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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2022-00048-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2022-00048-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Mary Betancourt Granja contra la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en esta decisión. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. 66 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 29 Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024) Demandante: Mary Betancourt Granja Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SLVA 30

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2022-00048-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación a través de contratos de prestación de servicios

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Mary Betancourt Granja presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 0005 del 5 de enero de 20222, por la cual

1
En lo que sigue CPACA.
2
En el escrito de la demanda se indicó que el acto acusado era la Resolución 0005 del 2 de enero
de 2022; sin embargo, verificados los documentos aportados con la demanda y que fueron
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

la secretaria de educación del municipio de Florencia le negó el reconocimiento de
una pensión de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
33 de 1985, esto es con el 75% de los salarios y primas que percibió en el año
anterior a la adquisición del derecho, a partir del 5 de marzo de 2020; ii) el pago de
las mesadas atrasadas y la inclusión en nómina de la prestación; iii) el ajuste de
valor de las sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; v) los intereses moratorios a partir del día siguiente
de la ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Mary Betancourt Granja nació el 29 de noviembre de 1963.

3.2. Se vinculó el 5 de mayo de 1998 como docente al servicio de la Secretaría de
Educación Departamental del Caquetá, en el municipio de El Doncello hasta el 8 de
mayo de 1998; allí continuó entre el 15 de octubre y el 11 de noviembre de 1998, y
del 3 de febrero al 11 de junio de 1999. Además, suscribió contratos y órdenes de
prestación de servicios en los siguientes periodos:

3.2.1. OPS del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 1999,
3.2.2. Contrato Resolución 5 del 29 de enero al 17 de abril de 2001,
3.2.3. Contrato Resolución 239 A del 17 de mayo al 16 de junio de 2001,
3.2.4. OPS 72 del 8 de agosto al 31 de octubre de 2001,
3.2.5. OPS 380 del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2001,
3.2.6. OPS 76 del 4 de marzo al 14 de junio de 2002,
3.2.7. OPS 497 del 15 de julio al 30 de noviembre de 2002,
3.2.8. OPS 822 del 31 de marzo al 13 de junio de 2003,
3.2.9. OPS 2032 del 4 de agosto al 31 de octubre de 2003, y
3.2.10. OPS 3007 del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2003.

3.3. Posteriormente se vinculó como docente del departamento a través de los
siguientes actos de nombramiento:

3.3.1. Decreto 1405 del 5 de marzo de 2004 al 28 de enero de 2007,

decretados como prueba, se constató que la resolución que negó el reconocimiento de la pensión
reclamada es la 0005 del 5 de enero de 2022.

2

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

3.3.2. Decreto 149 del 29 de enero al 3 de julio de 2007,
3.3.3. Decreto 1086 del 4 de julio de 2007 al 8 de enero de 2009,
3.3.4. Decreto 0064 del 9 de enero de 2009 al 25 de marzo de 2010.

3.4. Realizó aportes a pensión al ISS por 234,43 semanas, por el servicio pedagógico
que prestó.

3.5. Prestó nuevamente sus servicios a la docencia oficial entre el 20 de febrero de
2009 y el 25 de marzo de 2010, y finalmente se vinculó en propiedad a través del
Decreto 388, desde el 26 de marzo de 2010 y a la fecha de presentación de la
demanda se encontraba vinculada al servicio.

3.6. Al completar los requisitos exigidos solicitó el reconocimiento de la pensión de
jubilación; no obstante, «por medio del acto ficto demandado, se otorg[ó] respuesta a la
petición realizada expresando que no le asistía derecho a la pensión, por aplicación del
Decreto 812 de 2003» (sic)

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, inciso 2, de la Ley 33 de 1985; 15,
numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115
de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

5.1. Tienen derecho al régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985 y sus
decretos reglamentarios, aquellos que se vinculen a la docencia oficial con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Sin embargo, quienes lo hagan con posterioridad
a su vigencia, deben acreditar los requisitos dispuestos en las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003.

5.2. La demandante prestó sus servicios como docente antes del 23 de junio de 2003,
por lo que puede beneficiarse de la pensión prevista en la Ley 33 de 1985 y
comoquiera que acreditó los requisitos que esta norma establece para acceder a
ella, al haber cumplido más de 20 años de servicio y contar con 55 años de edad
debe accederse a las pretensiones de la demanda.

