Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2022-00123-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2022-00123-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2022-00123-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Accionante: Ángela María Murcia Ramos
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / REVOCA /
Improcedencia / SUBSIDIARIEDAD – se encuentra pendiente de resolver recurso de
apelación / no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Neiva, en contra de la sentencia proferida el 5 de octubre
de 2022, por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante la cual se resolvió:
<< PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al mínimo vital de la señora Ángela
María Murcia Ramos y de su hijo Pablo Felipe Motta Murcia.
SEGUNDO. ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva
y la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia – Talento Humano, que se
abstengan de efectuar cualquier cobro o descuento del salario que devenga Ángela
María Murcia Ramos como Juez Tercera Civil Municipal de Florencia, hasta que se
decida de fondo el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
otros, con radicado 18001-3333-001-2020-00562-00 que cursa ante el Juzgado
Primero Administrativo de Florencia.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión >> (Negrillas propias del texto original).
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 21 de septiembre de 2022, Ángela María Murcia Ramos, actuando en nombre
propio y en representación de su hijo Pablo Felipe Motta Murcia, interpuso acción
1
Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de tutela en contra de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y
la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia, con el fin de que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al pago de la licencia de
maternidad, a la dignidad humana y al mínimo vital, presuntamente lesionados por
las entidades demandadas con ocasión del descuento que se realizó a su salario de
Juez Tercera Civil Municipal de Florencia, por concepto de “REINTEGRO PAGO
LICENCIA DE MATERNIDAD NEIVA” por la suma de $4.200.000, el cual figura en
su desprendible de pago de nómina del mes de septiembre, publicado el día 21 de
septiembre de 2022, en el aplicativo Efinómina.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
<< ORDENAR a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
NEIVA y la OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA -
OFICINA TALENTO HUMANO que en amparo de los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, DERECHO AL PAGO DE LICENCIA DE MATERNIDAD,
DIGNIDAD HUMANA y MÍNIMO VITAL de ANGELA MARÍA MURCIA RAMOS y su
menor hijo PABLO FELIPE MOTTA MURCIA, se abstengan de efectuarme cualquier
cobro o descuento de mi salario como JUEZ 3 CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA
hasta tanto se defina el proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO DE ANGELA MARIA MURCIA RAMOS VS. NACIÓN-RAMA JUDICIAL -
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y otros – EXPEDIENTE
18001333300120200056200 que cursa ante el JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE
FLORENCIA.>>1 (negrillas propias del texto original).
3.- Además, solicitó como medida provisional:
<< ORDENAR a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
NEIVA y la OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA -
OFICINA TALENTO HUMANO como MEDIDA PROVISIONAL Y URGENTE, que en
amparo de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO AL PAGO
DE LICENCIA DE MATERNIDAD, DIGNIDAD HUMANA y MÍNIMO VITAL de
ANGELA MARÍA MURCIA RAMOS y su menor hijo PABLO FELIPE MOTTA
MURCIA, sea CORREGIDO de INMEDIATO el desprendible de nómina del mes de
Septiembre de 2022 de ANGELA MARÍA MURCIA RAMOS, JUEZ 3 CIVIL
MUNICIPAL DE FLORENCIA, suprimiendo el arbitrario, ilegal e inconstitucional
descuento por concepto de REINTEGRO PAGO LICENCIA DE MATERNIDAD NEIVA
por valor de $4.200.000 >>2 (negrillas propias del texto original).
4.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
1
Expediente digital, folios 1 y 2 del escrito de demanda.
2 Expediente digital, folio 1 del escrito de demanda.
2
Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
5.- El 31 de mayo de 2019, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva expidió el Oficio DESAJNEO19-6458 en el que se ordenó a la
actora la devolución de la suma de $41.868.245, en el término de 5 días hábiles. Lo
anterior, debido a que el 25 de septiembre de 2018 le fue otorgada licencia de
maternidad por 126 días, prestación económica que fue pagada por parte de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva. Sin embargo, al solicitar el
recobro de la suma pagada, la EPS Compensar negó al empleador de la accionante
el mismo, indicando que, “en agosto de 2018 [la actora] no presenta[ba] aportes bajo
su razón en ese orden de ideas no procede este reconocimiento”. Posteriormente la
razón indicada para esa negativa fue la siguiente: “registra estado negada, por
causal: SIN APORTE DURANTE LOS DÍAS DE INCAPACIDAD”, por lo que negó la
solicitud de recobro.
