Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00130-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00130-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2019-00130-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
5 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. , cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001233300020190013001 (3573-2021)
Demandante: Humberto Gasca Pimentel
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social – UGPP 1
Temas: Pensión gracia . Naturaleza de la vinculació n docente.
Nacional. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 16
de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caquetá, que
negó las súplicas de la demanda .
I. ANTECEDENTES
1 LA DEMANDA 2
1.1. Pretensiones de la demanda .
El señor Humberto Gasca Pimentel , por intermedio de apoderad o
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previst o en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011 3, solicitó declarar la n ulidad de las Resoluciones
1 En adelante, UGPP.
2 Expediente digital visible en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del Consejo de Estado. En adelante, SAMAI.
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001233300020190013001 (3573-2021)
Demandante:Humberto Gasca Pimentel
RDP 047375 del 16 de diciembre de 2016 y RDP 012884 del 2 8 de
marzo de 2017, mediante las cuales la UGPP negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia .
Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia, con el 75%
del promedio de todos los factores devengados el año anterior a l
28 de enero de 2004 , fecha en la que alcanzó el estatus pensional ;
(ii) reajusta r la pe nsión según lo dispuesto en la Ley 71 de 1988;
(iii) ajusta r el valor reconocido conf orme al Índice de Precios a l
Consumidor, tal y como lo autoriza el artículo 187 del CPACA; (iv)
cumplir la sentencia dentro del término previsto o pagar intereses
moratorios de acuerdo con lo establecido en los artículo s 192 y 195
ejusdem; (v) pag ar perjuicios inm ateriales ocasionados por el
sufrimiento derivado del no pago oportuno de la mesada pensional
equivalente a 100 SMMLV; y (vi) suf ragar las costas del proceso.
1.2. Hechos que funda mentan la demanda .
El actor relató que nació el 24 de enero de 1954 y que prestó
servicio como docente oficial territo ria l o nacionalizado , así:
Indicó que el 3 de agosto de 2016 solicitó el reconocimiento y pago
de la pensión gracia; no obstante, con los actos demandad os le fue
negado el derecho.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración .
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 18001233300020190013001 (3573-2021)
Demandante:Humberto Gasca Pimentel
El accionante señaló que, con los actos administrativos
demandados, la UGPP incurrió en grave falsa motivación, falta de
valoración probatoria y violación de normas constit ucionales y
legales que regulan la pensión gracia.
Indicó que antes del 31 de diciembre de 1980 estuvo vinculado
como docente nacionalizado en el departamento de Caquetá, por lo
que dicho tiempo no puede ser desestimado y que, además, las
normas que regulan la materia no indican que sea necesario estar
vinculado para esa fecha , ni exige un tiempo mínimo de servicio
prestado con anterioridad a la misma data.
Igualmente, manifestó que los tiempos podían haberse prestado en
diversas épocas y en todo caso serían computables y en ese orden,
acreditó los 20 años requeridos pues, «los actos administrativos
que nombraron a Humberto Gasca Pimentel fueron expedidos por la
Secretaría de Educación del Putumayo y Caquetá, es decir, cumple
con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 .
En cuanto a los certificados expedidos en los que se se ñala que su
vinculación fue nacional, indicó que ellos no atienden a la verdad,
pues su vinculación fue territoria l y nacionalizada, teniendo en
cuenta el ente gubernativo que profir ió dichos actos.
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar
que los actos administrativos acusados fueron expedidos conforme
a derecho , pues, según los tiempos de servicio ce rtificados, el tipo
de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 no fue
determinad o, y desde el 8 de octubre de 1993 en adelante fueron
nacionales y , en consecuencia, no hay lugar el reconocimiento que
reclama.
4 Obrante en el expediente digital en la plataforma SAMAI, visible en el índice
2.
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Radicado: 18001233300020190013001 (3573-2021)
Demandante:Humberto Gasca Pimentel
Propuso las siguie ntes excepciones (i) inexistencia de la obligación
demandada; (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo
demandado; (iii) prescripción; y (iv) la innominada o genérica.