3
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 2 a 16.

3

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag no contestó la demanda4.

1.3. La sentencia apelada

7. ElTribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, profirió
sentencia el 26 de octubre de 2023, mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO. Declarar la nulidad de la Resolución No. 0005 de 05 de enero de 2022,
mediante la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el
reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación a la señora MARY
BETANCOURT GRANJA, por las razones expuestas en la parte motiva de ésta
providencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se ORDENA al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, que reconozca y pague una pensión de jubilación a la señora Mary
Betancourt Granja al cumplimiento del status jurídico de pensionado, es decir, a partir de
8 de agosto de 2021.

Los factores a tener en cuenta para liquidar la mesada pensional serán únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes o cotización al sistema de pensiones,
de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo; sobre una tasa de
reemplazo del 75% del ingreso base de liquidación, respecto del salario promedio del
año anterior a adquirir el status.

Las sumas resultantes deberán actualizarse de acuerdo con la siguiente fórmula:

R= RH x Índice Final
Índice Inicial

TERCERO: El FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO deberá llevar a cabo internamente los trámites pertinentes para repetir
contra aquellas entidades obligadas al reembolso que les corresponda, a prorrata del
tiempo que la señora Mary Betancourt Granja hubiere servido o aportado por concepto
de pensión, y en el evento de existir mora en el pago de los aportes, ejercer las acciones
pertinentes ante las entidades nominadoras a efectos de obtener su pago, tal como se

4
Así hizo constar la Secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá el 21 de septiembre de 2022
(Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «17Adespacho») y se indicó en el auto
del 4 de noviembre de 2022 (Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf
«19FijaLitigioSentenciaAnticipada»).

4

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

expresó en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: El FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, dará
cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

QUINTO: Sin condena es costas en esta instancia» (sic). [Resaltado del texto original].

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:

8.1. Además de las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación del
departamento del Caquetá, el Fomag y Colpensiones, y teniendo en cuenta que en
el hecho octavo de la demanda se aseguró que inclusive hasta la fecha de su
presentación la actora continuaba laborando en favor del servicio docente, lo que
no fue desvirtuado por la parte demandada, se tiene como probado que completó
un total de 20 años, 8 meses y 15 días de servicio.

8.2. A través del acto acusado, la entidad solo le reconoció la calidad de docente
oficial a partir del 5 de marzo de 2004, fecha en la que fue nombrada de manera
provisional en la Secretaría de Educación del departamento del Caquetá, no
obstante, tal situación desconoció el tiempo que laboró desarrollando igual
actividad, pero mediante la modalidad de órdenes de prestación de servicios en
favor de esa Secretaría de Educación Departamental. Sin embargo, el Consejo de
Estado ha considerado que ese tiempo debe tenerse en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación6.

8.3. A la actora le resultaba aplicable la Ley 33 de 1985, pues de un lado se demostró
que sus vinculaciones laborales se produjeron con antelación a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 y de otro, que la labor que desempeñó fue en el
sector de la docencia pública, inclusive con las vinculaciones laborales particulares,
por lo que la circunstancia de haber efectuado aportes al ISS ahora Colpensiones
por virtud de esas relaciones contractuales no impide la aplicación del régimen
pensional previsto en la Ley 33 y no el de la Ley 71 de 1988, puesto que en
apariencia son vinculaciones particulares pero la prestación del servicio lo fue como
docente y en favor de entidades educativas territoriales, que es lo que permite
afianzar la prestación oficial de su servicio.

8.4. Los factores a tener en cuenta para liquidar la mesada pensional serían

5
Índice 19 de Samai, aplicativo de Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf.
6
Al efecto citó las sentencias del 22 de enero de 2015, radicado 25000-23-42-000-2012-02017-
01(0775-14), M.P. Alfonso Vargas Rincón; del 25 de noviembre de 2021, radicado 70001-23-33-000-
2016-00260-01 (1489-18) M.P. César Palomino Cortés; y del 19 de enero de 2023, radicado 15001-
23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022), M.P. William Hernández Gómez.

5

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Demandante: Mary Betancourt Granja

únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes o cotización al
sistema de pensiones, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 sobre una
tasa de reemplazo del 75% del ingreso base de liquidación respecto del salario
promedio del año anterior a adquirir el estatus.

