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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2022-00023-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2022-00023-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2022-00023-01 (4533-2024)
Demandante: Jorge Eliecer Castañeda Arias
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares

Tema: asignación de retiro. Subtema 1: régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004
para el personal vinculado antes de la vigencia de dicha norma.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá, proferida el 5
de junio de 2024, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Jorge Eliecer Castañeda Arias pretende la nulidad del acto administrativo por medio
del cual la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante Cremil) le
negó el reconocimiento de la asignación de retiro en calidad de suboficial del Ejército,
por no acreditar 20 años de servicio. La Sala confirmará la sentencia apelada por la
entidad demandada, al encontrar acreditado que el demandante es beneficiario del
régimen de transición que le permite acceder al derecho con 15 años de servicio.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Jorge Eliecer Castañeda Arias, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 254 del
26 de enero de 2021, mediante la cual Cremil le negó el reconocimiento de la
asignación de retiro con un tiempo de servicio de 19 años y 6 meses, con el argumento
de que el régimen aplicable a su caso, esto es, el Decreto 991 de 2015, prevé 20 años
para acceder al derecho1.

1 Samai, índice 2.

Radicación: 18001-23-33-000-2022-00023-01 (4533-2024)
Demandante: Jorge Eliecer Castañeda Arias
Demandado: Cremil

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro de acuerdo con el tiempo de
servicio prestado en el Ejército Nacional y de las prestaciones, primas y emolumentos
inherentes al grado que ostentaba, desde el momento de la desvinculación por
destitución, sin solución de continuidad. Además, pidió dar cumplimiento a la condena
en los términos de los artículos 187, 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), con la indexación
a que haya lugar en aplicación del índice de precios al consumidor, y condenar en
costas a la entidad demandada.

2.1.1. Hechos

3. El señor Jorge Eliécer Castañeda Arias ingresó al Ejército Nacional el 30 de
octubre 1998 (sic), para prestar el servicio militar obligatorio y fue incorporado como
soldado voluntario el 20 de julio de 2000. Ascendió a los grados de cabo tercero el 14
de abril de 2003, cabo segundo el 16 de agosto de 2006 y, finalmente, a cabo primero
el 28 de agosto de 2009.

4. El Ejército Nacional, mediante la Resolución 1421 del 18 de junio de 2018, retiró
del servicio al suboficial, en cumplimiento de la sanción de destitución impuesta en su
contra por la Procuraduría General de la Nación. El actor afirmó que dicha sanción no
implicó la pérdida de la asignación de retiro ni de las demás prestaciones económicas
causadas.

5. El demandante acreditó un tiempo total de servicio de 19 años y 6 meses, según
consta en la hoja de servicios 3-71216669.

6. Solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la asignación de retiro el 29
de abril de 2019.

7. El director general de Cremil negó el reconocimiento de la asignación de retiro
mediante Resolución 254 del 26 de enero de 2021, porque el actor no acreditó el
requisito de tiempo de servicio.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. El actor considera que el acto demandado violó los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 26, 29,
31, 32, 34, 42, 48, 53, 58, 83, 85, 86, 87, 90, 95, 125, 216, 228 y 230 de la Constitución
Política; el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 y las Leyes 103 de 1912, 4 de 1992
y 923 de 2004.

9. En el concepto de violación, afirmó que la Ley 923 de 2004 estableció el respeto
por las garantías y beneficios del personal vinculado a la fecha de su entrada en vigor,
conforme con las disposiciones anteriores. De igual modo, prohibió el desconocimiento
del reconocimiento y pago de la asignación de retiro cuando el personal de la
institución consolidara el derecho, sin atender a la causa del retiro.

2

Radicación: 18001-23-33-000-2022-00023-01 (4533-2024)
Demandante: Jorge Eliecer Castañeda Arias
Demandado: Cremil

10. En este orden de ideas, precisó que la desvinculación por destitución del Ejército
Nacional no extingue el derecho a la asignación de retiro causada durante el tiempo
de servicio, tal y como lo ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado,
según la cual la separación absoluta equivale jurídicamente a la «conducta deficiente»,
categoría que prevé el derecho a la asignación de retiro a partir de 15 años de servicio,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990.

2.2. Contestación de la demanda

11. Cremil se opuso a las pretensiones de la demanda con el argumento de que el
actor fue retirado por la sanción disciplinaria de destitución impuesta por la
Procuraduría General de la Nación en 2017, motivo por el cual resulta inaplicable el
régimen de transición previsto en el artículo 3 de la Ley 923 de 2004, en tanto dicha
circunstancia no está prevista como causal de retiro en el artículo 100 del Decreto 1790
de 20002.