3. AUDIENCIA INI CI AL 5
El Tribunal Administrativo de Caquetá , mediante auto interlocutorio
del 3 de diciembre de 2020, en acatamiento a lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 2020, negó las pruebas
solicitadas por el demandante y corrió t raslado para alegar de
conclusión.
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6
El Tribunal Administrativo de Caquetá el 16 de junio de 2021, negó
las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
Como fundamento de la decisión, la autoridad judicial indicó que
los docentes debían acreditar al 2 9 de diciembre de 1989 el
cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos para obtener
el derecho a la pensión gracia .
Que, de acuerdo con las pruebas allegadas, el demandante con
anterioridad al 29 de diciembre de 1989, prestó sus servicios como
docente en Escuela rural mixta San Francisco Senseya Municipio
de Puerto Leguizamo Putumayo del 1.º de enero de 1979 al 31 de
enero de 1982 y la siguiente vinculación del actor en el sector
educativo fue en el año 1993, por lo que laboró como docente por
un plazo de 3 años y 30 días, y que para esa fecha contaba con 28
años de edad .
5 Idem.
6 Folios 353 a 369.
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Demandante:Humberto Gasca Pimentel
En ese orden, el actor no acreditó los requisitos exigidos y por
tanto, no puede ser benef iciario de la pensión gracia solicitada,
razón por la cual, no consideró procedente examinar lo relativo al
carácter de los nombramientos posteriores , pues aun cuando fuere
satisfecho ese requisito, lo cie rto es que el demandante no tenía
consolidado su de recho a la pensión gracia a la fecha de entrada
en vigencia de la Ley 91 de 1989 .
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7
El señor Humberto Gasca Pimentel, solicitó revocar la decisión y,
en su lugar, acceder a las pretensiones.
Sostuvo que se logró probar que el accionante «inic ió su vida labor al
el dí a 01 de Ener o de 1. 979 com o docent e, nom br ada ( sic) m ediant e
Resoluc ión 002 del 14 de f ebr er o de 1. 979 por el G ober nador del
Put um ayo al ser vici o de la Secr et ar ia d e educación Depar t am ent al del
Put um ayo, hast a el dí a 31 de Ener o de 1982, com o docent e
naciona liz ado ( a) ; y que post er ior m ent e f ue vinculado m edia nt e Decr et o
de nom br am ient o No. 1193 del 27 de Sept iem br e de 1. 993 por el
G ober nador del C aquet á G ABRI EL SANDO VA L y el s ecr et ar io de
educación VI CTO R RENE LO SADA PI N TO , sien do incor po r ado en la
plant a de per sonal de la Escuela NACI O NALI ZADA “ El Dia m ant e” en el
M unicip io de Flor en cia - Caquet á, en pr opiedad com o “ docen t e que r eúne
los r equis it os par a desem peñar el car go vacant e, lo ant er ior en vir t ud
del or di nal 7 del ar t 305 de la const it uc i ón polí t ica, l ey 60 d e 1993, dt o
2277 de 1. 979” » ( sic) .
Reiteró los argumentos expuesto s en el escrito de demanda y
solicitó la protección del derecho a la igualdad (precedente
horizontal), toda vez que en fallo del 10 de julio de 2020 dentr o del
proceso con radicación 50001 -23-33-000-2014-00249 -01 (3783 -
2018) el Consejo d e Estado Sala de lo Contencioso -Administrativo
• Sección Segunda - Subsección B (Consejero ponente: Carmelo
7 Folios 250 a 269.
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Demandante:Humberto Gasca Pimentel
Perdomo Cuéter; Accionante: Elvira Parrado Herrera) «ha
reconocid o los derechos de personas en idéntica situación al
demandante, en aplicación de las normas y principios atrás
referidos. »
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
Las partes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
el Ministe rio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Est ado es competente para resolver el recurso de
apelación , de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8 y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 9.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apela ción interpuesto por la parte
demandante, corresponde a la Sala determinar :
• Si el señor Humberto Gasca Pimentel tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen
consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que
regulan dicha prestación.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.3.1. La pensión gracia.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la l ey.»
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Demandante:Humberto Gasca Pimentel
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.
Respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recib ido o recibir ot ra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.
Por su parte, la L ey 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucció n pública y
autorizó la suma de servicios prest ados en diversas épocas al
computar los años en la enseñanza primaria, la norm alista y la
inspección, con el f in de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Con la Ley 37 de 1933, el beneficio se hizo extensivo a los maestros
de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios
señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º , distinguió
entre los conceptos de docente «nacional», «nacionalizado» y
«territoria l».
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen
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Demandante:Humberto Gasca Pimentel
o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos.
En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir,
con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la
Sala Plena del Co nsejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 10 previó las
pautas jurisprudenciales a seguir en relación con el presupuesto
proveniente del situado fiscal y la titularidad de los recursos
provenientes del sistema general de participaciones.
Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos
regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados y
en ese sentido se aclaró que el universo de esos recursos con los
que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuesto s en calidad de
rentas exógenas y endógenas, por lo que no es dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial,
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
10Consejo de Estado, Secc ión Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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Demandante:Humberto Gasca Pimentel
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con
la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.
La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de
docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha pre visto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva cert ifica ción de la autoridad nominadora que dé cuenta
de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
En cuanto al origen de los recursos de la entidad nominadora, se
señaló que lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territo rial o nacio nalizada.
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 11 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciem bre de 1980
y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento».
11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
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Demandante:Humberto Gasca Pimentel
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria o como normalista o in spector de
instrucción pública , o en calidad de docente nacionalizado, con
alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo,
siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la
edad de 50 años y haber observado buena conducta.
2.3.2 La educación contratada
En relación con la educación contratada, esta Corporación en
sentencia del 24 de julio de 2008 12 sostuvo lo siguiente:
«M ediant e la Ley 20 de 1974, se apr obó el Concor dat o y el
Pr ot ocolo Fina l ent r e la Repúblic a de Colom bia y la Sant a Sede,
suscr it o en B ogot á el 12 de j ul io de 1 973 y sur ge la Edu cación
M isiona l Cont r at ada . Est a m odalidad de pr est ación de l s er vicio
educat ivo pos ib il it ó la am pl iaci ón de la educación en los se ct or es
m ás apar t ados del paí s y en los ant iguos t er r it or ios nacionales a
t r avés de la suscr ipción de cont r at os ent r e el G obier no Naci onal y
la I glesia Cat ól ica.
“ ( …) Com o ser vicio a la com unidad en las zonas m ar ginadas,
necesit adas t em por alm ent e de un r égimen canónico especi a l,
la I glesia colabor ar á en el sect or de la educación of ici al
m ediant e cont r at os que desar r ol len lo s pr ogr am as of icial es
r espect ivos y contem plen las cir cuns t ancias y exigenci as
especí f icas de cada lugar . Tales cont r at os celebr ados con el
12Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 88001-23-31-000-2004-
00042-01 (3018-2017).
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Demandante:Humberto Gasca Pimentel
G obier no Naciona l se aj ust ar án a cr it er ios pr eviam ent e