6.- Contra dicho acto administrativo proferido por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Neiva, la accionante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación, los cuales fueron decididos desfavorablemente a través de la
Resolución DESAJNER19-2868 del 6 de noviembre 2019, expedida por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Neiva y la Resolución 1060 del 2 de junio de
2020, emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; indicando que,
de conformidad con el artículo 21 de del Decreto 1804 de 1999, el empleador anterior
de la accionante, es decir la Universidad Externado de Colombia o en su defecto ella
misma, eran quienes debían solicitar el recobro de la suma pagada por concepto de
licencia de maternidad, para luego reintegrarle el dinero a la Rama Judicial.
7.- El 24 de noviembre de 2020 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la accionante interpuso demanda contra La Nación-
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva, con el propósito de que se declarara
la nulidad del Oficio DESAJNEO19-6458 del 31 de mayo de 2019 y las Resoluciones
DESAJNER19-2868 del 6 de noviembre 2019 y 1060 del 2 de junio de 2020.
Además, la accionante solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de
los efectos de dichos actos administrativos.
8.- La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Primero Administrativo de
Florencia bajo el número radicado 18001333300120200056200.
9.- En el término de la contestación de la demanda Compensar EPS comunicó al
Área Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva, que había asignado
una nota crédito por el valor de $ 17.750.526 a su favor, con el detalle de No.
Incapacidad 2384313, No. Reintegro 4121 del 31 de mayo de 2021.
10.- La EPS indicó que, la demandante estuvo afiliada en calidad de cotizante
dependiente de la Universidad Externado de Colombia del 13 de marzo de 2018 al
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Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
17 de septiembre de 2018 y al revisar el sistema ADRES, la entidad observó que
durante el cuarto mes de gestación del embarazo, la Universidad Externado de
Colombia únicamente cotizó 18 días el mes de abril 2018 y 30 días de los demás
meses. Además, precisó que si bien la accionante afirmaba que se había
posesionado como Juez el 17 de agosto de 2018, los documentos remitidos por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a Compensar EPS, indicaban que la
afiliación de la demandante se realizó un mes después de dicha posesión, esto es el
10 de septiembre de 2018.
11.- La entidad manifestó que de conformidad con el inciso 1° y 2° del artículo
2.1.13.1 del Decreto 780 de 2016, para acceder el reconocimiento de la totalidad de
la licencia de maternidad debía cotizarse al Sistema de Salud durante todo el periodo
de gestación y en caso de que se cotizara por un término inferior al de la gestación,
la licencia de maternidad debía reconocerse de manera proporcional. En ese sentido,
precisó que en el caso de la demandante el periodo de gestación inició en el mes de
enero de 2018 y terminó el 25 de septiembre de 2018 con el nacimiento de su hijo.
12.- Por lo anterior, concluyó que la demandante solamente cotizó 258 días de su
periodo de gestación, razón por la cual debía reconocerse solamente el 95.5%
licencia de maternidad, equivalente a 120.4 días.
13.- Por otra parte, señaló que según el numeral primero del artículo 1 de la Ley 1822
de 2017, la licencia de maternidad debe liquidarse conforme al salario que devengue
el beneficiario al momento de iniciar su licencia de maternidad y en el caso de la
accionante se estableció que para el día 25 de septiembre de 2018 la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial reportó un ingreso base de cotización de $
4.400.957 y cotizó en salud por $550.200, IBC que de acuerdo con la accionante no
corresponde con la asignación de un Juez Civil Municipal para el año 2018, pues su
salario mensual para esa época era de $9.430.623.
14.- Por lo anterior, la EPS manifestó que de acuerdo al ejercicio de liquidación que
debía hacerse por cotización proporcional de 258 días de gestación,
correspondientes al 95.5% de la licencia de maternidad (120.4 días) con un IBC de
$ 4.400.957, el valor de la prestación que debía reconocerse a la demandante era
de $ 17.750.526, pago que había sido efectuado a nombre de la Rama Judicial el 21
de abril de 2021 mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco de
la República correspondiente.
