
004357 de 6 de febrero de 2018, proferidas por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se
resolvió negativamente el recurso de apelación.

Como consecuencia de ello, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 3 de abril de 2012, fecha en
la que afirmó que adquirió el estatus jurídico de pensionada. Solicitó que se
condenara a la entidad al pago de los valores reconocidos con los debidos ajustes
de ley, así como a las costas y gastos procesales adicionales que se causaron con
la presentación de la demanda.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede

Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

Teófila González Cárdenas nació el 14 de mayo de 1957 y se vinculó al servicio de
docente el 1 de abril de 1980, según da cuenta el Decreto No. 000116 de 14 de
marzo de 1980.

Cumplió los 20 años de labores en la docencia oficial el 3 de abril de 2012 y agregó
que, a la fecha de la presentación de la demanda se encontraba activa en el servicio
de docencia.

En ese sentido, sostiene que cumplió funciones como docente en entidades del
Estado en los períodos y con los actos administrativos que se proceden a relacionar:

• Decreto No. 117 de 14 de marzo de 1980, desde el 1 de abril de 1980 al 31
de julio de 1980, es decir, por un periodo de 3 meses y 30 días.
• Decreto No. 131 del 21 de julio de 1992, desde el 3 de agosto de 1992 al 31
de mayo de 2019.

Adujo que adquirió el estatus pensional para acceder al reconocimiento de la
pensión en comento el 3 de abril de 2012, cuando cumplió 20 años de servicios,
pues previamente ya había cumplido los 50 años de edad el 14 de mayo de 2007.

Ante ello, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la UGPP, pero
la entidad mediante las resoluciones demandadas resolvió negar tal petición.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Indicó que la entidad demandada infringió los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 46, 48, 53,
58 y 336 de la Constitución Política. Los artículos 1 y 3 de la Ley 114 de 1913, Ley
116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 42 de 1975, Decreto-Ley 2277 de 1979, Ley 91
de 1989, Ley 115 de 1994 y Código Civil artículos 25 y 27.

Como concepto de violación, expuso que la entidad vulneró las disposiciones
normativas enunciadas que constituyen el marco jurídico de la pensión gracia, pues
pese a que la actora cumplió con los requisitos que allí se indican para ser acreedora
de tal prerrogativa, ello no fue acatado por la UGPP y en su lugar le negó en sede
administrativa el reconocimiento del derecho.

De manera que, consideró que los actos administrativos enjuiciados cuentan con
una falsa motivación y violan directamente las leyes que regulan la figura de la
pensión gracia, por lo que deben ser declarados nulos.

1.4. Contestación de la demanda

Luego de presentada la demanda el 17 de junio de 2019, y admitida el 19 de julio
de 20192, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

2 01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, una vez notificada,
presentó escrito con el que se opuso a las pretensiones exponiendo que, si bien la
demandante cumplió con el requisito de la edad, no ocurrió lo mismo con el requisito
de tiempo laborado como docente, comoquiera que el periodo comprendido entre el
3 de agosto de 1992 y el 28 de marzo de 2017 era de tipo nacional, por lo que no
son acumulables para acceder a la pensión gracia.

Como excepciones propuso i) inexistencia de la obligación demandada; ii) ausencia
de vicios en el acto administrativo demandado; iii) prescripción y iv) la innominada
o genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia3

Con fallo de 28 de abril de 2021 el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Segunda de Decisión negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la demandante.

Para sustentar lo anterior, precisó el a quo que la actora no acreditó los requisitos
exigidos por la ley para hacerse acreedora de la pensión gracia.

En efecto, indicó que, en torno al vínculo antes de 31 de diciembre de 1980, esto
es, desde el 1 de abril de 1980 al 31 de julio de 1980, la demandante presentó el
Decreto No. 00117 de 1980, del cual se extrae con su lectura que fue proferido «por
autorización del Ministerio de Educación Nacional (…)», de forma que esta
vinculación fue suscrita por medio de un delegado de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional; y, de la certificación de historia laboral sobre este período se
evidencia que era de carácter nacionalizado.

Por el contrario, en lo atinente al tiempo laborado que inició el 3 de agosto de 1992,
agregó el fallador que con el certificado de historial laboral aportado al plenario se
deducía su carácter nacional.

