Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2020-00473-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2020-00473-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2020-00473-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 18001-23-33-000-2020-00473-01 (0420-2024)
Demandante: Paulina Suarez de Aragón
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reconocimiento pensión de sobreviviente. La sola existencia de
un beneficiario con mejor derecho no implica de plano la
exclusión de los demás. No se demostró dependencia
económica de la madre de la causante. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Caquetá por medio de la cual negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Paulina Suarez de Aragón instauró demanda1 en contra de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 0006 del 13 de enero de 2020 por la
cual se niega una solicitud de pensión «post mortem»2, y del acto ficto producto
del silencio administrativo negativo ante el recurso de reposición interpuesto el
17 de enero de 2020.
1 Ver índice 2 de SAMAI, expediente digital, archivo: 02Demanda.
2 Se precisa que, de acuerdo con el caso, la pensión reclamada es de sobrevivientes.
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3. A título de restablecimiento del derecho se condene a la demandada a reconocer
y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante en calidad
beneficiaria de la docente Edilma del Carmen Aragón Suarez (q.e.p.d).
4. Que se ordene el pago indexado de todas las sumas dejadas de cancelar, a
partir de la adquisición del derecho hasta la fecha en la que se efectúe el pago,
con los respectivos intereses moratorios. Que la entidad dé cumplimiento a la
sentencia según lo previsto en los artículos 192, 193, 194, y 195 del CPACA, y
que sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que su hija Edilma del Carmen Aragón Suarez (q.e.p.d) falleció el 18 de agosto
de 2011, y que dependía económicamente de ella, pues no percibe ingresos y
se encuentra en estado de debilidad manifiesta por su avanzada edad.
6. Afirmó que como madre de la docente fallecida tiene la calidad de beneficiaria, y
que, durante el trámite ante la entidad empleadora, se realizaron los edictos en
diarios de amplia circulación sin que se presentara ningún otro posible
beneficiario.
7. Que la causante laboró como docente en la Secretaría de Educación de Florencia
desde el 2 de septiembre de 1993 hasta la fecha de su muerte, prestando sus
servicios como educadora oficial por 17 años, 11 meses y 17 días.
8. Manifestó que el 8 de noviembre de 2017 solicitó el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, la cual fue negada por la demandada mediante Resolución
0204 del 21 de marzo de 2018. Posteriormente, reiteró la solicitud el 12 de marzo
de 2019, pero esta también fue negada, a través del acto acusado, bajo el
argumento de que no era beneficiaria porque el derecho solo procede a favor
del cónyuge y de los hijos menores de 18 años.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Afirmó que con el acto administrativo demandado se transgreden los artículos:
48 y 53 de la Constitución Política; 11, 46, 47, 48, 49 y 288 de la Ley 100 de
1993; 81 de la Ley 812 de 2003; 10 de la Ley 1437 de 2011, y 1.° del Decreto
1068 de 1995. Así como la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional.
10. Sostiene que, de acuerdo con la jurisprudencia aplicable, se puede afirmar que
como madre de la causante es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, y
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que se debe dar aplicación a la Ley 100 de 1993 por ser más beneficiosa que el
régimen especial de los docentes, asunto que desconoce la entidad demandada
al negar el reconocimiento pensional.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 1.° de junio de 2021 fue admitida la demanda3, se notificó a la demandada,
quien manifestó4 que, según las excepciones del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, las prestaciones sociales del magisterio se gobiernan por las disposiciones
de la Ley 91 de 1989, y en consecuencia, el régimen prestacional de los
docentes es el aplicado a todos los empleados públicos regidos por la Ley 33 de
1985.
12. Propuso como excepciones las que denominó: (i) desvinculación de la fiduciaria
la Fiduprevisora S.A., (ii) legalidad de los actos administrativos atacados de
nulidad, (iii) caducidad, (iv) prescripción, y (v) excepción genérica.
13. El 11 de enero de 2022, el tribunal de origen consideró que se configuró la causal
contemplada en el literal c) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA para
proferir sentencia anticipada; se abstuvo de celebrar la audiencia inicial y de
pruebas; estimó resolver las excepciones propuestas al momento de proferir
sentencia; fijó el litigio; efectuó el decreto de pruebas, teniendo para el efecto los
documentos allegados con la demanda, y corrió traslado a las partes para
presentar sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto,
si a bien lo consideraba.