8.5. Comoquiera que durante el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2004 y
el 7 de julio de 2021 se efectuaron los aportes pensionales a favor de la demandante
al Fomag, y que fue a esta entidad a la que se le realizó el mayor número de aportes
y en la que se cumplió el mayor tiempo de servicio, le corresponde al fondo
reconocer la pensión de jubilación a la demandante, lo que guarda correspondencia
con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de 1989, según el cual,
uno de sus objetivos es el de efectuar el pago de las prestaciones sociales del
personal afiliado. Con todo, el Fomag debe llevar a cabo los trámites pertinentes
para repetir contra las entidades y empleadores obligados al reembolso que les
corresponda de acuerdo con el tiempo de servicios prestado en cada una de
aquellas, y en el evento de existir mora en el pago de los aportes, debe ejercer las
acciones pertinentes ante las entidades nominadoras a efectos de obtener su pago.

8.6. Toda vez que entre el 3 de agosto de 2021 [fecha en que la demandante elevó
la solicitud de reconocimiento de la pensión] y el 6 de enero de 2022 [en que fue
notificada la Resolución 0005 del 5 de enero de 2022 que le niega la prestación
reclamada] no transcurrieron más de 3 años, no se configuró el fenómeno de la
prescripción previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969.

8.7. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no contiene el imperativo de condenar en
costas a la parte vencida, y si bien establece que la sentencia dispondrá sobre tal
condena, la alocución dispondrá significa «mandar lo que se debe hacer» y la remisión
que hace a la norma supletoria es solo para efectos de la liquidación y ejecución de
costas. Así, toda vez que en la jurisdicción contencioso-administrativa esta no
deviene como consecuencia de resultar vencido en el proceso contrastado, en el
caso concreto no se emitirá condena en tal sentido en cuanto no existe prueba de
su causación de conformidad con lo prescrito en el artículo 365, numeral 8, del
Código General del Proceso7.

1.4. El recurso de apelación

9. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en que la docente se
vinculó a la docencia el 16 de enero de 2006, por lo cual le son aplicables las
disposiciones de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Además, no era beneficiaria

7
En adelante CGP.

6

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Demandante: Mary Betancourt Granja

del régimen de transición, ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100, no contaba
con 15 años de servicio ni 35 de edad8.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia10.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
establecer lo siguiente: ¿Mary Betancourt Granja puede beneficiarse del régimen
de transición dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y, en consecuencia,
obtener una pensión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 33 de
1985?

13. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala encuentra necesario
abordar la siguiente temática en el marco normativo de la decisión: i) el sistema de

8
Índice 24 de Samai, aplicativo de Juzgados y Tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf.
9
Tal y como se indicó en el auto del 15 de marzo de 2024. Índice 4 de Samai.
10
Así se desprende del informe secretarial del 16 de mayo de 2024. Índice 8 de Samai.
11
Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

7

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Demandante: Mary Betancourt Granja

seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los
docentes afiliados al Fomag; ii) la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005
y sus efectos sobre el régimen pensional de los docentes oficiales; y iii) la posibilidad
de tener en cuenta las órdenes o contratos de prestación de servicios para efectos
del reconocimiento pensional.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la
invalidez, la enfermedad o la muerte12. La norma le otorgó en su inciso segundo la
calidad de «derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho
fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas13.

15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción14. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social»15. El sistema quedó conformado
por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema
General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios
Sociales Complementarios.

16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos16. Está integrado por 2 regímenes

12
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
13
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
14
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
15
Preámbulo y artículo 6.
16
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y

8

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específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes debían cotizar a sus
subsistemas.

18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
se expida». [Resalta la Sala].

19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

9

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del Magisterio; y v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200317.