acor dados ent r e ést e y la Co nf er encia E piscop al, de
conf or m idad con lo dispuest o en el Ar t í culo VI . ( … ) ”
Con el f in de d esar r ollar los cont r at os m encionados en la nor m a
t r anscr it a, el G obier no expidió e l Dec r et o 2768 de 1975, que
consagr ó nor m as par a la cele br ación de los cont r at os e nt r e el
G obier no Naciona l y la I glesia Cat ól ic a y est ableció que ser í an
f ir m ados por el M in ist er io de Ed ucació n Nacio nal a n om br e del
G obier no Naci onal y por el r espect ivo O r dinar io Com pet ent e a
nom br e de la I glesia, y t ienen com o obj et o la adm inist r ación por
par t e de est a de los cent r os educat ivos en el sect or de la educación
of icia l, su t enor lit er al es el sigu ient e:
“ Ar t í culo cuar t o. El nom br am ient o de r ector es y dir ect or es, del
per sonal doce nt e, adm inist r at ivo y de s er vicio, en los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, se har á de acuer do con el siguient e
pr ocedim ient o:
1. El no m br am ient o de los r ect or es o dir ect or es de cada centr o
educat ivo o de c a da conj unt o de ce nt r os educat ivos b aj o
r égim en cont r act ual, lo har á el M ini st er io de Educació n
Nacion al ent r e los candidat os que pr esent e el Or dinar io
com pet ent e. ( …) ”
El Decr et o 2484 de 1976 m odif icó el Decr et o 2768 de 1975 y
est ableció qu e el O r dinar io Com pet ent e ( I glesia Cat ólica)
pr esent ar á al M inist er io de Educació n Nacion al los nom br es del
per sonal dir ect iv o, docent e y adm inist r at ivo de cada Cent r o
Educat ivo o de cada conj unt o de Cent r os Educat ivos, par a que est e
r at if ique las novedades de per sonal, su t enor lit er al es el siguient e:
“ El M inist er i o de Ed ucación Nacio nal pr oceder á a r at if icar l as
novedades de per sonal de los C ent r os Educat ivos baj o
cont r at o de acuer do con el siguie nt e pr ocedim ient o:
1. El O r dinar io C om pet ent e pr esent ar á al M in ist er io de
Educació n Naci ona l los nom br es del per sonal dir ect iv o,
docent e y adm inist r at ivo de cada Cent ro Educat ivo o de cada
conj unt o de Cent r os Educat ivos. ( …) ”
M ediant e el Decr et o 2155 de 1987, se der ogar on los De cr et os
ant er ior es y en su lugar dispuso:
“ Ar t í culo 1º Los cont r at os que de conf orm idad con el ar t í culo
t r ece del Concor dat o, se celebr en ent r e el G obier no Nacion al
y la I glesia C at ólic a en el sect or de la ed uca ción of ic ial en la s
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Demandante:Humberto Gasca Pimentel
zonas cont em plada s en el ar t í culo sext o del Tr at ado, se
aj ust ar án a las sigui ent es r eglas:
1. Los cont r at os ser án celebr ados po r el Pr esident e de la
Repúb lica y el M ini st r o de Educación Nacion al, o por este
últ im o, de conf orm idad con las nor m as sobr e com pet encia
vigent es a l m om ent o de la f ir m a, en nom br e del G obier no
Nacion al y por el r espect ivo or dinar io com pet ent e a nom br e de
la I glesia Cat ól i ca.
2. Los cont r at os t ienen com o obj et o la adm inist r ación por par t e
de la I glesia Cat ólic a de los Cent r os Educat ivos del Est ado y
de la I gles ia Cat ó lic a que se r igen por l as nor m as del Est ado
y cum plan los r equis it os f ij ados en est e Decr et o.
3. Par a cada j ur isdicción ecl esiást ic a se celebr ar á un solo
cont r at o, en cuyos anexos quedar án enum er ados, por
r egiones, los inst it ut os docent es que sean obj et o de est e
r égim en cont r act ual.
En caso de que un a j ur isdicción ec les i ást ica abar que var i as
j ur isdiccion es ci vi l es, se podr án hacer t ant os contr atos
cuant as sean la s j ur isdicciones civi les, según la s
convenienc ias o exi gencias le gales.
4. En cada cont r at o se est ablecer á la po sibi lid ad de su r evis i ón
y act ualizac ión se gú n lo ex ij a el cam b io de las c ir cunst ancia s
dur ant e su vigencia.
5. La dur ación de cada cont r at o ser á por un t iem po m í nim o de
t r es años y m áxim o de cinco, y po dr án ser r enovados p or
acuer do ent r e las par t es.
6. Com o anexo de cada cont r at o f igur a un inve nt ar io de lo s
bienes m ueb les e i nm uebles que per t enezcan a cada ce nt r o
educat ivo.
7. Cuando e l edif icio d el cent r o e ducat ivo de l Est a do
per t enezca a la I glesia Cat ólica, en el cont r at o se m encionar á
expr esam ent e el car áct er eclesiást ico de la pr opiedad d el
edif ic io.