15.- De manera paralela al proceso judicial, a través del Oficio DESAJNEO22-1890
de 26 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva,
informó a la accionante que la entidad había realizado el procedimiento de nómina
de recobro por incapacidades y licencias P-AGH-10 de 11 de mayo de 2019, directriz
emitida por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, por lo que en
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Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
adelante se realizaría un descuento mensual de $4.200.000 al pago de su salario,
hasta obtener el recobro de $24.117.719.
16.- Contra la decisión adoptada la accionante interpuso los recursos de reposición
y en subsidio apelación.
17.- A través del acto administrativo DESAJNEO22-2148 de 12 de agosto de 2022,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva rechazó de plano los
recursos interpuestos por la accionante, al considerar que el Oficio DESAJNEO22-
1890 de 26 de julio de 2022, era un acto administrativo de trámite y ejecución.
18.- El 17 de agosto de 2022, la accionante interpuso recurso de queja contra la
decisión adoptada en el acto administrativo DESAJNEO22-2148 de 12 de agosto de
2022.
19.- A través del auto de 19 de agosto de 20223, el Juzgado 1 Administrativo de
Florencia negó la medida cautelar solicitada por la accionante, a través de la cual se
pretendía la suspensión provisional del Oficio DESAJNEO19-6458 de 31/mayo/2019,
que ordenó el cobro inicial, y de los que resolvieron los recursos de reposición y
apelación interpuestos contra el mismo. Lo anterior, al considerar que un
pronunciamiento sobre la suspensión de los actos administrativos demandados
implicaría tomar partido definitivo en el juzgamiento de los mismos, impidiendo que
las entidades demandadas ejercieran su derecho de defensa.
20.- Inconforme con la decisión adoptada por el Juzgado 1 Administrativo de
Florencia, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, sin
que a la fecha de la presentación de la presente acción, los mencionados recursos
hayan sido resueltos.
21.- En el escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que las autoridades
demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al pago de
la licencia de maternidad, a la dignidad humana y al mínimo vital, pues a su parecer,
no eran competentes para efectuar embargos y retenciones a su salario, más aún si
se tiene en cuenta que nunca se informó la forma en que se fijó la suma de
$4.200.000; y tampoco se acudió a ningún trámite de cobro coactivo para realizar los
descuentos.
22.- Además, indicó que tiene a su cargo el pago mensual de obligaciones bancarias
que ascienden a $8.067.249 y corresponden a la cuota mensual de un crédito
hipotecario con el Banco Davivienda por un valor de $6.650.000 y a la cuota mensual
de un crédito hipotecario con el Banco BBVA por un valor de $1.417.249. Por lo
anterior, adujo que: “en el desprendible de septiembre/2022 cuya corrección estoy
3 Notificado el 22 de agosto de 2022.
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Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
pidiendo, que después de descuentos me quedan $5.774.360. Es decir que con el
confiscatorio descuento de $4.200.000, no tendré ni con que costear mi comida y la
de mi menor hijo que precisamente el próximo domingo 25/septiembre/2022 cumplirá
sus primeros 4 añitos de edad, y mucho menos pagar esas deudas a los bancos, con
todos los efectos nefastos que para mí intachable vida financiera ello traería”.
B. Sentencia de primera instancia
23.- Mediante sentencia de 5 de octubre de 2022, la Sala Segunda del Tribunal
Administrativo de Caquetá amparó los derechos fundamentales al mínimo vital de la
señora Ángela María Murcia Ramos y de su hijo Pablo Felipe Motta Murcia, y ordenó
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y la Oficina de
Coordinación Administrativa de Florencia – Talento Humano, abstenerse de efectuar
cualquier cobro o descuento del salario que devenga la accionante como Juez
Tercera Civil Municipal de Florencia, hasta que se decidiera de fondo el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros, con radicado 18001-3333-
001-2020-00562-00, que cursa ante el Juzgado Primero Administrativo de Florencia.
24.- En el fallo impugnado, el Tribunal Administrativo de Caquetá estableció que la
actora debe pagar obligaciones bancarias mensuales que ascienden la suma de
$8.067.923 y, teniendo en cuenta el desprendible de nómina del mes de septiembre
generado el día 21 de ese mismo mes, indicó que la actora recibe un sueldo básico
de $7.244.776, prima especial por el valor de $2.173.433 y bonificación judicial por
la suma de $4.002.268, lo que implicaba que sus ingresos mensuales sin las
deducciones de ley corresponden a la suma de $13.420.477.