12. Precisó que el reconocimiento de la asignación de retiro depende del cumplimiento
de dos requisitos: tiempo de servicio y causal de retiro. Así, el Decreto 991 de 2015
establece que el personal retirado por separación absoluta debe acreditar un tiempo
mínimo de 20 años de servicio, periodo aplicable al actor en atención a que su retiro
derivó de la sanción de destitución.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo del Caquetá accedió a las pretensiones de la demanda
mediante sentencia del 5 de junio de 2024 y se abstuvo de condenar en costas a la
entidad demandada3.

14. En primer lugar, afirmó que la hoja de servicios número 3-71216669 del 5 de
septiembre de 2018 acreditó la vinculación del demandante al Ejército Nacional desde
el 30 de octubre de 1998 hasta el 18 de junio de 2018, fecha a partir de la cual fue
retirado del servicio por separación absoluta, con un tiempo acumulado de 19 años y
6 meses.

15. En segundo término, consideró que el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro procede conforme al Decreto 1211 de 1990, porque al momento de la
desvinculación la disposición vigente a su situación jurídica era la Ley 923 de 2004.
Este régimen prevé el derecho a la asignación de retiro con 15 años de servicio cuando
la desvinculación deriva del llamamiento a calificar servicios; de la voluntad del
Gobierno; sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado; disminución de la
capacidad psicofísica; incapacidad profesional; inasistencia al servicio por más de
cinco (5) días sin tener causa justificada o «conducta deficiente».

16.Así, afirmó que la desvinculación por separación absoluta incluye tanto las
condenas penales y los fallos disciplinarios conforme lo señalado por la jurisprudencia

2 Samai, índice 2, documento 04IncorporaExpedienteDigitalizado, págs. 109 a 115.

3 Samai, índice 2, «36SentenciaPrimera».

3

Radicación: 18001-23-33-000-2022-00023-01 (4533-2024)
Demandante: Jorge Eliecer Castañeda Arias
Demandado: Cremil

del Consejo de Estado, en el sentido de equiparar los conceptos de «separación
absoluta» y «destitución» con la causal de mala conducta prevista en el Decreto 1211
de 1990.

17. Concluyó que el demandante tiene derecho a la asignación de retiro por contar
con más de 15 años de servicio, motivo por el cual, declaró la nulidad de la Resolución
254 del 26 de enero de 2021 y ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro a partir del 18 de junio de 2018.

2.4. Recurso de apelación

18. Cremil afirmó que el actor no fue retirado del servicio activo por las causales
previstas en el artículo 100, literales a) y b) del Decreto 1790 de 2000, sino que fue
separado en forma absoluta por destitución, motivo por el cual no es beneficiario del
régimen de transición dispuesto en el artículo 3 de la Ley 923 de 20044.

19. Aclaró la diferencia entre las causales de retiro previstas en el artículo 100 del
Decreto 1790 de 2000 y la separación absoluta regulada en el artículo 111 ibidem, que
se refiere a la desvinculación por condenas penales o por fallos disciplinarios para
evidenciar que el régimen de transición solo aplica por las causales previstas en la Ley
923 de 2004.

20. Por tanto, a juicio de la entidad apelante, no resulta procedente la aplicación del
régimen de transición en caso de desvinculación por imposición de la sanción
disciplinaria de destitución, este solo aplica por las causales ordinarias descritas en el
capítulo II del Decreto 1790 de 2000. En este orden, el actor debe acreditar los
requisitos de la norma vigente al momento de su desvinculación por destitución para
acceder a la asignación de retiro, esto es, 20 años de servicio según el Decreto 991
de 2015.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

21. El despacho, mediante auto del 7 de marzo de 2025, admitió el recurso de
apelación y prescindió del traslado a las partes para alegar de conclusión por no existir
peticiones probatorias para decretar5.

2.6. Ministerio Público

22. La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

23. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce

4 Samai, índice 2 «39CremilApelación».
5 Samai, índice 5.

4

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Demandante: Jorge Eliecer Castañeda Arias
Demandado: Cremil

de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

24. En virtud de las inconformidades expuestas por la entidad recurrente en el recurso
de apelación, compete a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

25. ¿El demandante tiene derecho a la asignación de retiro con 15 años de servicio,
en aplicación del régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004 a favor del
personal que se encontraba vinculado a la fecha de su entrada en vigor, aun cuando
la causa del retiro derivó de la imposición de la sanción disciplinaria de destitución?

