Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2021-00093-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2021-00093-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2021-00093-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 18001-23-33-000-2021-00093-01 (2291-2024)
Demandante: Luis Enrique Acosta Moncada
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.
Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019. Discusión sobre los factores salariales computables
para determinar el IBL de la prestación. MODIFICA SENTENCIA
PARCIALMENTE Y CONFIRMA EN LO DEMÁS
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Luis Enrique Acosta Moncada instauró demanda1 en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 000604 del 24 de mayo de 2021,
expedida por la Secretaría de Educación del departamento de Caquetá en nombre
y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por
medio de la cual le fue negado el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria
de jubilación con base en el régimen de la Ley 33 de 1985.
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder dicha prestación
equivalente al 75% de los salarios y demás factores percibidos durante el año
anterior a la adquisición de su estatus jurídico ocurrido el 15 de julio de 2017.
Que se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la fecha de efectividad de
la prestación, la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así
como el reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el
respectivo abono.
Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo
192 del CPACA; y que, además, se disponga sobre la condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 15 de julio de 1952 y laboró inicialmente al servicio del departamento
de Caquetá mediante vinculaciones legales y reglamentarias como docente oficial
para el período comprendido entre el 1.º de febrero de 1974 y el 31 de mayo de
1982.
Que, además, fue nombrado como empelado público al servicio de dicha entidad
territorial desde el 1.º de enero de 1996 hasta el 30 de noviembre de 2006,
realizando aportes a pensión a Colpensiones para un total de 106,57 semanas.
Que, finalmente, de nuevo fue designado en provisionalidad como educador estatal
del 25 de septiembre al 6 de noviembre de 2006, del 1.º de agosto de 2007 al 6 de
febrero de 2010, y del 7 de julio de 2010, al menos hasta la fecha de presentación
de la demanda (10 de julio de 2020).
Que el 10 de diciembre de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión de
jubilación, expresando que le debía ser aplicado el régimen propio del magisterio
para consolidar el derecho con base en la Ley 33 de 1985, por disposición de la Ley
91 de 1989. Sin embargo, esta petición fue negada mediante la resolución
demandada por considerar que su primera vinculación formal como docente ocurrió
después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que le impedía ser
beneficiario del régimen anterior.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con el acto administrativo demandado se transgredieron los artículos: 1.º, inciso
2.º de la Ley 33 de 1985; 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60
de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812
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de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
Que a los maestros vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se les reconocerá
una pensión de jubilación bajo el régimen general del sector público establecido en
las normas vigentes como lo era la Ley 33 de 1985. Que, el régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados antes del 23
de junio de 2003 es el establecido para el magisterio en la regulación anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tal como sucedió en su caso al haber
sido nombrada antes de la referida fecha.
Que lo verdaderamente importante para acceder a la prestación es la existencia de
un vínculo anterior a esta última disposición legal, sin que sea relevante que se
encuentre o no activo como educador para ese momento, tal como lo expuso el
Consejo de Estado en sentencia del 16 de marzo de 2017 (2806-2015), y teniendo
en cuenta los contratos de prestación de servicios como también lo manifestó dicha
corporación en providencia del 19 de febrero de 2018 (3864-2015).
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 18 de agosto de 2021 fue admitida la demanda,2 y el 25 de marzo de 2022 se
admitió su reforma.3 Esta se notificó a la Nación – Ministerio de Educación -
FOMAG quien manifestó4 que, la vinculación del docente se efectuó en el año 2006,
razón por la cual se le deben aplicar las disposiciones establecidas en la Ley 812
de 2003, esto es, conforme a los preceptos establecidos en la Ley 100 de 1993 y
Ley 797 de 2003.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad, (ii) inexistencia de la obligación con
fundamento en la ley, (iii) caducidad, (iv) prescripción, y (v) genérica.
El 23 de agosto de 20225 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial con
el fin de dictar sentencia anticipada. Se fijó el litigio, se decretaron e incorporaron
las pruebas solicitadas, y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Caquetá mediante sentencia del 31 de enero de 2024
accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad del acto demandado
y ordenar a la parte accionada reconocer la pensión de jubilación calculada en un
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ver índice 46 de SAMAI – Tribunales.