20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Prestaciones sociales a
Tipo de vinculación Entidad responsable
docente cargo
Las causadas hasta
La extinta Cajanal y el Fondo
29/12/1989 y en adelante,
Vinculados por Nacional del Ahorro o las que
los reajustes y la sustitución
Nacional nombramiento del hicieren sus veces.
de pensiones
gobierno nacional
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las respectivas entidades
Las causadas hasta el territoriales o las cajas de
31/12/1975 y en adelante, previsión, o las entidades que
los reajustes y la sustitución hicieren sus veces, a las
de pensiones cuales venía vinculado este
personal
La nación o las respectivas
entidades territoriales o las
Las causadas en el período cajas de previsión, o las
de nacionalización (1/1/1976 entidades que hicieren sus
– 31/12/1980), los reajustes veces (estas entidades deben
Vinculados por y la sustitución de pensiones contribuir en los porcentajes
nombramiento de establecidos en el art. 3 de la
Nacionalizado entidad territorial Ley 43/75).
antes y después del
Las respectivas entidades
1/1/1976 (Ley 43/75)
territoriales o las cajas de
previsión social, o las
entidades que hicieren sus
Las causadas y no pagadas
veces, a las cuales estaba
entre el 1/1/1981 y el
vinculado dicho personal.
29/12/1989
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en adelante, estarán

17
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

10

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Demandante: Mary Betancourt Granja

regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

24. La Ley 60 de 199318 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
200619, sobre el tema objeto de análisis, precisó:

«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es
de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la

18
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.

11

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citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades
locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas
disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por
autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las
situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de
protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91
de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en
materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley
60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace.
Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional
en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’,
dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen
especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley
no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el
momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable
para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes
reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras
de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’». [Se resalta].

26. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados. Esta norma dispone que los empleados oficiales que
sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55
años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

2.2.2. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

27. El Acto Legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta.
Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).

12

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28. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200320, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad
de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para
salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del
monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones».

29. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201921, precisó:

«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».

20
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
21
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

13

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30. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 ‘Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones’. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del
1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por
las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:

14

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asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.».
[Se resalta]

31. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en ese fallo
se sostuvo:

«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años22. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».

32. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección23, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:

32.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que tratan las normas aplicables al sector público; y

32.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores

22
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

15

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(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199424.

2.2.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional

33. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores25. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.

34. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.

35. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 199326, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación27 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.

24
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
25
Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
26
Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
27
Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.

16

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36. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1628 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.

37. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199429 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.

38. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley
solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.

39. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
29
«Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».

17

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Ley 60 de 199330 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199431; y el hecho de
que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los
empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los
derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales
que históricamente se han pretendido eliminar32. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.

40. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:

«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»

41. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un
obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las
normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como
principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de la
población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.

30
El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
31 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
32
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

18

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42. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado33, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».

43. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»34. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»35.

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
34
Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
35
Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.

19

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

44. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.

45. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.

46. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.

47. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación36, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.

48. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200337 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes

36
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
37
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»

20

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

49. En efecto, el artículo 2338 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2439 y 5740 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.

50. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

38
«Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
39
«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
40
«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».

21

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Demandante: Mary Betancourt Granja

51. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

51.1. Mary Betancourt Granja nació el 29 de noviembre de 1963, según consta en el
registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía41.

51.2. La coordinadora de Archivo, Registro y Control de la Secretaría de Educación
departamental de Caquetá certificó que prestó sus servicios como docente por
vinculación a través de OPS así42:

Contrato Institución Educativa Desde Hasta
ORD-46 43
Arenoso, Puerto Rico 16 de abril de 1998 28 de abril de 1998
• Escuela La Arenosa, Doncello 5 de mayo de 1998 8 de mayo de 1998
• Colegio Marco Fidel Suárez, Doncello 15 de octubre de 1998 30 de noviembre de 1998
• Colegio Marco Fidel Suárez, Doncello 3 de febrero de 1999 11 de junio de 1999
• Escuela Juan Bautista Migani 6 de septiembre de 1999 30 de noviembre de 1999
• Colegio Luis Hernando Turbay, Puerto Rico 29 de enero de 2001 17 de abril de 2001
• Colegio Marco Fidel Suárez, Doncello 17 de mayo de 2001 15 de junio de 2001
OPS-072 Escuela Maguare, Doncello 8 de agosto de 2001 31 de octubre de 2001
OPS-380 Escuela Maguare, Doncello 1 de noviembre de 2001 30 de noviembre de 2001
OPS-076 Escuela Simón Bolívar Maguare, Doncello 4 de marzo de 2002 14 de junio de 2002
OPS-497 Escuela Simón Bolívar Maguare, Doncello 15 de julio de 2002 30 de noviembre de 2002
OPS-822 Escuela Simón Bolívar, Doncello 31 de marzo de 2003 13 de junio de 2003
OPS-2032 Escuela Simón Bolívar, Doncello 4 de agosto de 2003 31 de octubre de 2003
OPS-3007 Escuela Simón Bolívar, Doncello 1 de noviembre de 2003 30 de noviembre de 2003

