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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2021-00042-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2021-00042-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Tema: retiro del servicio. Subtema 1: llamamiento a calificar servicios. Subtema 2:
desviación de poder y estabilidad laboral reforzada por salud.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el señor José Elkin Robles Alvarado contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera de
Decisión, el 17 de octubre de 2024, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor José Elkin Robles Alvarado, solicitó la nulidad parcial de la Resolución 1464
del 22 de mayo de 2020, mediante la cual el Ministerio de Defensa Nacional dispuso
su retiro del servicio activo del Ejército Nacional por llamamiento a calificar servicios.
En síntesis, sostuvo que dicha decisión es irregular, por cuanto fue expedida con falsa
motivación y desconoce el derecho de audiencia y defensa, al no garantizar su
estabilidad laboral reforzada y estar fundado en posibles faltas disciplinarias.

El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que, en el caso concreto, se cumplieron los
requisitos legales para la procedencia del retiro por llamamiento a calificar servicios.
En efecto, verificó que el actor contaba con el tiempo de servicio necesario para
acceder a la asignación de retiro, superior a 16 años, y que existía el concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.

El Consejo de Estado confirmará la sentencia de primera instancia, porque en efecto,
en esta oportunidad se cumplieron los requisitos objetivos previstos en el Decreto Ley

Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

1790 de 2000 para determinar el llamamiento a calificar servicios, esto es, el tiempo
mínimo de servicio que habilita el acceso a la asignación de retiro y el concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. José Elkin Robles Alvarado, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, en contra de
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.

2.1.1. Pretensiones

2. El señor José Elkin Robles Alvarado solicitó la declaratoria de nulidad parcial
de la Resolución 1464 del 22 de mayo de 2020, a través de la cual el Ministerio de
Defensa Nacional lo retiró del servicio activo del Ejército Nacional, por llamamiento a
calificar servicios, en su calidad de teniente coronel.

3. A título de restablecimiento del derecho, el señor José Elkin Robles Alvarado
pidió el reintegro al servicio activo, sin solución de continuidad, con el ascenso al grado
que le corresponda; asimismo, reclamó el pago de todos los emolumentos laborales
correspondientes a cada grado; sufragarle los perjuicios morales; con los respectivos
intereses e indexación.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

• El señor José Elkin Robles Alvarado ingresó a las Fuerzas Militares el 1 de
marzo de 1996, y el 17 de junio de 2017 obtuvo su último ascenso como
teniente coronel.

• Durante su vinculación, resultó herido en combate, conforme consta en el
Informativo Administrativo por Lesiones 26 del 6 de septiembre de 2004.
Mediante el Acta 40806 de diciembre de 2010, la Junta Médica Laboral de la
Dirección de Sanidad del Ejército clasificó la lesión como una incapacidad
permanente parcial, lo declaró no apto y determinó una disminución de la
capacidad laboral del 73,59 %, con imputabilidad al servicio. Asimismo,
recomendó su reubicación.

• A través de Acta 002 del 3 de abril de 2020, la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para el Ejército Nacional resolvió recomendarlo para retiro

1 Samai, índice 73, 02Demanda(.pdf)

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

del servicio, bajo la causal de llamamiento a calificar servicios.

• Con fundamento en dicho concepto de la junta asesora, el Ministerio de
Defensa Nacional expidió la Resolución 1464 del 22 de mayo de 2020,
notificada el 26 de mayo del mismo año, mediante la cual fue retirado del
servicio activo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, artículos 1, 2, 6, 13, 15, 21, 25, 29, 47, 53, 54, 58, 90,
95, 125 y 217.
La Ley 361 de 1997, artículos 2, 4 y 26.
El Decreto 1790 de 2000, artículos 99, 100, 103 y 104
El Decreto 1799 de 2000, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 64, 65 y 75.

6. Al explicar el concepto de violación, luego de hacer referencia a la Constitución
Política, el señor José Elkin Robles Alvarado sostuvo que el acto administrativo
transgredió sus derechos a la vida digna, la igualdad y la estabilidad laboral reforzada,
pues era un oficial con disminución de la capacidad psicofísica y contaba con
recomendación de reubicación laboral por parte de la Junta Médico Laboral.

7. Afirmó que, con la expedición del acto administrativo y la manifestación pública
de que el oficial fue retirado del servicio por el presunto empleo irregular de la
capacidad de inteligencia militar, sin que hubieran concluido las investigaciones, se le
causó un daño que debía ser reparado.

8. Expresó que, conforme a la sentencia T-286 de 2019, la facultad de retirar del
servicio activo a los miembros de las Fuerzas Militares no operaba de forma
automática cuando estos habían sufrido alguna disminución de su capacidad
psicofísica, pues ello podía generar una vulneración de sus garantías y derechos
constitucionales.