14. El 14 de septiembre de 20235, se decretó una prueba de oficio dirigida a la
Secretaría de Educación de Florencia, de Caquetá, y al FOMAG para que
remitieran documentos relacionados con los beneficiarios de las prerrogativas
que pudiera tener la causante. A su vez, citó a la demandante a fin de
interrogarla sobre los hechos relacionados con el proceso.
15. Las entidades requeridas allegaron la documentación solicitada6 y el 12 de
octubre de 20237 se llevó a cabo el interrogatorio de parte de la señora Paulina
Suarez de Aragón.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
16. El Tribunal Administrativo de Caquetá mediante sentencia del 26 de octubre de
2023, negó las pretensiones. Expuso que, si bien la demandante como madre
3 Ibid, archivo: 10AutoAdmiteDemanda.
4 Ibid, archivo: 14ContestaciónDemandaFid.
5 Ver índice 24 de SAMAI- Tribunales.
6 Ver índices 36 y 37 de SAMAI- Tribunales.
7 Ver índice 38 de SAMAI- Tribunales.
8 Ver índice 47 de SAMAI- Tribunales.
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no estaba incluida entre los beneficiarios previstos en el artículo 7 del Decreto
224 de 1972, que solo reconoce ese derecho al cónyuge y a los hijos menores
del causante, le aplica por favorabilidad el régimen general de la Ley 100 de
1993, que además de los cónyuges e hijos, incluye como beneficiarios a los
padres e hijos mayores en ciertas condiciones.
17. Sin perjuicio de lo anterior, estimó que, del análisis del material probatorio, se
constató que la docente fallecida tenía una hija de 17 años, quien además
reclamó las cesantías y el seguro por muerte, lo que le otorga derecho preferente
sobre la madre para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues según el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 se establece un orden excluyente de
beneficiarios.
18. Concluyó que no se acreditaron las condiciones excepcionales fijadas por la
Corte Constitucional para extender el derecho por razones de justicia material,
pues la actora tiene otros hijos con obligación alimentaria, y no se demostró que
la hija de la causante hubiera renunciado o dejado de reclamar el derecho
pensional.
19. Sin condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN9
20. La demandante interpuso recurso de apelación. Expresó que, la existencia de
un posible beneficiario no implica un derecho preferente automático, ya que
todos los posibles beneficiarios tienen derecho a reclamar la prestación y
corresponde a la autoridad administrativa o judicial determinar quién cumple los
requisitos legales. Que no existe prueba de que Ana María Chacón cumpliera
los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (ser menor de edad,
estudiante dependiente o inválida), por lo que no puede considerarse la única
beneficiaria ni excluir a la demandante de la posibilidad de acceder a la
sustitución pensional.
21. Sobre la dependencia económica, expuso que el hecho de tener otros hijos no
impide el reconocimiento de la pensión, pues la obligación alimentaria solo
puede exigirse a quienes tengan la capacidad económica para cumplirla. Por
tanto, esto no demuestra que la actora no dependiera económicamente de la
docente fallecida. Además, afirma que la jurisprudencia constitucional, en
especial la sentencia T-424 de 2018, ha establecido que la dependencia
económica no tiene que ser absoluta para acceder a la pensión, y que es posible
que el beneficiario reciba otros ingresos complementarios sin perder ese
carácter.
9 Ver índice 52 de SAMAI- Tribunales.
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 17 de junio 202410 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas
que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
23. En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio y el Ministerio
Público se abstuvo de intervenir.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
24. La Sala debe determinar si la actora, en su calidad de madre de la docente
Edilma del Carmen Aragón Suarez, cumple con los requisitos para obtener el
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
Marco normativo y jurisprudencial
Dependencia económica como requisito necesario para la sustitución
25. Sobre este requisito existe amplio desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte
Constitucional, la cual, en sentencia de unificación SU-471 de 202311 compiló la
posición de la corporación al respecto, y señaló que para acceder a la sustitución
no es necesario acreditar una dependencia económica total y absoluta pero sí
demostrar que sin ayuda del titular de la pensión el solicitante habría tenido
dificultades importantes para cubrir sus necesidades básicas, esto es, la
imposibilidad de garantizar el mínimo existencial que permita la subsistencia en
condiciones dignas.