51.3. Al respecto se aportaron las OPS desde el 15 de octubre de 1998 hasta el 30
de noviembre de 200344.

51.4. El coordinador de educación de adultos de la División Técnico Pedagógica de
la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá certificó que laboró como
«docente por bonificación de Adultos desde el año 1995 hasta el 10 de abril de 2002, y del
11 de abril hasta el 30 de noviembre de 2002, como docente de adultos por hora extra, en
la Concentración Jorge Abel Molina y el Colegio Marco Fidel Suárez de El Doncello»45.

51.5. El gobernador del Caquetá expidió el Decreto 001405 del 5 de marzo de 2004,
por el cual nombró en provisionalidad a Mary Betancourt Granja, licenciada en
educación infantil y preescolar, grado 08 en el escalafón nacional, para desempeñar
el cargo de docente en la IER Simón Bolívar46.

41
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 21 y 24.
42
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 37.
43
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 35 y 36.
44
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 38 a 46 y 48
a 50.
45
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 47.
46
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 51.

22

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

51.6. El 24 de enero de 2007, a través del Decreto 000149 el gobernador del Caquetá
dio por terminado el nombramiento provisional anterior, y en su lugar, la nombró en
periodo de prueba, luego de aprobar el concurso docente realizado47; cargo del cual
tomó posesión el 29 de enero de 200748. Con posterioridad, tomó posesión de este
empleo en propiedad el 4 de octubre de 200749, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 001086 del 1° de octubre de 200750.

51.7. El gobernador del Caquetá expidió el Decreto 00064 del 9 de enero de 2009,
por el cual la nombró en periodo de prueba en el cargo directivo docente
(coordinador)51 y ese día tomó posesión del empleo52.

51.8. El 25 de marzo de 2010 tomó posesión en propiedad del empleo de directivo
docente (coordinador) en el IE Jorge Abel Molina, ubicado en la zona urbana del
municipio El Doncello53.

51.9. La secretaria de educación de Florencia (Caquetá) emitió el Decreto 0002 del 6
de enero de 2011, mediante el cual la nombró directiva docente, coordinadora en
propiedad en la Institución Educativa Técnico Industrial del municipio de Florencia54
por virtud de lo dispuesto en el Decreto 000388 del 2 de marzo de 201055; cargo del
cual tomó posesión el 7 de enero de 201156.

51.10. El 16 de octubre de 2020, la coordinadora de Archivo Registro y Control de la
Secretaría de Educación Departamental del Caquetá hizo constar que Mary
Betancourt Granja ingresó a la entidad el 29 de enero de 2007 y «[d]esempeña [en
propiedad] el cargo de coordinador grado 2BE, en la IE Jorge Abel Molina», en el municipio
de El Doncello (Caquetá)57. Así también lo certificó el 7 de julio de 2021 la
subsecretaria de despacho, administrativa58.

51.11. Colpensiones hizo constar que tiene 234.43 semanas de cotización, y como
nombre o razón social de los aportantes indicó que se trataba de Mary Betancourt
Granja, la Asociación La Libertad, y el Fondo Educativo Departamental59.

47
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 55 a 57.
48
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 61.
49
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 58.
50
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 59 y 60.
51
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 62 a 64.
52
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 65.
53
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 54.
54
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 52.
55
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 66 a 67.
56
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 53.
57
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 68.
58
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 70 y 71.
59
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 72 a 75.

23

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

51.12. El 3 de agosto de 2021, solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión de
jubilación con fundamento en que era beneficiaria de la prestación establecida en el
artículo 1, inciso 2, de la Ley 33 de 1985 por haberse vinculado con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 200360.

51.13. Mediante Resolución 0005 del 5 de enero de 2022, la secretaria de educación
municipal de Florencia negó la solicitud de reconocimiento pensional con
fundamento en que los tiempos prestados a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios no podían ser tenidos en cuenta, de forma que solo acreditó
un total de 1153 semanas, lo que impedía acceder al régimen solicitado61.