25. Por lo anterior, señaló que, al aplicar las deducciones legales y el mencionado
descuento por concepto de “REINTEGRO PAGO LICENCIA DE MATERNIDAD
NEIVA” por la suma de $4.200.000 el valor neto a pagar a la actora, era de
$5.774.360, suma con la cual no podría siquiera pagar las obligaciones bancarias
originadas en los créditos hipotecarios relacionados en el escrito de tutela, razón por
la cual consideró que en efecto, se evidenciaba la vulneración de las garantías
mínimas de la accionante y de su hijo, pues de aplicarse el referido descuento y
cumplir con las obligaciones bancarias a su nombre, se comprometería la totalidad
del salario que devengaba como Juez Civil Municipal, situación que claramente
afectaba su derecho fundamental al mínimo vital.
26.- Posteriormente, manifestó que si bien la entidad demanda sostuvo que debido
a que la actora firmó el “Formato 2 Vinculación” mediante el cual autorizó que, en
caso de un mayor valor pagado, se descontara de su nómina de salarios o
liquidación, la entidad se encontraba facultada para efectuar el precitado descuento,
la Sala consideraba que la firma de dicho documento no podía considerarse como
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Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
una autorización expresa por parte de la actora y, si en gracia de discusión así se
aceptara, según las previsiones del artículo 12 del Decreto 3135 de 1968, aun
cuando medie autorización del trabajador para la aplicación de deducciones, estas
no pueden cumplirse cuando se afecte el salario mínimo legal o la parte
inembargable del salario.
27.- Por último, indicó que a pesar de afirmarlo, la entidad demandada no demostró
que las obligaciones bancarias de la actora no concernían a créditos que afectaban
la nómina y por el contrario, correspondían al giro ordinario de sus actividades civiles.
C. La impugnación
28.- En desacuerdo con lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Neiva interpuso impugnación, informando que mediante la Resolución RH-5465
del 29 de septiembre de 2022 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de queja
y se desata una apelación”, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial-Director de la Unidad de Recursos Humanos, la entidad resolvió: (i) conceder
el recurso de queja interpuesto contra la decisión contenida en el oficio
DESAJNEO22-2148 del 12 de agosto de 2022; (ii) desatar el recurso de apelación y
confirmar la decisión contenida en el oficio DESAJNEO22-1890 del 26 de julio de
2022, en el sentido de ratificar que a la doctora Ángela María Ramos Murcia le
correspondía reintegrar a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional
de Administración Judicial de Neiva, la suma de $17.750.526; y (iii) Ordenar a la
doctora Ángela María Ramos Murcia a efectuar el pago de la mencionada obligación
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del acto
administrativo, advirtiendo que de no allegar la constancia de pago dentro del término
otorgado el cobro de la obligación sería trasladado a la dependencia de cobro
coactivo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, para que
iniciara el proceso de cobro por el procedimiento coactivo liquidando los respectivos
intereses moratorios.
29.- Además, señaló que mediante Resolución RH- 5494 del 03 de octubre de 2022
se resolvió modificar el artículo segundo de la Resolución RH5465 del 29 de
septiembre de 2022, en el sentido de aclarar que la suma que le correspondía
reintegrar a la accionante era de $24.117.719.
30.- Sumado a lo anterior, indicó que la decisión adoptada en primera instancia
resulta contraria al ordenamiento jurídico, toda vez que la Administración Judicial
debe gestionar el cobro coactivo de las acreencias a favor de la Rama Judicial en
procura de reintegrar dineros que corresponden al Presupuesto General de la
Nación. Precisa que los documentos contenidos en los actos administrativos en
cuestión conforman un título ejecutivo complejo según los artículos 10 y 11 de la Ley
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Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
1743 de 2014, que gozan de presunción de legalidad y sus efectos jurídicos no han
sido suspendidos por el juez natural competente.