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75% del promedio de los factores percibidos por el demandante durante el año
anterior a la adquisición del estatus y sobre los cuales se hubiesen hecho aportes,
con efectividad desde el 15 de febrero de 2019. Adicionalmente condenó en costas
a la parte demandada en un 3% por concepto de agencias en derecho en aplicación
el artículo 188 del CPACA.
Expresó que, de las pruebas practicadas se demostró que el actor prestó sus
servicios de forma intermitente en la docencia oficial desde el 1.° de febrero de 1974
hasta el 31 de mayo de 1982; del 25 de septiembre al 6 de noviembre de 2006; y a
partir del 1° de agosto de 2007 hasta el 10 de diciembre de 2019 cuando formuló la
reclamación prestacional.
Que, a pesar de la solución de continuidad que se configuró en el marco del nexo
laboral como educador público, lo cierto es que desde el momento en que detentó
una vinculación legal y reglamentaria en la docencia oficial, adquirió el derecho a
dársele el tratamiento normativo y jurisprudencial propio de los educadores oficiales
en lo que respecta al régimen pensional que reclama, tal como lo planteó el Consejo
de Estado en un caso similar en sentencia del 8 de octubre de 2020 (0315-2017).
Que en la actuación se tiene probado lo siguiente: (i) el accionante nació el 15 de
julio de 1952, (ii) a la fecha de la reclamación de la pensión de jubilación contaba
con 67 años; (iii) prestó sus servicios como docente nacional al departamento del
Caquetá, vinculándose antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; y (iv)
cuenta con más de 55 años de edad y más de 20 años de servicio oficial que
completó el 15 de febrero de 2019.
Que, por lo anterior, el régimen aplicable es el previsto en la Ley 33 de 1985, lo que
implica que se le debe conceder una pensión de jubilación equivalente al 75% del
IBL que comprende el periodo del último año de servicio docente y los factores que
hayan servido de base para calcular los aportes previstos en el artículo 1.º de la Ley
62 de 1985.
Que, frente a la prescripción, se advierte que el demandante adquirió el estatus de
pensionado el 15 de febrero de 2019, radicó la solicitud de reconocimiento pensional
ante la demandada el 10 de diciembre de 2019, y presentó la demanda ante esta
jurisdicción el 10 de julio de 2020, por lo que se concluye que no ha operado dicho
fenómeno.
RECURSO DE APELACIÓN7
7 Ver índice 49 de SAMAI - Tribunales.
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La parte demandada interpuso recurso de apelación afirmando que, en el fallo
impugnado no se observa una aplicación acuciosa de la Ley 33 de 1985 en cuanto
a la base de liquidación, pues dicha norma señala expresamente que solo puede
calcularse la prestación conforme al «[…] salario que sirvió de base para los aportes.»
Que, teniendo en cuenta que los demás factores devengados por el accionante no
hicieron parte de la base salarial con la que se le liquidaron los aportes a pensión,
se concluye que no puede incluirse ningún emolumento diferente para efectos de
calcular el valor del derecho en litigio.
Que la decisión de primera instancia basada en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 es equivocada, pues contraría las
recientes posturas de esa corporación sobre la materia, plasmadas en las
providencias del 28 de agosto de 2018 y del 25 de abril de 2019, en las que se
precisó que solo se deben tener en cuenta en la fijación del IBL los haberes
salariales sobre los cuales se hayan realizado cotizaciones para efectos
pensionales.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 7 de mayo de 20248 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
El Ministerio Público9 emitió concepto frente al presente caso en el sentido de
solicitar que se confirme el fallo apelado, toda vez que como el primer vínculo del
actor como docente ocurrió antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, surge con
claridad que el régimen aplicable a su situación era el anterior consagrado en la Ley
91 de 1989 y la Ley 33 de 1985, lo que implica que, en lo que respecta a la
liquidación de la pensión de jubilación, debe mantenerse la regla de que se incluyan
los factores salariales que sirvieron para calcular los aportes en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional el año 2019, tal como
fue determinado por el tribunal de origen.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Deberá resolver la Subsección cuál es la forma de liquidación y factores salariales
a incluir en el cálculo de la pensión ordinaria de jubilación del demandante cuyo
régimen y reconocimiento no está en discusión en esta instancia.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 Ver índice 8 de SAMAI.