2.3.2. Análisis sustancial

52. Mary Betancourt Granja solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión de
jubilación con fundamento en que tenía derecho a beneficiarse de la Ley 33 de 1985
al trabajar en la labor docente antes de la expedición de Ley 812 de 2003.

53. El Tribunal Administrativo del Caquetá accedió a las pretensiones de la demanda
y al efecto consideró que la demandante había demostrado que desempeñó sus
labores en el sector de la docencia en favor de entidades educativas territoriales
con antelación a la entrada en vigencia de la referida Ley 812.

54. El Fomag presentó recurso de apelación en contra de la decisión anterior, con
fundamento en que la docente se vinculó al servicio educativo oficial el 16 de enero
de 2006, por lo cual le eran aplicables las disposiciones de las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003; y que no era beneficiaria del régimen de transición, ya que a la entrada
en vigencia de la Ley 100, no contaba con 15 años de servicio ni 35 de edad.

55. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, y en atención a los
argumentos del recurso de apelación, la Sala no encuentra soporte a las
afirmaciones de la entidad apelante, pues lo cierto es que al 16 de enero de 2006
no se produjo ningún nombramiento o situación administrativa en particular. Por el
contrario, esta Sala encuentra acreditado que, en efecto, incluso antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812, Mary Betancourt Granja se encontraba vinculada al
servicio docente oficial, pues prestó sus servicios en esa labor a través de
vinculaciones contractuales y legales y reglamentarias. En total, la demandante
acreditó los siguientes tiempos:

60
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 29 a 34.
61
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 26 a 28.

24

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

Total tiempo de
Institución Educativa Desde Hasta Años Meses Días
servicios
Arenoso, Puerto Rico 16 de abril de 1998 28 de abril de 1998 13 días 0 0 13
Escuela La Arenosa, Doncello 5 de mayo de 1998 8 de mayo de 1998 4 días 0 0 4
Colegio Marco Fidel Suárez, 15 de octubre de 30 de noviembre de
1 mes 16 días 0 1 16
Doncello 1998 1998
Colegio Marco Fidel Suárez, 3 de febrero de
11 de junio de 1999 4 meses 9 días 0 4 9
Doncello 1999
6 de septiembre de 30 de noviembre de
Escuela Juan Bautista Migani 2 meses 25 días 0 2 25
1999 1999
Colegio Luis Hernando 29 de enero de
17 de abril de 2001 2 meses 20 días 0 2 20
Turbay, Puerto Rico 2001
Colegio Marco Fidel Suárez, 17 de mayo de
15 de junio de 2001 1 mes 0 1 0
Doncello 2001
8 de agosto de 31 de octubre de
Escuela Maguare, Doncello 2 meses 24 días 0 2 24
2001 2001
1 de noviembre de 30 de noviembre de
Escuela Maguare, Doncello 1 mes 0 1 0
2001 2001
Escuela Simón Bolívar
4 de marzo de 2002 14 de junio de 2002 3 meses 11 días 0 3 11
Maguare, Doncello
Escuela Simón Bolívar 30 de noviembre de
15 de julio de 2002 4 meses 16 días 0 4 16
Maguare, Doncello 2002
Escuela Simón Bolívar, 31 de marzo de
13 de junio de 2003 2 meses 14 días 0 2 14
Doncello 2003
Escuela Simón Bolívar, 4 de agosto de 31 de octubre de
2 meses 28 días 0 2 28
Doncello 2003 2003
Escuela Simón Bolívar, 1 de noviembre de 30 de noviembre de
1 mes 0 1 0
Doncello 2003 2003
Escuela Simón Bolívar, 2 años 10 meses
5 de marzo de 2004 28 de enero de 2007 2 10 24
Doncello 24 días
Escuela Simón Bolívar, 29 de enero de
3 de octubre de 2007 8 meses 5 días 0 8 5
Doncello 2007
Escuela Simón Bolívar, 4 de octubre de 1 año 3 meses 5
8 de enero de 2009 1 3 5
Doncello 2007 días
Escuela Jorge Abel Molina, El 1 año 2 meses 16
9 de enero de 2009 24 de marzo de 2010 1 2 16
Doncello días
Escuela Jorge Abel Molina, El 25 de marzo de
6 de enero de 2011 9 meses 13 días 0 9 13
Doncello 2010
Escuela Jorge Abel Molina, El 13 de enero de
7 de enero de 2011 11 años 7 días 11 0 7
Doncello 202262
15 57 250
5 8 /30
20 65 8,33
/12 10
5,4
5