8. Con car go a las sum as señalad as en l a ley de pr esupuest o
de cada año y s u s adici ones, se pa gar án los sue ldos y
pr est aciones social e s del per sonal dir ect ivo docent e, docente
y adm inist r at ivo de los cent r os educat ivos baj o cont r at o, así
com o los gast os in h er ent es a la bue na m ar cha de lo s cent r os
educat ivos, sost eni m ient o de edif icios , ser vicios púb lic o s,
m at er ial pedagó gico y dem ás concept os que apar ezcan de nt r o
de la ley de pr esupuest o. Las par t idas por apor t e de cesantías
y Ley 27 de 1974, las gir ar á dir ect a m ent e el M inist er io de
Educa ció n Nac iona l al Fond o Nac iona l d e Ahor r o y al I nst it ut o
Colom bi ano de Bi enest ar Fam ili ar , de acuer do con l a
apr opiac ión pr esupu est al r espect iva.
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9. Cada cont r at o r equier e par a su valide z:
a) Pago de im puest o de t im br e en la Adm inist r ación de
Hacien da Na ci onal;
b) Apr obación y r egi st r o pr esupuest al;
c) Publicac ión en el DI ARI O O FI CI AL. (…) ”
Con la exped ició n del Decr et o 1268 d e 2001 que r eglam ent ó el
ar t í culo 200 de la Ley 115 de 1994 la com pet encia par a la
suscr ipción de est os cont r at os con I glesias y Conf e siones
Rel igios as se t r asladó a las Ent idades Ter r it or iales con ca r go de
sus pr esupuest os, baj o la cont inua in spección y vig ilanc ia de l
M inist er io de Educa ción Nac iona l.
Lo ant er ior per m it e conclu ir que el cu er po docent e adscr it o a los
Cent r os Educat ivos Cont r at ados, cuyos nom br am ient os pr ovení an
por r at if icación del M inist er io de Educa ción Naci onal, ost en t aban el
car áct er de docent es Naciona les.
Lo ant er ior signif ica que los sueldos y pr est aciones socia l es del
per sonal dir ect ivo docent e, docent e y adm inist r at ivo de los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, est ar án a car go de la Nación.
La educació n cont r at ada se t r at a de una de las diver sas f or m as de
pr est ar educación p úblic a, ent endida co m o aquella que se f i nancia
con r ecur sos of icia les, se of r ece en condic iones de gr at uidad y
debe l legar a los sec t or es sociales m ás p obr es, en los que el Est ado
no puede pr opor ci on ar educación d ir ect am ent e sino por int er m edio
de est os cont r at os que quedan a car go de la Nación. [ …] »
En conclusión, aquellos docentes adscritos a los Centros
Educativos Contratados, cuyos nombramientos provenían por
ratificación del Ministerio de Educación Nacional, ost entaban el
carácter de docentes nacionales.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Actuación administrativa.
El 3 de agosto de 2016 el actor solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión gracia , la cual fue resuelt a a través de la Resolución
RDP 047375 del 16 de diciembre de 2016, mediante la cual la
UGPP negó el derecho.
Como argumento , señaló que «conf or m e a los t iem pos de ser vicio
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apor t ados se pue de obser var que est os f uer on pr est ados con
nom br am ient o del or den naciona l, en consecuencia, no hay lugar al
r econocim ient o y pa go de la pens ión de j ubilac ión so lic it ada , por cuant o
su vinculac ión a la d ocencia f ue de car áct er NACI O NAL . »
El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual f ue resuelto de forma negativa por la UGPP a
través de la Resolución RDP 012884 del 28 de marzo de 2017 ,
con los siguientes argumentos:
«[ …]
Q ue obr a copia aut ent icada de cer t if icad o de inf or m ación lab or al de
f echa 25 de m ayo de 2012, expedido por la G O BERNACI O N DEL
PUTUM AYO , en el cual se cer t if ica qu e el pet ic ionar i o lab or o con
dicha ent ida d desde el 20 de f ebr er o de 1979 hast a el 30 de ener o
de 1982, sin que se indi que e l t ipo de vi nculac ión.
Q ue t eniendo en cuent a que el ant er ior cer t if icado f ue alleg ado en
copia aut ent icada, e l m ism o no podr á se r t enido en cue nt a t oda vez
que car ece de valor pr obat or io de conf or m idad con lo señalado en
el ar t í culo 246 del C . G . P.