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

26. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 1989, expidió el Decreto Ley 1211 de 1990 por medio del
cual reglamentó el reconocimiento de la asignación de retiro, como una prestación
económica, asimilable a la pensión de vejez6, para los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares que fueran retirados del servicio activo después de quince (15) años
por las siguientes causales (art. 163):

i) llamamiento a calificar servicios;
ii) por voluntad del Gobierno o de los de Comandos de Fuerza;
iii) sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado;
iv) disminución de la capacidad sicofísica;
v) incapacidad profesional;
vi) inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada;
vii) por conducta deficiente.

27. En el evento de retiro por solicitud propia, la norma citada previó que el tiempo
exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro sería de 20 años de servicio.

28. En lo atinente a la efectividad y el monto de la prestación, el Decreto 1211 de 1990
establece que surge a partir de la terminación de los 3 meses de alta y en cuantía
equivalente al 50 % de las partidas establecidas en el artículo 158, por los primeros 15
años de servicio, y un 4 % adicional por cada año que exceda del mínimo, sin que
sobrepase el 85 %.

29. Con posterioridad, la Ley 923 de 20047, por medio de la cual se fijó el régimen
pensional y de asignación de retiro del personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, estableció que el tiempo válido para acceder a la prestación es el
laborado durante la «formación, el de servicio y/o el aportado», por lo menos durante

6 Corte Constitucional, sentencia C-432 de 2004.
7 « Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».

5

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Demandante: Jorge Eliecer Castañeda Arias
Demandado: Cremil

18 años, sin que en ningún caso se exija «como requisito para reconocer el derecho
un tiempo superior a 25 años» (art. 3.1.).

30. Ante la transición normativa, el inciso 2 del artículo 3 de dicha ley previó que los
miembros de la fuerza pública que se encontraban activos a la fecha de entrada en
vigor de la Ley 923 de 2004 accederían a la asignación de retiro en los términos
descritos en el régimen anterior, esto es, con un mínimo de 15 años de servicio en los
casos dispuestos en el Decreto 1211 de 1990, o 20 años en el evento de solicitud
propia8.

31. El Gobierno nacional reglamentó la Ley 923 de 2004 mediante el Decreto 4433 de
2004, en el que previó el derecho a la asignación de retiro para los oficiales y
suboficiales cuando contaran con 18 años o más de servicio por las causales
determinadas en dicha norma o con 20 años en los casos de solicitud propia o
separación absoluta.

32. Frente al régimen de transición, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 23 de octubre de 20149, declaró la nulidad del artículo 14 del
Decreto 4433 de 2004 por exceder la potestad reglamentaria y vulnerar la reserva de
ley, al considerar que el Gobierno nacional no podía exigir al personal que se
encontraba en servicio activo al entrar en vigor la Ley 923 de 2004 un tiempo superior
al previsto en el régimen anterior.

33. En este orden, concluyó que la exigencia de 18 años de servicio prevista en el
Decreto 4433 de 2004, para que los uniformados en ejercicio accedieran a la
asignación de retiro que el régimen anterior preveía con 15 años, quebrantó la Ley 923
de 2004 y, con ello, el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.

34. En síntesis, consideró que el legislador podía hacer más exigente el requisito de
tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro, pero la Ley 923 de 2004
dispuso, de manera expresa, que tal cambio normativo no resultaba exigible a quienes
se encontraban en ejercicio activo cuando entró a regir dicha norma.

35. Por tanto, el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, que extendió el cambio
normativo al personal en ejercicio, incurrió en exceso de la facultad reglamentaria al
inobservar el régimen de transición con desconocimiento de las expectativas legítimas
de los servidores en actividad.

36.En aplicación de las consideraciones expuestas en la sentencia de nulidad, la
Subsección ha considerado lo siguiente10:

[…] el actor por ser miembro activo del Ejército Nacional al momento de la entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º
ordinal 3.1.º de dicha normativa y, en esa medida para el reconocimiento de la asignación

8 Entró en vigor el 30 de diciembre de 2004.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), M.P.

Bertha Lucía Ramírez de Páez.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-00224-01

(3743-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Demandado: Cremil

de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 163
del Decreto 1211 de 1990 (15 años por ser retirado en forma absoluta), imponiéndose
razones para confirmar el fallo apelado sin consideración adicional.