31.- También afirmó que los créditos hipotecarios No. 5700475560012758-9 del
Banco Davivienda y No. 9636322107 del BBVA, sí corresponden al giro ordinario de
las actividades civiles y que las mismas no afectan la nómina. Para sustentar ello,
precisó que simplemente era necesario acudir a la definición de lo que constituye un
crédito hipotecario, para entender que se trata de obligaciones civiles adquiridas por
la hoy accionante, por lo que no existe un precepto legal que autorice al juez
constitucional e inclusive al juez ordinario para ordenar que todo tipo de créditos,
gastos o su equivalente afecten la nómina y con ello se impida el cobro que efectúa
la Administración Judicial.
32.- Por último, alegó que en el presente asunto se configuró la carencia actual de
objeto, pues con la expedición de los actos administrativos RH-5465 del 29 de
septiembre de 2022 y RH- 5494 del 03 de octubre de 2022 se ordenó a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Neiva y la Oficina de Coordinación
Administrativa de Florencia, continuar el cobro coactivo de la obligación a cargo de
la accionante, por lo que la orden emitida en el fallo de tutela del 5 de octubre de
2022, carecía de sustento jurídico.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
33.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
34.- Le corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca el fallo
Impugnado, proferido por el Tribunal Administrativo de Caquetá que declaró
improcedente el amparo solicitado en la demanda.
35.- De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.
36.- Es un mecanismo preferente, cuya procedencia se encuentra condicionada a
que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial salvo que se utilice
como mecanismo transitorio, a fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
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Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
37.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el -
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.
38.- En los casos en que concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que existen dos excepciones que justifican la
procedibilidad de la acción de tutela, previó a que aquéllos hayan sido agotados, a
saber:
<<(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del
caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
“(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.>>4.
39.- Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto
y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales,
riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser reparado, esto
es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la
intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo
se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente
contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscabo de derechos
fundamentales.
40.- Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para
identificar el perjuicio irremediable, a saber: “es aquel (i) que se produce de manera
cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii)
que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente
la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace
evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales” 5.
41.- Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, la Sala advierte que la
acción de tutela objeto de estudio no acredita el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, toda vez que a través del recurso de amparo la accionante pretende
suspender los efectos de los actos administrativos proferidos por la entidad
4 Sentencia T-375 de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte
Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
accionada en el marco del proceso de recobro de las sumas pagadas por la entidad
en virtud de la licencia de maternidad otorgada a la parte actora en el año 2018,
argumentando para ello que: (i) la entidad accionada no se encuentra facultada para
retener la sumas de dinero adeudadas; (ii) la diferencia entre las sumas de dinero
pagadas por la entidad por concepto de licencia de maternidad y la liquidación que
realizó Compensar EPS, se generó debido a que la entidad accionada incurrió en un
error al realizar el pago de los aportes al sistema de seguridad social del mes de
septiembre de 2018; y (iii) los descuentos realizados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, afectan gravemente su derecho al
mínimo vital y el de su hijo menor de edad.
42.- En relación a los alegatos propuestos por la parte actora, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente para cuestionar los descuentos en el ingreso mensual de los
trabajadores o pensionados, en aquellos casos en los que: (i) se discute sobre los
porcentajes de los descuentos efectuados por el empleador6; y (ii) cuando la
controversia sobre el descuento involucra un debate sobre el alcance de las normas
legales y reglamentarias que le dan fundamento al descuento7. Lo anterior, debido a
que la interpretación de la ley sustancial y su aplicación a los casos particulares son
asuntos que, prima facie, están reservados a los jueces naturales de la causa, dada
su especialidad en la materia y las formalidades propias de los procesos contencioso
administrativos.
43.- En el caso objeto de estudio, se encuentra que, los alegatos propuestos por la
accionante son los mismos que dieron lugar a la demanda del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 18001333300120200056200 y además
son una reiteración de aquellos utilizados para fundamentar la solicitud de medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos
demandados; solicitud que fue negada por el Juzgado 1 Administrativo de Florencia
a través del auto de 19 de agosto de 2022, al considerar que un pronunciamiento
sobre la suspensión de los actos administrativos demandados implicaría tomar
partido definitivo en el juzgamiento de los mismos, impidiendo que las entidades
demandas ejercieran su derecho de defensa.