9. Consideró que el retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios fue
utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación y abuso
de poder, con el fin de encubrir una sanción por hechos relacionados con una queja
presentada por personal adscrito al Batallón 01, así como por el escándalo mediático
derivado del presunto empleo irregular de la capacidad de inteligencia militar y de
actos de corrupción.

2.2. Contestación de la demanda

10. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, a través de
apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que el acto

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

administrativo era legal y se fundamentaba en la causal de retiro por llamamiento a
calificar servicios, la cual había sido ratificada por las altas cortes como un mecanismo
de relevo y oxigenación dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados.

11. Adujo que la facultad discrecional no configuraba una sanción, pues existía, en
favor del personal retirado, el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, a fin
de que pudiera satisfacer sus necesidades.

12. Agregó que no obraba prueba de que el acto administrativo demandado
estuviera incurso en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del
CPACA. Además, que no se demostró que la entidad hubiera utilizado la causal de
llamamiento a calificar servicios con un fin distinto, pues la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional se fundamentó en el hecho de que el oficial cumplía
con los requisitos para adquirir la asignación de retiro, conforme a lo establecido en el
Decreto 1790 de 20002.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia del 17 de octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas 3 . Consideró que la motivación exigible para el llamamiento a calificar
servicios se consolidaba en dos requisitos: (i) que el retirado tuviera el tiempo mínimo
de servicios que le permitiera ser acreedor de la asignación de retiro, lo cual se
encontró acreditado en el expediente, al contar con un tiempo superior a 24 años, y
(ii) que existiera concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
Asimismo, indicó que, conforme al Decreto 991 de 2015, el tiempo mínimo exigible
era de 15 años.

14. Precisó que el acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional era
del 3 de abril de 2020, es decir, anterior a los actos de corrupción de mayo de 2020
que, según afirmó, conllevaron su llamamiento a calificar servicios.

15. Indicó que el buen desempeño de las funciones, así como las felicitaciones y
condecoraciones, por sí solos, no otorgaban permanencia en el cargo, toda vez que
no debilitaban la facultad discrecional de las Fuerzas Militares para el llamamiento a
calificar servicios.

16. Explicó que el señor José Elkin Robles Alvarado no desvirtuó la presunción de
legalidad de la Resolución 1464 del 22 de mayo de 2020, al no acreditar que esta se
motivó por razones distintas al buen servicio y al propósito de renovar la línea
jerárquica.

2 Samai, índice 73, 14ContestacionEjerci(.pdf)
3 Samai, índice 62, 2SentenciaPrime_2021042NYRREINTEGROE(.pdf)

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

2.4. Recurso de apelación

17. El señor José Elkin Robles Alvarado, mediante apoderado, interpuso recurso
de apelación para que se revocara la sentencia de primera instancia y se accediera a
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

18. Expreso que el tribunal (i) desconoció el Decreto 1799 de 2000; (ii) realizó una
evaluación sesgada de la prueba; (iii) confundió la discrecionalidad con la liberalidad
o la arbitrariedad; (iv) no se pronunció sobre la estabilidad laboral reforzada, y (v)
abordó de manera incompleta las reglas de control judicial de los actos administrativos
por llamamiento a calificar servicios.

19. Que el requisito del concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional implicaba que, al estar el acta mencionada en el acto administrativo,
debía verificarse que dicha junta, de conformidad con el artículo 53 del Decreto 1799
de 2000, hubiera considerado adecuadamente las listas de clasificación del personal
postulado para la expedición del acto. Señaló que, en su caso, la entidad ignoró sus
folios de vida.

20. Dijo que, dado que el Ejército Nacional contaba con los antecedentes del acto
administrativo, incluida la evaluación cuestionada, la carga probatoria debía invertirse
o, en su defecto, distribuirse. No obstante, afirmó haber acreditado los elementos
probatorios que sustentaban los vicios de nulidad. Señaló que los requisitos para el
retiro por llamamiento a calificar servicios no se cumplieron, pues no existía un
concepto de retiro del señor José Elkin Robles Alvarado, en tanto este no se
encontraba consignado en la parte resolutiva del Acta 002 del 3 de abril de 2020.

21. Manifestó que el retiro del señor José Elkin Robles Alvarado no obedeció a
necesidades del servicio, sino que operó como un mecanismo arbitrario de sanción,
motivado por un escándalo mediático, del cual no tuvo participación alguna.

22. Destacó que la fecha del acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional es del 3 de abril de 2020 y que los medios de comunicación hicieron públicos
los hechos en mayo, sin embargo, afirmó que la fecha de un acto administrativo no
cobraba vigencia si el acto no era comunicado.

23. Precisó que la finalidad del retiro por llamamiento a calificar servicios es el
mejoramiento del servicio y con los hechos probados resultaba claro que su retiro se
dio para encubrir la conclusión de un procedimiento administrativo irregular, generado
como una muestra ante la opinión pública de sanción por un escándalo de corrupción.
Indicó que dicha conclusión se desprendía de que distintos miembros de las fuerzas
militares manifestaron, a través de medios de comunicación y en sus redes sociales,
que adoptaron medidas de retiro de varios oficiales, y el 22 de mayo se produjo el
retiro del demandante.