Q ue obr a or iginal de cer t if icado de inf or m ación labor al de f e cha 19
de sept iem br e de 2013, expedido por la SECR ETA R I A DE
EDUC ACI O N DEL M UNI CI PI O DE FLO RENCI A, en el c ual se
cer t if ica que el pet ic ionar io labor o con di cha ent idad des de el 08 de
oct ubr e de 1993, así m ism o se indica q ue la vinc ulac ión de l señor
G ASCA PI M ENTEL HUM BERTO es de C ar áct er NACI O NAL.
Q ue obr a or iginal de cer t if icado de inf or m ación labor al de f e cha 06
de oct ubr e de 2014, expedido por la SE C RETA RI A DE EDU C ACI O N
DEL M UNI CI PI O D E FLO REN CI A, en el cua l se cer t if ica que el
pet icionar io la bor ó con dicha ent idad d esde el 08 de oct u br e de
1993 hast a el m om ent o, así m ism o se indica que la vinculac i ón del
señor G ASCA PI M ENTEL HUM B ERTO es de Car áct er NACI O NAL.
Q ue obr a or igina l d e cer t if icado de f act or es salar ia les de f echa 19
de sept iem br e de 2013, expedido por la SECR ETA R I A DE
EDUC ACI O N DEL M UNI CI PI O DE FLO RENCI A, en el c ual se
cer t if ican f act or es por el per iodo com pr endido ent r e el 01 de ener o
de 2012 hast a e l 1 9 de sept iem br e de 2013, así m ism o se ind ica
que la vincu laci ón d el señor G ASCA PI M ENTEL HUM BE RT O es de
Car áct er NACI O NAL .
Q ue obr a or igina l d e cer t if icado de f act or es salar ia les de f echa 06
de oct ubr e de 2014, expedido por la SE C RETA RI A DE EDU C ACI O N
DEL M UNI CI PI O DE FLO RENCI A, en el cual se cer t if ican f act or es
por el per iodo com pr endido ent r e el 01 de m ar zo de 2003 hast a el
28 de ener o de 200 4, así m ism o se indica que la vincu lac i ón del
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señor G ASCA PI M ENTEL HUM BER TO es de Car áct er NACIO NAL. »
( sic)
Con base en lo a nterior, argumentó que el accionante no cuenta
con los veinte años en la docencia oficial de carácter
departamental, distrital, municipal o nacionalizado , teniendo en
cuenta que , para acceder a la pensión gracia no es posible
computar tiempos de servicio de orden nacional.
2.5 Análisis del caso concreto
Atendiendo las anteriores precisio nes, la Sala procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si
a la parte demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la
pensión gracia por cumplir con los requisitos legales,
concretamente frente al tiempo de servicio acreditado.
2.5.1. El demandante nació el 24 de enero de 1954 13, por tanto, el
mismo día y mes de 2004 cumplió 50 años de edad.
2.5.2. Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:
a) Del periodo comprendido entre el 1.º de enero de 1979 y el
31 de enero de 1982 .
• Obra en el expediente administrativo digital, copia del
Certificado de Historia Laboral No . 382, em itido por la
Secretaría de Educación del Putumayo del 25 de mayo de
2012, en la que se relaciona el tiempo de servicios y los actos
de nombramiento y de insubsistencia sin que se establezca el
tipo de vinculación .
13Así consta en la cédula de ciudadanía que se encuentra visible en el
expediente administrativo digital CC%206715253.pdf
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• En respuesta a una solicitud elevada por el apoderado del
demandante, la Secretaría de Educación del Putumayo,
mediante Oficio SAC 2017RE2300 del 21 de junio de 2017,
indicó:
• En el mismo sentido, en respuesta a una Acción de Tutela
interpuesta por el actor el 18 de julio de 2017, tramitada ante
el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva (Oficio
2017RE2719 del 21 de julio de 2017), la mencionada entidad,
transcribió la anterior respuesta d ada al apoderado del
accionante , y agregó que:
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• Esta misma entidad, mediante Oficio 2017RE3978 del 28 de
agosto de 2017, se dirigió nuevamente al apoderado del
demandante y le manifestó lo siguiente:
• La Secretaría de Educación del Putumayo adjuntó los
documentos relacionados en la contestación referida ut supra ,
entre los que se tiene:
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Obra también la siguiente Acta del 20 de febrero de 1979, por
medio de la cual, el actor tomó posesión del cargo de «profesor
de Cultura General Escuela “SAN FRANCISCO ” para que ha
sido nombrado por la Coordinación de Educación […]» (sic).