Con base en lo anterior, se coligió que el período comprendido entre el 1 de abril al
31 de julio de 1980, es decir, por 3 meses y 30 días, la vinculación de la actora fue
de tipo nacionalizada, pero el que se extiende entre el 3 de agosto de 1992 al 28 de
marzo de 2017, por 24 años y 6 meses, era de tipo nacional. Por lo tanto, si bien la
solicitante laboró un tiempo al servicio de una institución de tipo nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980, a partir de 1992 su servicio fue de tipo nacional, el
cual no es computable para la obtención de la pensión reclamada, con lo cual, no
cumplió con los requisitos que exige la ley para acceder a la misma.

1.6. Recurso de apelación4

La señora Teófila González Cárdenas, por medio de su vocero judicial, presentó
recurso de apelación en el cual solicitó revocar la decisión de primera instancia, y

3 06SentenciaPrimeraInstancia.pdf expediente digital
4 13Escrito ApelacionActor expediente digital

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, ordenándose en su favor
el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Además, pidió que no se le condene
en costas y agencias en derecho.

Expresó su inconformidad respecto a lo expresado en primera instancia, contentivo
a que no cumplió con el requisito de los años de docente al servicio de instituciones
educativas de tipo territorial o nacionalizado. En efecto, expuso que, si bien en la
sentencia reprochada se consideró que el tiempo laborado a partir del Decreto 131
de 1992 era de carácter nacional, lo cierto era que tal acto administrativo fue
expedido por el departamento del Caquetá y no por el Ministerio de Educación o
con intervención de sus delegados, añadiendo a que «el carácter de Territorio (sic)
lo define el ente gubernamental, NO EL CERTIFICADO EMITIDO (…)». De forma
que, en su criterio, el Decreto 131 de 1992 era de carácter nacionalizado.

Por lo tanto, considera que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia, comoquiera que su nombramiento fue efectuado por entes
departamentales y municipales «laborando en el servicio docente por 26 años, 12
meses y 28 días», con lo que acreditó el tiempo de servicio con vinculaciones
territoriales con anterioridad al «30 de diciembre de 1980» y por más de 20 años.
Además, demostró buena conducta y se desempeñó con honradez y consagración.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Con auto de 22 de marzo de 2023, se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante.

A través de apoderada, la UGPP presentó escrito de alegatos de conclusión en el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia por ajustarse a derecho.

La parte demandante, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio en esta etapa procesal.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la
Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

II.0. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo5, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

II.1. Del problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si Teófila González Cárdenas,
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido
los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como docente territorial
o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para hacerse
acreedora de tal prestación.

II.2. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; iii) cumplir 50 años de edad. Iv) Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera
de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar
ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»7

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699
de 26 de agosto de 1997.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20188
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban
a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados
para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las
entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.

8
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».9

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumple con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

II.3. Actuación administrativa

La señora Teófila González Cárdenas, actuando a través de apoderado, radicó el 4
de agosto de 2017 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que por medio de la Resolución RDP
042187 de 9 de noviembre de 201710, resolvió de manera negativa, pues consideró
que los tiempos laborados por la peticionaria fueron de carácter nacional, lo que
impedía el reconocimiento pensional. Inconforme con la decisión, la docente
presentó recurso de apelación, el cual fue desatado negativamente a través de la

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

10
01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf pág.36

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

Resolución RDP 004357 de 6 de febrero de 201811.

II.4. Caso concreto

Pasa la Sala a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, especialmente, si acredita los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizada.

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

a. Edad

Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra acreditado que la señora Teófila González Cárdenas nació el 14
de mayo de 195712, razón por la cual, el 14 de mayo de 2007 cumplió 50 años de
edad.

b. Buena conducta

En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.

c. Tiempo de servicio

Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial,
rememorando que la controversia en esta instancia gira en torno a la acreditación
de este requisito:

• Vinculación con anterioridad a 1980. Desde el 1 de abril de 1980 al 31 de
julio de 1980 (3 meses, y 30 días)

Revisado el expediente, se observa el Decreto No. 00117 de 14 de marzo de 198013,
mediante el cual el intendente nacional del Caquetá nombró a la señora Teófila
González Cárdenas como maestra de «enseñanza primaria» en la escuela Florida
Blanca del distrito de Belén.