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

24. Mediante auto del 28 de julio de 20254, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

2.6. Ministerio Público

25. El Procurador Judicial Delegado para el Consejo de Estado estimó que los
medios probatorios aportados carecían de poder de convicción, debido a su nula
conexión con la recomendación de llamamiento a calificar servicios realizada por la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares. No
existía nexo causal, debido a la temporalidad del Acta 002 de abril de 2020, ya que
las pruebas se referían a hechos posteriores a la recomendación de retiro. Afirmó que
la salida del señor José Elkin Robles Alvarado no estaba vinculada de forma alguna a
dichos eventos de corrupción y constituía una de las formas previstas por la ley para
el retiro del personal de las filas «castrenses», por lo que dicha causal no implicaba
deshonra y permitía un nuevo llamamiento al servicio5.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3286 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos:

a) ¿Se acreditaron los requisitos para el retiro por llamamiento a calificar servicios
previstos en el Decreto 1790 de 2000, tales como el cumplimiento del tiempo mínimo

4 Samai, índice 4.
5 Samai, índice 9, Memorial_FLF_8Concepto(.pdf)
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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de servicio y la existencia del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para las Fuerzas Militares?

b) ¿La administración estaba obligada a exponer una motivación expresa
adicional a la prevista en la ley para justificar el retiro?

c) ¿Con la expedición del acto acusado se presentó «discriminación» y
«desviación de poder»?

28. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el retiro por llamamiento a calificar servicios, (ii) los requisitos objetivos para
la procedencia de este tipo de retiro, (iii) la desviación de poder y (iv) la estabilidad
laboral reforzada por salud. A partir de las anteriores consideraciones (v) se
destacarán los hechos probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos planteados.

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

3.3.1. El retiro por llamamiento a calificar servicios

29. El retiro del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se
encuentra regulado en el Decreto Ley 1790 de 2000, que dispone la figura del
llamamiento a calificar servicios, como una modalidad de desvinculación basada en
razones institucionales y de servicio (artículo 100, literal a, numeral 3).

30. En efecto, el artículo 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, modificado por el
artículo 25 de la Ley 1104 de 2006, establece como causal de retiro el llamamiento a
calificar servicios, cuando el oficial o suboficial haya cumplido los requisitos para tener
derecho a la asignación de retiro.

31. Por su parte, el artículo 99 de dicha normativa prevé que el retiro de «los grados
de oficiales generales y de insignia, coronel o capitán de navío, se hará por decreto
del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el comandante general o comandantes
de fuerza». Asimismo, «Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia».

32. Conforme a estas disposiciones, el llamamiento a calificar servicios exige el
cumplimiento de dos requisitos objetivos: (a) tener el tiempo mínimo de servicio que
da lugar a la asignación de retiro; y (b) contar con el concepto previo de la junta
asesora, en caso de los oficiales, excepto para los del grado de general o de insignia.

33. El alcance de la facultad del Gobierno nacional y del Ministerio de Defensa para
retirar a los miembros de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios ha sido

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objeto de desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado7 y de la Corte
Constitucional 8 , dando lugar a lineamientos que delimitan, dentro del marco
constitucional y legal, el ejercicio de esta atribución. Dicha facultad se fundamenta en
la naturaleza constitucional de la fuerza pública como garante de la integridad, la
convivencia y la seguridad de la Nación, y ha sido entendida como un instrumento
institucional que permite el relevo dentro de la línea jerárquica de los cuerpos
armados, facilitando el ascenso y la promoción de su personal, lo que corresponde a
la manera ordinaria de culminar la carrera oficial dentro de estas instituciones.

34. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado las características
principales de esta figura; por ejemplo, la sentencia C-072 de 1996 señaló que:

a) No consagra el retiro forzoso ni permanente del oficial por el simple hecho
de cumplir cierto número de años en la institución, toda vez que esta figura
implica el ejercicio de una facultad discrecional que, aunque conduce al
cese de las funciones del oficial, no significa una sanción, despido o
exclusión deshonrosa.
b) Es un valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica
de la fuerza pública que busca permitir el ascenso y la promoción continua,
lo cual no es otra cosa que la normal renovación del personal en los cuerpos
armados y la manera corriente de culminar una carrera en la misma.
c) El llamamiento constituye una atribución inherente al ejercicio del poder de
mando y conducción, en la medida en que las autoridades militares y
policiales deben contar con las facultades necesarias para sustituir de
manera eficaz, conforme a las necesidades y conveniencias del servicio, los
mandos superiores y medios de la institución, con fundamento en
apreciaciones y evaluaciones de carácter institucional.