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Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado,10 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados
remisorios de la Ley 91 de 1989.
Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación al magisterio, debido
a la expedición de la Ley 812 de 2003.
Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según
el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el fenómeno de cosa
juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.
Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación11 en
comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
11 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de
la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en
el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en
el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación
ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
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«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen
de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).
Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico pensional
del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al magisterio,
contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003),
sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha el reclamante seguía
o no vinculado bajo dicha calidad, pues en observancia del principio de la condición
más beneficiosa,12 es claro que esta situación corresponde a un tránsito legislativo
sin un régimen de transición específico, que hace necesario proteger la expectativa
legítima que tenía el maestro de pensionarse con una regulación más favorable.
Ahora, la citada sentencia dispuso para el tema que interesa en este proceso que,
en la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, los factores que se deben tener en
cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes
de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por tanto, no se puede incluir
ningún concepto diferente a estos.
Sin perjuicio del acatamiento de tal postulado, lo cierto es que de la lectura del
mencionado precepto normativo al que esta hace referencia, se extrae que: «[…] En
todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se
[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%
Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).
12 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662
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liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
[…].»
Lo anterior conlleva la inclusión en el cálculo del IBL, no solo de los enlistados en
dicho precepto, sino también todos aquellos conceptos sobre los cuales la norma
aplicable hubiese establecido el carácter de factor salarial computable para efectuar
aportes.
En el caso particular de los docentes oficiales, se encuentra que los Decretos 633 y
634 de 2007 crearon un emolumento denominado asignación adicional, también
concebido como un sobresueldo, al cual accederían los directivos docentes regidos
por los Decretos 2277 de 1979 y el 1278 de 2002, como por ejemplo los rectores.
Al respecto, se advierte que este haber salarial está consagrado como factor por
hacer parte de la asignación básica mensual de los educadores, la cual es base de
cotización conforme al artículo 6.° del Decreto 691 de 1994.13
De igual forma, el Decreto 1566 de 2014 creó una bonificación mensual efectiva a
partir 1.° de junio de 2014, la cual ha sido fijada con posterioridad cada año bajo el
mismo criterio, esto es, el relativo a que la naturaleza de dicho emolumento es el de
un factor salarial con efectos legales para el cálculo de los aportes, respecto del
cual deben efectuarse los respectivos descuentos.
Por otra parte, el Decreto 2354 de 2018 creó la denominada bonificación
pedagógica efectiva para los docentes y directivos docentes de las plantas de
personal de las entidades territoriales certificadas en educación, la cual, además,
también fue concebida como un factor salarial para efectos de cotizaciones, tal
como lo previó el artículo 3.°, numeral 4.° de dicha norma.14
Resolución del caso concreto
Para definir el presente asunto debe resaltarse que la entidad demandada en
calidad de única apelante no expresó reparo alguno frente al reconocimiento de la
pensión de jubilación del actor ni del régimen legal que le fue aplicado por parte del
tribunal de origen, sino que, únicamente formuló argumentos de oposición frente a
la forma en que se ordenó la liquidación de la prestación.
Por tal motivo, en virtud del principio procesal de congruencia, solo deberá
analizarse este punto en segunda instancia, asumiendo que no existe discusión
13 «Las asignaciones y los porcentajes adicionales de que trata el presente artículo se tendrán en cuenta en
adición a lo señalado en el Decreto 1158 de 1994 para el cálculo del ingreso base de cotización al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio».
14 La inclusión de estos conceptos de salario en el cálculo del IBL ya ha fue abordada por esta Subsección,
entre otras, particularmente en sentencia del 30 de enero de 2025, radicado: 68001-23-33-000-2017-01506-01
(6740-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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sobre la orden de conceder una pensión al reclamante con base en los preceptos
de la Ley 33 de 1985.