Asimismo, la demandante fue posesionada para el cargo indicado previamente el 1
de abril de 1980, ante el secretario de Educación del Caquetá tal y como consta en
el acta de posesión No. 00010714.

11
01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf pág.42
12
Copia del registro civil de nacimiento y de la cedula de ciudadanía visible en el expediente
digital que se encuentra en SAMAI, 01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf pág.18
13
01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf pág.21
14
01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf pág. 24

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

Luego, a través del Decreto No. 00380 de 4 de agosto de 198015 el intendente
Nacional del Caquetá aceptó la renuncia presentada por la señora Teófila González
Cárdenas como maestra de la escuela Florida Blanca, distrito Belén a partir del 31
de julio de 1980.

El anterior nombramiento fue certificado el 6 de agosto de 2012 por la Secretaría de
Educación de Caquetá16 de la siguiente forma:

Ahora bien, respecto al carácter de la vinculación del Decreto No. 00117 de 14 de
marzo de 1980, se desprende que el intendente nacional del Caquetá es quien
funge como nominador de los docentes allí nombrados, y en lo que respecta a la
naturaleza jurídica de las intendencias, la Sección Segunda de esta Corporación ya
se ha pronunciado de la siguiente manera17:

15
01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf pág.25
16
01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf pág.20
17
Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000- 2014-00638-01
(2753-2016). Sentencia de 17 de octubre de 2017.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

«[…] encuentra la Sala que el tiempo de servicios laborado por el actor,
correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de
noviembre de 1983, ha de ser tenido en cuenta en calidad de docente del orden
territorial, puesto que según se encuentra acreditado en el plenario dicha vinculación
se produjo debido a nombramiento efectuado por el Intendente Nacional de Arauca
en el cual se nombra al señor JESÚS ORLANDO CETRE IBÁRGUEN como profesor
de la Escuela Rural Calafitas del Municipio de Saravena, quien posteriormente
efectúa su traslado a otra Institución y finalmente a través del Decreto No. 1197 de
1983 el mismo funcionario acepta la renuncia presentada por el actor a partir del 30
de noviembre del mismo año.

[…], a través de la Ley 22 del 18 de enero de 198518 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios19 ,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos,
pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas
rentas que aquellos.

Finalmente, con la Constitución de 1991 dichas intendencias y comisarías fueron
erigidas como Departamentos, tal como lo ordenó el art. 309 de la C.P20.

Para la parte demandada el tiempo de servicios como docente prestado por el actor
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es del orden nacional, tal como se
advirtió líneas atrás, no obstante, para la Sala el mismo deviene del orden territorial,
puesto que fue efectuado por entidad territorial, la cual si bien era administrada por
el Gobierno Nacional, tenía la misma calidad de entidad territorial, esto es gozaba
de autonomía e independencia como de ellos se predica, tal como se prevé en la
Ley 2ª de 1943 y 22 de 1985, como se dejó advertido.

Lo anterior sumado a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 art. 1º en el cual se
nacionalizó la educación que venían prestando los Departamentos, Distrito Especial
de Bogotá, los municipios, intendencias y comisarías, por lo que con fundamento en
la anterior norma quedaron nacionalizada el servicio de educación que venía
prestando las intendencias, para el caso concreto la de Intendencia Nacional de
Arauca, por lo tanto los nombramientos efectuados por este se entienden de
naturaleza nacionalizada, tal como lo ordenó la norma.

Argumento que a su vez se confirma con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 91 de
1989 que considera como docente territorial el nombrado por entidad territorial, en
este caso, la Intendencia Nacional de Arauca, con posterioridad al 1º de enero de
1976.

En este orden de ideas, se observa que la prestación de servicios docentes durante

18
«“por la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las Intendencias y
Comisarías, se faculta al Presidente de la República para reorganizar el Departamento
Administrativo de Intendencias y Comisarías, modificar el Régimen Administrativo,
Contractual y Fiscal en estas entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.»
19
«“Artículo 1°. La Administración de las Intendencias y Comisarías corresponde al
Gobierno Nacional, al Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías y en cada
entidad territorial a los Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y
Comisarios, conforme a las disposiciones de la presente ley.»
20
«“ARTICULO 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare,
Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías
del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los bienes y derechos que a
cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo de
propiedad de los respectivos departamentos.”»