35. La sentencia SU-091 de 2016, reiterada en los fallos SU-217 de 2016 y SU-237
de 2019, que revisó cuatro tutelas presentadas por el Ministerio de Defensa y por
oficiales retirados de la fuerza pública contra decisiones que los jueces administrativos
adoptaron en procesos de nulidad y restablecimiento de derechos contra actos
administrativos de retiro por voluntad del Gobierno o por llamamiento a calificar
servicios, unificó los criterios de motivación, control de legalidad y discrecionalidad de
los retiros en las Fuerzas Militares y la Policía.

36. Respecto al tiempo mínimo señalado por la ley para que se pueda aplicar la
figura de llamamiento a calificar servicios, la Corte Constitucional advirtió, en la
referida sentencia SU-091 de 2016, que este requisito constituye una garantía para el
servidor público en cuanto asegura que una vez sea desvinculado de la institución,
como mínimo, tenga derecho al pago de un porcentaje de las partidas computables
pertinentes equivalentes a una pensión de jubilación, así como a continuar con sus
derechos a la seguridad social, bienestar y recreación.

7 Un buen resumen sobre la jurisprudencia contenciosa sobre la materia se puede ver en: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-
2016-00385-00(AC).
8Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

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37. La Corte reiteró que esta causal constituye una facultad legítima para permitir
la renovación del personal uniformado, razón por la cual no puede ser ejercida con
otra finalidad; por ejemplo, pretender que sea una sanción encubierta para soslayar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso o cualquier otro. En ese
sentido, la sentencia advirtió que:

Es importante llamar la atención que, si no se puede llevar a cabo el retiro por
calificación de servicios, se originaría el ascenso automático de todos los miembros
de las fuerzas armadas hasta sus máximas posiciones, lo cual es imposible no sólo
por la estructura jerarquizada y piramidal a que se ha hecho referencia, sino desde el
punto de vista de la disponibilidad presupuestal y de la planta de personal que se
establece frente a estos organismos en la Constitución Política de Colombia.

38. De la misma manera, la sentencia señaló que no se le puede otorgar el mismo
tratamiento al llamamiento a calificar servicios y al retiro por voluntad del gobierno o
de la dirección general, toda vez que sus finalidades y efectos son diferentes. De esta
manera, frente a la motivación de los dos tipos de actos precisó que:

En cuanto la exigencia de “motivación” frente a ambas figuras, en el caso del
llamamiento a calificar servicios está contenida en el acto de forma extratextual, pues
la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda es necesario que se
configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y (ii) ser
acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del
Gobierno o de la Dirección General […] dichos actos deben tener un estándar mínimo
de motivación, toda vez que “tal poder facultativo debe estar inspirado en los principios
de la sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la
providencia atacada.

39. Asimismo, en esa oportunidad la Corte Constitucional confirmó que la finalidad
del llamamiento a calificar servicios no es otra que la renovación de los cuerpos
armados y se convierte en un mecanismo que garantiza la dinámica de la carrera
militar o policial al ser una herramienta de relevo que consolida el mejoramiento y
excelencia institucional al permitir el ascenso de los más sobresalientes. Por eso, el
precedente constitucional fijado es explícito al indicar que:

Al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar servicios se
desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo
cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones
de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de
personal.

40. No obstante, el precedente fijado por la Corte Constitucional, tal como lo ha

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hecho el Consejo de Estado 9 , no desconoce que los actos de llamamiento están
sujetos a un eventual control judicial. De esta manera, la Corte explicó que los jueces
administrativos en estos casos no solo deben verificar que se cumplan con los
requisitos de tiempo y recomendación de la junta, que deben quedar expresamente
consignados en la resolución de retiro, sino también deben evitar que el instrumento
sea utilizado como una herramienta de persecución por razones de discriminación o
abuso de poder (comoquiera que se busca evitar que sea utilizado para desconocer
los derechos fundamentales de los oficiales).

41. Así, la sentencia de unificación, que constituye un precedente vinculante para
efectos de la presente providencia, señaló que:

En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a establecer que, si bien
no es exigible a la Fuerza Pública una motivación expresa del acto, pues ella está
claramente contenida en la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el
llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder […] Para evitar estas
prácticas, quien considere haber sido víctima de un uso fraudulento de la figura de
llamamiento a calificar servicios, podrá presentar los recursos pertinentes ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos discriminatorios o fraudulentos.
De esta manera, no le corresponderá a la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la
motivación del acto de llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a
la exigencia legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten10.

42. En conclusión, la sentencia SU-091 de 2016 unificó una regla jurisprudencial
que determinó que los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, si bien están
sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior, como todos los actos
administrativos, no requieren de una motivación más allá de la contemplada en las
normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la administración,
se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la fuerza pública y
se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que constituye una manera decorosa de culminar la carrera
militar o policial.