La posesión se adelantó en el despacho del «Coordinador de
Educación » y fue suscrito por este, pa ra lo cual , consta la firma
y sello así:
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Del análisis de lo s documentos relacionados, lo que constituye
relevancia para determinar si el docente tiene el derecho o no al
reconocimiento de la pensión gracia, es si ocurrió antes del 31 de
diciembre de 1980, y si se t rató de una vinculación de carácter
territorial o nacionalizada.
Pues bien, del análisis de las piezas relacionadas se observa que
el señor Humberto Gasca Pimentel fue nombrado por el coordinador
de educación nacional de Puerto Leguizamo y no por el gobernador
del Putumayo , ni fue expedido por la Secretaría de Educación
departamental como erradamente lo manifestó en el escrito de
apelación el accionante.
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Al respecto es preciso señalar que, de acuerdo con las
comunicaciones emitidas en sede de tutela, así como en las
respuestas dirigidas al apoderado del actor en sede administrativa,
que, dicho sea de paso, es el mismo que lo representa en el
presente proceso judicial, la entidad territorial fue clara en
manifestarle que, de acuerdo con los documentos obrantes que
fueron encontrados, el actor no fue nombrado mediante Resolución
002.
En efecto, el Certificado Tiempo Laborado de mayo de 2012 ind ica
que su nombramiento como profesor fue adelantado por medio de
la Resolución 0002 del «14 -02-1.979» , sin embargo, a pesar de lo
anterior, se observa que, el membrete del documento analizado,
indica que se trata de un colegio nacional , que es nombrado
docente por el coordinador de educación nacional de Puerto
Leguizamo, para ejercer su labor en una institución educativa en
Senseya, del municipio de Puerto Leguizamo, situación que se
ratifica en el acta de posesión, documento este que también
evidencia en el membrete y en el sello al pie de la firma, que se
trata del Ministerio de Educación Nacional.
El mencionado coordinador de educación manifestó que se apoyaba
en lo dispuesto en el parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 43 de
1975 «por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria
que oficialmente vienen prestando los Departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías;
se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia
educativa y se dictan otras disposiciones » que a su tenor indica:
«A rt í cul o 1. . La educación pr im ar ia y secundar ia of icia l es
ser án un ser vicio pú blico a car go de la Nación.
En consecuencia, lo s gast os que ocasione y que hoy sufr agan
los Depar t am ent os, I nt endencias, Co m isar í as, el Dist r i t o
Especia l de Bogot á y los M unicipios, ser án de cuent a de la
Nación, en los t ér m inos de la pr esent e Ley.
Parágraf o. El nom bram ient o del per sonal en los plant eles que
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se naciona l izan p or m edio de est a Ley, o se haya n
naciona liz ado ant er i or m ent e, cont inuar á siendo hecho por los
f uncionar ios que act ualm e nt e ej er zan dicha f unción. »
Adicional a lo anterior, es de resaltar que invocó también el Decreto
2768 del mismo año (1975) , por medio del cual se dictan normas
para la celebración de los contratos entre el Gobierno Nacional y la
Iglesia Católica, previstos en el artículo XIII del Concordato suscrito
con la Santa Sede el 12 de julio de 1973 -aprobado mediante Ley 20
de 1974–, en cuyo desarrollo se f irmó el Acuerdo 018 del 15 de
diciembre de 1976.
Si bien en el acto de nombramiento se señala la «Resolución 002 »,
se desconoce el año o el origen del mismo , por lo que no es posible
hacer alguna referencia al respecto.