44.- La Sala advierte que ante la negativa del juez natural de suspender los actos
administrativos definitivos de cobro, la actora acude al juez de tutela para solicitar la
suspensión de los actos administrativos que ejecutan aquellos, llevando a que en la
práctica se use la acción constitucional como un mecanismo alterno para suspender
los efectos de los actos definitivos, en contravía de lo dispuesto por el juez ordinario.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-336 de 1998.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-329 de 2020.
10
Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
45.- Además, se observa que, contra la decisión adoptada en el auto de 19 de agosto
de 2022, que negó la suspensión provisional de los actos demandados, la accionante
interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, y según la información
reportada en los aplicativos SAMAI y Justicia Siglo XXI, los mismos aún se
encuentran en trámite8.
46.- En tal sentido, es evidente que el asunto carece de subsidiariedad, toda vez que
los mecanismos judiciales ordinarios, idóneos y eficaces que el ordenamiento
jurídico le otorga a la accionante para proteger sus derechos, aún no se han resuelto
de manera definitiva. De este modo, no puede pretender la parte actora utilizar este
mecanismo constitucional como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias, en
una clara invasión de la órbita de competencia del juez natural, por cuanto la solicitud
de amparo no puede convertirse en un mecanismo alternativo o paralelo para
resolver los problemas jurídicos o controversias que por naturaleza deben resolverse
al interior de los procesos judiciales.
47.- Por otro lado, tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, la
Corte Constitucional también ha indicado que la excepcionalidad del recurso de
amparo se torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para
atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio
de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de
manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y
legales a las que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto
administrativo se presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo
que aquel se apartó, sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que
se debe adelantar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa9.
48.- Aunado a lo anterior, contrario a la tesis propuesta por el juez de primera
instancia, en el caso objeto de estudio no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez constitucional como mecanismo
transitorio. Al respecto, es importante precisar, que la Corte Constitucional ha
señalado que: el mínimo vital es un derecho fundamental ligado estrechamente a la
dignidad humana, pues “constituye la porción de los ingresos del trabajador o
pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas,
como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos
domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es
indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante
del ordenamiento jurídico constitucional”10.
8 Consultados el 25 de noviembre de 2022.
9
Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999.
11
Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
49.- En este orden de ideas, también se ha señalado que el concepto de mínimo vital
no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que, por el contrario, es cualitativo,
ya que su contenido depende de las condiciones particulares de cada persona. Así,
este derecho depende del entorno personal y familiar de cada quien, por lo que, cada
persona tiene un mínimo vital diferente, que depende en últimas del estatus
socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida11.
50.- Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que no cualquier
variación en los ingresos que una persona recibe acarrea una vulneración de este
derecho, pues en efecto, existen cargas soportables, que son mayores cuando una
persona tiene mejores ingresos que otras, por lo que, al existir diferentes mínimos
vitales, es posible afirmar que existen distintas cargas soportables para cada
persona12.
51.- Visto lo anterior, en el caso sub examine, no es posible establecer la afectación
del mínimo vital de la accionante y de su hijo menor de edad, y en consecuencia la
configuración de un perjuicio irremediable a partir de la comparación entre los
ingresos mensuales que obtiene la parte actora por concepto de salario con los
pasivos mensuales a su cargo, pues su capacidad de sobrellevar con mayor o menor
dificultad la variación en sus ingresos mensuales, también depende de otros factores
como el total de activos que componen su patrimonio y de los cuales su salario sólo
representa una parte, más aún, si se tiene en cuenta que la parte actora no acreditó
que la subsistencia de su núcleo familiar depende únicamente de su salario, pues ni
siquiera realizó una manifestación en relación a si contaba o no con la calidad de
madre cabeza de familia.
52.- Por todo lo expuesto, la acción de tutela que se examina se torna improcedente
al no cumplir con el presupuesto general de subsidiariedad, toda vez que el asunto
cuestionado aún se encuentra en trámite y al no encontrarse acreditada la
configuración de un perjuicio irremediable. De suerte que, habrá de revocarse la
sentencia de 5 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caquetá, y en su lugar declarará improcedente el recurso de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
53.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
11
Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2009.
12 Ibídem.
12
Radicación: 18001-2333-000-2022-00123-01
Demandante: Ángela María Murcia Ramos
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
III.- F A L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 5 de octubre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caquetá y, en su lugar, DECLARAR improcedente el
amparo solicitado, conforme a la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
13 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
13
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