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1979 al 30 de noviembre de 1983,
tienen naturaleza territorial, pues si bien fueron prestados a una intendencia nacional
cuya administración correspondía al Gobierno Nacional, la misma tenía categoría
de entidad territorial, asimilables a Departamentos tal como expresamente lo
establece la normatividad analizada, los cuales por demás, expresamente fueron
erigidas como tal por la Constitución Política de 1991; no siendo de esta manera de
recibo el argumento esgrimido por la entidad demandada al considerar que el actor
tiene nombramiento nacional pues tal como se dejó analizado el mismo es del orden
territorial, emanado por entidad territorial.»21.

En línea de la citada jurisprudencia, se debe entender que las intendencias
nacionales eran entidades territoriales, que con la entrada en vigor de la
Constitución Política de 1991 pasaron a ser departamentos, por lo que los docentes
vinculados tenían la condición de territoriales o nacionalizados, según cada caso
particular, pues las intendencias también fueron sometidas al proceso de
nacionalización de la educación desarrollado en la Ley 43 de 1975.

En atención a lo anterior, se constata que en el caso bajo estudio la actora laboró
en el cargo de maestra de primaria de la escuela Florida Blanca, distrito Belén
durante el período comprendido entre el 1 de abril de 1980 y el 31 de julio de 1980,
tal y como se extrae de los actos administrativos de nombramiento y de aceptación
de renuncia y del certificado de historia laboral expedido por la Secretaría de
Educación Departamental.

Respecto a la naturaleza del nombramiento de la actora en este período, debe
indicarse que, comoquiera que las intendencias fueron en su momento entidades
territoriales que mutaron a departamentos con la entrada de la Constitución Política
de 1991, y atendiendo que del certificado de historia laboral allegado al proceso
sobre este tiempo, se extrae que la plaza ocupada era de naturaleza nacionalizada,
sin que se advierta prueba adicional que contraponga dicho criterio y teniendo en
cuenta que las intendencias fueron sujetas al proceso de nacionalización de la
educación producido con la Ley 43 de 1975, para la Sala no existe duda que la
vinculación de la docente fue de naturaleza nacionalizada.

De manera que este tiempo de 4 meses resulta válido en el cómputo para acceder
a la pensión gracia.

• Desde el 3 de agosto de 1992 hasta el 28 de marzo de 2017 (24 años, 7
meses, y 25 días)

En el expediente se encuentra el Formato Único para la Expedición de Certificados
de Historia Laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, expedido por la
Secretaría de Educación Departamental del Caquetá del 6 de agosto de 201222, de
la que se extraen las novedades laborales de la señora Teófila González,

21
Al respecto, véanse también: Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 81001-
23-33- 000- 2013-00119-01(1466-2015). Sentencia de 17 de mayo de 2018; Radicado:
81001-23-33- 000-2013-00025-01 (4571-2014) Sentencia de 15 de 2017; Radicado: 81001-
23-33-000-2013- 00128-01 (1518-2015) Sentencia de 16 de febrero de 2023.
22
01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf pág.26

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

indicándose como tipo de vinculación nacional, nombrada por Decreto 131 de 21 de
julio de 1992 y posesionada el 3 de agosto del mismo año.

Al tiempo, se allegó certificación expedida por la Secretaría de Educación
Departamental del Caquetá del 28 de marzo de 2017, mediante la cual se acredita
que «(…) revisados los registros de planta de: GONZALEZ CARDENAS TEOFILA
(…) ingresó a esta entidad el 03/08/1992, hasta la fecha. Desempeña el cargo de
Docente de aula grado 14, en el(la) I.E NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES,
en la ciudad de El Paujil (Caq), con tipo de nombramiento Propiedad»23, para un
total de tiempo laborado de 24 años, 7 meses y 26 días.

Visto lo anterior, en torno a este período, encuentra esta Colegiatura que, por un
lado, la certificación expedida por la Secretaría de Educación Departamental del
Caquetá del 6 de agosto de 2012 en formato FOMAG, indica que la actora fue
nombrada en propiedad mediante el Decreto No. 131 del 21 de julio de 1992 para
ejercer el cargo de docente, posesionada el 3 de agosto de 1992 y resaltándose
que el vínculo fue de carácter nacional.