3.3.2. Los requisitos objetivos para la procedencia del retiro por llamamiento a
calificar servicios

43. De acuerdo con el marco normativo vigente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios exige el cumplimiento estricto de dos requisitos objetivos, cuya verificación
condiciona la legalidad del acto administrativo: (i) el tiempo mínimo de servicio para
acceder a la asignación de retiro y (ii) el concepto previo de la junta asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de
oficiales generales o de insignia. Dicho concepto constituye un presupuesto habilitante

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-00931-01 (5780-2022).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-091 de 2016.

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

para la expedición del acto definitivo.

44. Conforme con la jurisprudencia constitucional y de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la junta asesora cumple un papel técnico–institucional,
consistente en evaluar la situación administrativa del oficial y constatar que: (a) ha
consolidado los requisitos para acceder a la asignación de retiro y (b) se encuentra
dentro de los supuestos que permiten su desvinculación por esta causal11.

45. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-091 de 2016, precisó que «la
recomendación de la Junta Asesora constituye una actuación previa que integra el
procedimiento administrativo, pero que no exige una motivación sustantiva distinta a
la verificación de los requisitos legales, ni confiere al uniformado un derecho a
controvertir su contenido en sede administrativa».

46. De igual manera, en la sentencia SU-217 de 2016 se reiteró que la junta
asesora no está obligada a exponer razones adicionales al cumplimiento del tiempo
de servicio y demás requisitos legales, puesto que la motivación del retiro se encuentra
«extratextualmente prevista en la ley».

47. La Sección Segunda también ha señalado que la aprobación de las actas que
se elaboran con ocasión de las sesiones de la junta asesora del Ministerio de Defensa
no condiciona la validez de las decisiones adoptadas en desarrollo de la citada junta,
dado que las consideraciones de los comandantes de las distintas fuerzas en relación
con su personal son de inmediato cumplimiento. En este punto, debe precisarse que
la aprobación posterior de las actas de la junta asesora constituye una formalidad, lo
que se explica en el hecho de que solo hasta que culmine la sesión de la junta es
posible confeccionar el acta, esto es, el documento físico, el cual se suscribe por
quienes intervinieron en su expedición, una vez concurran al desarrollo de una nueva
junta12.

3.3.3. La desviación de poder

48. Uno de los elementos del acto administrativo es el elemento teleológico que
hace referencia a los fines que se persiguen con su expedición, en tanto que el
propósito de aquel no lo fija la administración, sino el constituyente y el legislador,
quienes lo entienden emitido para cumplir los fines previstos en los artículos 2
constitucional y 1 del CPACA, esto es, el buen servicio público, la buena marcha de
la administración y el interés general13.

49. En atención a estos postulados, se deduce que el vicio de desviación de poder
ocurre cuando la intención del empleado público, al expedir el acto, se aleja del interés

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado

05001-23-31-000-2001-03004-01(0357-12).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2013, proceso con radicado

05001-23-31-000-2001-03004-01 (0357-12).
13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443.

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

general y del contenido de las normas que autorizan proferirlo14. De este modo, se
afecta el elemento teleológico del acto administrativo, ya que su propósito siempre ha
de ser el previsto por el ordenamiento jurídico: el interés general. En ese sentido, la
doctrina15 ha señalado que «Hay desviación de poder cuando la administración utiliza
una facultad otorgada por la ley, persiguiendo un fin distinto de aquél que se pretendía
obtener cuando aquella atribuyó la competencia al órgano o funcionario público»16.

50. En consecuencia, para que pueda hablarse de la configuración de este vicio es
necesario que se demuestre que su propósito no era el buen servicio público. En
efecto, «su declaración precisa acreditar tanto (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto»17.

51. Para ello, la carga de probar la desviación de poder es de la parte que la alega,
por lo que le incumbe acreditar que la voluntad de la administración se desvió a fines
distintos a los que la norma preveía. Así lo precisó esta corporación al señalar que «la
definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de
la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en
el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente
en acreditar suficientemente su configuración»18.

3.3.4. La estabilidad laboral reforzada por salud

52. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en desarrollo del principio de
estabilidad en el empleo, y en armonía con los postulados de igualdad, prohibición de
la discriminación, solidaridad e integración social, y en consonancia con los derechos
fundamentales a la salud y a la seguridad social, entre otros, forjó el derecho a la

14 Corte Constitucional, sentencia C- 452 de 1998. «El vicio de la desviación de poder en la expedición de un acto

administrativo se presenta, cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes
o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o
los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia».
15 Younes Moreno, Diego. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis, 2016.
16 El tratadista italiano Guido Zanobini alude, además, como móviles característicos de la desviación de poder, los

siguientes «Móvil personal: cuando el agente profiere el acto con un propósito egoísta, bien de carácter privado
(una venganza) o bien de carácter político (favorecer o eliminar un candidato en una elección, etc.). - Cuando el
acto se profiere con el propósito de perjudicar a un tercero y favorecer a otro. - Cuando se pretende favorecer un
interés general, pero diferente el perseguido por la ley en que se fundamenta el acto».
17 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 3 de diciembre de 2018, proceso con radicado 11001-03-