26. También hizo referencia al deber de probar que, sin el auxilio del fallecido, no se
podría mantener una vida digna, y en consecuencia, la verificación en ese
sentido de la situación de dependencia al momento del fallecimiento del
pensionado, en la que quien solicita el reconocimiento de la prestación estuviera
sujeto a dicha ayuda como medio fundamental de sostenimiento.
Resolución del caso concreto
27. Para definir el presente asunto debe resaltarse que en el recurso de apelación
no existe discusión respecto del régimen aplicable a la demandante para el
reconocimiento pensional; por tal motivo, en virtud del principio procesal de
congruencia, este no será objeto de análisis y en su lugar se examinará el caso
con base en lo definido por el tribunal en este aspecto, es decir, según lo
10 Ver índice 4 en SAMAI.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU- 471 de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera.
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dispuesto por la Ley 100 de 1993 para el cumplimiento de los requisitos de la
pensión alegada.
28. Sobre el particular se tiene que dicha disposición normativa, en su artículo 47
señala que: «A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos
con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de este» (negrillas intencionales); siendo este uno de los
motivos por el cual el tribunal de origen negó las pretensiones, pues consideró
que la existencia de una hija de la causante excluye el derecho de la actora,
asunto sobre el cual esta última manifestó su inconformidad.
29. Al respecto, debe precisarse que la literalidad de la norma permite concluir que
la exclusión solo se configura cuando existe un derecho cierto a favor de quien
ocupa una posición preferente según el orden de prelación establecido, es decir,
cuando dicho beneficiario ha cumplido con los requisitos legales y ha solicitado
el reconocimiento de la prestación para que la pensión de sobrevivientes se
materializara.
30. En consecuencia, aunque la causante tuviera una hija, a quien se le otorgó el
seguro de muerte y las cesantías definitivas por el fallecimiento de su madre, no
se demostró que dicha beneficiaria hubiera solicitado la pensión que se discute
ni que reuniera las condiciones legales exigidas para acceder a esta en calidad
de hija sobreviviente. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto por la norma citada,
no le asiste razón al tribunal al excluir a la actora como titular del derecho.
31. Ahora, en relación con la dependencia económica, aspecto cuestionado en el
recurso, si bien la Sala considera que efectivamente no se encuentra
demostrado que la misma se configurara, no es suficiente ni ajustado el
razonamiento expuesto en el fallo apelado, según el cual la existencia de otros
hijos de la demandante implicaría una obligación legal de alimentos de estos a
su favor, y por este motivo la descartó.
32. En su lugar, se tiene que del examen de los elementos de convicción
suministrados para demostrar lo propio solo se aportaron las declaraciones de
la misma demandante: la declaración extraproceso rendida el 12 de octubre de
2018 y el interrogatorio de parte practicado dentro del proceso el 12 de octubre
de 2023, decretado de oficio por el tribunal de origen; medios de prueba que,
valorados a la luz de la sana crítica y la lógica, no resultan suficientes para
generar certeza respecto de la dependencia que debió acreditarse.
33. En efecto, no es claro para la Sala, que, si la demandante dependía de su hija
(fallecida el 18 de agosto de 2011), haya esperado más de 6 años para iniciar el
trámite administrativo de pensión de sobrevivientes, pues la primera solicitud fue
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presentada hasta el 8 de noviembre de 201712. Se pregunta la Sala ¿de qué
medios se valió entonces para subsistir esos 6 años?
34. La única prueba allegada por la actora al momento de presentar su demanda
para respaldar su dicho es una declaración extraproceso del 12 de octubre de
201813, la cual por sí sola no genera certeza sobre la existencia de una
dependencia económica real y permanente al menos al momento de la muerte
de la causante.
35. En consideración a la carga probatoria que le correspondía para demostrar sus
supuestos de hecho14, la demandante no aportó ningún otro documento que
reflejara como se concretaba dicho sostenimiento, está solo su propia
afirmación, la cual no genera ninguna certeza de esa situación.
36. En ese sentido, ante la falta de elementos probatorios objetivos y
contemporáneos al apoyo alegado, no se configura el requisito de dependencia
económica, por lo que no hay lugar al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes solicitada.
37. En virtud de todo lo expuesto, resulta necesario confirmar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas en segunda instancia
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
12 Según consta en la Resolución 0204 del 21 de marzo de 2018, visible en la página 47 de la demanda.
13 Página 35, demanda.
14 Artículo 167 CGP: «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición
de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio,
o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. […]»
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es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
41. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de octubre de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caquetá por medio de la cual
negó las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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