Pues bien, el tribunal en la sentencia recurrida ordenó el reconocimiento y pago del
derecho en mención a favor del demandante, «[…] equivalente al 75% del promedio
mensual de los salarios y prestaciones sociales sobre los cuales cotizó durante el
último año anterior a la fecha de adquisición del estatus jurídico de pensionado (15
de febrero de 2018 a 15 de febrero de 2019), con efectividad a partir del 15 de
febrero de 2019. […]»
Como se observa, en dicha providencia no se especificó cuáles factores en
específico harían parte del IBL para determinar el valor de la prestación, sino que
se estableció de manera general y abstracta que estos serían aquellos sobre los
que se hubiesen realizado aportes.
Bajo este entendido, resulta evidente que para definir el litigio bajo estudio se debe
acudir a la regla jurisprudencial de la sentencia del 25 de abril de 2019 que, acerca
de la liquidación del derecho pensional de quien haya tenido una vinculación
docente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (como se determinó
para el caso del actor), indica que el ingreso base de liquidación de la pensión
comprende:
i) el período correspondiente al año anterior a la consolidación del estatus pensional
o a la terminación del vínculo legal y reglamentario, y
ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, pero no sobre
cualquiera de ellos indistintamente y mucho menos respecto de las prestaciones
sociales como lo estableció el juez de primera instancia, sino solo frente a los que
normativa y expresamente se hayan consagrado como haberes de carácter salarial
susceptibles de descuentos a pensión, como son los previstos en la Ley 62 de 1985,
y en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018, los cuales, se
repite, son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio; asignación adicional para personal
directivo docente, bonificación mensual y bonificación pedagógica.
Contrastados los factores enlistados en la anterior disposición con los devengados
por el interesado durante el último año de servicios anterior a la fecha de
consolidación del estatus jurídico,15 comprendido entre el 15 de febrero de 2018 y
el 14 de febrero de 2019, se observa lo siguiente:
15 Acreditados en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios emitido el 15 de octubre de
2019 por la Secretaría de Educación Departamental de Caquetá, obrante en el expediente digital del índice 2
de SAMAI.
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Radicado: 18001-23-33-000-2021-00093-01 (2291-2024)
Factores de la Ley 62 de 1985 y demás normas en materia salarial
Factores devengados
docente
Asignación básica / Sueldo Asignación básica
Gastos de representación
Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación
Dominicales y feriados
Horas extras
Bonificación por servicios
Trabajo suplementario
Asignación adicional (sobresueldo)
Bonificación mensual
Bonificación mensual docente
docente
Bonificación pedagógica
Prima de navidad
Prima de servicios
Prima de vacaciones
Se concluye entonces que, el único factor salarial que coincide para el caso del actor
con el listado del artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, es la asignación básica, razón
por la cual, en principio, este sería el único emolumento por incluir en la base de
liquidación de conformidad con la sentencia de unificación, toda vez que el pago de
este haber fue debidamente demostrado con las pruebas practicadas en el proceso.
Sin embargo, advierte la Sala que la bonificación mensual que devengó el
demandante durante el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, pese
a no estar señalada de manera expresa en la referida norma, sí debe ser computada
por disposición del respectivo decreto que la consagró como factor salarial, tal como
lo indicó el artículo 1.º del Decreto 1566 de 2014.
Ahora, aunque en el plenario no se encuentra prueba relativa a que sobre este
concepto se hayan efectuado aportes, toda vez que el certificado de salarios no
contiene dicha información, tal circunstancia no obsta para ordenar su
contabilización en la liquidación de la pensión del reclamante, por cuanto constituye
un elemento de remuneración respecto del cual se debieron efectuar cotizaciones
a pensión, cuyo abono al FOMAG, en todo caso, era responsabilidad de la entidad
empleadora.