24-000-2013-00328-00. // En otra providencia se señaló que «La desviación de poder supone el ejercicio de unas
atribuciones válidamente conferidas, pero en forma desviada, incardinada al logro de fines que son diferentes de
aquellos para cuya realización esas atribuciones fueron concebidas. Entraña, entonces, una traición al interés
general que justifica la atribución de competencias»: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 28 de junio de 2019, proceso con radicado 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2020-00294-01 (4106-2023). // También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 15 de febrero de 2018, proceso con radicado interno 1615-16. En la sentencia se citó otra providencia
que indicaba que «demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de
que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los
previstos por la norma». El texto corresponde a la sentencia del 23 de febrero de 2011 de la Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 17001-23-31-000-2003-01412-02 (0734-10).

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

«estabilidad laboral reforzada» 19 , que se concreta en la adopción de medidas
especiales de protección para personas en situación de vulnerabilidad.

53. La Sala anota que algunos instrumentos internacionales sobre derechos
humanos también se pueden articular a la jurisprudencia constitucional para darle
contenido al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Por ejemplo, la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, el Convenio 159 de la Organización
Internacional del Trabajo - OIT - sobre la readaptación profesional y el empleo de
personas inválidas, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

54. Es importante precisar, que en la sentencia SU-049 de 2017, la Corte
Constitucional unificó la jurisprudencia sobre la estabilidad laboral de personas con
afecciones de salud, determinó que se trata de una garantía de la cual son titulares
las personas que tienen una afectación en su salud que les impide o dificulta
sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, con
independencia de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda, toda vez que esta situación particular puede
considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta, y en
consecuencia la persona puede verse discriminada por ese solo hecho20.

3.4. Hechos probados

55. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

56. Según la hoja de vida emitida por el Ejército Nacional el 9 de diciembre de
202021, el señor José Elkin Robles Alvarado prestó sus servicios del 1 de marzo de
1996 al 26 de mayo de 2020, para un total de tiempo de servicios de 24 años, 5 meses
y 24 días. Su último grado fue el de teniente coronel, el cual ejerció desde el 17 de
junio de 2017, y su último cargo fue jefe del Comando Conjunto # 3 Suroriente.
Asimismo, se indicó que durante su trayectoria militar obtuvo condecoraciones,
distintivos y felicitaciones.

57. En el Acta 40806 del 6 de diciembre de 2010 22 , la Junta Médica Laboral
estableció que el señor José Elkin Robles Alvarado, en cuanto a la clasificación de las
lesiones o afecciones y la calificación de su capacidad psicofísica para el servicio,

19 En la sentencia T-881 de 2012 la Corte resolvió el caso de una persona que fue desvinculada mientras se

encontraba en condiciones de debilidad manifiesta, en el contexto de un contrato de aprendizaje. En vista de que
este último tenía características legales y contractuales que permitían diferenciarlo, conforme a la jurisprudencia
constitucional, del contrato laboral en sentido estricto, la Corte señaló que «en vez de hablar de derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada se haría referencia al derecho a la estabilidad ocupacional
reforzada». En ese caso concedió la tutela de este derecho.
20 Al tomar la jurisprudencia desde el año 2015 se puede observar que todas las Salas de Revisión de la Corte, sin

excepción, han seguido esta postura, como se aprecia por ejemplo en las sentencias T-405 de 2015, T-141 de
2016, T-351 de 2015, T-106 de 2015, T-691 de 2015, T-057 de 2016, T-251 de 2016 y T-594 de 2015.
21 Samai, índice 73, 03Anexos(.pdf), pp. 40 a 53.
22 Samai, índice 73, 03Anexos(.pdf), pp. 13 a 16.

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Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

presenta una incapacidad permanente parcial, siendo considerado no apto para el
mismo. Se recomendó su reubicación y se calificó la disminución de su capacidad
laboral en un 73.59 %. Presenta imputabilidad del servicio con fundamento en dos
lesiones, para la lesión 1, que ocurrió en el servicio, por acción directa del enemigo,
en el restablecimiento del orden público o conflicto internacional literal (C) (AT), de
acuerdo con el Informativo 26/2004, mientras que la lesión 2 ocurrió en el servicio,
pero no por causa ni razón del mismo literal (C) (AT).

58. A través del Acta 002 del 3 de abril de 2020, se dejó registro de la reunión de
la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para el Ejército Nacional, en la
que se decidió recomendar el retiro por la causal de llamamiento a calificar servicios
del señor José Elkin Robles Alvarado23.

59. El Ministerio de Defensa, mediante la Resolución 1464 del 22 de mayo de 2020,
retiró del servicio activo del Ejército Nacional al teniente coronel José Elkin Robles
Alvarado, por llamamiento a calificar servicios, en atención a que, en sesión del 3 de
abril de 2020, registrada en el Acta 002, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para el Ejército Nacional así lo recomendó por unanimidad24.