56. Lo anterior es así, pues el Tribunal tuvo como probado que la demandante se
encontraba vinculada al servicio docente a la presentación de la demanda, pues así

62
Por ser la fecha en que se presentó la demanda. Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo
en formato pdf «02ActaReparto»

25

Radicado: 18001-23-33-000-2022-00048-01 (0480-2024)
Demandante: Mary Betancourt Granja

lo indicó en su escrito inicial y no fue desvirtuado ni controvertido por la entidad; y,
en efecto, en esta instancia esa decisión no fue objeto de reproche alguno pues, se
insiste, el Fomag se limitó a sostener que aquella se había vinculado al sector
educativo oficial el 16 de enero de 2006, lo que, como se advierte en el recuadro
anterior, no corresponde con alguna de las fechas en que hubo alguna situación
administrativa que impactara laboralmente a la docente.

57. Además, es necesario precisar que tal y como lo dispuso el a quo es irrelevante
que el periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido
en virtud de contratos y órdenes de prestación de servicios y no a través de una
vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen de transición
de la norma antes mencionada no establece condición alguna adicional al de haber
tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como docente
nacional, nacionalizado o territorial63.

58. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»64.

59. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio
acreditados bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la
pensión reclamada, aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta, pues los derechos en materia
laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de vínculo
en virtud del cual se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia
del Estado da lugar a una verdadera relación laboral con él, lo que le permite el
reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las
prestaciones sociales.

60. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de ingreso al servicio docente no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal

63
En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
64
Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

26

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Demandante: Mary Betancourt Granja

de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.

61. De esta manera, aun cuando por casi 4 años, Mary Betancourt Granja estuviera
vinculada a través de una relación contractual, esa situación desconocía las
disposiciones del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según las
cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía
justificación constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en
contraste, vulneraba los derechos laborales irrenunciables de aquellos quienes
tenían previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas
contenidas en la ley y no en el contrato.

62. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la entidad
recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria. Así
pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad contractual o de
OPS al municipio del Líbano (Tolima), resultan válidos para determinar que estuvo
vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.

63. Al respecto resulta necesario resaltar que no solo una vinculación legal y
reglamentaria es útil para acceder al derecho reclamado, pues esta Subsección ha
señalado que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que define su
relación con el Estado65, sino lo que se evidencia de esa relación, de forma que el
ejercicio de la función docente a través de otras modalidades, como la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las

65
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)

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Demandante: Mary Betancourt Granja

características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales.

64. De acuerdo con lo anterior, tal y como lo señaló el Tribunal, el régimen aplicable
a su caso era el contenido en la Ley 33 de 1985 que señala que el empleado oficial
debe completar 55 años de edad y 20 de servicio continuos o discontinuos pues
Mary Betancourt Granja acreditó el requisito exigido en la Ley 812 de 2003, toda
vez que se vinculó al servicio educativo con anterioridad a su entrada en vigencia.

65. Lo anterior es así, pues la entidad territorial suscribió órdenes de prestación de
servicios desde el 16 de abril de 1998 para que desempeñara la labor docente en
las diferentes instituciones educativas del departamento, lo que evidencia su
anuencia para contratarla en esa labor, en una modalidad que le impedía acceder
a los derechos laborales propios de una vinculación legal y reglamentaria, pero que,
no pueden desconocerse para determinar el régimen pensional aplicable.

66. Corolario de lo expuesto, la Sala encuentra que los argumentos del recurso de
apelación no están llamados a prosperar y, por lo tanto, confirmará la sentencia
apelada.

2.4. Costas

67. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

68. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

69. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

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Demandante: Mary Betancourt Granja

aplicación razonable de la norma66.

70. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

71. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

72. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el periodo en el cual Mary
Betancourt Granja se vinculó a la docencia oficial a través de órdenes de prestación
de servicio es útil para efectos del reconocimiento pensional y, por lo tanto, ella era
beneficiaria del régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985, toda vez que
acreditó los requisitos señalados en las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003, razón por
la cual se confirmará la decisión apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda presentada por Mary Betancourt Granja contra la
nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, por las razones expuestas en esta decisión.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

66
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Mary Betancourt Granja

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA

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