37. Así, con ocasión de la declaración de nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de
2004, esta corporación ha señalado que se debe acudir al principio de reviviscencia
para llenar el vacío normativo generado con motivo del pronunciamiento judicial y dar
aplicación al artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 que prevé el derecho a la
asignación de retiro con 15 años, en cuantía mínima equivalente al 50 % del monto de
las partidas descritas en el artículo 153 de dicha normativa11.

38. Igualmente, cabe anotar que el presidente de la República, mediante el Decreto
991 de 2015, reglamentó la asignación de retiro para el personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares escalafonados con anterioridad al 31 de diciembre
de 2004, en el sentido de establecer que tendrán derecho a la mencionada prestación
cuando sean retirados del servicio activo después de 15 años, por llamamiento a
calificar servicios o por retiro discrecional, en cuantía equivalente al 50 % del monto
de las partidas de que trata el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 por los primeros
15 años y 4 % más por cada año que exceda, sin que sobrepase el 85 %. Procede un
incremento del 2 % por cada año adicional después de los 24 años de servicio, sin que
el total sobrepase el 95 % de las partidas computables.

39. En cuanto al campo de aplicación del Decreto 991 de 2015, esta corporación, en
sentencia del 28 de abril de 2022, consideró que dicha normativa no cobija a los
beneficiarios de la transición vinculados con anterioridad a la expedición de dicha
norma, por las siguientes razones12:

Ahora, en cuanto a los argumentos de defensa esgrimidos en la alzada por la entidad
demandada en los que sostuvo que a la parte activa le debe ser aplicado el Decreto
991 de 2015, al ser esta la norma que se encontraba vigente al momento de su retiro
del servicio oficial, es pertinente indicar que aceptar dicha tesis como verdadera sería
tanto como desconocer el derecho adquirido por el demandante bajo las prerrogativas
destinadas a su situación particular, toda vez que i) la separación absoluta del cargo
que ocupaba como mayor en el Ejército Nacional, ocurrió a partir del 3 de septiembre
de 2014, momento para el cual aún no había sido expedido el decreto en mención (15
de mayo de 2015), y; ii) aquel se encontraba en servicio activo a la fecha de
promulgación de la Ley 923 de 2004 (30 de diciembre de 2004), por lo que se hizo
beneficiario de la transición allí contenida, en el sentido de que, para el reconocimiento
de su asignación de retiro, debían aplicarse las disposiciones trazadas en el Decreto
1211 de 1990, para su caso.

40. En conclusión, el personal en actividad de las Fuerzas Militares vinculado antes
de la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 goza de un régimen de transición que le
confiere el beneficio de acceder a la asignación de retiro en los términos previstos en

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2020, proceso con radicado

25000-23-42-000-2013-05972-01 (0094-17), M.P. César Palomino Cortés.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 25000-23-

42-000-2017-00034-01 (4044-2021), M.P. William Hernández Gómez.

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00023-01 (4533-2024)
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Demandado: Cremil

el artículo 163 del Decreto 1211 de 199013.

3.4. Caso concreto

41. La sentencia apelada consideró que el actor es beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 923 de 2004 porque se encontraba vinculado al Ejército
Nacional antes de la entrada en vigor de dicha normativa, por lo que reconoció la
asignación de retiro al encontrar acreditado que reunía el requisito de tiempo de
servicio previsto en el Decreto 1211 de 1990, que exige 15 años o más de servicio.

42. La entidad demandada aduce que el actor no es beneficiario de la transición
referida porque el retiro por destitución no se encuentra previsto en dicho régimen
como causal para el reconocimiento de la asignación de retiro.

43. Frente al tiempo de servicio, se encuentra acreditado en el expediente con la hoja
de servicios número 3-71216669 del 5 de septiembre de 2018, que el actor laboró 19
años y 6 meses, durante los siguientes periodos14:

(i) desde el 8 de enero de 1999 hasta el 1 de mayo de 2000, en servicio militar
obligatorio.

(ii) del 2 de julio de 2000 al 30 de abril de 2003 como soldado voluntario.

(iii) desde el 1 de mayo de 2003 hasta el 18 de junio de 2018 como suboficial.

44. En lo atinente a la causa del retiro, la Resolución 1421 del 18 de junio de 2018,
incorporada al expediente, da cuenta de la separación absoluta del servicio activo del
actor por motivo de la sanción de destitución e inhabilidad por veinte (20) años
impuesta por incurrir en la falta descrita en el artículo 48.7 de la Ley 734 de 2002,
relacionada con infracciones al derecho internacional humanitario15.

