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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2021-00170-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2021-00170-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 28 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Lesme Vega Ariza, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Caquetá. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2021-00170-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 18001-23-33-000-2021-00170-01 (0474-2025)
Demandante: Lesme Vega Ariza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional

Tema: Pensión de invalidez. Requisitos para acceder a la prestación.
Porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Carga de la prueba.

Decisión: Confirmar la sentencia de primer grado.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia del 28 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caquetá.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Lesme Vega Ariza, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda1 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada
Nacional, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 438 de 7 de febrero
de 20172, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de
invalidez.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que (i) se convoque al
Tribunal Médico Laboral y de Revisión Militar y de la Policía para que le practique
una nueva valoración; (ii) de no llegar a ser apto para el servicio, se le reconozca y
pague una pensión de invalidez de conformidad con el régimen especial de la
Fuerza Pública o, subsidiariamente, en los términos de la Ley 100 de 1993, en
cuantía equivalente a $ 1.478.250 COP; y (iii) se le reconozca y pague los salarios
y prestaciones dejadas de percibir a partir del 13 de septiembre de 2005, esto es,
por valor equivalente a $ 82.780.880 COP.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que ingresó a la
Armada Nacional como conscripto y, posteriormente, se vinculó como infante de

1
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2
«Por la cual se resuelve una solicitud de pensión mensual de invalidez, con fundamento en el
Expediente MDN No. 154 de 2017».

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Demandante: Lesme Vega Ariza

marina profesional. Adujo que, al momento de su incorporación, los exámenes de
ingreso lo declararon apto, es decir, en perfectas condiciones de salud.

4. El 4 de julio de 2004, durante una operación de registro y control, al realizar
el aseo del armamento, se le disparó el fusil de dotación.

5. Del 10 de julio al 13 de septiembre de 2005, se le practicaron tratamientos
y cirugías para atender los trastornos postraumáticos de la lesión sufrida en su
hombro izquierdo.

6. La Junta Médica Laboral, mediante Acta No. 043/2005, determinó que el
señor Vega Ariza tuvo una pérdida de capacidad laboral del 40,32 %.

7. Mediante Resolución No. 540 del 13 de septiembre de 2005 3, se le retiró del
servicio por disminución de la capacidad psicofísica.

8. En enero de 2017, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de
invalidez, la cual fue resuelta de forma desfavorable a través de la Resolución No.
438 de 7 de febrero de 2017.

9. Como fundamento de la vulneración 4, señaló que al haber perdido
capacidad laboral durante el servicio adquirió la condición de sujeto de especial
protección constitucional y, en consecuencia, la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional debía garantizar su estabilidad laboral reforzada, dada
su situación de vulnerabilidad manifiesta 5.

10. Argumentó que la Administración desconoció los mandatos contenidos en
el artículo 47 de la Constitución Política y la Ley 631 de 1997, pues la estabilidad
laboral reforzada de las personas en situación de disparidad constituye una de las
garantías constitucionales que integran en derecho al trabajo.

11. Sostuvo que la Resolución No. 540 de 13 de septiembre de 2005 vulneró
su derecho al debido proceso, pues desatendió las reglas sobre la validez y vigencia
de los exámenes de capacidad psicofísica previstas en el artículo 7 del Decreto
1796 de 2000, toda vez que entre el dictamen y el acto de desvinculación
trascurrieron más de 7 meses. Asimismo, afirmó que dicho acto no se fundó en el
estudio detallado de la hoja de vida del demandante ni tuvo en cuenta el tiempo de
incapacidad.

12. Adujo que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales al
trabajo, salud, mínimo vital, igualdad y seguridad social al haber sido desvinculado

3
«Por la cual se da de baja a un infante de marina profesional de la Armada Nacional».
4
Como normas violadas se invocaron los artículos 13, 29, 47, 49 y 53 de la Constitución Política; 1,
7, 8 y 10 del Decreto 1793 de 2000; 7 del decreto 1796 de 2000; 136.2 del Decreto 1 de 1984; 2, 4
y 26 de la Ley 361 de 1997.
5
Dicho argumento se soportó igualmente en las siguientes providencias. Corte Constitucional,
sentencias C-531 de 2000, T-1040 de 2001, T-826 de 2004, T-198 de 2006, T-093 de 2007, C-293
de 2010, T-470 de 2010, T-503 de 2010 y T-081 de 2011.