60. En el aludido acto se citaron apartes de la mencionada acta, en la que se
invocaron las normas y jurisprudencia aplicables a este tipo de desvinculación, para
señalar que, en el caso del teniente coronel, este contaba con más de 15 años de
servicios, para ser beneficiario de una asignación de retiro, por lo que podía
procederse con la mencionada causal de desvinculación.

61. La citada resolución fue notificada el 26 de mayo de 2020 al señor José Elkin
Robles Alvarado25.

3.5. Caso concreto

62. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará, en primer
lugar, si se cumplen los requisitos objetivos previstos en la normativa vigente para la
procedencia del retiro por llamamiento a calificar servicios, es decir, la acreditación del
tiempo mínimo de servicio que permite acceder a la asignación de retiro y la existencia
del concepto previo emitido por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las
Fuerzas Militares.

63. En segundo término, se verificará si el acto administrativo demandado debía
incluir una motivación expresa adicional a la establecida por la ley, conforme al
precedente constitucional y contencioso administrativo aplicable.

64. Finalmente, se estudiarán los cargos de apelación presentados por la parte
actora relacionados con la supuesta discriminación y desviación de poder, con el fin
de establecer si el acto de retiro se ajustó a los fines constitucionales de la institución.

23 Samai, índice 73, 03Anexos(.pdf), pp.54 a 61.
24 Samai, índice 73, 03Anexos(.pdf), pp.3 a 6.
25 Samai, índice 73, 03Anexos(.pdf), p. 8

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Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

65. Sobre el particular, sea lo primero precisar que obra en el expediente prueba
que el señor José Elkin Robles Alvarado acumuló 24 años, 5 meses y 24 días de
servicio, con lo cual superó el requisito de 15 años, exigido por el Decreto 991 del
2015 para acceder a la asignación de retiro. Asimismo, el demandante allegó el Acta
002 del 3 de abril de 2020, mediante la cual la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para las Fuerzas Militares emitió concepto previo favorable para el retiro.

66. En consecuencia, para el caso concreto, la Sala verifica que los dos requisitos
previstos en la ley se encuentran plenamente acreditados, lo que permite el ejercicio
de la facultad discrecional por parte de la autoridad demandada.

67. Así las cosas, la motivación del acto demandado resulta coherente con los
fines de la figura del llamamiento a calificar servicios, conforme a lo señalado en la
sentencia SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional, reiterada en la SU-237 de 2019.
En dichas providencias se precisó que los actos de retiro por esta causal no requieren
una motivación adicional, en tanto su justificación se encuentra «extra textualmente
prevista» en la finalidad institucional de renovación y reorganización del servicio.

68. Ahora bien, El señor José Elkin Robles Alvarado afirmó que el acto
administrativo incurrió en desviación de poder, al considerar que la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares lo retiró del servicio bajo la causal de
llamamiento a calificar servicio. Según él, dicho retiro fue en realidad un mecanismo
arbitrario de sanción, motivado por un escándalo mediático en el que no tuvo
participación.

69. Frente a este cargo, la Sala advierte, en primer lugar, que el Acta 002 está
fechada el 3 de abril de 2020, mientras que los hechos objeto de cobertura mediática
ocurrieron en mayo de ese mismo año. Esta circunstancia descarta una relación
temporal entre la decisión de retiro y los señalamientos referidos por el actor. Además,
el retiro se formalizó mediante la Resolución 1464 de 2020 y, en ninguno de estos
actos administrativos, se mencionaron los hechos alegados. Por el contrario, ambos
documentos se limitan al ejercicio la facultad discrecional que la ley otorga, dado que
el actor cumplía el requisito de más de 15 años de servicio.

70. Así mismo, la Sala recuerda que la desviación de poder debe tener un respaldo
probatorio que lleve al juzgador a la certeza incontrovertible de que los motivos que
dieron lugar a la expedición del acto administrativo son ajenos a los fines previstos en
la ley. En el presente caso, no obra en el expediente prueba que permita concluir que
la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa obedeció a razones
distintas de las constitucional y legalmente previstas para el servicio.

71. La decisión cuestionada se enmarca en la naturaleza del retiro por llamamiento
a calificar servicios, por lo que la Sala recuerda que, en criterio de la Corte
Constitucional, exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar
servicios, «desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
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originaría automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas
posiciones, lo cual es imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de
las instituciones de la Fuerza Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de
la planta de personal»26.

72. En ese sentido, la Corte Constitucional aclaró que el retiro por llamamiento a
calificar servicios tiene como finalidad la renovación de personal, busca garantizar la
dinámica de la carrera de los uniformados y se constituye como una herramienta de
relevo y permeabilización para el mejoramiento y excelencia institucional. Por ende,
tampoco es exigible la posibilidad de darle a conocer al interesado los fundamentos o
soportes de la recomendación de la junta asesora, al ser un instrumento indispensable
para la renovación de los cuadros de mando de la fuerza pública, precedida por
razones de conveniencia institucional. Igualmente, el retiro por llamamiento a calificar
servicios no es absoluto y, en consecuencia, quien es retirado de la institución puede
volver a ser reincorporado.

73. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que la estructura jerárquica
de la fuerza pública es piramidal, es decir, que en la medida en que se asciende se
restringe progresivamente el número de cupos, por lo tanto, no todos los oficiales que
tengan una buena hoja de vida pueden llegar a los más altos rangos o niveles27.

74. Así las cosas, como lo ha precisado esta Subsección, i) «aunque hubiese
logrado este requisito y todos los demás que exigía la norma referida [Decreto 1799
de 2000], no era obligatorio para el Gobierno nacional decretar su promoción; y ii) el
retiro por llamamiento a calificar servicios ocurrió al comprobarse el cumplimiento de
los requisitos para acceder a la asignación de retiro y previo concepto de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa»28. Por lo tanto, el acto administrativo censurado
se encuentra ajustado a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que se
evidencie una desviación de poder.

75. Por otro lado, en cuanto a la presunta discriminación por su estado de salud,
tampoco se acreditó, toda vez que el acta de la Junta Médico Laboral es del 6 de
diciembre de 2010, mientras que el llamamiento a calificar servicios tuvo lugar el 22
de mayo de 2020, lo cual evidencia la inexistencia de una conexidad causal entre
ambos hechos. A su vez, en el Acta 002 del 3 de abril de 2020 se observa que la
decisión se fundamentó en el cumplimiento del tiempo requerido para acceder a la
asignación de retiro, por lo que no obedeció a la pérdida de capacidad laboral del
demandante. Además, el señor José Elkin Robles Alvarado no quedó en estado de
desprotección, en la medida en que le fue reconocida la asignación de retiro, lo cual
garantiza su sustento económico.

76. Por lo tanto, de las pruebas documentales obrantes en el expediente, no se

26 Corte Constitucional, SU-091 de 2016.
27 En el mismo sentido se pronunció la Subsección A de esta Sección en sentencia del 12 de octubre de 2017,

proferida en el expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01(0866-14).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de 2025, proceso con radicado

25000-23-42-000-2021-00364-02 (7300-2023).

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encuentra probado que la expedición del acto administrativo censurado hubiese
obedecido a razones diferentes a las del mejoramiento del servicio; de tal suerte que
tampoco se acreditaron los vicios de discriminación y desviación de poder alegados
por el señor José Elkin Robles Alvarado; por el contrario, se concluye que el acto
administrativo demandado fue expedido con apego a las condiciones exigidas en el
Decreto Ley 1790 de 2000, para el ejercicio de la facultad discrecional de retiro por
llamamiento a calificar servicios.

3.6. Costas

77. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario29 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, según el cual la norma en cita no presupone la causación
automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es necesario realizar
un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó de
mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc.

78. Por lo tanto, la Sala revocará la condena en tal sentido proferida en primera
instancia30 y se abstendrá de imponer costas en esta, dado que no se advierte que el
señor José Elkin Robles Alvarado haya incurrido en las anteriores conductas.

3.7. Conclusiones

79. El retiro del entonces teniente coronel José Elkin Robles Alvarado por la causal
de llamamiento a calificar servicios se ajustó al Decreto Ley 1790 de 2000, por cuanto
se acreditó que el oficial contaba con el tiempo mínimo de servicio requerido para
acceder a la asignación de retiro y medió concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, presupuestos habilitantes para la
expedición del acto.

80. La administración no estaba obligada a incorporar una motivación adicional o
particularizada sobre la trayectoria o desempeño del actor, en la medida en que la

29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
30 Pese a que no fue objeto del recurso de apelación.

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
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jurisprudencia constitucional ha señalado que la justificación de esta modalidad de
retiro se encuentra «extra textualmente prevista» en la finalidad institucional de
reorganización y renovación del servicio.

81. De igual manera, no se acreditó la configuración de los vicios de
«discriminación» o «desviación de poder», pues no obra en el expediente prueba que
permita inferir que la decisión obedeció a hechos inexistentes, erróneos o ajenos a los
fines previstos por la ley. Por el contrario, el cumplimiento de los requisitos objetivos
demuestra que la autoridad ejerció legítimamente la facultad discrecional atribuida por
el ordenamiento.

82. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia apelada, en cuanto
negó las pretensiones, y se revocará la condena en costas impuesta a la parte
vencida.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Caquetá, Sala Tercera de Decisión, del 17 de octubre de 2024, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva.

Segundo: Revocar el ordinal tercero de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, el 17 de octubre de 2024, que condenó en costas a la
parte demandante.

Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase,

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

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Radicación: 18001-23-33-000-2021-00042-01 (0609-2025)
Demandante: José Elkin Robles Alvarado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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