45. Las pruebas documentales referidas acreditan que el actor se encontraba en
servicio activo a la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, circunstancia que lo hace
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 3.1., según el cual a los
uniformados en actividad «no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del
derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al
momento de la expedición de esta Ley» (30 de diciembre de 2004)16.

13 En este mismo sentido, ver los fallos de la Sección Segunda del 12 de agosto de 2021, expediente 15001-23-33-

000-2018-00678-01 (1157-20), M.P. Gabriel Valbuena Hernández; 28 de octubre de 2021, expediente 52001-23-
33-000-2015-00060-01 (3330-19), M.P. William Hernández Gómez; 25 de agosto de 2022, expediente 19001-23-
33-000-2018-00222-01 (0353-2021), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
14 Samai, índice 2, «03. AnexosDemanda», folios 17 a 19.
15 Samai, índice 2, «26. ContestaciónDemanda.pdf», folios 23 y 24.
16 Ley 923 de 2004, artículo 3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se

fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio
para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá
como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años. A los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de
la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causal.

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00023-01 (4533-2024)
Demandante: Jorge Eliecer Castañeda Arias
Demandado: Cremil

46. Por lo expuesto, el reconocimiento de la asignación de retiro del señor Castañeda
Arias se rige por el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, que prevé los siguientes
requisitos:

Durante la vigencia del presente estatuto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por
llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de los Comandos de
Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o
por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o por
conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud propia después de veinte (20) años
de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación
mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas
de que trata el artículo 158 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de
servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15),
sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto.

47. Lo anterior encuentra sustento en la situación fáctica del demandante, pues para
la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 estaba en servicio activo como suboficial
vinculado desde el 8 de enero de 1999, tal y como consta en la hoja de servicios
expedida el 5 de septiembre de 2018.

48. Ahora, en lo que tiene que ver con la causal de retiro y la incidencia de esta en el
régimen aplicable para el reconocimiento de la asignación, la hoja de servicios
demuestra que fue desvinculado por «separación absoluta» derivada de la sanción de
destitución e inhabilidad por veinte (20) años.

49. Según la jurisprudencia de esta Subsección, esta modalidad de desvinculación
«debe equipararse a la causal de retiro del servicio por comportamiento deficiente o
mala conducta» prevista en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, porque «debe
comprenderse como un tipo en blanco, en el cual se incluyen aquellos eventos
cuestionados a nivel disciplinario, penal o fiscal que conllevan a la separación de la
institución policial»17.

50. En este orden, la Sala desestima los cargos de la apelación respecto a la exigencia
de un tiempo de servicio superior a 15 años para acceder a la asignación de retiro,
pues se encuentra demostrado que el demandante es beneficiario del régimen de
transición que le permite acceder a la prestación en los términos del artículo 163 del
Decreto 1211 de 1990, aun cuando la desvinculación haya tenido como causa la
imposición de la sanción de destitución, pues esta se equipara a los eventos de
conducta deficiente previstos en dicha normativa.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 50001-23-33-

000-2016-00347-01 (1300-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, que reitera lo dicho por la Subsección B en
la sentencia del 25 de agosto de 2022, radicado 19001-23-33-000-2018-00222-01 (0353-2021); Subsección A,
sentencia del 17 de febrero de 2022, radicado 76001-23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021).

9

Radicación: 18001-23-33-000-2022-00023-01 (4533-2024)
Demandante: Jorge Eliecer Castañeda Arias
Demandado: Cremil

3.6. Conclusión

51. El demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 923 de
2004 por encontrarse en servicio activo al momento de entrada en vigor de dicho
régimen. Por tanto, tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro con 15
años o más de servicio, en los términos previstos en el artículo 163 del Decreto 1211
de 1990, porque la desvinculación por la sanción disciplinaria de destitución se
entiende incluida en la causal de retiro por conducta deficiente mencionada en dicha
norma. Así, la sentencia apelada que accedió a las pretensiones será confirmada.

3.7. Costas

52.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 18 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, consistente en que para decretar la
condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o
de mala fe.

53. Así las cosas, como en el presente caso no se observa que la entidad demandada
haya incurrido en las conductas mencionadas, no se condenará en costas en segunda
instancia.

54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá
el 5 de junio de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

18 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00023-01 (4533-2024)
Demandante: Jorge Eliecer Castañeda Arias
Demandado: Cremil

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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