Pues bien, de lo anterior es dable colegir sin lugar a dudas que el
accionante ejerció la labor docente , sin embargo, el acto de
nombramiento efectuado por el coordinador de educación nacional
refiere al proceso de nacionalización, también lo es que
seguidamente invocó el Decreto 2768 de 1975 que tiene relación
directa con los contratos que se celebraban entre el gobierno
Nacional y la Iglesia Católica, es decir, la Educación Misional o
Contratada, que, como se señaló en el marco normativo, se trató de
una de las diversas formas de prestar la educación pública,
entendida como aquella que se financia con los recursos del
Estado, se ofrece en condiciones de gratuidad y buscaba llegar a
los sectores sociales más pobres y alejados.
En ese orden, el coordinador de educación y no el alcalde o
gobernador del Putumayo, procedió a nombrar al actor como un
docente, pero se repite, en el marco de los contratos entre el
gobierno Nacional y la Iglesia Católica por lo que, de acuerdo con
lo explicado en relación con la educación contratada, es posible
afirmar que la naturalez a jurídica de esta vinculación fue del orden
nacional.
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Lo anterior se encuentra además en consonancia con la referencia
que hizo la Secret aría de Educación en la comunicación dirigida al
apoderado del actor del 28 de agosto de 2017, oportunidad en la
que le fue solicitad o que diligenciara la petición de los d ocumentos
de nombramiento y posesión a la Educación Contratada,
administrada por la Diócesis de Sibundoy, Mocoa.
Llama la atención de esta Sala que, a pesar de las respuestas
dadas al actor por part e de la Secretaría de Educación
departamental en el trámite de la mentada Acción de Tutela, que
además negó por improcedente la misma, el interesado no hubiese
adelantado las gestiones necesarias para reconstruir la historia
laboral y haya hecho caso omiso a la sugerencia en caso de que le
quedara alguna duda, pues, se reitera que, contrario a lo
manifestado en la demanda y en la apelación, este evidentemente
no fue nombrado por el gobernador, ni existe una Resolución 002 o
al menos ello no se probó en el transcurso del proceso, siendo ello
de su cargo.
Así las cosas, conforme a lo expuesto , el cuerpo docente que se
encontraba bajo la educación contratada , provenía del Ministerio
de Educación Nacional , y por lo tant o ostentaban el carácter de
docentes nacionales .
Por consiguiente, esta Corporación concluye que el accionante
ocupó el cargo de educador, pero el carácter de la vinculación fue
nacional, por ende, estos tiempos no resultan válidos para ser
tenidos en cuenta para la pensión gracia.
Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le qu eda duda que el accionante no
cumplió con los requisitos necesarios para acceder a la pensión
gracia dado que no acreditó la vinculación antes del 31 de
diciembre de 1980 del orden territorial o nacionalizado ,
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situación que impide seguir adelante con el análisis de los restantes
tiempos, y los req uisitos contemplados en las normas que regulan
la materia.
Sumado a ello, la S ección Segunda de esta Corporación en reciente
sentencia de unifi cación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 14, dejó claro que para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, los docentes deben acreditar la vinculación
territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciem bre de 1980
y cumplir con los d emás requisitos legales, siendo así un requisito
indispensable para conceder esa prestación.
Conforme a lo expuesto, al señor Humberto Gasca Pimentel no le
asiste el derecho a la pensión gracia, por lo que esta Subsección
confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Caquetá, por medio de la cual se ne garon las pretensiones de la
demanda, pero por las razones expuestas en precedenc ia.
2.6. Condena en costas .
En el caso concreto, no se advierte que hay a lugar a condenar en
costas al demandante , comoquiera que , si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
lo cierto es que actualmente , con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021 , es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión del
recurso de apelación , no puede observarse dicha situación ,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en
14Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
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defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en
costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segu nda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CO NFIRMAR la sente ncia proferida p or Tribunal
Administrativo de Caquetá el 16 de ju nio de 2021 , que negó las
súplicas de la demanda presentada por Humberto Gasca Pimentel
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecció n Social –
UGPP.
SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia , conforme a
lo expuesto en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023 ).
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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