Por otro lado, la certificación de 28 de marzo de 2017 mencionada si bien indica la
institución educativa y el tiempo de servicio donde la demandante se desempeñó
como docente, no detalla si la plaza ocupada, al momento de su nombramiento, fue
provista como territorial, nacionalizada o nacional. De modo que, a partir de tal
documento, no es posible de manera inequívoca establecer la naturaleza del vínculo
laboral de la señora González Cárdenas.

En ese escenario, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, para la Sala no
existen pruebas en el expediente que acrediten que la vinculación de este período
fue de carácter nacionalizada. Por el contrario, la única prueba allegada al proceso
que brinda información al respecto es el certificado expedido el 6 de agosto de 2012
por la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, que indica que su
vinculación fue de carácter nacional.

Por lo tanto, para la Subsección la naturaleza de la mentada vinculación en efecto
fue de orden nacional, no solo porque así quedó certificado, sino porque, se reitera,
la anterior circunstancia no es desvirtuada con otro medio de prueba que permitiera
concluir lo contrario.

Vale la pena resaltar que, quien demanda tenía pleno conocimiento que el motivo
que generó la negativa al reconocimiento de la pensión gracia por parte de la UGPP,
fue la naturaleza de la vinculación docente y aun así, la interesada no aportó con la
demanda los elementos probatorios que pudieran llevar al convencimiento pleno de
la prestación real del servicio docente en la modalidad exigida para efectos del
reconocimiento de la prestación en comento, se itera, como territorial o
nacionalizado.

23
01ExpedienteDigital2019-90-00.pdf Pág. 27

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

Resulta relevante precisar, que con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20182 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

En punto a la carga de la prueba, se tiene que el artículo 167 del Código General
del Proceso, prevé que «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», por lo que era la
actora la que tenía la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia deprecada, lo cual, se itera, no ocurre, en tanto
no demostró la naturaleza municipal, departamental, distrital o nacionalizada del
periodo en discusión.

En similar sentido, la Corte Constitucional se pronunció respecto de la carga de la
prueba en materia pensional cuando existan inconsistencias en la historia laboral
del solicitante, al respecto, la sentencia SU-182 de 2019 señaló:

«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las
posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la
administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto jurídico
más débil del sistema, por lo cual merece una especial protección del Estado”16.
Además, la administradora cuenta con “mejores y mayores elementos de juicio
que le permitan adoptar una decisión más fiel a la realidad de los hechos que
se le plantean”17. Pero cuando la administradora de pensiones presenta
una “justificación bien razonada”, soportada en medios probatorios que
advierten razonablemente sobre una inconsistencia o una irregularidad en
la historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal hecho. En
términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que,
frente a una “censura fundada” de la administración, la carga de la prueba se
traslada al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos medios probatorios a
su alcance.18» (Negrilla de la Sala).

Así, es claro que la señora Teófila González Cárdenas al conocer la circunstancia
que rodea su historia laboral, que impide el reconocimiento perseguido, tenía la
obligación de aportar el material probatorio que constatara la tesis que fundamentó
la presentación de su demanda. Empero, en el plenario solo existe prueba que
brinda certeza sobre la calidad del vínculo laboral que se analiza el certificado de 6
de agosto de 2012 que, aparte de ser aportado con la demanda, se reitera, indica
de manera clara que su vínculo es de naturaleza nacional.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

Ahora bien, aunque la demandante por conducto de su apoderado, luego de
presentar el recurso de apelación, allegó mediante mensaje de datos el 20 de mayo
de 2021 memorial que contiene copia del Decreto No. 0131 de 1992, por el cual fue
nombrada para ejercer funciones como docente24, lo cierto es que en esta instancia
dicho documento no puede ser objeto de valoración por haber sido allegado al
proceso de manera extemporánea.

Ahora, el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo enseña el trámite para la solicitud de pruebas en
segunda instancia, indicando que su petición únicamente es procedente cuando se
trate de documentos que fueran requeridos por ambas partes, cuando se trate de
pruebas que no hayan sido decretadas o practicadas en la primera instancia, que
versen sobre hechos acaecidos después de finalizada la etapa probatoria en
primera instancia o cuando sean pruebas que no pudieron solicitarse en primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito.

Circunstancias que no se cumplen en este caso, pues el memorial con el que se
aportó el decreto mencionado fue enviado luego de interponerse el recurso de
apelación, sin que se hiciera mención sobre alguna solicitud probatoria y mucho
menos se precisaran las razones por las cuales se considera justificada su
incorporación en esta instancia.