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Demandante: Lesme Vega Ariza

por la pérdida de su capacidad laboral calificada en 40,32 % sin considerar su
posible reubicación acorde a sus limitaciones y conocimientos.

13. Indicó que las lesiones sufridas durante la prestación del servicio han
generado un deterioro paulatino en su salud y calidad de vida.

14. Agregó que tenía a cargo a su hijo menor de edad (7 años), su compañera
permanente embarazada y sus padres, quienes se vieron afectados por su retiro y
carecían de ingresos económicos.

Contestación de la demanda

15. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional adujo que
en la expedición del acto enjuiciado no se violó garantía constitucional, legal o
convencional alguna. Señaló que la Resolución No. 438 de 7 de febrero de 2017
goza de presunción de legalidad y no fueron aportados elementos de juicio que
desvirtuara la misma. Además, invocó como excepción la de prescripción.

Sentencia apelada

16. Mediante sentencia de 28 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Caquetá negó las pretensiones de la demanda.

17. Sostuvo que el señor Vega Ariza no acreditó los requisitos para acceder a
una pensión de invalidez, pues no demostró que la pérdida de capacidad laboral
calificada por la junta médico laboral en 40,32 % hubiere incrementado y alcanzado
el umbral que fija el Decreto 4433 de 2004 para el reconocimiento de dicha
prestación.

18. Indicó que en el proceso no se enjuició aquel porcentaje, no se aportó la
historia clínica ni un dictamen pericial. Tampoco se evidenció que se hubiera
presentado solicitud de valoración ante el Tribunal Médico Laboral y de Revisión
Militar y de la Policía. Advirtió que los reparos del demandante se centraron en
cuestionar la legalidad del acto de retiro, bajo el argumento que el índice de pérdida
psicofísica calificada daba lugar era a su reubicación.

19. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante por haber resultado
vencida en el proceso y fijó las agencias en derecho en el 4 % de valor de las
pretensiones de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.

Recurso de apelación

20. El señor Lesme Vega Ariza sostuvo que la Resolución No. 438 de 7 de
febrero de 2017 estuvo viciada de nulidad, pues su retiro del servicio con una
pérdida de capacidad laboral del 40,32 % no se ajustó a las normas que regulan la
materia y omitió tomar en consideración una reubicación.

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Demandante: Lesme Vega Ariza

21. Adujo que el tribunal desconoció el derecho a la igualdad y el deber que
tiene el Estado en proteger los derechos prestacionales de los sujetos de especial
protección, en ese caso, un militar retirado en situación de discapacidad producto
de lesiones sufridas mientras prestaba servicio.

22. Expuso que la pérdida de capacidad laboral que se le calificó en el 2005
perdura y se agudiza con el tiempo.

23. Agregó que le correspondía al tribunal haber ordenado una valoración por
parte de la junta médico laboral y a partir del resultado conceder la reubicación.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Mediante auto de 2 de abril de 2025, se admitió el recurso de apelación.

25. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la decisión de primera
instancia. Expuso que en el expediente no obra prueba que permita evidenciar que
efectivamente el actor haya solicitado y mucho menos agotado el trámite ante el
tribunal médico laboral. Explicó que el actor debió acudir al trámite ordinario para
cuestionar el Acta No. 43 de 25 de febrero de 2005 frente a la no recomendación de
reubicación laboral.

26. Las partes guardaron silencio en esta etapa.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala determinar si la decisión administrativa de negar el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a favor del señor Lesme Vega
Ariza se ajustó a las normas en las que debía fundarse, concretamente, en el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a dicha prestación y en
consideración a su condición de sujeto de especial protección constitucional frente
a su retiro del servicio, en lugar de su reubicación.

Análisis del problema jurídico

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Demandante: Lesme Vega Ariza

29. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 28 de agosto de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por las razones que se
explican a continuación.

30. La Ley 923 de 2004, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública 6, precisó
frente a la pensión de invalidez que no podría fijarse como requisito para acceder a
esta prestación una disminución de la capacidad laboral inferior al 50 %.

31. Por su parte, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 estableció que los
miembros de la Fuerza Pública, incluido el personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio, tenían derecho al pago de una pensión mensual, cuando
la Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
determinara una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75 %
ocurrida en servicio activo y mientras subsistiera dicha incapacidad. Esa norma
igualmente fijó el momento de efectividad de la referida prestación y su forma de
liquidación.