Como se observa, este emolumento al que se ha hecho referencia individualmente
fue establecido con naturaleza salarial computable en lo que respecta al IBC con
posterioridad a la expedición de la Ley 62 de 1985 y del Decreto 1158 de 1994. Por
esa razón, es claro que en su momento no estaba contemplado como factor a incluir
en el cálculo del IBL pensional, situación que en la actualidad no es óbice para que
sea tenido en cuenta en la liquidación de la prestación por cumplir con las
condiciones exigidas para lo propio.
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Radicado: 18001-23-33-000-2021-00093-01 (2291-2024)
Es de señalar que la presente discusión en cuanto a la bonificación mensual no ha
sido ajena a esta Subsección, pues en sentencia proferida el 17 de septiembre de
202016, se llegó a la misma conclusión: «[…] En cuanto a la bonificación mensual,
también ordenada en la sentencia, si bien no se encuentra enlistada en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985, por haberse creado posteriormente –Decreto 1566 del 19 de agosto de
2014- sí constituye factor salarial para la liquidación de su pensión, […]».
En ese orden de ideas, para el caso del accionante solamente deben computarse
en el IBL la asignación básica y la bonificación mensual docente, de manera que,
habrá de modificarse el ordinal tercero a fin de precisar lo anterior en lo relacionado
con el cálculo de la prestación.
Adicionalmente, en el entendido de que se está ordenando tener en cuenta en el
IBL pensional la bonificación mensual docente sobre la cual no hay certeza
probatoria de que se hayan realizado los respectivos aportes, y, a fin de garantizar
la sostenibilidad del sistema y el financiamiento de la prestación, será necesario
precisar en el referido ordinal que la entidad demandada tiene la facultad legal para
verificar internamente si se realizaron o no cotizaciones sobre dicho concepto.
Por lo mismo, en el eventual caso en que el empleador del accionante no haya
girado tales montos, la parte accionada quedará habilitada para realizar las
gestiones interadministrativas tendientes al cobro indexado de los valores faltantes
en el porcentaje que le hubiese correspondido al nominador, pero, además,
quedando autorizada para descontar de la suma de la condena lo que también le
correspondía al demandante en calidad de empleado a título de aporte en su debida
proporción.
En todo lo demás se confirmará el fallo apelado, tal como lo estimó el Ministerio
Público en su concepto.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202117 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
16 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 47001-23-33-000-2017-
00415-01(4592-18). En igual sentido, se pronunció la Subsección B, cuando en sentencia del 21 de octubre de
2021, emitida en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-04527-01(3284-20).
17 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL TERCERO de la sentencia proferida el
treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, por medio de la cual accedió a las pretensiones, el cual
quedará de la siguiente forma:
«[…]
Tercero: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a favor del señor Luis
Enrique Acosta Moncada, una pensión ordinaria de jubilación equivalente al 75% del
promedio de la asignación básica y la bonificación mensual docente sobre los cuales
cotizó o debió cotizar durante el año anterior a la adquisición de su estatus jurídico
de pensionado (15 de febrero de 2018 a 14 de febrero de 2019), con efectividad a
partir del 15 de febrero de 2019.
Por lo expuesto, se condena a la entidad demandada a pagar las mesadas
adeudadas de manera actualizada según la formula expuesta en la parte motivada
de esta providencia.
Adicionalmente la parte accionada como ente de previsión tiene la facultad legal de
verificar que se hubiesen realizado las cotizaciones completas sobre los factores
que se ordena incluir en el cálculo del IBL pensional, razón por la cual, en el eventual
caso en que el empleador del reclamante no haya girado tales montos, la Nación –
Ministerio de Educación - FOMAG quedará habilitada para realizar las gestiones
interadministrativas tendientes al cobro indexado de los valores faltantes en el
porcentaje que le hubiese correspondido al primero como nominador, pero además,
quedando autorizada para descontar de la suma de la condena lo que también le
correspondía al demandante en calidad de empleado a título de aporte en su debida
proporción, sin que dicho resultado pueda ser mayor al del retroactivo que habrá de
pagarle en virtud del cumplimiento de esta sentencia.
[…]»
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.
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CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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