De tal manera que, la Sala considera que la parte demandante tenía oportunidad
para presentar y solicitar pruebas con la demanda25 la contestación de las
excepciones, al tiempo que el decreto y la práctica de las pruebas se extiende, sin
perjuicio de la facultad oficiosa con la que cuenta el fallador de conformidad con el
artículo 213 del CPACA26, hasta el cierre de dicha etapa. Con lo que toda prueba
que las partes pretendan hacer valer luego de ello es de tajo extemporánea.

En este orden de ideas, para la Sala el tiempo de servicio prestado por la
demandante entre el 3 de agosto de 1992 al 28 de marzo de 2017 (24 años, 7

24
15ResolucionAllegadaActor.pdf
25
Ley 1437 de 2011 «ARTÍCULO 212. Oportunidades probatorias: (…) En primera
instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la
demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de
reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los
incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada (…)»
Negrilla de la Sala.
26
«ARTÍCULO 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para
el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las
pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar
sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para
esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un
término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las
partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren
indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el
caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete».

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

meses, y 25 días) no puede ser computado para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, pues, se insiste, la entidad demandada certificó que se trató de un
tipo de vinculación nacional, y la demandante no cumplió con la carga probatoria
que recaía sobre ella para demostrar lo contrario.

En esa línea de consideraciones, la Sala procede a confirmar la sentencia dictada
por el tribunal de primera instancia, pues, la actora no acreditó la totalidad de los
requisitos exigidos para hacerse acreedora a la pensión gracia, concretamente, los
20 años de servicio docente territorial o nacionalizada.

1.6. De la condena en costas de primera instancia

Finalmente, la parte demandante eleva su inconformidad también frente a la
condena en costas y agencias en derecho.

Al respecto, es importante señalar que esta Sección había sostenido la tesis
de que el concepto de las costas del proceso comprendía todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y los
denominados gastos o expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos
ordinarios del proceso y otros, como son los indispensables para traslado de
testigos y la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la
justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso
de apelación, pólizas, copias, etc.

Tras la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», para quien resultara vencido en el litigio. Ello, en
consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo
en el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o
no.

Sin embargo, esta Subsección en providencia del 7 de abril de 2016, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo-valorativo al concluir que no era
necesario evaluar la conducta de las partes –temeridad o mala fe–, sino los
aspectos previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena
aplicación a su artículo 365.

No obstante, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, recientemente fue
modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de precisar
que «En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

Lo anterior, permite hacer extensiva dicha interpretación para efectos de

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

analizar si la presentación de la demanda y la gestión del proceso adelantado
por la demandante puede considerarse con carencia manifiesta de fundamento
legal.

Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso el a quo no
efectuó dicho estudio, además, verificada la demandada presentada, no puede
considerarse que la misma se presentó sin sustento legal; razón por la cual, la
Sala considera que deberá revocarse el numeral 2° de la sentencia apelada.

Conclusión

En resumen, para la Sala no prosperan los argumentos planteados en el recurso de
apelación, dado que no se comprobó que el vínculo laboral de la demandante
posterior a 1980 fue de naturaleza nacionalizada o territorial. Por el contrario, en
línea con lo considerado por el Tribunal de instancia, al analizar las pruebas del
caso, se concluye que el vínculo desde 1992 es de orden nacional. Razón por la
cual, la demandante no cumple con el requisito de tiempo mínimo de labor docente
al servicio territorial o nacionalizado para ser beneficiaria de la pensión solicitada.
Motivo por la cual, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

1.8. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas,
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por la parte demandante, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa
jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo
aquí resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas
jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018
y del 11 de agosto de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 28 de abril de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que
condenó en costas a la demandante, por lo dicho en la motivación.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001-23-33-000-2019-00090-01(4948-2022)
Demandante: Teófila González Cárdenas

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 28 de abril de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión de
acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en
esta providencia.

CUARTO. RECONOCER a los abogados Omar Andrés Viteri Duarte y Edgar José
Polanco Pereira como apoderados de la UGPP, en los términos de los poderes
conferidos y allegados vía correo electrónico y que se encuentra visible en el
expediente digital disponible en SAMAI. Igualmente, se acepta la renuncia al poder
presentada por dichos togados.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código
General del Proceso.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.