32. Posteriormente, el Decreto 1157 de 2014 (artículo 2) modificó el índice de
invalidez a exigir y fijó en un porcentaje igual o superior al 50 % y varió las tasas de
reemplazo sobre las partidas computables para la liquidación de la mesada
pensional. Además, mantuvo la conducencia de las actas de los organismos
médico-laborales militares y de policía para calificar aquella pérdida de capacidad
laboral para efectos prestacionales.

33. A partir de lo anterior, la Sala advierte que, tal como lo indicó en su momento
el tribunal, el señor Vega Ariza no cumple con los requisitos para acceder a la
pensión que reclamó, pues el índice de disminución psicofísica que le fue calificado
(40,32 %7) no supera el umbral fijado por las normas antes señaladas (50 %).

34. Tampoco se evidenció reparo y mucho menos prueba que diera a entender
que fue enjuiciada dicha calificación. No fueron aportados elementos de juicio que
permitieran acreditar el incremento de aquel porcentaje. Por el contrario, los
argumentos de la demanda y el recurso de apelación se contrajeron a señalar que
la Resolución No. 438 de 7 de febrero de 2017 estuvo viciada de nulidad al no haber
considerado la reubicación antes que el retiro del servicio, dado el grado de pérdida
de capacidad laboral.

6
Acorde con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. «El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se
vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las
Corporaciones Públicas […]».
7
«Herida por arma de fuego en mano izquierda con fractura del tercer metacarpiano y lesión de los
tendones flexores del mismo rayo, tratado quirúrgicamente con material de osteosíntesis e injerto
óseo que deja como secuelas: a) Pérdida funcional del tercer dedo de la mano izquierda. B)
Disminución de la fuerza de agarre de la mano izquierda con callo óseo doloroso en dorso de la
misma. C) Cicatriz retráctil palma mano izquierda y en dorso de la misma […] La anterior lesión le
determina una incapacidad permanente parcial. No apto para la vida militar».

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35. Por lo anterior, pese a que el señor Vega Ariza manifestó que la disminución
psicofísica se ha agravado con el tiempo, no aportó prueba de ello. Tampoco se
advirtió que el demandante, como interesado, hubiera solicitado su recalificación.

36. Además, si bien se alegó la vulneración del derecho a la igualdad, así como
el desconocimiento u omisión del deber del Estado de proteger a las personas en
situación de discapacidad, lo cierto es que más allá de tratarse de una mera
afirmación, ello cuestionó realmente la legalidad del acto de retiro y no la de aquel
que negó la pensión reclamada.

37. Debe tenerse en cuenta que (i) las pretensiones relativas al retiro del
servicio fueron desistidas con ocasión de la inadmisión de la demanda, pues el
demandante reconoció que sobre ellas había operado la caducidad; y (ii) al no
enjuiciarse el acto de retiro oportunamente, no puede pretender la parte
demandante el reintegro o reubicación laboral a través del cuestionamiento del acto
que negó una pensión. En ese orden, cualquier consideración sobre el articular no
solo implicaría la vulneración del principio de congruencia (artículo 281 del CGP),
sino también desconocer la independencia que existe entre el acto de retiro y el que
negó la pensión.

38. Finalmente, frente al reparo sobre el deber que tenía el tribunal de decretar
las pruebas de oficio que estimara necesarias, la Sala debe precisar que si bien el
artículo 213 del CPACA prevé un deber-poder en cabeza del juez de lo contencioso
administrativo, ello no releva de forma alguna la carga de la prueba en cabeza de
las partes (artículo 167 del CGP). En el presente caso, no se presenta confusión o
duda sobre el objeto del litigio, lo que haría procedente el decreto de pruebas de
oficio, sino la ausencia de acreditación de los supuestos de la norma cuyos efectos
o consecuencias jurídicas se pretenden 8.

Condena en costas en segunda instancia

39. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.

8
En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 7 de
noviembre de 2025, Rad. 17001-23-33-000-2019-00089-02 (73.066).

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Demandante: Lesme Vega Ariza

41. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirán conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

42. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Caquetá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 28 de agosto de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Lesme Vega
Ariza, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Caquetá.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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